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Etiqueta: simón gaviria

Riesgo en Hacienda

El gobierno ha sido definido por la incertidumbre regulatoria, la inversión más baja en una generación, la fuga de capitales y un pésimo recaudo tributario. Aunque los rumores sobre el eminente comunismo del gobierno Gustavo Petro no se materializaron, pero temor sobre su populismo sigue vigente. Los temores de campaña contrastaron con la prudencia de los Min Hacienda hasta hoy, se asumía que la robustez de las instituciones colombianas frenaría cualquier arranque populista. Ahora todo cambia con la llegada de German Ávila, ex militante del M-19, donde la preocupación de los mercados llega a su máxima expresión. Su falta de credenciales en el ámbito económico, sumada a la debilidad política del gobierno, abre la puerta al populismo fiscal, un león herido muerde.

La magnitud del deterioro en finanzas públicas no se justifica en el actual contexto de crecimiento modesto. Sirve mucho el café a cuatro dólares la libra y el oro pasando los US$3.000 la onza para disfrazar el riesgo fiscal que vivimos. Fue tal el desastre de la DIAN en recaudo que, a pesar de un recorte de $28 billones, el gobierno tuvo que recurrir a la cláusula excepcional de la regla fiscal para justificar un déficit adicional de $18 billones. En otras palabras, incluso con un ajuste de $46 billones, los problemas financieros persisten en 2025.

 

Es muy probable que antes de julio perdamos acceso al programa de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional. Igualmente, probable es que Moody’s le quite la última calificación de grado de inversión que le queda a Colombia, como ya lo hizo en mayo con la deuda de Ecopetrol. La brecha entre ingresos y gastos prevista en el presupuesto es de $32 billones, pero se debe, por lo menos, a $25 billones de deudas del año pasado que no se pagaron. Esta pérdida de confianza encarecería aún más el servicio de la deuda, que ya se proyectaba en alza de $94.5 a $112.6 billones. Frente a la negativa del Congreso ante un incremento de impuestos, debió haber ocurrido un ajuste, pero este no se dio. Sin caja suficiente para compromisos, silenciosamente se viene aplazando pagos de gasto no financiero. Ahora comienzo un proceso de reprogramar pagos a obras de infraestructura, otro ejercicio costoso.

La salida de Diego Guevara del Min hacienda es grave porque implica la negación a la magnitud del problema, la responsabilidad fiscal fue castigada por ser neoliberal. Las fórmulas que suenan atractivas en la izquierda, como renegociar la deuda o pagar por conservación ambiental, no son soluciones reales. Claro, a parte de la regla fiscal existe un segundo freno que es el mercado de capitales. Si los inversionistas dejan de prestarle a Colombia, el presupuesto se volverá simbólico, pues no habrá caja para ejecutarlo. Nadie lo dice abiertamente, pero romper la regla fiscal este año, podría llevarnos a un dólar por encima de los 5.000 pesos.

James Carville decía que, si pudiera reencarnar en cualquier persona, elegiría ser el mercado de capitales para así intimidar a cualquiera. El gobierno Petro todavía no ha enfrentado un mercado hostil. Las presiones por ganar las elecciones sin duda son malas consejeras. Por ahora, es mejor que el ministro Ávila vaya desempolvando el inglés porque le va a tocar pasar mucho tiempo entre Washington y Nueva York.

Simón Gaviria Muñoz

Talibán ambiental

Hemos visto a varios líderes de la región utilizar mecanismos democráticos para acabar con la democracia. En la oposición, defienden derechos que, una vez en el gobierno, encuentran inconvenientes. Así ocurre con el ordenamiento del territorio, ahora el Min Ambiente quiere imponer su voluntad en Cundinamarca y Bogotá declarando reserva agrícola toda la sabana rural por la puerta de atrás. Basándose en un documento con sesgo ideológico y sin rigor técnico, pretende imponer la tesis del decrecimiento económico. Esperamos que la nueva Min Ambiente corrija este error, que este atropello, no sea más que una maniobra fallida para fortalecer la aspiración de la saliente ministra a la alcaldía de Bogotá.

Efectivamente, la Ley 388 establece que al ordenar el territorio se debe tener en cuenta variables determinantes de interés nacional como infraestructura, servicios públicos, conservación ambiental, y el riesgo no mitigable. En el reciente Plan Nacional de Desarrollo se añadieron nuevos criterios, como el patrimonio cultural, vías ferroviarias y seguridad alimentaria. Bajo este pretexto, el Min Ambiente se tomo atribuciones propias de Min Agricultura y Min Vivienda, argumentando inseguridad alimentaria en Bogotá para indirectamente reglamentar los POTs y licencias ambientales en Cundinamarca/Bogotá.

 

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Más allá de regular sobre temas ampliamente ya consensuados, este documento presenta serios vacíos técnicos y espíritu activista. Por ejemplo, al decretar la protección de humedales, no distingue los de mayor importancia. Adicionalmente, emplea una escala cartográfica de 1:100000, lo que puede generar errores de delimitación de hasta un kilómetro. Para un ordenamiento territorial preciso, la escala adecuada es 1:2000. En el caso de Bogotá, esto podría afectar el humedal Juan Amarillo, ubicado entre Suba y Engativá, dos localidades cuya población equivale a la de Cali.

El borrador de resolución elimina el concepto de mitigación de la política de riesgos. En este caso, utilizando la escala de 1:25000 determina que todas las zonas de amenaza, aun sin estudios de detalle quedan restringidas. Lo que ocurre usualmente es que la zona de riesgo se delimita a 1:2000 y solo si no se puede mitigar, se declara de protección por el riesgo. Con esta lógica en un país de cordilleras ni Medellín, ni Pereira, ni Manizales serian viables como asentamientos.

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Lo mas extraño de esta nueva regulación es la determinación que toda la ruralidad de La Sabana de Bogotá debe ser una reserva agrícola. En esta locura se inhabilita la posibilidad de nuevas zonas de expansión o vivienda rural, las edificaciones como colegios o puestos de salud en la ruralidad, la construcción de vías terciarias, entre muchas. Esto lo logra modificando el Decreto 3600 para darle jerarquía no solo a las zonas con alto potencial agrícola sino cualquier terreno que pueda sostener agricultura.

