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“El deber de todo cristiano es ser revolucionario, y el deber de todo revolucionario es hacer la revolución.” Cuando Camilo Torres escribió estas palabras en 1965, no estaba apelando a una consigna romántica, sino a una ética radical: el amor debía ser eficaz. No bastaba con compadecer al pobre; había que transformar las estructuras que producían pobreza. Si el amor no cambiaba la historia concreta de los pueblos, era un gesto vacío.

Hoy esa pregunta vuelve a interpelarnos, pero en escenarios marcados por la financiarización de la vida y la mercantilización del territorio. El amor ya no se juega solo en discursos espirituales, sino en el derecho a permanecer en la tierra propia. En Puerto Rico, el grito caribeño de Bad Bunny denuncia cómo el capital extranjero compra casas, playas y beneficios fiscales mientras miles de puertorriqueños migran porque no pueden pagar el costo de vivir en su propia isla. No es solo música: es una denuncia del colonialismo financiero que convierte el paraíso en activo de inversión.

La historia no es nueva. Jesús nació bajo ocupación romana, en una economía que exprimía a campesinos mediante impuestos imperiales y concentración de tierras. Su familia, según el relato evangélico, huyó a Egipto escapando de la violencia política. Era una familia desplazada. El imperio no solo dominaba militarmente; reorganizaba la vida económica y decidía quién podía subsistir. En ese contexto, las bienaventuranzas eran profundamente políticas. Su crucifixión no fue un accidente espiritual, sino la sanción reservada para quienes incomodaban el orden establecido.

Hoy no hay cruces en plazas públicas, pero hay desalojos legales. No hay legiones romanas, pero sí fondos de inversión comprando barrios enteros para alquileres de corta estancia. La gentrificación es el nuevo éxodo: desplaza sin espadas, pero con contratos; no arrasa con fuego, sino con incrementos de renta.

Puerto Rico ilustra esta realidad. Tras la crisis de deuda de 2015 y la imposición de la Junta de Control Fiscal mediante la ley PROMESA, las decisiones económicas estratégicas quedaron limitadas por intereses externos. Incentivos contributivos atrajeron inversionistas mientras aumentaba el costo de la vivienda. Después del huracán María, la reconstrucción profundizó desigualdades y miles migraron. El paisaje sigue siendo hermoso, pero cada vez menos accesible para quienes nacieron allí.

Hawái ofrece otra imagen del mismo fenómeno. Anexionado por Estados Unidos en 1898 tras el derrocamiento de su monarquía, fue transformado en destino turístico global. Hoy el turismo es uno de sus principales motores económicos, pero también ha encarecido la vivienda y desplazado a comunidades nativas. La cultura se convierte en espectáculo; la naturaleza, en experiencia premium; la tierra, en mercancía. El paraíso se administra como producto, mientras quienes lo habitan enfrentan altos costos de vida y precarización laboral.

Frente a este panorama, la intuición de Camilo Torres recupera vigencia. En su Plataforma para un Movimiento de Unidad Popular sostenía que la revolución era la única manera eficaz de realizar el amor para todos cuando las estructuras impedían la justicia. La neutralidad, entendía él, era complicidad. La Teología de la Liberación profundizó esa idea al afirmar la opción preferencial por los pobres como compromiso histórico y no simple caridad.

Hoy esa opción implica defender el derecho a la vivienda, regular la especulación inmobiliaria, proteger el territorio como bien común y garantizar participación democrática real en las decisiones económicas. Amar al pueblo no es un gesto simbólico; es disputar la organización material de la sociedad. Es preguntarse quién gana con el “desarrollo” y quién paga su costo.

Cuando el ser humano se alquila al capital, deja de ser sujeto para convertirse en servicio. Las ciudades se transforman en activos financieros; los barrios pierden memoria; la cultura se estetiza mientras se precariza a quienes la sostienen. No hay imperios declarados, pero hay juntas fiscales y fondos de inversión. No hay crucifixiones públicas, pero hay expulsiones silenciosas.

El amor que no se vende es el que se queda y organiza. El que defiende la tierra como espacio de vida y no como producto. El que entiende que la economía es un campo de disputa ética. Camilo lo entendió como compromiso revolucionario; Jesús lo encarnó al confrontar el poder; y hoy, desde el Caribe hasta el Pacífico, las voces que denuncian la gentrificación nos recuerdan que el territorio también es una forma de dignidad.

