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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Opinión

Entre el duelo y la manipulación

El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, un hecho lamentable y doloroso que debería habernos convocado a la reflexión serena y a la reafirmación del valor de la vida, terminó convirtiéndose en un escenario de utilización política y mediática. Lo que pudo ser un espacio de duelo colectivo se transformó en una tribuna donde se reforzó la polarización y se avivaron resentimientos, incluso bajo el amparo de mensajes que, paradójicamente, hablaban de paz.

El sepelio, más que un acto de despedida respetuosa y solidaria fue usado como plataforma para emitir mensajes cargados de tensiones y divisiones. En lugar de promover un clima de perdón y reconciliación, la tragedia se instrumentalizó para insistir en la idea de que la política es un campo de enemigos irreconciliables. La paradoja resultaba evidente, ya que se mencionaba la palabra “paz” mientras se alimentaban sentimientos de revancha, como si el lenguaje se redujera a un recurso retórico y no a un compromiso ético.

 

El tratamiento mediático y político del sepelio dejó entrever un mensaje simbólico inquietante, pues se reafirmó el concepto de que existen familias destinadas a dirigir el país, como si sobre ellas pesara un mandato “natural” de perpetuar su hegemonía. Familias que, en muchos casos, no han estado dispuestas a renunciar a privilegios acumulados en medio de contextos de violencia, corrupción o connivencia con estructuras de poder excluyentes.

Bajo la autoproclamación de “gente de bien” se levanta un muro simbólico que divide a la sociedad entre quienes se asumen herederos legítimos del poder y quienes, se atreven a cuestionar ese orden establecido. En este escenario, la tragedia se convierte en vehículo para reafirmar la narrativa de que la nación solo puede ser conducida por unos pocos, mientras se deslegitima a los sectores que demandan transformaciones y que hoy participan en el gobierno. Se repite la vieja fórmula de los incluidos y los excluidos.

Nota recomendada: ¿Hasta dónde nos está llevando la violencia verbal en la política?: responde Luis Emil Sanabria

En este proceso se olvida, además, la historia de genocidios, magnicidios y asesinatos sistemáticos contra lideresas y líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos comprometidos con la equidad y la justicia social. Este olvido selectivo revela una voluntad de invisibilizar violencias que han marcado profundamente a los sectores más vulnerables, mientras se refuerza un relato de victimización que justifica la conservación de privilegios.

Las grandes empresas de comunicación, lejos de propiciar un debate equilibrado, amplificaron selectivamente las voces que buscaban culpar y señalar, profundizando la fractura nacional. La cobertura, más que plural, se orientó a sobredimensionar el dramatismo y a moldear una narrativa de confrontación. En la lógica de la inmediatez, se olvidó que el periodismo no solo informa, sino que también configura marcos de interpretación. Al optar por titulares cargados de emotividad política, los medios renunciaron a su papel de mediadores y se convirtieron en actores de la contienda.

El uso de la palabra “paz” en discursos que incentivaban la confrontación es quizás el signo más doloroso de la manipulación. Convertir la paz en un eslogan de disputa, en lugar de un horizonte compartido, degrada el sentido mismo de una palabra que tanto necesita Colombia. La paz no puede ser invocada como consigna para legitimar tensiones; debe ser una práctica constante de reconciliación y un esfuerzo por construir instituciones, memorias y relatos comunes.

A quienes, dicen querer un país en paz y practican todo lo contrario, hay que recordarles que ello exige revisar políticas económicas que han relegado a las mayorías a la exclusión, la precariedad y la pobreza. La paz no puede ser la espera eterna de la ciudadanía. Si se quiere avanzar hacia una verdadera reconciliación, se debe estar dispuesto a la equidad, a desmontar estructuras injustas y a reconocer que la dignidad nacional solo florecerá cuando la vida y la justicia social sean patrimonio de todas y todos.

Luis Emil Sanabria D

La montaña rusa del dólar y el juego de los tronos económicos

En el vasto mercado de las monedas, el caballero Dólar vivió dos semanas dignas de un carnaval medieval: subía hasta las almenas de 4,200 para luego descender vertiginoso a los calabozos de 4,050, con giros y vuelcos que marearon a más de un mercader.

El Dragón DXY, que mide la fuerza del caballero frente a otras monedas, primero alzó el vuelo hasta el mítico nivel de 100, pero un soplo de viento lo devolvió a 98, como si un mago travieso jugara con sus alas.

 

Todo empezó con los tambores de guerra comercial: acuerdos que entrarían en vigor el 1 de agosto. Pero el Emperador Trump, en un gesto inesperado, concedió unos días más. La noticia puso a la Unión Europea y al Imperio del Sol Naciente a correr hacia la mesa de negociaciones, no solo para discutir aranceles, sino también grandes cofres de inversión hacia Estados Unidos.

Los heraldos anunciaron que la Confianza del Consumidor en EE. UU. superó las profecías más optimistas, y las ganancias del mercado accionario fueron un festín. El Dólar celebró, pero pronto el Índice No Manufacturero trajo nubarrones, y la euforia se enfrió.

La hechicera FED mantuvo su báculo de tasas sin moverlo… pero dos consejeros votaron por un recorte de 25 puntos mágicos, debilitando al caballero. Luego, llegaron los datos de empleo, revelando que el ejército laboral marchaba más lento de lo previsto.

Así quedó claro: cualquier susurro de noticia positiva o negativa en el reino de EE. UU. desata tempestades. El mercado se volvió hipersensible, reaccionando como un dragón nervioso a cada chasquido de espada.

Mientras tanto, en el Reino de Colombia, el oráculo del DANE se prepara para revelar la inflación de julio: se espera en 0,13% mensual y 4,7% anual, lo que podría abrir la puerta a que el Banco Central recorte su hechizo de tasa en septiembre. El Índice de Precios al Productor sigue tranquilo en torno al 2%.

El Tesoro Real, con el mago Cuéllar, anunció recompra de bonos internacionales para aliviar sus arcas y bajar intereses, provocando festejos en los mercados: TES que suben, dólar que baja.

Pero el Banco Central advirtió que la inflación de cierre de 2025 podría quedar en 4,7%, con crecimiento potencial recortado a 2,6%. Y ojo: un alza fuerte del salario mínimo o gasto público desbocado podría avivar al dragón del déficit fiscal.

En el terreno político, todos miran al 26 de octubre de 2025, cuando el Pacto Histórico elegirá a su campeón. Más que el nombre, lo que importará será cuántos guerreros acudan a votar:

  • Menos de 5 millones: fiesta para los activos locales.
  • Entre 5 y 6 millones: calma tensa.
  • Más de 7 millones: temblores para el mercado.

En las encuestas, el favorito es Gustavo Bolívar, seguido de cerca por Daniel Quintero, mientras María José Pizarro, Susana Muhamad y Carolina Corcho afinan sus espadas.

El clima social, sin embargo, sigue sombrío: 64% de los aldeanos cree que el reino va por mal camino, con el orden público y la economía como sus mayores preocupaciones.

Así, entre hechizos monetarios, dragones volátiles y batallas políticas, el caballero Dólar seguirá cabalgando… y todos los mercaderes deberán atarse fuerte a sus asientos en esta montaña rusa.

Fabián Herrera

Menos paz, más seguridad

Si hay un discurso que produce desconfianza, escepticismo y algo de malestar entre los colombianos es: hablar de paz. Lo que debería ser un propósito colectivo y un valor fundamental para construir una sociedad, hoy es solo una idea sonsa mirada con desdén.

