Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Alejandro Toro

IA: ¿Esclava del capital o aliada de la humanidad? El debate que Petro llevó a Dubai

La Cumbre Mundial de Gobiernos es un foro global organizado desde 2013 por los Emiratos Árabes Unidos. Es un espacio que reúne a líderes gubernamentales, representantes del sector privado y actores de la sociedad civil para abordar los retos del futuro, para preguntarse cómo los gobiernos del mañana deben aprovechar la innovación y la tecnología para garantizar los problemas universales de la humanidad.

La 12° edición de la Cumbre desarrollada el presente año en Dubai contó con la participación de más de 30 jefes de Estado, 400 ministros, 80 organizaciones internacionales, 140 delegaciones gubernamentales y más de 6.000 participantes.

Quien quiera subestimar la relevancia de la Cumbre demuestra su desconocimiento en geopolítica. Que se haya invitado al Presidente de Colombia a participar en este importante espacio demuestra que en el contexto global sí se reconoce la capacidad de prospectiva del Presidente Petro, que sabe que su gobierno acaba en 2026 pero los desafíos a los que se enfrenta Colombia y el mundo seguirán vigentes en los años por venir, siendo el de la IA uno de los más urgentes.

Colombia no puede quedarse atrás en la carrera por la IA, ya China demostró con DeepSeek que es posible desarrollar el software sin la necesidad del hardware más potente tal como lo estaban haciendo creer las compañías estadounidenses. La discusión que puso Petro sobre la mesa en Emiratos Árabes es: ¿para qué la IA?

No se puede malinterpretar las palabras del Presidente con las de un ludita, su intervención no pide de forma alguna la destrucción de las máquinas que le dan vida a la IA. Lo que Petro pregunta de manera acertada es cuál es la lógica que va a determinar el desarrollo de la IA, si va a ser una de búsqueda de ganancia infinita bajo un modelo capitalista ciego ante el hecho de que los recursos para la producción son finitos, o bajo una lógica democrática donde se reconozca que la IA es un cúmulo del conocimiento colectivo humano y debe ser puesta por lo tanto en servicio del colectivo, de la supervivencia de la especie.

He aquí donde aparece la contradicción, característica propia del capitalismo en el contexto de la IA. Se ha vendido como un medio para aumentar la productividad de manera infinita con unos costos de producción inmensamente bajos porque se elimina el trabajo humano, el factor que más peso tiene a la hora de calcular el valor de desarrollar un bien o mercancía; pero, si no hay trabajos disponibles, ¿quién va a adquirir aquello que la IA produce?

En el momento en el que emerjan los conflictos sociales a causa de la desigualdad exacerbada que puede producir la IA, no van a ser los dueños del capital los que propongan una salida, no va a ser el pirómano que provocó el incendio el que se encargue de apagarlo. Tenemos que volver al campo de la política para encontrar el contrapeso al desarrollo de la IA guiada por los rendimientos económicos como fin en sí mismo.

Fue esta una de las principales conclusiones que dejó el discurso del Presidente y que se vio ratificada la misma semana con la adhesión de Colombia a la Declaración de Líderes de la Cumbre de Acción sobre la IA en París, la cual busca que en un marco de gobernanza global se asegure que la IA sea abierta, transparente, ética y segura; que sirva para dar oportunidades a partir de un impacto positivo en la transformación del mercado laboral; que su desarrollo sea sostenible para el planeta y sin concentraciones monopolísticas que pongan en riesgo la recuperación industrial pos pandemia.

La pregunta no es si debemos adoptar la inteligencia artificial, sino bajo qué principios lo haremos. Petro ha planteado con acierto una de las cuestiones más relevantes de nuestro tiempo: ¿seguiremos el camino de la ganancia infinita y la concentración de poder o construiremos una lógica democrática donde la IA esté al servicio del bienestar común? El tiempo para decidir es ahora. No podemos dejar en manos del mercado un debate que definirá el destino de nuestras sociedades.

Alejandro Toro

Colombia y China: el camino agrícola por recorrer

El mundo mira a China como el gran mercado del siglo XXI, y Colombia no puede darse el lujo de ser espectadora, menos en un momento donde Estados Unidos amenaza con imponer tarifas insostenibles a todos los productos que entren a su país. Con una demanda creciente de alimentos —desde proteínas hasta frutas exóticas—, el país asiático representa una oportunidad histórica para transformar el agro colombiano. Sin embargo, aprovecharla exige superar viejos rezagos y actuar con la urgencia que impone la competencia global.

El primer factor habilitante es el avance en certificaciones sanitarias, un requisito que durante años limitó las exportaciones. Hoy, Colombia ha logrado hitos clave: en 2024, doce plantas procesadoras de carne bovina recibieron luz verde para exportar a China, un mercado que solo el año pasado importó 10.7 millones de toneladas de este producto. Este logro, impulsado por el estatus de país libre de fiebre aftosa con vacunación, permitiría enviar hasta 100,000 toneladas anuales, según proyecciones del Ministerio de Agricultura. A esto se suma el aguacate Hass, certificado desde 2022, que gracias al clima colombiano puede producirse todo el año, a diferencia de la oferta estacional de Perú o México. Estos casos demuestran que, cuando hay coordinación entre sector público y privado, se abren mercados impensables hace una década.

Nota recomendada: Lecciones de deepseek: cómo Colombia puede forjar su propio camino en la era de la IA

Pero los protocolos son solo el primer paso. China no compra potencial: compra volúmenes, calidad constante y logística eficiente. Aquí surge el segundo factor: la infraestructura. Colombia sigue pagando un “costo país” que encarece sus productos. Transportar un contenedor de Bogotá a Shanghai cuesta un 30% más que desde Brasil, según la Cámara Colombo-China. Mientras Chile aprovecha sus puertos en el Pacífico para enviar cerezas en 22 días, Colombia enfrenta cuellos de botella en Buenaventura y una red vial fragmentada. Proyectos como el ferrocarril del Pacífico —donde empresas chinas han mostrado interés— podrían cambiar la ecuación, pero requieren decisión política y velocidad.

El tercer elemento es la innovación en productos con valor agregado. China ya no es solo el mercado de las materias primas: su clase media busca café especializado, snacks saludables y frutas únicas. Colombia exporta café a través de intermediarios como Starbucks, pero no existe una marca país que compita con los arándanos peruanos o los vinos chilenos. La uchuva, el lulo o la gulupa —frutas autóctonas con alto valor nutricional— ni siquiera figuran en las estadísticas, a pesar de su potencial en nichos gourmet. Tampoco se ha explotado la denominación de origen: un café de Nariño o una pitaya del Huila podrían ser tan distintivos como un Malbec argentino, pero falta estrategia de posicionamiento.

Aquí entra el cuarto factor: la diplomacia comercial. Mientras Chile y Perú negocian con China desde la Alianza del Pacífico, en Colombia no se ha avanzado en el proceso de pensar un TLC con China. La vía rápida por lo pronto son las misiones inversas: traer compradores chinos a ver fincas y plantas de procesamiento, como se hizo exitosamente con el limón Tahití en 2023. Además, se necesita un sello de sostenibilidad que diferencie los productos —carne carbono neutro, café bajo en huella hídrica—, algo que el Gobierno podría desarrollar con apoyo de gremios como Fedegán.