Porque cuando el paraíso expulsa a sus hijos, algo está profundamente roto. Y entonces el amor se convierte en fuerza histórica. El amor eficaz —ese que no se vende— es el que transforma las estructuras para que nadie tenga que abandonar su tierra para que otros la disfruten. Tal vez ese sea el único paraíso posible.

Marcela Clavijo

Esta semana, el encuentro del presidente de Colombia Gustavo Petro con el presidente Donald Trump de Estados Unidos me lleva a una reflexión que va más allá de la diplomacia y los comunicados oficiales. No estamos ante una visita cualquiera. Estamos ante una oportunidad histórica de replantear una relación bilateral que durante décadas se ha contado principalmente desde la seguridad, pero que hoy exige ser pensada desde la dignidad humana, desde lo social y desde la paz.

Porque hablar de Colombia y Estados Unidos no es solo hablar de acuerdos económicos o cooperación estratégica. Es hablar de pueblos conectados por historias profundas de migración, de desigualdad, de violencia, pero también de resistencia, esperanza y búsqueda de futuro.

La agenda que hoy se abre no puede ignorar lo democrático ni lo humano. Ambos países atraviesan debates intensos sobre migración, derechos civiles, justicia y ciudadanía. Y es imprescindible recordar que detrás de cada cifra, detrás de cada política migratoria, existen rostros concretos: mujeres, hombres y, especialmente, niños y niñas que cruzan fronteras no por elección, sino empujados por la pobreza, por el miedo o por el simple deseo de vivir mejor.

En Estados Unidos, la actuación de agencias como ICE ha estado en el centro de una polémica creciente. Operativos masivos han terminado en enfrentamientos con civiles y protestas ciudadanas, reavivando exigencias de transparencia y rendición de cuentas. Pero más grave aún es que estas acciones han puesto en el foco internacional la detención de familias y menores de edad, lo que obliga a preguntarnos con honestidad: ¿qué tipo de democracia se fortalece cuando el control migratorio se ejerce desde el temor y no desde los derechos?

Como colombiana, y como ciudadana de un país marcado por la movilidad humana, siento que este punto no puede ser secundario. Colombia es tierra de migrantes, de desplazados internos, de exiliados, de retornados. Sabemos lo que significa dejarlo todo atrás. Sabemos lo que significa buscar refugio. Por eso debemos insistir en que el respeto a la ciudadanía migrante no es solo una cuestión legal: es una obligación moral.

No puede existir una agenda social y democrática entre nuestros países sin una defensa inequívoca de la niñez migrante. Ningún niño debería ser tratado como amenaza. Ninguna familia debería ser reducida a expediente. Ninguna frontera debería justificar la pérdida de humanidad.

La Paz Total que hoy promovemos en Colombia tampoco es un concepto aislado ni un asunto doméstico. Es una apuesta por sociedades donde la vida esté en el centro, donde la justicia social sea el camino para desactivar la violencia, y donde los derechos no sean privilegios sino garantías. Si queremos que la relación con Estados Unidos sea sostenible y legítima, debe abrazar también esos principios.

Porque la paz, en el fondo, es coherencia. Es decidir que la dignidad está por encima de cualquier cálculo político. Es reconocer que la seguridad no puede construirse sobre el sufrimiento de los más vulnerables.

Por eso, a las instituciones que ejercen fuerza bajo el amparo del Estado, incluida ICE, debemos exigirles claridad, responsabilidad y control ciudadano. Ese debería ser el tono del diálogo entre Bogotá y Washington: uno que no solo hable de economía o estrategia, sino de derechos humanos, democracia y paz.

Yo quiero creer que este encuentro puede marcar un nuevo rumbo. Que Colombia puede llevar al escenario internacional un mensaje distinto: que la paz también se construye con justicia social, que la democracia se mide en inclusión, y que ningún niño migrante debería crecer con miedo en lugar de esperanza.

Que esta agenda entre Colombia y Estados Unidos no sea solo un capítulo diplomático, sino un compromiso real con la vida. Que el respeto no sea un discurso, sino una práctica.