 Esta medida desconoce que Bogotá lleva más de un siglo “importando” alimentos de otros departamentos y que la verdadera clave para la seguridad alimentaria del país no está en solo ampliar tierras de cultivo, sino en fortalecer el almacenamiento, transporte, y cadena de frio. Sería más útil mejorar la vía al llano que forzar este desastre regulatorio. Si a Bogotá pueden imponerle la tesis de decrecimiento, cualquier región del país es vulnerable.

Simón Gaviria Muñoz

Arancel pitufo

No hay mejor herramienta en la lucha contra la corrupción que la libertad económica. Los colombianos llevan esperando décadas que cambien los “corazones” de sus conciudadanos gracias al regreso de la “moralidad.” El narcotráfico y su hermano, el contrabando, utilizan utilidades anormales que construye regulación compleja para financiar sobornos y violencia. Mientras tanto varias fuerzas no dejan que la competencia económica elimine las rentas extraordinarias de la corrupción. Entendiendo que esto choca con ciertos aspectos de política comercial, por lo menos se debería acabar la dispersión arancelaria y normativa para pasar a un sencillo arancel plano, hacer la aduana un ejercicio facil y expedito. 

Las aduanas de Colombia son especialmente ineficientes, la última Misión Logística de DNP identificó que, comparada a sus pares de Alianza del Pacífico, las aduanas colombianas se demoran 48 horas adicionales en un trámite de comercio. Nuestra regulación no solo obliga a hacer inspección física a 30% de las mercancías, sino que el 70% de la carga regulatoria es autoimpuesta, no hace parte de tratados internacionales. Existe un laberinto arancelario tan complejo que se podría pensar que está diseñado para contrabandistas.

 

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Con aranceles que oscilan entre el 0 al 40%, Colombia impone aranceles ad-valorem, específicos y mixtos. Hay que entender que muchas veces el contrabando técnico está basado en pagar aranceles para “legalizar” mercancías, utilizando partidas arancelarias de menor costo, sub-facturando, falsificando el origen o declarando volumen incorrecto. Basados en 21 secciones con 95 capítulos, hay un poco más de 10.000 partidas arancelarias en la DIAN. Lo más grave es que, en los últimos 30 años, pasamos de cubrir al 27% de las importaciones con medidas aduaneras no-arancelarias a superar el 80%. Estas últimas causan trámites innecesarios para fortalecer mafias ilegales.

La captura de Diego Marín, alias Papa Pitufo, pone la lupa nuevamente en el contrabando. Claro, tuvo ayuda para que le cambiaran generales incomodos y le nombraran directores de aduana, pero para sobornar tanta gente tenía que ganar mucha plata. No hay que ahorrar esfuerzos de la mano de la Fiscalía y agencias internacionales para auditar, la ruta de por dónde entra el contrabando es la misma por donde sale el narcotráfico.

Si un marasmo de regulación hace que se demore o sea inviable la mercancía legal, mientras la de Pitufo fluye sin obstáculos, su red obtiene rentas extraordinarias. Si, además, los aranceles son altos, la ganancia será aún mayor. Simplificar los aranceles a uno, no solo agilizaría los procesos, sino que limitaría las ganancias mafiosas al fomentar la competencia del sector formal.  Un solo arancel del 7% o 10% seria mortal para pitufo, si hay que no tocar aranceles agrícolas no habría problema. Cualquier avance en simplicidad es fatal para la mafia.

El caso de Papa Pitufo dará mucho que hablar.  Su amplio poder no podría haberse generado solo con la amistad inspectores de aduana. Si esta red colaboro con organizaciones terroristas del medio oriente, tendremos que ver como avanza la investigación. Ojalá que, al estar el tema de aduanas en la mira, se entienda que, además de ser un instrumento económico, es parte fundamental en la lucha contra las mafias.

Simón Gaviria Muñoz

Algoritmos y fe

En una era dominada por pantallas, la Fe enfrenta la inesperada intermediación del algoritmo. La espiritualidad nutrida de reflexión y comunidad, ahora compite con la inmediatez de los ‘likes’ y tendencias. Así como la imprenta facilitó la masificación de la Biblia y su interpretación, las redes sociales están propiciando un renacer de espiritualidad con lo bueno y lo malo. El éxito en las redes no se mide por la calidad del contenido, sino por reproducciones, comentarios y seguidores. En diez años, desde el 2012, el Papa Francisco acumulo 53 millones de seguidores en Twitter, convirtiéndose, según Burson-Marsteller, en el twittero más influyente del mundo. Sin embargo, las largas encíclicas han sido reemplazadas por mensajes de 280 caracteres. Aunque otras visiones también prosperan, no todas altruistas, la dinámica de la fe está cambiando en Colombia. Nuevas comunidades espirituales 100% digitales están floreciendo, aunque su interpretación puede desviarse de la ortodoxia.  

Durante la pandemia millones de fieles se convirtieron en alfabetos digitales para asistir a misas virtuales y estudios bíblicos. Diferentes religiones aprovecharon estos canales para evangelizar, compartir mensajes de esperanza, y conectar a creyentes dispersos por el mundo. En Colombia donde más del 90% de la población se identifica con alguna religión, las comunidades virtuales de oración y reflexión tuvieron especial eco. Los Caballeros de la Virgen tienen más de 400 mil seguidores en Instagram mientras que La Misión Carismática en Bogotá llega a los 210 mil. La evangelización ahora se manifiesta más allá del púlpito, la comunidad es digital.