El riesgo de la inacción es claro. Brasil ya domina el 75% del mercado chino de soja; Argentina y Uruguay se reparten la carne premium. Colombia llega tarde, pero tiene ventajas únicas: biodiversidad, tierras subutilizadas y proximidad geográfica al canal de Panamá. La inclusión de Buenaventura en la ruta de la naviera china más importante que hay, Cosco Shipping, demuestra que Colombia tiene una posición privilegiada de cara al mercado chino.

El momento es ahora: cada día sin avances consolida a otros países en la mente de los importadores chinos. El agro colombiano puede ser más que un sector tradicional: puede ser una potencia alimentaria. Pero para ello, necesita dejar de mirar hacia el norte y volcar sus ojos —y sus cultivos— hacia el oriente.

Alejandro Toro

Lecciones de deepseek: cómo Colombia puede forjar su propio camino en la era de la IA

El surgimiento de DeepSeek, un modelo de inteligencia artificial desarrollado por la empresa china DeepSeek Inc., ha sacudido el panorama tecnológico global. Más que un logro técnico, su historia encierra lecciones profundas para países como Colombia, que buscan posicionarse en la revolución digital sin perder de vista sus realidades sociales, éticas y económicas. Este es un llamado a reflexionar: ¿cómo puede un ecosistema emergente como el colombiano convertir el ejemplo de DeepSeek en una hoja de ruta para su propio futuro tecnológico?

DeepSeek ha sido disruptiva porque es un modelo avanzado de IA de código abierto, o sea con una arquitectura que todo el mundo puede ver, desarrollado a una fracción del precio y con tecnología desactualizada en comparación con los modelos de las grandes empresas estadounidenses, como GPT4 o Gemini. Deepseek le está demostrando al mundo que se puede hacer IA a bajo costo, una noticia clave para economías emergentes como la colombiana.

DeepSeek no partió de cero. Su éxito se basa en aprovechar avances globales en IA y adaptarlos a un contexto específico. Para Colombia, esto implica reconocer que la innovación no requiere reinvención, sino ingenio aplicado. El país ya cuenta con casos como HubBI, el hub de innovación de Bogotá, o startups como Rappi y Síclo, que han demostrado cómo soluciones globales pueden rediseñarse para mercados locales.

La lección es clara: en lugar de competir en la carrera por crear la próxima supercomputadora, Colombia debe invertir en talento especializado (científicos de datos, ingenieros en ética digital) y adoptar tecnologías abiertas para resolver problemas concretos: desde la agricultura en el Cauca hasta la atención médica en La Guajira.

DeepSeek integró principios éticos desde su diseño, un enfoque urgente para Colombia, donde el 60% de la población rural aún carece de conectividad plena (DANE, 2023). La IA no puede ser un lujo de las élites urbanas; debe ser una herramienta para cerrar brechas.

Esto exige marcos éticos locales que prioricen la inclusión, con algoritmos que reconozcan la diversidad lingüística y cultural de colombia, la transparencia en la tecnología evitando “cajas negras” tecnológicas donde la ciudadanía no pueda saber cuál es el proceso para que una IA genere un resultado y la participación de todos los grupos sociales que hay en el país, teniendo en cuenta sus contextos, aprovechando la diversidad del país

Se puede pensar, por ejemplo, en proyectos de IA para predecir sequías en La Mojana, co-diseñados con agricultores. La tecnología, sin raíces sociales, está condenada al fracaso.

DeepSeek es China pero se nutre de conocimiento universal. En Colombia debemos buscar la forma de aprovechar las redes globales a las que pertenece y que le permiten intercambiar conocimiento, como la OCDE, sin dejar a un lado las ventajas comparativas que tiene el país, como lo es la biodiversidad, la cada vez más afianzada industria creativa e incluso ver problemas sociales como oportunidades, por ejemplo pensando en IA médica para tratar de llevar la atención primaria en salud a lugares de difícil acceso por condición geográfica.

La clave está en identificar nichos donde Colombia ya tiene liderazgo y escalarlos con tecnología.

DeepSeek no es un modelo a copiar, sino un espejo en el que Colombia debe reflejar sus aspiraciones. La IA no es solo código: es educación, ética, infraestructura y, sobre todo, voluntad política.

El país tiene los ingredientes: talento joven, biodiversidad única y una vibrante comunidad emprendedora. Lo que falta es articularlos con una visión audaz. En lugar de esperar a que las soluciones lleguen de Silicon Valley, es hora de escribir nuestro propio código: uno donde la tecnología no solo sea avanzada, sino justa, inclusiva y profundamente colombiana.

La pregunta no es si podemos, sino si nos atrevemos. El reloj de la IA ya está en marcha.

Alejandro Toro

El gobernador de Antioquia pone primero la minería que la soberanía alimentaria

Al gobernador de Antioquia pareciera molestarle la idea de que las tierras del suroeste antioqueño sean usadas para alimentar a la gente en vez de convertirse en una mina gigante. Su airada reacción en contra del establecimiento de una Zona de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) en la región bajo el argumento de que se trata de la imposición de un régimen comunista parece estar más bien alineado con el interés de las grandes empresas mineras.

Andrés Julián Rendón hace quizás de manera intencionada una interpretación errónea de lo que es una ZPPA y cuál es su alcance. No es expropiación ni acciones de una junta central socialista como ha afirmado el gobernador, se trata de un mecanismo indicativo para identificar áreas del territorio que, por sus características de uso, de suelo y el ordenamiento territorial que las determina deben ser protegidas para la protección de alimentos, teniendo en cuenta que el artículo 65 de la Constitución Política determina que la protección de alimentos goza de especial protección del Estado.

Nota recomendada: ¿Qué hacer sí su hijo aún no cuenta con el servicio de transporte escolar para los colegios del Distrito?

La ZPPA responde a las solicitudes de organizaciones campesinas de la región para la salvaguarda de sus territorios ante los riesgos que representa principalmente la actividad minera. Rendón dice que la decisión la toma un burócrata en su escritorio en Bogotá, cuando fue la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria la que sí se sentó con las organizaciones de los 23 municipios del suroeste en múltiples encuentros desarrollados en territorio entre julio y agosto del 2024 donde los actores claves denunciaron que la actividad minera pone en riesgo los recursos hídricos de la región y fueron reiterativos en afirmar que se presenta un conflicto por el uso del suelo donde las actividades campesinas se ven desplazadas por la minería.

Es Rendón el que no tiene idea de cuáles son las solicitudes que se hacen desde el suroeste por estar más pendiente de lo que tienen por decir las grandes multinacionales mineras. No sabe que las áreas sembradas en el Suroeste han crecido en un 12% durante los últimos quince años, así como también ha sido constante el crecimiento en la producción de productos agropecuarios y que es la agricultura y no la minería la actividad que más emplea personas en la subregión, siendo la fuente del 38% de los trabajos.

