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Etiqueta: Alejandro Toro

¿Malas cifras de EPM en la alcaldía de Fico?

Los resultados financieros del Grupo EPM y su casa matriz, Empresas Públicas de Medellín (EPM), correspondientes al primer trimestre de 2025, representan mucho más que una simple pérdida contable. Revelan una tendencia estructural que pone en riesgo la sostenibilidad de una de las instituciones más importantes del patrimonio público paisa. El Grupo EPM reportó ingresos por $9,4 billones, lo que representa una disminución del 7% frente al mismo periodo del año anterior. En el caso de EPM, la caída fue del 11%, cerrando con ingresos por $4,3 billones. Pero lo más grave: la utilidad neta del Grupo cayó un 16% (hasta $1,4 billones), y la de EPM un 23% (hasta $1,2 billones). Esta no es una situación menor.

¿Cómo se explica que una empresa históricamente eficiente, ejemplo de buena gestión pública, esté viendo reducidos sus ingresos y utilidades de forma tan drástica? La respuesta es evidente: porque la actual administración municipal, encabezada por el alcalde Federico Gutiérrez, ha demostrado un desinterés intencionado y sistemático por el cuidado de lo público. Bajo su mandato, EPM ha sido sometida a una serie de decisiones equivocadas que debilitan su autonomía, comprometen su estabilidad financiera y la alejan de su misión social.

 

Nombramientos por conveniencia política, directivas técnicamente débiles, y un desdén constante por los principios de planeación a largo plazo han convertido a EPM en una caja menor del ejecutivo municipal. La política ha reemplazado a la técnica. El resultado está a la vista: una empresa menos rentable, con menor margen de maniobra y, lo que es más preocupante, con menor capacidad para sostener su rol como motor de desarrollo regional.

A esto se suma un contexto de presiones financieras crecientes. Durante el primer trimestre de 2025, el Grupo EPM realizó inversiones por $928.000 millones, y EPM destinó $201.000 millones para la culminación de Hidroituango, el eterno boquete de recursos. Estas inversiones son necesarias, pero cuando se realizan sin una estrategia clara de sostenibilidad financiera, pueden comprometer la estabilidad a futuro. Más preocupante aún es que el EBITDA del Grupo cayó 16% y la rentabilidad operativa está en descenso. Esto afecta la capacidad de EPM para sostener su crecimiento, atender emergencias o responder a las nuevas condiciones del mercado energético.

Y, sin embargo, en medio de esta tormenta financiera, la Alcaldía de Medellín recibió $483.000 millones como parte de las transferencias por excedentes de EPM. Esa cifra representa el 55% de las utilidades de 2024. Es decir, incluso cuando la empresa muestra signos de debilitamiento, se la sigue exprimiendo para financiar el funcionamiento del municipio.

Esa realidad obliga a una exigencia contundente: si el Distrito está recibiendo recursos de una empresa que empieza a mostrar fatiga financiera, está obligado a invertirlos en el bienestar de la gente. Federico Gutiérrez no puede seguir beneficiándose del prestigio de EPM mientras su administración la descuida. Esos recursos deben verse reflejados en más colegios, más acueductos rurales, más seguridad barrial, más oportunidades para los jóvenes. De lo contrario, habremos pasado de tener una empresa modelo de desarrollo a una fuente de caja vacía.

Desde el Congreso seguiremos ejerciendo control político. Medellín merece una administración que defienda su patrimonio, que entienda que lo público no se administra con retórica sino con resultados, con responsabilidad y con una visión de largo plazo. Si el alcalde Gutiérrez no está dispuesto a asumir esa tarea, que lo diga. Porque nosotros sí estamos dispuestos a dar la pelea por EPM.

Alejandro Toro

La alcaldía de Fico le da la espalda a los ediles?

Desde hace varias semanas he recibido con profunda preocupación los reiterados reclamos de varios ediles de Medellín que hoy se sienten abandonados por la actual administración municipal. ¿La razón? La Alcaldía no ha gestionado ni entregado, como corresponde, el bono mensual de transporte que históricamente ha sido un apoyo fundamental para el ejercicio de sus funciones.

Este bono no es un regalo. Es un reconocimiento básico a la labor comunitaria, territorial y cívica de los ediles, quienes recorren veredas, barrios y comunas para acercar el Estado a las necesidades reales de la gente. Su trabajo no tiene horarios ni garantías, pero sí un profundo compromiso con la ciudadanía.

 

Negarles este recurso es, en la práctica, ponerles trabas a su labor, dificultar la representación y
cercenar el ejercicio pleno de sus derechos políticos.

Y es importante que la ciudadanía entienda qué hacen los ediles. Muchos los ven solo como figuras menores de la política, cuando en realidad son fundamentales en la construcción de ciudad desde lo más local. Los 146 ediles son elegidos popularmente para conformar las Juntas Administradoras Locales (JAL) en cada una de las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín. Ellos no legislan, pero sí planean, proponen, vigilan y representan.

Son quienes conocen de primera mano los problemas de su comunidad, quienes reciben las quejas sobre el mal estado de una vía, la falta de iluminación, el abandono de un parque, o la necesidad de un programa social. Son ellos quienes dialogan con la comunidad y canalizan esas demandas a la Alcaldía, quienes evalúan y proponen ajustes a los Planes de Desarrollo Locales de las comunas, quienes promueven la participación de las comunidades en las priorizaciones del presupuesto participativo, quienes ejercen control político sobre los recursos públicos invertidos en sus territorios.

En pocas palabras: sin ediles no hay democracia barrial. No hay interlocución real entre la ciudadanía y el gobierno municipal. Por eso su debilitamiento —a través del recorte o el incumplimiento en apoyos básicos como el bono de transporte— es también un debilitamiento de la participación ciudadana.

