Etiqueta: Seguridad

Cifras de violencia y delincuencia mal utilizadas

Escrito por Hugo Acero en Oct 7, 2025. Publicado en Opinión.

En los últimos días, se ha presentado una serie de polémicas en torno a la presentación de las cifras de violencia y delincuencia que se registran en el país. La más reciente entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán y la segunda entre el mismo presidente y la Defensora del Pueblo, Iris Marín, discusiones públicas sobre las cifras que no han pasado a la solución conjunta de los problemas de violencia y delincuencia por los que está atravesando el país.

Entre números y tasas.

El primer caso, la afirmación del presidente en un acto donde estaba presente el comandante de la Policía Metropolitana y quien le dice “Donde más se mata en Colombia es en Bogotá” frase que fue hecha noticia por la W Radio https://x.com/WRadioColombia/status/1974217556471734277, frente a la cual el alcalde Galán reaccionó exponiendo cómo el presidente hizo mal uso de las cifras https://x.com/carlosfgalan/status/1974232632775815610?s=48&t=b7NyrWSvE0AXoQkZ9qjNxw

Como se puede oír y ver en los dos mensajes, los dos mandatarios no hacen uso adecuado de las cifras. En el caso del presidente, cuando se oye el audio completo, se puede decir que tiene parcialmente la razón cuando asegura que Bogotá, por número en el conjunto del país, es el territorio donde más se cometen homicidios. De acuerdo con las cifras de Medicina Legal, el año pasado en Bogotá se cometieron 1.208 homicidios, le sigue Cali con 949 casos. En este caso, el presidente debió utilizar el indicador más importante para determinar el nivel de riesgo frente a la violencia homicida en Bogotá, que es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes.

Con base en la tasa el alcalde Galán también tiene en parte la razón, cuando asegura que Bogotá tiene una de las tasas de homicidio más bajas de las ciudades capitales en lo corrido del año. Sin embargo, al presentar cifras parciales, de enero a octubre, confunde y oculta el creciente problema de violencia y delincuencia que se presenta en la ciudad, dado que en las cifras que presenta, Bogotá aparece con una tasa de 11 homicidios por cada 100.000 habitantes (ver segundo mensaje en X reseñado aquí), cuando la tasa real anual de homicidios, de acuerdo con Medicina Legal, fue de 15,6 casos por cada 100.000 habitantes en 2024 y como van las cosas es posible que este año se tenga una cifra cercana a 15. Hay que reconocer que la tasa de violencia homicida en Bogotá ha aumentado desde el año 2023 en un 12%, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Mapas tomados por la delincuencia.

La segunda polémica en torno a la presentación de las cifras de violencia y delincuencia entre el presidente y la Defensora del Pueblo, tiene que ver con los mapas de una publicación del diario británico The Economist, en los que se muestra la presencia de grupos armados ilegales en municipios y departamentos del país entre 2019 y 2024, donde para este último año está complemente rojo, como si todo el país estuviera tomado por estos grupos.

Según el presidente la fuente de estos mapas era la Defensoría del Pueblo y reseñó que “no se puede hacer un mapa de violencia tiñendo un municipio de un millón de hectáreas de rojo, en donde en la mayor parte de la extensión no viven personas y donde ocurrió algún hecho de violencia en alguna vereda”. Desde su perspectiva, este tipo de representaciones gráficas, extienden la percepción de inseguridad a regiones enteras, cuando los incidentes se concentran en puntos muy específicos.

Frente al tema, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que el mapa que presenta The Economist, no es de la Defensoría del Pueblo. “Es una elaboración de ellos que se basa en un documento publicado antes de mi llegada a la institución. El mapa simplifica una realidad que no corresponde a la lectura del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Iguala en color rojo todas las zonas del país, haciendo parecer que el riesgo es extremo en todos los municipios o que los grupos tienen control general en todos ellos. Ninguna de estas dos conclusiones es cierta”, dijo Marín.

En este caso, los dos tienen la razón. Sin embargo, muchas instituciones públicas y privadas, siguen elaborando este tipo de mapas que no son tan precisos a la hora de poder determinar la verdadera dimensión del problema que se quiere presentar y que requiere solución, como se puede ver en el siguiente mapa de las Fuerzas Militares que intenta mostrar el aumento de las confrontaciones armadas en el país.

Hace cerca de 30 años en Bogotá se tuvo esta discusión, cuando presentaron en un consejo de seguridad, los mapas de delitos que se cometían en las 20 localidades de la ciudad y a simple vista parecía que toda ciudad estaba tomada por la delincuencia, lo que llevó a los servidores públicos a ser más precisos en la presentación de este tipo de información al bajarla a barrios y dentro de los barrios a sectores específicos donde ocurrían los delitos, tanto en días, como en horas, lo que permitió una intervención con resultados más efectivos de las autoridades de seguridad y justicia.

Las cifras sustentan la acción y los resultados.

En medio de estas discusiones queda la sensación que los que más preocupa a algunos servidores públicos nacionales y locales, es la imagen que proyecta la información mal utilizada y no la solución de los problemas que genera esa información.

El presidente Gustavo Petro debería dejar de abrir polémicas publicas en torno a las cifras y más bien trabajar en equipo con las autoridades de seguridad y justicia para solucionar los graves problemas que aquejan al país en materia de seguridad. Reconocer que como “Comandante Supremo de las Fuerza Pública” es responsable del orden público en todo el territorio nacional y quien debe garantizar, junto con los todos los alcaldes y gobernadores, la seguridad del territorio y de todos los ciudadanos, dejando de lado los intereses políticos, económicos, sociales, y religiosos, entre otros.

Para lograr lo anterior, hay que tener claro que el manejo del orden público no se descentralizó, se delegó en cabeza de los alcaldes y gobernadores y las órdenes del presidente en esta materia, prevalecen sobre las órdenes de los mandatarios locales, es decir el presidente es el jefe y responsable mayor del manejo del orden público y los mandatarios locales dependen de las órdenes que el primer mandatario imparta. Para solucionar los graves problemas de violencia y delincuencia que hoy tiene el país, se requiere coordinación permanente y trabajo en equipo entre el presidente y las demás autoridades de seguridad y justicia, que incluye a todos los gobernadores y alcaldes, pero parece que esto no va a suceder en lo que resta del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Hugo Acero

“No voy calificar sí un juez toma la decisión correcta”: Cesar Restrepo

Escrito por Confidencial Noticias en Oct 5, 2025. Publicado en Bogotá.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, confirma que desde la Administración de la capital del país se hará todo el esfuerzo para que la ciudadanía no confunda las funciones de un Gestor del Orden con las de la Policía.

Agregó, además, que desde el Gobierno Distrital se entrega la información que los jueces requieren para la judicialización de quienes son capturados, pero que no va a entrar a calificar las decisiones que toma la justicia.