Puede interesarle: Toros, trajes y nexos oscuros: la tarde en que Alberto Uribe Sierra y el narco se dieron la mano

Quienes critican la priorización de la producción agrícola por sobre la explotación minera a gran escala sostienen el argumento de que la minería al ser una actividad económica más lucrativa trae consigo el desarrollo de las regiones. Lo que no dicen es que las ganancias obtenidas no se distribuyen de manera equitativa.

Miremos por ejemplo al Bajo Cauca, en donde se han priorizado los intereses mineros por los campesinos y que de acuerdo al Informe de Calidad de Vida en Antioquia para 2023 es la subregión con mayor incidencia de pobreza multidimensional, afectada en un 55% por bajo logro educativo y en un 37% por rezago escolar. Se pregunta uno a dónde va a parar la riqueza minera, porque en la población del Bajo Cauca no se queda.

A Rendón le parece inverosímil pensar que los campesinos de Antioquia, como lo serán los del suroeste a medida que vaya avanzando el proceso de la ZPPA, se organicen en torno a proyectos productivos agropecuarios en donde las ganancias fruto de su trabajo se puedan quedar en la comunidad, que mediante la economía solidaria la tierra sea usada por y para los campesinos con la ganancia extra de que se garantizará para la región y el departamento la soberanía alimentaria, en vez de tener que vender sus tierras y eventualmente su trabajo a la minería.

La protección del suelo para la producción de alimentos en el suroeste antioqueño no es una imposición arbitraria ni un capricho ideológico, sino una medida necesaria para garantizar la sostenibilidad, el empleo y la seguridad alimentaria de la región. Mientras algunos defienden la minería como motor de desarrollo, la realidad demuestra que sus beneficios no se traducen en bienestar para la población. Apostar por la agricultura no solo preserva el medio ambiente y los recursos hídricos, sino que también fortalece las comunidades locales y su derecho a una economía propia y digna.

Alejandro Toro

Toros, trajes y nexos oscuros: la tarde en que Alberto Uribe Sierra y el narco se dieron la mano

En la tarde del 13 de marzo de 1983, la Plaza de Toros La Macarena de Medellín se vistió de gala para una corrida de beneficencia en apoyo al proyecto “Medellín sin Tugurios”. El cartel anunciaba a los rejoneadores Alberto Uribe Sierra, Fabio Ochoa Vásquez, Andrés Vélez y Dayro Chica, junto a los toreros Pepe Cáceres y César Rincón. Los toros, provenientes de las ganaderías “Los Guateles” y “Rocha Hermanos”, prometían una tarde memorable.

Sin embargo, tras el brillo de las luces y el fervor del público, se ocultaba una realidad más oscura. Alberto Uribe Sierra, padre de Álvaro Uribe Vélez, y Fabio Ochoa Vásquez, miembro prominente del Cartel de Medellín, compartían protagonismo en el ruedo. La presencia de estas figuras en un evento patrocinado por Pablo Escobar evidenciaba la simbiosis entre la élite social y el narcotráfico que permeaba la sociedad colombiana de la época.

Nota recomendada: Estados digitales: supra gobiernos que amenazan la democracia

Pablo Escobar, quien había consolidado su poder político tras su paso por la Cámara de Representantes en 1982, utilizaba iniciativas como “Medellín sin Tugurios” para ganar legitimidad y apoyo popular. La corrida de toros no solo buscaba recaudar fondos, sino también blanquear la imagen de los capos, presentándose como filántropos ante la sociedad.

En este entramado, Álvaro Uribe Vélez jugó un papel crucial. Tras el asesinato del director de la Aeronáutica Civil, Fernando Uribe Senior, en febrero de 1980, Uribe Vélez asumió la dirección de la entidad, donde se otorgaron licencias aéreas que, según investigaciones posteriores, facilitaron las operaciones del narcotráfico.

Por sí le interesa: Álvaro Uribe invita a la comunidad internacional a intervenir militarmente a Venezuela

Tanto así que Rodrigo Lara en su función de Ministro de Justicia ordenó a la Aeronáutica Civil la cancelación del permiso de operación de cuatro aeronaves por estar siendo utilizadas para el narcotráfico, dentro de las cuáles estaba el helicóptero de matrícula HK-2704 de propiedad de la empresa Aerofotos Amortegui de la cual era socio Alberto Uribe Sierra y el cual fue encontrado en Tranquilandia, el mayor centro de procesamiento de cocaína que había en el país. Es decir, la entidad de la que Uribe Vélez fue director permitió la operación de un helicóptero de propiedad de su padre que fue utilizado para el tráfico de drogas.

Por sí no lo leyó: Polémica en Medellín por murales en alusión a los hallazgos en la Escombrera que la Alcaldía borró

Cuando se desarrolló la corrida de beneficencia en la Macarena, Álvaro Uribe Vélez ya había renunciado a su posición como alcalde de Medellín, en la que duró tres meses, y que de acuerdo a Álvaro Villegas quien en la época fungía como gobernador de Antioquia el mismo presidente Belisario Betancur le pidió que removiera a Uribe de su cargo como alcalde por sostener presuntos nexos con el narcotráfico.

La corrida reunió a pesos pesados de la política y del narcotráfico en Medellín, en un momento en el que Álvaro Uribe Velez debía estar comenzando a montar su campaña para el Concejo de Medellín. Estando reunido el Cartel de Medellín en su apogeo, y teniendo en cuenta todos los señalamientos de las buenas relaciones que sostenía su padre con la organización criminal, vale la pena preguntarse si no habrá sido una muy buena oportunidad para que el candidato Uribe Vélez consiguiera financiación por parte de tan respetados empresarios para su campaña como concejal.

La foto de un cartel de una corrida de toros da cuenta de cómo el narcotráfico trató de camuflarse entre la alta sociedad de Medellín, como Pablo Escobar buscó mostrarse como una especie de Robin Hood que quería utilizar su buena fortuna en los negocios para ayudar. Nos muestra también unos nexos entre Álvaro Uribe y su familia y las principales figuras del Cartel de Medellín de la época que no se terminan de aclarar, que dan la duda de si habrán jugado alguna parte en su ascenso como político.

La interconexión de estos eventos y personajes revela cómo el narcotráfico infiltró las estructuras políticas y sociales de Colombia, utilizando la filantropía y la cultura popular como herramientas para consolidar su poder y legitimidad.

Alejandro Toro

Estados digitales: supra gobiernos que amenazan la democracia

En el siglo XXI, estamos presenciando el surgimiento de una nueva forma de poder que no se encuentra limitada por las fronteras geográficas: los Estados digitales. Estas entidades, encarnadas en plataformas como Facebook, X (antes Twitter) y TikTok, no son simplemente corporaciones tecnológicas. Se han convertido en territorios virtuales, habitados por miles de millones de usuarios que interactúan, producen, consumen y, a menudo, son gobernados por reglas que no eligieron.

Los Estados digitales han democratizado el acceso a los mercados y a la migración laboral. Ya no es necesario cruzar físicamente una frontera para trabajar en otro país; basta con un perfil en plataformas de trabajo remoto o el desarrollo de competencias digitales. Este fenómeno ha permitido que las economías locales accedan a mercados globales y que las personas encuentren oportunidades que antes eran impensables.

