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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Opinión

Cae sector minero-energético y exportaciones no compensan

Según el DNP, el sector Minero-energético ha decrecido. En efecto, en 2024, según cifras del DANE, el sector de minas y canteras  cayó -5.2%, lastrando el magro crecimiento del PIB de 0.7% y esa tendencia se mantiene en el 2025, arrancando con un repliegue de -5%, restándole 0.3 puntos porcentuales al crecimiento total del PIB, que fue de 2.7%.  La extracción de carbón cayó -13% en 2024 y -7% en el primer trimestre de 2025, la producción de crudo cayó en 2024 el -0.6% y siguió a la baja este año, pues al cierre del mes de mayo experimentó una disminución del -4.8%.

Ello se explica, especialmente, por el declive reciente de los volúmenes y del valor de sus exportaciones. Veamos: las exportaciones de carbón, de petróleo y sus derivados bajaron de US $29.349 millones en el curso del año que concluyó en agosto de 2022 a US $20.507 millones en el año terminado en abril de este año. El desplome de dichas exportaciones es significativo, cifrado en US $8.841 millones, más del -30%, haciendo la salvedad que en el caso del carbón aunque aumentaron las exportaciones el 7.7%, el precio bajó el 28%.

 

Por su parte las llamadas exportaciones no tradicionales, antes exportaciones menores, experimentaron un importante crecimiento, pasando de US $25.657 millones en agosto de 2022 a US $29.357 millones anuales para el mes de abril de 2025, para un crecimiento de $3.700 millones, el 14%, para esos casi 3 años, lo cual representa un importante repunte de las mismas.

La concomitancia de la caída del crecimiento y de las exportaciones de carbón y petróleo y el mayor crecimiento, además del auge exportador de otros sectores, como el agrícola, la industria y el turismo, llevó al Presidente Gustavo Petro a expresar que “estamos ante un cambio del modelo de desarrollo exitoso, que la sociedad debe sostener para los siguientes años y no volver atrás, hacia las rentas fósiles y cocaineras” y añadió: “verificamos que entre más cae el extractivismo fósil, más crece la actividad productiva en agricultura con un enorme 7.1% e industria no ligada al petróleo y con un portentoso 7% de crecimiento en textiles y confecciones”.

El pírrico triunfo del Presidente Petro no pasa de ser un falso positivo y paso a explicar por qué. En primer lugar, no existe ninguna correlación entre la caída del sector M-E, que obedece a la caída de los precios del petróleo y el carbón, así como a la caída de la producción, que el mundo sigue consumiendo cada vez más y el repunte del sector agrícola, el cual responde fundamentalmente a la bonanza cafetera, gracias a los altos precios, que superan los US $3 la libra.

Es más, no obstante el crecimiento de las demás exportaciones, distintas al carbón y al petróleo, que no hay que negar es un hecho positivo, el mismo no alcanza a contrarrestar y menos a compensar el bajonazo en las exportaciones de los mismos. En efecto, por cada dólar adicional que se recibe por las mayores exportaciones de productos agrícolas e industriales se están dejando de recibir por concepto de las menores exportaciones de carbón y de petróleo 2.4 dólares. Para modo de compensar la entrada de divisas que se dejan de recibir por las exportaciones de carbón y petróleo se necesitarían aumentar las provenientes del resto de exportaciones registradas en un 138%. Y ello, no para aumentar el valor de las exportaciones sino para mantener el valor de las mismas.

Ello explica que, a pesar del buen comportamiento de las exportaciones no tradicionales en los últimos dos años, las exportaciones totales han venido cayendo, -0.4% en 2024 y en mayo de este año registraron una caída del 2.1% en comparación con el mismo mes del año anterior y el déficit en la cuenta corriente de la Balanza de pagos se mantiene. En efecto, el valor de las exportaciones totales arroja como resultado US $5.141 millones anual menos que hace tres años, toda vez que la estrepitosa caída de las exportaciones de carbón y petróleo, debido a la pérdida de competitividad en el primer caso y a la baja inducida de la producción en el segundo, duplican el crecimiento de las otras exportaciones.

La cuenta que debería hacer el Gobierno debería ser otra, bien diferente. En primer lugar, si en lugar de decrecer la producción de petróleo y carbón crecieran, los mismos en lugar de estar frenando el crecimiento del PIB estarían contribuyendo a un mayor crecimiento de la economía, porque no nos podemos resignar a que el crecimiento del PIB no llegue siquiera al 3%. De la misma manera, si no estuvieran cayendo las exportaciones de carbón y petróleo, como vienen cayendo, ello posibilitaría la reducción del déficit de la balanza comercial, que para el mes de mayo de este año alcanzó los US $6.160 millones y por qué no pensar en que esta, por fin, llegue a ser superavitaria. Pero la miopía y la carga ideológica del Gobierno lo lleva a que los árboles le impidan ver el bosque. Tamaña equivocación!

Desde luego que se requiere el cambio del actual modelo económico imperante en Colombia, porque no puede reputarse como exitoso un modelo en el que el crecimiento del PIB esté atado y a merced del comportamiento de los mercados y de la volatilidad de los precios internacionales de los commodities. Recordemos que durante el más largo ciclo de precios altos de los mismos, entre los años 2003 – 2014, el crecimiento potencial de la economía fue de 4.8%, para luego de la destorcida de los precios, hacia el año 2016, se redujo a sólo 3.5%. Con el agravante de que el crecimiento del PIB en la última década ha estado por debajo de este.

Como lo planteó la CEPAL, “así nos será muy difícil dar sostenibilidad a nuestro crecimiento…hay que procurar que las exportaciones vayan más allá de las materias primas”. Por ello, hemos compartido lo planteado en el Plan de desarrollo, de darle impulso a la agricultura, al turismo y a la reindustrialización, entre otras cosas porque la Transición energética sólo es viable y sostenible si va acompasada de una estrategia de Transformación productiva. Sólo que el fundamentalismo y el dogmatismo en su implementación, la está condenando al fracaso.

Amylkar Acosta

Bogotá perdió la nota

El pasado 6 de agosto de 2025, Bogotá esperaba una noche de fiesta. El grupo argentino de cumbia Damas Gratis debía presentarse en el Movistar Arena y reunir a miles de asistentes. Lo que debía ser un encuentro para celebrar la música se transformó en un episodio doloroso cuando disturbios entre hinchadas de barras bravas de fútbol colombiano provocaron la cancelación del concierto y, lo más grave, la muerte de un joven.

La escena muestra con crudeza un problema que el país se niega a enfrentar de raíz. La violencia urbana sigue siendo una amenaza constante. En este caso la intolerancia y el fanatismo desmedido vinculados al fenómeno de las barras bravas traspasaron los límites del deporte y se filtraron en un evento cultural. Lo ocurrido no es una anomalía, sino un síntoma de un tejido social fracturado en el que la vida pierde valor y el conflicto se resuelve con agresión.

 

Durante años las barras bravas han pasado de la pasión al odio mientras las instituciones, salvo intervenciones puntuales, han carecido de políticas sostenidas para prevenir la violencia y promover una verdadera cultura de paz. Las campañas de convivencia, cuando existen, resultan superficiales, aisladas y reactivas. Falta un trabajo pedagógico profundo que fomente el respeto por la vida, la empatía y el manejo pacífico de las diferencias.

Las autoridades no pueden limitarse a lamentar lo ocurrido o a judicializar a los responsables después de los hechos. Este episodio obliga a repensar la seguridad en eventos masivos con un enfoque integral que incluya protocolos claros, coordinación efectiva entre organizadores, policía, entes culturales y deportivos, controles rigurosos de ingreso y estrategias preventivas capaces de identificar riesgos antes de que sea tarde. Prevenir no significa únicamente aumentar la presencia policial, también implica comprender y desactivar las causas del conflicto. En este punto resulta inevitable reconocer la debilidad operativa y la limitada capacidad de los programas de gestores de convivencia, que no cuentan con el personal suficiente ni con la formación y los recursos necesarios para anticipar y neutralizar escenarios de riesgo en eventos de gran afluencia.