La tal paz, no existe, y cada vez somos más conscientes que debemos dejar atrás este ideal para avanzar hacia pensamientos más reales, acciones más correctivas y ser menos románticos con la idea de ‘paz total’. Los ciclos de violencia en Colombia son evidentes, las generaciones pasan siendo testigos de estos dolorosos hechos, la prensa no cambia los titulares y la historia parece ‘calcarse’ década tras década.

 

El asesinato del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, hizo recordar que el país es un escenario de máximo riesgo para el ejercicio de la política, Además, alrededor de este despreciable hecho quedaron al descubierto otras señales que prueban que la reconciliación (como insumo prioritario para consolidar una cultura de paz) es algo que está demasiado lejos para nuestra sociedad.

Primero: una constante batalla y un airado resentimiento entre expresidentes que alimentan la confrontación en la opinión pública. Segundo: un gobierno poco conciliador, algo indolente e inoportuno en las intervenciones de sus funcionarios y a la vez muy ‘tibio’ para repudiar el hecho y hacer un llamado a la unidad del país. Tercero: unos candidatos presidenciales oportunistas, con palabras vengativas y haciendo señalamientos innecesarios e irresponsables en tan difícil situación. Y, por último, un pulso dañino en las conversaciones de las redes sociales justificando hechos de violencia de un lado y del otro.

Frente a este panorama, será difícil poner en primer plano el discurso de la paz dentro de la agenda pública del país. El proceso de paz con las FARC cada vez pierde mayor legitimidad con el crecimiento de las disidencias; la paz total del actual gobierno es un fracaso que luce desordenado y sin norte y que le abrió el horizonte de criminalidad a múltiples grupos insurgentes. El magnicidio de Uribe Turbay reafirma las heridas del pasado. El gobierno de Gustavo Petro se muestra cada vez más sectario, aislado y cuestionado a nivel nacional e internacional. Hay razones fácticas para pensar que la paz es una utopía, por lo menos en Colombia.

Frente a este panorama, la línea del discurso y las propuestas de cara a las próximas elecciones del año 2026 (parlamentarias y presidenciales) será la seguridad. Ya lo planteaba el desaparecido senador Uribe Turbay, y así lo enfatizó su padre Miguel Uribe Londoño durante su funeral: una sociedad que no le apueste a la seguridad, difícilmente podrá pensarse en una convivencia en armonía.

Más que violencia política en Colombia, sí es claro que existen altos niveles de criminalidad por: narcotráfico, corrupción y otros factores sociales que causa la falta de capital social.

La inversión económica y política en procesos de negociación es alta para el Estado colombiano y no es justo seguir gastando recursos en iniciativas que pierden legalidad y legitimidad y que son difíciles de sostener. Es tiempo de replantearnos un cambio en el paradigma de paz para avanzar con otras acciones y planes que nos permitan más confianza, reducir la criminalidad y abrir nuevos horizontes en la conversación nacional

Tristemente debemos contemplar que la violencia no se mitiga con discursos, que la paz va más allá de un relato y que la seguridad es fundamental para estar menos expuestos y sí más preparados ante una criminalidad que no da tregua, sin importar si gobierna la izquierda o la derecha.

Luis Carlos Martínez

Balance de tres años de gobierno del presidente Gustavo Petro

Antes que nada, lamentar la violencia política que le arrebató la vida a Miguel Uribe Turbay. Ninguna ideología está por encima de la vida.

Durante el actual gobierno, uno de los avances más destacados ha sido la reducción de la pobreza monetaria, que en 2024 alcanzó el 28,3 %, uno de los niveles más bajos del presente siglo. Según cifras del DANE, la pobreza monetaria se ubicó en 28,6 % a nivel nacional, mientras que el promedio del país fue de 31,8 % el año anterior, lo que representa una disminución de 4,8 puntos porcentuales frente al 2022, cuando inició el mandato con un índice de 36,6 %.

 

Este resultado cobra relevancia al considerar que el país venía de enfrentar los efectos de la pandemia de Covid-19, la cual elevó la pobreza monetaria hasta el 43,1 %. La tendencia a la baja evidencia un esfuerzo sostenido por parte de las políticas públicas orientadas a mejorar el ingreso y las condiciones de vida de la población.

Otro de los logros señalados por el gobierno ha sido el incremento progresivo del salario mínimo, el cual ha contribuido a mejorar la situación económica de los trabajadores. En 2022, el ajuste fue del 10,7 %, para 2023 alcanzó el 16 %, en 2024 se incrementó en 12 % y, para el presente año, se fijó en un 9,53 %. Estos aumentos, por encima de la inflación en varios periodos, han buscado fortalecer el poder adquisitivo y garantizar una mayor capacidad de consumo en los hogares, lo que, junto con la reducción de la pobreza monetaria, refleja un impacto positivo en el bienestar económico de amplios sectores de la población.

Inversión y creación de empleo en Antioquia y Urabá

El gobierno de Gustavo Petro ha buscado implementar un modelo de desarrollo que prioriza la equidad social y la sostenibilidad ambiental. En este contexto, el megaproyecto de Puerto Antioquia se presenta como un elemento clave para transformar la región de Urabá, no solo desde un enfoque económico, sino también social.

Con una inversión de 720 millones de dólares, el puerto promete generar más de 17,000 nuevos empleos formales. Esta generación de empleo es fundamental en una región que ha enfrentado históricamente altos índices de pobreza y desempleo. Además, la instalación de al menos 800 nuevas empresas asociadas al puerto puede estimular la economía local, promoviendo un entorno favorable para el desarrollo de diversos sectores productivos.

La creación de empleo formal no solo impacta la economía, sino que también tiene un efecto positivo en la calidad de vida de los habitantes de Urabá, proporcionando estabilidad y oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Igualmente, durante el Gobierno del Cambio, se han entregado un total de 556 hectáreas a comunidades del Urabá antioqueño, representadas en 15 predios distribuidos en varios municipios de la subregión. Estos terrenos ya están produciendo alimentos que benefician a cientos de familias campesinas, brindando una oportunidad para mejorar su calidad de vida y fomentar la agricultura local.

Además, es importante destacar que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha formalizado más de 1.200.000 hectáreas a víctimas del conflicto, lo que significa que ahora son propietarios legítimos de sus tierras. Esta acción no solo busca reparar el daño histórico causado por el despojo, sino también devolver la dignidad a quienes han sufrido a causa de la violencia en la región (Agencia Nacional de Tierras, 2025).

Inclusión Étnica y Reconocimiento de Consejos Comunitarios

El enfoque del gobierno también ha incluido un fuerte componente en el reconocimiento de las comunidades étnicas. El acto de perdón en San José de Apartadó es un ejemplo de la búsqueda de reconciliación en una región marcada por la violencia y el conflicto. El reconocimiento a los Consejos Comunitarios permite que las voces de las comunidades afrodescendientes e indígenas sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones.

Este enfoque inclusivo no solo busca reparar el tejido social, sino que también es crucial para el desarrollo de proyectos como el de Puerto Antioquia, donde la participación comunitaria puede asegurar que los beneficios del desarrollo se distribuyan de manera equitativa.

Por: Pedro Baracutao

Sicario

Desde el punto de vista moral, las únicas razones por las cuales se podría justificar que una persona asesine a otra es el ejercicio de la legítima defensa, de hecho, la Torá señala: “Si alguien viene a matarte, madruga y mátalo primero” (Talmud, Sanedrín 72ª). La segunda razón es la legítima aplicación de la pena de muerte sentenciada por un juez o tribunal. Por lo demás, no hay ninguna justificante para que una persona quite la vida de otra y menos por motivos económicos o sentimentales. Quien priva a otro de la vida es un asesino más allá de las justificantes del acto. El sicariato es una práctica antigua entendida como la acción de asesinar a alguien por encargo de otro bien sea por subordinación funcional o por el recibo de una promesa de una prestación a cambio que generalmente puede ser económica o de otra índole.