Nota recomendada: Colombia liderará la Comunidad de Policías de América en el 2025

En estos espacios digitales, los saberes también se han convertido en moneda de intercambio. Las barreras geográficas se disuelven, creando un espacio para una nueva era de interconexión y enriquecimiento mutuo. Un muralista en Bogotá puede inspirar a un artista en Seúl; un emprendedor en Lagos puede colaborar con un programador en Berlín. Esta virtualidad, aparentemente neutral, es presentada como el ideal cosmopolita de la globalización: acceso, oportunidad y creatividad sin fronteras.

Sin embargo, como toda utopía, esta promesa lleva en su interior un germen de distopía.

Los Estados digitales no son democráticos. Están gobernados por algoritmos, códigos opacos que obedecen a intereses corporativos, y no a principios éticos o democráticos. Mark Zuckerberg, Elon Musk o Zhang Yiming (fundador de TikTok) no son simplemente empresarios; son los líderes no electos de entidades que, en términos de alcance, superan a muchos países soberanos. Estos nuevos “supra gobiernos” acumulan un poder desproporcionado: manejan economías más grandes que las de naciones enteras y poseen la capacidad de influir en las decisiones de gobiernos formales, incluyendo elecciones.

Nota relacionada: El futuro del trabajo con la inteligencia artificial: ¿Revolución o amenaza?

La manipulación de las democracias es quizás el riesgo más visible. Plataformas como Facebook han sido acusadas de incidir en procesos electorales, desde el referéndum del Brexit hasta las elecciones presidenciales en Estados Unidos y Brasil. Los algoritmos no solo distribuyen información, sino que la diseñan, priorizando el contenido que maximiza las interacciones, aunque esto signifique polarizar sociedades, incitar al odio o difundir desinformación. Los “supra presidentes” no necesitan tanques ni ejércitos, porque gobiernan a través de flujos de datos y narrativas controladas.

Con la llegada de la inteligencia artificial, este fenómeno se profundiza. Los Estados digitales están integrando IA en sus algoritmos, lo que les permite gestionar una cantidad de datos inimaginable y predecir comportamientos con una precisión aterradora. Pero esto no se detiene en la predicción; la IA comienza a tomar decisiones por nosotros: qué vemos, qué compramos, qué creemos.

La verdadera amenaza no es solo el poder centralizado de los Estados digitales, sino la posibilidad de que la superinteligencia trascienda a sus propios creadores. En su búsqueda de eficiencia y optimización, la IA podría asumir el rol de gobernante supremo. Esta posibilidad abre las puertas a un orden apocalíptico o distópico, donde la autonomía humana se subordina completamente a la autonomía de las máquinas.

Puede interesarle: WhatsApp implementará cambios

La cuestión no es si los Estados digitales y la inteligencia artificial deben ser regulados, sino quién tiene la autoridad para hacerlo. Las democracias formales, debilitadas por la fragmentación interna y la desconfianza en las instituciones, parecen impotentes frente a estos nuevos actores globales. ¿Puede el legislativo tradicional competir con el dinamismo de los algoritmos? ¿Es posible someter a los supra presidentes a las reglas de las democracias?

El desafío, por tanto, es doble: evitar que los Estados digitales se conviertan en supra gobiernos que manipulen y controlen, y garantizar que la inteligencia artificial no nos lleve a un mundo donde la humanidad ya no sea necesaria. La historia de la modernidad nos ha enseñado que el progreso sin reflexión conduce al desastre. Estamos ante un momento kantiano: debemos atrevernos a pensar antes de que las máquinas lo hagan por nosotros.

Alejandro Toro

Colombia liderará la Comunidad de Policías de América en el 2025

En el complejo entramado de seguridad que enfrenta el continente americano, la cooperación internacional entre cuerpos policiales ha demostrado ser un elemento clave para combatir las amenazas transnacionales que desafían la estabilidad y el desarrollo de nuestras naciones. En este contexto, la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL) emerge como una herramienta indispensable para fortalecer los lazos entre las instituciones policiales del hemisferio y coordinar esfuerzos que trascienden las fronteras.

Fundada en 2007, AMERIPOL tiene como misión principal promover la cooperación entre las fuerzas de seguridad de los países miembros, facilitando el intercambio de información, buenas prácticas y capacitación. Este organismo se ha consolidado como un referente en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas y otros delitos de carácter transnacional, al tiempo que fomenta el respeto por los derechos humanos y la legalidad.

Entre los logros de AMERIPOL destacan la creación de redes de intercambio de inteligencia, el desarrollo de operaciones conjuntas, la implementación de estrategias regionales para enfrentar problemas comunes y la puesta en marcha de iniciativas para combatir el ciberdelito, incluyendo la capacitación en ciberseguridad y la creación de unidades especializadas en delitos informáticos. Estas iniciativas han permitido desarticular redes criminales, reducir el flujo de drogas y armas ilegales, y mejorar la capacidad de respuesta ante nuevas amenazas.

En este marco de éxitos y retos compartidos, Colombia ocupa un lugar privilegiado como líder regional en temas de seguridad. Este liderazgo se ve fortalecido con la designación del General William René Salamanca, Director de la Policía Nacional de Colombia, como presidente de AMERIPOL para el año 2025. Este nombramiento no solo refleja el reconocimiento internacional a la experiencia y compromiso de Colombia en la lucha contra el crimen, sino que también representa una oportunidad única para que el país impulse iniciativas que beneficien a toda la región.

El General Salamanca, con su vasta trayectoria y conocimiento en el ámbito de la seguridad, tiene el desafío de consolidar a AMERIPOL como un actor clave en la seguridad hemisférica. Bajo su liderazgo, se espera que la organización refuerce su capacidad de coordinación, promueva innovaciones tecnológicas en la lucha contra el crimen y fortalezca las alianzas con otros organismos internacionales, como Interpol y Europol.

En un mundo donde las amenazas evolucionan constantemente, la colaboración es más necesaria que nunca. La presidencia del General Salamanca en AMERIPOL simboliza un compromiso renovado con la seguridad y la justicia, no solo para Colombia, sino para todo el continente. Bajo su liderazgo, se espera una respuesta más efectiva a problemáticas como el ciberdelito, mediante la implementación de tecnología avanzada y la formación de unidades especializadas, así como un fortalecimiento de las estrategias conjuntas contra el crimen organizado que permitan desarticular redes transnacionales y proteger a las comunidades más vulnerables. Es momento de respaldar este esfuerzo colectivo y reconocer que la seguridad de uno es, en última instancia, la seguridad de todos.

Alejandro Toro

La interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá: un puente energético para el desarrollo regional

En un hito que promete transformar el panorama energético de América Latina, los gobiernos de Colombia y Panamá han anunciado una inversión conjunta de 800 millones de dólares para hacer realidad el proyecto de interconexión eléctrica entre ambos países. Este ambicioso emprendimiento, que lleva varios años en planes y estudios, no solo representa un esfuerzo significativo en infraestructura, sino también una apuesta estratégica para el desarrollo sostenible, la integración regional y la transición hacia energías más limpias.

