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Los influenciadores digitales en la consulta del Pacto Histórico

Escrito por Luis Fernando Ulloa en Oct 28, 2025. Publicado en Opinión.

La consulta del Pacto Histórico, celebrada el pasado domingo 26 de octubre de 2025, superó todas las expectativas al rondar los tres millones de votos, o mejor, con 2.753.738 votos en total, pero más allá de los números, lo verdaderamente trascendente fue el rostro de quienes los capitalizaron. Los nombres de Wally (Walter Alfonso Rodríguez Chaparro, con 137.821 votos al Senado), Lalis (Laura Daniela Beltrán Palomares, con 26.718 votos a la Cámara por Bogotá) y María del Mar Pizarro, quien obtuvo 26.022 votos, y quien es hija del asesinado candidato presidencial y comandante del M-19, Carlos Pizarro Leongómez, encarnan una transformación que ya es irreversible en la política contemporánea marcada por la irrupción y consolidación de los influenciadores digitales como actores políticos reales, con votos de carne y hueso.

Hasta hace poco las redes sociales eran vistas como un escenario marginal de la política, pero los resultados de la consulta demostraron que los contenidos digitales dejaron de ser solo opinión para convertirse en una fuerza electoral capaz de definir curules. El tránsito entre los “likes” y el voto físico fue directo y medible, confirmando que aquello que antes se consideraba entretenimiento o ruido digital hoy es ciudadanía activa que moviliza emociones, narrativas y decisiones reales.

El caso de Wally, influenciador petrista que irrumpió con un discurso de denuncia y sátira política, refleja esta transformación al pasar de ser desestimado con arrogancia por las élites mediáticas, como cuando Néstor Morales desde Blu Radio lo calificó de “nichito”, a consolidarse como un fenómeno electoral que rompió la barrera del clicktivismo. Incluso si algunos de estos nuevos liderazgos reciben apoyo de figuras tradicionales, como el político Carlos Carrillo, actual director de la UNGRD, exconcejal de Bogotá y exdirigente del Polo Democrático hoy vinculado al Pacto Histórico y reconocido como padrino político de Wally, el hecho político sigue siendo el mismo porque el voto digital ya existe y su legitimidad no depende del padrinazgo ni de las estructuras partidistas sino de la conexión emocional y narrativa que los creadores construyen con sus audiencias, un fenómeno con contradicciones, pero que representa un paso firme hacia la modernización de una democracia que durante décadas fue rehén de la compraventa de votos y del clientelismo.

En el panorama nacional, la consulta presidencial del Pacto Histórico reafirmó la figura de Gustavo Petro como exponente de una izquierda latinoamericana que se resiste a perecer, pese al desgaste de su gobierno, los escándalos de corrupción y el ruido político que lo rodea.

En Bogotá, la correlación de fuerzas para Senado y Cámara reveló algo más profundo que una simple disputa electoral pues nos evidenció que estamos ante el surgimiento de un relevo generacional y comunicativo, en la medida que las generaciones de hoy ya no votan únicamente por partidos, sino por identidades, por narrativas visuales y por la coherencia emocional que logran percibir entre el mensaje y quien lo transmite. Así como Wally o Lalis marcaron la diferencia desde la izquierda, no pasará mucho tiempo antes de que figuras del centro o la derecha comprendan el nuevo lenguaje de la política y lo dominen.

Ya se vislumbra una generación de creadores que traducirá las ideas liberales, conservadoras o cristianas al formato narrativo de las redes, y en este punto, la competencia no será ideológica, sino comunicacional, mediante la opinión política amplificada por algoritmos que de aquí en adelante demarcarán una batalla por el relato, la estética y la autenticidad.

El tránsito que vive Colombia no es únicamente tecnológico, porque el país ha ingresado en la era de la democracia líquida, una forma de participación propia del siglo XXI global en la que la representación política se vuelve dinámica, interactiva y cada vez menos dependiente de las estructuras rígidas del pasado. En este nuevo modelo, los ciudadanos ya no delegan su poder por completo, sino que lo ejercen y lo vigilan en tiempo real, participando de manera activa en la conversación pública basada en las plataformas digitales que se han convertido en la nueva ágora donde se moldean las opiniones, se construyen las reputaciones y, en buena medida, se define la suerte de quienes aspiran a gobernar.

Así, la democracia líquida no destruye la política tradicional, sino que la impulsa a transparentarse, pues las redes sociales, antes vistas como focos de desinformación, se han convertido en un antídoto contra el clientelismo. La trazabilidad digital y las nuevas tecnologías de verificación transforman las elecciones en escenarios más confiables y menos dependientes del dinero, donde la influencia sustituye gradualmente a la maquinaria.

Este nuevo tiempo, sustentado en herramientas basadas en la inteligencia artificial anuncia una transformación profunda en la forma de elegir y ser elegidos, porque aquello que parecía una utopía comienza a convertirse en el nuevo protocolo democrático y los resultados de la consulta son una bofetada simbólica a la clase política tradicional, a las maquinarias que creyeron que los TikTok, los reels o los podcasts eran una moda pasajera, toda vez que el voto digital, nutrido por emociones y sentido de pertenencia, demostró que la conversación pública ya no se define en los cafés del Congreso, sino en los comentarios de una transmisión en “live” de TikTok.

De cara a las elecciones de 2026, Colombia ingresará en un escenario donde los ecosistemas digitales serán decisivos y las campañas deberán incorporar estrategias basadas en datos, relatos emocionales, narrativas audiovisuales y participación directa de los usuarios. Las maquinarias tradicionales persistirán, pero su influencia se reducirá a medida que los votantes migren hacia espacios más libres y desestructurados aunque persistan sombras como los financiamientos opacos, las alianzas con viejos caciques o la falta de regulación sobre la publicidad digital, pero el cambio es irreversible porque la política colombiana ya no volverá a ser la misma.

Entonces, el voto del siglo XXI unirá lo territorial con lo digital y lo comunitario con lo emocional, definiendo así el rumbo de la democracia cuando la irrupción de los influenciadores políticos refleja una mutación profunda del sistema representativo donde la historia dejará de escribirse solo desde los partidos y pasará a manos de los creadores de contenido, los canales jóvenes y las audiencias líquidas que hoy moldean la conversación pública. Aquello que se consideraba ruido en redes hoy son votos reales y lo que antes eran nichos digitales será el nuevo poder constituyente en una era donde los “likes” se transforman en votos y los algoritmos emergen como el antídoto contra las maquinarias que durante décadas compraron conciencias.

Luis Fernando Ulloa

El riesgo que nos salvó

Escrito por Simón Gaviria en Oct 28, 2025. Publicado en Opinión.

Por lo menos sabemos que hay alguien pendiente de lo que ocurre, así esto solo sea la tesorería del Min Hacienda. En las últimas semanas, se logró inyectar liquidez al mercado del peso mediante la monetización de swaps internacionales por más de US$9.300 millones, vendiendo en apenas tres días cerca de US$1.700 millones. En términos sencillos, al colocar deuda en el exterior con el propósito de recomprar, a descuento, deuda colombiana nerviosa con Petro, el gobierno obtiene una ganancia. Ese flujo permitió contener la volatilidad consolidando la apreciación del peso. De hecho, el peso es hoy una de las monedas emergentes con mejores desempeños del trimestre, pero volverse adicto al caos es muy peligroso.

El dólar desde el inicio de septiembre hasta el viernes de cierre de esta columna se ha apreciado 3,98%. Esas operaciones le dieron al Gobierno la capacidad de reducir presiones inflacionarias sin recurrir a un mayor endeudamiento interno. Fue una jugada inteligente: transformar deuda en activos líquidos mientras los mercados pagan una prima elevada por el riesgo colombiano. Es, paradójicamente, gracias a la incertidumbre económica que inspira el gobierno que estos descuentos están disponibles.

Ahí radica la ironía. El mismo riesgo país que el gobierno creó por su retórica contra el mercado, su política fiscal incierta, y sus choques institucionales, es el que hoy le permite realizar operaciones rentables. La desconfianza se ha convertido en herramienta de financiamiento. Los CDS a cinco años continúan cerca de 270 puntos básicos, y la tasa de los TES 2029 bordea el 10,2%; sin embargo, ese diferencial es lo que hace atractivo a Colombia frente a otras alternativas. Al menos en algo se está aprovechando esta mala coyuntura, el problema es que quieren seguir generando caos para mantener estrategia.