El sicario es un ser que no tiene ningún aprecio por la vida y tampoco por la propia; sabe que puede morir en el intento. El círculo de sus intereses humanos suele ser reducido, a lo sumo, un grupo minúsculo de afectos, engrandecido por el sueño de lo que hace se justifica con la paga. El sicario muestra resentimiento hacia el género humano, con su accionar piensa que aplica justicia. El sicario peca por la paga y lo acepta con total resignación. La empresa sicarial lamentablemente pulula en Colombia, se menciona que, el delincuente y enfermo mental, Pablo Emilio Escobar Gaviria (1949-1993) llegó a tener una academia de sicarios de donde surgían sus lugartenientes.

 

El sicariato más común en Colombia opera bajo la figura del tándem, un gatillero cuya destreza está en el preciso manejo de armas de fuego semiautomáticas de corto alcance, y el motociclista avezado con destreza para conducir a alta velocidad para facilitar la huida, en algunos casos, tiene la misión adicional de “sicariar” al sicario para eliminar rastros. Por supuesto, aquel será también desaparecido. En este juego de la muerte el uso de menores de edad fue parte de la malandra estrategia, por dos razones, la facilidad para convencer al menor, y la permisividad de la ley en el juzgamiento penal de menores con trato diferencial. Colombia es vergonzosamente célebre por sus narcotraficantes, guerrilleros, terroristas, prostitutas, y por sus sicarios, muchos son exportados y algunos terminan de mercenarios. Sí, efectivamente el pus brota silvestre. No obstante, aún hay esperanza.

No puede haber justificante alguna para el sicario, ni la pobreza, ni la enfermedad o la ausencia de escolaridad lo son. La minoría de edad tampoco puede ser eximente de responsabilidad penal, ni merecedora de trato diferencial. Quien empuña un arma para sicariar tiene conciencia del acto al que se expone y está obligado a soportar todo el peso de la ley, el repudio social y ser penado sin consideración alguna, incluso, debería recibir la pena capital estatal como recompensa por su accionar.

Nadie tiene derecho a arrebatar la vida ajena y menos a dejar una familia huérfana simplemente, por el hecho de que alguien decidió pagar para que otro hiciera lo que no puede o no es capaz de hacer por sí mismo. Proteger al sicario es hipocresía y falsa expresión de humanidad. El Estado no está para proteger al sicario, ni para limpiar su nombre o pasado. La víctima del sicario no se muere, es asesinada. Álvaro Gómez Hurtado (1919-1995) y Miguel Uribe Turbay (1986-2025) no se murieron, fueron asesinados porque algunos aceptaron un pago. Esos algunos fueron, son y serán sicarios a secas, tienen nombre propio. Es tan claro como el hecho de que no hay exasesinos, tampoco hay exsicarios. No es aceptable intentar tapar el sol con el dedo de la victimización del sicario bajo el disfraz del garantismo judicial. ¡Hipócritas!

León SandovalFerreira

“Gallardía” democrática

Simpatizantes y enemigos de la cotidiana “cosa política criolla” vienen desencadenando un tsunami de posiciones sin precedentes en favor y en contra del juicio y la sentencia contra el máximo líder de la derecha radical, Álvaro Uribe Vélez, dejando, a mi parecer, en ese puntual escenario un marcado ‘fanatismo’ en cada uno de los radicales extremos; pero a la vez, observo, sin restricciones una representativa libertad democrática para opinar e incluso marchar o protestar sobre el denominado “juicio del siglo” en Colombia. Este es un tema sobre política.

Apartándome del análisis jurídico -tema para probos en la materia- sentencio, a mi juicio, que este mediático caso tiene severos tintes gubernamentales, en el sentido de abrir el partidor para que cualquiera de los pre candidatos presidenciales de los dos candentes bandos alineen estratégicamente sus narrativas alrededor de la decisión jurídica para emocionar a sus miles de seguidores y seguir amalgamando una carrera presidencial en medio del más brutal síndrome de izquierda vs derecha. “El veredicto contra Uribe era el campanazo que muchos esperaban para montarse en el ‘ring’ del 26”, sentenció el analista político, Gabriel Cifuentes.

 

La sentencia que ganó aplausos del petrismo y produjo asco en el uribismo nos demuestra como el ejercicio político, para bien o para mal, mueve las emociones de millones, evidenciadas en los ciudadanos literalmente “pegados” a la transmisión virtual desde el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, que fue retransmitida por canales de televisión y radio privada, lo cual hizo crecer una audiencia mediática sin precedentes en un hecho que pasó de colores ‘tientes a oscuros’ por la ordinaria reacción de las “barras bravas” de ambos grupos, que incluso llegaron a sus conocidos y ácidos mensajes en redes sociales en donde la vulgaridad pesa más que el respeto y el argumento con altura.

Y, al mismo tiempo de la lectura del veredicto, en las afueras del juzgado numerosos simpatizantes del Centro Democrático como de sectores oficialistas lanzaban arengas o mostraban pancartas con mensajes en favor o en contra de la decisión judicial, que en últimas dejó a los ‘zurdos’ frotándose las manos como signo de victoria y a los ‘diestros’ rascándose la cabeza al sentir como su ídolo en grandes batallas políticas servía de ejemplo para demostrar que ante la ley, nadie por más poderoso, puede escapar. Ante tal ajuste de cuentas, los uribistas, en una carrera contra el tiempo convocaron a una marcha nacional para respaldar al mítico, Uribe Vélez. ¡Viva la libertad, carajo!

De todo esto, la acalorada discusión permite que medios de comunicación, columnistas, generadores de opinión, incluso la gente del común, tengan la “gallardía” democrática de expresar sus opiniones enfocadas a un enfrentamiento por el poder político teniendo presente las elecciones a Presidencia, Congreso y Cámara de Representantes en el 2026, en donde los dos extremos tienen cazada su pelea en las urnas. Esto, a mi criterio, demuestra que pese a la crispación en el discurso callejero o digital, la democracia sigue viva y en pleno auge. Aunque existen enfrentamientos verbales salidos de tono y con serios amagues de agresiones físicas en espacios de influencia masiva de público, cada quien a su manera expresa sus emociones sin restricción alguna. Todo un ejemplo de valor ciudadano para ejercer el poder de opinar.

Amigo lector, finalmente, quisiera aclarar que la gallardía, más allá de su significado cercano a la bravura, al atrevimiento, al enfrentamiento, se debe direccionar al ámbito político teniendo el carácter de revisar rigurosamente a las y los candidatos a elección popular en sus hojas de vida con especial atención en el pasado de su vida pública y privada, en sus cuentas con la justicia, en sus propuestas o programas de gobierno e incluso en su vida íntima. No basta con tener ídolos o mesías en la cúspide de la gobernanza encasillados con problemas jurídicos, mientras el pueblo clama por soluciones a sus problemas sociales más sensibles. “La cosa política criolla” seguirá viva en Colombia.

Edgar Martínez Méndez

FFD4: ¿Hacia un nuevo rumbo global?redefiniendo la arquitectura financiera para el desarrollo sostenible

En un mundo donde las crisis se entrelazan y multiplican —climática, sanitaria, geopolítica—, la humanidad se encuentra en una encrucijada financiera sin precedentes. La 4ª Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FFD4), que tendrá lugar en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio de 2025, no será simplemente otro encuentro multilateral más; representa un momento decisivo para redefinir cómo el mundo financia un futuro común desde la óptica de Agencias de Cooperación y Bancos de Desarrollo.