Medellín fue pionera en dignificar este rol. En la administración anterior, bajo el liderazgo del exalcalde Daniel Quintero, se dio un paso histórico: nuestra ciudad se convirtió en la primera capital del país en reconocer honorarios mensuales a los ediles, gracias al Acuerdo 053 de 2021. Además, se fortalecieron sus capacidades con procesos de formación política, entrega de herramientas tecnológicas como un computador por edil, espacios de participación activa, entre otros.

Cuando la Alcaldía anterior encontró dificultades para el pago del bono de combustible no fue por falta de voluntad política, fue por el ahogo de las cuentas de la ciudad que hicieron quienes hoy ostentan el poder al imposibilitar a la administración la recuperación de los recursos de UNE disminuyendo así el monto de transferencia de EPM a la administración. Hoy, con la mayoría de las fuerzas políticas cumpliendo cada capricho de Fico no hay justificación válida para negar el apoyo a los ediles.

La Alcaldía actual no solo ha descuidado el pago del bono, sino que tampoco ha explicado con claridad por qué se suspendió ni cuándo se restablecerá. Esta omisión es inaceptable y atenta contra el funcionamiento mismo de la democracia local. Quienes están en el poder no pueden hablar de participación ciudadana mientras castigan, por acción u omisión, a quienes la hacen posible todos los días.}

Hago un llamado público al alcalde de Medellín para que rectifique con urgencia. Que entienda que respetar a los ediles no es un favor político, sino una obligación legal y ética. Y a los ediles, mi respaldo y admiración. No están solos. Desde el Congreso seguiremos denunciando estos atropellos y trabajando por restituir lo que en justicia les corresponde.

Porque cuando se debilita la voz de los ediles, se debilita la voz del pueblo.

Alejandro Toro

Brics, la puerta de entrada de Colombia a India

En un mundo cada vez más interdependiente, la política exterior no puede estar desligada de las oportunidades de desarrollo económico y social de los países. Las relaciones entre Colombia e India, aunque históricamente cordiales, hoy tienen el potencial de convertirse en un eje estratégico para el crecimiento de nuestra nación y una vía hacia una mayor inserción en el escenario internacional, es hora de mirar hacia Asia con pragmatismo, visión y ambición.

India con más de 1.438 millones de habitantes y una economía que ya es la quinta más grande del mundo en términos de PIB nominal, representa una oportunidad inmensa para Colombia y aunque nuestra balanza comercial con ese país aún está en proceso de maduración, pues en 2023 exportamos hacia India cerca de USD 1.400 millones, principalmente en carbón, petróleo y café, mientras que importamos alrededor de USD 700 millones en productos farmacéuticos, maquinaria y vehículos. Esto significa que, a pesar de tener una balanza comercial favorable, estamos lejos de explotar todo el potencial de complementariedad entre nuestras economías.

 

Por otro lado, es importante resaltar que India necesita energía y alimentos y nuestro país tiene ambos. Pero también tiene servicios, innovación, tecnología agroindustrial y talento humano. Además, hoy los mercados indios ofrecen oportunidades reales para productos colombianos con valor agregado como el aguacate hass, las flores, el cacao, las frutas exóticas, los textiles y los servicios basados en conocimiento y teniendo en cuenta el crecimiento de la clase media en India y su apertura gradual al comercio internacional es el momento para consolidar un relacionamiento comercial robusto y diversificado.

Existen ya mecanismos de cooperación bilateral que debemos potenciar como el Acuerdo de Cooperación en Ciencia y Tecnología firmado en 2005, que ha permitido el desarrollo de proyectos conjuntos en áreas como biotecnología y energías renovables. Además, desde 2018, India y Colombia cuentan con un mecanismo de consultas políticas que ha facilitado el diálogo bilateral y la exploración de nuevas áreas de colaboración. Sin embargo, estos espacios aún no se traducen en acciones ambiciosas y sostenidas, al país le urge materializar estas alianzas.  

Un camino claro para fortalecer esta relación es avanzar hacia un acuerdo comercial preferencial que reduzca aranceles y barreras no arancelarias para productos estratégicos a través del ingreso de Colombia a los BRICS, este bloque representa más del 40% de la población mundial y más del 30% del PIB global. Hacer parte de los BRICS no solo nos permitiría diversificar nuestras alianzas internacionales, sino acceder a nuevas fuentes de financiación, transferencia tecnológica y mercados estratégicos como el indio.

India es un actor clave dentro de los BRICS, su influencia en la definición de prioridades dentro del bloque, en especial en temas de cooperación Sur-Sur, tecnología y salud pública, es creciente. Si Colombia quiere aprovechar al máximo su acercamiento a India, hacerlo desde el marco de los BRICS podría facilitar sinergias políticas y económicas que hoy resultan más difíciles de alcanzar de manera bilateral. Por ejemplo, la creación de cadenas regionales de valor en biotecnología o energías limpias con participación de India y América Latina puede ser una realidad si contamos con espacios de integración más ambiciosos.

Es claro que la relación con india no puede seguir siendo marginal ni limitada a lo comercial, tiene que ser un pilar de nuestra estrategia de inserción internacional, no estamos hablando solo de exportaciones e importaciones, estamos hablando de construir un eje de cooperación sur-sur que redefina nuestra posición en el nuevo orden global. Colombia debe entender que la política exterior no es un lujo diplomático, sino una herramienta de transformación nacional, alianzas como la que podemos consolidar con india no solo amplían nuestras fronteras comerciales, sino también nuestras capacidades tecnológicas, científicas y productivas y si queremos insertarnos en las grandes discusiones del siglo XXI, energías limpias, salud global, innovación, seguridad alimentaria, necesitamos estar en la mesa donde se toman las decisiones.