El borrador de decreto que modificaría los portafolios de los fondos de pensiones para forzarlos a repatriar inversiones hace puro daño. Si se materializa, las AFP tendrían que vender activos externos para comprar deuda local, generando una distorsión artificial en el tipo de cambio. El efecto inmediato sería una apreciación temporal del peso; el de mediano plazo, una caída en los rendimientos de los ahorros de 18 millones de afiliados. Según cálculos de Anif, por cada 10% de reducción en activos externos, los fondos dejarían de percibir cerca de US$600 millones anuales en rentabilidad del portafolio pensional. Teniendo en cuenta que casi la mitad del portafolio esta invertido en el extranjero, la perdida puede ser millones de US$3.000. Es pensar en resolver los problemas del gobierno en vez de los problemas de los pensionados.

Colombia no necesita más controles; necesita confianza. El mercado no castiga a los países por su política social, sino por la incoherencia entre lo que predican y lo que ejecutan. En este caso, lo que salva las finanzas públicas no es la fe en el Gobierno, sino la oportunidad que su propio escepticismo creó. En tiempos en que la ortodoxia fiscal se ha vuelto una rareza, vale reconocer el mérito técnico de Hacienda. Pero también advertir la paradoja: nos estamos financiando con la prima del miedo. Y ningún modelo de desarrollo sostenible puede depender de que el país inspire desconfianza para sobrevivir.

Simón Gaviria

La Cámara de Representantes debe ratificar la convención contra el mercenarismo

Escrito por Alejandro Toro en Oct 27, 2025. Publicado en Opinión.

Esta semana debía discutirse en la Plenaria de la Cámara el Proyecto de Ley que ratifica la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios. No fue posible. Y mientras aplazamos una decisión que salva vidas y cierra huecos jurídicos, los hechos siguen ocurriendo: colombianos engañados para pelear guerras ajenas, familias recibiendo llamadas desde frentes que ni pueden ubicar en el mapa, y empresas que, a punta de vacíos normativos, hacen caja con el dolor de los nuestros. No podemos mirar a otro lado.

En los últimos años hemos visto episodios que ningún país digno puede tolerar. En 2021 ciudadanos colombianos terminaron involucrados en el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en Haití, tras ser contratados bajo la fachada de “escoltas”. En Sudán, cientos de connacionales fueron llevados con promesas de empleo legal y acabaron en medio de una guerra civil devastadora, que ha dejado más de cien mil civiles asesinados y más de doce millones de personas desplazadas. En México, se ha reportado la participación de connacionales en operaciones que fortalecen a carteles responsables del asesinato de militares. En Ucrania abundan testimonios de retenciones, incumplimientos y engaños: ofrecieron contratos y salarios que jamás llegaron, y los enviaron al frente con munición escasa y sin garantías mínimas. Hace apenas semanas, varios colombianos quedaron varados entre fronteras por negarse a seguir siendo carne de cañón. ¿Qué mensaje enviamos si el Congreso no actúa?

La Convención no demoniza a los veteranos ni a quien busca un trabajo legal en seguridad en el exterior. Precisa una conducta y a sus responsables: reclutar, utilizar, financiar o entrenar mercenarios, o participar como tal, es delito. Un “mercenario” no es cualquier contratista: se exige que la persona haya sido especialmente reclutada para combatir o ejecutar actos de violencia política, motivada esencialmente por el lucro, con pagos sustanciales por encima de los combatientes regulares, y sin pertenecer a fuerzas armadas estatales ni actuar como enviado oficial de un Estado. Esa definición distingue a las compañías de seguridad que operan legalmente de las redes que montan un negocio de exportar colombianos a la guerra. Han intentado sembrar la idea de que este instrumento “criminaliza” la seguridad privada. No es verdad. Lo que criminaliza es lucrarse con la guerra a partir del engaño, la intermediación opaca y la violencia.

Cada día sin ratificación favorece a esas redes. Hoy existen empresas que, con el discurso de la oportunidad laboral, captan personal para terceros países y los empujan a escenarios bélicos. La Convención nos da herramientas para cerrarles el paso: habilita la adecuación del Código Penal para tipificar el mercenarismo y sus eslabones (reclutamiento, utilización, financiación, entrenamiento), fortalece la jurisdicción para investigar cuando hay conexión con nuestro territorio o nuestros nacionales y activa la cooperación con Estados Parte —sí, con Ucrania también— para intercambio de pruebas, asistencia judicial y, si corresponde, extradición o enjuiciamiento. Además, permite medidas administrativas que estrangulan el negocio antes del despegue: controles a licencias, trazabilidad financiera, vigilancia a publicidad engañosa y a flujos de armas y equipos que terminan en manos equivocadas.

Algunos preguntan: “¿y no basta con las normas actuales?”. No. Sin un tipo penal específico y un estándar internacional compartido, los casos se pierden entre fronteras, se diluyen en figuras que no describen la conducta real o naufragan por falta de cooperación. Por eso tantos países han ratificado ya este instrumento: porque entendieron que el mercenarismo es transnacional por diseño. Quedarnos al margen no solo nos aísla, también nos vuelve una jurisdicción cómoda para quienes operan desde la sombra.

Ratificar es el primer paso. El segundo —que asumo y defiendo desde ya— es ajustar nuestras normas internas con inteligencia y humanidad. En lo penal, incorporar el delito de mercenarismo y los eslabones de la cadena con penas proporcionales, reglas claras de jurisdicción y herramientas de investigación financiera para seguir el dinero. En lo humano, diferenciar a los perpetradores de quienes fueron captados mediante engaño. Muchos de los que regresan son, en estricto sentido, víctimas de una trata de personas con fines de explotación bélica: se les prometió una cosa, se les entregó otra, se les retuvo documentación y se les amenazó para obligarlos a permanecer. Con ellos corresponde una ruta de atención, protección y reintegración. Con los reclutadores, financistas y entrenadores, todo el peso de la ley.

El Congreso tiene aquí un papel insustituible. Primero, votar la ratificación sin más dilaciones. Segundo, tramitar con celeridad y rigor la reforma al Código Penal y las normas complementarias en coordinación con el Gobierno Nacional. Tercero, ejercer control político para que Cancillería, Mindefensa, Fiscalía y las autoridades migratorias desplieguen protocolos de prevención, cierren empresas fachada, desmonten la publicidad engañosa y coordinen con los países parte la persecución de estas redes. Eso es lo que esperan las familias que hoy tocan nuestras puertas, eso es lo que merecen los veteranos a quienes se les prometió estabilidad y se les entregó una trinchera.

El Gobierno del Cambio ha puesto la defensa de la vida en el centro de su política de seguridad humana. Ratificar la Convención es coherencia con ese mandato y compromiso con nuestras Fuerzas, con las víctimas y con Colombia. No es un gesto simbólico: es una decisión que salva vidas, cierra rutas del delito y repara el nombre del país. Hagamos lo correcto: ratifiquemos ya y avancemos de inmediato en las reformas internas.

Alejandro Toro

“El respiro del dragón y las urnas del destino”

Escrito por Fabián Herrera en Oct 26, 2025. Publicado en Opinión.

En la gran aldea de los mercados, el dragón del dólar decidió descansar. Después de semanas lanzando fuego, se recostó sobre sus tesoros y permitió que el aire se enfriara. La inflación en el reino del Norte descendió al 3%, y los hechiceros de la FED guardaron sus báculos, al menos por ahora. Los vientos se calmaron y las aldeas del sur —Brasil, Chile, México y Colombia— comenzaron a celebrar con cautela.

El petróleo, por su parte, dormía sobre una colina dorada, soñando con volver a los 80 o 90 monedas por barril. Si despertaba de golpe, podría incendiar otra vez los campos de inflación, pero por ahora su respiración tibia traía alivio.

Los tesoros del reino (los bonos del Tesoro, dicen los sabios) seguían flotando entre el misterio y la indecisión. Los inversionistas, como oráculos confundidos, aguardaban una señal: ¿vendría el auge o el susto?

Mientras tanto, en las tierras de Latinoamérica, los mercados cabalgaban con energía. Las monedas brillaban, las bolsas repuntaban.

Pero no todo era calma. Desde su torre digital, el hechicero Trump volvió a agitar su vara, amenazando con lanzar aranceles sobre Colombia, acusado —según él— de malos conjuros en materia de narcotráfico. Los sabios, sin embargo, estimaban que era más humo que fuego: apenas un 20% de probabilidad real. Si su amenaza se concretara, el dólar podría elevar su vuelo hasta los $4.000, aunque sólo por un breve instante.