La construcción de una ciudad segura requiere una apuesta social decidida. Es necesario crear escuelas de cultura de paz en barrios y localidades para que jóvenes, líderes comunitarios y familias aprendan a transformar conflictos de forma pacífica, manejar sus emociones y fortalecer el respeto por la vida. Las barras bravas deberían transformarse en colectivos culturales y deportivos que reciban incentivos por adoptar prácticas no violentas, participar en proyectos comunitarios y comprometerse con la mediación interna.

Los eventos culturales y deportivos tendrían que convertirse en espacios de integración y diálogo, diseñados para reunir públicos diversos y prevenir rivalidades. Esto debe complementarse con redes comunitarias de prevención de violencia que articulen líderes barriales, instituciones educativas, comerciantes y autoridades con el fin de activar alertas tempranas y dar respuestas rápidas a las tensiones. En colegios y universidades, la cultura ciudadana, la empatía y la gestión pacífica de conflictos deberían enseñarse de forma práctica y permanente, con nuevas pedagogías e innovación didáctica. Además, cada localidad debería contar con mediadores comunitarios capacitados para acompañar eventos masivos y evitar que las confrontaciones escalen.

En medio de este panorama resulta inevitable cuestionar la coherencia de campañas como Bogotá Mi Casa, que invitan a ver la ciudad como un hogar pero no logran garantizar que sus espacios públicos sean seguros ni que la vida esté protegida. Una casa no es tal si en ella se puede morir por ir a un concierto. La credibilidad de cualquier mensaje institucional depende de acciones reales que transformen la convivencia, reduzcan la violencia y devuelvan la confianza ciudadana.

El dolor que deja esta muerte no debe desvanecerse con el paso de los días ni diluirse en la rutina de nuevas noticias. Cada vez que una vida se apaga por la violencia, la ciudad pierde algo de su humanidad y se aleja un poco más de ser el hogar seguro que todos merecemos. No podemos acostumbrarnos a que la música se interrumpa por la muerte, a que la pasión se transforme en odio o a que las armas y los disparos al aire se conviertan en un lenguaje aceptado.

Este no es solo un hecho trágico, es un espejo que nos muestra en lo que podemos convertirnos si no actuamos. Está en nuestras manos —y en las de las autoridades— demostrar que Bogotá y cualquier ciudad colombiana pueden dejar de ser territorios donde todo vale para convertirse en lugares donde la vida sea sagrada, el respeto sea norma y la paz sea un compromiso vivo de todos los días.

Luis Emil Sanabria D.

¿Por qué fue denunciado en la Procuraduría el gobernador de Antioquia?

En Colombia aún existen políticos que creen que el poder es sinónimo de impunidad, servidores públicos que asumen su cargo no como un mandato ciudadano sujeto a límites constitucionales, sino como una licencia para arrodillar la ley, insultar a sus adversarios y utilizar el aparato institucional al servicio de intereses privados, partidistas o personales. Uno de los casos más preocupantes es el del actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuya gestión no se ha caracterizado por representar con imparcialidad a los antioqueños, sino por ser la prolongación emocional y discursiva de un proyecto político derrotado moral y judicialmente.

El 28 de julio de 2025, Colombia vivió un hecho histórico, la lectura del sentido del fallo que declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. Ese día marcó un hito en la historia judicial del país. Sin embargo, mientras el país avanzaba hacia el fortalecimiento de la justicia, desde Antioquia el gobernador presuntamente utilizó su investidura para deslegitimar el fallo, insinuar parcialidad en los jueces y alimentar una narrativa de persecución política, poniendo en entredicho la independencia de los poderes públicos y debilitando la confianza ciudadana en el Estado de Derecho.

 

Ese mismo día, Rendón publicó en su cuenta oficial de X un pronunciamiento en el que no solo expresó su respaldo político al expresidente Uribe, sino que además arremetió contra la izquierda colombiana, sugiriendo que mientras Uribe es procesado, exintegrantes de grupos armados estarían gobernando y legislando en completa impunidad, atacando directamente al sector ideológico que califica de “odiadores profesionales”, afirmando que “ese sector de la izquierda actúa así: con alevosía, sin afanes, premeditado”, “recorrieron cárceles en Colombia y Estados Unidos para presionar y ofrecer prebendas judiciales, económicas, a cambio de falsos testimonios”.

Estas afirmaciones constituyen una generalización estigmatizante, sin sustento probatorio que atenta contra la honra y el buen nombre de diversos actores políticos. Al formular estas acusaciones, el gobernador desconoce el principio de respeto entre servidores públicos, vulnera la presunción de inocencia y adopta una narrativa que divide y polariza, minando la legitimidad del disenso político y socavando la confianza institucional.

Por esta razón, el 1 de agosto presenté una queja disciplinaria formal contra el gobernador de Antioquia, toda vez que vulneró el deber de neutralidad, respeto e imparcialidad exigido por la Constitución y el Código General Disciplinario, lo cual podría configurar una falta gravísima. El poder no puede usarse para intervenir en controversias judiciales, politicas, ni mucho menos para legitimar ideologías desde la función pública.

Ahora bien, este hecho no es aislado. Muy por el contrario, hace parte de un patrón de comportamiento reiterativo que resulta aún más preocupante. El 27 de julio, un día antes del fallo, el gobernador publicó otro trino en el que expresaba “Sea cual fuere el resultado, Uribe es inocente”. Pasando por alto la prohibición que tenemos los servidores públicos de emitir criterios, opiniones dirigidos a influir en decisiones judiciales.

Además, en reiteradas publicaciones ha realizado manifestaciones injuriosas y calumniosas contra el Presidente de la República acusándolo de rodearse de criminales, por cumplir con la política de paz total.

Hago un llamado urgente y firme a la Procuraduría General de la Nación, frente a comportamientos que erosionan la legalidad, deterioran el respeto entre poderes y desdibujan el marco democrático. No se trata de una disputa entre partidos, se trata del deber que tiene cualquier servidor público de actuar con decoro, con respeto por la justicia y con sujeción estricta a la ley. La Procuraduría tiene la responsabilidad constitucional de investigar, sancionar este tipo de conductas.

La justicia condenó al expresidente Uribe y esa decisión debe respetarse sin ambigüedades, ningún servidor público está autorizado para relativizar una sentencia judicial ni para reinterpretarla con fines electorales o de defensa ideológica. Gobernar no es hacer militancia política desde el poder, es respetar la Constitución, servir con imparcialidad y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, no solo de los aliados de turno. Antioquia no necesita un activista atrincherado en el poder. Necesita un gobernador que ejerza con altura, legalidad y verdadero compromiso democrático.

Alejandro Toro

Homenaje a Colombia en bioserie de ‘Chespirito’

Culminó con éxito la primera temporada de la serie de HBO ‘Chespirito: Sin querer queriendo’.

Cuando salió el tráiler, MUCHA CURIOSIDAD me causó el por qué los actores que personificaron a los integrantes de El Chavo del 8, tenían puestos botones con el logo de la Fundación Solidaridad por Colombia:

 

Dos manos naranjas encontrándose en un fondo blanco.

Solo hasta el octavo capítulo se descifró el motivo.

Qué gran sentimiento me dio ver que los hijos de Roberto Gómez Bolaños, creadores de la serie, hayan mencionado el nombre de Colombia junto a un intertítulo con la palabra ‘Bogotá’, a full pantalla, acompañada del año ‘1981’.

¡Orgullo nacional!

Resulta que en medio de la crisis existencial que tuvo Roberto al tomar la decisión de separarse de su esposa Graciela Fernández, para darse la oportunidad con Florinda Meza, llega a Televisa la invitación para que todo el elenco de El Chavo viniera a Colombia a una caminata en pro de los más pobres.

Gómez Bolaños reniega al principio porque siente que el canal dispone de su vida y su tiempo como le viene en gana. Y él se está separando de su familia.