Y que podamos, algún día, mirar este momento como el inicio de una relación más humana, más justa, equitativa y más alegre entre nuestros pueblos: una relación donde la dignidad no tenga frontera y donde la paz sea, por fin, un horizonte compartido.

Marcela Clavijo P.

En tiempos de alta tensión política, parece que la vida pública se ha reducido a una consigna: o estás conmigo o estás contra mí. La polarización entre izquierda y derecha se convirtió no solo en un lenguaje, sino en una identidad; una especie de uniforme emocional que muchos se ponen para sobrevivir en el debate público. Lo grave no es que existan diferencias ideológicas —eso es natural y hasta necesario en una democracia—. Lo grave es que, en medio del ruido, estamos dejando de ver lo esencial: la dignidad humana.

Porque mientras discutimos quién tiene “la razón histórica”, se normalizan cosas que deberían escandalizarnos siempre. Se repiten episodios hegemónicos, repudiables, que parecen tener licencia social para existir: actos de discriminación, discursos de odio, burlas normalizadas, desprecio de clase, estigmatización territorial, racismo maquillado de “opinión”, y una segregación cada vez más aceptada como si fuera parte del paisaje.

Hay una violencia silenciosa que se mueve entre los extremos y se disfraza de sentido común: la idea de que unas vidas valen más que otras.

No importa si viene envuelta en el lenguaje de la “meritocracia” o en el de “la defensa de la tradición”. No importa si se justifica con “es que esa gente…” o con “ellos se lo buscaron”. El resultado siempre es el mismo: se expulsa simbólicamente a una parte de la sociedad de la categoría de ciudadanos plenos. Se les reduce a estereotipos: los pobres, los vagos, los ignorantes, los resentidos, los mantenidos, los privilegiados, los parásitos, los violentos, los invasores. Cada bando tiene su diccionario para deshumanizar.

Y deshumanizar es el primer paso para justificarlo todo.

Lo más inquietante es que este tipo de prácticas no son nuevas: son herencias de una historia donde la hegemonía no solo se sostuvo por las instituciones, sino por los imaginarios. Por quiénes tenían derecho a hablar. Por quiénes eran considerados “gente bien” y quiénes simplemente “gente”. Por quiénes podían habitar la ciudad sin ser sospechosos. Por quiénes eran escuchados en un debate sin que su voz fuera automáticamente ridiculizada.

La discriminación y el clasismo operan así: no siempre se gritan; muchas veces se susurran con humor, con ironía, con “comentarios inocentes”, con la supuesta superioridad moral de quien cree estar del lado correcto de la historia o del orden.

Y esto atraviesa a la izquierda y a la derecha.

Porque sería ingenuo pensar que el clasismo y la segregación son patrimonio exclusivo de un sector político. Hay clasismo conservador y clasismo progresista. Hay elitismo económico y elitismo intelectual. Hay discriminación abierta y discriminación sofisticada. Hay segregación por riqueza, por apellido, por acento, por barrio, por cuerpo, por color de piel, por orientación sexual, por experiencia de vida.

Y si algo caracteriza a los tiempos de polarización es que cada bando se convence de que el problema es siempre “el otro”, nunca uno mismo.

Mientras tanto, la vida cotidiana de millones de personas sigue marcada por fronteras invisibles: las que determinan quién puede estudiar con tranquilidad, quién puede caminar sin miedo, quién puede acceder a salud sin humillación, quién puede conseguir empleo sin esconder de dónde viene, quién puede hablar sin ser juzgado, quién puede amar sin recibir agresiones.

Esas fronteras no las crea una ideología particular. Las crea una cultura política y social que ha tolerado la exclusión como norma.

Por eso, quizá el ejercicio más urgente hoy no sea gritar más duro dentro del mismo ring, sino romper el ring.

Salir de la trampa emocional de la polarización no significa abandonar las posturas políticas ni renunciar a las convicciones. Significa algo mucho más profundo: comprender que una democracia no se mide por cuántas opiniones caben en el debate, sino por cuántas vidas caben en la dignidad.

Y ahí está el punto.

Podemos debatir modelos económicos, reformas institucionales, formas de Estado, políticas públicas. Eso es legítimo. Pero hay cosas que no pueden estar en disputa: el derecho a existir sin ser humillado, el derecho a no ser segregado, el derecho a vivir sin miedo a ser discriminado por “no encajar” en la idea dominante de normalidad.

