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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Opinión

El reto del direccionamiento de Internet: IPv6 (II) – La seguridad en IPv6

Uno de los efectos negativos que ha tenido la normalización del uso en muchos casos masivo en nuestras vidas de Internet ha sido la aparición de nuevas formas de delincuencia basadas en las debilidades inherentes, entre otros factores, protocolo IPv4.

En la creación del protocolo IPv6, la IETF (Internet Engineering Task Force) planteó no sólo un espacio inmenso de direcciones sino que replanteó un conjunto de mejoras, entre ellas, la de la seguridad.

 

Sin el uso de IPv6, de manera generalizada recurrimos al uso de VPNs (Virtual Private Networks) a la hora de transitar por redes públicas como en Internet, lo que permite a instituciones, corporaciones y empresas un coste muy inferior al uso de líneas dedicadas.  Así, las VPN mediate el uso de cifrado, encriptación y autenticación aseguran la confidencialidad, privacidad, legitimidad e integridad de las comunicaciones mediante el uso de IPSec.

Pues bien, IPv6 no requiere de la configuración de forma separada de estos túneles entre extremos si no que pertenece de manera inherente al protocolo de forma estándar permitiendo la autenticación, integridad y cifrado nativo en la creación de los paquetes que deben ser transmitidos.

Si unimos a esta propiedad que el direccionamiento en IPv6 de cualquier dispositivo tiene el carácter de global (cualquier dispositivo incluso con un papel casi irrelevante como puede ser un motor para subir o bajar persianas), es decir, es un dispositivo que comunica extremo a extremo sin necesidad de traducciones, obtiene de manera transparente para los usuarios una comunicación segura sin depender de soluciones adicionales, esto es, mayor simplicidad, una vez más, en IPv6.

Pero de este hecho se van a derivar consecuencias aun de mayor calado en el funcionamiento general de la interconexión entre redes y por ende en la comunicación entre dispositivos finales como es el derivado de configuración de firewalls y routers que no van a llevar a cabo ningún tipo de manipulación de los paquetes de datos una vez creados, reduciendo la superficie de ataque además de proporcionar etiquetas de flujo de paquetes que permiten el rastreo y trazabilidad de los ataques a la vez que, dada la aplicación de la encriptación, se hacen muy difíciles los ataques de reconocimiento preparatorios (port scanning y ping sweeping, por citar algunos).

En un plano un poco más profundo, la compatibilidad nativa de IPv6 con mecanismos de autenticación y cifrado se extiende a:

  1. EAP (Extensible Authentication Protocol): Usado en entornos de acceso seguro (ej. Wi-Fi empresarial, VPNs, 802.1X).  En IPv6 se integra de forma más natural con IPsec y otros protocolos de seguridad, facilitando la autenticación de usuarios y dispositivos en redes corporativas.
  2. Certificados digitales: IPv6 permite validar identidades en el tráfico cifrado extremo a extremo mediante certificados X.509.  Esto asegura que los equipos y usuarios no solo cifran la información, sino que también pueden probar su identidad.
  3. Autenticación en IPsec: IPsec, obligatorio en el estándar IPv6, se basa en estos certificados y métodos de autenticación. Esto aporta confianza y no repudio, algo que en IPv4 es opcional y muchas veces depende de implementaciones externas.

Por último, hay que señalar que en esa revisión profunda del protocolo IPv4 y producto de la experiencia acumulada desde los años 70 sobre IPv4 la IETF procedió a una simplificación de la estructura del encabezado, añadiendo funcionalidades para facilitar el enrutamiento como la etiqueta de flujo que deriva en un rastreo preciso y predictible de los paquetes transmitidos y su tránsito por todos los dispositivos intermedios y a su vez hace mucho más fácil la detección de cualquier alteración de ruta  o manipulación cualquiera.

La seguridad y ciberseguridad resultan hoy una preocupación necesaria e inteligente.  Este conjunto de descripciones quiere llamar la atención sobre soluciones que podemos tomar de un día para otro y con extrema facilidad y, aspecto no baladí, sin apenas coste ni necesidad de nuevas inversiones.

Nota recomendada: El reto del direccionamiento de Internet: IPv6 (I)

Será precisamente en el próximo artículo donde describiremos de manera pormenorizada las estrategias de coexistencia y migración desde IPv4 a IPv6

Jesús Lazcano
Ingeniero en Telecomunicaciones
Director de la Corporación Overseas – Unireg
[email protected]

Asonada de El Tambo

En Colombia estamos sufriendo el flagelo de las asonadas, cuyos traumáticos episodios no se registraban hace años, aunque las cifras de la Fuerza Pública y de la prensa divergen, ya que unos hablan de 23, mientras otros registran más de 30, y como era de esperarse, la oposición política escala la cuenta hasta 53, pero el mensaje que nos queda es una realidad de golpe: el Estado no protege a quienes debería proteger.

El episodio más reciente ocurrió en El Tambo, Cauca, cuando decenas de civiles, instigados por las disidencias del Frente Carlos Patiño, retuvieron a más de cuarenta militares y los obligaron a ceder el control territorial. Lo que en los titulares aparece como un acto “espontáneo” de campesinos inconformes, en la realidad es un mecanismo de presión mafiosa para defender enclaves cocaleros que hoy financian la guerra.

 

Aunque la asonada se define por el Código Penal como un delito producto del levantamiento tumultuario para forzar a la autoridad a actuar u omitir un deber, más allá de la juridicidad del hecho, lo que realmente nos debería preocupar como sociedad, es que en este gobierno se ha normalizado como instrumento de negociación en la ruralidad ante los ojos miopes de la justicia y el ejecutivo.

El presidente Gustavo Petro, en un ensoñador viraje discursivo, ha reconocido que la tarea central es “liberar a la población colombiana de la mafia que impera en las regiones cocaleras”. Esa mafia no es un fantasma, pues tiene rostro, armas, mercado y territorio, sin ir más lejos el vecino Cartel de los Soles, señalado internacionalmente como organización criminal de altos mandos venezolanos, aparece como socio estratégico de guerrillas narcoterroristas que hoy son interlocutoras de la “Paz Total”, lo que resulta en un contrasentido político, de un lado, el gobierno pide que las mafias dejen en paz a los campesinos cocaleros, y del otro, busca dialogar en simultánea con toda la delincuencia organizada que se nutre con el Narcotráfico.

La responsabilidad de la Fuerza Pública en un Estado Democrático de Derecho es actuar con legalidad, proteger a la población y judicializar a los delincuentes. Entre tanto, la responsabilidad del Gobierno es mucho mayor, en la medida que debe brindar seguridad integral y unidad en el territorio, así como diseñar una política de drogas que no se quede en discursos simbólicos, sino que ofrezca hechos tangibles para los eslabones cultivadores en el marco de la ley.