En el reino colombiano, las noticias eran de otro tipo. Las urnas se preparaban para la “consulta de la izquierda”, y los oráculos políticos advertían un cambio de ciclo. El apoyo al gobernante actual caía como hojas de otoño, mientras el centro y la derecha ganaban terreno en las aldeas de los jóvenes.

Los mercaderes, aliviados, susurraban: “la tormenta política parece amainar”. Las monedas sonreían, los TES se mantenían firmes, y el mercado dormía con un ojo abierto, esperando que la FED confirme su próximo movimiento: una casi segura reducción de tasas.

Así, entre dragones somnolientos, amenazas lejanas y urnas encendidas, los mercados navegan hacia el cierre del año con cautela… y con la esperanza de que el próximo capítulo traiga menos fuego y más estabilidad.

Fabián Herrera

Del poder constituyente al juicio político

Escrito por Jaime Arango en Oct 26, 2025. Publicado en Opinión.

“El poder constituyente configurado de manera física es el partido insurreccional”, dice Toni Negri y como Negri es el autor en el cual Petro se basa para construir su idea de una reforma constitucional, entonces el poder constituyente vendría a ser el Pacto Histórico.

Es una visión totalitaria, según Negri “una nueva constitución no tiene otra que hacer que reconocer identidades como singularidades dentro de lo común”, es decir la creación de una dictadura constitucional por eso en la exposición de motivos presentada por el gobierno se refieren a un estado unido.

Esta propuesta no busca cambiar la constitución sino el orden constitucional. Pero más allá de las consideraciones jurídicas, la convocatoria es un hecho político que le permite al gobierno superar su fase de movilizaciones puntuales, aisladas, minoritarias y fallidas y entrar en un ciclo de movilización constante con un objetivo estratégico.

Es la misma constante de transferencia de presión a la sociedad, pero esta vez con un lenguaje político coherente. Por eso la radicalidad de la propuesta que busca crear un escenario del pueblo contra la ley. Siguiendo a Negri, “el poder constituyente se presenta como una figura catastrófica”.

Traducida al marco de comunicación política la “asamblea popular constituyente” es una forma de poner en duda la legitimidad para gobernar. Si es necesario cambiar el orden constitucional es porque se ha venido ejerciendo el poder sin legitimidad y es necesario crear una nueva, de manera que quienes busquen hacerse elegir bajo el orden constitucional vigente pueden ser coaccionados, atacados y expulsados de la comunidad política porque representan una aspiración ilegitima, es más, no representan a nadie.

Por eso, la respuesta que plantea Abelardo de la Espriella de responder a la constituyente con el juicio político es correcta estratégicamente, le está diciendo al líder del “partido insurreccional” que es él quien gobierna sin legitimidad porque está fuera de la ley y el poder solo puede volver al cause constitucional si el presidente es juzgado, la impunidad presidencial suspende el pacto social, el juicio político devuelve la soberanía al pueblo y restaura la legitimidad del orden político, independientemente de cual sea el resultado de dicho juicio.

Estamos viviendo bajo un estado de excepcionalidad permanente porque se ha inducido una excesiva politización de la vida pública, que se desarrolla en un mosaico caótico de fetiches y símbolos históricos, en una realidad alternativa, identitaria, Kitsch y reaccionaria. No se gobierna por la adhesión sino por el odio y ese odio se ha transformado en la gramática del lenguaje político.

El llamamiento al pueblo para que constituya un nuevo orden social no es más que un intento de llevar adelante un proceso de captura del poder mediante una campaña no contra un candidato, sino contra el sistema.

Que esa sea la intención, no significa que se pueda llevar adelante y mucho menos que tenga éxito, en primer lugar, porque ese pueblo que quieren convocar no existe, estamos en una nueva organización social conformada por ciudadanos y los ciudadanos no son pueblo, además porque no existe una aspiración colectiva de crear un nuevo pacto social, ni un nuevo orden, por eso están haciendo una lectura equivocada del escenario electoral, las elecciones ya no son la herramienta para zanjar una controversia política, sino más bien para establecer las condiciones en las cuales el objetivo político podrá lograrse y es por eso que quienes promueven el poder constituyente como un vasto juicio público al sistema, acabaran siendo juzgados por el sistema.

No se puede olvidar al vieja premisa de la ley común: la ley es del estado, pero la justicia es del pueblo.

Jaime Arango

¡Un exabrupto!

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Oct 26, 2025. Publicado en Opinión.

El presidente Gustavo Petro se ha empecinado con terquedad aragonesa en que ECOPETROL se aparte del core de su negocio, explorar, explotar, transportar y refinar hidrocarburos. Contra toda evidencia sostiene que “el tiempo del petróleo se acabó”. Ello lo llevó a ordenarle al presidente de la empresa Ricardo Roa “hacer una especie de exorcismo” de la empresa, al tiempo que le pidió que se quitara el petróleo “de la cabeza” y fue terminante al espetar “quítate el petróleo de la cabeza”.

Luego, en el marco de un Consejo de ministros realizado el 11 de febrero el presidente Petro increpó al ministro de Minas y Energía Andrés Camacho alegando que “si nosotros estamos contra el fracking -por la muerte de la naturaleza y la muerte de la humanidad – yo quiero que se venda esa operación, la del Permian, para invertirlo en energía”.

Pero ya era tarde, dado que el 3 de febrero se había acordado entre las partes, ECOPETROL y la OXY la prórroga de su contrato de asociación que data desde julio de 2019 hasta el 2027. El presidente Petro se resistió a dar su brazo a torcer e insistió en su cuenta de X el 14 de septiembre en que “ECOPETROL debería vender su participación en el Permian. Ahora, más recientemente, según ha trascendido a los medios, el Presidente Petro citó a Palacio a varios miembros de la Junta directiva de ECOPETROL con el propósito de darle la directriz de salir del Permian. Aduce el Presidente Petro que “el negocio que va a quebrar a ECOPETROL es Permian, el proyecto de fracking que la petrolera tiene en sociedad con la Oxy en Estados Unidos”.

Insiste además el Presidente Petro, en que “permian no es un buen negocio”, en que este es un negocio “chimbo”, cuando todas las cifras de la propia empresa lo desmienten y hablan por sí solas: Pero, la verdad sea dicha, hoy por hoy esta es la inversión más rentable de cuantas posee el Grupo empresarial ECOPETROL en su portafolio: el costo del levantamiento del barril de crudo oscila entre los US $5 y los US $6 dólar, costo este que contrasta con el promedio en los campos en explotación en Colombia, el cual fluctúa entre los US $12 y los US $14. La producción proveniente del mismo está alrededor de 115.000 barriles / día, por encima de la producción de Rubiales, considerado el mayor campo productor en territorio nacional, representando el 15% de la producción total de ECOPETROL (115 mil barriles/día). Además, las reservas a su haber están cifradas en 189 millones de barriles equivalentes, lo cual representa el 10% de todas las reservas con las que cuenta la estatal petrolera.

Y, como si lo anterior fuera poco, hablando de su rentabilidad, el margen EBITDA se sitúa en el 76%, en comparación con el promedio del resto de la operación de ECOPETROL que está entre el 30% y 40%! De llegar a prosperar el dislate de vender su participación en el Permian empeoraría la situación financiera de la empresa, la cual ha registrado una caída de sus utilidades, que completó en junio pasado 10 trimestres consecutivos a la baja, en un 78%, en términos reales, entre los años 2022 y 2025. De no ser por el Permian la situación habría sido más apremiante y de paso la de las finanzas del Estado, toda vez que dependen en gran medida del giro de los dividendos que le reporta como su principal accionista con el 88.49% de las acciones. Renunciar al Permian por parte de ECOPETROL sería una pésima imitación de quien invita a sus contertulios convidándolos a irse a otra fiesta ya que la disfrutan está tan buena!

Huelga decir, que la afirmación del Presidente Petro, de que el producido de la eventual venta de la participación de ECOPETROL en el Permian le serviría para “invertirlo en energía limpia”, puesto que, de llegar a cristalizarse este despropósito no es verdad que ECOPETROL le traspasaría el valor de la venta a la Nación, pues dado el carácter de la misma sólo puede girarle dividendos, los cuales se verían menguados con tal operación. Además, según el experto Sergio Cabrales “vender con descuento el negocio del Permian de ECOPETROL, valorado en aproximadamente US $5.500 millones, podría representar una disminución del 30% de la cotización actual de la acción”. Y la cereza del pastel sería que ECOPETROL tendría que pagar una penalidad por su desistimiento del orden de los US $400 millones!