Si en medio de la polarización dejamos de repudiar la discriminación, entonces perdimos más que una discusión política: perdimos el sentido de sociedad.

Y no se trata solo de “ser buenos”. Se trata de comprender que el clasismo y la segregación son profundamente funcionales: sirven para que la desigualdad parezca natural. Sirven para mantener jerarquías sin necesidad de explicarlas. Sirven para que el privilegio se vea como mérito, y la pobreza como fracaso individual. Sirven para que el dolor del otro sea paisaje, no urgencia.

Por eso mirar más allá de izquierda y derecha no es un llamado ingenuo a la tibieza. Es, al contrario, un llamado radical a una ética común: reconocer que ningún proyecto político vale la pena si necesita despreciar a una parte de la sociedad para justificarse.

El país no se va a sanar cuando “gane” un bando.

El país empieza a sanar cuando dejamos de aceptar que la dignidad sea negociable, cuando repudiamos sin matices todo acto de discriminación, y cuando entendemos que la democracia no es una pelea por quién grita más fuerte, sino una construcción diaria para que nadie tenga que vivir pidiendo permiso para existir.

Quizá el primer paso, el más incómodo y el más poderoso, es este: atrevernos a ver al otro como persona antes que como etiqueta.

En un mundo obsesionado con bandos, ese gesto simple puede ser revolucionario.

Marcela Clavijo

El fin de año siempre nos invita a detenernos. A mirar lo recorrido, a medir los avances y a reconocer también aquello que sigue pendiente. En medio de balances personales y colectivos, el cierre de este año nos encuentra como país en un momento decisivo: con debates abiertos, tensiones políticas evidentes, pero también con transformaciones que no pueden ser leídas únicamente desde la confrontación, sino desde su impacto real en la vida de la gente.

El fin de año no es solo un ejercicio de nostalgia o de cierre simbólico. Es, sobre todo, un momento político. Un tiempo para evaluar con honestidad qué decisiones han ampliado derechos y cuáles siguen reproduciendo desigualdades estructurales. En un país atravesado por la pobreza, el racismo, el clasismo y el patriarcado, el balance de este gobierno no puede hacerse desde la comodidad de los indicadores macroeconómicos, sino desde la vida concreta de quienes históricamente han sido excluidas y excluidos.

En ese sentido, el aumento del salario mínimo debe ser defendido con claridad. No como una concesión, sino como una medida mínima de justicia social. En Colombia, la precarización laboral tiene rostro de mujer: mujeres jefas de hogar, trabajadoras informales, cuidadoras no remuneradas. Aumentar el salario mínimo es reconocer —aunque aún de forma insuficiente— que el trabajo sostiene la vida y que no es aceptable que millones de personas sobrevivan con ingresos que no alcanzan para lo básico. La narrativa del “riesgo económico” ha servido durante décadas para justificar salarios indignos; hoy es necesario disputar ese discurso desde una ética feminista que ponga el cuidado y la vida en el centro.

Sin embargo, un enfoque feminista también exige ir más allá de los logros puntuales. El próximo periodo requiere inversiones profundas y estructurales que no reproduzcan el modelo extractivista, excluyente y patriarcal que ha concentrado la riqueza en pocas manos. Invertir en educación pública, salud integral —incluida la salud mental—, empleo digno y economías del cuidado no es una opción ideológica: es una urgencia política. Sin redistribución real de recursos, no hay igualdad posible, solo retórica.

En este marco, es imprescindible cuestionar de manera abierta el modelo de entidades como Colfuturo. Aunque su trayectoria y experiencia son innegables, su funcionamiento ha estado históricamente orientado a élites económicas y sociales. Un país que se dice comprometido con la justicia social no puede seguir financiando oportunidades internacionales solo para quienes ya tienen privilegios acumulados. Desde una mirada feminista y popular, equilibrar la balanza implica garantizar que las y los jóvenes más pobres, especialmente mujeres, personas racializadas y habitantes de territorios excluidos, puedan estudiar en el exterior sin endeudarse de por vida ni enfrentar barreras estructurales. Sacar adelante al pueblo colombiano pasa, necesariamente, por democratizar el acceso al conocimiento. La educación es —y sigue siendo— la única herramienta real para romper ciclos de pobreza, violencia y exclusión.