Sin embargo, la causa social lo mueve y acepta. Y ustedes no se imaginan la emotividad que causa esa escena TAN BONITA cuando todos los personajes de El Chavo son recibidos por una muchedumbre de colombianos.

¡Se me escurrieron las lágrimas!

Sentí que Paulina y Roberto Gómez Fernández, hijos del genio ‘Chespirito’, le rindieron homenaje a la recién fallecida Nydia Quintero Turbay de Balcázar, ex primera dama de la Nación.

Ella fue quien trajo a El Chavo a nuestro país.

Sí, el domingo 30 de agosto de 1981, la Fundación Solidaridad por Colombia, creada por doña Nydia (q.e.p.d), realizó en Bogotá la segunda versión de la Caminata de la Solidaridad.

En ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ poncharon la Torre de Colpatria, tal como ocurrió hace 44 años cuando los actores saludaron a los miles de colombianos asistentes, lo que comprobó la fama y el éxito del programa No. 1 de la televisión mexicana.

¡Gracias por la sentida mención! Lo que quiso decir que para la vida de Roberto Gómez fue muy importante visitar al país de la belleza.

Saludos,

Johann Benavides

@PrensaBenavides

La ilegalización del hombre común

Si usted no pertenece a una minoría oprimida, usted es un hombre común. Pero, ¿qué es una minoría oprimida? Este es un concepto cada vez más amplio, que ha superado las cuestiones primarias de raza, género y clase, generando un entorno de ambigüedad moral en la medida misma que la sociedad se fragmenta en grupos que se definen como oprimidos y excluyen a otros.

Por ejemplo, según Global Christian Relief, entre noviembre de 2022 y 2024, 9.814 cristianos fueron asesinados en Nigeria y más de 18.000 iglesias fueron quemadas, en un país que es 95 % católico. Sin embargo, estas víctimas —que son negros y pobres— no son consideradas una minoría oprimida porque son cristianos. En cambio, Boko Haram, el Estado Islámico en África Occidental (ISWAP) y las milicias fulani armadas —que son los responsables de estos crímenes— sí son considerados representantes de una minoría oprimida porque son negros y musulmanes.

 

Para los sacerdotes del culto progresista, los negros cristianos de Nigeria merecen ser perseguidos y masacrados, porque ideológicamente ni siquiera son negros: es un imposible ser negro y conservador. Luego, la condición de oprimido no es ya una categoría objetiva, sino una visión que puede extenderse a los perros y a los peces. Si usted es un hombre común, puede estar viviendo en un país donde es un crimen la pesca deportiva.

Cada día emergen nuevas entidades simbólicas de la opresión, que reemplazan a las viejas que se quedan sin legitimidad. Lo nuevo son los palestinos, pero hay de todo: trans, okupas, inmigrantes ilegales, los catalanes… pero los kurdos no, las mujeres blancas pobres del sur de los Estados Unidos tampoco, ni los niños judíos franceses que echan a patadas de los aviones. Y así.

Se trata de una nueva moralidad que establece tropos preceptivos, en los cuales, si usted no se identifica con —o hace parte de— una minoría oprimida, entonces es porque usted es el opresor y, por lo tanto, puede ser perseguido, excluido, juzgado e ilegalizado. No se le considera sujeto de derechos, y su vida es un infierno de regulaciones.

Supongamos que, después de mucho trabajar y ahorrar, usted logró comprar un automóvil, un aparato criminal impulsado con hidrocarburos, porque solo los muy ricos pueden tener carros eléctricos: la iglesia ambientalista no recibe pobres. Usted tendrá que pagar un impuesto vehicular, algo extrañísimo que llaman “derechos de semaforización”, SOAT (un absurdo seguro que discrimina a las víctimas de accidentes), además del IVA, el impuesto al consumo… y como usted es un criminal en potencia, tendrá que pagar una revisión técnica porque se asume que usted contamina y mata, y debe certificar que no es así. Deberá pagar fotomultas, pico y placa, y peajes; y, para colmo, unos burócratas le indicarán qué días puede usar su carro, dónde parquearlo, a qué velocidad conducirlo y qué uso puede darle. Lo que significa que, para cualquier efecto práctico, ese carro no es su propiedad, como no sea para pagar impuestos. Porque de eso se trata: los políticos usarán sus impuestos para pagar a las minorías oprimidas que constituyen su base electoral.

Este ejemplo, entre muchos otros, ilustra las dificultades que enfrenta el hombre común solo para vivir en una sociedad donde grupos de interés reclaman derechos especiales, subsidios y reivindicaciones más allá de la ley, porque ya no hay una narrativa compartida.

La democracia es, por excelencia, el espacio político del hombre común. Al expulsarlo de la sociedad, lo que queda es un escenario de guerra constante entre facciones radicales luchando por capturar los recursos del Estado victimizándose, y el poder quedará en manos de la clase más fuerte o del partido mejor organizado. Por eso, se hace cada vez más urgente devolver la política al hombre común, restaurar sus derechos, su fuerza moral y su visión de la vida.

El hombre común es un realista constructivo, un hacedor y un conservador de las tradiciones. Y esto es importante, porque sin tradición no hay cambio. Las revoluciones y el caos criminal que implican siempre han estado dirigidos a ilegalizar al hombre común, y por eso no logran formar una sociedad viable.

El hombre común sabe algo que los políticos ignoran, y que de manera clara lo enunció Edmund Burke:
«La sociedad es un contrato entre los muertos, los vivos y los que aún no han nacido.»

Jaime Arango

Bogotá: densificar para sobrevivir

Por: Álvaro Rincón

Caminar por Bogotá es recorrer una ciudad que, en su afán de crecer, ha olvidado la importancia de hacerlo bien. Entre 2000 y 2024, la densidad poblacional aumentó un 21%, pasando de 158,9 a 192,3 habitantes por hectárea, según el DANE. A pesar de ello, seguimos atrapados en un modelo de urbanización obsoleto que nos obliga a desplazarnos cada vez más lejos para vivir, trabajar o estudiar. La falta de un plan de densificación inteligente ha convertido la movilidad en un desafío diario y ha deteriorado nuestra calidad de vida.

 

Recuerdo cuando Bogotá era una ciudad con desplazamientos de media hora entre los principales puntos urbanos. Hoy, recorrer esas mismas distancias puede tardar el doble o más. No es solo el crecimiento poblacional, sino la falta de infraestructura adecuada lo que ha llevado a este colapso. Es urgente repensar el modelo urbano y apostar por la densificación. No se trata de construir más sin control, sino de hacerlo con planificación, garantizando la creación del espacio público y el acceso a servicios esenciales.

Un ejemplo claro de las consecuencias del crecimiento desordenado es la movilidad. Mientras otras ciudades han desarrollado sistemas de transporte masivo eficientes, Bogotá sigue dependiendo de un sistema de buses colapsado; de nuestro único sistema de transporte masivo Transmilenio, que transporta diariamente 2.500.000 millones de personas o sea tres veces más, en la misma infraestructura original, que fue diseñada para 800.000 pasajeros; y una única línea de metro en construcción, que fue contratada 40 años tarde.

Nota recomendada: Concejales de Bogotá aseguran que la Alcaldía de Galán no escucha sus advertencias

En el año 1981, durante el gobierno del presidente Julio Cesar Turbay, un grupo de inversionistas japoneses, con el aval de su gobierno, propuso un modelo de construir, operar y transferir la propiedad a los 20 años, cuatro líneas de metro para nuestra ciudad. La propuesta fue rechazada, y hoy pagamos las consecuencias de esa decisión. La movilidad es el reflejo más evidente del problema estructural y político de la ciudad.

El modelo de densificación que propongo no se basa en simplemente construir más edificios en altura. La clave está en incentivar la edificación que premie con bonificaciones en altura, la liberación de metros cuadrados de construcción en primer piso para que el resto del lote sea dedicado al espacio público. A modo de ejemplo, en lugar de un edificio de 8 pisos de altura, con 5.000 metros cuadrados de construcción totales permitidos por la norma; se debería incentivar construir una torre de los mismos 5.000 metros cuadrados más 2.000 de bonificación, en 16 pisos, en la medida en que solo se ocupe en primer piso el 50% del lote; y se construya en el resto del terreno una zona verde colindante al andén para crear un parque o una plaza que engrandezca el espacio público.