¿Los Gestores del Orden estarán también en barrios con altos niveles de inseguridad, como La María, El Amparo, Patio Bonito, San Victorino o Santa Fe?
César Restrepo:

Cesar Restrepo: Para esto es necesario analizar el riesgo. Depende de las condiciones que presente el sector. Voy a hablar con ejemplos del orden nacional: hay zonas del Cauca donde, en lugar de enviar policías, se envía al Ejército, porque las condiciones de riesgo hacen que las unidades policiales resulten insuficientes para el desafío que hay. En el caso de Bogotá, para los Gestores del Orden debemos analizar si este servicio es aplicable a esas zonas, o si se requieren mayores capacidades para la aplicación de la ley. Pero es necesario dejar claro que nunca expondremos a ningún Gestor del Orden.

¿Harán ustedes una campaña de información suficiente para que el ciudadano del común no confunda la función de un Gestor del Orden con la de la Policía?
César Restrepo:

Cesar Restrepo: Sí, claro. Esta es una tarea de información permanente, y por eso se ha explicado —y se seguirá explicando constantemente— qué es y qué no es un Gestor del Orden. Son facilitadores urbanos; no pueden sancionar ni capturar.

¿Qué les diría a los ciudadanos del barrio Mandalay, que han sido víctimas de hurtos?

Cesar Restrepo: Cada uno de los hechos de violencia que se han reportado ha sido recibido por parte de la Policía Metropolitana y está en proceso de investigación.

Pero esta respuesta no los satisface.

César Restrepo: Sé muy bien que, para un ciudadano, es terrible escuchar: “estamos investigando”, porque lo que se quiere es una respuesta inmediata. Pero hay que entender que la desarticulación y captura de estas estructuras criminales requiere de un proceso judicial que debe darse paso a paso. Esto no quiere decir que nos hemos quedado de brazos cruzados, porque la Policía Metropolitana ha aumentado sus capacidades para una mayor vigilancia.

¿Los jueces sí están colaborando con Bogotá, enviando a la cárcel a quienes se captura?
César Restrepo:

Cesar Restrepo: Los jueces dependen de la información que les brindamos y de las valoraciones que ellos mismos hagan. Bogotá hace todo el esfuerzo para que la toma de decisiones sea la adecuada. Yo no voy a calificar si un juez toma la decisión correcta o no.

Nota relacionada: Convocatoria laboral en Bogotá para quienes deseen ocupar el cargo Gestores del Orden

Seguridad y política domiciliaria desde la ONU

Escrito por Luis Fernando Ulloa en Sep 30, 2025. Publicado en Opinión.

La política de seguridad en Colombia se mueve entre espejismos, hacia adentro aparece el vacío que deja la ausencia estatal en los territorios y hacia afuera la retórica antiimperialista yankee que el presidente Petro está usando como cortina de humo, dos caras de un mismo problema que revelan su incapacidad para articular un proyecto de gobernabilidad coherente. Así, en materia de orden público y soberanía, el país está fracturado por dentro, evidenciando que los pactos de seguridad en Colombia están mal diseñados y pésimamente ejecutados, lo que ha terminado por desdibujar el papel del Estado en los territorios.

En este sentido, “Hacer trizas el acuerdo” (herencia de Duque) y la llamada “paz total” negociada desde la Picota (legado de Petro) no significaron otra cosa que la retirada de la institucionalidad en regiones estratégicas, donde hoy mandan los grupúsculos armados y las mafias narco Vene-Mexicanas, que se nutren con el oro ilegal, el narcotráfico y el secuestro, que han vuelto a ser la moneda de uso corriente en departamentos como Cauca, Nariño y Putumayo, por no mencionar el Catatumbo, Guaviare, Chocó y un largo etc.

No es más que ver la carretera Panamericana que conecta al país con el sur del continente, donde los bloqueos, atentados, retenes y secuestros son el pan de cada día en el complejo departamento del Cauca, donde el municipio de Patía se convirtió en sinónimo de inseguridad vial, ahora Mondomo es el retrovisor cruento de las salvajadas guerrilleras protagonizadas por disidencias del Estado Mayor Central (EMC) que actúan con absoluta impunidad. Reiteramos que no se trata solamente del narcotráfico, sino de la reinstalación de un “orden” paralelo donde las comunidades están atrapadas entre el miedo, la extorsión y la ausencia de alternativas estatales. A esto se suman las asonadas reiteradas en distintos departamentos, que más que protestas sociales son estallidos de rabia ante un Estado ausente y un gobierno que promete mucho desde el Palacio Presidencial, pero no logra presencia efectiva en la periferia, llevando al país al desfiladero peligroso de la normalización del caos, con un mensaje tácito para los territorios que están desprotegidos otra vez.

Mientras tanto, hacia afuera, la política se mueve en un universo paralelo, pues la reciente revocatoria de la visa estadounidense al presidente Gustavo Petro, presentada como castigo diplomático, terminó alimentando la narrativa que él mismo venía construyendo desde hace meses al presentarse como un líder acosado por el ‘imperialismo yankee’. Lejos de ser un chispoteo improvisado que Petro aduce su desinterés porque ya conoció al Pato Donald, fue una jugada calculada con la que activa a su base, desvía la atención de sus fracasos internos y refuerza la épica del mandatario que desafía al poder global, así la prensa internacional se distrajo con la pugna Petro–Trump. Pero dentro del Pacto Histórico se consumaba una purga silenciosa al marginar figuras simbólicas para petrismo como Gustavo Bolívar, Susana Muhamad y María José Pizarro, que fueron excluidos por una realidad pragmática: no tener votos suficientes, mientras el propio presidente avalaba por X a Daniel Quintero desde la gran manzana del mundo (tierra del pato Donald), aunque sea un candidato respaldado por las mismas maquinarias que antes juró combatir pero lo dijo el mismísimo Petro que la política se hace con los que tienen votos.

Capítulo aparte merece la reflexión que Colombia registra hoy desde las noticias internacionales, arrancamos una semana con un presidente ultra activista cuya fórmula para mantener cohesionadas a sus huestes de cara a 2026 descansa en discursos anacrónicos, dislates y en la creación de enemigos externos que lo mantengan como líder de izquierdas latinoamericanas, desde luego, para distraer su débil gestión interna.

Desde una opinión pragmática y realista podemos decir que el presidente asume dos posiciones: la primera es de un activista que con megáfono en mano en medio de una pequeña marcha pro-palestina desde una calle de Nueva York se enfrenta al imperio gobernado por Trump, todo evocando sus balconazos predilectos que lo llevaron del palacio de Liévano al de Nariño; y la otra faceta es de un mandatario local hablando desde un atril de la ONU, en plena soledad internacional, haciendo todo para que lo escuche sus propias huestes domesticas con el fin de ganar algunos adeptos indecisos de centroizquierda que aún se sensibilizan con discursos de derechos humanos universales, sumado a la caja de resonancia de las denuncias por genocidio e injusticias globales como las ocurridas en Gaza, pero realmente hacia adentro su agenda nacional es escasa, atrapada en recetas anacrónicas y mal aplicadas que no lo dejan bien parado por su incoherencia y su precaria gestión real.

