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Se vienen las listas. Y cada cuatro años vuelve la misma escena: las cúpulas partidistas jugando al tetris electoral, organizando nombres como si fueran fichas intercambiables, disfrazando de democracia interna lo que en realidad es un acuerdo entre unos pocos. Y en ese juego calculado, silencioso, casi siempre quedan por fuera las mujeres que han dedicado su vida a construir país desde la ética, la coherencia y el territorio.

En Colombia tenemos una ley que debió haber marcado un antes y un después: la lista cremallera, las acciones afirmativas, la obligación de paridad. Fue una conquista histórica, arrebatada con años de movilización y exigencia feminista. Pero hoy, cuando debería ser la regla que ordena el sistema político, los partidos la tratan como un estorbo que hay que evadir, una formalidad incómoda, una letra bonita sin intención de cumplirse.

La estructura patriarcal electoral —esa que nunca se desmontó— protege a las maquinarias, a los barones y baronesas que viven del voto amarrado y del poder heredado. Esa aplanadora sigue aplastando las oportunidades reales de participación para las mujeres que llegan sin padrinos, sin alianzas turbias, sin compromisos que hipotecan su independencia.

Las mujeres que quieren hacer política desde la convicción, no desde el clientelismo, son vistas como una amenaza. Una mujer que piensa por sí misma incomoda. Una mujer que no se arrodilla altera los pactos. Una mujer que llega limpia asusta a quienes han hecho de la política un negocio familiar.

Y mientras tanto, los partidos “cumplen” con la ley poniendo mujeres, sí… pero en posiciones marginales, sin financiación, sin apoyo, sin posibilidad real de competir. Las presentan como cuota, como adorno, como trámite. Un país donde las mujeres sostienen la vida entera no puede permitirse una democracia donde solo las de maquinaria puedan llegar.

Por eso hay que decirlo con fuerza: lo que está en juego no es solo la participación política de las mujeres, es la coherencia misma del sistema democrático.

Un país donde las leyes se convierten en maquillaje termina reproduciendo el mismo orden que ha dejado por fuera a las mayorías.

En los territorios, en las veredas, en las organizaciones, en las calles, ya hay mujeres liderando procesos, mediando conflictos, defendiendo la paz, cuidando la vida. ¿Por qué no están en las listas? ¿Por qué no están en los espacios de decisión? ¿Por qué la política sigue temiéndole a las mujeres libres?

La respuesta es clara: porque una mujer libre no es funcional a las maquinarias. Pero justamente, por eso es necesaria.

Hoy más que nunca se necesita valentía política para defender la democracia de verdad, no la de papel. La lista cremallera y las acciones afirmativas no son un favor: son una obligación. Quien no las cumple, no defiende la democracia; la traiciona.

Y aquí va la conclusión combativa que el país necesita escuchar:

Las mujeres no pedimos permiso para existir en la política. Exigimos que la ley se cumpla, que los espacios se abran y que las maquinarias dejen de decidir por nosotras. Colombia no cambiará mientras su representación siga secuestrada por quienes le temen al cambio. Y ese cambio, les guste o no, viene con rostro de mujer.

Marcela Clavijo

Colombia atraviesa un momento decisivo. Después de más de dos siglos de exclusión política y desigualdad social, el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez marcó un punto de inflexión. No se trata solo de un cambio de gobierno, sino del inicio de un cambio de época: el de un país que empieza a reconocerse en la diversidad, a poner la vida por encima del mercado y a hablar de justicia social como una política de Estado, no como una promesa electoral.

Sin embargo, todo proceso transformador enfrenta resistencias. Los sectores que durante décadas se beneficiaron del modelo desigual no cederán fácilmente sus privilegios. Por eso, más que nunca, necesitamos un Frente Amplio Democrático: un espacio plural donde confluyan las fuerzas progresistas, populares, feministas, sindicales, maestros, profesionales de la salud, campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas, animalistas, y urbanas que defienden la democracia, la justicia y la paz.

Lo que hemos ganado con el gobierno del cambio

Durante estos tres años, Colombia ha avanzado en áreas que antes parecían inamovibles. La paz volvió a ser el eje de la política pública. El Estado retomó el cumplimiento del Acuerdo de 2016, avanzó en diálogos regionales y en la política de “paz total”, no perfecta pero si paz y puso la vida en el centro de las decisiones.

La justicia social dejó de ser un discurso abstracto: las transferencias directas fortalecen la economía popular, la reforma agraria empieza a ser una realidad, y las mujeres, comunidades étnicas y jóvenes han ganado espacios reales en el poder. Por primera vez, las decisiones nacionales se piensan desde los territorios históricamente olvidados, y la inversión pública comienza a reflejar la trasformación de la Colombia profunda a una Colombia plural.

La agenda ambiental se convirtió en una prioridad nacional e internacional. Petro ha sido una voz global en defensa de la Amazonía, la transición energética y la justicia climática. Y junto a Francia Márquez, el país ha mostrado al mundo que la dignidad también puede gobernar.

¿Por qué debemos seguir en el poder?

Porque el cambio apenas comienza. Los procesos sociales y políticos no se consolidan en un solo periodo de gobierno. Requieren continuidad, organización popular y poder ciudadano. Si hoy retrocedemos, no solo se detendrán las reformas: se pondría en riesgo la esperanza misma de millones de colombianos y colombianas que por primera vez se sienten parte de un proyecto nacional.

Seguir en el poder no significa perpetuar nombres, sino defender un proyecto histórico: uno que busca la paz completa, la equidad económica, la justicia ambiental y la inclusión real de todas las diversidades. Significa no permitir que el miedo y la desinformación nos devuelvan al pasado de exclusión y violencia.