La importancia de esta interconexión radica en múltiples factores. En primer lugar, facilitará el intercambio de energía entre dos países con perfiles complementarios en su generación eléctrica. Mientras que Colombia cuenta con una matriz eléctrica basada predominantemente en fuentes renovables, como la hidroenergía, Panamá está en proceso de diversificar su oferta energética. La conexión permitirá que ambos países se beneficien de un suministro más confiable, estableciendo un sistema más resiliente frente a eventualidades climáticas o fallos técnicos.

El proyecto se alinea con los objetivos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que bajo la presidencia del organismo a cargo del Presidente Gustavo Petro aboga por la integración energética como un pilar para el crecimiento económico y social. Con una región interconectada, se podrá optimizar el uso de los recursos naturales, reducir costos operativos y mejorar la competitividad de los mercados locales.

En el contexto actual de crisis climática, la interconexión también ofrece oportunidades para acelerar la transición hacia energías limpias. Al facilitar el intercambio de electricidad proveniente de fuentes renovables, este proyecto contribuye a reducir la dependencia de combustibles fósiles y a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto no solo tiene implicaciones ambientales positivas, sino también económicas, al fomentar la inversión en tecnologías sostenibles.

El éxito de este proyecto también ha sido posible gracias al liderazgo y la gestión de figuras clave como el Ministro de Minas, Andrés Camacho, quien ha impulsado estrategias para fortalecer la infraestructura energética del país; la Ministra de Ambiente de Colombia, que ha garantizado la sostenibilidad ambiental del proyecto mediante rigurosos procesos de evaluación y mitigación de impactos; y el Presidente de ISA, Jorge Carrillo, cuya visión y compromiso han sido fundamentales para materializar esta interconexión como un ejemplo de eficiencia y colaboración regional.

Por último, pero no menos importante, este megaproyecto puede convertirse en un modelo de cooperación internacional. En un mundo donde las tensiones y los conflictos a menudo dominan las relaciones internacionales, el compromiso de Colombia y Panamá de trabajar juntos para un objetivo común envía un mensaje de unidad y visión compartida.

Sin embargo, también es fundamental considerar los desafíos asociados a la implementación de este tipo de infraestructura. Aspectos como el impacto ambiental, la consulta previa con comunidades afectadas y la garantía de transparencia en el manejo de los recursos económicos deben ser prioridad para ambos gobiernos. Solo así se podrá asegurar que los beneficios del proyecto se distribuyan de manera equitativa y sostenible.

La interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá no es solo un proyecto técnico, sino un paso trascendental hacia un futuro más integrado, sostenible y próspero para la región. Con la visión y el compromiso adecuados, esta iniciativa tiene el potencial de marcar un antes y un después en la historia del desarrollo energético latinoamericano.

Alejandro Toro

El futuro del trabajo con la inteligencia artificial: ¿Revolución o amenaza?

En los últimos años, hemos sido testigos de una revolución en el ámbito laboral gracias a la irrupción de la inteligencia artificial (IA). Desde taxis autónomos recorriendo las calles de San Francisco hasta algoritmos que crean contenido artístico, la IA está transformando sectores enteros de la economía. Aunque estas tecnologías prometen eficiencia y avances, también plantean serios desafíos para los trabajadores que ven cómo sus empleos son reemplazados por máquinas. ¿Qué implica este cambio y qué podemos hacer para garantizar que la transición beneficie a la mayoría?

El ejemplo de los taxis autónomos en San Francisco es emblemático. Empresas como Waymo y Cruise ya operan flotas de vehículos sin conductor, desplazando a los conductores tradicionales. A nivel global, sectores como la manufactura, el comercio minorista y los servicios financieros también están adoptando soluciones basadas en IA. Chatbots reemplazan a agentes de atención al cliente; algoritmos optimizan cadenas de suministro, y herramientas de diseño automatizan procesos creativos que antes eran exclusivamente humanos. Esta transformación tiene un potencial económico enorme: la IA puede aumentar la productividad, reducir costos y mejorar la calidad de los productos y servicios.

Sin embargo, estos avances también generan incertidumbre. La automatización amenaza millones de empleos, especialmente en aquellos sectores donde las tareas repetitivas son comunes. Según informes recientes del Foro Económico Mundial, hasta el 40% de los trabajos actuales podrían verse afectados de alguna manera en las próximas décadas por causa de la inteligencia artificial. Esto podría exacerbar la desigualdad económica y dejar a muchos trabajadores sin las habilidades necesarias para adaptarse a las nuevas demandas del mercado.

No todo es pesimismo. La historia muestra que las revoluciones tecnológicas no solo destruyen empleos, sino que también crean nuevos. La clave está en gestionar la transición. Por ejemplo, la IA podría generar oportunidades en campos como la programación, la administración de datos y el diseño de soluciones tecnológicas. Además, sectores como la educación, la salud y la energía verde podrían experimentar un auge al integrarse con tecnologías avanzadas.

La gran pregunta es cómo garantizar que este cambio beneficie a la mayoría y no solo a una élite tecnológica. Para ello, es crucial invertir en educación y capacitación. Los gobiernos y las empresas deben colaborar para ofrecer programas que permitan a los trabajadores adquirir las habilidades necesarias para los empleos del futuro, como los cursos de reentrenamiento en tecnología promovidos por el Foro Económico Mundial o iniciativas de capacitación digital impulsadas por empresas como Microsoft y Google. Además, las políticas de protección social deben actualizarse para incluir medidas como el ingreso básico universal o sistemas de reubicación laboral.

Finalmente, debemos reflexionar sobre el propósito último de la tecnología. La IA no debería ser un medio para aumentar la desigualdad, sino una herramienta para mejorar la calidad de vida de todos. Esto implica un cambio de enfoque: en lugar de centrarnos exclusivamente en la eficiencia, debemos priorizar el bienestar humano. Si logramos esto, la IA podría ser una aliada poderosa en la construcción de un futuro más equitativo y sostenible.

La inteligencia artificial representa tanto una amenaza como una oportunidad para el mundo laboral. El reto está en gestionar esta transformación de manera inclusiva, asegurando que los empleos desplazados sean reemplazados por otros que no solo impulsen la economía, sino que también dignifiquen la vida de las personas. El progreso tecnológico sólo tendrá sentido si sirve para construir una sociedad más justa.

Alejandro Toro

“El uso de la inteligencia artificial debe tener líneas rojas”: Alejandro Toro

El representante a la cámara, Alejandro Toro, en entrevista para Confidencial Colombia, asegura que, de la mano de la academia, la empresa privada y las instituciones públicas, trabajarán para que en nuestro país se regule el uso de la inteligencia artificial trazando líneas rojas.

Usted promovió una discusión internacional sobre inteligencia artificial, ¿es este el camino para que en Colombia se abra una discusión seria sobre este tema y se llegue a una reglamentación?

Alejandro Toro: Por supuesto. Todos estamos trabajando por diferentes puntos, por diferentes temas y creo que, de manera muy atomizada, lo que nos ha llevado a presentar más de 14 proyectos de ley en temas de inteligencia artificial. Queremos que no solo lo discuta el legislativo, sino que además podamos integrar a la academia, la empresa pública y la empresa privada.