Luis Fernando Ulloa

Menos paz, más seguridad

Escrito por Luis Carlos Martínez en Ago 15, 2025. Publicado en Opinión.

Si hay un discurso que produce desconfianza, escepticismo y algo de malestar entre los colombianos es: hablar de paz. Lo que debería ser un propósito colectivo y un valor fundamental para construir una sociedad, hoy es solo una idea sonsa mirada con desdén.

La tal paz, no existe, y cada vez somos más conscientes que debemos dejar atrás este ideal para avanzar hacia pensamientos más reales, acciones más correctivas y ser menos románticos con la idea de ‘paz total’. Los ciclos de violencia en Colombia son evidentes, las generaciones pasan siendo testigos de estos dolorosos hechos, la prensa no cambia los titulares y la historia parece ‘calcarse’ década tras década.

El asesinato del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, hizo recordar que el país es un escenario de máximo riesgo para el ejercicio de la política, Además, alrededor de este despreciable hecho quedaron al descubierto otras señales que prueban que la reconciliación (como insumo prioritario para consolidar una cultura de paz) es algo que está demasiado lejos para nuestra sociedad.

Primero: una constante batalla y un airado resentimiento entre expresidentes que alimentan la confrontación en la opinión pública. Segundo: un gobierno poco conciliador, algo indolente e inoportuno en las intervenciones de sus funcionarios y a la vez muy ‘tibio’ para repudiar el hecho y hacer un llamado a la unidad del país. Tercero: unos candidatos presidenciales oportunistas, con palabras vengativas y haciendo señalamientos innecesarios e irresponsables en tan difícil situación. Y, por último, un pulso dañino en las conversaciones de las redes sociales justificando hechos de violencia de un lado y del otro.

Frente a este panorama, será difícil poner en primer plano el discurso de la paz dentro de la agenda pública del país. El proceso de paz con las FARC cada vez pierde mayor legitimidad con el crecimiento de las disidencias; la paz total del actual gobierno es un fracaso que luce desordenado y sin norte y que le abrió el horizonte de criminalidad a múltiples grupos insurgentes. El magnicidio de Uribe Turbay reafirma las heridas del pasado. El gobierno de Gustavo Petro se muestra cada vez más sectario, aislado y cuestionado a nivel nacional e internacional. Hay razones fácticas para pensar que la paz es una utopía, por lo menos en Colombia.

Frente a este panorama, la línea del discurso y las propuestas de cara a las próximas elecciones del año 2026 (parlamentarias y presidenciales) será la seguridad. Ya lo planteaba el desaparecido senador Uribe Turbay, y así lo enfatizó su padre Miguel Uribe Londoño durante su funeral: una sociedad que no le apueste a la seguridad, difícilmente podrá pensarse en una convivencia en armonía.

Más que violencia política en Colombia, sí es claro que existen altos niveles de criminalidad por: narcotráfico, corrupción y otros factores sociales que causa la falta de capital social.

La inversión económica y política en procesos de negociación es alta para el Estado colombiano y no es justo seguir gastando recursos en iniciativas que pierden legalidad y legitimidad y que son difíciles de sostener. Es tiempo de replantearnos un cambio en el paradigma de paz para avanzar con otras acciones y planes que nos permitan más confianza, reducir la criminalidad y abrir nuevos horizontes en la conversación nacional

Tristemente debemos contemplar que la violencia no se mitiga con discursos, que la paz va más allá de un relato y que la seguridad es fundamental para estar menos expuestos y sí más preparados ante una criminalidad que no da tregua, sin importar si gobierna la izquierda o la derecha.

Luis Carlos Martínez

¿Cuál es el problema de la política pública de seguridad colombiana?

Escrito por Juan David Escobar | Opinión en Ago 11, 2025. Publicado en Opinión.

Diseñar e implementar una política pública de seguridad integral es un propósito esencial para el próximo gobierno, máxime cuando el país rural padece actualmente un control territorial desbordado y asfixiante por parte de bandas narco-terroristas. Esta tarea gubernamental implica efectuar previamente un análisis riguroso, que, de suyo, nos exige ahondar en tres aspectos cruciales: (1) las acciones que han desplegado los gobiernos antecedentes sin alcanzar su finalidad, (2) lo que medianamente ha servido teniendo posibilidades de mejorar y, (3) lo que no ha servido para nada y debe erradicarse con urgencia y diligencia. Es así como obtendremos un diagnóstico real de la situación.

En primer lugar, es necesario mencionar que el punto uno (las acciones que han desplegado gobiernos antecedentes) y dos (lo que medianamente ha servido con posibilidades de mejorar) nos permiten evaluar la idoneidad o impertinencia de lo que se ha hecho en materia de seguridad.

En segundo lugar, el punto tres (lo que debemos erradicar con suma urgencia y diligencia) es el detonante para proponer nuevas alternativas encaminadas a obtener resultados satisfactorios en el marco de una administración pública racional, abierta, eficiente y oportuna congruente con las dificultades de la nación.

¿Cuál ha sido, en mi opinión, el problema del actual y de los últimos dos gobiernos colombianos en materia de seguridad?

Muy puntual: los gobiernos colombianos están en mora de consolidar como regla general la toma de decisiones basadas en datos, evidencia científica e investigaciones de campo, y correlativamente establecer como excepción el uso de la intuición o la lógica. Jamás a la inversa.

Mi propuesta concreta: es imperativo enfrentar las crisis de seguridad y los problemas de orden público del país basados en datos, evidencia científica e ideas generadas a través de una inmersión profunda, y dejar en un ámbito secundario las soluciones sustentadas en intuiciones, creencias y opiniones dada la disolución de aquellas en la punta del iceberg.

Tomen nota de esto: a los bandidos ya no se les enfrenta únicamente con intuiciones, firmeza, entereza y ‘creencias lógicas’ sino con inteligencia y estrategia. En 2002 bastaba con tener firmeza y determinación. Hoy, 23 años después, estamos en mora de adaptar y modernizar a nuestra fuerza pública con tecnología de punta e inteligencia artificial.

Hay que establecer una IA diseñada exclusivamente para neutralizar a los malvados. Ello es viable legal y financieramente acorde al presupuesto nacional. Ya no basta contar con el valiosísimo apoyo de la comunidad urbana y rural, ni con motivar a las fuerzas militares, pues ahora tenemos que ir más allá toda vez que Colombia ha tocado fondo y retrocedimos al siglo XX: los criminales se pasean tranquilamente por el país y se sienten vigorosos ejerciendo control territorial.

La única forma de darle solución al asunto es mediante el uso del sofisticado avance tecnológico para neutralizar o eliminar a quienes representan una amenaza para la sociedad.