La FFD4 surge en un contexto donde las cifras hablan por sí solas: existe una brecha de financiación para el desarrollo sostenible de aproximadamente 4 billones de dólares anuales. Esta realidad se ha vuelto más apremiante cuando observamos que Estados Unidos, el mayor donante mundial que tradicionalmente cubría alrededor del 30% de la Ayuda Oficial al Desarrollo global, ha experimentado una reducción del 7.1% en 2024, privando al sistema de más de 11,000 millones de dólares.

 

Esta conferencia no nace de la nada. Es la culminación de un proceso que comenzó en Monterrey (2002), continuó en Doha (2008) y se consolidó en Addis Abeba (2015). Sin embargo, la realidad actual exige un enfoque radicalmente diferente. Ya no se trata solo de aumentar los flujos de ayuda tradicional, sino de reimaginar completamente la arquitectura financiera global.

La relevancia de este encuentro radica en tres factores convergentes que hacen de este momento una oportunidad única para el cambio transformacional:

Primero, la urgencia temporal. El progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible está severamente retrasado, y solo quedan cinco años para 2030. Como señala el documento preparatorio de Sevilla, «estamos quedándonos sin tiempo para prevenir el cambio climático catastrófico».

Segundo, la transformación del panorama financiero. La irrupción de nuevos actores —desde fondos soberanos hasta inversores de impacto y criptomonedas— ha creado un ecosistema financiero más complejo pero también más rico en posibilidades. La inversión de impacto, por ejemplo, ha demostrado que es posible generar retornos financieros mientras se abordan desafíos sociales y ambientales.

Tercero, la revolución tecnológica está democratizando el acceso a herramientas financieras. Las monedas digitales de bancos centrales, los sistemas de pago rápido y las plataformas de financiación colectiva están redefiniendo cómo se mueve el dinero globalmente.

El desafío no es solo la falta de dinero, sino la arquitectura defectuosa del sistema actual. Tres problemáticas estructurales emergen como críticas:

1. Fragmentación y Complejidad

El sistema actual sufre de una proliferación excesiva de actores, instrumentos y marcos regulatorios. Existen más de 40 fondos climáticos diferentes, cada uno con sus propios criterios y procedimientos, creando costos de transacción prohibitivos especialmente para países pequeños.

2. Desalineación de Incentivos

Los mercados financieros siguen priorizando retornos a corto plazo mientras que el desarrollo sostenible requiere visión de largo plazo. Esta tensión fundamental se traduce en una penalización financiera concreta: los países en desarrollo enfrentan sobrecostos de financiamiento que pueden alcanzar hasta 500 puntos básicos adicionales (5% extra en tasas de interés) comparado con países desarrollados.

Esta brecha no solo refleja diferencias en riesgo crediticio real, sino también sesgos sistemáticos en las calificaciones crediticias que subestiman la capacidad de pago a largo plazo y sobrevaloran riesgos políticos de corto plazo. El resultado es un círculo vicioso: países que más necesitan financiamiento para desarrollo sostenible pagan más por acceder a él, limitando precisamente las inversiones que podrían mejorar su sostenibilidad fiscal y crediticia futura.

3. Representación Asimétrica

La arquitectura financiera internacional refleja realidades geopolíticas del siglo XX, no del XXI. Los países en desarrollo, que representan más del 80% de la población mundial, tienen una voz desproporcionadamente pequeña en las instituciones que determinan las reglas del juego financiero global.

La FFD4 propone soluciones innovadoras que van más allá de los enfoques tradicionales. Tres áreas emergen como particularmente prometedoras:

1. Finanzas Mixtas 2.0

La propuesta de Sevilla no se limitará a mezclar recursos públicos y privados, sino que propone una nueva generación de instrumentos financieros mixtos que incluyen:

  • Subsidios contingentes al estado, que se activan solo cuando se alcanzan resultados específicos de desarrollo
  • Mecanismos de subasta para asegurar que el riesgo y las recompensas se compartan equitativamente
  • Instrumentos similares a acciones que permiten a los gobiernos participar en las ganancias de proyectos exitosos

2. Arquitectura Financiera Descentralizada

Una de las innovaciones más audaces es la propuesta de crear pools de capital catalítico gestionados por múltiples bancos de desarrollo, con requisitos de acceso estandarizados y transparentes. El capital catalítico actúa como un «primer dinero» que asume los riesgos más altos de una inversión, reduciendo así el riesgo percibido para otros inversionistas y desbloqueando financiamiento privado adicional a gran escala.

3. Digitalización Inteligente para la Inclusión

La FFD4 busca reconocer el potencial transformador de las tecnologías digitales, no solo para mejorar la eficiencia, sino para democratizar el acceso al financiamiento. Las propuestas incluirán:

  • Infraestructura digital pública como bien común global
  • Marcos regulatorios adaptativos que evolucionen con la tecnología
  • Sistemas de medición de impacto que utilicen inteligencia artificial para evaluar resultados en tiempo real

Quizás la innovación más significativa que se espera de la FFD4 sea su enfoque sistémico. En lugar de tratar cada fuente de financiamiento por separado, se propone crear sinergias entre:

  • Recursos domésticos fortalecidos a través de cooperación fiscal internacional
  • Sector privado alineado con objetivos de desarrollo a través de regulación inteligente
  • Cooperación internacional más efectiva y menos fragmentada
  • Comercio internacional como motor de desarrollo inclusivo
  • Sostenibilidad de deuda integrada en todas las decisiones de financiamiento

La Conferencia no será solo sobre dinero; se trata de redefinir el contrato social global para el siglo XXI. Su éxito se medirá no solo en dólares movilizados, sino en su capacidad para crear un sistema financiero en donde todos los países tengan voz en las decisiones que los afectan, que sea capaz de responder rápidamente a crisis futuras y en donde cada inversión contribuya mediblemente al bienestar humano y planetario.

La ventana de oportunidad está abierta, pero no indefinidamente. Como señala el borrador del documento de Sevilla, «no podemos permitirnos un retroceso de la cooperación multilateral». El desafío ahora será transformar estos compromisos en acciones concretas que demuestren que otro modelo de financiamiento global no solo es posible, sino inevitable.

La FFD4 podría marcar el fin de una era de financiamiento fragmentado y el inicio de una nueva época de colaboración financiera inteligente. El rumbo se está trazando; ahora tocará navegar hacia él en un mar convulsionado y en botes de diferente calado.

Raúl Arce

Reflexiones tras la partida de Miguel Uribe Turbay

Polvo eres y en polvo te convertirás.”

Esa frase, tan antigua como la humanidad, encierra una verdad implacable: un día podemos ser luces que iluminan escenarios, voces que retumban en plazas y recintos de poder; y al siguiente, solo queda el silencio, el vacío… la nada.

 

La noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay me deja una sensación densa y difícil de describir. Es la misma que me golpea cada vez que un viejo amigo, un rostro conocido o un adversario político se va para siempre. Mis padres me enseñaron que, cuando alguien muere, su alma va al cielo si en vida fue buena persona. Prefiero imaginar que todos los que he conocido y han partido se transforman en estrellas fugaces: su cuerpo vuelve a la tierra, su luz viaja hacia el cielo.

En un país donde la política se ha vuelto sinónimo de confrontación, donde el odio y el señalamiento parecen tener más audiencia que la bondad, la muerte debería recordarnos que todo es efímero. Ojalá que de nuestros discursos públicos desterremos la rabia, el deseo de fracaso ajeno y el anhelo de guerra. Ojalá podamos comprometernos, no solo a prometer un mejor país, sino a construirlo, empezando por nuestra manera de ser. Hoy, tristemente, hasta “ser buena persona” parece haberse convertido en un atributo político.