 

No obstante, las redes sociales están diseñadas para captar la mayor atención posible, optimizando contenido que genere emociones intensas como indignación, tristeza, euforia o deseo. Esto conlleva el riesgo de trivializar o distorsionar lo sagrado para hacerlo más ‘consumible’. En un intento por ser relevantes, algunos predicadores han comenzado a replicar las dinámicas del entretenimiento digital, ofreciendo discursos simplificados con estética de espectáculo. Todos hemos visto videos virales de sacerdotes y pastores bailando en Tik Tok, el mayor despliegue se puede perder con las burlas. En este ecosistema que privilegia lo fugaz y lo escandaloso, figuras como el pastor Andrés Corson logran generar diálogos sobre valores y ética en el entorno digital. Así mismo, la comunidad de Cristovision, liderada por el Padre Ramon, ha extendido el alcance de su canal de televisión. Aunque lo más impactante es el fenómeno del surgimiento de iglesias 100% digitales como Soplo de Vida, que construyen evangelización con comunidad en un contexto digital.

Sobra decir que otras religiones también están expandiendo su alcance, en el judaísmo, por ejemplo, se facilitan desde citas para solteros hasta el estudio del Kabbalah. La masiva expansión de la inteligencia artificial está facilitando la lectura sofisticada de la carta astral, al punto que el partido comunista Chino ha tenido que emitir una circular limitando ciertos usos entre sus militantes. De todo hay.

La Fe no tiene por qué sucumbir al algoritmo. Las redes sociales pueden ser un puente o un abismo para la espiritualidad, dependiendo de cómo decidamos usarlas.

Simón Gaviria Muñoz

Descertificación de EEUU

Es supremamente odioso pensar en el proceso de certificación de la lucha contra las drogas que hace EEUU como una validación moral. EEUU es el mercado de narcóticos más grande del mundo, con costos de drogadicción estimados por el Departamento de Justicia en US$215 mil millones. Si la herramienta policiva es la mas eficaz es un debate para otro día, el hecho es que, con la proliferación de fentanilo, 27.2 millones de estadounidenses (9.7% de la población) enfrentaron problemas de adicción de drogas en 2024, según los centros de adicción de EEUU. Un tema que venia perdiendo relevancia durante este siglo volvió a ser prioridad electoral, EEUU va a dar esta batalla en todos los frentes. El mandato de Trump es claro, si pensamos que superamos la crisis estamos profundamente equivocados.

La certificación fue creada en 1986 en la ley de ayuda extranjera de EEUU, bajo la histeria de la epidemia de crack. Actualmente, solo tres países no pasan la prueba: Venezuela, Bolivia y Myanmar. La consecuencia inmediata de una descertificación sería la suspensión de la ayuda humanitaria y militar de EEUU hacia Colombia, que se espera en US$413 millones en 2025. A pesar de los problemas fiscales que enfrenta el país, podemos manejar esta situación, incluso también la pérdida del estatus de major non-nato ally que hoy gozamos. Sin embargo, lo grave serían los aranceles y trabas aduaneras que podrían imponernos. Recientemente no bajo la bandera de proteccionismo sino por no cooperar en la lucha contra el fentanilo, EEUU impuso aranceles del 10% a China.

 

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En instancias formales e informales, se menciona la inevitable descertificación de Colombia antes de septiembre. Incluso cuando se logró el año pasado, se notó favoritismo diplomático dado la falta de resultados. Se mencionó el crecimiento exponencial de las hectáreas sembradas de coca, que se estimaba en 250 mil, pero que ahora podrían superar las 300 mil. La validación de los esfuerzos era más bien una apuesta filosófica que enfrenta una respuesta holística versus la tesis del garrote. Si el gobierno está ejecutando el power point que le vendió a EEUU en departamentos como Cauca, claramente no está logrando los resultados esperados. Todo viene en deterioro.

La administración Trump no tiene paciencia ante la falta de resultados, a menos de que se realice un esfuerzo diplomático descomunal mas genuinos resultados, será muy difícil revertir la situación. Esto podría incluir el nombramiento de un nuevo embajador o un enviado especial a Washington en quien confíen los Republicanos, así como la dedicación semi-exclusiva de la Canciller y un compromiso material del nuevo Min Defensa. En complemento, las obras oratorias como las del presidente en Naciones Unidas y Europa se deben suspender. Los problemas se pueden resolver, pero debe haber voluntad para abordarlos.

Con exportaciones a EEUU que alcanzan los US$14,337 millones, estos aranceles podrían ser destructivos. El daño seria especialmente dañino para sectores como el café, flores, aguacate, o el banano que gozan de márgenes apretados. Así el gobierno piense diferente a Trump, debe hacer lo posible para pasar la tormenta. Esa sensibilidad diplomática del gobierno para no ofender ni a Venezuela ni a Rusia, podríamos usarla en EEUU.

Simón Gaviria Muñoz

El desastre en tv

En la historia reciente del país, ningún evento público del gobierno había causado tanto daño a su imagen como el consejo de ministros televisado. Lo que normalmente es una obra de teatro aburrida y cuidadosamente coreografiada, aquí se convirtió en un espacio de denuncia, insulto y traición. Mientras el desastre ocurría en vivo y directo, cientos de miles de personas sintonizaban sus televisores. En las redes sociales, se especulaba en tono de broma si los canales privados tendrían la oportunidad de ofertar por los derechos exclusivos de transmisión. Es probable que en sectores de izquierda se sienta una gran frustración: tras décadas de lucha por el poder, salir con este desastre. Cada vez es más evidente que el proyecto progresista será solo un fenómeno de un periodo presidencial, la única esperanza política será apoyar a un candidato en segunda vuelta para ver qué queda vivo.

No tengo claro si las denuncias sobre los vínculos del gobierno con alias Pitufo son ciertas o son un montaje para perjudicarse mutuamente, pero la situación no pinta nada bien. Las autoridades nos darán claridad sobre el asunto, pero la narrativa de superioridad moral que el Pacto Histórico utilizó en las últimas elecciones ya no estará presente. La exministra de Ambiente fue la que mejor expresó esta frustración, a pesar de creer en las ideas del gobierno, le resultó imposible continuar como funcionaria. Es el típico ejemplo de un gobierno que hace campaña con un discurso, pero gobierna con otro.