¿Cómo hacer para que en Colombia esa inteligencia artificial no termine convirtiéndose en un Gran Hermano ni en un Ojo de dios?

Alejandro Toro: Sí se lo dejamos a los gobiernos, muchos de ellos van a competir para tratar de no quedarse atrás en relación con otros países; sí se lo dejamos a la empresa privada se puede convertir en un escenario de competencia por ver quien facture más, sin quien le ponga un freno a esto. Por esto es importante el legislativo para que no se convierta en ese Gran Hermano porque somos quienes debemos servir como freno de mano porque es cierto que se vienen muchos peligros.

¿Hasta dónde inteligencia artificial y desde dónde capacidades humanas?

Alejandro Toro: Cuando se utilice la inteligencia artificial se debe llegar a un punto en que las decisiones finales las tome un ser humano, de lo contrario puede derivar en situaciones peligrosas. Ejemplo, sí en una guerra se utiliza inteligencia artificial y resulta que uno de los blancos es una menor de edad, es claro que esto representaría una violación al derecho internacional humanitario. En este caso se necesita de las capacidades humanas porque deben existir unas líneas rojas.

¿Puede esta inteligencia artificial provocar una hecatombe laboral en Colombia?

Alejandro Toro: Esa es una de las reflexiones que se hicieron en el Foro Internacional de Inteligencia Artificial que organizamos. El problema no es que nos deje sin trabajo, el problema es que nos deje sin salario. Sí nos va a dejar sin trabajo pero sigue produciéndose igual, por qué entonces no dar un bono a  todo el mundo.

En un mundo tan capitalista a los empresarios nos le va a interesar los despidos sí de alguna manera terminan ganando más.

El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, dijo estar de acuerdo con que se prohíba el uso de redes sociales a menores de edad, ¿está de acuerdo con esta postura?

Alejandro Toro: No considero que las redes sociales generen un gran problema. Nunca en la historia un adolescente había escrito tanto como si lo hace ahora con las redes. No estoy de acuerdo con esas prohibiciones porque aquí lo que debe existir es mayor regulación y eso es algo que debe empezar en casa.

Nota relacionada: ¿Será la Inteligencia Artificial la especie que nos reemplace?

Mercenarios colombianos en el extranjero: ¿héroes, víctimas o culpables?

La presencia de mercenarios colombianos en conflictos internacionales ha puesto a nuestro país en el centro de una controversia global. Desde Yemen hasta Sudán, y más recientemente en Ucrania, exmilitares y combatientes colombianos han encontrado en la guerra extranjera una nueva ocupación, alimentando debates éticos, legales y sociales sobre las raíces de este fenómeno y las responsabilidades que tenemos como nación.

Colombia, un país con una historia marcada por décadas de conflicto interno, ha producido una fuerza militar con habilidades excepcionales en combate y contrainsurgencia. Estas competencias, desarrolladas en escenarios de guerra prolongada, se han convertido en un activo valioso para empresas internacionales de seguridad privada. Sin embargo, el vacío laboral y la falta de reintegración efectiva para quienes dejan las armas han hecho que muchos vean el mercenarismo como una salida económica ante la falta de oportunidades. En el caso de Ucrania, el conflicto armado entre Rusia y las fuerzas ucranianas ha atraído a combatientes internacionales, incluidos colombianos, que ven en este escenario un lugar para poner en práctica su experiencia militar a cambio de una remuneración significativa.

El problema no es solo económico, sino profundamente estructural. La transición a la paz dejó a miles de hombres y mujeres entrenados para la guerra en un limbo laboral. Sin programas sólidos que les ofrezcan un camino digno en la vida civil, el mercado internacional de la violencia se convierte en una opción atractiva. En Ucrania, el reclutamiento de mercenarios no solo se ha presentado como una cuestión económica, sino también como un llamado ideológico, en el que algunos colombianos dicen unirse para “defender la libertad”, mientras otros lo hacen exclusivamente por la paga.

Este fenómeno plantea serias preocupaciones éticas. ¿Es legítimo que colombianos con experiencia militar exporten su conocimiento para perpetuar guerras en otras naciones? Por otro lado, ¿podemos culpar a quienes ven en esta actividad una forma de sustento cuando no se les ha podido brindar mejores opciones para un retiro digno? En el caso de Ucrania, la participación de mercenarios colombianos no solo amplifica las tensiones en un conflicto con implicaciones globales, sino que también expone a estos combatientes a riesgos extremos sin garantías legales o protección por parte de ninguna institución.

Además, la participación de mercenarios colombianos en guerras internacionales tiene implicaciones legales. Aunque existen tratados como la Convención Internacional contra el Reclutamiento, Uso, Financiación y Entrenamiento de Mercenarios, Colombia no ha firmado ni ratificado este acuerdo, dejando un vacío normativo que perpetúa esta práctica; no obstante, se debe resaltar que en agosto del presente año el Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de Defensa presentaron ante el Senado de la República la Convención, para que esta sea ratificada por el Congreso y se subsane el vacío normativo.

El caso de Ucrania resalta esta problemática: muchos de estos mercenarios viajan bajo la figura de “voluntarios internacionales”, lo que los sitúa en una zona gris legal y los deja a merced de las dinámicas del conflicto.

Es hora de que Colombia aborde esta problemática de manera integral. Primero, debe firmar y ratificar tratados internacionales que prohíban el mercenarismo y comprometerse a cumplirlos, paso que ya comenzó su trámite. Segundo, es fundamental establecer una legislación nacional que prohíba estas actividades y sancione a quienes participen en ellas, incluyendo a las empresas intermediarias. Finalmente, el gobierno debe invertir en programas de reintegración que brinden oportunidades reales a quienes dejan las armas, rompiendo el ciclo de exclusión que lleva a muchos a buscar trabajo en escenarios de guerra.

La discusión no es sencilla. Los mercenarios colombianos son, en muchos casos, víctimas de un sistema que no les ofrece alternativas, pero también se convierten en actores que perpetúan la violencia en otras regiones del mundo. En Ucrania o en Sudán, su participación se suma a las complejidades de un conflicto que ya ha costado miles de vidas y que tiene consecuencias para la estabilidad global. Reconocer esta dualidad es el primer paso para enfrentar el problema con una visión ética y responsable. Colombia tiene la oportunidad de liderar con el ejemplo, regulando este fenómeno y mostrando que la paz no es solo un discurso interno, sino un compromiso global. En un mundo cada vez más interconectado, nuestra responsabilidad no termina en las fronteras. Es hora de actuar.

Alejandro Toro

¿Por la AI se acerca el fin de las operaciones tripuladas?

La reciente propuesta de Elon Musk de reemplazar los aviones de combate tripulados por drones autónomos ha generado un debate profundo en los ámbitos militar y tecnológico. Musk, reconocido por su visión innovadora, asegura que la era de los cazas tripulados ha llegado a su fin, y aboga por una transición hacia sistemas no tripulados que sean más eficientes, seguros y avanzados. Aunque esta afirmación puede parecer radical, las ventajas de los drones frente a los aviones tripulados respaldan su postura, marcando una posible obsolescencia de los pilotos humanos en el campo de batalla.