Miguel deja a su hijo Alejandro Uribe Tarazona, de apenas cuatro años, huérfano de padre, tal como él quedó huérfano de madre a la misma edad. La historia parece repetirse con una crueldad innecesaria. Ojalá Alejandro crezca rodeado de amor, protegido del odio y del rencor. Que sus sueños se parezcan a la solidaridad de su bisabuela y a la disciplina de su padre.

Quizá, dentro de veinte años, Alejandro siga el camino político de su familia: concejal de Bogotá, senador, alcalde… dicen que eso se lleva en la sangre. Pero más allá del linaje, deseo que crezca con un amor genuino por Colombia, con la convicción de combatir la corrupción, reducir la inequidad y defender los derechos que deberían ser universales. Que entienda que los privilegios en los que nació no son concesiones, sino derechos que deben alcanzar todos y todas.

Miguel Uribe Turbay deja una huella legislativa que va más allá de las trincheras políticas. Entre sus iniciativas, impulsó:

  • La formación de programadores y la ampliación de la oferta laboral en tecnología.
  • La reducción de la tarifa general del IVA para aliviar la carga de los hogares.
  • La disminución del IVA en tiquetes aéreos hasta 2025.
  • Medidas para la sostenibilidad del sistema de salud.
  • Garantizar la vacunación gratuita del personal médico.
  • Prevención, protección y sanción del acoso sexual digital.
  • Protección a líderes sociales y defensores de derechos humanos.
  • Declarar la educación como servicio público esencial.
  • Honores al expresidente Rafael Núñez.

Y sí, también fue un opositor férreo e intransigente al presidente Gustavo Petro. Ojalá, en algún momento, hubiese cedido espacio al diálogo.

Hoy, más allá de las diferencias ideológicas, queda la lección de que la política debe servir para construir, no para destruir. Que las disputas electorales no se lleven por delante nuestra humanidad. Que la muerte nos recuerde que, al final, todos somos polvo… y lo único que queda es el impacto de nuestras acciones.

Miguel, adiós. Ahora nos ves desde el espacio sideral vuela alto.

Marcela Clavijo

El Miguel Uribe que yo conocí

Corrían los primeros meses del año 2019 y me encontré en el aeropuerto con Miguel Uribe, quien para la época, arrancaba campaña para la Alcaldía de Bogotá. Cálido y sencillo, se acercó a saludar, éramos varios, todos hacíamos parte del reciente gobierno de Iván Duque, y sin ninguna duda u objeción, tomé la decisión de votar por él a la Alcaldía.

Como todos sabemos, en esa campaña Miguel fue derrotado. Entonces en la primera crisis ministerial, un run – run se inició a escuchar sobre la posibilidad de que el protagonista de esta historia, llegara al gobierno como ministro del Interior. Fue una gran decepción para mí, que eso no se hubiera dado.

 

En Miguel Uribe reconocí desde el principio, ese don especial por lo público; aunque no era cercano a él, siempre me dio esa impresión, por que veía en las entrevistas que le hacían como secretario de gobierno de Bogotá, la intensión y la determinación de comerse el mundo; una característica propia de aquellos que hacen todo lo posible por aportar, por poner su grano de arena en la construcción de un sueño; en este caso, ese sueño es llamado Colombia.

De su paso por la secretaría de gobierno me impresionó lo seguro que se mostraba en las entrevistas sobre cada decisión que tomaba. A pesar de su juventud, Miguel era esa figura que inspiraba a muchos decir, yo quiero ser como él. En su determinación se podía apreciar sin duda alguna, la mezcla entre el conocimiento y la capacidad para desarrollarlo o ponerlo en práctica, esa condición me llevó a admirarlo y a empezar a reconocerlo como una figura que descollaría.

Fueron por estas razones que cuando iniciaron con los corrillos sobre su llegada al gobierno, me alegré mucho, debido a que siempre he sido un convencido que personas con su talento y visión son las que este país necesita para sacar a delante las metas propuestas; y ahora que lo pienso mejor, también me doy cuenta que en el fondo, quizás mi interés era porque se me asemejaba al presidente para el que en esa época trabajaba, ambos hacían parte de esa sangre nueva que siempre refrescan la política.

Volví a ver a Miguel en el lanzamiento de un libro en un reconocido colegio de Bogotá mucho tiempo después, era casi que el inicio del gobierno Petro y Miguel ya era senador, al verlo en el lugar me le acerqué, por esas fechas ya había sido depositada en mi la idea de escribir sobre el pacífico, así que le comenté la idea que tenía y lo mucho que me gustaría aportarle a su campaña con mis ideas de desarrollo económico para esa zona del país.

Él se mostró interesado, intercambiamos teléfonos y desde allí iniciamos a hablar sobre los temas de campaña y del pacífico. En una de esas charlas, a mediados del 2024, me dijo que estaba interesado en que yo entrara en su equipo programático, yo acepté con entusiasmo y esperé impacientemente la llamada, la cual, se demoró bastante en llegar; cuando llegó, yo estaba en el exterior, hablando del pacífico colombiano en varios escenarios académicos y empresariales. Recuerdo su llamada: Jefferson buenos días, ya vamos arrancar en forma con la campaña.

Ayudé por un tiempo a su equipo programático y con frecuencia le enviaba información sobre temas que me parecían de relevancia, él amablemente contestaba mis mensajes con amabilidad, haciéndome comentarios que denotaban su interés en los temas. La semana del atentado hablamos por última vez, me envío un mensaje de voz en donde se disculpaba por no poder asistir al lanzamiento de mi libro, debido al evento que tenía con Asobancaria en Cartagena. Pero en el mismo mensaje manifestaba su interés en que a su regreso nos reuniéramos para hablar del tema.

Hoy Miguel esta muerto, y parece mentira que en un país como este, cosas como esto ocurran; las balas de los asesinos alcanzaron la humanidad de Miguel un sábado finalizando la tarde, y dos meses con algunos días después, me desperté con la noticia de su muerte; le cercenaron a un hijo el derecho de crecer con su padre, le negaron la posibilidad a su esposa de disfrutar de su marido, arrancaron de raíz la posibilidad que tres niñas pudieran ver madurar sus vidas guiadas por aquel a quien llamaban papá.

En qué clase de país vivimos? Muchos dirán que es la voluntad de Dios, yo dudo mucho que así sea; no porque El permita que pase, quiere decir que es su voluntad, mas bien este luto que nos impone la desfachatez, es el resultado de nuestra misma decadencia como sociedad, una sociedad que sigue empeñada en caminar los senderos de esta vida sin comprender las palabras de aquel que murió en la cruz.  

Jefferson Mena Sánchez

Derrota en salud

En política, como en ajedrez, no todo se define con un jaque mate ruidoso. A veces una pieza menor, inteligentemente movida, desmonta una ofensiva. Eso es lo que acaba de ocurrir con la Reforma a la salud del gobierno Petro que hoy naufraga hacia su fin. El artífice silencioso de ese derrumbe tiene nombre propio: Miguel Ángel Pinto. Su victoria en la presidencia en la comisión de salud da casi por cierto que la versión maximalista de la reforma a la salud esta derrotada. Frente al fracaso, el Min Salud no tuvo otra opción que expedir el Decreto 0858 de 2025, una norma que busca implementar las reformas que el congreso no va a aprobar. Una plegaria ilegal que sin duda finalizara en las manos de la corte constitucional.

El Gobierno expidió el “decretazo” en un momento de debilidad política. La narrativa oficial hablaba de urgencia normativa, de necesidades estructurales del Estado, de reformas postergadas por el Congreso. Un profundo afán del gobierno de volver a la época del Seguro Social. Pero detrás del ropaje jurídico se escondía una maniobra riesgosa: legislar sin Congreso en temas que exceden, por mucho, los límites constitucionales de facultades extraordinarias. El Ejecutivo confundió temporalidad con amplitud, urgencia con arbitrariedad.