 

Independientemente de la óptica moralista sobre estos años de petrismo, es difícil argumentar electoralmente que lo que necesita Colombia es continuidad, cuando los retrocesos económicos son tan evidentes y el deterioro del orden público es profundo. Esto se vuelve especialmente crítico si se confirma el rumor del hueco fiscal, el cual podría superar los $50 billones, esta realidad solo ofrece decisiones políticamente difíciles. Un mensaje de más de lo mismo será perdedor, como lo ha demostrado la experiencia electoral de la última década, Colombia anhela un cambio. Si ese cambio es ideológico, si el país busca a alguien con más experiencia o quiere a un “outsider”, eso aún está por definirse.

Ante esta realidad, es difícil pensar que el Congreso apruebe alguna de las reformas propuestas por el gobierno, especialmente si ninguno de los ministros que las redactó está presente para defenderlas. Además, muchos de los colaboradores “moderados” que se “sacrificaron” en los ministerios para “moderar” el tono de gobierno están renunciando para aspirar a la presidencia o al Senado. Bien haría el Congreso si además de frenar estas reformas innecesarias, ejerce un mayor control político, que ha estado notablemente ausente durante este periodo.

Con el tiempo restante, es altamente improbable que se pueda construir un argumento de continuidad en la Casa de Nariño. También es difícil que nuestras cortes y fuerzas armadas apoyen cualquier intento de romper con la Constitución. Los tiros a tres bandas de suspender elecciones tampoco tienen cómo prosperar. El enfoque nacional será que esto acabe de la mejor manera posible, ayudar si hay esfuerzos de responsabilidad fiscal. Aunque las instituciones han salido lastimadas, ofrecieron el contrapeso correspondiente frente los excesos. Colombia sí tiene futuro.

Simón Gaviria Muñoz

Integración servicios públicos

Las leyes 142 (saneamiento básico) y 143 (energía) son los pilares de la profunda transformación de servicios públicos en Colombia de los últimos 30 años. Permitieron la transición de la ineficiencia politizada, a un modelo de Estado regulador que incentivó la inversión en cobertura y calidad. Su eje central fue la promoción de la competencia, entendiendo que los monopolios sin control, sean públicos o privados, perjudican al consumidor. Adicionalmente, los pírricos presupuestos estatales, no alcanzaban para subsanar décadas de sub-inversión. Los avance tecnológico demandan más inversión y competencia no menos. Con convergencia de telecomunicaciones, energía, y agua en retos de acceso de ultima milla física en el hogar y ultima milla digital en el celular, es hora de coordinar mejor la regulación.

El impacto positivo es indiscutible. Según datos de Andesco, entre 1990 y 2023, las coberturas en millones de usuarios aumentaron de manera exponencial: energía 4.023%, gas domiciliario 62.500%, acueducto 3.884%, alcantarillado 4.057% y aseo 4.843%. Este crecimiento alcanzó, en muchos casos, coberturas cercanas al 97%-99%, siendo la ruralidad extrema el mayor obstáculo para una mayor expansión. Además, bajo los principios de estas leyes, surgieron sectores como internet fijo, telefonía móvil y televisión paga, desarrollados sin necesidad de recursos públicos. Al pasar de empresario a regulador, el Estado logró que actividades que antes generaban pérdidas ahora contribuyan con casi el 11% del total del recaudo tributario.

 

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La regulación del futuro debe abordar desafíos emergentes como el despliegue de infraestructura 5G, la disminución de pérdidas a través de medidores inteligentes, o la promoción de ciudades inteligentes. La última milla es crítica y la coordinación entre la CRA, CREG y CRC es fundamental, no pueden avanzar cada una como rueda suelta. Estas entidades deben alinearse para gestionar la creciente interdependencia entre servicios: la facturación de energía asegura la viabilidad de servicios de aseo o la compartición de infraestructura de ciudades inteligentes. El futuro es convergente, pero persisten retos.

La crisis energética en el Caribe contrasta con los avances logrados por regiones con menores entornos de desarrollo. Las inversiones necesarias para salvar esta región, son tan significativas que solo dos empresas públicas (Pereira y Medellín) asumieron el riesgo, a costa aumentar los privilegios para las empresas previas a la Ley 143. La competencia se puede incentivar si se garantizan condiciones de igualdad, todos en la cama o todos en el suelo, y evitando la peligrosa influencia de la información privilegiada.

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En su momento, la poderosa bancada antioqueña no permitió a separar las funciones de generación, distribución y transmisión. La privatización parcial de las de empresas municipales otorgan a privados ventajas no razonables en el espacio publico. Propuestas de expandir el conglomerado de Ecopetrol a lo divino y lo humano generan mas preocupaciones. Cualquier actualización que regula la convergencia debe profundizar la inversión y la competencia. Antes de hablar de fusionar las comisiones de regulación, una vez el presidente logre nombrar la CREG, estas podrían empezar a hacer reuniones de coordinación de agenda regulatoria.

Simón Gaviria Muñoz

Rey dólar

En los últimos 6 meses, el peso colombiano se ha devaluado cerca de un 10% frente al dólar, mas o menos de $4.000 a $4.400. Así como hay un “descuento Petro”, también en EEUU la fortaleza del dólar tiene explicación: Trump. Sus políticas proteccionistas y tributarias son revaluacionistas. Desde junio, en plataformas de apuestas como RealClear Polling, Trump tomó la delantera, alcanzando un pico después del atentado que solo se freno las dos semanas después del anuncio de Kamala. Los inversionistas apostaron a las consecuencias de la presidencia de Trump, desde que punteo en las encuestas se empezó a fortalecer el dólar.

Los mercados celebraron la designación de Scott Bessent en el Tesoro y Howard Lutnick en Comercio, ambos con hojas de vida admiradas, inspiran la confianza de voces tranquilas en el gobierno. Cabe destacar que, en 2024, Bessent advirtió que el aumento de aranceles comerciales sería inflacionario y conduciría a “revaluar el dólar, lo que sería contraproducente para un renacer industrial.” Aunque este comentario lo podría hacer un estudiante de primer semestre de economía, toma especial connotación cuando es pronunciado por el prospectivo Secretario del Tesoro. Refuerza la teoría que la amenaza de incrementos arancelarios será utilizada, pero no de manera arbitraria sino de manera táctica.