Cualquier discurso cargado de realismo mágico en materia de seguridad y narcotráfico, termina siendo inútil, retórico y vacío, como ocurre con la política de “Paz Total”, hoy profundamente desacreditada dentro y fuera de Colombia. A esto se suma el enorme riesgo de impunidad que genera el mal llamado sometimiento de las bandas criminales a la justicia, fuertemente cuestionado por analistas y expertos negociadores. Aunque no se plantea una amnistía abierta, sí se pretende otorgar beneficios judiciales excesivos que debilitan la legitimidad social del proceso. En un país donde las comunidades son obligadas a servir como escudos humanos frente al Ejército, o simplemente que las poblaciones viven históricamente de cultivos por permisividad estatal, venir ahora a prometer rebajas de penas a quienes financian y ordenan esas asonadas no se interpreta como un acto de paz, sino como una claudicación del Estado.

En síntesis, Colombia no puede seguir confundiendo paz con claudicación. Mientras no se enfrenten las mafias locales y transnacionales del eje criminal vene-mejicano, se impongan condiciones reales a las disidencias y se garantice presencia estatal con seguridad, justicia y desarrollo, la llamada Paz Total seguirá siendo un espejismo como en El Tambo, donde las comunidades han sido usadas como escudos humanos y la economía cocalera sostiene a los grupos armados. Así esta deleznable política corre el riesgo de legitimar a los violentos, debilitar la autoridad del Estado y perpetuar la impunidad, con el agravante que estas mismas asonadas amenazan con repetirse en todo el territorio Caucano, en Nariño, el Catatumbo, Guaviare, Chocó y gran parte de la periferia colombiana, siendo regiones que sumadas en su conjunto abarcan la mayor parte del territorio nacional y condensan los mayores desafíos de la seguridad, Justicia y la gobernabilidad.

Luis Fernando Ulloa

La Panamericana en el Cauca y el desafío a la vida

El domingo pasado la Panamericana cumplió 5 días de estar cerrada, todo esto por las protestas, que parece se han vuelto paisaje, en este sector del país. Parece que esta importante vía que comunica el norte de Colombia con el sur, se escrituró a nombre de las comunidades indígenas, más exactamente del CRIC. Esta afirmación se debe a que cada vez que a esta comunidad le da la gana de bloquear el tránsito libre de personas y comercio, lo hacen y punto, y no hay poder humano que permita desbloquear, a no ser, eso sí, que primero se negocien miles de millones.

La práctica de anular la movilidad por esta importante vía tiene sus orígenes por allá en el año 1986, fue en ese año en que las comunidades indígenas cambiaron su manera de protesta, pasando de la invasión de las haciendas existentes, a la ya muy practicada herramienta de tomarse la carretera e impedir el flujo de comercio, afectando con esto centenares de poblaciones que habitan el sur del país.

 

La excusa siempre es la misma, los reclamos de estos pueblo por los ya cacareados incumplimientos de los gobiernos nacionales, lo interesante del caso, es que ya estamos acostumbrados a escuchar que cada negociación representa la destinación de miles de millones de pesos que, en su gran mayoría son administrados, supuestamente, por las comunidades, lo extraño del caso es que, como sucede con la consulta previa, después de tantos años de bloqueos y negociación no se entiende como las comunidades no avanzan y siguen sumidas en la pobreza.

Y como es costumbre en nuestro país, nadie investiga el destino de los dineros, nadie se cerciora por el cumplimiento de los proyectos que se pactan y claro está, la razón es una, a las comunidades no se les puede indilgar delitos fiscales o que ameriten una sanción disciplinaria; eso tiene que cambiar, al fin de cuentas son dineros públicos.

Solo para que tengamos una aproximación al problema, en el 2023 se presentaron aproximadamente 30 bloqueos, lo cual representó pérdidas por aproximadamente 80 billones de pesos, los cuales representan un hueco considerable para la economía del país y para los empresarios que se ven directamente afectados por estos bloqueos.

Pero además de los bloqueos debemos mencionar la forma como se ven afectadas las personas, que por motivo de los mismos, ven mermados sus derechos fundamentales, es decir en la lógica de reclamar sus derechos, las comunidades indígenas del Cauca atentan contra los derechos de los demás, veamos cómo.

Atentan contra el artículo 1 de la declaración, puesto que afectan los derechos que todos tenemos y la fraternidad que la misma reclama debemos tener.

También van en contravía del artículo 3, puesto que los bloqueos afectan la libertada y la seguridad de las personas que lo padecen, los bloqueos y lo que esto genera puede ser entendido como un trato cruel, puesto que priva a los habitantes de adquirir los productos que son útiles para su sustento diario, en este sentido, puede entenderse que los bloqueos a la vía van en contra de lo que se lee en el artículo 5.  

Las tomas de la vía Panamericana también atentan contra el artículo 13 de la declaración de los derechos humanos, ya que impide la libre circulación de las personas, también va en contra del artículo 16, ya que estos bloqueos atentan contra la libertad de la familia y al derecho que estás tiene de ser protegidas por el Estado.

El artículo 23 habla del derecho que todos tenemos al trabajo, este derecho también se ve truncado por los bloqueos, puesto que muchos trabajadores ponen en riesgo la posibilidad de continuar trabajando y de obtener el salario fruto de su trabajo por la obstrucción a la vía, la cual genera pérdida de alimentos, degradación de los productos que transportan y demás situaciones que juegan en contra del interés de poder laborar como normalmente lo hacen.

Pero sin lugar a dudas la afectación más gravosa, es cuando se afecta la vida de las personas, cuando se les niega la posibilidad que puedan ser atendidos de manera oportuna. son muchas las personas que tienen que cumplir una cita médica urgente o que están en grave estado de salud y por culpa de los bloqueos no pueden ser atendidos de manera pronta y tienen que soportar agudos dolores o lo que es peor, cuando el vehículo que transporta a un pacientes en estado grave es atacado, como lo denunció el hospital Susana López de valencia, el día 6 de septiembre de este año.

En Colombia se debe prohibir los bloqueos, como lo hemos visto aquí son estos los responsables de graves afectaciones a los derechos que todos tenemos, el Gobierno y las autoridades deben ejercer todos los recursos del Estado, incluido la fuerza, para disuadir o impedir estas acciones que afectan los derechos de los demás ciudadanos.

No puede ser que la solución sea negociar para levantarlos, la consecuencia de los bloqueos debe ser la acción contundente de la fuerza del Estado por medio de la fuerza pública; despejar la vía a cualquier precio, dentro de los canales de la legalidad, debería ser la prioridad, esperemos que la próxima presidente lo logre.

Jefferson Mena Sánchez

Un puente humano entre China y América Latina

En tiempos en que la geopolítica suele reducirse a cifras de comercio y balanzas de poder, vale la pena detenernos a pensar en algo más hondo: ¿_qué significa realmente el encuentro entre dos civilizaciones como China y América Latina_? La respuesta, creo, no está en los indicadores económicos, sino en *los lazos humanos que podemos construir*.

Un puente entre pueblos no se edifica con cemento, sino con cultura, educación, arte, gastronomía, ciencia y solidaridad. China, con su milenaria sabiduría, nos muestra la disciplina de la armonía y la resiliencia frente a la adversidad. América Latina, con su diversidad y creatividad, aporta sueños de *justicia, igualdad y dignidad*. Cuando estas fuerzas dialogan, no se trata de dependencia ni sometimiento, sino de reconocimiento mutuo: de asumir que el futuro puede ser compartido si se construye desde el respeto.