Este balance político también debe incluir nuestra relación con el planeta y con los animales. El feminismo ha sido claro: no hay justicia social sin justicia ambiental. La lógica de dominación que explota cuerpos humanos también destruye territorios, ríos y ecosistemas. Persistir en un modelo de desarrollo que sacrifica la vida en nombre del crecimiento económico es una forma de violencia estructural. La defensa de la vida, en todas sus expresiones, debe ser una prioridad política y ética.

Asimismo, no podemos hablar de democracia mientras persistan la segregación y la discriminación. La igualdad de oportunidades no se decreta: se construye enfrentando el racismo, el machismo, la lesbofobia, la transfobia, el clasismo y el capacitismo que siguen definiendo quién accede al poder y quién queda en los márgenes. Un enfoque feminista no se conforma con inclusión simbólica; exige transformaciones materiales que garanticen autonomía, participación y vidas libres de violencias.

Cerrar el año implica asumir que los avances logrados son importantes, pero insuficientes. El balance de este gobierno debe ser crítico, sin concesiones a la nostalgia ni al miedo al cambio. El próximo periodo no puede ser de tibiezas. Necesita decisiones valientes que profundicen la justicia social y rompan con los pactos históricos de exclusión.

Recibimos el 2026 como un año especial, de cambio astral, potente y poderoso. Que este nuevo ciclo nos encuentre con mayor conciencia colectiva, con feminismos fuertes y con un compromiso real con la vida digna. Que sea un año para redistribuir el poder, cuidar la vida y transformar lo que durante demasiado tiempo se nos dijo que no podía cambiar. Feliz año nuevo.

Marcela Clavijo

Diciembre suele llegar con balances apresurados, cifras que se cierran y metas que se archivan. Pero este año —como tantos otros recientes— nos deja una enseñanza clara: no todo lo que importa se puede medir, y no todo balance cabe en un informe.

Este fue un año de tensiones, de retrocesos y también de resistencias. Un año en el que muchas mujeres siguieron sosteniendo la vida en medio de violencias normalizadas, de cargas desiguales y de silencios institucionales. Pero también fue un año en el que se abrieron conversaciones necesarias, se nombraron dolores históricamente ocultos y se tejieron alianzas que no salen en los titulares, pero que transforman realidades.

Nota recomendada: Según Petro, «en la DIAN existe una red de corrupción donde habría congresistas y candidatos presidenciales involucrados»

En los espacios laborales, comunitarios e institucionales aprendimos —a veces a la fuerza— que el cuidado no es un asunto privado, que la salud mental no es un lujo y que la dignidad no puede seguir siendo negociable. Avanzamos cuando pusimos límites, cuando exigimos protocolos, cuando entendimos que prevenir la violencia también es una forma de construir paz.

El balance de este año no está solo en lo que logramos, sino en lo que ya no estamos dispuestas a tolerar. En las conversaciones incómodas que sostuvimos, en las redes de apoyo que crecieron, en la certeza de que la igualdad no se posterga para “mejores tiempos”.

La Navidad llega, entonces, no como un paréntesis ingenuo, sino como una invitación a pausar y a cuidar. A reconocer que sobrevivir también es un logro. A agradecer a quienes acompañaron, escucharon y resistieron con nosotras. Y a recordar que la esperanza no es optimismo vacío, sino una decisión política y ética de seguir apostándole a un mundo más justo.

Que esta Navidad nos permita cerrar el año con compasión, con memoria y con la convicción de que lo que sembramos —aunque no siempre se vea— sigue creciendo. El próximo año nos encontrará, ojalá, más conscientes, más solidarias y más firmes en la defensa de la vida y la dignidad.

Marcela Clavijo

El país avanza, pero de manera desigual. El crecimiento económico debe traducirse en bienestar para las mayorías y no solo en cifras macroeconómicas positivas. Los desafíos que enfrenta Colombia requieren un Estado fuerte, protector y redistributivo, comprometido con la justicia social, la equidad territorial y la dignidad de todas las personas.

Hoy, más que nunca, es necesario defender lo público como herramienta de transformación social y respaldar políticas progresistas que permitan construir, desde abajo y con la gente, un país más justo, feminista, democrático e igualitario.

Por Marcela Clavijo P.