De allí la reacción de parte de quienes hemos tenido la responsabilidad de conducir la política pública en materia de hidrocarburos, así como de los expertos y conocedores del sector, así como la férrea oposición a este desaguisado de parte de la Unión Sindical Obrera (USO, la cual, por boca de su Presidente Cesar Loza, manifestaron su decisión de irse a la huelga a defender la empresa que ellos mismos gestaron con otra huelga, por considerar que este sería “un error que pone en serios riesgos las finanzas de ECOPETROL”. Un exabrupto. Otra razón que nos llevó a encender todas las alarmas por el antecedente de lo que ocurrió con el fallido negocio de la negociación que venía adelantando ECOPETROL para participar en la sociedad Crownrock, propiedad de la OXY para desarrollar el proyecto Oslo, ubicado en la misma cuenca del Permian.

En efecto, después que la Junta directiva lo había aprobado, por presiones del ejecutivo se echó para atrás y se descartó, según dijo el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, porque “el asunto es de coherencia…el petróleo sigue adelante, pero no con fracking”. De esta manera ya se había sentado un precedente al respecto, funesto por cierto!

Amylkar Acosta

El entrampamiento al presidente y la sombra de un golpe que no fue

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Oct 26, 2025. Publicado en Opinión.

La política colombiana se mueve entre sombras y amenazas importadas. Lo que parece un simple episodio de sanciones de Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro, su esposa, su hijo y el ministro Benedetti, en realidad revela una estrategia calculada en la que la derecha colombiana cumple un papel central. Detrás de la inclusión en la llamada lista Clinton no solo hay la presión de Washington y los discursos incendiarios de Donald Trump.

Detrás de esa acción externa existe un entramado interno que merece más atención. No todo viene de fuera. Sectores de la derecha colombiana han preparado durante meses el escenario para que una acción estadounidense encuentre justificación y eco. Esos actores han trabajado en dos frentes. Por un lado, han sostenido una narrativa que presenta al gobierno como cómplice o permisivo con el narcotráfico. Por el otro, han utilizado redes políticas y mediáticas para amplificar cada tropiezo del Ejecutivo, hasta convertir un error administrativo en una supuesta falla estructural que justificaría medidas drásticas.

La derecha colombiana ha optado por el atajo doloroso de la confrontación en lugar del acuerdo nacional, negándose sistemáticamente a sentarse a negociar soluciones amplias y urgentes. Prefiere la polarización, los llamados a la violencia y la creación de escenarios de crisis que erosionan la democracia, antes que contribuir a pactos que protejan la soberanía y el bienestar colectivo.

La escalada de amenazas verbales y de medidas económicas anunciadas por la Casa Blanca no surgió en el vacío. Los asesinatos de personas que se transportaban en lanchas en el mar caribe y el océano pacífico, la presencia de una flota naval con capacidad de intervención en Colombia o Venezuela, las advertencias presidenciales sobre tarifas y sanciones son el resultado de una campaña que mezcla falsos datos, medias verdades y provocaciones directas.

En ese tablero, la contribución de ciertos congresistas y operadores políticos debe señalarse con nombre propio. El senador estadounidense Bernardo “Berni” Moreno, hermano del uribista Luis Alberto Moreno exembajador de Colombia en Estados Unidos, mencionado por el presidente como uno de los instigadores de la ofensiva ha servido de eco internacional para quienes en Colombia buscan aislar al mandatario y sabotear su gobierno. Esa exportación de hostilidad permite que actores locales escapen de la responsabilidad por décadas de complacencia frente a redes ilegales y, al tiempo, habilita al gobierno de Estados Unidos a intervenir con argumentos de seguridad hemisférica.

Mientras tanto, en el país, la táctica de la derecha no se limita a denunciar. Busca tejer una narrativa funcional que no descarta la posibilidad de un golpe blando. Se procede a desgastar desde dentro hasta que la opinión pública, los mercados y las instituciones internacionales acepten como inevitable una intervención que inicialmente se vende como una corrección técnica contra el narcotráfico. Esa ruta es peligrosa porque convierte la política doméstica en un escenario de legitimación externa. Cuando quienes deberían hacer control político prefieren azuzar la crisis, lo que pretenden y logran es dejar a la nación más indefensa frente a presiones foráneas.

El gobierno tampoco está exento de culpas. Las imprudencias públicas del presidente han sido aprovechadas sin piedad por sus adversarios. El episodio del megáfono en Nueva York mostró que la teatralidad puede costar caro cuando se trata de relaciones internacionales. Un mandatario que se expresa con ligereza frente a audiencias globales entrega munición a quienes necesitan un pretexto para convertir una crisis diplomática en una intervención económica o política de mayor calibre. Esa imprudencia no justifica amenazas extranjeras, pero las facilita y las hacen más plausibles ante observadores que desconocen matices y contextos.

Es imprescindible señalar con franqueza otra posibilidad. Si la operación de desgaste conocido como golpe blando fracasa, no es descartable que el siguiente paso sea una acción más agresiva desde fuera. Esa acción puede presentarse como una intervención limitada, dirigida contra laboratorios y redes de narcotráfico. Ese relato funciona porque hay problemas reales que necesitan solución. El riesgo es que la supuesta solución se convierta en cobertura para un derrocamiento político o para medidas que de facto reduzcan la soberanía nacional. Advertir esa posibilidad no es conspirar. Es pensar en voz alta para no llegar otro día a lamentar que los avisos no fueron escuchados.

La defensa de la democracia exige tres gestos urgentes. Primero, la oposición debe dejar de considerar como triunfo cualquier daño a la gobernabilidad si ese daño viene acompañado de pérdida de soberanía. Segundo, el gobierno debe atenuar las formas que amplifican su vulnerabilidad externa y priorizar la prudencia diplomática sin renunciar a su agenda interna. Tercero, la sociedad civil y los medios tienen la obligación de investigar y mostrar quiénes, dentro del país, han tejido puentes con intereses que hoy posibilitan la coerción externa.

Colocar la responsabilidad fuera y solo fuera sería una lectura cómoda y peligrosa. El escenario actual muestra que hay corresponsabilidades internas que han hecho posible la injerencia. Colombia necesita debate, transparencia y capacidad de maniobra autónoma. No puede permitirse que actores nacionales, en alianza con intereses externos, conviertan la tutela internacional en un instrumento para cambiar la correlación política por vías no electorales.

El país está en una encrucijada. Si la prudencia y la unidad nacional no llegan a tiempo, la próxima escalada podría no ser económica ni diplomática. Podría ser violenta y ocurrir desde fuera, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Pensar esa hipótesis es doloroso y alarmante. Evitarla es una responsabilidad que pertenece por igual a gobierno, oposición y ciudadanía. Una democracia sólida se defiende con instituciones fuertes y con líderes que reconozcan que la teatralidad no reemplaza la estrategia.

Luis Emil Sanabria D

Lo ambiental en un gobierno a pesar de si mismo

Escrito por Juan Camilo Clavijo en Oct 26, 2025. Publicado en Opinión.

Cuando Gustavo Petro asumió la presidencia, prometió que Colombia se convertiría en una “potencia mundial de la vida”. Fue un discurso poderoso, lleno de simbolismo y esperanza, que planteaba un cambio profundo en la relación del país con su territorio, sus recursos naturales y su gente. Dos años después, la promesa sigue agitando los discursos desde la Casa de Nariño, pero se ha quedado ahí, solo discurso.

En los primeros meses de su gobierno, se sintió un impulso renovador. El país empezó a hablar de transición energética, de justicia ambiental, de poner el agua en el centro de las decisiones. Y, en efecto, algunos avances concretos se han materializado. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, Colombia alcanzó un avance del 60 % en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en el frente social, más de un millón y medio de personas salieron de la pobreza monetaria entre 2022 y 2023. Son cifras que dan cuenta de un esfuerzo real por combinar la sostenibilidad ambiental con la inclusión social, algo que muy pocos gobiernos en la región han intentado con seriedad.

También hubo señales alentadoras en el sector energético. En 2024, se aprobaron 25 nuevas licencias para proyectos de energías renovables —una cifra sin precedentes en la historia del país—, entre parques eólicos y solares que, juntos, podrían aportar más de cinco gigavatios de capacidad limpia a la matriz nacional. Hubo además avances en la reglamentación de la ley de plásticos de un solo uso, en la protección de humedales y en la formalización de tierras campesinas. Son pasos que, en cualquier otra coyuntura, podrían verse como logros contundentes. Pero en Colombia, donde las heridas ambientales son profundas y las economías ilegales se mezclan con la vida cotidiana, el cambio nunca ha sido lineal.