 

El mundo de hoy necesita más que tratados comerciales; relaciones internacionales que pongan a las personas en el centro, que den prioridad a la vida sobre la rentabilidad inmediata. *América Latina y China* tienen la oportunidad —y la responsabilidad— de mostrarle al planeta que otra diplomacia es posible: _una que se funda en la confianza, en el humanismo, en la convicción de que la cooperación no destruye, sino que cuida; que no arrasa, sino que siembra_.

Este encuentro nos recuerda también nuestra propia historia. La de nuestros pueblos indígenas, casi extinguidos y tantas veces silenciados, cuya memoria merece ser contada con la misma dignidad que hoy se otorga a la epopeya de los vencedores. Porque ser revolucionario no debería ser un estigma, sino un símbolo de lucha por lo público, por lo colectivo, por lo que pertenece a todos.

China, con sus lecciones de dolor y de resistencia, nos muestra que la reconstrucción es posible. Supo levantarse de la guerra, firmar la paz, inmortalizar a sus líderes y poner la mirada en el bien común. Ese ejemplo nos inspira a pensar en nuestras propias tareas pendientes: cómo hacer de la mejora continua un hábito, cómo transformar el poder en una herramienta para servir y no para dominar, cómo convertir la cooperación en raíces que den frutos compartidos.

Más allá de los discursos oficiales, hay algo que ya hemos ganado: *la experiencia de compartir, de reconocernos en el otro*. Ese gesto simple y poderoso —estrechar la mano de un colega, intercambiar palabras con alguien de una cultura distinta, sentir que habitamos el mismo “cuartito azul” que es la Tierra— es, en sí mismo, un aprendizaje vital.

*Por eso, el reto es mantener vivos esos lazos*. No solo entre gobiernos, sino entre personas; no solo con acuerdos, sino con afectos. *Si somos capaces de cuidar esa hermandad*, de verla como un honor y no como un trámite, estaremos contribuyendo a lo más valioso: que nuestros países sean potencias, sí, pero no de dominación, sino de transformación y de vida.

Marcela Clavijo

La Creg y el modelo de contratación para Air-e y otras E.S.P. intervenidas

Mediante la búsqueda de soluciones que permita una tarifa más justa y también dándole un respiro a la intervenida empresa de servicios públicos en la costa, Air-e (con sobrecostos después de su intervención de al menos 4.000 millones de pesos, mediante el proceso de tercerización y dado por su exinterventor Edwin Palma) ha buscado un nuevo modelo de contratación-salvación ya aprobado por la Creg.

La nueva propuesta consiste en qué estás empresas de servicios públicos intervenidas, puedan acceder a la negociación directa de energías limpias y generadoras hidroeléctricas, permitiéndoles evitar el precio de bolsa cubriendo la demanda a un precio inconcusamente menor, trasladando un ahorro directo ojalá a los usuarios.

Con esto se espera que lleguen a los  pequeños comercios e industrias en una región donde el servicio no solo es precario, deficiente y costoso.

El gobierno si bien apuesta a un modelo de ahorro, ojalá también le apostara a la mitigación y erradicación del robo de energía por parte de los usuarios y empresas; solo para el año 2024, las pérdidas se ubicaron en $541.751 millones en los departamentos La guajira, Atlántico y Magdalena.

 

Me preocupa también la falta de equilibrio, que, por un mal manejo, otros comercializadores que, si hacen la tarea tanto financiera cómo en atención, validen una expectativa del “ser pillo paga”, en una región en la que lamentablemente no le han funcionado las empresas de servicios públicos del sector energético, estableciendo una cultura de robo y corrupción.

Se espera que al retomar la resolución 101 067 de 2024, Air-e compre de manera directa el 82 % de su demanda, permitiéndole reducir costos de cerca del 18% y evitando una exposición de bolsa superior al 50% como sucedió el año pasado en el mes de septiembre. También, buscando saldar una deuda de 1,4 billones de pesos, de acuerdo con Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de Andeg.

Así como Air-e otras empresas intervenidas pueden pasar a un modelo de salvación, justo o no, ojalá bien administrado.

Estos tienen una ventaja importante al buscar fuentes de energías renovables en alianza con el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), a través de granjas solares y el impulso a los Proyectos de Normalización de Redes Eléctricas (Prone).

Iván Santisteban

PFZW, BlackRock y la geopolítica del ESG: ¿hacia un nuevo mapa financiero?

El fondo de pensiones holandés PFZW dejó de invertir en fondos de acciones gestionados por BlackRock (BLK.N), en parte por preocupaciones sobre el historial de votación de la firma estadounidense en temas de sostenibilidad, según informó su gestora principal, PGGM, el pasado miércoles.

Esta decisión se enmarca en una campaña más amplia en los Países Bajos que busca presionar a los grandes planes de pensiones para que se alejen de los gestores que han reducido su apoyo a las resoluciones climáticas en las juntas de accionistas (Reuters, 3 de septiembre).

 

El fondo justificó su salida señalando la falta de alineación en los compromisos climáticos y en las prácticas de gobernanza. PFZW, que administra los ahorros de jubilación de los trabajadores de la salud, ha venido afinando su estrategia de sostenibilidad, exigiendo a los gestores de activos no solo comprometerse con trayectorias hacia las cero emisiones, sino también utilizar activamente su poder de voto para acelerar la descarbonización corporativa. En contraste, BlackRock y LGIM fueron percibidos como demasiado pasivos o demasiado condicionados por las presiones políticas en Estados Unidos, particularmente ante la reacción contra la inversión ESG en varios estados norteamericanos.

Este giro va más allá de un asunto de principios: es una señal clara de divergencia en los mercados de capitales globales. En Europa, los reguladores, los fondos de pensiones y los inversionistas institucionales han integrado la sostenibilidad como un deber fiduciario esencial.

Normativas como el SFDR y la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) imponen obligaciones de divulgación estrictas que dejan poco margen a la ambigüedad. En este contexto, los propietarios de activos europeos se están alejando de las estrategias pasivas basadas en índices de referencia y avanzan hacia enfoques más activos, donde la integración ESG sea demostrable, medible y exigible.

Para los gestores estadounidenses, el caso de PFZW expone una vulnerabilidad creciente: el difícil equilibrio entre apaciguar las presiones políticas internas y responder a las expectativas de clientes institucionales globales. Si más inversionistas europeos siguen el ejemplo de PFZW, las firmas estadounidenses podrían enfrentar una presión cada vez mayor para aclarar su postura sobre ESG, fortalecer sus prácticas de gobernanza y alinearse de forma más explícita con los marcos climáticos internacionales.

Al mismo tiempo, este movimiento subraya una tendencia más amplia: la reasignación de capital basada en la credibilidad en sostenibilidad. La salida de miles de millones de euros de los mayores gestores de activos del mundo demuestra que el ESG ya no es solo una cuestión reputacional; se está convirtiendo en un factor decisivo de competitividad y cuota de mercado.