En ciudades como San Francisco o Los Ángeles, uno puede caminar por el centro de la ciudad y encontrarse con plazas abiertas y esculturas de tamaño monumental que decoran espacios de uso público. Eso no ocurre por casualidad; los desarrolladores inmobiliarios reciben incentivos de altura a cambio de ceder gran parte de sus lotes para la creación de zonas abiertas para la ciudad.

Ciudades como Nueva York, Chicago y Tokio han implementado modelos semejantes con éxito, generando entornos y zonas de disfrute para el peatón mejorando ostensiblemente su calidad de vida. Pero aquí en Bogotá seguimos viendo edificios de 8 a 10 pisos con la misma morfología, sin dinamismo ni gracia arquitectónica resultantes del uso de las normas vigentes que poco dejan a la imaginación. Todo se resume en que nuestras construcciones son el resultado de la aplicación de una fórmula matemática exactamente igual en cada sector de la ciudad.

Pero la densificación propuesta no es solo un tema para tratar de resolver la movilidad y el espacio público. También esta impacta la seguridad y los servicios básicos. En una ciudad dispersa, el control policial es más difícil y costoso. En cambio, una ciudad con mayor densidad puede ser más fácil de vigilar con cámaras, mejor iluminación en el espacio público y mayor presencia policial.

Sin embargo, esta transformación debe ir de la mano con la modernización de la infraestructura. Barrios como Cedritos ya han evidenciado problemas con el alcantarillado y el suministro de agua debido a la proliferación de edificios en lotes en los que originalmente había una sola casa. ¿Cómo es posible que en plena ciudad existan tuberías sanitarias en barro cocido o arcilla de hace casi 70 años? Estas se rompen fácilmente, generando filtraciones, contaminación, daños estructurales en vías y edificios y siguen sin ser reemplazadas.

Si Bogotá sigue creciendo sin un plan claro de densificación, nos encaminamos a un colapso urbano mayor. No podemos seguir estirando la ciudad hacia los extremos sin fortalecer su centro. Densificar no es una opción, es una necesidad. El reto está en hacerlo bien. Para ello, necesitamos una visión de ciudades dentro de la gran ciudad, en la que autoridades, urbanistas y ciudadanos trabajemos juntos para construir una Bogotá más compacta, eficiente y habitable. De lo contrario, seguiremos atrapados en un círculo vicioso de congestión, deterioro urbano y falta de oportunidades para todos.

Cuando la justicia se corrompe

Existen dos funciones divinas que El Eterno ha encargado a los hombres, la primera la de sanar, la de tratar la salud y propender por el bienestar del cuerpo, es allí donde los médicos ejercen una función invaluable. La segunda función divina es la de administrar justicia. Cuando Moshe estaba en el desierto conduciendo al pueblo de D-os a la tierra prometida, los israelíes tenían muchas desavenencias por razón de la convivencia, atender a un pueblo itinerante con más de 600.000 hombres mayores de 20 años aptos para el combate, sin contar mujeres, niños y ancianos no debería de ser tarea fácil, todo iban a consultarlo al gran profeta Moshe; quien aconsejado por su suegro, Jetro, nombró jueces de entre los hombres sabios y temerosos de Adonái para resolver los conflictos de su pueblo, siendo origen de un sistema de gobierno de jueces.

Administrar justicia es misión toral que señala el derrotero de las comunidades.  Los jueces deben ser sabios y temerosos de El Creador. El problema empieza cuando la justicia se corrompe al perderse el temor de D-os para dejar de lado la objetividad, la imparcialidad, el sentido común y el buen tino.  Cuando el que administra justicia en lugar de sentenciar para cada quien lo que se merece se pone del lado del victimario y del cohecho. La justicia suele ser representada como una mujer con los ojos vendados, que sostiene una espada en una mano y en la otra una balanza equilibrada. Esta representación no es apropiada: La justicia no puede ser ciega, debe arrancarse la venda para distinguir con claridad entre lo correcto e incorrecto. La balanza debería estar cargada del lado de lo correcto y, la espada enhiesta para caer sobre quien perturba el derecho ajeno.

 

Administrar justicia es un acto político porque en últimas, los jueces con sus decisiones, gobiernan, al ser raceros de lo que justo en una comunidad; tampoco son ajenos a devaneos sobre lo moral e inmoral. La probidad a toda costa, debería ser una de las principales virtudes de todo juez. El juez sólo deber ser juez, sin otro oficio diferente. Cuando el juez es también empresario, terrateniente, influenciador, comerciante o inversor produce desconfianza. Donde esté tu corazón allí estará tu tesoro. Cuando la justicia se corrompe no sólo se vuelve avara y venal, también se carga de ideología; jamás un acto judicial debería ser una expresión ideológica. Una cosa es la política y otra la ideología. Cuando los jueces hacen de las sentencias instrumentos ideológicos sacrifican la justicia para priorizar el resentimiento y el odio.

Probablemente la grandeza de los nueve jueces de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos radique en que, previo a su elección, deben confesar sus convicciones ideológicas, religiosas y políticas, lo que se torna de conocimiento público. Empero, todos los seres humanos son políticos en el sentido aristotélico entendidos como “zoon politikon”, porque forma parte de una comunidad. Lo que se hace inaceptable es que, el juez pignore la objetividad de pensamiento e independencia de criterio para hacer de sus decisiones remedos ideológicos y, de la sentencia ley de citas, en la que se cita por citar cual amanuense académico, por el simple prurito de posar de lúcido.

Cuando la justicia se corrompe amenaza ruina social y yerro moral. Un juez que cree que administrar justicia es cobrar deudas ideológicas es un bellaco con toga, que no ha entendido el sentido de la justicia y se convierte en un peligro para la sociedad. Los jueces no están para cohonestar al gobernante ni al ideólogo. Están para cumplir con una alta misión. No más administradores de justicia con resentimientos frutos de sesgos y taras ideológicas, por favor ¿Es mucho pedir?

León SandovalFerreira

La fuerza de no polarizarse

Si alguien dice “los colombianos son creativos”, nadie suele protestar por esa generalización. Pero si alguien dice “los colombianos son perezosos”, el rechazo aparece de inmediato: “¡no generalice!”, dirán muchos de los que escuchan. Esto muestra que una generalización, por sí misma, no siempre es el problema; lo decisivo es lo que implica para quien la escucha. Esa reacción suele estar más relacionada con una resistencia emocional que con un análisis racional: un sesgo afectivo o sesgo emocional, en el que las emociones pesan más que la razón y en el que la lógica llega después, solo para justificar la postura asumida.

Este tipo de sesgo es el terreno fértil en el que se construyen las polarizaciones, que suelen ser profundamente emocionales, incluso irracionales. Lo más problemático es que el sesgo puede volverse invisible para quien lo padece: quien está inmerso en él no percibe su propia parcialidad, porque su lógica interna acomoda todas las piezas de su pensamiento a lo que le resulta aceptable a su intelecto.

 

No solo la proximidad de las elecciones de 2026, sino en especial la coyuntura generada por la definición en primera instancia del juicio al expresidente Álvaro Uribe, han vuelto a encrespar los ánimos.
La polarización, otra vez, se ha instalado con fuerza en el debate cotidiano, metiéndose en las conversaciones de la gente común, reafirmando a quienes creen lo mismo dentro de sus tribus virtuales, repitiéndose una y otra vez las mismas ideas de siempre, o abriendo nuevas distancias, e incluso enemistades, entre quienes piensan distinto. Y los odios entre los extremos se exasperan.