La oportunidad está sobre la mesa, lo que falta es que Colombia dé el paso con decisión y construya una agenda común de desarrollo económico, cooperación tecnológica y liderazgo compartido. En un mundo donde el crecimiento depende de la integración, las alianzas estratégicas no son un privilegio son la diferencia entre quedarse al margen o impulsar la innovación, la inversión y la competitividad para convertirse en protagonista.

Alejandro Toro

Puerto Antioquia avanza imparable y pone a Urabá en el mapa del mundo

Esta semana, tres gigantes metálicos surcaron los mares desde China hasta Turbo, Antioquia. No son cualquier maquinaria: son grúas tipo Ship to Shore, entre las más modernas del continente, y su llegada marca un momento histórico para el país. Son el corazón tecnológico de Puerto Antioquia, el nuevo puerto que transformará no sólo la región del Urabá, sino también la forma en que Colombia se conecta con el mundo.

Estas grúas, fabricadas por la empresa Qingdao Haixi Heavy-duty Machinery Co., Ltda, pueden levantar hasta 65 toneladas en un solo movimiento y operar embarcaciones de gran calado, con capacidad para más de 14.000 contenedores. Son máquinas que respiran eficiencia, precisión y velocidad. Pero más allá de su tamaño y sofisticación, lo que traen consigo es una promesa: la de un futuro más próspero, más cercano, más justo.

 

Puerto Antioquia, cuya entrada en operación está prevista para 2025, será la primera gran terminal marítima del país con acceso directo desde el corazón productivo del interior. A menos de 400 kilómetros de Medellín, permitirá reducir en casi un 50 % la distancia que hoy deben recorrer nuestras exportaciones hacia los puertos tradicionales. Eso se traduce en menos tiempo, menos costos y más oportunidades.

Y esa oportunidad no es solo para las grandes empresas. Es también para los agricultores, los caficultores, los floricultores, los transportadores, los emprendedores. Para las familias del Urabá que, por generaciones, han estado al margen de las grandes autopistas del desarrollo. Ahora, el mar no queda lejos. Ahora, la economía global sí pasa por su puerta.

La historia de Puerto Antioquia es también la de un modelo distinto: una alianza entre lo público y lo privado, entre inversionistas internacionales, autoridades locales y comunidades. Más de 700 millones de dólares se están invirtiendo para que este sueño sea una realidad. Y no se trata solo de infraestructura: se trata de dignidad, empleo, educación, movilidad y progreso.

En su fase operativa, el puerto generará más de 1.500 empleos directos y unos 6.000 indirectos. Ya hay programas de formación para que los jóvenes del Urabá sean los primeros en ocupar esos cargos. Ya hay dinamismo comercial, nuevas vías, nuevos negocios. Fueron pilotos urabeños los encargados del atraque del buque con las grúas. La transformación no es promesa futura: es presente en movimiento.

Además, el proyecto avanza con un compromiso serio con el medioambiente. Las grúas operarán con sistemas eléctricos de bajo consumo, y se han implementado planes de conservación para los manglares, de monitoreo de biodiversidad y de gestión responsable de residuos. Desarrollo sí, pero no a cualquier costo. Desarrollo con conciencia.

Hoy, frente a las costas del Caribe, se levantan tres grúas que son más que estructuras metálicas. Son el símbolo de un país que decide apostar por la equidad territorial, por la eficiencia logística, por el futuro. Puerto Antioquia será una nueva puerta al mundo. Una puerta que, por fin, se abre para todos.

Alejandro Toro

Lideramos la CELAC, no podemos seguir pensando como colonia de Estados Unidos

Colombia hoy tiene una oportunidad histórica que no puede desaprovechar. Por primera vez, ocupa la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), un espacio clave para la concertación política y la integración regional sin tutelajes externos. Pero esta presidencia debe ser más que simbólica. Debe ser estratégica.

Mientras tanto, del otro lado del continente, Estados Unidos —nuestro socio comercial tradicional— ha encendido una guerra de tarifas contra nuestras exportaciones, violando las condiciones del TLC que los sectores políticos tradicionales tanto defienden. Productos clave como el acero y el aluminio han sido golpeados con aranceles de hasta el 25%, además de los aranceles al 10% al resto de nuestras exportaciones, afectando nuestra industria, el empleo y nuestra balanza comercial. No es la primera vez que ocurre, y probablemente no será la última.

 

Ante este nuevo escenario, Colombia tiene dos opciones: esperar pasivamente a que Washington cambie de parecer o ejercer liderazgo desde la CELAC para abrir caminos nuevos, más dignos y más equilibrados.

La CELAC no es un foro ornamental. Es el único espacio que reúne a toda América Latina y el Caribe sin la presencia de Estados Unidos ni Canadá. Y si queremos que esa comunidad sea una fuerza real en el mundo multipolar que emerge, debemos actuar en consecuencia. Por eso, el momento exige que Colombia impulse desde la CELAC una agenda concreta de acercamiento a los BRICS y a los países que ya están en proceso de adhesión o asociados como Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Los BRICS representan una alternativa real al modelo de relaciones internacionales dominado por Occidente. Ya concentran más del 40% de la población mundial, cerca del 30% del PIB global y han iniciado procesos de desdolarización que desafían la arquitectura financiera tradicional. Con ellos, América Latina podría negociar en condiciones más simétricas, con mayores márgenes de soberanía y cooperación tecnológica, energética, comercial y financiera.

Este no es un llamado a romper con nadie. Es un llamado a diversificar. A no seguir siendo una economía dependiente, ni un apéndice subordinado del comercio estadounidense. Es, también, un acto de realismo geopolítico: si el mundo está girando hacia un nuevo equilibrio de poderes, América Latina no puede seguir esperando sentada.