 

Desde su expedición, el Decreto mostró grietas jurídicas evidentes: invadía competencias del Legislativo, creaba figuras administrativas sin fundamento legal previo, y modificaba el estatuto orgánico de varias entidades sin que el Congreso hubiera renunciado explícitamente a su potestad. El Decreto 0858 no solo es inconstitucional por invadir competencias, sino que fractura el principio de separación de poderes.

Lo que pocos anticiparon fue que la impugnación más efectiva contra la reforma no vendría de los estrados, sino del mismo Congreso. Pinto, un senador sobrio con olfato para la oportunidad, comprendió que el mejor antídoto contra el abuso normativo no es el ruido, sino la precisión. Sin recurrir al escándalo mediático, un grupo de ocho senadores derroto al gobierno sin que este se diera cuenta de la aspiración. La Comisión VII entendió que un gobierno que legisla sin controles, abre el paso a un gobierno sin límites. Fue una intervención profundamente política: le recordó al país que el Congreso sigue siendo el centro del equilibrio democrático.

Pinto ganó el pulso sin estridencia, con método. Hizo lo que muchos olvidan: defender al Congreso desde la Constitución. Mientras el Gobierno apostó por la velocidad y la unilateralidad, ellos apostaron por el rigor y el consenso. Hoy, el país comienza a comprender que no fue solo una reforma que fracasó: fue un modelo de poder sin frenos, al que las instituciones le dijeron basta. Y así, una norma que quiso parecer inevitable terminó siendo insostenible.

Esto no nació de un pulso de poder o un sentir político, sino de la convicción que nace al ver una esposa sufrir un cáncer. Millones de médicos y pacientes vivirán agradecidos con aquellos senadores que legislan a favor de ellos. Puede que algunos le compren la conciencia, pero el fracaso del modelo de salud que esta matando profesores cada vez es más improbable. Para sorpresa de muchos, las instituciones colombianas si sirven y vale la pena defenderlas.

Simón Gaviria

Magnicidio: 64 días de Miguel Uribe Turbay

Colombia despertó en la madrugada del 11 de agosto de 2025 con una estremecedora noticia, tras 64 días de luchar por su vida, falleció el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado con arma de fuego perpetrado en la localidad de Fontibón de Bogotá. Lo primero que tenemos que decir es que estamos ante un magnicidio que impacta el clima político y la seguridad democrática nacional con graves repercusiones institucionales y electorales que acrecientan la violencia política que afecta la estabilidad del Estado y la confianza ciudadana. Aunque el “magnicidio” no existe como tipo penal autónomo en Colombia, la doctrina especializada lo reconoce como la eliminación violenta de una figura de alta relevancia política y proyección nacional, lo que fue conocido como parte de nuestra historia pero que nos atreveríamos a decir que la generación de Miguel Uribe nunca creyó que lo viviríamos en pleno siglo XXI.

Dichos magnicidios en Colombia han marcado profundamente la historia política y la estabilidad institucional del país, reflejando una violencia sistemática contra figuras de alta relevancia nacional. Para recordar nuestra reciente historia, que por muchos ha sido olvidada, se encuentran: Álvaro Gómez Hurtado (1995), líder conservador y excandidato presidencial, cuyo crimen fue declarado de lesa humanidad; Carlos Pizarro Leongómez (1990), candidato del M-19 asesinado en un avión semanas después de firmar la paz; Bernardo Jaramillo Ossa (1990), candidato de la Unión Patriótica, muerto en plena campaña; Luis Carlos Galán (1989), precandidato presidencial favorito en las encuestas; Jaime Pardo Leal (1987), candidato presidencial de la UP, víctima del exterminio contra ese movimiento; Jorge Eliécer Gaitán (1948), caudillo liberal cuya muerte provocó el “Bogotazo”; Rafael Uribe Uribe (1914), líder liberal asesinado cerca del Capitolio, y Miguel Uribe Turbay (2025), senador y precandidato presidencial, asesinado tras un atentado en precampaña. Todos estos crímenes, cometidos contra dirigentes con gran proyección política, constituyen ataques directos a la democracia y han dejado secuelas profundas en la confianza ciudadana y en la institucionalidad.

 

No sabemos si lo peor está rio arriba de la justicia, que históricamente ha estado dando vueltas sobre su propio eje, y en el caso actual aún está tratando de esclarecer quien fue el autor intelectual, como el perro que persigue su cola,  pero la fiscalía solo apunta a su simplista hipótesis  basada en la intelectualidad a cargo de las disidencia guerrillera de la 2da. Marquetalia, que no es más que una salida facilista para cerrar un caso grave de magnicidio con exuberantes proporciones políticas de cara a las próximas justas electorales. Para nadie es un secreto que los actuales grupos narco-guerrilleros ya no son actores políticos ideológicos sino unas bandolas prepago de mercenarios que alguien contrata para cometer cientos de asesinatos en todo el territorio patrio. Esto tienen una doble implicación: por un lado, se incurrirá en impunidad por falta de justicia y, por otro lado, lo que es peor, entraremos a definir la gobernabilidad del país con posibles autores intelectuales en la ultraderecha y en la ultraizquierda que polariza el país y obligará a repetir el destino de las pasadas elecciones con las nefastas consecuencias que dividen el alma nacional.

Así las cosas, el país está en cocción de un caldo de cultivo que se sancocha con la descomposición del orden público en cada región del país, bajo el control absoluto de las diferentes bandas criminales narco-guerrilleras que ejercen terror mediante paros armados que descuartizan el territorio patrio, especialmente en: Chocó, Cauca, Vichada, Catatumbo, las fronteras internacionales con Venezuela, Perú, Panamá y Ecuador que están al garete, sin estrategia ofensiva y con desmoralización de la fuerza pública al máximo. Es decir, la Paz Total hecha agua, con consecuencias político-electorales que se hacen sentir ya, en cualquier rincón de Colombia donde es inminente el desencadenamiento de atentados criminales contra cualquier dirigente político que liderará los procesos electorales que se avecinan.

Este horrendo asesinato reconfigura el mapa de centro-derecha bajo la órbita de la victimización, impactando alianzas y reorganizaciones políticas con represarías en la ultraizquierda. La agenda pública ahora debe incluir reformas urgentes a la justicia penal juvenil, inteligencia policial y control de discursos de odio. Todo esto en un contexto en el que sólo acuerdos de no agresión, observación electoral robusta y una investigación transparente evitarán que el país vuelva a una espiral de polarización extrema. Desafortunadamente los paños de agua tibia gobiernista se centran en asuntos de poca envergadura como el cuestionamiento sobre el contrato de software electoral de la registraduría, o los imprevisibles ajustes a los esquemas de protección de la UNP, o limitar todos los actos masivos de campaña entre candidatos y electores en detrimento del derecho a la participación y equidad.

El lapso de 64 días entre el atentado y la muerte de Miguel Uribe Turbay simboliza un período de tensa espera que marca la antesala electoral en Colombia. Entre la esperanza y la incertidumbre, el país presencia cómo este hecho reabrió las heridas de la violencia política del siglo XX evocando magnicidios históricos que su momento alteraron el rumbo institucional. Este tiempo de transición emocional y político transforma el duelo individual en un desafío colectivo de país, poniendo a prueba la solidez democrática y la capacidad del Estado para asegurar elecciones pacíficas y legítimas sin retornar al nefasto pasado de violencia sin tregua.