Los polarizados suelen creer que solo existen ellos y sus opositores: fuera de esa dicotomía, no hay nada más. Esa percepción no es casual, sino inducida: es una estrategia bien conocida por los polarizantes, aquellos que diseñan, siembran y cosechan la polarización para su propio beneficio. En Colombia, la ecuación parece inamovible: petristas contra uribistas, sin espacio para nadie más. Y sin embargo, según las encuestas, en un “promedio de promedios”, los primeros conservan un 30 % y los segundos un 10 % del electorado: incondicionales, activistas, movilizados por la confrontación.

Tras el resultado del juicio al expresidente Uribe, tanto petristas como uribistas parecen convencidos de que la coyuntura les favorece. Los primeros lo ven como un triunfo simbólico; los segundos, como una oportunidad para reagrupar fuerzas.
Ambos apuestan a que, por una razón o por la otra, lograrán cautivar a los votantes del centro, esa mayoría silenciosa que, en últimas, define las elecciones, como si ese centro estuviera esperando ser absorbido por alguno de los dos extremos.
No por casualidad, en ambos lados buscan presentarse como cercanos al centro, adoptando etiquetas como “centro-izquierda” o “centro-derecha”, según convenga.

La paradoja es evidente: los mismos sectores polarizados que desprecian al centro intentan, al mismo tiempo, captarlo. Para lograrlo, han promovido con éxito la idea de que el centro es sinónimo de tibieza, y que quien no toma partido radical no tiene criterio político. Un ejemplo claro de esa estrategia es la estigmatización de Sergio Fajardo como “tibio”.
Pero esa caracterización no se sostiene. Fajardo no es tibio: su perfil político está claramente definido, aun cuando no encaje en las etiquetas tradicionales. Estar en el centro no es evitar el conflicto ideológico, sino rechazar las fórmulas cerradas de ambos extremos. El centro no se desentiende de la política: la examina con juicio, identifica lo que no le convence de la derecha y de la izquierda, y elige con criterio propio.

Esa es la diferencia. El llamado centro es, precisamente, lo contrario del “todo o nada” que domina en los extremos ideológicos:
Desde el centro se comprende, y se reivindica, una combinación razonada de elementos esenciales para la vida democrática:
La libertad individual, la propiedad y la iniciativa privadas, un capitalismo funcional que no derive en corrupción ni en concentración excesiva de la riqueza.
Pero también se reconoce el papel imprescindible del Estado como regulador de mercados que son, en la práctica, imperfectos.
Se entiende la urgencia de ayudar a los ciudadanos a salir de la trampa de la pobreza, lo cual requiere garantizar acceso efectivo a educación, justicia, salud y condiciones de vida digna.
Y se acepta la necesidad de estructuras impositivas lógicas que permitan al Estado cumplir esa misión.

Sin siquiera entrar a discutir los extremos más radicales, donde, inevitablemente, se pierden las libertades en nombre del poder, ya sea bajo autoritarismo o fascismo, lo cierto es que mientras los polarizados militan con sus sesgos emocionales, los ciudadanos del centro, que son la mayoría, están esperando propuestas. Y no más improperios, insultos, miedos ni amenazas disfrazadas de estrategia. Es hora de que los precandidatos entiendan que al centro no se le evangeliza: se le convence con ideas y propuestas.

El centro está hastiado de todas esas estrategias de miedo, ya desgastadas y repetidas hasta el cansancio. No funcionará seguir invocando la lucha de clases, ni apelar a una versión reciclada del socialismo del siglo XXI, que ya ha mostrado sus fracasos. Tampoco asustará al votante no polarizado la amenaza de que “nos vamos a volver como Venezuela” o, más recientemente, la insinuación viral de que se avecina un fenómeno similar al nazismo.
Nada de eso convencerá al votante de centro, que tiene la opción, y la madurez, de escuchar, pensar, discernir, y dejar de tener que elegir siempre al menos malo.

Los precandidatos, si quieren ser tomados en serio, deben enfocarse en propuestas sesudas, bien elaboradas, argumentadas con rigor. El país necesita respuestas reales para reducir la pobreza extrema y aliviar el sufrimiento de millones que viven con mala alimentación, vivienda precaria, acceso limitado y deshumanizado a la salud, pocas oportunidades para remontar la pobreza, y un sistema de justicia que funciona de manera injusta.
Necesitamos mejorar la calidad de vida y el bienestar general, no solo el de las clases altas que no enfrentan esos problemas.

Para lograrlo, se requieren sus propuestas para una mejor planeación de las intervenciones e inversiones del Estado, potenciar la competitividad del país y sus empresarios, reducir la corrupción en todas sus dimensiones, incluyendo el desafío de enfrentar al aparato político del que los mismos precandidatos provienen, y racionalizar los impuestos con los que el Estado puede financiar todo lo anterior.

Una mención final, necesaria, para el cáncer de la corrupción.
Muchos economistas analistas, con razón, señalan que los montos robados son pequeños si se comparan con el total de las finanzas públicas. Y es cierto que, por sí solos, no explican el atraso del país en términos de desarrollo y bienestar. Pero ahí no termina el daño. Los efectos intangibles de la corrupción son brutales: distorsionan la planeación estatal, sacrifican metas de largo plazo, y pervierten decisiones públicas para favorecer el saqueo. La eficiencia del gasto se derrumba no solo por lo que se roba, sino por lo que se deja de hacer bien para proteger los intereses que roban.
Ese será el tema de nuestra próxima reflexión.

Rafael Fonseca

La mujer de hierro

Cuando la toga se convierte en coraza, y el estrado en trinchera, emerge la figura de Sandra Liliana Heredia, la jueza que no titubeó frente al expresidente Álvaro Uribe. Su sentencia no es solo un veredicto: es un símbolo del poder transformador de las mujeres en la justicia colombiana.

El caso contra Uribe comenzó en 2012, cuando el senador Iván Cepeda presentó testimonios de exparamilitares que señalaban la supuesta vinculación de quien fuera presidente con grupos armados ilegales. Desde entonces, la investigación se alargó por más de 13 años, dando lugar a audiencias, recursos, dilaciones y tensiones que incluyeron aplazamientos y maniobras retardatorias de la defensa.

 

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Detrás del estrado estuvo un equipo en su mayoría femenino —en la Fiscalía, en la Rama Judicial y en el acompañamiento procesal— que mostró que la administración de justicia también puede ser un espacio tejido con sensibilidad y rigor. Mujeres que sostuvieron el pulso del caso detrás de cámaras, sosteniendo el proceso cuando todo parecía desmoronarse y ante una de las figuras con más poder e impunidad en Colombia.

La defensa de Uribe utilizó múltiples estrategias para obstaculizar el avance: peticiones de pruebas, recusaciones, suspensiones orales, dilaciones procesales. Fue un laberinto burocrático orientado a desgastar el proceso y a generar desgaste mediático. Pero la jueza Heredia resistió cada maniobra con paciencia institucional.

Durante la lectura del fallo, Sandra Heredia pronunció frases contundentes que recorrieron el país y marcaron un capítulo en la justicia nacional:

  • “La justicia ha llegado… nadie está por encima de la ley ni por debajo de ella.”
  • “La toga no tiene género, pero sí carácter.”
  • “La justicia no se arrodilla ante el poder.”
  • “Este juzgado no decide sobre un nombre, decide sobre unos hechos, y esa distinción es vital.”
  • “Se condensaron 475 días de una maratónica lucha contra el reloj.”
  • “No será una victoria de nadie, ni una derrota de otro: será, como debe ser, una respuesta del Estado a través de su justicia.” Y denunció también los ataques machistas que enfrentó el equipo que lideraba:

Sandra Heredia mostró que la justicia administrada por mujeres puede ser implacable en el rigor y delicada en la ética. Este juicio demuestra que la impartición del Derecho no depende del género sino del carácter, de la convicción de que el poder no está por encima de la ley.