En muchos sentidos, la decisión de PFZW es un aviso: los gestores globales que quieran competir en Europa deberán cumplir con las reglas europeas en materia de ESG. La capacidad de las firmas estadounidenses para conciliar la oposición política interna con las crecientes exigencias de sostenibilidad en el exterior definirá no solo su base de clientes, sino también la futura geografía de las finanzas sostenibles.

Estas decisiones en los mercados de capitales son también otro síntoma del aislamiento que está experimentando Estados Unidos en distintos frentes: en sus relaciones internacionales, en lo multilateral, en lo comercial e incluso en la fortaleza democrática de sus instituciones. Y todo ello empieza a tener un efecto visible en las transacciones bursátiles internacionales.

La pregunta que queda abierta es: si este es el ejemplo de un fondo europeo, ¿qué ocurrirá con el otro gran jugador mundial? ¿Seguirá China el camino marcado por los Países Bajos o, por el contrario, continuará con su estrategia de adquirir bonos de la Reserva Federal e invertir en Estados Unidos?

Como en el resto de la geopolítica internacional, conviene seguir de cerca este tipo de movimientos para identificar si estamos ante una tendencia general de los mercados —con un impacto potencialmente fuerte en la economía estadounidense y, por ende, en una de las banderas políticas de Donald Trump— o si se trata simplemente de una acción aislada por parte de un fondo neerlandés.

Por: Juan Camilo Clavijo Martín

La política energética y sus desvaríos

Vamos a “reactivar el suministro de gas desde Venezuela”, ha dicho el ministro de Minas y Energía Edwin Palma, cuando desde allá Colombia no ha recibido una sola molécula de gas, no se puede reactivar lo que nunca ha estado activo. Colombia cumplió su parte y durante   7 años (2008-2015), más allá de lo pactado, le suministro a Venezuela, en promedio 150 MMPCD.

Bueno es recordar que Venezuela nunca cumplió con su parte, que le obligaba a corresponder proporcionándole a Colombia el mismo volumen a partir de 2011.  Así quedó consignado en el contrato que firmaron Chaves y Uribe en mayo de 2007, dándole vida al gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaute, que une a La Guajira con el Estado Zulia. Venezuela nos puso conejo!

 

Además de los “retos técnicos, jurídicos y económicos, y en eso estamos concentrando la gestión pública”, que, según el Ministro Palma, al afirmar que “no es un camino sencillo, pero estamos avanzando”, están de por medio las sanciones impuestas por los EEUU a Venezuela y solo con la aquiescencia de la Oficina de control de activos extranjeros (OFAC), que depende del Departamento del Tesoro de los EEUU, que complican la viabilidad de cualquier acuerdo para reactivar el contrato incumplido, que está vigente hasta el 2027, se podrá avanzar en dicho propósito. A no ser que el Presidente Petro quiera desafiar al altanero de Trump, exponiendo al país a las mismas represalias arancelarias (25%) que les está aplicando a los países que le compren petróleo o gas a la dictadura de Nicolás Maduro. Le saldría a Colombia más caro el caldo que los huevos!

Ante la afirmación del ministro Palma de que se ha impuesto “el reto de traer la primera molécula de gas desde Venezuela antes de terminar el año”, cabe preguntarse qué ha cambiado desde agosto del año pasado, cuando el exministro Andrés Camacho aseguró ante el Congreso de la República que “ni política, ni financiera o técnicamente vamos a poder importar gas desde Venezuela”. Dicho sea de paso. ECOPETROL le solicitó a la OFAC su autorización para importar gas desde Venezuela en noviembre de 2022 y sólo ha recibido la callada por respuesta.

No es previsible que en el corto plazo Venezuela pueda disponer de la infraestructura necesaria para transportar el gas desde el oriente de su territorio, que es donde están sus mayores reservas de gas natural, en la Perla, que se estiman en 9TPC, casi 4 veces las reservas probadas de Colombia, en un campo operado por Repsol y Eni, hasta empalmar con el desastrado gasoducto Antonio Ricaute en el Estado Zulia, que toca rehabilitar, lo cual demanda una cuantiosa inversión que la quebrada PDVSA no está en condiciones de asumir. A ello se ha venido a sumar el endurecimiento de las sanciones de los EEUU a Venezuela.

Este paso, en falso a mi juicio, según el ministro Palma será “decisivo para romper con los monopolios y garantizar energía justa”, sin reparar en el hecho de que, si algún monopolio en materia de gas en el país quien lo ejerce es ECOPETROL, liderando la producción nacional, con el 72%, posee el 90% de las reservas probadas del país y es a la vez el segundo mayor consumidor, después de la industria, en sus refinerías acaparando más de 150 MMPCD. 

Por lo demás, la Presidenta de la Junta directiva de ECOPETROL Mónica de Greiff ha sido categórica al afirmar en forma tajante que “nunca va a llegar gas de Venezuela a Colombia”. Lo descartó en forma terminante. Según ella, “ECOPETROL no puede importar gas de una compañía pública de Venezuela por las sanciones que le impondría Estados Unidos a ECOPETROL”. Interrogado por esta circunstancia, el Ministro Palma le salió al paso a las declaraciones de Mónica aseverando y asegurando olímpicamente que “ECOPETROL, aunque nuestra principal empresa, es un agente más, para traer gas de Venezuela no se necesita a ECOPETROL”. Esta si es ya la tapa, el Gobierno no cuenta con otra empresa distinta a esta, con el músculo financiero y la logística requeridos para dicha importación, por lo que se tendría que recurrir a la tan denostada empresa privada.

Cabe resaltar que esta posición del Ministro Palma va a contrapelo de la orden impartida por parte del propio Presidente Gustavo Petro, quien en desarrollo de un Consejo de ministros transmitido en directo reprendió y le llamó la atención, jalándole la oreja, al Presidente de ECOPETROL Ricardo Roa en los siguientes términos: “hermano no entiendo por qué ECOPETROL no está importando gas. El simple hecho que ECOPETROL no importa gas como sí importa gasolina está generando este negociado con los colombianos”, aludiendo a la importación de gas por los privados, Y fue más lejos el Presidente Petro al sentenciar: “la orden que yo le doy al Ministro de Minas es que mire a ver qué pasa en ECOPETROL y por qué no importa el gas y compite. Competencia, dice el capitalismo”.

En medio de esta cortina de humo, insistiendo en el embeleco de importar gas desde Venezuela y los desvaríos de la política energética que pone de manifiesto, queda flotando en el ambiente la pregunta: si no es ECOPETROL quien importaría el gas desde Venezuela, quién lo haría. De hecho, ECOPETROL hace rato tomó la decisión, a través de su Junta directiva, de contratar la regasificación de gas en el Pacífico, para lo cual firmó el primer contrato de regasificación con la empresa PIO SAS (Puertos, Inversiones y Obras S.A.S), con una capacidad de 60 MMPCD, la cual entraría en operación en el segundo trimestre del año entrante. Aspira, además, siguiendo las instrucciones del presidente Petro, a tener su propia planta regasificadora en La Guajira, aprovechando las facilidades que ofrecen las dos plataformas del campo Chuchupa y la estación de Ballena, desde donde parte el gasoducto que opera actualmente y que transporta el gas hasta Barrancabermeja, con una capacidad de 300 MMPCD, aproximadamente.