Colombia tiene hoy la voz y el lugar para poner ese debate sobre la mesa regional. Puede convocar, articular e impulsar un grupo de países dentro de la CELAC que esté dispuesto a explorar una relación más profunda y estructural con los BRICS. No como una ocurrencia coyuntural, sino como una apuesta estratégica de largo plazo.

La presidencia pro tempore de la CELAC debe ser, entonces, el punto de partida para este viraje. Tenemos los instrumentos, el contexto y el respaldo político para hacerlo. Lo que necesitamos ahora es la voluntad.

Es hora de mirar al sur global. Porque el futuro no nos va a esperar.

Alejandro Toro

El presunto negocio político del gobernador con el Área Metropolitana del Oriente Antioqueño

La conformación del Área Metropolitana del Oriente Antioqueño no es solo un debate administrativo, sino una maniobra política disfrazada de planeación. La propuesta de integrar municipios como Rionegro, La Ceja, El Retiro, La Unión, El Carmen de Viboral, El Santuario, Guarne y San Vicente Ferrer bajo una única autoridad se presenta como una solución a problemas de movilidad, ordenamiento territorial y servicios públicos. Sin embargo, en la práctica parece responder a intereses particulares que buscan concentrar poder y recursos en unos pocos actores políticos y económicos, entre ellos el actual gobernador.

Ahora, esta no es una idea nueva. En 2019, cuando Andrés Julián Rendón era alcalde de Rionegro, ya había intentado imponer esta figura en alianza con la bancada uribista del Congreso y el entonces gobernador Luis Pérez. Desde entonces, el objetivo ha sido claro y persistente, convertir a Rionegro en un centro de poder regional, subordinando al resto del Oriente Antioqueño a una lógica centralista.

 

Se argumenta que esta integración optimizaría la asignación de recursos y mejoraría la planificación territorial. No obstante, a diferencia del Valle de Aburrá, donde la conurbación es evidente, los municipios del Oriente Antioqueño conservan dinámicas autónomas y realidades socioeconómicas diversas, por lo que forzar una estructura metropolitana artificial ignora estas diferencias y pone en riesgo la identidad y el desarrollo propio de cada municipio.

Además, esta figura metropolitana abriría una puerta de consecuencias a Municipios como Corconá y San Francisco quienes dependen de Rionegro para acceder a servicios básicos, desataría un conflicto para definir competencias y articular la gestión en el borde urbano-rural de los nueve municipios, tal como ocurre en el Valle de Aburrá con el AMVA y Corantioquia.

Sumado a lo anterior, el impacto fiscal de esta decisión tampoco ha sido discutido con suficiente transparencia, teniendo en cuenta que la creación del Área Metropolitana implicaría nuevas cargas tributarias, como la sobretasa ambiental, afectando a una población que no ha sido consultada de manera efectiva. A demás, la exclusión de Marinilla del proyecto demuestra la falta de consenso, incluso entre los municipios más cercanos y desarrollados.

Por otro lado, la autonomía municipal también está en juego, pues bajo dicha figura, decisiones clave sobre ordenamiento territorial, movilidad y planeación quedarían en manos de una entidad supramunicipal, reduciendo la capacidad de gestión de las administraciones locales y aunque Rionegro ha renunciado al derecho de veto, su peso demográfico y fiscal lo convertiría en la autoridad predominante, generando una relación desigual con los demás municipios.

Más allá de los argumentos técnicos, la integración metropolitana profundizaría las desigualdades territoriales en el Oriente Antioqueño, mientras Rionegro y La Ceja continuarían acaparando inversión en infraestructura y servicios, municipios como Argelia, Nariño y Granada seguirían rezagados, lidiando con la falta de desarrollo y las secuelas del conflicto armado.

La imposición de nuevos tributos metropolitanos encarecería el costo de vida en municipios con menor capacidad económica, dificultando el acceso a servicios básicos y frenando su crecimiento. A esto se suma el riesgo de subordinación de los municipios más pequeños a las decisiones de Rionegro, consolidando un modelo de gobernanza desigual que beneficiaría a unos pocos en detrimento del equilibrio regional.

El Oriente Antioqueño no necesita una integración forzada, sino una planificación territorial que respete sus particularidades y garantice un desarrollo equilibrado, es fundamental abrir un debate técnico serio, escuchar todas las voces y priorizar el bienestar de la ciudadanía sobre los intereses políticos y económicos de unos pocos. Esperamos que la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes analice esta propuesta con rigor y evite que la supuesta integración termine siendo una imposición perjudicial para la región.

Alejandro Toro

Brasil podría ser nuestro principal socio comercial

Las relaciones entre Colombia y Brasil han sido tradicionalmente cordiales, pero insuficientemente aprovechadas. Como las dos economías más grandes de América del Sur después de Argentina, existe un enorme potencial para una mayor cooperación en comercio, infraestructura y políticas ambientales. Brasil, como miembro prominente de los BRICS, juega un papel clave en el equilibrio geopolítico global y podría convertirse en un socio estratégico fundamental para Colombia en un mundo multipolar.

Uno de los ejes de mayor interés es el comercial. Brasil ha sido históricamente el primer socio comercial de Colombia en América del Sur, pero los niveles de intercambio siguen siendo menores de lo esperado. En 2024, la balanza comercial entre ambos países registró un déficit para Colombia, con importaciones desde Brasil por un valor de $3,359 mil millones, mientras que las exportaciones colombianas sumaron $1,927 mil millones.

 

Fortalecer los lazos comerciales mediante una política de reducción de barreras arancelarias y logísticas podría generar mayores oportunidades para sectores como la agroindustria, la energía y la tecnología, aprovechando mecanismos ya existentes como el Acuerdo de Complementación Económica de Mercosur con el cual el 97% del universo arancelario está libre de arancel.