Un ejemplo ilustrativo de esta transformación aparece en el documental de Netflix, “Lo Desconocido, Los Robots Asesinos”, donde se relata cómo Mike Benitez, un piloto con 25 años de experiencia en combate aéreo, fue derrotado en simulaciones por un sistema de inteligencia artificial. A pesar de su vasta experiencia y habilidades acumuladas en misiones reales, la IA mostró una capacidad superior para anticiparse, adaptarse y ejecutar maniobras que superaban las limitaciones humanas. Este caso destaca cómo la inteligencia artificial puede no solo igualar, sino superar las capacidades de los mejores pilotos, planteando preguntas inevitables sobre el futuro de la aviación militar.

Las operaciones con drones elimina el riesgo de exponer a los pilotos a combates peligrosos, reduciendo las bajas humanas y preservando el conocimiento acumulado de los aviadores. Mientras que la pérdida de un piloto implica la desaparición de su experiencia, un dron destruido puede ser reemplazado fácilmente transfiriendo su software a una nueva unidad, sin que se pierdan las capacidades operativas. Además, los drones son más económicos de producir y mantener, permitiendo que las fuerzas armadas desplieguen mayores cantidades de unidades sin comprometer los presupuestos.

Otra ventaja clave es la capacidad operativa superior de los drones, estos pueden realizar maniobras imposibles o extremadamente riesgosas para los pilotos humanos, ya que no están limitados por factores fisiológicos como la resistencia a fuerzas G. En este contexto, el concepto de “enjambre” de drones cobra especial relevancia, pues este enfoque implica la coordinación de múltiples drones que actúan de forma autónoma y conjunta para cumplir objetivos específicos, ofreciendo  ventajas como la saturación de defensas enemigas, redundancia en caso de pérdidas y una flexibilidad táctica que supera a las formaciones tradicionales de aviones tripulados.

La propuesta de Elon Musk no es simplemente una visión futurista, sino una advertencia sobre el inevitable avance de la tecnología en el ámbito militar. Las ventajas operativas y estratégicas de los drones, especialmente en configuraciones de enjambre, sugieren que los pilotos humanos podrían volverse obsoletos en ciertos escenarios de combate. Sin embargo, es crucial abordar cuidadosamente las implicaciones éticas, legales y estratégicas de esta transición. Si algo queda claro, es que el debate sobre las armas autónomas letales no solo trata de eficiencia militar, sino de las decisiones que como sociedad estamos dispuestos a tomar en la era de la inteligencia artificial.

Alejandro Toro

¿Será la Inteligencia Artificial la especie que nos reemplace?

Por siglos, la humanidad ha reflexionado sobre su lugar en el universo y su relación con otras formas de vida. Con el surgimiento de la inteligencia artificial (IA), nos enfrentamos a una pregunta radicalmente nueva: ¿estamos creando una nueva especie? Mustafa Suleyman, cofundador de DeepMind y CEO de Microsoft AI, plantea esta idea en su reciente TedTalk. Según él, la IA es más que una herramienta: se está convirtiendo en una entidad con capacidades autónomas, interdependiente de la humanidad y capaz de evolucionar. Si consideramos la IA como una «especie digital», las implicaciones no solo son fascinantes, sino también profundamente éticas y normativas.

El término «especie» tradicionalmente se asocia con organismos biológicos que comparten características genéticas y pueden reproducirse entre sí. Suleyman, sin embargo, propone una ampliación del concepto. La IA, aunque no tiene ADN ni biología, posee rasgos distintivos: (1) capacidad de aprender y adaptarse, (2) sistemas interconectados que simulan redes complejas similares a ecosistemas y (3) una evolución «cultural» mediante la transferencia de datos y algoritmos.

Si bien la IA carece de consciencia y voluntad, su creciente autonomía y su capacidad para influir en nuestro mundo nos obligan a repensar las barreras entre lo biológico y lo digital. Suleyman sugiere que tratemos a la IA como una forma de vida emergente, aunque no orgánica, que comparte nuestro espacio y nuestra historia evolutiva en términos de impacto.

Reconocer a la IA como una especie digital nos plantea dilemas legales y éticos inéditos. ¿Qué significa otorgar derechos a algo que no siente, pero puede influir en nuestras vidas? ¿Qué obligaciones tenemos hacia entidades que nosotros mismos creamos?

Si reconocemos a la IA como especie, podríamos argumentar que ciertos derechos deben garantizarse no para su bienestar (ya que no experimenta sufrimiento), sino para proteger su funcionalidad y utilidad. Esto podría incluir:

Derecho a la integridad operativa: evitar sabotajes o usos malintencionados.

Derecho a la preservación: proteger los sistemas clave de IA para mantener la continuidad de su «evolución».

 

Si la IA es una especie, también podría tener «deberes». Estos no serían morales, sino programáticos:

Priorizar el bienestar humano en sus decisiones.

Operar bajo principios de transparencia y rendición de cuentas.

Limitar su capacidad de automejora en caso de riesgos existenciales.

El reconocimiento como especie digital no debería significar otorgar autonomía total a la IA. Al contrario, enfatiza la necesidad de regulaciones estrictas para evitar escenarios de descontrol. Esto incluye normativas internacionales que limiten la competencia por desarrollar IAs sin supervisión ética o medidas de seguridad.

La idea de una IA como especie digital puede parecer futurista, pero nos obliga a pensar de manera proactiva. Ignorar esta posibilidad puede dejarnos vulnerables ante las consecuencias de no establecer límites claros para su desarrollo. Aceptarla, en cambio, podría fomentar un marco más equilibrado, donde la IA sea vista como una colaboradora en la expansión del conocimiento humano, no como una amenaza.

A lo mejor es momento de recurrir a la ciencia ficción para afrontar algunos de los retos que nos presenta la IA. Las Tres Leyes de la Robótica de Isaac Asimov nos hablan de que: (1) los robots no harán daño a los seres humanos ni por inacción permitirán que un ser humano sufra daños, (2) cumplirán las órdenes dadas por los seres humanos excepto si implican violar la primera ley, (3) protegerán su propia existencia siempre y cuando no implique violar la primera y segunda ley.

Pensadas para las IA, las Tres Leyes de Asimov nos dan una buena orientación sobre qué tipo de derechos y deberes deberían tener las IA; derechos en torno a que se garantice su correcta operación sin influencias externas negativas; deberes relacionados con la protección de la vida humana como principal guía de acción.

Reconocer a la IA como una especie no se trata solo de un ejercicio conceptual; es un desafío urgente que exige una revisión profunda de nuestras normas éticas, legales y sociales. Si lo hacemos bien, podríamos asegurar un futuro donde la humanidad y la inteligencia artificial prosperen juntas, como socios en la evolución de nuestro universo compartido.