Colombia atraviesa un momento decisivo. Tras años de estancamiento económico y profundización de las desigualdades, el país muestra señales de recuperación: un crecimiento del 2,4% en la primera mitad de 2025, superior al 1,6% de 2024, impulsado por el consumo privado, la reactivación del gasto público, la reducción de la inflación y una leve flexibilización de las tasas de interés. Este contexto abre una ventana de oportunidad para avanzar hacia un pacto social inclusivo, tal como propone el nuevo gobierno del presidente Juan Manuel Santos, centrado en la prosperidad democrática, la ampliación de derechos y la redistribución efectiva de las oportunidades.

Sin embargo, las cifras económicas no son suficientes para comprender la realidad social del país. Un análisis con enfoque diferencial e intersectorial evidencia que el bienestar no se distribuye de manera homogénea: persisten brechas regionales, desigualdades de género, disparidades intergeneracionales y profundas inequidades socioeconómicas que exigen un rol más fuerte, coordinado y estratégico del Estado.

1. El contexto socioeconómico: avances frágiles y desigualdades persistentes

Aunque la proyección de reducción de la pobreza al 37% en 2024 parece alentadora, este indicador aún refleja la precariedad estructural del modelo económico históricamente centrado en el mercado. El salario mínimo de $1.300.000 COP, equivalente a apenas $323 USD, no permite cubrir ni siquiera los gastos básicos, cuando el costo real de vivir con dignidad asciende a cerca de $546 USD mensuales.

Este desajuste entre costo de vida y poder adquisitivo demuestra que la población trabajadora —y en particular las mujeres, jóvenes, personas diversas sexualmente, rurales y étnicas— sostienen la economía mediante trabajos informales, precarizados y mal remunerados, mientras soportan las cargas históricas de cuidado no remunerado y barreras de acceso a salud, educación, transporte e internet.

2. El rol del Estado: la recuperación solo es posible desde lo público

En un país donde el 47,6% de los hogares depende del arriendo, donde solo 59,5% tiene acceso a internet y donde las desigualdades territoriales se profundizan, el papel del Estado no puede limitarse a la regulación del mercado.

El crecimiento de 2025 no se explica por la liberalización económica, sino por la expansión del gasto público y las mejoras en condiciones monetarias. Esto confirma las tesis progresistas que sostienen que el desarrollo sostenible depende de la intervención estatal, la planificación territorial, la inversión social y la redistribución del ingreso.

El gobierno que inicia tiene la oportunidad y el desafío de recuperar la legitimidad y la fuerza de lo público, defendiendo un modelo donde:

•          La seguridad es entendida como seguridad humana y no solo militar.

•          La salud es un derecho garantizado por el Estado, no un negocio intermediado.

•          La educación se concibe como motor de igualdad social.

•          La economía popular es reconocida como pilar central del desarrollo.

•          El acceso a la vivienda y los servicios públicos es universal, digno y asequible.

3. Enfoque diferencial: las desigualdades afectan de manera distinta a cada población

Un análisis progresista exige reconocer que las condiciones de vida en Colombia no afectan por igual a toda la población.

Las brechas son claras:

•          Mujeres: enfrentan baja inserción laboral, sobrecarga de cuidado y peores salarios.

•          Juventudes: padecen mayor desempleo, inestabilidad laboral y falta de acceso a vivienda y educación superior.

•          Poblaciones LGBTIQ+: experimentan discriminación laboral, violencia y precariedad económica.

•          Comunidades rurales y étnicas: viven rezagos históricos en infraestructura, conectividad y servicios básicos.

•          Personas mayores: tienen pensiones insuficientes y acceso limitado a salud de calidad.

Este mosaico social exige que cada política pública —desde el empleo hasta la salud, desde la vivienda hasta la seguridad— incorpore un enfoque interseccional que reconozca las experiencias diferenciadas y articule respuestas integrales.

4. Intersectorialidad: el desarrollo no depende de un solo ministerio

Los desafíos en regiones como Risaralda —seguridad, desempleo, infraestructura y desarrollo económico— no pueden abordarse de manera aislada. Las políticas deben construirse desde la intersectorialidad, es decir, mediante la articulación efectiva entre:

•          Desarrollo Social

•          Educación

•          Salud

•          Vivienda

•          Transporte

•          Cultura

•          Trabajo

•          Agricultura

•          Igualdad y Equidad de Género

•          TIC

Solo así será posible cerrar brechas estructurales y avanzar hacia un modelo de bienestar integral.