En una próxima columna expondré con rigor y exactitud mi propuesta para diseñar una política pública de seguridad sustentada en inteligencia artificial. Todo de conformidad al estado colombiano.

Observación para los precandidatos y candidatos presidenciales: la única alternativa para resolver con eficacia nuestros problemas es profundizando en ellos hasta sumergirnos en la raíz, no quedándonos en la superficie con lugares comunes disfrazados de ‘soluciones’. Evitar sumergirse en la raíz de las dificultades es un terrible acto de displicencia con el país.

Adenda: El Ministerio de Defensa y Seguridad Nacional anunció la adquisición de diez y seis aviones de combate. Muy bien, pero, ¿para cuándo anunciará la adaptación de IA en los sistemas de inteligencia y contrainteligencia de las FFMM?

Juan David Escobar

@JuanDaEscobarC

Los retrocesos en la seguridad con Petro

Escrito por Simón Gaviria en Jul 22, 2025. Publicado en Opinión.

Hay fracasos que se pueden maquillar con narrativa, otros, simplemente, se niegan. Pero hay uno que ya nadie puede esconder: el monumental fracaso en materia de seguridad del gobierno de Gustavo Petro. Colombia vive hoy la crisis de seguridad más profunda de las últimas dos décadas. Más allá de las estadísticas, lo que está ocurriendo en el país es una pérdida real del monopolio de la fuerza, de la autoridad legítima del Estado y, lo más peligroso, de la confianza ciudadana. Sabiendo que la Paz Total va a fracasar, recomponer la seguridad será el mayor reto para el próximo gobierno. En este tema nadie puede argumentar querer continuidad.

Desde que Petro asumió el poder, el control territorial de grupos armados ilegales ha aumentado en al menos 142 municipios, según informes independientes. Hoy tenemos más de 30 estructuras criminales activas, incluyendo disidencias, ELN, Clan del Golfo, carteles mexicanos y mafias locales, disputándose corredores estratégicos sin mayor control estatal. En 2024, Colombia fue el segundo país del mundo con más desplazamientos forzados internos, solo detrás de Sudán. Y el primer semestre de 2025 cerró con una masacre cada 36 horas, mientras los secuestros aumentaron un 81%.

Todo esto ha ocurrido mientras el gobierno insistía en su política de “Paz Total”, un concepto ambiguo, sin verificación, sin exigencias ni cronogramas. Un cheque en blanco a criminales, disfrazado de buena voluntad. Se negoció sin poder, se cedió sin condiciones y se debilitó a las Fuerzas Armadas en su moral, su accionar y su legitimidad. La retirada del Estado en regiones críticas fue sistemática. Se desmontaron operativos, se congelaron ofensivas, se desfinanciaron capacidades. En muchas zonas, la seguridad fue entregada a consejos comunitarios que, aunque bien intencionados, no pueden enfrentar fusiles ni redes de narcotráfico. En otras, simplemente no hay presencia. La consecuencia fue la militarización criminal de territorios rurales donde el Estado ya no es ni siquiera un rumor.

Pero el deterioro no es solo territorial. También es institucional. Se ha perseguido a la Policía, judicializado a militares, insultado públicamente a quienes arriesgan su vida en defensa de los demás. Al tiempo, se ha romantizado al victimario, normalizado la extorsión, minimizando la violencia como si fuera un fenómeno estructural inevitable. El Estado protege a sus amigos, dejando desprotegidos a sus contradictores.

Esta estrategia no solo ha fracasado: ha profundizado el problema. El Estado no puede negociar su propia desaparición. Sin seguridad, no hay justicia social, ni educación, ni salud, ni democracia posible. Un Estado que no garantiza orden, pierde el derecho a gobernar. Petro ha querido redefinir la seguridad como un concepto moral, cuando es ante todo una función constitucional. Ha querido convertir a las Fuerzas Armadas en actores sociales, cuando su misión es garantizar la soberanía, el orden y la protección de los ciudadanos. Se ha confundido paz con claudicación.

Colombia no puede seguir perdiendo vidas, territorios y futuro. Es hora de reconstruir un consenso nacional por la seguridad, más allá de elecciones o cálculos. Porque sin orden, no hay país. Pensábamos que habíamos logrado la paz, pero demasiado rápido se volvió a desmoronar.

Simón Gaviria

Bucaramanga: la marcha, el alcalde y la inseguridad

Escrito por Columnista en Jul 15, 2025. Publicado en Opinión.

La última semana he caminado las calles de Bucaramanga para escuchar a los ciudadanos. Dicen que mientras la ciudad arde, hay quienes se suben a la tarima para aplaudirse a sí mismos. Esta semana, Bucaramanga volverá a ser la vitrina de una concentración política que promete llenar plazas y micrófonos, mientras en las esquinas se siguen disparando balazos de inseguridad. La marcha que convoca el Gobierno nacional llega a una ciudad que lleva meses escuchando ráfagas de sicariato y viendo cómo la violencia crece como maleza sobre los muros que prometieron protegerla.

En medio de este ruido, el alcalde Jaime Andrés Beltrán se declara guardián del orden público: advierte que no permitirá provocaciones, como si la única amenaza que debiera conjurar fuera la de un grito político. Pero las balas que atraviesan barrios enteros, los techos desprendidos por tormentas y las familias arrojadas a la intemperie merecen algo más que un discurso para la foto. Bucaramanga no necesita un celador de plaza, necesita un líder que no le tiemble la voz para enfrentar a los que siembran miedo.

Resulta curioso que, mientras se suman titulares de homicidios, feminicidios, ajustes de cuentas y extorsiones, aparezcan encuestas que pintan a Beltrán como un mandatario con favorabilidad de porcelana: impecable, brillante y sin grietas. ¿De dónde salen esos números cuando la realidad de la calle los desmiente en cada fuenral y cada negocio que paga ‘vacuna’ para sobrevivir?

No es un secreto para nadie que el alcalde carga una demanda de pérdida de investidura que lo acecha como un fantasma en los pasillos de una alta Corte. Y como si supiera que su silla se tambalea, inventa distracciones: se abraza a la narrativa del orden para encubrir la desprotección de la gente. Mientras tanto, me han dicho esos ciudadanos en las calles que paga bodegas e influencers para barnizar su imagen y maquillar los vacíos con likes y titulares prefabricados. Desvía la atención mientras la ciudad sigue escribiendo obituarios.

Bucaramanga merece algo distinto: un gobierno que deje de bailar entre encuestas, bodegas y plazas llenas para enfrentar, de frente y con resultados, la raíz de esta violencia. Gobernar no es salir bien en la foto de la tarima ni sostener encuestas con cifras que nadie ve en la calle. Gobernar es garantizar que un comerciante pueda abrir su panadería sin miedo a los sicarios; que una madre no deba huir de su barrio porque las balas llegaron primero que el Estado.