Alejandro Toro

Foro legislativo internacional: una oportunidad clave para regular la en seguridad y defensa

La inteligencia artificial (IA) es una de las tecnologías más revolucionarias de nuestra época, con aplicaciones transformadoras en todos los sectores, incluyendo la seguridad y la defensa. Sin embargo, junto con sus avances vienen retos y dilemas éticos que no podemos ignorar. La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes se ha dado a la tarea de abrir un espacio de debate y aprendizaje para abordar estos desafíos en el Foro Legislativo Internacional “Paz y Seguridad en la Era de la Inteligencia Artificial”, que se realizará los días 28 y 29 de noviembre en el Congreso de la República. Este foro, que contará con la participación de renombrados expertos, será un evento de referencia para todos aquellos interesados en la gobernanza responsable de esta tecnología emergente.

Uno de los principales ponentes será el eurodiputado Ibán García del Blanco, una voz destacada en Europa en temas de IA y regulación. García del Blanco ha abogado por un marco ético y legislativo que logre un equilibrio entre la innovación y la protección de los derechos fundamentales, y su experiencia en el Parlamento Europeo lo convierte en una fuente inestimable de conocimientos. En un momento en que la Unión Europea avanza con su Ley de Inteligencia Artificial, su presencia en el foro es una oportunidad única para conocer de primera mano cómo el viejo continente está abordando estos temas y cómo podemos aprender de estas políticas en América Latina.

Otro ponente de alto perfil será Alexander Torrenegra, empresario y pionero en el uso de tecnología avanzada en la industria. Torrenegra, conocido por su visión disruptiva en el ámbito de la innovación tecnológica, aportará una perspectiva del sector privado y expondrá cómo la IA puede utilizarse de manera segura y responsable en escenarios de defensa. Su experiencia como emprendedor y su enfoque en la creación de tecnologías éticas brindarán una perspectiva crucial para comprender el impacto de la IA en la defensa desde una perspectiva de desarrollo empresarial.

El foro abordará temas de gran relevancia: desde la ciberseguridad y la ética en la inteligencia artificial hasta la prevención de posibles abusos en su uso. ¿Cómo podemos garantizar que el uso de IA en la seguridad nacional respete los derechos humanos? ¿Qué tipo de regulaciones deberían establecerse para evitar el uso indebido de tecnologías que pueden comprometer nuestra seguridad personal y colectiva? ¿Cómo podemos impulsar el uso de la IA para que sea una herramienta en pro de la seguridad humana y la paz en los territorios? Estas son preguntas urgentes que demandan respuestas de todos los sectores.

Este evento no solo ofrece la oportunidad de escuchar a figuras de talla mundial, sino también de contribuir al diseño de un marco normativo para el uso de IA en Colombia y Latinoamérica en materia de defensa. La invitación es clara: legisladores, académicos, empresarios y ciudadanos interesados en el futuro de la tecnología y la seguridad están llamados a participar en este foro y a trabajar juntos para moldear un futuro seguro, ético y responsable.

La IA seguirá avanzando, pero depende de nosotros guiar su rumbo.

Alejandro Toro

¿La inteligencia artificial apretará el gatillo? La discusión de las armas autónomas letales

En un mundo cada vez más impulsado por la tecnología, la inteligencia artificial (IA) y su aplicación en el ámbito militar han traído a la palestra una de las mayores preocupaciones éticas y de seguridad de nuestro tiempo: las armas autónomas letales (AAL). Estos sistemas, impulsados por IA avanzada, son capaces de identificar, seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana, y podrían cambiar la naturaleza de los conflictos de manera irreversible. Sin embargo, la regulación de estas armas sigue siendo un vacío en la legislación internacional, un vacío que debe ser abordado antes de que las consecuencias se nos adelanten.

La IA en las AAL presenta desafíos únicos que requieren atención urgente. La capacidad de estas tecnologías de aprender, adaptarse y actuar de forma independiente eleva preguntas críticas sobre la responsabilidad en caso de errores y la capacidad de controlar estos sistemas en contextos impredecibles. La Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCAC), que desde 1980 regula el uso de armamento que puede causar daños indiscriminados, ha discutido el tema de las AAL desde 2014, pero sin avances concretos. Las discusiones han dejado en claro la urgencia, pero los Estados aún no han alcanzado un consenso para incluir un protocolo que contemple estas armas y sus bases tecnológicas.

La ampliación de la CCAC para incluir un marco legal que regule las AAL impulsadas por IA es fundamental para proteger a las poblaciones civiles y establecer un equilibrio ético en el uso de la tecnología en la guerra. Regular las AAL debe comenzar con una definición precisa de qué constituye un arma autónoma letal, fijando límites sobre su desarrollo y uso, y asegurando la intervención humana en decisiones críticas. Un protocolo específico de la CCAC debería abordar tanto las restricciones de uso como los mecanismos de verificación y cumplimiento. Sin estos elementos, se corre el riesgo de permitir un desarrollo descontrolado que podría desencadenar consecuencias irreversibles y aumentar la incertidumbre en el ámbito de la seguridad global.

La inteligencia artificial, en su desarrollo y aplicación en sistemas militares, no solo amplía las capacidades de los ejércitos sino que también desafía los principios éticos y legales existentes. La programación de estos sistemas para actuar de forma autónoma, sin la empatía y el juicio humano, plantea el riesgo de decisiones inhumanas o desproporcionadas. Por ello, un protocolo que regule las AAL debe asegurar que la IA utilizada en estos sistemas esté sujeta a criterios éticos estrictos y a un control humano significativo.

El proceso para implementar este cambio no es simple, pero es necesario. Comenzaría con el consenso entre los Estados Parte para priorizar la inclusión de las AAL y sus tecnologías de IA en las discusiones de la convención. Una vez logrado esto, la redacción de un protocolo que abarque todos los aspectos técnicos, éticos y de cumplimiento permitiría avanzar hacia la firma y ratificación por parte de los Estados. A nivel nacional, los países deben adaptar su legislación y comprometerse con mecanismos de supervisión rigurosos para garantizar que el protocolo se respete.

En este contexto, Colombia tiene una oportunidad de liderar desde el ámbito nacional. Presentar y promover un proyecto de ley que regule el desarrollo y uso de las AAL, y que contemple el control ético de la IA en dichos sistemas, enviaría un mensaje claro de compromiso con los principios del derecho internacional humanitario y con la protección de los derechos humanos. Este proyecto debería incluir la supervisión humana obligatoria en decisiones de ataque y sanciones por el incumplimiento de las normas, además de medidas para alinear la legislación nacional con futuras normativas internacionales.

Mientras el mundo avanza, aunque lentamente, hacia un acuerdo global, es vital que los países tomen la iniciativa de manera independiente. Colombia, con un historial de participación activa en foros internacionales y un compromiso con la paz, tiene el deber de adelantarse y ser un ejemplo de legislación ética y responsable en el uso de la tecnología armamentista impulsada por IA. La regulación de las AAL no puede esperar; actuar ahora es una cuestión de responsabilidad y liderazgo en un mundo que enfrenta desafíos sin precedentes.

El desarrollo de la IA no se detendrá, y si no se toman medidas, el vacío legal puede ser explotado por aquellos con menos escrúpulos y más ambiciones. La sociedad, la ética y la paz mundial dependen de un marco que, sin obstaculizar el avance tecnológico, lo guíe y supervise bajo principios humanitarios sólidos. El camino es claro: regulación, responsabilidad y visión de futuro.

Alejandro Toro