5. Hacia un proyecto de país con justicia social y democracia profunda

La recuperación económica no tendrá impacto real si no se transforma en justicia social, mayor redistribución del ingreso y ampliación de derechos. Un proyecto progresista debe asumir que la prosperidad no es solo crecimiento, sino:

•          Trabajo digno y decente para toda la población.

•          Salud y educación públicas y universales.

•          Seguridad humana, ambiental y económica.

•          Participación ciudadana amplia y vinculante.

•          Políticas fiscales progresivas donde quienes más tienen aporten más.

•          Cuidado como pilar del modelo económico.

El pacto social que propone el nuevo gobierno debe ser, ante todo, un pacto por la vida digna, la igualdad, la paz territorial y la consolidación de un Estado social de derecho robusto que garantice derechos, regule al mercado y actúe de manera eficaz para cerrar brechas históricas.

Conclusión: Colombia 2025 exige más Estado, más igualdad y más democracia

El país avanza, pero de manera desigual. El crecimiento económico debe traducirse en bienestar para las mayorías y no solo en cifras macroeconómicas positivas. Los desafíos que enfrenta Colombia requieren un Estado fuerte, protector y redistributivo, comprometido con la justicia social, la equidad territorial y la dignidad de todas las personas. Hoy, más que nunca, es necesario defender lo público como herramienta de transformación social y respaldar políticas progresistas que permitan construir, desde abajo y con la gente, un país más justo, feminista, democrático e igualitario

Marcela Clavijo

Se vienen las listas. Y cada cuatro años vuelve la misma escena: las cúpulas partidistas jugando al tetris electoral, organizando nombres como si fueran fichas intercambiables, disfrazando de democracia interna lo que en realidad es un acuerdo entre unos pocos. Y en ese juego calculado, silencioso, casi siempre quedan por fuera las mujeres que han dedicado su vida a construir país desde la ética, la coherencia y el territorio.

En Colombia tenemos una ley que debió haber marcado un antes y un después: la lista cremallera, las acciones afirmativas, la obligación de paridad. Fue una conquista histórica, arrebatada con años de movilización y exigencia feminista. Pero hoy, cuando debería ser la regla que ordena el sistema político, los partidos la tratan como un estorbo que hay que evadir, una formalidad incómoda, una letra bonita sin intención de cumplirse.

La estructura patriarcal electoral —esa que nunca se desmontó— protege a las maquinarias, a los barones y baronesas que viven del voto amarrado y del poder heredado. Esa aplanadora sigue aplastando las oportunidades reales de participación para las mujeres que llegan sin padrinos, sin alianzas turbias, sin compromisos que hipotecan su independencia.

Las mujeres que quieren hacer política desde la convicción, no desde el clientelismo, son vistas como una amenaza. Una mujer que piensa por sí misma incomoda. Una mujer que no se arrodilla altera los pactos. Una mujer que llega limpia asusta a quienes han hecho de la política un negocio familiar.

Y mientras tanto, los partidos “cumplen” con la ley poniendo mujeres, sí… pero en posiciones marginales, sin financiación, sin apoyo, sin posibilidad real de competir. Las presentan como cuota, como adorno, como trámite. Un país donde las mujeres sostienen la vida entera no puede permitirse una democracia donde solo las de maquinaria puedan llegar.

Por eso hay que decirlo con fuerza: lo que está en juego no es solo la participación política de las mujeres, es la coherencia misma del sistema democrático.

Un país donde las leyes se convierten en maquillaje termina reproduciendo el mismo orden que ha dejado por fuera a las mayorías.

En los territorios, en las veredas, en las organizaciones, en las calles, ya hay mujeres liderando procesos, mediando conflictos, defendiendo la paz, cuidando la vida. ¿Por qué no están en las listas? ¿Por qué no están en los espacios de decisión? ¿Por qué la política sigue temiéndole a las mujeres libres?

La respuesta es clara: porque una mujer libre no es funcional a las maquinarias. Pero justamente, por eso es necesaria.

Hoy más que nunca se necesita valentía política para defender la democracia de verdad, no la de papel. La lista cremallera y las acciones afirmativas no son un favor: son una obligación. Quien no las cumple, no defiende la democracia; la traiciona.