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A nivel de infraestructura, el desarrollo de corredores viales y fluviales que mejoren la conexión entre ambos países es una tarea pendiente. Iniciativas como la navegabilidad del río Putumayo podrían impulsar el comercio binacional y fomentar el desarrollo de zonas históricamente relegadas.

Otro punto clave en la relación es la cooperación ambiental. Como naciones con extensas zonas de la Amazonía, Brasil y Colombia tienen el deber de liderar iniciativas de conservación, lucha contra la deforestación y desarrollo sostenible. Un acuerdo más ambicioso en esta materia podría posicionar a ambas naciones como referentes en la protección ambiental a nivel global.

La cooperación en seguridad y lucha contra el crimen transnacional también es un tema prioritario en la relación bilateral. La extensa frontera compartida entre ambos países presenta desafíos en el combate al narcotráfico, el contrabando y otras economías ilegales. El fortalecimiento de estrategias conjuntas en inteligencia, control fronterizo y operaciones coordinadas podría mejorar la estabilidad en la región amazónica, beneficiando tanto a Brasil como a Colombia.

Además, la generación de estrategias conjuntas para potenciar la bioeconomía podría fortalecer sectores como la biotecnología, la farmacéutica basada en biodiversidad y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, fomentando la innovación y el desarrollo en ambos países. No se puede desaprovechar el que Colombia y Brasil hayan sido el año pasado las sedes de las dos cumbres más importantes sobre biodiversidad – la COP16 en Colombia – y cambio climático – COP30 en Brasil – gracias a un esfuerzo conjunto de los países para lograr la realización de tan importantes escenarios en la región.

Uno de los mecanismos más eficaces para consolidar esta alianza podría ser una posible adhesión de Colombia a los BRICS, lo que facilitaría una mayor cooperación en comercio, infraestructura y desarrollo sostenible bajo un marco institucional fortalecido.

El desafío principal para profundizar la relación es la falta de estrategias claras y de voluntad política para convertir a Brasil en un socio prioritario de Colombia. En un mundo donde la diplomacia económica es clave, Colombia debe mirar más allá de sus socios tradicionales y fortalecer su relación con Brasil no solo como vecino, sino como aliado estratégico en la integración regional.

Alejandro Toro

Consulta popular: ¿vamos a proteger a los trabajadores colombianos o a seguir explotándolos?

El anuncio de una consulta popular por parte del Gobierno Nacional ha abierto un debate trascendental para el futuro laboral de los colombianos. Esta iniciativa no solo busca recoger la voz del pueblo, sino también garantizar que los derechos fundamentales de los trabajadores sean respetados y protegidos. Quienes apoyamos esta consulta lo hacemos con la convicción de que es el camino para consolidar una sociedad más justa y equitativa.

Uno de los temas centrales de la consulta es la estabilidad laboral. En nuestro país, es común que los trabajadores sean contratados bajo figuras que no les garantizan seguridad ni continuidad en sus empleos. La reforma laboral propuesta pretende corregir esta práctica, asegurando contratos estables que brinden tranquilidad a las familias colombianas. No se trata solo de un beneficio individual, sino de un paso hacia la reducción de la informalidad y el fortalecimiento de la economía.

 

El reconocimiento del trabajo nocturno y dominical es otro punto clave. ¿Es justo que una persona que sacrifica sus noches y sus domingos para trabajar no reciba un pago adecuado por ello? Actualmente, el recargo nocturno solo aplica a partir de las 9:00 p.m., afectando a miles de empleados que trabajan desde mucho antes en condiciones desventajosas. La reforma busca cambiar esta realidad y garantizar un pago justo para todos.

Asimismo, es inaceptable que muchas empresas abusen de la figura de prestación de servicios para evadir responsabilidades laborales. Esta práctica priva a los trabajadores de estabilidad, prestaciones y derechos básicos como el pago de seguridad social por parte del empleador. La consulta popular permitirá que los ciudadanos decidan si quieren poner fin a estos abusos y exigir un marco laboral más equitativo.

Otro aspecto fundamental es el derecho a la seguridad social completa. Hoy en día, muchos trabajadores deben cubrir estos costos de su propio bolsillo, lo que disminuye su capacidad adquisitiva y los deja en una situación de vulnerabilidad. Con la reforma, los empleadores asumirían su responsabilidad en el pago de la seguridad social, garantizando una mayor protección para los trabajadores.

Además, es imperativo que se respeten derechos como las vacaciones pagadas y la imposibilidad de despidos sin justificación. Nadie debería perder su empleo de manera arbitraria ni ser privado de un merecido descanso después de meses de trabajo. La consulta popular nos permitirá decidir si queremos vivir en un país donde estos derechos sean inquebrantables.

El salario digno también está en juego. No es un secreto que millones de colombianos perciben ingresos que no les permiten cubrir sus necesidades básicas. Garantizar un salario justo no solo beneficia a los trabajadores, sino que fortalece el consumo interno y dinamiza la economía. Es una cuestión de justicia y desarrollo sostenible.

Asimismo, es crucial asegurar que madres y padres trabajadores tengan estabilidad y beneficios que les permitan cuidar de sus hijos sin poner en riesgo su sustento. La consulta nos dará la oportunidad de decidir si queremos que las familias colombianas puedan conciliar su vida laboral y personal sin temor a represalias.

Finalmente, debemos reflexionar sobre la importancia de un sistema de pensiones digno. No es aceptable que una persona que ha trabajado por 10 o 15 años en la misma empresa no tenga asegurado su derecho a una pensión debido a contratos temporales que evaden las cotizaciones a la seguridad social. La consulta será el escenario en el que podremos decidir si exigimos un retiro digno para todos.