 

Durante estos seis meses, mientras el peso colombiano perdió 10% frente el dólar, el peso mexicano cayó un 18%. Aunque existe la posibilidad de que EEUU imponga aranceles a México, parece más probable que Trump exija aumentar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, y especialmente en frenar la inmigración ilegal. Es difícil pensar que EEUU pueda librar una guerra comercial contra China, abriendo un segundo flanco contra Canadá y México. Durante la presidencia anterior de Trump, la presión política sirvió para actualizar y mejorar el acuerdo comercial de Norte América. Después la elección y nombramiento del gabinete, el peso mexicano lleva un mes estable.

En el contexto colombiano, durante la administración Duque, Colombia cometió el mismo error de Petro, tomar partido en las elecciones de EEUU, perdimos margen de maniobra frente a Biden aunque eventualmente nos recuperamos. Esta vez será mas difícil, la postura actual del gobierno colombiano frente Israel y su neutralidad frente a Rusia, agravan la situación. En el mejor escenario, Argentina podría reemplazar a Colombia como el aliado más cercando de EEUU en América Latina, con los consecuentes recortes en cooperación y inversión. En un panorama más pesimista, la enemistad personal entre Petro y Trump podría involucrar a Colombia en la presión total que se impondrá sobre Venezuela.

El comportamiento del dólar refleja más la fortaleza de la economía estadounidense que una debilidad del peso colombiano. El proteccionismo impulsado por Trump, sin duda, tendrá un efecto de revaluación del dólar frente a todas las monedas. Además, se vuelve evidente que la tasa de impuestos del 21% de EEUU tendrá 10 años más de vigencia. Digamos lo que digamos, el brillo de invertir en Colombia cada vez es menor, especialmente cuando el impuesto en EEUU es menos de la mitad que el colombiano. Una dosis de libertad económica podría no solo fortalecer el peso, sino también impulsar el crecimiento del país.

Simón Gaviria Muñoz

Mercado de esmeraldas

La historia esmeraldera esta marcada violencia y grupos al margen de la ley. Aunque nuestra riqueza es incomparable en esmeraldas, esta no se refleja ni en Boyacá, su principal productor, ni en el resto del país. Se pensaba que las aguas turbias del sector eran cosa del pasado, pero el sicariato del esmeraldero Pedro Aguilar revivió los fantasmas. A pesar de esto, la reciente subasta internacional anual de esmeraldas organizada por Fura Gems ofrece esperanza. Este evento no solo generó ventas por más de US$35 millones, sino que rentablemente pago IVA y regalías. Se requiere transformar el sector, la informalidad lleva frenando su desarrollo, debe convertirse en un gran negocio a pesar de las fuerzas que no dejan.

Colombia es la potencia mundial de esmeraldas, seguida por Zambia, Brasil y Rusia. Produce el 35% del mercado global, el 81% de las de alta calidad y el 95% de mas alta gama. Sin embargo, solo el 20% de estas piedras se cortan y pulen en el país, eso sí, con altísima calidad, pero India es el líder de lejos. La facilidad del sector para el lavado de activos y contrabando construyen fuerzas para la generación de valor agregado. En Colombia deberían desarrollarse no solo las mejores técnicas de corte, sino la joyería más prestigiosa de esmeraldas del mundo. Esfuerzos para formalizar a través de denominación de origen del gobierno Duque fueron frenados por la SIC por temor a la protesta social.

 

Con frecuencia, lo único que queda para el país son piedras preciosas escondidas en el pantalón de un viajero escapándose por El Dorado. Según Fedesmeralda, las exportaciones oscilan entre US$100-150 millones anuales. Sin embargo, otras fuentes, como Resourcetrade.earth, estiman que las ventas internacionales podrían duplicar esas cifras. Las regalías apenas alcanzan los US$2.33 millones, ya que, solo son 449 contratos de concesión minera vigentes, solo 250 están en producción. Se estima que la informalidad sectorial podría superar el 60% del mercado, aunque la verdad nadie lo sabe.

Genera esperanza la Resolución 759 de la Agencia Nacional Minera, que permitirá el lanzamiento de la Plataforma de Trazabilidad de Minerales. Este sistema, abarca desde la extracción hasta la comercialización, unifica plataformas como el RUCOM y GENESIS, permitiendo la trazabilidad. Además, de facilitar certificación de origen, una herramienta clave para construir una marca de país, se requiere certificar en sostenibilidad, calidad, y derechos humanos. Si la esmeralda colombiana, cuyo precio superara en un 50% quilates similares de Zambia o Brasil, tuviera una certificación nacional simplificaría la comercialización internacional. Incluso, algo como un Juan Valdés esmeraldero también sería útil.

El poder político del sector esmeraldero históricamente protege la informalidad, en algunos casos, la ilegalidad. No permitir la creación de estándares le acabó haciendo daño al largo plazo. Con herederos sofisticándose y la llegada de jugadores internacionales, se abren oportunidades de valor agregado. El desarrollo de una industria de renombre tiene un enorme potencial, que podría ampliarse con el incremento del turismo: Porque no regalar anillos de esmeraldas en vez diamantes de compromiso. Al final del día, no todo lo que brilla es oro, pero puede ser hasta más valioso.

Simón Gaviria Muñoz

Descentralización responsable

Para quienes creemos profundamente en la descentralización, el acto legislativo que aumenta el porcentaje de recursos para las regiones es positivo, la falta de detalles es lo que preocupa. Gustavo Bolívar, con quien esta columna muchas veces no esta de acuerdo, hizo una reflexión acertada en entrevista con El Tiempo: “primero tendríamos que haberles entregado competencias a los municipios y después decidir el impacto. Se está haciendo al revés.” Mientras se anuncian recortes del 50% para la entidad de superación de la pobreza, se promueve la repartición de casi $45 billones sin claridad sobre su destino. Esto podría tener consecuencias como una nueva mega reforma tributaria o la no aplicación de la reforma. Sin duda, será útil para las campañas de los ministros de Petro cuando aspiren a la presidencia, el problema nos queda a los demás.