Hoy, como representante a la cámara por Santander, vuelvo a decirlo claro: la seguridad no puede ser un espectáculo. No se trata de prohibir provocaciones políticas mientras se tolera la provocación criminal que nos arrebata la tranquilidad. Bucaramanga está cansada de promesas de cartón. Que nadie se equivoque: esta ciudad se merece un gobierno que no improvise soluciones mientras se esconde de la justicia.

Erika Sánchez

Representante a la cámara por Santander

El hurto de celulares tiene con los nervios de punta a los bogotanos

Escrito por Confidencial Noticias en Jul 12, 2025. Publicado en Bogotá.

Aunque las cifras muestran una leve disminución frente al año anterior, el hurto de celulares continúa siendo uno de los delitos que más afecta a los ciudadanos en Bogotá. Entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2025 se registraron 7.556 casos de robo de teléfonos móviles en la capital, según datos presentados por el concejal del Centro Democrático, Andrés Barrios.

El informe, basado en cifras oficiales, indica que en promedio se presentaron 2.519 hurtos mensuales durante el segundo trimestre del año. De estos, solo 1.166 celulares fueron recuperados por la Policía Nacional. Las localidades con mayor incidencia delictiva fueron Chapinero (840 casos), Suba (787) y Engativá (680).

“Estos datos evidencian que la ciudadanía sigue estando insegura en las calles, en los parques y en el espacio público en general”, afirmó el concejal Barrios, quien también alertó sobre las modalidades más frecuentes: 6.609 de los robos se cometieron a pie y 441 desde motocicletas.

Respecto a los mecanismos utilizados por los delincuentes, el informe señala que 4.812 hurtos se realizaron sin armas, mientras que 1.874 involucraron armas blancas o cortopunzantes, y 596, armas de fuego.

Barrios también se refirió a las franjas horarias más peligrosas. La noche sigue siendo el momento más crítico del día, con 2.185 casos registrados en ese periodo, seguida por la mañana (1.900), la tarde (1.849) y la madrugada (1.622).

El cabildante aprovechó el reporte para insistir en la necesidad de implementar el Acuerdo 960 de 2024, de su autoría, el cual establece una ruta de atención integral a las víctimas de hurto en Bogotá. “Este protocolo contempla acompañamiento jurídico, psicosocial y un mayor acceso a la oferta institucional. Es hora de ponerlo en marcha y ayudar a quienes enfrentan situaciones violentas durante un robo”, declaró.

A pesar de que el número de casos disminuyó en comparación con el mismo periodo de 2024 —cuando se reportaron 8.333 hurtos—, persiste la preocupación por la baja tasa de denuncias. Una encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá reveló que solo el 51,1% de las víctimas denunció el hecho ante las autoridades.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia ha identificado al menos 20 grupos delincuenciales dedicados al hurto de personas en la ciudad, teniendo como uno de sus principales objetivos los teléfonos móviles.

Con este panorama, el concejal Barrios reiteró el llamado al Distrito para reforzar las estrategias de seguridad, mejorar la capacidad de respuesta institucional y garantizar condiciones más seguras para todos los bogotanos.

«Necesitamos un Congreso que mejore las normas en materia penal»: Humberto Rafael Amín

Escrito por Oscar Sevillano en May 13, 2025. Publicado en Bogotá, Portada.

El Concejo de Bogotá aprobó un Acuerdo de Ciudad de iniciativa del concejal del Centro Democrático, Humberto Rafael Amín, donde se pide reforzar la prevención del delito, la cooperación con empresas de seguridad privada, la protección de poblaciones vulnerables y el trabajo con la comunidad, sin embargo, en entrevista para Confidencial Noticias, el cabildante pide al Congreso de la República legislar en favor de la seguridad ciudadana, para que los delincuentes no regresen a la libertad al día siguiente de su captura para volver a hacer de las suyas en calles y avenidas de la capital del país.

Pide usted mayores ajustes y reforzar los temas de seguridad en Bogotá, pero el asunto es que hoy el tema no es de más policía ni de más militares en la ciudad, sino de mayor eficacia en la justicia, ¿Qué decir ahí?

Humberto Rafael Amín: Con este Acuerdo de ciudad buscamos aportarle un granito de arena a la seguridad de los bogotanos porque mal haríamos desde el Concejo no aportando ese granito de arena para tratar de mejorar en algo la seguridad de los bogotanos, que no es un tema fácil.

Aquí vale la pena decirle a toda la ciudadanía que hoy los alcaldes están solos porque no tienen apoyo del gobierno nacional para mejorar la seguridad, porque al presidente poco o nada le interesa y ha dejado a los grupos al margen de la ley fortalecerse. Lo que corresponde a la justicia es algo que le corresponde al Congreso de la República quien está en mora de hacer una reforma al sistema judicial para endurecer mucho más las penas, y que esas personas no regresen a la calle a delinquir de nuevo.

¿Reconoce entonces que para que la seguridad mejore la justicia debe poner su granito de arena?

Humberto Rafael Amín: Aquí necesitamos un Congreso que mejores las normas en materia penal para que se capture vaya a la cárcel. Sabemos que en Bogotá se está construyendo o se va a construir una nueva cárcel, en lo cual estamos en mora para que de verdad todas esas personas que sean judicializadas y no salgan a los dos, tres días a cometer delitos.

Muchas de las personas que se capturan en Bogotá ya tienen antecedentes judiciales y algunos están en prisión domiciliaria, lo que indica que la delincuencia se está burlando de la ciudad porque tiene una boquete dentro de la justicia que parece actuar de manera benevolente con ellos.

Humberto Rafael Amín: No se burlan de Bogotá, se burlan de Colombia. Eso es un tema de ley, no es un tema de la ciudad. Acuérdense que cuando vamos a hablar de los procesos judiciales que se adelantan para capturar a una persona se lo debe hacer en medio de un proceso regulado por una ley y el Concejo no puede entrar a regular eso.

Por lo anterior, le pedimos al Congreso de la República que legisle en esa materia para que todo el que se capture se meta preso y no vuelva a salir hasta tanto no tenga una sentencia.

Eso quiere decir que usted está de acuerdo con quienes opinan que la Policía ha cumplido con su labor, pero la justicia no tanto.

Humberto Rafael Amín: Decir que la Policía no está cumpliendo sería juzgar mal a una Institución que da la vida por los colombianos. Hay que recordar que los gobiernos progresistas le vienen quitando herramientas a la Policía para actuar. Cada día le ponen más frenos y hoy están bloqueados; con la moral mucho más baja y es por esto que debemos fortalecer esas instituciones para que tengan más herramientas, para que se profesionalicen cada día más y puedan dar los resultados que queremos a nivel nacional.

La senadora Paloma Valencia en entrevista para Confidencial Noticias dijo que el gobierno nacional le hace falta mucho dialogar con la rama judicial, ¿Está usted de acuerdo?