Amylkar Acosta

Estamos recuperando la mesada 14 que Uribe le robo a los profes del país

Esta semana la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de Acto Legislativo que busca reconocer la mesada 14 para los docentes del país. Detrás de esa decisión hay un mensaje nítido: dignificar a quienes sostienen la educación pública y corregir una desigualdad creada en 2005, cuando una reforma constitucional impulsada bajo el gobierno de Álvaro Uribe cercenó este derecho de los profes de Colombia.

La mesada adicional prevista en el artículo 142 de la Ley 100 nació como un mecanismo de compensación frente a la inflación; la Corte Constitucional, en la Sentencia C-409 de 1994, extendió ese beneficio para evitar discriminaciones entre pensionados en iguales condiciones. Si la finalidad era proteger el poder adquisitivo, carece de sentido que unos docentes reciban 14 mesadas y otros 13 por una barrera temporal impuesta en 2005. La igualdad material, principio rector de nuestro Estado Social de Derecho, no admite distinciones arbitrarias.

 

¿Qué pasó en 2005? El Acto Legislativo 01 de ese año introdujo la regla de las trece mesadas, excepto para quienes hubiesen causado la pensión antes del 31 de julio de 2011 por un valor de hasta 3 salarios mínimos. La justificación central del Gobierno Uribe fue la “sostenibilidad financiera” del sistema pensional: supuestamente garantizar el pago futuro, generando inequidades entre unos y otros dejando a la mayoría de los maestros sin pensión digna.

Según información del Ministerio de Educación y del FOMAG, hoy hay 250.237 docentes pensionados; el 35% (87.583) ya recibe mesada 14 y el 65% restante (162.654) aún no. Cerrar esa brecha tendría un costo estimado de más de $575 mil millones que deberá armonizarse con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. No es un cheque en blanco: es una decisión responsable para poner en regla un trato igualitario dentro del régimen especial del magisterio.

Pero sostenibilidad no es sinónimo de inequidad. Nadie discute que el sistema debe ser viable; lo que está en debate es si resulta legítimo mantener, veinte años después, una desigualdad interna entre servidores públicos que hicieron la misma carrera y cumplen idéntica función. La propia jurisprudencia ha advertido que el trato diferente solo es legítimo cuando se justifica razonablemente, y la mesada adicional —una prestación separable— fue diseñada para mitigar el deterioro del ingreso pensional; negar ese dique solo a parte del magisterio vulnera la igualdad real.

Además, el país ya demostró que es posible corregir sin poner en riesgo las finanzas. En 2024 el Congreso restituyó la mesada 14 a veteranos de Fuerzas Militares, Policía y a civiles del sector defensa, con requisitos definidos y estimación de impactos. Ese precedente evidencia que el debate no es “sí o no” a la mesada 14, sino a quiénes se reconoce y bajo qué reglas. Si a quienes cuidan el orden se les reconoce ese ingreso, ¿por qué negárselo a quienes cuidan el futuro desde el aula?

Nuestro proyecto hace lo correcto y lo hace bien. El texto aprobado adiciona un parágrafo al artículo 48 para incluir expresamente a las y los docentes oficiales —nacionales, nacionalizados y territoriales, según las categorías de la Ley 91 de 1989— como beneficiarios de la mesada 14 dentro de su régimen exceptuado. Y lo hace con rigor: la reforma no tiene efectos retroactivos y está sujeta a concepto fiscal de Hacienda, como corresponde. Son reglas claras que dan seguridad jurídica y, sobre todo, igualdad.

Quienes hoy se oponen repiten los argumentos de 2005. Dicen “no hay plata”, como si la educación fuese un gasto suntuario; olvidan, además, que los análisis de entonces advertían sobre presión fiscal por fallos y bonificaciones, pero no borran el hecho de que la mesada 14 fue creada para proteger a los pensionados del deterioro inflacionario. En otras palabras, el remedio de hace dos décadas se volvió una enfermedad crónica de desigualdad. El país cambió; la Constitución sigue siendo la misma: proteger a los mayores, garantizar el mínimo vital y asegurar la igualdad material.

Alejandro Toro

La negación de medicamentos, una responsabilidad de vida

El acceso a los medicamentos esenciales es uno de los pilares del derecho fundamental a la salud. En Colombia ese derecho está reconocido en la Constitución y en la Ley Estatutaria de Salud. Sin embargo, para miles de usuarios de la Entidad Promotora de Salud (EPS) FAMISANAR, entre otras, este reconocimiento no pasa de ser un enunciado vacío. La negación reiterada de medicamentos básicos refleja la incapacidad de la entidad para responder de manera digna y oportuna a las necesidades de los pacientes.

Negar medicamentos significa condenar a los enfermos a vivir bajo el riesgo permanente de complicaciones graves. Una persona hipertensa que no recibe su tratamiento puede sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular. Un diabético sin insulina o hipoglicemiantes orales está expuesto a daños irreversibles en la visión, el riñón o el sistema circulatorio. Un paciente con prostatitis, al no recibir sus medicamentos, enfrenta dolor, infecciones recurrentes y deterioro progresivo en su calidad de vida. La ciencia médica ha demostrado de manera contundente que la continuidad en los tratamientos es vital, y aun así la EPS insiste en prácticas que vulneran este principio.

 

A este panorama se suma una pésima decisión que refleja la desconexión entre las EPS, sus operadores logísticos y la realidad de los pacientes. En Bogotá, la empresa RAMÉDICAS, contratada por FAMISANAR para la entrega de medicamentos, ha implementado un sistema de atención por “pico y cédula”, como si la enfermedad y el sufrimiento pudieran ajustarse a turnos arbitrarios. Este modelo absurdo desconoce que la salud no espera, que un diabético no puede aplazar su dosis de insulina hasta que coincida el último dígito de su cédula con el día de atención en la farmacia, que un hipertenso no puede suspender su tratamiento porque el calendario logístico se lo impone. Adicionalmente la mayoría de las veces que recurre a reclamar sus medicinas, en el día que le coincide con el último número de su cédula, estas no están disponibles.

Los usuarios quedan atrapados en medio de la disputa política y contractual que enfrenta al Gobierno Nacional con las EPS. Las reformas en curso, los cuestionamientos a la sostenibilidad financiera del sistema y los cruces de señalamientos entre las partes han creado un ambiente de incertidumbre. Es evidente que el sistema de salud colombiano requiere una transformación estructural. Eliminar a los intermediarios financieros puede ser un paso necesario, pero el tránsito hacia ese nuevo modelo debe hacerse de manera progresiva. La infraestructura de las redes hospitalarias públicas no está hoy en capacidad de asumir toda la demanda de servicios de salud que antes gestionaban las EPS, de allí la necesidad hoy, de contar con las IPS (Institución Prestadora de Servicios) privadas para garantizar el servicio.

