Es necesario aceptar que estamos llegando al final del orden constitucional del 91 que está siendo reemplazado por una paralegalidad financiada con el dinero de todos. Petro demostró que no existen mecanismos eficientes, ni sanciones reales para obligar al presidente a acatar la constitución. Unos cuantos meses fueron suficientes para acabar con el mito de la solidez institucional.
El gobierno puede movilizar milicias para presionar a las cortes, o al Congreso, puede destruir el sistema de salud, expropiar el ahorro de la gente, entregar territorios a organizaciones criminales, ordenar a la fuerza pública que no cumpla con su función primaria de garantizar la seguridad de la población, puede incumplir contratos de obras públicas, llevar a la quiebra su propia empresa petrolera, expulsar a los privados de los canales de televisión, incluso usar la difamación y la calumnia contra sus opositores. Petro entendió que podía cambiar las reglas del juego y lo hizo.
El error estratégico de la oposición consiste en creer que hay vuelta atrás, que este gobierno terminará en el 2026, se repararan los daños y todo volverá a ser igual. En el libro clásico de economía política, Los Motivos del Voto, Gordon Tullock argumenta que la idea de un estado benevolente es falsa, que tanto los votantes, como los burócratas, obran interés propio y que por lo tanto el resultado de las elecciones es el registro de esa superposición de intereses que constantemente está produciendo fallos similares a los del mercado. En ese sentido, la constitución de 1991 ya prefiguraba el modelo populista de ultras del Pacto Histórico.
Abstracciones como que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo”, o que Colombia es “un estado social de derecho”, suponen entidades mágicas como pueblo y social, superiores al derecho, lo social y lo popular están por encima de la ley y como Petro de autodefine como la encarnación precisamente de lo social y lo popular, pues entonces él está por encima de la ley. Desde este punto de vista, este gobierno aplica plenamente el espíritu de la constitución.
Llegamos a un estado de cosas posconstitucional en el cual ciudades estado de facto y autonomías regionales, se enfrentan a un gobierno central proyectado sobre el territorio a través de alianzas con organizaciones criminales, empresarios electorales y redes de corrupción. Esta dinámica está redefiniendo el poder territorial y transformando el estado benefactor centralista que imaginaron los constituyentes del 91 en un estado de territorios autónomos.
Colombia es desde hace años una serie de ciudades estado fortificadas que se proyectan sobre zonas grises inestables gobernadas por criminales. La civilidad y la legalidad se han sostenido más desde el espíritu cívico urbano, que desde la capacidad del gobierno central para imponer la ley. Aceptar este hecho, entre otros, y extraer las consecuencias políticas que implica supone aceptar el que el pacto social que la constitución dice interpretar ha llegado a un punto de no retorno y que es imperativo establecer un nuevo orden.
Es necesario devolver el poder a la gente, a los ciudadanos, al individuo, reconocer que el individuo es soberano y que toda clase de parásitos, partidos políticos, bandas criminales y burócratas lo han negado convirtiéndolo en masa, pueblo, muchedumbre sin arraigo.
El petrismo llevó esta dinámica al extremo pero no la creó, fueron las elites progres que se le levantaron contra los ciudadanos y la libertad y que fracasaron expulsados del poder real por las economías criminales hasta llegar a este punto donde nada es legal y nada es ilegal y el estado ha quedado en manos extremistas violentos, chamanes y corruptos, pero las ciudades y los ciudadanos libres no han aceptado esa tiranía, no han interiorizado el relato que los trata como criminales y se han transformado en una nueva política que los políticos no entienden y que como lo planteó Curtis Yarvin, está tomando forma en una nueva “ilustración oscura”.
Quienes están en el poder destruyeron el pacto social, pero no son capaces de crear un nuevo pacto, este nuevo pacto solo lo pueden hacer los ciudadanos y ya se está escribiendo.
Jaime Arango