La reforma al SGP busca aumentar las transferencias a las entidades territoriales que hoy son cerca del 25% de los ingresos corrientes de la nación, estimados en $280 billones para el próximo año, a una regla definida del 39.5%, un 7.0% por debajo de la fórmula de la Constitución del 91. Hasta ahí bien, la crítica de muchos es que se aprueba un monto para que después en una ley estatutaria se defina su distribución. Dado que la reforma se presenta como fiscalmente neutra, es decir, que solo se trata de un ejercicio contable, en el que un gasto de la Nación se convierte en gasto de las entidades territoriales, en la práctica nada cambia. También literalmente se le prohibiría al gobierno nacional concurrir con inversión en salud, educación y saneamiento básico.

 

Filosóficamente, uno creería que en Antioquia conocen mejor los problemas del departamento que en una oficina de Bogotá. Sin embargo, esta afirmación debe evaluarse con resultados: si una entidad territorial demuestra mejoras en su desempeño, debería tener más descentralización, de lo contrario el gobierno nacional debe ejercer mayores controles. Esto es especialmente verdad, en una constitución municipalista, como es la colombiana, en la que los departamentos podrían solucionar falencias en los entornos de desarrollo de alcaldia. Igualmente, estos podrían ayudar a materializar economías de escala en costos administrativos beneficios para las alcaldías.

Ahora bien, mientras los recortes en el 2025 al presupuesto podrían alcanzar los $30 billones, comprometer un nuevo gasto por razones filosóficas, no parece sabio. Cerca del 80% del presupuesto de Colombia es inflexible (deuda, salarios o vigencias futuras que deben pagarse), por lo menos, es poco probable que lo entiendan las familias que van a perder su Renta Ciudadana y el bono de adulto mayor. Muchos con escepticismo, creen que al transferir estos recursos se generará un hueco fiscal que requerirá mayores impuestos.

Ponerse de acuerdo en repartir recursos no es fácil, décadas después, varias leyes contempladas en la Constitución no han sido aprobadas. La implementación de este Acto Legislativo, sin claridad en el gasto, podría vulnerar la regla fiscal. Ya el Min Hacienda envió un concepto negativo al proyecto y ahora se afirma que el proyecto no tiene costo. Es un debate interesante, ojalá los ministros que lo promuevan no lo dejen tirado en búsqueda de aspiraciones presidenciales. 

Simón Gaviria Muñoz

Negocio de los influencers

Andy Warhol decía que cada persona sería famosa por 15 minutos, pues ese futuro llegó para los influencers. Este anglicismo referencia personas que influyen sobre los gustos de otras a través redes sociales. Los principales influencers colombianos son los exitosos en su trabajo con millones de seguidores: Shakira (89.7), Karol G (66.7), James Rodriguez (52.0), etc. En estos rankings empiezan a aparecen famosos cuya notoriedad proviene de ser famosos: Anllela Sagra (25.0), Carmen Villalobos (22.5), Borrego (20.0), etc. Sus comentarios, recomendaciones y vivencias, gozan de una audiencia cautiva. Están cambiando el mundo de los negocios, la publicidad, y ahora hasta la DIAN los tiene en la mira.

Previo a las redes sociales, los colombianos compartían sus experiencias culturales. Recuerdan las voces de Yamid Ammat y Juan Gossain, las telenovelas del Canal Uno y el Canal A, pero también Betty La Fea. Solo se podía ver caricaturas los sábados por la mañana y las novelas después del noticiero. El esquema de ajustarse al horario específico del contenido, murió con las redes sociales. Para gastronomía Tulio Recomienda, en bienestar Silvana Araujo, en belleza siguen a Pautips, se apasionan con la vida de Calle y Poche, en tecnología Charlie Álvarez, y Christian Byfield para turismo. Hoy las redes permiten información específica de comunidades especializadas en cualquier momento.

 

En Colombia por lo menos 645 mil personas se identifican como creadores de contenido, según Influencity, aunque no todos monetizan, si construyen comunidad. En EEUU, por lo menos 57% de la Generación Z dice querer ser un influencer. El crecimiento en Colombia es efervescente, donde después de Brasil, es el segundo país de la región con mayor inversión en influencers. El crecimiento se explica no solo por su visibilidad sino por su eficacia, un estudio de Influencer Marketing Hub mostró que cada peso invertido genera 5.78 pesos de ventas. El poder del testimonio de un personaje de confianza a una audiencia focalizada resulta más rentable que la publicidad generalizada, cuento dure esto no es claro. 

Para efecto de negocios se clasifican por seguidores nanoinfluencers (menos de 10k), microinfluencers (10k-100k), macroinfluencers (100k-1m) y los megainfluencers con más del millón ya tienen otras categorías. Mientras un nano puede cobrar $500 mil por cada campana, el macro puede estar en los $10 millones. Ya los megas cómodamente superan los $50 millones. No es solo comunicarse con mucha gente, es la confianza que ellos generan. La tendencia en EEUU es que de la torta publicitaria de los influencers que tienen menos de 20k seguidores en los último tres años paso del 20% al 45% del total.

De invertir tan solo $8.757 millones en 2019, las campañas reportadas de influencers en 2023 sobrepasaron los $117.563 millones en Colombia. Con un crecimiento anualizado del 77% durante 2023, muchas campañas o se pagan de manera informal o en especie, el monto podría ser mucho más alto. Se estima que, en 2024, con la adopción masiva de varias corporaciones, sobrepase los $300 mil millones.  No en vano la DIAN está poniendo la lupa en el sector auditando los ingresos de más de 40 influencers. Hay que cumplir las reglas, pero ojalá la nueva regulación no mate la innovación.

Simón Gaviria

La COP 16

Siempre es una victoria que distinguidos invitados internacionales vengan al país. Esta vez, el gobierno nacional escogió mostrar al pacífico. Cali como ciudad anfitriona, promete brillar con el calor de su gente y riqueza cultural. Eso sí, está por verse qué tanto le va a servir a Colombia la conferencia para promover sus intereses. Aunque se esperan importantes anuncios alineados con esta, la postura hostil de Colombia frente a soluciones ambientales con financiación privada limita los logros. Las ideas de reemplazar la institucionalidad internacional por una nueva liderada por el “Sur,” es probable que no arranque. Es muy importante que de la COP 16 queden más que lindos recuerdos.   