El fortalecimiento de la medicina preventiva, es sin duda una meta indispensable. Pero sus resultados se verán reflejados en el mediano y largo plazo. Mientras tanto existen miles de personas que ya padecen enfermedades crónicas y que requieren medicamentos diarios para sobrevivir. Estos pacientes no pueden esperar a que los cambios estructurales comiencen a dar frutos, porque cada día sin tratamiento representa un riesgo real de vida.

En un momento de transición del sistema de salud el deber más elemental del Estado, es garantizar que los tratamientos no se interrumpan. Gobernar implica prever y anticipar los efectos de los cambios, establecer planes de contingencia y actuar con rapidez para que la ciudadanía no se vea expuesta a riesgos innecesarios. La tarea del Ministerio de Salud consiste en garantizar que ningún paciente quede desprotegido mientras se define el rumbo de la política pública. Cada paciente que no recibe tratamiento termina representando mayores costos para el sistema en hospitalizaciones, urgencias y procedimientos de alta complejidad que pudieron evitarse.

La confianza en el sistema de salud se debilita cuando la población percibe que sus derechos no están protegidos ni por la EPS ni por el Gobierno. Esa desconfianza mina la legitimidad institucional y alimenta un sentimiento de abandono que erosiona la relación entre la ciudadanía y el Estado. Si el acceso a un medicamento esencial depende de trámites interminables, de discusiones contractuales o de un pulso político, la idea misma de salud como derecho fundamental pierde sentido.

El Gobierno debe diseñar y ejecutar de inmediato un plan de contingencia que asegure la entrega oportuna y continua de medicamentos esenciales. Se requiere también un sistema de vigilancia y sanción que impida que las EPS actúen con impunidad frente a sus usuarios. Y lo más importante, es necesario que el Ministerio de Salud asuma con decisión su papel de garante del derecho a la salud. La crisis actual con FAMISANAR y otras EPS es un síntoma de un sistema que arrastra problemas estructurales, pero también es la muestra de que existen graves dificultades administrativas que agravan esos problemas.

El Estado existe para proteger la vida de las personas y no para exponerlas a la incertidumbre y al abandono. La salud y la vida no son variables de negociación ni pueden convertirse en moneda de cambio en los debates sobre el futuro del sistema. Son derechos fundamentales que el Estado está obligado a proteger hoy, no mañana, porque cada día que pasa sin medicamentos es un día en el que la vida de miles de pacientes queda en riesgo.

Luis Emil Sanabria D

Los secretos del ‘Reino de los Mercados’

En la vasta aldea del Norte (EE. UU.), los sabios del Consejo Económico desplegaron sus pergaminos mágicos. El hechizo del PCE reveló que los dragones de la inflación estaban domados, respirando fuego solo al 3%.

La caída de los precios energéticos (-2,7% en julio) fue como un balde de agua helada que enfrió sus llamaradas, compensando las hogueras del reino de los servicios. Aun así, la ansiada meta del 2% sigue siendo un castillo lejano en el horizonte. Mientras tanto, los mensajeros del PIB trajeron noticias festivas: la economía creció más de lo esperado (3,3% en el 2T) y apunta a 3,5% en el 3T.

 

La aldea del Norte sigue mostrando una sorprendente resiliencia, como un guerrero que, pese a las batallas, sigue en pie. Pero no todo es paz. En los pasillos de la Reserva Federal, un viejo caudillo llamado Donald Trump intenta mover piezas en el tablero, desafiando a la guardiana Lisa Cook. Si logra su cometido, controlará 4 de los 7 tronos del Consejo. Un cambio que podría desatar más especulación y debilitar los muros de la institucionalidad. 

En los mercados internacionales, el S&P 500 brilló como un sol radiante antes de caer suavemente al anochecer. El dólar y los títulos del Tesoro a 10 años permanecieron firmes, como caballeros en guardia. Y en los reinos de los mercados emergentes (peso colombiano, real brasileño, peso mexicano), las monedas se mantienen serenas, esperando tres grandes tormentas que se acercan: la reunión de la Fed (17 sept.), las elecciones en Argentina (26 oct.) y las de Chile. 

 En el Reino de Colombia, los bardos cantaron que el desempleo bajó de 9,9% a 8,8%. Sin embargo, la mayoría de los nuevos oficios son de cuenta propia, mientras los trabajos formales se desvanecen como castillos de arena. En el mercado accionario, la historia del dragón Canacol corrió como rumor en las plazas: ¿lo comprará Ecopetrol? En dos días, la acción voló un 60%, aunque solo alcanzó a regresar a los niveles de julio. Los mercaderes critican el silencio de los reyes, pues los rumores se convierten en tormentas que sacuden a todo el reino. Por su parte, el Ministerio de Hacienda blandió su varita de deuda y lanzó conjuros de repos y swaps con casas internacionales (BBVA, Citi, JP Morgan, Goldman Sachs). El objetivo: aliviar las presiones de las tasas y mejorar la hoja de vida de la deuda del reino. La magia surtió efecto en las curvas de TES, aunque no faltaron voces que advirtieron sobre el peligro de jugar con hechizos demasiado complejos. 

 La próxima semana se avecinan nuevas batallas: 

 • En Colombia, los druidas de la inflación revelarán el dato de agosto, esperado sobre el 5%, clave para la espada del Banco de la República. 

 • En EE. UU., las nóminas no agrícolas y el desempleo serán señales que el Consejo de la Fed leerá antes de decidir su próximo hechizo en septiembre.

Fabián Herrera

La mirada de Mutis

Cada 11 de septiembre, Día de la Biodiversidad Colombiana, se hace inevitable volver la mirada hacia el hombre que comandó la Real Expedición Botánica: ese gaditano que, con paciencia de monje y terquedad de visionario, se propuso revelar los secretos de un territorio aún por descifrar: José Celestino Mutis.

Colombia es un país privilegiado. Cerca del 10% de toda la biodiversidad del planeta se concentra en esta esquina de Suramérica. Somos la primera nación en orquídeas —más de 4.000 especies registradas, muchas de ellas endémicas— y la segunda en plantas, aves, anfibios, mariposas y peces de agua dulce. Una nación que alberga páramos únicos en el mundo, como Sumapaz o Chingaza, donde nace el agua que beben millones de personas, y selvas como la amazónica, pulmón que regula el clima planetario. Sin embargo, esa exuberancia contrasta con el olvido y la desidia: la deforestación avanza a pasos de gigante, los ríos son contaminados y la riqueza genética se dilapida sin reparo. Así somos.

 

En el siglo XVIII, Mutis comprendió que la biodiversidad era nuestro verdadero tesoro, más importante que el oro y la plata que hechizaban a los europeos, e incluso a él mismo. Su Expedición Botánica, iniciada en 1783 bajo el amparo de Carlos III, se convirtió en la empresa científica más trascendente del Nuevo Reino de Granada. A lomo de mula, atravesando montañas, selvas, páramos y ríos, el sabio y sus discípulos describieron miles de especies de flora y fauna, pintaron láminas de una belleza inigualable y dejaron un registro testimonial que aún hoy asombra a científicos y artistas. En Mariquita, en pleno corazón de Colombia, estableció un jardín botánico pionero que aún evoca el bosque húmedo tropical (b-HT) que le sirvió de laboratorio. Allí, durante siete años (1783-1791), un equipo de hombres con manos pacientes y mirada de sabios pintó e ilustró cerca de dos mil láminas, de las casi siete mil que conforman el corpus de la Expedición. Entre ellos estaba un niño iletrado nacido en Guaduas: Francisco Javier Matis, quien se convertiría en el mejor pintor de plantas del mundo, a decir de Alexander Von Humboldt, y en un continuador de la obra tras la muerte del naturalista el 11 de septiembre de 1808.