El Frente Amplio como horizonte político y ético

El Frente Amplio Democrático no es una consigna, es una necesidad histórica. Debe ser el espacio donde confluyan quienes creen en el cambio, aunque vengan de caminos distintos. Donde la diferencia no sea obstáculo, sino riqueza. Donde el pueblo, los movimientos sociales y las nuevas generaciones tomen las riendas de la democracia.

Solo con una fuerza amplia, diversa y organizada podremos garantizar que los avances sociales, ambientales y de derechos humanos no sean reversibles. La democracia se defiende en las urnas, pero sobre todo en las calles, en las comunidades, en los territorios, en la palabra y en la acción colectiva.

Un llamado a seguir caminando juntas y juntos

Colombia ha ganado en dignidad, conciencia y participación. Por eso no podemos rendirnos. Es tiempo de unirnos en torno a un propósito superior: consolidar el cambio, blindar los derechos conquistados y seguir caminando hacia una Colombia en paz, justa, feminista, diversa y viva.

El Frente Amplio Democrático no es solo un acuerdo político; es un pacto con la historia.

Porque los pueblos que conquistan la esperanza no pueden permitirse volver al pasado al miedo y menos al olvido.

Marcela Clavijo

La historia de los pueblos está marcada por gestas heroicas y conquistas culturales, pero también por episodios de horror que interpelan a la humanidad entera. La masacre de Nanjing, ocurrida en 1937 tras la invasión japonesa a China, y las masacres perpetradas por grupos paramilitares en Colombia durante las últimas décadas del siglo XX, parecen distantes en geografía y tiempo. Sin embargo, al ponerlas en relación, emergen resonancias profundas: la violencia como estrategia de dominación, la deshumanización de las víctimas, el uso del terror para controlar territorios y poblaciones, y la disputa permanente por la memoria y la justicia.

Más allá de los datos y las cifras, ambas realidades recuerdan que la violencia extrema no es una anomalía aislada, sino un mecanismo histórico de sometimiento. Y, al mismo tiempo, que las víctimas y sus memorias representan la resistencia ética frente a la barbarie.

La masacre como política de dominación

En diciembre de 1937, el ejército imperial japonés tomó la ciudad de Nanjing y desató un despliegue de violencia que aún hoy estremece la memoria mundial: alrededor de 300.000 personas fueron asesinadas, y entre 20.000 y 80.000 mujeres sufrieron violencia sexual sistemática. El terror buscaba aniquilar la resistencia china y enviar un mensaje de supremacía.

En Colombia, entre los años ochenta y dos mil, el paramilitarismo convirtió la masacre en un instrumento cotidiano: Mapiripán, El Salado, Chengue y tantas otras comunidades fueron escenario de asesinatos colectivos, desplazamientos forzados, tortura, desapariciones y violencia sexual. La lógica también fue estratégica: silenciar opositores, vaciar territorios, asegurar corredores del narcotráfico y sembrar miedo en las comunidades campesinas.

Aunque las escalas difieren, ambos escenarios revelan una verdad incómoda: la masacre no es un exceso irracional de violencia, sino un método calculado para quebrar pueblos enteros y reorganizar el poder.

Las víctimas como centro de la memoria

Tanto en Nanjing como en Colombia, las víctimas fueron civiles indefensos: hombres, mujeres, ancianos y niños que pagaron con sus vidas decisiones tomadas desde estructuras de poder militar, político y económico. El horror se ensañó especialmente contra los cuerpos de las mujeres, convertidos en botín de guerra y campo de humillación.

Pero las víctimas no son solo cifras ni cuerpos silenciados: son memorias vivas que siguen interpelando. En Nanjing, los sobrevivientes y sus descendientes mantienen viva la denuncia frente a quienes pretenden negar o relativizar la masacre. En Colombia, los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se han convertido en faros éticos que muestran cómo el dolor puede transformarse en exigencia de justicia y dignidad.

Recordar a las víctimas no es un gesto del pasado: es un acto político del presente que impide normalizar la violencia.

Negacionismo y disputa por la verdad

Un punto común entre ambos casos es la lucha contra el negacionismo. En Japón, sectores conservadores han intentado minimizar la magnitud de Nanjing, generando tensiones diplomáticas y heridas abiertas en la memoria china. En Colombia, aún persisten discursos que buscan justificar las masacres paramilitares como “daños colaterales” del conflicto, invisibilizando la connivencia de sectores estatales y económicos con el terror.

La disputa por la verdad es, en sí misma, una segunda batalla. Allí donde los victimarios y sus cómplices buscan imponer el olvido, las víctimas y sus organizaciones reclaman memoria, verdad y reparación. De esta tensión depende la posibilidad de construir sociedades más justas o de repetir los ciclos de barbarie.

Conclusión: la memoria como resistencia

El diálogo entre Nanjing y Colombia enseña que la violencia extrema, aunque situada en tiempos y geografías diferentes, responde a una misma lógica de dominación. La masacre es la expresión más cruda del poder que no busca convencer ni negociar, sino someter y destruir.

Pero también deja una enseñanza luminosa: la memoria de las víctimas, su dignidad y su lucha por justicia constituyen un acto de resistencia frente al olvido. La historia de Nanjing y de Colombia recuerda que la humanidad tiene una deuda permanente con quienes padecieron la violencia, y que el compromiso con los derechos humanos no puede ser selectivo ni efímero.

Hablar de Nanjing desde Colombia, y de Colombia desde Nanjing, es un ejercicio de memoria transnacional que invita a reconocer que el dolor de las víctimas, en cualquier lugar del mundo, nos concierne a todos. Solo desde esa conciencia es posible transformar la memoria en acción, la indignación en justicia y el sufrimiento en construcción de paz.

Marcela Clavijo