En definitiva, esta consulta popular representa una oportunidad histórica para que los colombianos decidamos el tipo de país en el que queremos vivir. No se trata de ideologías ni de intereses políticos, sino de derechos fundamentales. La pregunta es clara: ¿queremos un sistema laboral que proteja a los trabajadores o seguimos permitiendo abusos e inequidades? La respuesta está en nuestras manos.

Alejandro Toro

Consulta popular: el grito del pueblo ante el bloqueo legislativo

Con la Comisión Séptima del Senado de la República, toda Colombia está sujeta a la tiranía de unos pocos. Ocho senadores han considerado que están por encima de la voluntad popular y le han cerrado la puerta al país de poder dar las discusiones que este ha reclamado. Ocho senadores que han actuado en línea con los grandes poderes económicos para bloquear en vez de construir, para negar el rol fundamental que tiene el Congreso como espacio de deliberación mediante la radicación de una propuesta de archivo que busca acabar de tajo con la esperanza de las trabajadoras y trabajadores de Colombia de unas condiciones laborales justas.

En este complejo escenario es que aparece la consulta popular como el mecanismo constitucional y legal con el cual se pronunciará el mandato popular frente a qué es lo que desea para el pueblo, o sea, para sí mismo. Si ocho personas creen estar por encima de los 14 millones que en las urnas exigieron a sus gobernantes un cambio,

 

está en la obligación el poder popular de volver a dejar claras sus exigencias, de manifestar que el voto de ocho no está por encima del voto de millones.

Se les olvida a los Senadores que con la Constitución Política de 1991 pasamos de una democracia representativa a una democracia participativa, tal como lo ha dejado claro en múltiples pronunciamientos la Corte Constitucional. En una democracia participativa el rol de la ciudadanía no se reduce a depositar un voto para elegir a un candidato, ni se vuelven los candidatos electos los dueños absolutos del ejercicio democrático, sino que se espera que los ciudadanos tengan una injerencia directa en su destino.

Esta es la consulta popular, uno de los mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía previsto por nuestra Carta Magna en su artículo 103 y reglamentada mediante la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015. El marco normativo establece que la consulta popular sobre asuntos de carácter nacional podrá ser convocada por el Presidente de la República, en la cual se deben hacer preguntas redactadas de forma clara cuya respuesta pueda ser “SÍ” o “NO”.

O sea, el Presidente le preguntará a las colombianas y los colombianos si quieren o no que la noche empiece a las siete y no a las nueve en lo referente al pago de horas extras, si quieren o no que quienes sean padres tengan derecho a una licencia que les permita poder pasar un poco más de tiempo con sus hijos, si quieren o no que los jóvenes del SENA que están trabajando en una empresa se les pueda pagar mejor.

Para que la consulta sea una realidad se necesita que participen más de 13 millones de personas y que la mitad más uno de los participantes respondan afirmativamente las preguntas realizadas. Si esto se da, la Ley determina que la decisión tomada por el pueblo mediante la consulta es obligatoria y el órgano correspondiente deberá adoptar las medidas necesarias para hacerla efectiva. Si esto requiere una Ley, el Congreso deberá tramitarla en el mismo período de sesiones de la consulta o el siguiente.

Con la consulta se previene que por la postura antidemocrática de ocho se le niegue al resto de congresistas la posibilidad del debate. Se le recuerda además al Congreso que la democracia no se agota el día que los eligen, que el pueblo tiene mecanismos varios para presionarnos a cumplir con nuestra principal obligación, que es la de debatir. Y, se valida que la agenda de discusión no es manejada por los congresistas o por el Gobierno, sino que es el mismo pueblo el que decide qué es lo que quiere que sus gobernantes definan.

Alejandro Toro

Así reaccionaron los sectores políticos al llamado a una Consulta Popular

El anuncio del presidente de la república, Gustavo Petro, de convocar a una consulta popular para que los colombianos del común decidan la suerte de las reforma a la salud y la laboral, desde ya levantó la polémica entre los diferentes sectores políticos del país.

El primero en pronunciarse fue el representante a la cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro, quien apoyo la idea del primer mandatario:

 

“La consulta popular es un instrumento legítimo. El pueblo será el que se pronuncie ante lo que una comisión le negó un trabajo digno a los colombianos al tumbar una reforma laboral”, afirmó.

Nota recomendada: Reforma laboral, la nueva manzana de la discordia entre Efraín Cepeda y Gustavo Petro

Para el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, con la consulta popular se acaba el gobierno del presidente Gustavo Petro. Según el, en adelante el primer mandatario se dedicará a hacer política.

«Con la consulta popular se acaba el gobierno. Petro renuncia a ser Presidente y se dedica a la politiquería. Vamos a defender la democracia y vamos a enfrentar un gobierno dañino para el país», dijo el senador.

El senador liberal, Alejandro Carlos Chacón pidió no tener miedo al debate e invitó a los diferentes sectores políticos a dar el debate si la consulta es aprobada, «que sea el pueblo el que decida», escribió en su cuenta de la red social X.

Por su parte la representante a la cámara del Partido Alianza Verde, Catherine Juvinao, invitó al presidente de la república a abrir un diálogo nacional.

«Presidente, Ud. tiene herramientas para abrir un diálogo nacional e incluyente en el Congreso sobre la reforma laboral. Hágalo. Llamar a la violencia no puede ser el camino ni un mensaje que provenga de usted. El objetivo no puede ser incendiar sino lograr de verdad las cosas», escribió la congresista.

«Debemos evitar que las armas autónomas letales lleguen a manos de los ilegales»: Alejandro Toro

El representante a la cámara, Alejandro Toro, expresa su preocupación por que los grupos armados ilegales en un futuro podrían utilizar armas letales con inteligencia artificial, y las Fuerzas Militares y de Policía no estén preparadas para este tipo de combates.