Por: Luis Fernando Ulloa

Energía y Gas, visión compleja que también heredará Gustavo Petro

Después de analizar los diferentes cambios que ha tenido nuestro país, donde evidentemente el presidente, Gustavo Petro, tuvo la voluntad de avanzar en proyectos que vinculaban Fuentes No Convencionales de Energía Renovable – FNCER, dentro de su plan de desarrollo; hoy, a escasos 360 días que le quedan, podemos ver el reto que tiene para finalizar no con el éxito esperado, pero si con una visión diferente de la inclusión energética.

Escuchando a el indio Ashish Khanna, que preside La Alianza Solar Internacional (ISA), entrega un balance de aprovechamiento bastante interesante e invita a los países latinoamericanos en el avance del potencial energético limpio con que se cuenta en la región, puso de ejemplo Chile que está por llegar a la capacidad de generación fotovoltaica y mencionó algo que me parece bien interesante, que ojalá lo tengamos en cuenta: “una oportunidad para el aprendizaje conjunto” aprendamos del desarrollo de esos proyectos y no cometamos  los mismos errores; recordemos que Brasil, por ejemplo, tuvo una crisis semanas atrás teniendo limitadas sus redes de transmisión que no acaparaban toda la energía producida principalmente provenientes de Fuentes de Energía no Convencionales.

 

Sin lugar a duda Colombia no se acerca a ninguno de los dos, pero podemos buscar una solución, y una de ellas, es la costa norte de Colombia, con un operador de red intervenido y que a casi de un año de búsqueda de solución financiera y estructural no ha podido estabilizarla, superando sus deudas en 1,5 billones, y, curiosamente, con 3 departamentos en crisis por los continuos cortes y con el potencial de generación de energía más grande de nuestro país (Atlántico, La Guajira y Magdalena).

Es imposible mencionar que llegaremos a los 6          gigavatios de energías renovables mencionadas por el gobierno, llevamos 2 gigavatios y por mucho estemos en 3 gigavatios para el año 2026, que depende de los movimientos y retrasos que han tenido principalmente desde el componente social y ambiental en las regiones de impacto.

Otro de los temas que no han tenido solución es la modalidad de Opción Tarifaria creada por el irresponsable Gobierno de Ivan Duque y que no se ha logrado saldar hoy día, no sabemos quién la asumirá… el gobierno al inicio se atribuyó el costo, pero con la negada ley de financiamiento se quedó sin caja y ahora propone que los estratos 4,5 y 6 y no residenciales sean quienes asuman esta responsabilidad. De plano me parece absurdo porque muchos están pagando su subsidio, el real, no el impuesto.

Y para finalizar otro de los problemas que no le veo una solución a mediano plazo es el gas, que, de acuerdo con La Bolsa Mercantil de Colombia y gestor de Gas Natural en Colombia, se debe llegar a 206 GBTUD para el 2026 frente a 161 proyectados, estamos hablando de un 20% más de producción. Actualmente tenemos un déficit del 5% y con importaciones a bordo que, aunque un 30% más caro no está limitado, pero que si no tomamos acciones al 2030 podríamos tener un déficit del 50%.

No se trata de firmar decretos, hablar carreta, o colocar la primera piedra, se trata de montarnos en el problema y cabalgar para que salgan adelante.

Posdata: Veámoslo en las 140 plazas de mercado del DPS, que ni en donde se puso la primera piedra (Soacha), se construyó; 146 no han iniciado y solo 4 apenas se inician.

Iván Santisteban

¿Por qué lo mataron?

A Miguel Uribe lo mataron. Eso es un hecho. Lo que no sabemos —y debemos exigir saber— son los motivos.

¿Lo mataron porque no podían derrotarlo en las urnas?

 

¿Lo mataron porque incomodaba a actores que, en nombre de la paz, negocian privilegios y borran delitos del pasado?

¿Lo mataron porque su liderazgo crecía y podía cambiar el rumbo del país?

¿Por qué lo mataron?

   •   Porque no estaba dispuesto a callar ante el pacto de la Picota.

   •   Porque denunciaba sin miedo las reformas que, según él, ponían en riesgo la salud y las pensiones de los colombianos

   •   Porque proponía una Colombia segura, donde el ciudadano honesto pudiera vivir sin miedo.

   •   Porque defendía la libre empresa y la inversión extranjera como motores del progreso.

   •   Porque creía en fortalecer la Fuerza Pública, no en debilitarla.

   •   Porque exigía respeto a la ley, sin excepciones para bandidos “arrepentidos”.

   •   Porque se oponía a que el narcotráfico dictara la política de paz del país.

   •   Porque rechazaba que la corrupción se escondiera bajo discursos de cambio.

   •   Porque defendía la propiedad privada.

   •   Porque no aceptaba que la economía se manejara a punta de ideología y no de cifras reales.

   •   Porque no tenía miedo de defender las tesis de Álvaro Uribe.

   •   Porque era coherente, consecuente y no cambiaba de principios según el viento político.

   •   Porque tenía la preparación académica y la experiencia administrativa para gobernar.

   •   Porque no tenía manchas de corrupción, y eso incomoda a quienes viven de ella.

   •   Porque su liderazgo crecía y las encuestas empezaban a mostrarlo como el opositor más fuerte de cara al 2026.

   •   Porque podía ganar… y había quienes no querían arriesgarse a competir en igualdad de condiciones.

Bajar el tono es una cosa; renunciar al derecho de saber la verdad es otra muy distinta.

Nota recomendada: Murió el senador Miguel Uribe Turbay

Colombia tiene derecho a conocer quién y por qué ordenó este magnicidio. Si no lo exigimos, los bandidos seguirán dictando la agenda política del país, decidiendo con plomo quién puede aspirar y quién no.

Porque de eso se trata: de garantizar que en 2026 haya un candidato de oposición con opción real de ganar… y que no tenga que pagar con su vida por el atrevimiento de querer servir a su país.

Ricardo Ferro

¿Cuál es el problema de la política pública de seguridad colombiana?

Diseñar e implementar una política pública de seguridad integral es un propósito esencial para el próximo gobierno, máxime cuando el país rural padece actualmente un control territorial desbordado y asfixiante por parte de bandas narco-terroristas. Esta tarea gubernamental implica efectuar previamente un análisis riguroso, que, de suyo, nos exige ahondar en tres aspectos cruciales: (1) las acciones que han desplegado los gobiernos antecedentes sin alcanzar su finalidad, (2) lo que medianamente ha servido teniendo posibilidades de mejorar y, (3) lo que no ha servido para nada y debe erradicarse con urgencia y diligencia. Es así como obtendremos un diagnóstico real de la situación.

En primer lugar, es necesario mencionar que el punto uno (las acciones que han desplegado gobiernos antecedentes) y dos (lo que medianamente ha servido con posibilidades de mejorar) nos permiten evaluar la idoneidad o impertinencia de lo que se ha hecho en materia de seguridad.

 

En segundo lugar, el punto tres (lo que debemos erradicar con suma urgencia y diligencia) es el detonante para proponer nuevas alternativas encaminadas a obtener resultados satisfactorios en el marco de una administración pública racional, abierta, eficiente y oportuna congruente con las dificultades de la nación.

¿Cuál ha sido, en mi opinión, el problema del actual y de los últimos dos gobiernos colombianos en materia de seguridad?

Muy puntual: los gobiernos colombianos están en mora de consolidar como regla general la toma de decisiones basadas en datos, evidencia científica e investigaciones de campo, y correlativamente establecer como excepción el uso de la intuición o la lógica. Jamás a la inversa.