La deforestación es un buen ejemplo de esa contradicción. En 2023, el país logró una reducción histórica del 36 % en la pérdida de bosques respecto al año anterior, llegando a la cifra más baja en casi una década. En la Amazonía, la caída fue incluso más pronunciada, y por un momento pareció que la tendencia al desastre podía revertirse. Pero la alegría duró poco. En 2024, los datos del IDEAM y de organismos internacionales mostraron que la deforestación volvió a aumentar, esta vez en un 35 %, con más de 107 mil hectáreas arrasadas. Las causas son las mismas de siempre: expansión ganadera, acaparamiento de tierras, cultivos ilícitos y minería ilegal. Los acuerdos de conservación con campesinos y comunidades ayudaron a contener la destrucción en algunos territorios, pero los grupos armados y la falta de control estatal en otros terminaron por diluir los esfuerzos.

La minería ilegal, por su parte, sigue siendo una llaga abierta. Está presente en casi todo el país y ha contaminado ríos, suelos y vidas enteras. La Defensoría del Pueblo estima que cada año se vierten más de 13 millones de metros cúbicos de agua contaminada con mercurio en los ríos colombianos. Es una cifra difícil de imaginar, pero detrás de ella hay historias muy concretas: niños con problemas neurológicos, peces que ya no se pueden comer, comunidades enteras que dependen del agua envenenada. A pesar de los operativos, las incautaciones y la retórica de control, el negocio ilegal del oro continúa siendo una de las principales fuentes de destrucción ambiental del país.

En paralelo, la contaminación de las fuentes hídricas ha crecido silenciosamente. Diez departamentos están hoy en riesgo por la presencia de mercurio y otros metales pesados, y en algunos ríos, como el Nechí, los niveles de contaminación superan ampliamente los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. El gobierno creó una “Policía del Agua”, con más de ocho mil agentes encargados de proteger los cuerpos hídricos. Es una idea valiosa, pero simbólicamente insuficiente frente a la magnitud del problema. Sumando una capa mas a la insuficiencia de hombres en la Policía Nacional.

El Plan Nacional de Desarrollo, titulado Colombia Potencia Mundial de la Vida, recoge una visión ambiciosa: ordenar el territorio alrededor del agua, transformar la economía hacia modelos limpios y asegurar una transición energética justa. La intención está ahí, pero la realidad la desafía todos los días. Las cifras mejoran en unos frentes y retroceden en otros; las leyes avanzan en el papel, pero chocan con la informalidad, la violencia, la corrupción y la falta de capacidad institucional.

En muchos sentidos, Petro está intentando cambiar la lógica de desarrollo de un país construido sobre la extracción, la desigualdad y la dependencia de los combustibles fósiles. Pero hacerlo en cuatro años, en medio de una crisis social y política constante, es casi una misión imposible. La sostenibilidad no se decreta: se construye con tiempo, con confianza, con instituciones sólidas y con una ciudadanía que crea en el proceso.

Hoy, Colombia tiene razones para sentirse esperanzada, pero también para ser cauta. Ha habido logros: más energía limpia o mayor conciencia ambiental. Pero los desafíos siguen siendo enormes. Frenar la deforestación, erradicar la minería ilegal, descontaminar los ríos y garantizar agua segura para todos no son metas de un gobierno, sino tareas de una generación entera.

Petro quiso que su legado fuera el de un país reconciliado con la naturaleza. El discurso de la “vida” sigue siendo poderoso, pero necesita de hechos duraderos, concentración en acciones concretas, tanto ambientales como de seguridad, burócratas eficaces, y calma política (todo lo opuesto a lo que es Petro como político).

La gran pregunta es: ¿es posible que este gobierno cumpla su promesa ambiental (y todas las demás) a pesar de si mismo?

Juan Camilo Clavijo

¿Comunican «cara a cara» los candidatos?

Escrito por Edgar Martinez en Oct 24, 2025. Publicado en Opinión.

Debo reconocer el esfuerzo de los candidatos presidenciales y de sus equipos de campaña, especialmente los de oposición e incluso de algunos independientes por firmas, que abandonan sus «zonas de confort» para trasladarse a territorios extremadamente complejos por sus altos índices de inseguridad, con el objetivo de promocionar sus proyectos políticos y estrategicamente hacerse sentir como personas de «carne y hueso» dispuestas, si llegan a la presidencia, a mejorar sus condiciones de vida.

Confieso, además, que esos mismos aspirantes, siendo ideológicamente diferentes, han entendido sin pudor alguno que la carrera por el puesto público más importante de Colombia va más allá de poseer un página web con fotos, vídeos y textos casi perfectos para la óptica del interesado. Y, en esta línea, han entendido que el cuestionado poderío de las redes sociales, sus miles de seguidores, sus miles de likes y sus miles de comentarios tóxicos solamente sirven como vitrina digital, pero poco aseguran una masiva votación y por ende un contundente triunfo.

De todo esto, lo mejor, infiero es que los políticos y sus asesores o estrategas se han percatado de la importancia y trascendencia de la comunicación humana para vender el producto político (candidato) y los servicios ofrecidos (agendas programáticas). De las reuniones en los sectores, oficinas y restaurantes «pupis» de la capital se dio el gran salto a realizar correrías, por ejemplo, por el sur occidente colombiano en donde el «cara a cara» con líderes de todos los sectores sirve para enlazar diálogos espontáneos que profundizan las enormes necesidades y el posible compromiso del aspirante con esas causas.

El riesgo de tener un candidato de «cuello blanco», protegido con las bondades de la «vida bien» y poniendo a trabajar a sus equipos de base en las regiones, en el caso de la búsqueda presidencial, seguramente es una táctica añeja y con negativos resultados. Es claro que el pueblo, el ciudadano, el elector en estos caóticos momentos necesita ser escuchado por un político con serios indicios de empatia por sus dificultades personales, familiares y comunales. Esto se viene logrando, como se observa en los reportes de los medios tradicionales y digitales.

Es pertinente hacer entender que la gente exige una conexión directa con el candidato para cruzar un saludo de manos, entrelazar un abrazo, un respetuoso beso de mejilla, un cariñoso saludo a los niños y el cruce de palabras en lenguaje sencillo y directo. Pero sobre todo, el elector, con o sin cultura política buscará descifrar el sentido humano y la calidad de persona que está buscando su apoyo electoral. Siendo realista este cúmulo de sensaciones se hacen realidad cuando se pone en marcha la comunicación de cara a cara.

Y ojo. No se trata crucificar la comunicación de doble vía originada por la tecnología y sus múltiples herramientas en aras de posicionar a los candidatos y sus seguidores. En campaña política todo es válido. No obstante, como precisa en uno de sus apartes sobre el tema la Inteligencia Artificial (IA): «Permite a los votantes evaluar la autenticidad, el lenguaje corporal y el tono de voz del candidato, elementos cruciales para juzgar su credibilidad, más allá de mensajes pulidos por los medios de comunicación masivos».

O, mejor, como dice, Diego Santos, columnista, El Tiempo: «Quizás haya llegado la hora de volver a algo que parece revolucionario: la política seria, la que no busca aplausos, sino soluciones. La que no mide el poder en seguidores, sino en resultados. Porque un país gobernado desde las redes vive en tendencia, pero nunca en progreso. Mi voto será para quien prometa no estar en las redes». La democracia sigue viva…

Édgar Martínez Méndez

Caso Uribe: cuando la verdad procesal coincide con la verdad real, brilla la justicia

Escrito por Ricardo Ferro en Oct 23, 2025. Publicado en Opinión.

Durante años, la justicia colombiana ha tenido el desafío de distinguir entre el ruido político y los hechos. En medio de campañas mediáticas, filtraciones selectivas y juicios paralelos, se volvió casi imposible separar lo jurídico de lo ideológico. Sin embargo, cuando la verdad procesal —esa que se construye con pruebas, contradicción y debido proceso— logra coincidir con la verdad real —esa que corresponde a los hechos tal como ocurrieron—, es cuando verdaderamente brilla la justicia.

El caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez ha sido uno de los episodios más complejos y politizados de nuestra historia reciente. Desde el inicio, el proceso estuvo rodeado de intereses, versiones cruzadas y un evidente afán de algunos sectores por convertirlo en un trofeo político. Pero el tiempo, los hechos y las decisiones judiciales han ido poniendo las cosas en su lugar.

No se trata de afirmar que la justicia deba inclinarse por simpatías o afectos personales. Todo lo contrario: la verdadera justicia es la que se impone, incluso frente a la presión del momento. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido en este proceso, donde las pruebas —y no los prejuicios— han terminado abriendo paso a la verdad.