El sistema de Conference of the Parties (COP), liderado por Naciones Unidas, puede resultar confuso porque hay 14 diferentes tipos. En materia ambiental, la COP “famosa” es la de cambio climático, cuya edición 29 será realizada en Bakú, Azerbajan en noviembre. Además, hay otras COP sobre temas ambientales como desertificación y humedales. En Cali se llevará a cabo la COP 16 de la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD). Es natural que se escoja a Colombia para ser sede, pero no por razones históricas ni por emisiones actuales somos protagonistas del cambio climático, sino por ser una superpotencia en biodiversidad, al ocupar el segundo lugar después de Brasil.

 

Después del gran éxito en Montreal de la COP 15, donde se lograron 23 metas específicas para preservar la biodiversidad, en Cali se espera lograr dos grandes acuerdos: un mecanismo justo para acceder a la riqueza genética de zonas biodiversas y un mecanismo de seguimiento a los US$200 mil millones previstos para causas de conservación hasta 2030. El movimiento por la protección la biodiversidad está entre 10 y 15 años de madurez de lo que se ha logrado en cambio climático, lo que podría significar que, con el adecuado incentivo regulatorio, proteger la biodiversidad no solo sea un ejercicio en caridad sino de desarrollo económico para Colombia.

Para efectos de cambio climático, la conversación es más sencilla ya que hay un propósito objetivo sobre calentamiento global y un modelo científico robusto sobre gases efecto invernadero. Es fácil, por ejemplo, saber, que una tonelada de metano es treinta veces más contaminante que de dióxido de carbono.  En cambio, en biodiversidad es más subjetivo determinar si la existencia de una mariposa es más o menos valiosa que el micelio. Y aunque hay estimaciones sobre los servicios ecosistémicos, no es tan claro si vale más un km de Amazonas o de la Gran Barrera de Coral. Aun con estos desafíos están surgiendo los primeros créditos de biodiversidad, donde se estructuran proyectos y se paga por resultados en conservación. Entendiendo el escepticismo contra los instrumentos de mercado que tiene el gobierno Petro, este mecanismo no solo fortalecería la conservación, sino que sería una oportunidad de desarrollo.

Los mecanismos de canje de deuda por conservación no son aplicables para países de renta media como Colombia. La idea de mendigar caridad para lograr conservación tiene límites. Con buen seguimiento, transparencia financiera, prosperidad compartida con comunidades, se podría salvar la biodiversidad del planeta y en el proceso traer desarrollo económico para muchos.     

Simón Gaviria Muñoz

Hipocresía de sangre

En Colombia está prohibida cualquier tipo de retribución por donar sangre, no se permite rifas, alimentos, ni publicidad. Si bien es entendible la preocupación por evitar incentivos perversos, como es el caso de los órganos, Colombia se destaca como uno de los países más restrictivos del mundo en cuanto restricciones para donación de sangre. A pesar de nuestras altas tasas de violencia y accidentalidad vial, no hay medidas efectivas para combatir el déficit estructural de oferta de sangre del país. Mientras tanto, EEUU se ha convertido en el líder global de venta de productos sanguíneos, generando US$37 mil millones, con lo cual supera sus exportaciones de carbón y oro. Colombia debería permitir compensaciones económicas por las donaciones de sangre, no solo para cubrir su déficit interno, sino también para exportar a otros países.

Según la revista The Economist, el 80% del plasma global proviene de solo cinco países: EEUU, Austria, la Republica Checa, Alemania y Hungría, en donde los debates filosóficos sobre la posibilidad de pagar por donaciones de sangre se resolvieron rápidamente. La extracción es un proceso sencillo: se separa el plasma y se devuelve el resto al cuerpo, sin causar daño, ya que el organismo repone naturalmente el impacto de la transfusión. Según centros de CSL Plasma, un donante en EEUU puede recibir ingresos mensuales de entre dos y cuatro millones de pesos, en España la cifra es cercana a 1.3 millones de pesos. Claramente, el incentivo económico motiva la gente a donar.

 

La Ley 919 de 2004 impuso sanciones penales por la remuneración en donaciones de sangre, a pesar de que varios decretos y resoluciones ya reglamentaban el tema.  Esta legislación se motivó por la complejidad ética de que alguien, por necesidad económica, pudiera ofrecer parte de su cuerpo, como órganos, que le causaran daño permanente, Además, fue influenciada por cadenas de correos de historias macabras de robo de órganos.  Sin embargo, es difícil entender por qué se incluyó la sangre en estas restricciones. Ofrecer dádivas por una donación de sangre puede conllevar de tres a seis años de cárcel. No es un buen uso de la policía ni del aparato judicial estar tratando de meter a un médico preso por regalar una camiseta a un donante.

Actualmente, Colombia produce menos de un millón de “pintas” (unidades de 450 ml) de sangre, mientras requiere 1´450.000 basado en su población. Y eso que este monto está basado en la dificultad de conseguir plasma para diferentes terapias, si existiera suficiente disponibilidad, probablemente su uso médico aumentaría. En el caso de que se permitiera aumentar la producción de sangre en el país, sería razonable obligar a satisfacer la necesidad nacional antes que exportar. Durante el Covid-19, se disparó la demanda de sangre y la imposibilidad de donar colapsó los inventarios globales. Fue tan grave, que Italia y Francia anunciaron racionamientos.

Es muy fácil ser más papista que el Papa y oponerse a todo. La oportunidad de tener más insumos médicos para abaratar costos y dar mayor flexibilidad a los médicos tiene sentido. También existe una gran oportunidad económica para muchos ciudadanos. Puede que sea hora de acabar la hipocresía en sangre, le podemos competir a EEUU y Alemania, por lo menos en esto.  