Colombia es un país con mala memoria. Y sus gobiernos más. Sin embargo, en 1983, durante la presidencia de Belisario Betancur, se creó la Fundación Segunda Expedición Botánica, Funbotánica, para proteger, divulgar y actualizar la obra de Mutis. Esta fundación, después de superar la “peste del olvido”, tiene como propósito recuperar reemprender la marcha. Para ello, en unión de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá y la Universidad de Ibagué, con el auspicio de la embajada de España ha convocado tres conversatorios en torno a “Mutis, biodiversidad y territorio”, que tendrán lugar en Bogotá, Ibagué y Mariquita los días 10, 11 y 12 de septiembre de 2025. Expertos y académicos conversarán sobre la riqueza natural de Colombia, el significado de la Expedición Botánica y de la Comisión Corográfica de Agustín Codazzi en el siglo XIX, y los desafíos contemporáneos de la conservación.

Nota recomendada: Fondo Adaptación y la CAR Cundinamarca acuerdan restaurar la microcuenca El Tejar, en la parte alta del río Bogotá

No es un homenaje académico. Se busca traer a Mutis al siglo XXI para que nos ayude a ver lo que él y sus discípulos supieron observar hace más de dos siglos y que aún sigue siendo casi imperceptible ante nuestros ojos.

Guillermo Pérez Flórez

Director de Funbotánica

Reactivar el aeropuerto para el Distrito de Turbo

Turbo, un territorio histórico para nuestra región, merece tener mayor inversión en transporte, vías y agua potable. Más aún cuando se pretende generar un modelo de integración regional que lo deja por fuera como es el Área Metropolitana de Urabá.

Reitero la necesidad de reactivar el aeropuerto para el distrito de Turbo, como lo plantee en  reciente debate de control político en la Comisión Sexta de Cámara a MinTransporte: es necesario priorizar la recuperación del aeropuerto como proyecto clave para la región.

 

El actual aeropuerto permanece bajo administración de las Fuerzas Militares, lo que impide su uso civil. Ante esta situación, la propuesta se acompasa con la  del concejal Luis Fernando Cuesta Manyoma, de solicitar a la Aeronáutica Civil claridad sobre el estado del aeropuerto y los convenios vigentes. La otra alternativa es que el Plan de Ordenamiento Territorial defina un lote estratégico para un futuro aeropuerto, conectado con los proyectos portuarios del distrito.

Hago un llamado a la unidad de dirigentes, autoridades locales y ciudadanía, más allá de las diferencias partidistas, para lograr que Turbo cuente con un aeropuerto funcional. La falta de consensos ha sido una de las causas del atraso en obras estratégicas para el distrito, el desarrollo regional requiere una visión compartida.

Finalmente, es clave reiterar que el desarrollo del distrito como centro portuario y turístico solo será posible si se garantiza una infraestructura de transporte adecuada. El Urabá tiene las condiciones para generar vida digna para su población y podría ser la primera ciudad portuaria planificada del país, en beneficio de su gente.

Pedro Baracutao

Israel, el pueblo elegido

Esta semana inició una mendaz campaña internacional de prensa contra Israel, en la que participan más de ciento cincuenta medios de comunicación audiovisuales, impresos y digitales, entre los que se cuentan medios colombianos. Todos al unísono siguen la misma línea editorial: Tildar falazmente al Estado de Israel como estado genocida y asesino de periodistas. Esta campaña en ciernes obedece a una acción financiada por conglomerados antisionistas que pretenden hacer posar a los victimarios como víctimas de Israel.

Es absolutamente falso todo lo que se ha dicho contra Israel, su gobierno y su pueblo en esta campaña que pretende manipular la opinión pública contra el pueblo judío y su causa propia, que no es otra que su existencia. Así duela a muchos “odiadores”, Bené Israel son el pueblo elegido. Eretz Israel es la tierra prometida y elegida por El Eterno para su pueblo, a quien escogió entre lo más vil del mundo, halló gracia y dispuso con los grandes patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. 

 

Algunos piensan que la ley contenida en la Torah es fantasía, desconocen que es la palabra de El Eterno que se ha mantenido incólume con el paso de los milenios, ni una sola coma ha sido cambiada. El Libro Irmeyahu, para los cristianos Jeremías, 36:37-38 consigna: “He aquí Yo los reuniré de todos los países a donde los desterré allá con mi enojo, mi furia y con gran ira, los haré retornar a este lugar, y los haré habitar con seguridad. Serán para Mí por pueblo, y Yo seré para Ellos por D-os.” Elección que ya había ocurrido mediante el pacto celebrado por El Eterno con Abraham y luego sería ratificado con Isaac y Jacob, conocido éste como Israel, padre de las doce tribus, cuyos hijos y descendientes padecerían 430 años de cautiverio en Egipto.

Moshe, el más grande todos los profetas, es designado por El Eterno para sacar a Bené Israel del cautiverio egipcio hasta Eretz Israel, la tierra prometida y elegida, lo que finalmente ocurriría luego de cuarenta años deambulando por el desierto conduciendo 600,000 varones, mujeres y niños. Sería Yehoshua quien finalizaría la gesta mosaica, cuando las doce tribus tomaron posesión de la tierra que El Eterno eligió para Ellos, lo que costó refriegas y combates, se estima ocurrió en el año 1406 antes de la era cristiana; en buena cronología, han transcurrido 3.431 años de presencia de Bené Israel en Eretz Israel.

Los Bené Israel tienen el derecho milenario a Eretz Israel, les corresponde por herencia divina. Israel durante milenios ha defendido ese derecho. Desde el 14 de mayo de 1948, fecha en la que David Ben Gurión (1886-1973) proclamó la independencia del Estado de Israel ante la partida de las tropas británicas. El moderno estado tiene derecho a existir, a defender su tierra y su gente de quienes no aceptan su existencia, lo que ha hecho desde siempre y seguirá haciendo bajo el amparo de D-os.

El 07 de octubre de 2023 el grupo terrorista Hamas atacó con sevicia a más de 1.200 personas dejando estelas de muerte y sufrimiento, detonante de la guerra que hoy existe. Los terroristas se esconden entre población civil, la que utiliza como escudo. La guerra contra Hamas es legítima y justificada. Israel no ha cometido, ni comete genocidio alguno. Se trata de una mentira que hace carrera resultado del odio contra Israel. Por ejemplo, Israel utiliza el carbón colombiano para generar electricidad, entre otros, para beneficio de la población civil que instrumentaliza los terroristas de Hamas, nunca para armamento. Israel al guerrear por sí mismo, guerrea por la humanidad. No en vano, Israel es el pueblo elegido por El Eterno. Paz, larga existencia y bendiciones sin fin para Bené Israel, Eretz Israel y Yerushalaim.