Valga la pena esta oportunidad para decir que no podemos callar ante la persecución y las amenazas que hoy enfrenta la jueza Sandra Heredia por haber cumplido con su deber: impartir justicia sin mirar a quién. Las presiones, intimidaciones y discursos de odio promovidos desde sectores del Centro Democrático y amplificados por aliados radicales en Estados Unidos como Marco Rubio, representan un intento descarado de socavar la independencia judicial en Colombia. Es inadmisible que desde el exterior se pretenda torcer la balanza de la justicia con amenazas diplomáticas o intervenciones politiqueras. El Estado colombiano debe proteger la vida e integridad de la jueza Heredia y enviar un mensaje claro: el Estado de Derecho no se negocia, no se intimida, y no se doblega ante el golpismo criollo ni el gringo. La justicia no puede depender del ruido de los poderosos, sino de la fuerza de la verdad y la autonomía de sus instituciones.

En una era donde los liderazgos femeninos se reivindican en todos los ámbitos, su sentencia marca un punto de inflexión en la historia jurídica de Colombia: mandar un mensaje claro sobre que las mujeres no se arrodillan, y que cuando representan al Estado, lo hacen con la garra de quien no se doblega ante ninguna presión, evocando solidez y temple.

Finalizo con una reflexión: si tuviera que personificar el futuro de la justicia en nuestra nación, esa figura seria “la mujer de hierro”. Porque no se vence con palabras ni juicios mediáticos: se vence mostrando que incluso frente al poder más absoluto, la verdad, el debido proceso y la justicia pueden, y deben, prevalecer.

Quena Ribadeneira

Bogotá necesita cuidarse por dentro

Bogotá está llena de movimiento, pero cada vez más vacía por dentro. Mientras millones corren para llegar a tiempo, pocos se detienen a preguntarse cómo están en realidad. La salud mental dejó de ser un tema marginal: hoy es una urgencia. Las cifras crecen, los silencios también. Y aunque el dolor no siempre se ve, se siente. Tal vez ha llegado el momento de entender que moverse —caminar, correr, hablar— también puede ser una forma de empezar a sanar.

Bogotá está librando una batalla silenciosa: la de la salud mental. Entre enero y abril de 2025, la Línea 106 registró más de 40.000 intervenciones en orientación psicológica —un aumento del 41 % respecto a 2024—, lo que demuestra una mayor disposición de los ciudadanos a levantar la mano y pedir ayuda  . Sin embargo, más de 905.000 bogotanos creen que su salud mental es mala o regular, y el 10,9 % ha sido diagnosticado con depresión  .

 

Estas cifras no son frías estadísticas: representan rostros, silencios, noches de insomnio, y un cuerpo que duele más por dentro que por fuera. Así como arrojan luz, obligan a pensar en qué estamos haciendo para sostenernos.

💬 Cuatro reflexiones urgentes

  1. El estigma aún pesa: aunque la nueva Ley 2460 de 2025 crea redes integrales de atención y elimina barreras de acceso  , la creencia de que “la salud mental depende del individuo” persiste en más del 57 % de los colombianos  . Urge arreglar esa falla cultural.
  2. La comunidad cura: el 83,4 % de los colombianos cree que la comunidad debe estar activa en apoyar a quienes atraviesan crisis  . Esa red puede ser un amigo, un vecino, un grupo de deporte, una charla de café.
  3. La ciudad respira cuando nos movemos: cada domingo la Ciclovía moviliza a cerca de 1,5 millones de personas, promoviendo salud mental y sentido de pertenencia  . Así, Bogotá se convierte en un espacio de cobijo, no solo de pasos.
  4. El ejercicio, medicina sin receta: clubes de runners, caminatas al aire libre o grupos de patinaje no solo fortalecen el cuerpo, sino que reconstruyen el ánimo. Cada gota de sudor es un cable que te conecta con alguien que también busca un respiro.

¿Nos movemos por la salud mental?

Si sientes que el piso tiembla… no estás solo. Te propongo tres pasos concretos:

  • Empieza a moverte, sin importar la intensidad. Camina cuatro veces por semana, súmate a una clase de baile, pedalea o trota. Lo importante es comenzar.
  • Cuéntalo. Habla con un amigo: explícales que no se trata de que “te cures”, sino de no quedarte solo. Haz del compartir un ejercicio contra el aislamiento.
  • Únete a nosotros. Hay un grupo de amigos que recorre Bogotá corriendo: elegimos distintos escenarios —Ciclovía, Parque Simón Bolívar, El Salitre—, cada semana. No importa tu nivel, lo que cuenta es estar presente, respirar en grupo y mirarse a los ojos al final.

Abrazamos la distancia, el cansancio, la duda, y nos fortalecemos en comunidad. Porque en la meta no solo levantamos brazos, también levantamos el alma.

Bogotá está herida, pero no rota. Tenemos estructuras, expertos y rutas. Lo que falta es atreverse a ser parte de la solución: moverse, hablar, acompañar. El silenciar el dolor nos enferma; compartirlo nos recupera. Y hacerlo en comunidad, esa es la diferencia. Así, sin grandes discursos, nos curamos a pulso —kilómetro a kilómetro— y recuperamos nuestra ciudad por dentro.

Cesar Orlando Amaya Moreno

Marcha de la Gallardía 7-08-2025

El escenario jurídico-político colombiano atraviesa una crisis de profundas dimensiones, donde la instrumentalización del sistema judicial por sectores radicalizados de ambos extremos ideológicos está socavando los cimientos del Estado de Derecho. La reciente movilización convocada por el Centro Democrático, bajo el eufemismo de «marcha de la gallardía», la negación de la medida cautelar de la tutela para suspender la orden de captura del expresidente Uribe, y la contra-narrativa del gobierno Petro que  celebra  «Justicia para víctimas de  paramilitares», exponen una peligrosa convergencia: la judicialización de la política y la politización de la justicia como estrategias complementarias de poder nunca antes activadas a la vez en plena campaña nacional. Este fenómeno, lejos de ser coyuntural, revela un patrón estructural que amenaza con deslegitimar irreversiblemente nuestras instituciones y que nos obligaría a pensar si los ciudadanos podemos confiar en la existencia de  un debido proceso justo o  si por el contrario es un asedio al Estado de Derecho.

Por el lado del uribismo tenemos un caso paradigmático, en la medida que Uribe renunció deliberadamente a su fuero ante la Corte Suprema para llegar a la justicia ordinaria –primero con la fiscalía de Barbosa, después con la de su enemigo político– que terminó enlodándolo completamente, y en tal sentido, resolvieron contraatacar con una estrategia peligrosa bajo la lógica de convertir cada fallo judicial adverso en una ofensa política colectiva.

 

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Es así como la denominada “marcha de la gallardía” convocada para el próximo 7 de agosto de 2025 no es un acto espontáneo de solidaridad, sino una operación calculada para trasladar el debate jurídico al terreno de la confrontación callejera. Al calificar la condena a Uribe Vélez como «persecución», se busca sustituir el imperio de la ley por la tiranía de la plaza pública; pero es la misma estrategia que usa el petrismo cuando no le gustan las decisiones adversas de las otras autoridades. Paralelamente, el actual gobierno  ha adoptado un discurso especular, denunciando selectivamente lo que llama «lawfare» o  también conocido como guerra jurídica al referirse al uso indebido del sistema legal para fines políticos mientras protege a sus aliados bajo el manto de la «persecución política», es decir, los extremos políticos son más de lo mismo, y esta doble moral institucionalizada crea un círculo vicioso donde cada bando (ultra derecha y ultra izquierda)  justifica su desacato al sistema judicial mientras exige sumisión del contrario.

Pese a lo anterior, el poder judicial no es víctima inocente en este drama, toda vez que la sentencia contra Uribe Vélez, con su carga de retórica política y ambigüedades procesales, entregó argumentos valiosos a quienes buscan deslegitimarla; pero señores jueces, recuerden que cuando la justicia abandona su rigor técnico para emitir mensajes políticos, se convierte en cómplice de su propia erosión.