Y aquí va la conclusión combativa que el país necesita escuchar:

Las mujeres no pedimos permiso para existir en la política. Exigimos que la ley se cumpla, que los espacios se abran y que las maquinarias dejen de decidir por nosotras. Colombia no cambiará mientras su representación siga secuestrada por quienes le temen al cambio. Y ese cambio, les guste o no, viene con rostro de mujer.

Marcela Clavijo

Colombia atraviesa un momento decisivo. Después de más de dos siglos de exclusión política y desigualdad social, el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez marcó un punto de inflexión. No se trata solo de un cambio de gobierno, sino del inicio de un cambio de época: el de un país que empieza a reconocerse en la diversidad, a poner la vida por encima del mercado y a hablar de justicia social como una política de Estado, no como una promesa electoral.

Sin embargo, todo proceso transformador enfrenta resistencias. Los sectores que durante décadas se beneficiaron del modelo desigual no cederán fácilmente sus privilegios. Por eso, más que nunca, necesitamos un Frente Amplio Democrático: un espacio plural donde confluyan las fuerzas progresistas, populares, feministas, sindicales, maestros, profesionales de la salud, campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas, animalistas, y urbanas que defienden la democracia, la justicia y la paz.

Lo que hemos ganado con el gobierno del cambio

Durante estos tres años, Colombia ha avanzado en áreas que antes parecían inamovibles. La paz volvió a ser el eje de la política pública. El Estado retomó el cumplimiento del Acuerdo de 2016, avanzó en diálogos regionales y en la política de “paz total”, no perfecta pero si paz y puso la vida en el centro de las decisiones.

La justicia social dejó de ser un discurso abstracto: las transferencias directas fortalecen la economía popular, la reforma agraria empieza a ser una realidad, y las mujeres, comunidades étnicas y jóvenes han ganado espacios reales en el poder. Por primera vez, las decisiones nacionales se piensan desde los territorios históricamente olvidados, y la inversión pública comienza a reflejar la trasformación de la Colombia profunda a una Colombia plural.

La agenda ambiental se convirtió en una prioridad nacional e internacional. Petro ha sido una voz global en defensa de la Amazonía, la transición energética y la justicia climática. Y junto a Francia Márquez, el país ha mostrado al mundo que la dignidad también puede gobernar.

¿Por qué debemos seguir en el poder?

Porque el cambio apenas comienza. Los procesos sociales y políticos no se consolidan en un solo periodo de gobierno. Requieren continuidad, organización popular y poder ciudadano. Si hoy retrocedemos, no solo se detendrán las reformas: se pondría en riesgo la esperanza misma de millones de colombianos y colombianas que por primera vez se sienten parte de un proyecto nacional.

Seguir en el poder no significa perpetuar nombres, sino defender un proyecto histórico: uno que busca la paz completa, la equidad económica, la justicia ambiental y la inclusión real de todas las diversidades. Significa no permitir que el miedo y la desinformación nos devuelvan al pasado de exclusión y violencia.

El Frente Amplio como horizonte político y ético

El Frente Amplio Democrático no es una consigna, es una necesidad histórica. Debe ser el espacio donde confluyan quienes creen en el cambio, aunque vengan de caminos distintos. Donde la diferencia no sea obstáculo, sino riqueza. Donde el pueblo, los movimientos sociales y las nuevas generaciones tomen las riendas de la democracia.

Solo con una fuerza amplia, diversa y organizada podremos garantizar que los avances sociales, ambientales y de derechos humanos no sean reversibles. La democracia se defiende en las urnas, pero sobre todo en las calles, en las comunidades, en los territorios, en la palabra y en la acción colectiva.

Un llamado a seguir caminando juntas y juntos

Colombia ha ganado en dignidad, conciencia y participación. Por eso no podemos rendirnos. Es tiempo de unirnos en torno a un propósito superior: consolidar el cambio, blindar los derechos conquistados y seguir caminando hacia una Colombia en paz, justa, feminista, diversa y viva.

El Frente Amplio Democrático no es solo un acuerdo político; es un pacto con la historia.

Porque los pueblos que conquistan la esperanza no pueden permitirse volver al pasado al miedo y menos al olvido.

Marcela Clavijo