Humberto Rafael Amín: Completamente. Es que hoy vemos un gobierno nacional que no escucha a nadie. Vemos a un presidente Petro completamente salido de contexto; desconectado de la realidad; dándole herramientas a los grupos al margen al margen de la ley; peleando con las altas cortes; peleando con el Congreso; todo el tiempo armando escándalos; gobernando bajo un caos. Así no podemos sacar adelante un país.

Bogotá Cómo Vamos señala al mes de marzo como el más violento de 2025 en la capital del país

Escrito por Confidencial Noticias en Abr 30, 2025. Publicado en Bogotá, Portada.

El programa Bogotá Cómo Vamos señala en su primer boletín trimestral de 2025, señala a este período como como el más violento en términos de homicidios desde 2019. «A corte del 31 de marzo se registraron 281 homicidios en Bogotá, lo que representa un aumento del 18,5% frente al mismo
periodo del año anterior», dice el documento.

Señala además al mes de marzo como «un mes atípicamente violento». Las cifras indican que en este tiempo se registraron 106 casos de asesinatos; el mayor número desde 2016 para este mismo mes.

Bogotá Cómo Vamos recomienda a la Administración Distrital trabajar fuertemente para reducir al menos 189 homicidios respecto a los 1.204 registrados en 2024, una meta que parece difícil tras el aumento evidenciado en el primer trimestre.

El informe señala además el aumento de uso de armas de fuego, sumado a la utilización de explosivos como granadas en el barrio San Bernardo.

Dice además que el 52,2% no considera a la denuncia como un asunto que aporte soluciones a la inseguridad en Bogotá.

El Programa Bogotá Como Vamos señala al hurto como el delito más denunciado en la capital del país.

250429 BoletínSeguridad_BCV_Edición 1 (1) by Confidencial Colombia

Retos del Gobierno de Daniel Noboa en seguridad y justicia

Escrito por Confidencial Noticias en Abr 16, 2025. Publicado en Lo + Confidencial.

Análisis de Hugo Acero Velásquez y Mabel Cristina Quiroz

Después del triunfo incuestionable del presidente Daniel Noboa en Ecuador viene, desde ya, la solución a los problemas apremiantes de la nación, en particular los que más preocupan a los ciudadanos, como es el caso de la seguridad y el empleo, dos temas fuertemente relacionados, en la medida en que sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay empleo y sin empleo no hay bienestar.

Son más de dieciséis meses de gobierno que lleva el presidente Noboa y que son la base para definir unas políticas de Estado en materia de seguridad y justicia para los próximos cuatro y más años, unas políticas de Estado que involucren a todas las instituciones responsables de estos temas.

Hay que partir de los logros alcanzados y de los retrocesos registrados durante este periodo, como es el caso del trabajo en equipo del Bloque de Seguridad (Policía, Fuerzas Militares), las alianzas estratégicas contra el crimen transnacional con distintos países europeos y EE.UU, los logros investigativos de la Fiscalía frente a la corrupción y la violencia homicida que disminuyó el año pasado, pero en lo que va corrido de este año ha aumentado de manera considerable, al igual que la extorsión.

Hasta ahora Ecuador se ha movido en materia de seguridad como si este tema fuera responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo, sin que los poderes Legislativo y Judicial hayan asumido la responsabilidad plena que les corresponde en esta materia y de justicia.

Hay que notar que a la Asamblea le corresponde dotar al Estado de las herramientas constitucionales y legales para enfrentar el crimen transnacional del narcotráfico y al terrorismo, como es el caso de la extradición, el lavado de activos, la expropiación de bienes de origen ilegal y la discusión y aprobación sobre nuevos recursos para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, entre otras leyes y normas.

Al Poder Judicial le corresponde la administración pronta y transparente de justicia, disminuir la corrupción, reducir la impunidad, profesionalizar y ampliar el servicio de justicia a poblaciones y ciudadanos que no están siendo atendidos en esta materia y participar de la discusión de reformas y nuevas leyes para mejorar su servicio y eficacia frente a las nuevas y distintas formas de criminalidad que están afectando el bienestar y desarrollo social de los ciudadanos y la seguridad del Estado.

Hoy, después del proceso electoral, se hace necesario que las tres ramas del poder público trabajen en equipo para recuperar la seguridad de los ciudadanos, del Estado y blindar la democracia de los riesgos que plantea el accionar de los grupos criminales organizados, especialmente de la corrupción y cooptación de servidores públicos e instituciones para su servicio.

El trabajo en equipo es el camino.

Comienza un nuevo periodo de gobierno que debe estar marcado por el trabajo integral e interinstitucional del Estado ecuatoriano en tres áreas básicas de seguridad y justicia, las cuales deben contar con el liderazgo y participación de las tres ramas del poder público, en especial del poder ejecutivo en cabeza del presidente Daniel Noboa y de todo su gobierno:

Seguridad y convivencia ciudadana.
Seguridad del Estado y
Política criminal.

En estas tres áreas se requieren políticas de Estado que deben ser elaboradas y ejecutadas en el inmediato plazo (dos años), mediano (cinco años) y largo plazo (diez años).

Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Es necesario elaborar una política de estado en materia de convivencia y seguridad ciudadana que contemple acciones preventivas, disuasivas y de uso legítimo de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad y justicia, dando de esta forma un tratamiento integral a los problemas de violencia y delincuencia, devolviéndole al Estado el papel de garante de los derechos y deberes colectivos y restableciendo de esta forma el balance entre las actuaciones de la autoridad y el comportamiento de los ciudadanos; entre las acciones de prevención y las de regulación y entre el control sobre las actividades delictivas y los comportamientos que lesionan el bienestar de la comunidad; un plan que vaya de desde preventivo hasta el uso legitimo de la fuerza, como lo muestra el siguiente esquema:

Tanto en la elaboración, como en la ejecución y seguimiento de esta política de Estado, el Gobierno debe contar con la participación de las otras dos ramas del poder público, de los alcaldes, gobernadores y organizaciones de la sociedad civil. Una política pública de Estado que parta del principio constitucional y legal que la seguridad y la justicia son derechos de todos los ciudadanos que debe garantizar el Estado y el especial los gobiernos, sin importar que sean de derecha o de izquierda, y se debe ejecutar en el marco del Estado de derecho, es decir respetando los derechos humanos.

Hoy se abre una buena oportunidad para trabajar en equipo con todos los alcaldes, gobernadores y comunidades, sin importar su filiación política, para recuperar la seguridad de los ciudadanos y garantizar esos derechos ciudadanos; una oportunidad para unir y reconciliar a la nación entera en torno a estos temas que son los que más preocupan a todos los ecuatorianos independientemente de su filiación política.

Política criminal.