Simón Gaviria

No a la tributaria

Desde la aprobación del Decreto 444 en 1967, nunca se le ha negado un presupuesto al gobierno. Eso sí, cuando las comisiones económicas rechazan el monto del presupuesto, debe interpretarse como un mensaje en contra la reforma tributaria. Cuando un gobierno quiere aumentar impuestos, agiliza el trámite si presenta una ley de financiación en el marco de un presupuesto desfinanciado, lo que da un mensaje de urgencia y vincularla a las comisiones IV. Existe consenso en que un incremento de impuestos desaceleraría aún más la economía. Además, aunque la poesía presupuestal es valiosa, con una ejecución de la inversión de solo el 35.7% en agosto, no es claro el uso de los recursos. Lo mejor sería, como dice el Congreso, recortar el presupuesto en $12 billones y no hacer tributaria.

Claro, la reforma tiene dulces que ameritarían destacarse en otra columna: una reducción de impuesto de renta corporativa, la mejora del precio base del carbono y la posibilidad de tranzar beneficios tributarios de inversión en renovables. Sin embargo, incomoda el aplazamiento de la entrada en vigencia de la regla fiscal, lo cual abre espacio a un déficit adicional de $5 billones. La reforma no se necesitaría si el gobierno hubiera tomado decisiones acertadas en materia de gasto. Tampoco lo sería si no se hubiera empecinado en espantar la inversión privada, problema que agrava en el texto propuesto. No existe ningún choque externo que justifique la reforma, todo es daño auto infligido.

 

Es cierto que el gobierno Duque dejó a Petro con dos bombas fiscales: el ajuste del plan de beneficios de salud y los subsidios a los combustibles. En el primer caso, al final de su mandato, Duque amplió los beneficios de salud sin tomar en cuenta la sostenibilidad financiera del sistema, solo los deseos de mejorarlo. Sin que estuviera el adulto responsable en la conversación, Min Hacienda, desestabilizó el sector. El afán del gobierno Petro de reformar el sistema agravó el problema, ya que cada vez que interviene una EPS, le toca asumir sus pérdidas. Esto le puede costar $12 billones.

En el tema de combustibles, el gobierno tuvo la oportunidad de corregir la política desde el principio, pero solo lo hizo para la gasolina. La corrección del diésel, la dejó para después de las elecciones regionales por razones políticas, donde de todas maneras el partido de gobierno tuvo el peor resultado en la historia del país. A penas trató de hacer el ajuste, el gobierno se asustó con los paros y claudicó. El subsidio al diésel, junto con la congelación de los peajes y el subsidio del SOAT, suma unos $16 billones. Estos subsidios están mal focalizados y contaminan, existen mejores usos para esos recursos, uno de ellos es no hacer una reforma tributaria.

El daño contra el ambiente de inversión ha sido ampliamente discutido en estas columnas. Resumen la inversión como porcentaje del PIB es la más baja en 20 años. Repito, todos estos daños son autogoles del gobierno. En sectores como energía o vivienda, donde no era necesario intervenir, todos los cambios hicieron daño. Hay tanto gordo para recortar que no tiene sentido subir impuestos. Igual, este presupuesto ya se hundió legalmente hablando. Y la plata que hay, ni si quiera se ejecuta, no es el momento para una tributaria.

Simón Gaviria

Vainilla en Colombia

Un artículo de The Economist del 8 de agosto pasó desapercibido en Colombia, a pesar de vaticinar un boom en la producción de vainilla en el país. Promocionado por la Agencia Suiza de Cooperación, el pacífico colombiano está redescubriendo sus variedades de vainilla. En el Chocó, este producto, conocido localmente como “quereme”, por su exquisito olor, se destaca como un recurso forestal no maderable y simbiótico con la protección de la biodiversidad. A pesar de esfuerzos menores realizados por la Agencia de Desarrollo Rural ($500 millones), no existe una política estatal agresiva para su promoción. No es coincidencia que, para el mes de septiembre, el Min Agricultura solo haya desembolsado solo el 18.3% de los recursos asignados. Aunque se le abona al gobierno que el sector agrícola haya dejado de ser la “cenicienta” del presupuesto nacional, de poco sirve si los recursos no se ejecutan.

En el mercado global de alimentos, la vainilla es un producto esencial para saborizar, y su aroma es altamente codiciado. Es la segunda especia más costosa después del azafrán, con un mercado mundial que alcanzó los US$ 292 mil millones en 2023, y se espera que crezca a US$437 mil millones para 2031. Aunque la flor de la vainilla es originaria de América Latina, el 80% de la producción proviene de Madagascar. Dada la mayor exigencia por productos de calidad y orgánicos, los campesinos chocoanos están vendiendo el kilo a $2.5 millones. La fuerte demanda internacional asegura que la producción disponible encuentre compradores fácilmente, sin necesidad de deforestar.

 

El artículo en referencia, menciona que la variedad planifolia del pacífico colombiano es polinizada por abejas, lo que le da un olor especial. Se lamenta que, a pesar de la demanda evidente, hace falta capacitación, financiación, vías terciarias, y vocación comercial. Una empresa francesa de fragancia requeriría, por ejemplo, una tonelada de producto inmediatamente, pero la intervención estatal, que debería ser integral, es insuficiente. Es verdad que la ejecución contractual de Min Agricultura es de 50.7%, pero al no ocurrir en territorio, los recursos se quedan durmiendo en fiducias.

Si bien el propósito del gobierno de lograr una reforma agraria es loable, su lentitud es evidente. Aunque el gobierno cita a Corea del Sur como ejemplo de una reforma rural exitosa, las diferencias en el sistema judicial y el historial de violencia de Colombia hacen que las comparaciones sean poco realistas. No es razonable esperar que las cooperativas de vainilla logren imponer condiciones a los compradores por sí solas. Sería mucho más efectivo garantizar la calidad y el suministro de la cadena productiva, para garantizar contratos justos de largo plazo.

El renacer de la vainilla colombiana es una noticia prometedora. Aunque el gobierno podría hacer mucho más para impulsar este desarrollo. La certificación de origen debería ser algo en trámite. Agrosavia, la entidad estatal de investigación agrícola podría profundizar en estudios sobre las variedades colombianas y sus técnicas de producción. El huracán que afectó a Madagascar en 2023 obligó al mercado global a buscar alternativas, y Colombia tiene el potencial de convertirse en un productor clave, aunque solo el tiempo lo dirá.    

Simón Gaviria