Cuando el expresidente Uribe fue vinculado a una investigación por presunto soborno a testigos, muchos se apresuraron a condenarlo sin juicio. Fue un linchamiento público que, más que justicia, buscaba revancha política. Hoy, tras años de análisis judicial, las decisiones recientes confirman lo que muchos intuían desde el principio: que detrás de las acusaciones había más cálculo político que sustancia jurídica.

Este episodio debería dejarnos varias lecciones. Primero, que el sistema judicial debe blindarse de la manipulación mediática y de las presiones ideológicas. Segundo, que la justicia lenta, aunque desespera, cuando llega con fundamento fortalece la democracia. Y tercero, que ningún ciudadano, por influyente o polémico que sea, debe ser tratado como culpable antes de ser vencido en juicio.

La coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real no ocurre todos los días. Pero cuando sucede, como en este caso, no solo se reivindica el nombre de una persona, sino también la credibilidad de las instituciones. Y eso, en tiempos de polarización y desconfianza, es un triunfo que el país necesita celebrar.

Porque cuando la verdad y la justicia caminan de la mano, Colombia también da un paso hacia la reconciliación.

Ricardo Ferro

Las falsas víctimas

Escrito por León Ferreira en Oct 23, 2025. Publicado en Opinión.

Uno de los grandes problemas de Colombia es la falta de memoria, apenas entendible, un País que no enseña historia. Sus jóvenes están más interesados en el misterio sobre la perra de Copetrán y en las peleas de soretes organizadas por alias Westcol que, en conocer quiénes fueron sus bisabuelos. El colombiano promedio tiene memoria de chorlito y vive al día, como si el asunto de la subsistencia se tratase de un día a la vez. En Colombia lo que hoy es noticia, pocas veces llegará a ser historia. Reflejo en las equívocas elecciones de gobernantes, hasta en los rankings de los mejores gobernantes, Colombia sin memoria también está en los últimos lugares.

Como efecto de lo anterior, pululan por doquier las falsas víctimas en desmedro de las verdaderas víctimas. Más de un colombiano, sin merecerlo, terminó asilado. Se habla de carteles de falsas víctimas. Lo vivido la semana pasada en Bogotá es una prueba contundente: Una organización de aparentes falsas víctimas sembró caos y ruina para atacar la Embajada Estadounidense empleando armas no convencionales contra agentes de la policía que les impedían el acceso ¿Qué pensará la diplomacia internacional cuando los agentes consulares reporten que, el 17 de octubre de 2025 los policías que custodiaban la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, fueron atacados con flechas de bambú con puntas de metal al parecer contaminadas con materia fecal? Colombia surrealismo excremental.

Es atroz arrojar flechas contra policiales, reflejo de la insania colombiana. Quienes empuñaron los arcos son falsas víctimas, no son ancestrales, son victimarios; se trata de delincuentes que complotan con escenarios del poder para sembrar caos y ruina en un País sin rumbo carente de respeto por la autoridad. Los policiales fueron carne de tiro al blanco para unos inadaptados sociales comandados por otros inadaptados sociales. Si Colombia enseñara historia se sabría que la minga no es colombiana, ni la guardia indígena es ancestral. Lo que realmente hay, una amalgama variopinta de mestizaje. Colombia es país mestizo en su esplendor, es tan europeo como indio y africano.

Detrás de los actos de violencia aquí señalados, disfrazados y justificados de protesta social por el Desgobierno Nacional, está el negocio de la violencia popular, aupado por un “grupete” de lo que hoy llaman creadores de contenido o “influencers” avenidos en “community managers de la zozobra” que, incitan por medio de redes sociales de dispositivos digitales, a resentidos sociales disfrazados de campesinos, indios, estudiantes, feministas, homosexuales, negritudes, trabajadores y demás miembros de presuntas poblaciones vulnerables para hacerlos posar como víctimas del poder. Empero, son falsas víctimas que atizan la violencia callejera, el desorden, el caos y la miseria. En suma, delincuencia disfrazada.

Se trata de un modus operandi para sembrar odios y alterar el orden público. Detrás de esos “community manager de la zozobra” está un sector del poder político en connivencia con grupos al margen de la ley que buscan pescar en río revuelto. Lamentablemente, las autoridades que tienen el imperio de las armas son cobardes para defender a los ciudadanos y sus bienes. Se limitan a lanzar gases lacrimógenos y chorros de agua, la que, por cierto, cae bien porque contribuye con el aseo de tanto puerco que se suma a esas gamberradas, mientras, las falsas víctimas parecieran estar legitimadas para usar armas no convencionales.

El cacareado cambio resultó ser la marcha del camarón. Los soldados que visten los colores de la Patria volverán a ser atacados en la manigua con flechas, lanzas y espadas de Bolívar, para luego ser secuestrados e inermes no podrán disparar sus constitucionales fusiles ahora “made in Colombia” contra las falsas víctimas. Colombia sigue desgobernada, mientras el ciudadano decente con sus bienes, habita temeroso y desprotegido en medio de las falsas víctimas y su lunático líder.

León Ferreira

El fin de la democracia

Escrito por Rafael Fonseca en Oct 22, 2025. Publicado en Opinión.

Hemos sido advertidos una y otra vez sobre las implicaciones que trae la info-tecnología, como la llamó Yuval Noah Harari en 21 lecciones para el siglo XXI (2018), y, sin embargo, la mayoría la seguimos considerando lejana, casi abstracta, aunque ya esté en marcha. Desde el temor al reemplazo laboral hasta la manipulación algorítmica de la opinión pública, convivimos con una sensación ambigua: fascinación y negación al mismo tiempo. Sabemos que el cambio viene, pero lo imaginamos todavía como ciencia ficción para no abordar sus riesgos implícitos.

En estos días me encontré con los comentarios de Marcelo Longobardi, periodista argentino serio y experimentado en geopolítica y economía; me permitieron concluir: el futuro no se acerca, ya está aquí. Su lectura del mundo digital es una alarma lúcida frente a un debate que se preferiría evitar. Mientras seguimos atrapados en discusiones locales o en polémicas efímeras de las redes, el planeta avanza hacia un orden nuevo, impulsado por una inteligencia artificial que ya no sólo escribe textos o dibuja imágenes, sino que reconfigura las bases del poder. Nos distraemos, quizá como mecanismo de defensa, para no sentir la ansiedad que produce reconocer que todo está cambiando demasiado rápido.

Pero esta reflexión de Longobardi tiene una característica clave: ya no es procedente de autores que son pensadores, historiadores o filósofos, sino directamente de los exitosos que están al frente de la tecnología, que tienen una mirada desde un ángulo completamente diferente.

Longobardi centra su análisis en una publicación del medio europeo Le Grand Continent, donde aparece un texto de Sam Altman, CEO de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, acompañado por los comentarios de Giuliano Da Empoli, autor de El mago del Kremlin y Los ingenieros del caos. Da Empoli actúa allí como un curador intelectual: reúne y da forma al pensamiento de lo que podría ser una nueva élite tecno-política, que empieza a configurar un orden donde la democracia liberal queda desplazada y la tecnología asume el papel de gobierno.

El texto de Altman, elevado por Da Empoli al rango de “La ley fundamental de la inteligencia artificial”, expone sin rodeos su visión de futuro. Altman prevé que en pocas décadas la mayoría de los trabajos humanos serán realizados por máquinas capaces de pensar y aprender. Dice que el poder pasará del trabajo al capital, y si las políticas públicas no se adaptan, la mayoría de las personas estarán peor que hoy. Y se atreve a reconfigurar cómo deberá ser la política redistrubutiva y la erradicación total de la pobreza. Afirma que la forma de generar riqueza para todos será como resultado de la reducción de costos lograda con la utilización de la tecnología en todo. Propone gravar con impuestos a las empresas y a la tierra, que serán los activos centrales del nuevo mundo, para distribuir equitativamente la riqueza futura. Su horizonte no es la catástrofe, sino una promesa: una renta universal financiada por la productividad de las máquinas, en una sociedad donde la escasez desaparecerá porque los costos tenderán a cero. Todo sonaría a utopía humanista, si no viniera de un actor que ha sido parte muy importante del cambio absoluto del mundo en que “vivíamos” y que sintetiza como la cuarta revolución basada en la inteligencia artificial, y porque implica también el reemplazo de la política por la administración algorítmica.