En este campo hay que realizar esfuerzos importantes para contar con elementos analíticos en el sector de la justicia y poder contar con una política pública criminal de carácter integral; una política criminal que vaya de la prevención al uso legítimo de la fuerza en materia de justicia y que con su ejecución en el mediano y largo plazo contribuya a reducir la demanda de justicia punitiva y por tanto de la utilización de la cárcel como casi único mecanismo de sanción punitiva.

En esta línea, es necesario formular y ejecutar la política de Estado en esta materia con la participación de todas las instituciones de la Rama Judicial y que se oriente a:

Realizar investigaciones socio-jurídicas y criminológicas para determinar la eficacia de la legislación vigente o propiciar su reforma.
Mejorar la eficiencia y eficacia de la justicia.
Reducir la impunidad.
Fortalecer la formulación de políticas en la materia y la interlocución ante los organismos nacionales e internacionales en el contexto de una política integral contra el problema mundial de las drogas y otras rentas criminales como la minería ilegal, el comercio ilegal de armas, la trata de personas, el contrabando, etc-.
Que fortalezca los sistemas de privación de la libertad y de sanción a adultos y de adolescentes que infringen la ley penal y que el Sistema penitenciario y carcelario cumpla con su tarea de resocialización e inserción social de los detenidos bajo el control del Estado y no de los delincuentes.
Ejecutar programas de prevención de violencia y delincuencia juvenil, disminuya los riesgos por armas, consumo de drogas y alcohol, disuada la comisión de contravenciones y delitos con la presencia y accionar de las autoridades y que formule leyes que disuadan comportamientos que afecten la convivencia ciudadana.
Promover los mecanismos alternativos de solución de conflictos interpersonales Mejorar las asignaciones presupuestales para el funcionamiento de la Rama Judicial.
Fortalecer a la Policía y la Fiscalía en sus labores de investigación criminal y control del delito.

Seguridad de Estado.

Seguridad de Estado, hoy se entremezcla con las anteriores políticas, en la medida que muchos problemas de seguridad ciudadana y de justicia terminan afectando la seguridad de Estado, como es el caso del narcotráfico que además de afectar la seguridad de los ciudadanos y comunidades, atenta con la estabilidad democrática del país cuando las organizaciones criminales, para beneficio de sus economías ilegales, terminan controlando territorios y ejerciendo gobernanza criminal en los mismos o involucrándose, a través de la corrupción, en los distintos procesos electorales para ejercer presión política y lograr apoyos para su actividad criminal.

Hoy el narcotráfico y otras rentas criminales como la minería ilegal, asociados a grandes mafias del crimen transnacional, son los principales problemas de seguridad nacional y deben ser asumidos y enfrentados por el Estado y la sociedad en su conjunto con una política de Estado que se sustente en la cooperación internacional de seguridad y justicia, en alianzas estratégicas con los países de la región, especialmente con Colombia y Perú, principales productores de la cocaína, con EE. UU. y distintos países de Europa y de otros continentes.

Bogotá, a sangre y fuego

Escrito por Andrés Barrios en Abr 13, 2025. Publicado en Opinión.

La capital de la República presenta una aterradora realidad que merece nuestra atención y es que en un periodo de solo cinco meses fueron asesinadas 563 personas. Estas cifras, registradas entre septiembre de 2024 y enero de este año, no son solo estadísticas; representan familias que hoy enfrentan el dolor de una ausencia irreparable, proyectos de vida interrumpidos y comunidades marcadas por la violencia.

Estos datos son escabrosos y evidencian, además, que la sociedad está armada y puede acceder a estos medios de forma fácil y sin control. El análisis detallado muestra que, de esas 563 personas, 351 fueron víctimas de armas de fuego, 163 de armas blancas o cortopunzantes, 48 de objetos contundentes y una de algún elemento sin identificar.

Estos números retratan un panorama complejo que la administración del alcalde Carlos Fernando Galán enfrenta en medio de múltiples desafíos, algunos heredados, y nuevas dinámicas de inseguridad que requieren respuestas innovadoras.

La distribución geográfica de estos hechos revela patrones que merecen atención especial: Ciudad Bolívar encabeza la lista con 127 homicidios, seguida por Kennedy con 70 y Bosa con 47. Sin embargo, son diez localidades las que concentran el 84% de los casos de asesinato. Evidentemente, esto sugiere la necesidad de estrategias focalizadas que atiendan las particularidades de cada territorio, reconociendo que las causas de la violencia no son homogéneas.

La administración Galán tiene que convertir la seguridad en una prioridad de la agenda distrital, pues eso fue lo que se le prometió a Bogotá. La ciudadanía no puede ser víctima de delitos todo el tiempo, como si fueran paisaje. Las acciones deben ser concretas y diseñadas para abordar los factores estructurales que alimentan la violencia.

Los domingos y las horas nocturnas (noche y madrugada) aparecen como momentos críticos según los datos analizados. Esta información puede orientar la distribución de recursos y de fuerza pública, aunque sabemos que hacen falta uniformados. Además, la administración distrital tiene aquí una oportunidad para demostrar que la inteligencia y el análisis de datos pueden traducirse en estrategias más efectivas.

Los bogotanos de todas las localidades merecemos vivir sin miedo. Recientemente, fue publicado el Informe de Seguridad 2024 de Probogotá. En él se pone en evidencia que el año inmediatamente anterior se presentó la cifra de homicidios más alta en ocho años en la ciudad y éste fue el delito que más aumentó, reportando 1.204 casos. Ante esto, no hay más tiempo que perder y las acciones deben incorporarse con determinación.

Entendemos que hay desafíos que van más allá de local y que se requieren acciones articuladas con un gobierno nacional que infortunadamente no escucha y se caracteriza por privilegiar la ilegalidad.

Sin embargo, la administración Galán no puede caer en ese juego y tiene la oportunidad de demostrar que su enfoque técnico y su visión de ciudad pueden traducirse en soluciones efectivas para uno de los problemas que más afecta la calidad de vida de los bogotanos. Ya pasaron los meses de diagnósticos y de planificación; ahora los ciudadanos esperamos ver resultados concretos, especialmente en las zonas donde la violencia cobra más vidas. La seguridad es un derecho, pero no se está garantizando.

Andrés Barrios Bernal

Perros robot la nueva apuesta en seguridad de los centros comerciales

Escrito por Confidencial Noticias en Abr 7, 2025. Publicado en Tecnología.

Con el propósito de fortalecer la seguridad y ofrecer una experiencia innovadora a sus visitantes, Multiplaza y la empresa Seguridad Nueva Era llevaron a cabo pruebas con perros robot en las instalaciones del centro comercial. Estas pruebas demostraron el potencial de estos dispositivos de alta tecnología para cumplir funciones clave como la detección de explosivos, sustancias ilícitas y asistencia informativa a los clientes.

Gracias a su tecnología de vanguardia, los perros robot pueden operar en tiempo real, analizar su entorno y enviar alertas inmediatas en caso de cualquier anomalía.