Después de todo esto, lo verdaderamente alarmante para un Estado con una tradición democrática seria y consolidada, como el nuestro, es que estos caudillajes contemporáneos siempre intentan romper el equilibrio de contrapoderes, y bajo estos ataques la sociedad debe responder protegiendo la institucionalidad para terminar de una vez con este ciclo destructivo. Para lo cual se requiere adoptar medidas muy audaces como lograr un amplio acuerdo nacional por la independencia judicial, que blinde a los jueces de presiones políticas y mediáticas. Por otro lado se requiere una reforma procesal profunda desde el poder legislativo con el fin de eliminar ambigüedades y garantizar estándares probatorios claros, soportado en unos códigos de ética vinculantes para partidos y funcionarios con altos niveles de influencia y poder político, que contenga sanciones ejemplares cuando  desacrediten instituciones. Todo acompañado de una comisión de notables con participación internacional para evaluar casos emblemáticos.

Nuestra Reflexión final sería invitar a los líderes políticos a  ver más allá del 2026 para que no sometan a Colombia en otra encrucijada existencial. Las próximas elecciones no pueden reducirse a un plebiscito entre dos proyectos revanchistas. Necesitamos recuperar la política como espacio de deliberación y proposición creadora que resuelva las necesidades de los ciudadanos, no como campo de batalla judicial.

El verdadero acto de gallardía que el país requiere no es llenar plazas con marchas de izquierda o de derecha,  para defender a un condenado, para atacar a un gobierno, para desestabilizar los poderes públicos o para amordazar a la oposición,  sino que necesitamos construir colectivamente las bases de una democracia madura donde la justicia no sea instrumento de venganza ni la política teatro de operaciones judiciales.

El tiempo apremia. Cada día que perdemos en esta confrontación estéril nos acerca más al precipicio de la ingobernabilidad. La historia juzgará con severidad a quienes, por acción u omisión, permitieron que Colombia cruzara ese umbral.

Luis Fernando Ulloa

Es el pacífico… ¿Es que no la ven?

La economía del pacífico puede ser muy fácilmente definida; es una economía que se mueve entre los límites de la precariedad y la inexistencia, pero bien podríamos decir que esta situación está determinada por dos características que definen su estado: falta de visión y de ambición por parte, no solo del Estado colombiano, sino también de los gobiernos que han administrado el territorio nacional.

La primera es debido a la pereza que parece que despierta, el siquiera pensar en ese territorio como un territorio que pueda aportar algo más de lo que aporta actualmente que es nada. Una pereza que no permite que se haga una gran apuesta por ese pedazo de tierra, que lo único que produce es problema y violencia.

 

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La anterior pareciera que es la mentalidad con la que se mira este territorio; en el pacífico todo es más complicado, dicen los funcionarios públicos; también afirman que es muy difícil hablar con ellos, porque nunca reconocen nada; es que la forma como maltratan al funcionario público hace que nadie quiera ir a la zona y mucho menos tomarse en serio la posibilidad de pensar en soluciones definitivas.

Tengo que reconocer que algunas de estas excusas son ciertas. Es verdad que es muy difícil que los habitantes de esta zona reconozcan cualquier avance, por lo general las discusiones siempre se desarrollan teniendo como base los mismos estribillos: la deuda histórica y la famosa frase del racismo estructural; esta última resulta ser a preferida de todos los sociólogos.

Pero tenemos que reconocer que para llegar a un punto donde se inicie a pensar en una solución debemos hacer borrón y cuenta nueva. Es decir la solución no puede partir del hecho de arreglar todo lo que en el pasado no se arregló, tenemos que empezar a solucionar lo que hoy no funciona, proyectando dicha solución ha resolver problemas estructurales que permitan unas mejores condiciones en el futuro próximo.

Para poder superar el obstáculo que genera la segunda frase, es imprescindible  dejar de auto minimizarnos por medio de una especie de autocompasión, que nos permite escudarnos en nuestro color de piel para esgrimir la razón por la cual no se prospera en esta región; lo único que logramos con eso es recibir migajas como lo hacemos ahora, dejándosela fácil a los gobiernos que piensan que con los programas de subsidios se soluciona todo el problema, eso les resulta  fácil: para eso tienen el presupuesto nacional.

La solución para el pacífico parte del meridiano obvio de la construcción colectiva, en donde el gobierno debe presentar un plan robusto para cambiar la realidad económica de una región que tiene mucho por ofrecer, es aquí en donde hablamos de la necesidad de que este país piense con ambición, una ambición que permita ver esta región como parte de la innovación que nuestra economía debe tener si de verdad quiere crecer de manera seria y constante.

Y qué nos dice el crecimiento actual? Pues nos dice que crecemos a un ritmo muy mediocre si se compara con el anhelo de acabar con la pobreza. Hoy de las seis regiones que tiene el país, solo tres de ellas aportan más del 65% del PIB nacional: El Pacífico aporta algo más del 16%. Muchos dirán bueno no están malo, pero depende la óptica, para los habitantes de esta región si lo es; y lo es porque la cifra simplemente es engañosa y atenta contra la productividad de la región.

Cuando se habla de un aporte del más del 16% del pacífico al PIB, se debe tener en cuenta que esta cifra incluye a Cali, Popayán y Pasto. Como se darán cuanta ninguna de esta ciudades son consideradas como parte del pacífico, puesto que cultural, étnica y socialmente son muy diferente a los pueblos que son propios de esta región. Cosa diferente si hablamos de Quibdó que en todos los aspectos mencionados anteriormente si asimila los usos y costúmbres propios de esa zona.

Así que hablar de 16% de la producción nacional es solo una forma de distraernos del problema, si sacamos a las ciudades capitales mencionados en el párrafo anterior nos daremos cuenta que esta cifra cae estrepitosamente, solo Cali aporta más del 9% del PIB nacional.

Es allí donde radica la urgencia de tener una visión clara de desarrollo para esta zona; es la productividad la única manera de acabar con los círculos de pobreza y hambre que son parte del paisaje en el pacífico. Una visión que permita construir una vocación para cada una de las zonas de esta región, partiendo de sus potencialidades, de lo que tiene que ofrecer y de donde es fuerte, una visión y vocación que permita definir para qué es bueno el territorio y de ese resultado direccionar todas las demás actividades que den respuesta a las demasiadas necesidades de sus habitantes.

Con una visión adecuada podríamos dar el paso para ser ambiciosos, y hacer crecer económicamente tanto esta zona, que permita que dicho crecimiento le aporte 2 o 3 puntos más al PIB nacional y de paso promover la empresa privada, lo que resultaría en reducir los niveles de desempleo y pobreza, esto lógicamente, debe ir de la mano de la adecuación del territorio en términos de seguridad y de infraestructura.   

El pacífico puede ser la solución a los problemas de crecimiento de nuestra economía, es esta zona, desaprovechada económicamente, la que puede dar el rendimiento necesario para que nuestra economía sea cada vez más robusta, para que nuestra canasta exportadora sea cada vez más diversa y amplia, para ofrecerle al mundo una cantidad de producto y de recursos que hoy solo son aprovechados por los pájaros.

Será que nadie se ha puesto a pensar que el cinturón de cobre que recorre el pacífico y que se explota en Chile, Perú e incluso Ecuador, tiene su continuidad en el pacífico colombiano, será que hay que ser muy inteligente para llegar a tan obvia conclusión?, seguramente si hay cobre allá, hay cobre acá.

Jefferson Mena Sánchez

Una metáfora clasista y sexista que revela cómo se gobierna Bogotá

En el Concejo de Bogotá, fuimos testigos de una declaración lamentable que no puede pasar desapercibida. Diego Molano, presidente de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), comparó a esta entidad con una “madre soltera”, en una analogía cargada de juicios morales, estigmas de clase y una visión profundamente sexista sobre las mujeres cabeza de hogar.

“Cada cuatro años se consigue un nuevo padrastro”, dijo, aludiendo a los cambios administrativos en la empresa. Más allá del supuesto ingenio de la metáfora, sus palabras revelan un pensamiento estructural preocupante: para Molano, las madres solteras simbolizan inestabilidad y desorden. Las culpas implícitamente por no tener una pareja “estable” y presenta a los padrastros —hombres que muchas veces asumen con dignidad el cuidado de hijos ajenos— como figuras improvisadas e intrusas.