Los nombres que rodean a Altman, citados por Longobardi, completan el cuadro ideológico. Peter Thiel, cofundador de PayPal y primer inversor de Facebook, es el pensador del capitalismo tecnológico: libertario, defensor de la innovación por encima de la democracia, partidario de que las corporaciones gobiernen con más eficiencia que los Estados. Curtis Yarvin, ideólogo neo-reaccionario, sostiene que las democracias deben ser reemplazadas por “monarquías corporativas” gestionadas por expertos. Elon Musk, con su mezcla de mesianismo y poder real, encarna el impulso prometeico de crear una nueva humanidad a través de la IA, la robótica y la conquista espacial. Larry Ellison, fundador de Oracle (y pilar del apoyo de los super ricos a Trump), simboliza la vieja guardia del capital tecnológico, el poder estructural que provee la infraestructura y financia el sueño de estos visionarios.

De esa convergencia intelectual, económica y simbólica, surge una ideología diferente: la del fin de la democracia, reemplazada por un orden tecnocrático global donde la eficiencia sustituye la deliberación, y la concentración de datos equivale a la concentración del poder. Longobardi advierte, con razón, que en esa visión la política tradicional se vuelve obsoleta: los Estados quedarían reducidos a operadores de un sistema hiper-eficiente, en el que las decisiones las tomarán las corporaciones que controlan la inteligencia artificial. Y en ese sistema, el ciudadano dejará de ser sujeto político para convertirse en usuario.

Esa conclusión, que comparto, no es paranoia ni futurismo. Es la proyección coherente de las ideas de esta nueva aristocracia tecnológica, pero esta vez en palabras de sus propios actores. La promesa de bienestar universal puede terminar siendo la coartada perfecta para la concentración absoluta del poder, un mundo donde todo funcione, pero nadie decida. Lo predijeron autores tan renombrados como George Orwell con su vigilancia total, Byung-Chul Han con su sociedad del rendimiento, y Harari con su advertencia sobre el homo dataísmico.

Y ya no es dentro de un siglo: es ahora.

Rafael Fonseca Zarate

¿Las juventudes giran hacia la derecha?

Escrito por Luis Fernando Ulloa en Oct 21, 2025. Publicado en Opinión.

Las elecciones de los Consejos Locales y Municipales de Juventud (CLJ) celebradas este año son el reflejo más claro de una transición política silenciosa, pero profunda, que atraviesa a toda una generación, pues los jóvenes, que hace apenas cuatro años representaban el combustible de la protesta social y la bandera del “cambio histórico”, hoy parecen desplazarse hacia una nueva lógica electoral con “menos ideología, más estructura” y “menos consignas, más coherencia”.

Así, en Bogotá, los resultados se reflejan con elocuencia en las 27 curules obtenidas por el Partido Centro Democrático y las 16 alcanzadas por el Partido MIRA, lo que los consolida como una hegemonía juvenil inicial sustentada en estructura y disciplina, seguidos por el Partido Verde con 14, la Colombia Humana con 12, el Partido Liberal con 11 y el Nuevo Liberalismo con 9.

Sin embargo, el dato más revelador no radica en el crecimiento de las derechas sino en el desplome del centro liberal “galanista”, encarnado en el alcalde mayor Carlos Fernando Galán, que pese a haber logrado en 2023 un histórico respaldo de más de 1,4 millones de votos, hoy se muestra imperceptible en el panorama juvenil bogotano, una pérdida de representación en los Consejos Locales de Juventud que más que un síntoma de desmotivación constituye un hito de derrota para la centro-derecha capitalina que le reprocha al galanismo, incluso desde las localidades de mayor estratificación social, haber desperdiciado la oportunidad de heredar el voto moderado y terminar diluyéndose entre los partidos tradicionales, un fenómeno que confirma que la llamada centro-derecha o ese difuso “galanismo” bogotano perdió su efervescencia, su polo a tierra y su conexión generacional, dejando el terreno abierto para que las juventudes busquen nuevos referentes más disciplinados, coherentes y orgánicos.

Entre tanto el muy capitalino Partido Verde, convertido en un referente urbano por excelencia, mantiene presencia en casi todas las localidades, pero no logra consolidarse a nivel nacional, lo que es entendible porque aún no madura suficientemente para interpretar a las variopintas regiones nacionales.

A nivel latinoamericano, la tendencia tiene reflejos similares con el fin del ciclo progresista que se consolidó tras la pandemia y el estallido social chileno de 2019, en la medida que aquel impulso pretendió reconfigurar la política desde las calles, aunque derivó en gobiernos de izquierda que prometieron refundaciones sociales y económicas, pero que rápidamente se vieron atrapados en la ineficiencia administrativa, la fragmentación interna y la frustración ciudadana.

En este contexto, la reciente elección presidencial en Bolivia, donde el Movimiento al Socialismo (MAS) perdió el poder tras casi dos décadas de dominio absoluto, lo que simboliza el comienzo de un nuevo péndulo latinoamericano en el que el idealismo progresista parece haber perdido su capacidad para traducirse en estabilidad, orden y eficacia.

El votante joven boliviano, al igual que el colombiano, no se ha desplazado hacia la derecha, sino que ha madurado políticamente, toda vez que hoy busca certezas en lugar de consignas y valora más la gestión que la emociones heroicas, pero sin eficacia práctica. Este mismo comportamiento se observa en Argentina, Chile y Ecuador, donde amplios sectores juveniles urbanos se inclinan por opciones de centro o derecha moderada, impulsados por el cansancio frente al populismo, la corrupción y la distancia entre los discursos de cambio y los resultados reales de gobierno, en consecuencia, la región, en conjunto, parece estar encontrando un nuevo código generacional que redefine la política basada en un tiempo en el que el cambio sigue siendo necesario, pero solo resulta creíble cuando demuestra que puede ser, además de transformador, gobernable.

En Colombia, la izquierda que gobierna atraviesa un momento de crisis política y moral basada en el discurso del “cambio” que se desvanece en medio de la falta de resultados y los escándalos de corrupción. La llamada Paz Total se convirtió en un laberinto institucional sin rumbo; la reforma a la salud se estancó por falta de consensos; la reforma pensional está cuestionada por la Corte Constitucional; y la política energética y ambiental terminó en un fracaso rotundo.

A esto se suma el desgaste ético del gobierno, las denuncias por corrupción que comprometen a la familia presidencial y la pérdida de credibilidad internacional. El resultado es un ambiente político donde la izquierda gobernante se quedó sin relato y la ciudadanía sin esperanza. Según este panorama -interno y regional-, puede vaticinarse que el Pacto Histórico, que celebrará su consulta interpartidista el 26 de octubre, enfrentará una baja participación y escasa legitimidad.

Los grandes actores del progresismo, conscientes del desgaste del gobierno y del rechazo ciudadano, debería pensar en reservarse para las elecciones de marzo de 2026, cuando se elija el nuevo Congreso. Allí, las figuras con proyección nacional buscarán desligarse del petrismo radical y competir desde posiciones más pragmáticas y moderadas.

Esa es precisamente la estrategia que ya se percibe en líderes como Roy Barreras y Daniel Quintero, quienes se están moviendo hacia el centro e incluso hacia la derecha discursiva, entendiendo que el país exige orden, resultados y reconciliación.

Ambos marcan distancia de los “petristas pura sangre”, aferrados a una izquierda ideologizada y desconectada del nuevo clima social. El viraje de Roy Barreras, con su proclamación de una nueva agenda de “Seguridad Total”, es una reinterpretación urgente del mensaje de las juventudes, las cuales quieren un Estado que funcione sin discursos de realismo mágicos, sino que ejecute políticas de seguridad, educación y empleo para las nuevas ciudadanías y deje atrás los anacrónicos sindicatos y sus consignas del pasado.

Aunque Colombia no vive el fin del progresismo, sino su madurez, las juventudes, cansadas de la retórica y el desorden, han dejado la palabrería para exigir resultados, desplazando su fe en el cambio hacia una política posible, técnica y realista. No es un viraje ideológico, sino una reacción de supervivencia que las acerca al centro-derecha como espacio de equilibrio y eficacia, lo que conlleva esa búsqueda de coherencia, donde una generación entera comprendió que la verdadera transformación no nace del bloqueo sino de la responsabilidad ejecutiva, y que solo con resultados se puede volver a creer en un cambio. Aprender de los jóvenes es lo que le queda a nuestros líderes políticos.

Luis Fernando Ulloa

Una tierra en disputa 3: ¿Israel y palestina… que dice la historia?

Escrito por Jefferson Mena en Oct 21, 2025. Publicado en Opinión.