Mi propuesta concreta: es imperativo enfrentar las crisis de seguridad y los problemas de orden público del país basados en datos, evidencia científica e ideas generadas a través de una inmersión profunda, y dejar en un ámbito secundario las soluciones sustentadas en intuiciones, creencias y opiniones dada la disolución de aquellas en la punta del iceberg.

Tomen nota de esto: a los bandidos ya no se les enfrenta únicamente con intuiciones, firmeza, entereza y ‘creencias lógicas’ sino con inteligencia y estrategia. En 2002 bastaba con tener firmeza y determinación. Hoy, 23 años después, estamos en mora de adaptar y modernizar a nuestra fuerza pública con tecnología de punta e inteligencia artificial.

Hay que establecer una IA diseñada exclusivamente para neutralizar a los malvados. Ello es viable legal y financieramente acorde al presupuesto nacional. Ya no basta contar con el valiosísimo apoyo de la comunidad urbana y rural, ni con motivar a las fuerzas militares, pues ahora tenemos que ir más allá toda vez que Colombia ha tocado fondo y retrocedimos al siglo XX: los criminales se pasean tranquilamente por el país y se sienten vigorosos ejerciendo control territorial.

La única forma de darle solución al asunto es mediante el uso del sofisticado avance tecnológico para neutralizar o eliminar a quienes representan una amenaza para la sociedad.

En una próxima columna expondré con rigor y exactitud mi propuesta para diseñar una política pública de seguridad sustentada en inteligencia artificial. Todo de conformidad al estado colombiano.

Observación para los precandidatos y candidatos presidenciales: la única alternativa para resolver con eficacia nuestros problemas es profundizando en ellos hasta sumergirnos en la raíz, no quedándonos en la superficie con lugares comunes disfrazados de ‘soluciones’. Evitar sumergirse en la raíz de las dificultades es un terrible acto de displicencia con el país.

Adenda: El Ministerio de Defensa y Seguridad Nacional anunció la adquisición de diez y seis aviones de combate. Muy bien, pero, ¿para cuándo anunciará la adaptación de IA en los sistemas de inteligencia y contrainteligencia de las FFMM?

Juan David Escobar

@JuanDaEscobarC

Del liderazgo público al liderazgo holístico

El liderazgo surge como un atributo indispensable en el contexto de las ciencias de la gestión ya que enfatiza el papel que desempeña el líder en el proceso de conducir importantes desafíos cuando asume la responsabilidad de dirigir personas, proyectos y recursos cuantiosos, los cuales si no se lideran bien pueden llevar a una empresa al fracaso.

Sin embargo, cuando se habla de liderazgo público la importancia del líder se eleva exponencialmente ya que los recursos comprometidos son públicos y sagrados, de otra parte, no tiene bajo su mando seguidores, sino ciudadanos y comunidades que necesitan mantener vigente el vínculo entre ciudadanía y política. El liderazgo público plantea que los líderes deben estar al servicio de los demás, en lugar de buscar su propio interés o beneficio personal.

 

En seminarios sobre liderazgo y en conversaciones con gerentes públicos y privados en que he participado, siempre surge la pregunta ¿qué es lo que hace que policías y soldados de la patria estén dispuestos a poner en riesgo su vida en el cumplimiento de su deber?¿Cuál es el secreto para que mujeres y hombres luchen día a día durante años en las condiciones más extremas de inseguridad y enfrentando riesgos reales, bajo la premisa del servicio a los demás y siempre mantengan su fe en la causa?, esa misma pregunta se hizo la Policía de Colombia a manera de reflexión y dio origen al Modelo Holístico de Liderazgo Policial también conocido como MHLP, Nieto. (2018), en dicho modelo se describen cinco atributos que son comunes también al liderazgo público y que pueden iluminar el camino para obtener una respuesta al interrogante planteado y de paso trascender a la función pública en general.

En Attributes of Police Leadership Nieto, J., Acosta-Prado, J. & Cárdenas, J. (2019) se describen los atributos propios del MHLP y para efectos de esta columna se hará una fusión y un sincretismo dirigido al liderazgo público y a los servidores que en toda Colombia trabajan, también en condiciones muy difíciles, y logran salir avante en el cumplimiento de su deber.

El primer atributo es el honor, el cual es un prerrequisito y el punto de partida ya que se basa en comportamientos morales socialmente apropiados, ya que el funcionario público tiene el rol de garante de derechos y está obligado a ser un ciudadano ejemplar. De esta manera, logrará la necesaria aceptación y reconocimiento social de la comunidad a la que presta su servicio. Traducido al lenguaje de cualquier servidor público, significa vivir la ética no como un eslogan, sino como la médula de cada decisión. El honor es esa brújula que no se vende ni se alquila.

En lo público, el honor se mide cuando nadie está mirando. El funcionario que manipula una licitación, que acomoda una hoja de vida o que calla ante la corrupción no solo traiciona la ley: destruye el contrato moral con la ciudadanía. Y ese contrato, a diferencia de los papeles oficiales, no se firma con tinta: se firma con confianza.

La vocación de servicio, otro pilar del MHLP, es un atributo que no nace del reglamento. Es esa rara mezcla de gusto por servir y compromiso con la gente que no se agota con el horario ni se oxida con los años. La vocación es levantarse un lunes con la misma disposición que un viernes, es buscar soluciones donde otros ven excusas. Y en un mundo globalizado, donde los ciudadanos comparan y exigen, la vocación no es lujo: es obligación. En la administración pública, la vocación se nota en detalles tan simples como responder un correo, sonreír al público, atender una solicitud ciudadana sin regaños o buscar soluciones creativas a problemas cotidianos.  

Credibilidad y confianza: son el capital intangible de cualquier institución. Sin ellos, el mejor plan se hunde y la mejor política se trunca. La gente confía más en las personas que en cargos o logotipos, la confianza no se hereda: se construye con coherencia.  La confianza se alimenta de actos que confirmen que la autoridad está para proteger, no para abusar; para servir, no para servirse.

Adaptabilidad y efectividad: el liderazgo público del siglo XXI no puede ser un manual rígido. La adaptabilidad, como la define el MHLP, es la capacidad de ajustar pensamiento, comportamiento y métodos para responder a entornos cambiantes. Y la efectividad es lograr resultados concretos sin ahogar los procesos en burocracia.

Visión e innovación: el motor del cambio. Quizás el atributo más difícil de encontrar y más fácil de olvidar. La visión es la capacidad de mirar más allá de la coyuntura y entender hacia dónde debe ir una institución o un país para seguir siendo relevante. La innovación es atreverse a cambiar la ruta cuando el mapa se queda viejo. En lo público, la visión sin innovación es discurso, y la innovación sin visión es improvisación. El líder holístico entiende que modernizar no es simplemente comprar tecnología; es alinear cada cambio con un propósito superior: servir mejor al ciudadano.

Un liderazgo con perspectiva holística no se limita a gerenciar procesos; conecta la gestión con el contexto social, político y global, comprende que las decisiones locales se miden con estándares internacionales y que los errores domésticos pueden tener repercusiones diplomáticas, económicas y reputacionales.

El problema es que, en algunas oficinas públicas, el liderazgo se queda atrapado entre la burocracia y el cortoplacismo. “Siempre se ha hecho así” es la lápida que se irgue sobre muchas buenas ideas. Y mientras tanto, la ciudadanía, harta de promesas incumplidas, se refugia en la desconfianza y pierde la fe. Es por lo que es hora de proponer a la ética como una política de Estado, no basta con enarbolar valores; hay que encarnarlos en el servicio diario, en la vocación de servicio, en la transparencia de las decisiones que se tomen y en la cercanía genuina con la comunidad.

Por: Juan Carlos Nieto Aldana PhD

Experto en Inteligencia estratégica, liderazgo público y seguridad ciudadana.