 

Estas expresiones no son simples deslices lingüísticos, sino evidencia del desprecio con el que ciertos sectores del poder miran a las mujeres populares.

 Se les responsabiliza históricamente, se las estigmatiza por salir adelante solas y se las usa como analogía de caos institucional. ¿Qué revela esto sobre las políticas públicas que se diseñan para ellas? ¿Cómo se distribuyen los recursos si quienes los gestionan las miran con desconfianza y prejuicio?

Las mujeres con jefatura de hogar, que conforman una parte esencial de la base social de Bogotá, no deben ser representadas como sinónimo de desorden. Sostienen vidas enteras en medio de adversidades que ningún presidente de empresa pública conoce en carne propia. Trabajan, cuidan, crían y construyen comunidad sin esperar aplausos, mucho menos humillaciones públicas.

Las reacciones no se hicieron esperar. Varias concejalas exigieron una disculpa pública y denunciaron el irrespeto institucional, en un contexto de crisis profunda en la ETB, crisis para la cual no hay metáforas ni soluciones claras.

Molano se disculpó minutos después, al igual que la Alcaldía Mayor. Pero una disculpa no borra el prejuicio: lo expone, lo confirma y nos obliga a cuestionar qué tipo de visión de ciudad tienen quienes hoy toman decisiones en Bogotá.

No es casual que se haya usado una figura femenina para hablar de deterioro, ni gratuito recurrir a la idea de “madre soltera” como sinónimo de caos. Es reflejo de un pensamiento arraigado que desvaloriza a las mujeres que no encajan en un modelo tradicional, que castiga la autonomía, criminaliza la pobreza y moraliza lo que debería ser atendido con políticas de apoyo y cuidado.

La ETB, empresa pública de capital mixto controlada por la administración distrital, no necesita metáforas denigrantes, sino una gerencia transparente, técnica y comprometida con el bienestar colectivo. Y Bogotá necesita funcionarios y funcionarias que respeten la dignidad de las mujeres, en lugar de usarlas como recurso retórico para ilustrar fracaso.

El lenguaje importa. Las ideas que lo sustentan, también. Y las políticas que de ellas se derivan, aún más. Por eso no basta con una disculpa: es hora de exigir respeto, rendición de cuentas y una transformación real en la forma de hablar y gobernar para las mujeres.

Marcela Clavijo

Creer que los demás son ingenuos

Cuando el Gobierno anunció con entusiasmo la creación de una “zona binacional” entre Colombia y Venezuela, se notó el ánimo de poder ayudar a la hermana república. Más allá de las consideraciones políticas y de seguridad, hay un riesgo mucho más sutil, pero potencialmente más devastador: la extensión de las sanciones del régimen de Nicolás Maduro hacia la economía colombiana. Disfrazar esta iniciativa como un ejercicio de paz o de integración económica puede ser inteligente, pero el daño para Colombia podría ser letal. Uno se puede creer vivo, pero no todo el mundo es ingenuo.

Hoy, las sanciones impuestas por EEUU, la Unión Europea y otros países a Venezuela, incluyen restricciones financieras, prohibiciones de inversión, congelamiento de activos y limitaciones para operar. Estas sanciones no son meramente simbólicas: afectan la banca, el comercio, la inversión extranjera, las exportaciones y hasta los seguros. Si Colombia establece una zona con normativa conjunta o mecanismos institucionales compartidos con Venezuela, corre el riesgo de ser vista como un territorio parcialmente integrado a una economía sancionada. Sin trazabilidad perfecta toda la economía colombiana quedaría contaminada.

 

¿Cómo evitar que mecanismos de cumplimiento de sanciones internacionales —como el sistema OFAC o las listas grises del GAFI— comiencen a mirar a Bogotá como miran a Caracas? Imaginemos lo obvio: una empresa venezolana sancionada que opere en la zona binacional podría, por vía indirecta, acceder a contratos, financiamiento, tecnología y operaciones que le están prohibidas en su país de origen. ¿El resultado? Un riesgo sistémico para todo el aparato productivo colombiano, particularmente en los sectores financiero, logístico, energético y de comercio exterior.

No es una exageración. Monómeros ya enfrentó controles, suspensiones y observación internacional por sus vínculos con el Estado venezolano.  Tal vez por eso no lo estén vendiendo. Si una figura jurídica binacional se formaliza sin blindajes legales, Colombia podría convertirse “puente de evasión” de sanciones, con consecuencias gravísimas para nuestra estabilidad macroeconómica. Además, esta zona está siendo diseñada sin reglas claras, sin consulta con los gremios, sin evaluación de impacto regulatorio y sin control del Congreso. La narrativa oficial es que “no afecta la soberanía” que “son mecanismo ya previstos en la ley”, pero en la práctica podría convertirnos en co-responsables jurídicos de las restricciones que hoy asfixian a Venezuela. Es decir, pasamos de la neutralidad diplomática al involucramiento directo.

Las compañías multinacionales, por precaución, evitarán operar en una zona gris. Colombia no puede darse el lujo de perder confianza en los mercados internacionales justo cuando enfrenta un déficit creciente, inflación estructural y un aumento del riesgo país. Lo más grave es que esta política se presenta como una apuesta de “cooperación fronteriza”, cuando en realidad es una trampa geopolítica que exporta las sanciones venezolanas a todo el territorio colombiano. La integración económica entre países es positiva cuando se hace con marcos legales transparentes, reglas multilaterales, y confianza mutua. Pero unirnos con un Estado sancionado, sin hoja de ruta, sin límites normativos y sin control institucional, es una apuesta temeraria que Colombia podría pagar muy caro.

Simón Gaviria

Mientras OPEP+ aumenta producción de petróleo, en Colombia nos estancamos


Mientras Irak, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y otros cinco países acordaron incrementar su producción de crudo a partir de septiembre, mientras en Colombia el segundo trimestre tuvo una caída del 20,5% (42.542 boe/d), comparados con el año 2024 (53.568 boe/d) según, Parex Resources Inc.

Fuente: Parex Resources Inc

 

Ocho miembros de la Organización de países exportadores de petróleo decidieron aumentar de manera conjunta de 547.000 barriles diarios en sus cuotas de producción a partir de septiembre de 2025 debido a las tensiones geopolíticas generadas por el presidente de los EEUU, Donald Trump.

Mientras estos países reaccionan a lo que evidentemente es un riesgo para la economía de sus países, en Colombia, el argumento es que es una economía de la muerte.

Entre 2023 y marzo de 2025, Colombia no firmó nuevos contratos de exploración y explotación, ubicándose detrás de Uruguay (1), Ecuador (3), Surinam (5), Venezuela (7), Argentina (7), Perú (13) y Brasil (183), esto impacta el amrco fiscal y las pérdidas se estiman en $40 billones entre 2027 y 2035; originados principalmente de rentas, regalías, impuestos y derechos económicos.

Si bien, el desempleo tuvo una disminución, dicho por el mismo presidente “El nivel más bajo del desempleo, 8,6%, en junio. Este es el resultado de salir de la «enfermedad holandesa». Es decir: dejar de depender de ramas extractivas de bajas intensidades en puestos de trabajo que representan lo mayor de las exportaciones (enfermedad holandesa)”, no necesariamente es correcto el argumento.

El análisis que doy, es que, si bien el desempleo va en caída, la oportunidad perdida por dejar de explorar buscando su política de transición energética es gigantesca. Para este segundo trimestre de 2025 en Ecopetrol, la disminución en sus ingresos metros podrían ser de 2,6 billones comparados con el año 2024, pues sus ganancias se estiman en 1,8 billones frente al año anterior de 4,4 billones.

Si revisamos, el año 2023 fue de 5,2 billones, 2022 9,4 y 2021 12,2; nos da una noción de donde está la compañía y la oportunidad perdida. En mayo, por ejemplo, la reducción fue del 28% en la exportación del crudo, que, de haber aprovechado el momento, sumada a todas las estadísticas en mejora de empleo y crecimiento económico, seguramente seria un ejemplo de superación fiscal y económica en la región.

Iván Santisteban