Fueron muchos los pueblos que dominaron a Israel y que lograron arrebatarles sus tierras, tomando el control de las misma; pero por raro que parezca en esas etapas de la historia los Babilonios, los Medo – persas, los griegos y los Romanos más que interesados en conquistar tierras, estaban más obsesionados por dominar pueblos y expandir sus culturas.

Después de 70 años de cautiverio en Babilonia; en el año 539, Ciro el grande, quien era el líder de unos de los pueblos más poderosos del mundo conocido en esa época, Persia, conquistó Babilonia y de manera milagrosa, publicó un edicto en el cual ordenaba la libertad del pueblo judío. Esto de acuerdo con Josefo en Antigüedades judías, en el libro 11 y capítulo 1. Allí se confirma que el rey de Persia permitió el desplazamiento del pueblo judío nuevamente a Jerusalén, una vez allí, los judíos reconstruyeron su templo; este sería el segundo templo el cual, de acuerdo a la historia, fue terminado en el 516 A.C.

Mas tarde en el siglo IV, aparece Alejandro Magno; el cual después de una sorprendente campaña, logra que su ejército se convierta en el más poderoso del mundo. Con ello conquista gran parte del mundo conocido hasta la época y un poco más; entre sus víctimas aparece el reino de Persia, esta etapa se conoce en la historia como la época de la helenización.

Al morir Alejandro Magno, el pueblo de Israel queda bajo el control de sus generales. es así como aparecen en la escena los Tolomeo provenientes de Egipto, luego los Seléucidas de Siria, los cuales debidos al maltrato impuesto al pueblo y la falta de respeto a sus creencias, unida al sacrilegio de su templo, provocaron una gran revuelta de los judíos, la cual marcaría un nuevo capítulo en la historia de este pueblo; capítulo que desde entonces lo marcarían como un pueblo problemático para sus conquistadores futuros.

El responsable de la provocación fue el rey Antíoco IV Epífanes, al sacrificar un cerdo en el templo sagrado de los judíos. estamos hablando del año 165 A. C., de lo anterior da cuenta el historiador Eusebio de Cesárea.

Muchos años después surge Roma, por allá en el años 63; es allí donde aparece un general llamado Pompeyo, quien conquistó a los judíos y los convirtió en una colonia del naciente imperio. Para esa época ya había familias prominentes dentro del pueblo judío, uno de ellos era Herodes el Grande, quien compró los derechos al senado romano para ser el administrador, en nombre de Roma, del pueblo judío.

Herodes fue déspota, sus métodos siempre llevaban a la muerte a cualquier sospechoso de desobediencia a sus mandatos, pero también comprendió, que una de las tácticas para mantener al pueblo tranquilo pese a su mano dura, era respetándoles sus creencias. fue así como se dispuso, no solo a embellecer el templo, sino también a ampliarlo. Así lo describe Josefo en su libro Guerra de los Judíos, libro 5, capítulo 5.

Para ese entonces, lo que hoy llamamos Israel, como tierra perteneciente a un país, era conocido con el nombre de Judea, Samaria y Galilea; nunca Palestina. Así nos los hace saber un historiador romano llamado Tácito en su libro V; allí hace mención a Judea y la describe como un territorio habitado por un pueblo problemático y muy susceptible a no permitir que sus creencias fueran burladas.

Pero en el 70 D.C. los romanos bajo el liderazgo del General Tito, entraron a Jerusalén y volvieron escombros el templo y todo su esplendor. años más tarde, en los albores del años 132, una nueva revuelta se da lugar, esta se conoce como la revuelta de Bar Kojba, llamada así por el hombre que la propició, cuyo nombre era Simón Bar Cosiba. Sobre este nombre hay muchos rumores, algunos lo llaman héroe, porque para muchos trató de unir al pueblo judío con el fin de liberarlos de la opresión, para otros, solo era un fulano con ambiciones de emperador o en el peor de los casos, con ínfulas de Mesías.

Lo poco que se conoce de él, proviene de las excavaciones realizadas en Igal Yadlin, y los documentos allí encontrados. así mismo de relatos de historiadores como Diocasio y Eusebio.

Pero qué provocó la insurrección?, Pues bien, como lo habíamos mencionado anteriormente una de las tácticas que muchos de los regentes de este pueblo utilizaban, era el aparente respeto por sus costumbres, lo que no hizo el emperador Adriano; este emperador prohibió las prácticas religiosas de los judíos. después de la destrucción del templo, fundó una ciudad sobre sus ruinas llamada Aelia Capitolina.

Durante esta revuelta y por un tiempo considerable, el pueblo judío logró recuperar una gran parte de su territorio de las manos de Roma, pero al ver esto, Roma reaccionó duramente y envió a sus tropas, las cuales estaban siendo dirigidas por el general Julio Severo.

En el 135 D.C., y producto de una barbarie nunca antes vista, el pueblo judío fue sometido nuevamente. así lo podemos leer en el libro 69 del historiador Casio Dion, llamado Historia Romana.

Como resultado de la retaliación Romana, muchas aldeas desaparecieron; la brutalidad del ataque dejó algo más de 500.000 muertos, pero el peor castigo, fue la prohibición a los judíos de habitar Jerusalén. este intento de independencia para muchos, y de estupidez para otros, marcó el último amago realizado por el pueblo de Israel de obtener su independencia política, y dio paso al desplazamiento de millones de personas a otros países, esta condición se extendió por más de 2000 años.

Jefferson Mena

El paquete chileno

Escrito por Simón Gaviria en Oct 21, 2025. Publicado en Opinión.

En momentos de frustración gubernamental, muchos países han caído en la tentación de “refundarse.” Chile lo intentó. Creyó que una nueva Constitución resolvería desigualdades históricas, conflictos sociales y desconfianza institucional. Seis años después, el resultado es una economía estancada, una política fragmentada, y una sociedad aún más polarizada. Esta misma promesa es la del Pacto Histórico cuyos candidatos quieren violentar el consenso del 91 para imponer una constituyente que, aunque suene anacrónico, tiene simpatías comunistas. La odisea constitucional de Chile destruyó la economía y la de Venezuela disminuyó la democracia, es un grave error pensar que la Petrista va a ser un paraíso.

El proceso chileno comenzó en 2019, tras un estallido social que combinó legítimo malestar con una peligrosa desinstitucionalización. En nombre de un nuevo pacto social se convocó una Convención Constituyente sin límites claros, con el 80 % de los miembros sin experiencia pública. El entusiasmo inicial fue reemplazado por el caos deliberativo: maximalismos identitarios, tensiones territoriales y un texto imposible de aplicar. El resultado fue contundente: un 62 % de los chilenos lo rechazó en las urnas. La segunda versión, más moderada, también fue rechazada.

El costo económico fue enorme. Entre 2019 y 2024, Chile perdió casi diez puntos del PIB en inversión. El riesgo país se duplicó, el peso se depreció más del 25 % y las tasas de interés soberanas superaron el 5 %. El país que por décadas fue modelo de estabilidad terminó atrapado en una incertidumbre constitucional sin fin. La promesa de un nuevo comienzo terminó postergando decisiones urgentes sobre productividad, educación o pensiones. Hoy, Chile crece apenas 0,2 % y sigue sin nueva carta magna.

Cambiar la Constitución no resuelve desigualdad ni corrupción. Lo que sí puede destruir es la confianza. Un proceso constituyente en un ambiente polarizado abriría una caja de Pandora: se pondrían en juego la propiedad privada, la descentralización, la tutela, el rol del sector privado en la economía, pero mas grave aun los contrapesos al ejecutivo. La Constitución del 91, basada en derechos, podría ser reemplazada por una visión autoritaria del régimen actual. Hasta ahora cada vez que los instrumentos de equilibrios constitucionales ejercen, el gobierno Petro amenaza en acabarlos.

Además, la economía colombiana no tiene el margen de maniobra que Chile tenía en 2019. Nuestra deuda pública supera el 56 % del PIB, el peso es más volátil y la confianza empresarial se encuentra en mínimos históricos. Un proceso constituyente prolongado sería el golpe final a la inversión y a la credibilidad fiscal. Teniendo en cuenta la falta de inversión durante la pandemia y los cuatro años de este gobierno, una constituyente petrista podría significar una década perdida para la inversión en el país.

Los países no se refundan cada vez que un gobierno no logra consenso. Se reforman con paciencia, instituciones y acuerdos, no con borradores épicos escritos desde la indignación. Colombia no debería cometer el mismo error. Imponer una visión sectaria de izquierda con tintes comunistas alejaría al otro país. Es una estrategia electoral que sale cara en lo material. El desarrollo se logra con hechos no solo con discursos.

Simón Gaviria