León Sandoval

Ideologías y polarización: empresas de servicios públicos ¿públicas o privadas?

En el artículo anterior abordé uno de los temas preferidos de confrontación por polarización ideológica: las funciones del Estado, desde un enfoque pragmático y no ideológico, y con la mira puesta en encontrar si realmente hay justificaciones para los enfrentamientos entre izquierda y derecha.

La conclusión, sin duda, es que que el desafío contemporáneo se centra más bien en liberar al Estado de la corrupción, desmantelar la captura corporativa y diseñar instituciones que sirvan al interés general, y que carece de todo sentido polarizarse alrededor de las diferencias ideológicas en economía política, sino enfocarse en la capacidad real del Estado para generar desarrollo y bienestar para el país.

 

Ahora abordaré otra de las discusiones ideológicas preferidas y motivo de peleas a diario: si el Estado debe o no ser el operador de los servicios públicos. Nuevamente desde un enfoque pragmático y no ideológico para poderlo discutir concluyentemente sin pasiones que nublen la razón.

Por todo el mundo hay ejemplos exitosos y fallidos de prestación de servicios públicos en distintas modalidades. Veamos algunos (1):

Ejemplos exitosos de gestión estatal

Transporte público en Singapur y Hong Kong: ambos son gestionados con fuerte control estatal, planificación a largo plazo y mecanismos de financiamiento estables. Resultado: sistemas confiables, puntuales y accesibles.

Agua y saneamiento en París (remunicipalización): en 2010 la ciudad recuperó el control del servicio que estaba en manos de los privados Veolia y Suez. El cambio permitió reducir costos y reinvertir en infraestructura, mejorando cobertura y transparencia.

Electricidad en Noruega: con empresas públicas regionales y un mercado regulado, se garantiza alta cobertura, tarifas competitivas y estabilidad en el suministro.

Ejemplos exitosos de gestión privada o mixta

Salud en Países Bajos y Alemania: operadores privados administran seguros y servicios bajo estricta regulación estatal. El resultado ha sido acceso universal con altos estándares de calidad y eficiencia.

Telecomunicaciones en Chile: la privatización en los años 90, acompañada de fuerte regulación y competencia, permitió cobertura nacional amplia y precios relativamente bajos en comparación con la región.

Gestión de aeropuertos en España (modelo AENA): aunque AENA es pública, abrió espacio a concesiones privadas en servicios complementarios, logrando altos estándares de eficiencia y calidad reconocidos internacionalmente.

Ejemplos fallidos de gestión estatal

Empresas públicas de energía en Venezuela: la captura política y el clientelismo llevaron al colapso del sistema eléctrico, con apagones recurrentes y deterioro de infraestructura.

Ferrocarriles en Argentina (décadas 80–90 antes de concesiones): bajo administración estatal, sufrieron de ineficiencia, déficit crónico y abandono de vías.

Ejemplos fallidos de gestión privada

Colapso energético en Texas (2021): un sistema altamente desregulado, basado en el mercado sin suficiente planeación estatal, dejó a millones sin luz ni calefacción tras una tormenta invernal.

Privatización del agua en Cochabamba, Bolivia (2000): concesión a Aguas del Tunari resultó en aumentos excesivos de tarifas, lo que generó la “Guerra del Agua” y la posterior reversión del contrato.

Ferrocarriles en Reino Unido (1990s): la privatización fragmentó la operación y mantenimiento, generando problemas de coordinación, alzas en tarifas y accidentes. En 2002 el Estado tuvo que retomar parte del control (Network Rail).

Los ejemplos muestran que ni el “Estado” ni el “mercado” (ni lo público ni lo privado) son garantía de éxito por sí mismos. No es que lo privado sea mejor que lo público ni viceversa en cuanto a las empresas de servicios públicos. La clave para su éxito no tiene que ver con lo ideológico. Hay dos asuntos clave para que sean exitosas en función del bienestar de la sociedad, por lejos más difíciles.

El primero está en la capacidad de control de la corrupción y la solidez de la regulación en ambos casos, incluyendo: la protección de la captura del Estado en el caso de los privados y la protección de la captura de la politiquería en el caso de las empresas públicas de servicios.

El segundo depende de la disponibilidad de recursos financieros del Estado suficientes para asegurar la cantidad, cobertura y calidad necesarias de la infraestructura de servicios.

Son estos asuntos clave lo que debería ser objeto de nuestro esfuerzo en encontrar lo mejor para nuestra sociedad. En todo caso, no depende de escoger dogmáticamente entre “Estado” o “mercado”. Por lo cual, un enfrentamiento sobre esto también resulta insulso.

Rafael Fonseca Zarate

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Nota (1): investigados con ayuda de chatGPT y DeepSeek

La Dayromanía: el ídolo del pueblo

En dos semanas Dayro Moreno cumple 40 años. Y lo increíble es que no hablamos de un exjugador recordando sus goles por YouTube, sino de un delantero todavía vigente, todavía activo, todavía con hambre de gol.

Dayro no es el ídolo perfecto fabricado por el marketing. No, Dayro es distinto: él es el ídolo del pueblo. El que recoge el cariño de los niños que lo ven como un superhéroe con guayos, y el que inspira a esos futbolistas aficionados que cada fin de semana se baten en canchas de tierra, soñando con meter un gol como los de él.

 

Porque Dayro representa lo que muchos veteranos quisieran vivir: ser un jugador de carne y hueso que, sin ser un superdotado, con garra, con talento y con constancia, alcanzó lo que parecía imposible. Dayro logró ser goleador histórico del fútbol colombiano… y al mismo tiempo seguir siendo el mismo bacán que juega en la cancha del barrio.

Un partido en El Carmen de Apicalá lo pinta de cuerpo entero: vacaciones, fútbol aficionado, y ahí estaba Dayro, sudando la camiseta, jugando como uno más. La gente no lo podía creer: el hombre que habían visto en estadios internacionales estaba ahora gambeteando en la cancha del pueblo. Selfies, abrazos, sonrisas… y ni una mala cara.

Esa mezcla de humildad y grandeza es lo que genera la Dayromanía. Dayro es un ídolo de carne y hueso para los niños que sueñan con ser futbolistas y para los adultos que cada semana se juntan a “echarse el picadito” con amigos. En él ven que sí es posible: que un jugador de pueblo haga historia.

Y lo mejor: justo ahora, ad portas de los 40 años, llega convocado a los dos partidos más importantes de Colombia en este año, los que definirán si vamos o no al próximo Mundial. No es un homenaje, no es una despedida: es la confianza de que todavía puede ser protagonista en la Selección.

Por eso emociona que hoy, con 368 goles a cuestas, pueda llegar a ser, quien lidere el ataque tricolor. Y lo más bonito: que a los 40 años siga representando la ilusión de todo un país.

Así que, querido Dayro, gracias por recordarnos que el fútbol no necesita ídolos de mármol. Basta con ídolos de carne y hueso… como usted

Ricardo Ferro