Además de sus funciones de seguridad, estos dispositivos pueden ser utilizados como asistentes informativos dentro del centro comercial, ofreciendo orientación a los visitantes y respondiendo preguntas sobre tiendas, eventos y servicios de Multiplaza.

Estas pruebas destacan la importancia de incorporar soluciones tecnológicas en el ámbito de la seguridad y la atención al público. La capacidad de respuesta y adaptabilidad de estos dispositivos a diferentes entornos los convierten en una herramienta clave para garantizar la protección y optimizar la experiencia de los visitantes en espacios de alto flujo de personas.

Jueces, ¿qué pasó con la banda los Rolex?

Escrito por Columnista en Abr 1, 2025. Publicado en Opinión.

Mientras las bandas transnacionales del hampa relojera, como los denominados ROLEXEROS, operan con impunidad en las calles de Colombia, robando, extorsionando y lavando dinero a escala global, el sistema judicial insiste en tratarlas como simples delincuentes de poca monta. Los números no mienten: el 90% de los capturados por robo de relojes de lujo como los ROLEX, cuyos precios oscilan entre 30 y 300 millones de pesos –un negocio que mueve millones de dólares— son liberados en cuestión de días, gracias a jueces que, en su afán garantista, parecen vivir en una realidad paralela, ajena a la inseguridad que ahoga al país.

Es inconcebible que, el nuevo rostro del crimen organizado con estructuras criminales, con conexiones internacionales, abogados especializados en vacíos legales y logística para evadir la justicia, son procesados por jueces que siguen aplicando criterios ineficaces como la «peligrosidad aparente» o el «riesgo de fuga». ¿Acaso no es peligroso un delincuente que forma parte de una red que trafica relojes robados hacia Dubái, Moscú o Hong Kong?, ¿No es acaso un riesgo inminente que, una vez libre, este mismo criminal regrese a las calles a reincidir, como lo hace el 70% de estos bandidos?.

La respuesta salta a la vista: el sistema judicial está fallando. Y lo hace no por falta de leyes, sino por una interpretación miope, casi ingenua, de la realidad. Mientras se exige el máximo deber a la escasa Policía Nacional para que cumpla el deber de capturar a estos delincuentes, los jueces, desde la comodidad de sus despachos, los dejan libres con la parsimonia de quien firma un documento rutinario.

Cada «Rolexero» liberado es un mensaje muy claro de impunidad para el crimen organizado en Colombia, y es que las cifras son estremecedoras, solo 1 de cada 20 casos termina en condena, el 85% de los relojes robados desaparecen para siempre en mercados negros internacionales, y las bandas operan con la certeza de que, incluso si son aprehendidas, en pocos días retornarán armados a delinquir. Pero ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que jueces, anclados en formalismos decimonónicos, subestimen la gravedad de un crimen que ya no es local, sino transnacional?, ¿Hasta cuándo la Rama Judicial ignorará el clamor de una sociedad harta de ver cómo la impunidad se convierte en la norma?.

La preocupación señores jueces es que estamos ad portas de las elecciones nacionales y, refrescando un poco de historia, así empezó El Salvador, cuando el pueblo llegó a su límite por la crisis de impunidad pandillera – solo el 20% confiaba en el sistema – es allí cuando emergió la figura de Nayib Bukele con la propuesta de su mega cárcel “CECOT” (Centro de Confinamiento del Terrorismo), precisamente como respuesta a un sistema judicial percibido como blando y corrupto. Colombia no está lejos de ese escenario. Si los jueces no rectifican, si insisten en priorizar tecnicismos sobre seguridad nacional, serán ustedes mismos los juzgados en las urnas, porque la ciudadanía puede apoyar medidas radicales, aunque generen miles de controversias.

El mensaje no puede ser más claro: la justicia debe modernizarse y asumir su rol constitucional como garante de la seguridad y el orden. Porque advertida está la Rama Judicial que de no rectificar e incursionar por la senda de la auto corrección, serán motivo de confrontación política en el debate electoral que se avecina. También advertidos está los jueces, que de no comportarse como jueces constitucionales (constitución política) y sigan comportándose como jueces atildados, exégetas y petimetres, el pueblo los cambiará en las urnas. Deben ver el bosque completo de las problemáticas de la sociedad y no el árbol simple del inciso y el artículo. Como reza el adagio: «Quien no esté invitado al banquete como comensal, será parte del plato en la mesa».

Luis Fernando Ulloa

Carlos Fernando Galán critica al juez que dejó en libertad a 9 integrantes de la banda ‘Los Relojeros’

Escrito por Confidencial Noticias en Mar 26, 2025. Publicado en Bogotá, Portada.

Tras la decisión de un juez de dejar en libertad a 9 integrantes de la banda ‘Los Relojeros’, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció su respaldo al anuncio de la Fiscalía de apelar la decisión.

“Somos respetuosos de las decisiones de la justicia y apelamos a través de los canales institucionales. En este caso, respaldamos la petición que hace la Fiscalía, dado los elementos probatorios que existen en el caso. Hubo personas que denunciaron estos hechos violentos que pusieron en peligro su vida y ahora estos delincuentes quedaron libres. Una de las prioridades de la política de seguridad de Bogotá y del trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad, la Policía y la Fiscalía ha sido luchar contra las bandas que se dedican, particularmente, al hurto violento”, afirmó el alcalde Galán.

Una de las modalidades de hurto que ha sufrido Bogotá ha sido el de relojes de alta gama y de joyas y son hechos que fueron priorizados para que la Policía y la SIJIN, en llave con la Fiscalía, avanzaran en la captura de los responsables para llevarlos ante la justicia.

El mandatario de la capital del país calificó a la banda criminal como «un peligro para la sociedad».

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, esta red criminal al mando de alias Sangre, tiene cerca de 20 integrantes que de manera violenta robaban relojes de alta gama a sus víctimas. La banda fue desmantelada luego de 10 meses de investigación, en los cuales participaron 8 investigadores, se analizaron 287 horas de video, se realizaron 24 entrevistas, se recibieron 16 denuncias y se efectuaron 14 reconocimientos fotográficos.

“Quien compra uno de estos relojes robados, es tan responsable del delito como a aquel que pone un arma en la cabeza de un ciudadano para robarlo. En este caso, los receptadores quedaron libres y son los que se encargan de ordenar el mercado criminal. Su peligrosidad es de igual magnitud o peor que aquel que opera el arma. A estos individuos en la calle no les cuesta nada volver a instrumentalizar a otros delincuentes y volver a armar la ruta”, añadió el secretario de Seguridad, Cesar Restrepo.

Estos delincuentes que fueron capturados por la Policía y la Fiscalía, operaban en Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Medellín. Cada uno de los miembros tenía un rol específico: marcadores, conductores, perpetradores de los hurtos y receptadores.