Usted está pensando en la redacción y la presentación de un proyecto de ley que prepare al Estado para los momentos en que haya ataques sobre grupos armados ilegales con armas letales que utilicen inteligencia artificial, cuéntenos sobre eso.

 

Alejandro Toro: El proyecto es mucho más amplio. Es una discusión que se está dando a nivel mundial. sobre armas autónomas letales.

¿Cuáles son esas armas?

Alejandro Toro: Las que pueden tomar la decisión inclusive hasta de matar un objetivo sin intervención humana. Eso nos parece muy preocupante porque debería regularse. Hemos visto ya la utilización de drones por integrantes de los grupos armados ilegales, cosa que es preocupante y que debe llamarnos a una reflexión. Nosotros ya hemos presentado el proyecto de ley, que estamos en mora de presentar la ponencia, pero antes de hacer la ponencia haremos una gran mesa técnica donde esperamos invitar al Ministerio de Defensa, donde esperamos invitar a expertos, a la academia, a medios de comunicación para discutir sobre las armas autónomas letales.

Pero eso quiere decir que el Estado, las fuerzas militares y la Policía no están preparadas para este tipo de hechos que serían de suma gravedad

Alejandro Toro: La realidad es que el mundo no está preparado.

¿Cómo es que sí se sabe que puede ocurrir no se tiene lista la respuesta?

Alejandro Toro: La discusión en el mundo que apenas se está dando, porque una cosa es que utilicen un dron donde haya una persona manejando el dron y decidiendo dónde cae el explosivo, la otra es decirle al dron, busque objetivos y cuando cumpla esos requerimientos, usted mismo dispare. Esa es la diferencia entre las armas autónomas letales, que requieren de una menor intervención de los humanos. Entonces, hoy no estamos preparados, el mundo no está preparado porque nos lleva inclusive a hablar de Terminator, donde las armas toman decisiones por las personas.

Representante, si no hemos sido capaces de controlar la llegada de armas convencionales a manos de los ilegales, sí seremos capaces de evitar que armas con inteligencia artificial sean utilizadas por el ELN, las disidencias o el Clan del Golfo.

Alejandro Toro: Tenemos que lograrlo. Nosotros tenemos que seguir trabajando en este camino y en este caso ya inclusive la preocupación no es solo quién tiene el arma, en el caso de las armas autónomas letales, es quién maneja el algoritmo porque quien maneja el algoritmo es quien tiene la ventaja en la elaboración de estas armas.

Representante esto es bastante delicado, ¿Cómo así que la inteligencia militar y de Policía en Colombia no está preparada para ese escenario? Entonces, ¿No se contempló esta inversión dentro del presupuesto militar y de Policía?

Alejandro Toro: Estamos hablando de una línea que ni siquiera, como digo yo, el mundo está preparado.

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El apocalipsis laboral que traerá la IA

La inteligencia artificial (IA) avanza sin freno, devorando empleos y dejando un rastro de incertidumbre, precariedad y desesperanza. Lo que alguna vez se vendió como una revolución tecnológica prometedora hoy se perfila como una amenaza existencial para millones de trabajadores en el mundo y Colombia no es la excepción. Esto no es ciencia ficción ni alarmismo, es la cruda realidad de un sistema que reemplaza personas por algoritmos sin piedad ni contemplación.

Nos repiten como un mantra que la IA generará nuevos empleos. Pero, ¿en qué condiciones? ¿Quién puede competir con una máquina que nunca se cansa, no exige prestaciones y trabaja 24/7 sin cobrar un peso extra? La verdad es que los nuevos trabajos serán escasos y altamente especializados, dejando a millones fuera del mercado laboral, pues no todos pueden convertirse en programadores o expertos en inteligencia artificial de la noche a la mañana. ¿Qué pasará con los conductores, educadores, oficinistas y miles de trabajadores que sostienen la economía? La respuesta es brutal, el desempleo masivo, precarización y una brecha social insalvable.

 

En Colombia, donde el 56% de la población ocupada es informal, el panorama es aún más sombrío, si en países desarrollados ya hay alarma por la automatización, ¿qué nos espera a nosotros, donde las oportunidades laborales ya son insuficientes? La IA no solo amenaza a la clase media; también profundiza la desigualdad, creando una brecha insalvable entre quienes dominan la tecnología y quienes apenas logran sobrevivir. Mientras Silicon Valley se enriquece, nuestras calles se llenan de hambre y desesperanza.

Los gobiernos reaccionan tarde y mal, pues se habla de «renta básica universal» y «nuevas capacitaciones», pero esas soluciones son parches que nunca llegan con la rapidez necesaria. Mientras tanto, las empresas siguen despidiendo empleados sin que nadie les ponga freno. ¿Quién se hará cargo de los millones de desempleados que la IA deja a su paso? ¿Cuánto tardaremos en reconocer que la tecnología no es neutral, que está diseñada para maximizar ganancias a costa del bienestar humano?

El avance de la inteligencia artificial es imparable y las grandes corporaciones la implementan sin medir sus consecuencias humanas. En Colombia, empresas y bancos ya han sustituido trabajadores con sistemas automatizados y esto apenas comienza, si no se toman medidas urgentes, en pocos años enfrentaremos un país con menos empleo, más pobreza y una desigualdad más marcada.

Es hora de hablar con claridad,  la IA no es el enemigo pero el modelo económico que la impulsa sí lo es. No podemos aceptar un futuro donde la mayoría quede relegada a la miseria mientras unos pocos acaparan la riqueza generada por la automatización. La solución no es frenar el progreso, sino redistribuir sus beneficios, sin regulaciones, sin una política laboral adaptada a la era digital y sin un verdadero compromiso con la equidad, lo que nos espera no es una revolución tecnológica, sino un apocalipsis silencioso.

Alejandro Toro

La seguridad alimentaria: un pilar de la seguridad nacional y la cooperación con los BRICS

En un mundo interconectado, la seguridad alimentaria se ha convertido en un componente esencial de la seguridad nacional. Países como Estados Unidos, China e Israel han integrado esta perspectiva en sus estrategias nacionales, subrayando su importancia en tiempos de crisis globales. En Colombia, es crucial abordar la seguridad alimentaria como un asunto de seguridad nacional y evitar los errores del pasado, como el TLC con Estados Unidos, que puso en riesgo al agro colombiano.

En China, la seguridad alimentaria es un componente crítico de la seguridad nacional. En 2023, el país promulgó la “Ley de la República Popular China sobre la Garantía de la Seguridad Alimentaria” para lograr la “seguridad absoluta” en granos básicos y la autosuficiencia en otros cultivos. En Estados Unidos, se reconoce que “la seguridad alimentaria es seguridad nacional”, con legislación reciente para proteger las tierras agrícolas de la propiedad extranjera. Israel también ha integrado la seguridad alimentaria en su estrategia nacional, destacando su importancia en un sistema alimentario resiliente.

 

La cooperación con los BRICS ofrece una oportunidad para fortalecer nuestra seguridad alimentaria sin comprometer la integridad de nuestro sector agropecuario. A través de la asesoría en industrialización, acceso a créditos para nuestros campesinos y la apertura a nuevos mercados, podemos integrarnos en un marco de cooperación que proteja y potencie nuestra producción agropecuaria.

Es fundamental que cualquier acuerdo incluya medidas claras para proteger a nuestros agricultores, asegurando que la integración en los mercados internacionales no comprometa la soberanía alimentaria del país. No se puede olvidar que el Acto Legislativo 03 de 2023 reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional, por lo que el Estado tiene la obligación de priorizar sus derechos teniendo en cuenta su relacionamiento con la tierra para la producción de alimentos.

La seguridad alimentaria debe ser un eje central de nuestra política nacional, garantizando que, al integrarnos con los BRICS, lo hagamos de una manera que fortalezca nuestra resiliencia y nuestro desarrollo sostenible.

Además, la integración con los BRICS puede ofrecer beneficios significativos para el sector agrícola colombiano, incluyendo el acceso a mercados diversificados, tecnología avanzada y recursos financieros que impulsen la modernización y la sostenibilidad de nuestra agricultura.

En definitiva, la colaboración con los BRICS debe ser vista como una estrategia integral que, además de fortalecer nuestra seguridad alimentaria, permita el desarrollo sostenible de nuestro sector agropecuario.

Alejandro Toro

El Conpes 4144: Un paso clave para el futuro de la Inteligencia Artificial en Colombia

La reciente expedición del CONPES 4144 de 2024 marca un hito en la transformación digital del país con la adopción de la Política Nacional de Inteligencia Artificial. Esta iniciativa busca posicionar a Colombia como un actor relevante en el desarrollo y aplicación de la IA, garantizando su uso ético y sostenible. Con una inversión estimada de 479.273 millones de pesos hasta 2030, la estrategia define líneas de acción concretas para fortalecer la infraestructura, la investigación y el desarrollo de talento en IA.

Un gran acierto del documento es que plantea a la política como transversal a todo el aparato gubernamental.Si bien hay carteras con más responsabilidades que otras, como el Ministerio de Ciencia o el de TIC, todos los sectores administrativos tienen alguna actividad por desarrollar para el correcto cumplimiento de los objetivos de la política, lo que demuestra un reconocimiento de que la IA genera afectaciones en todos los ámbitos de la vida económica, social y política.

 

Nota recomendada: ¡Elon Musk ahora decisivo en elecciones en Alemania!

Uno de los principales enfoques del CONPES 4144 es la gobernanza y ética en IA. Se plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos regulatorios para garantizar que los sistemas de inteligencia artificial operen de manera responsable y alineados con principios éticos. Esto incluye el desarrollo de normas para la transparencia en el uso de datos y la verificación del cumplimiento de estándares internacionales.

En el ámbito de la infraestructura tecnológica y datos, la política busca mejorar la conectividad digital, garantizar la interoperabilidad de bases de datos y expandir la capacidad computacional del Estado. Estas medidas son fundamentales para facilitar la investigación y el desarrollo de aplicaciones de IA en distintos sectores económicos y sociales.

Otro aspecto clave es la promoción de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en IA. A través del incentivo a la inversión pública y privada, se pretende fortalecer la capacidad científica y tecnológica del país. Esto permitirá desarrollar soluciones innovadoras en áreas estratégicas como salud, educación, seguridad y medio ambiente.

Asimismo, el CONPES 4144 pone especial énfasis en el desarrollo de talento digital y la apropiación social de la IA. Se busca reducir las brechas de conocimiento en el uso de estas tecnologías mediante programas de educación y formación especializada. Esta estrategia permitirá que más colombianos accedan a empleos en la economía digital y aprovechen los beneficios de la automatización y la IA.

En cuanto a la mitigación de riesgos y efectos no deseados de la IA, la política establece medidas para prevenir impactos negativos en la privacidad, el empleo y la equidad social. Es fundamental que la adopción de estas tecnologías no genere desigualdades y que se garantice su implementación de manera justa y transparente.

Por último, el documento resalta la importancia de fomentar el uso y adopción de la IA en el sector público y privado. La modernización del aparato estatal y la transformación digital de las empresas serán clave para incrementar la competitividad del país en un mundo cada vez más impulsado por la automatización y la inteligencia artificial.

El CONPES 4144 representa una apuesta ambiciosa para el futuro de Colombia, con un enfoque de trabajo interinstitucional que requiere la coordinación efectiva entre entidades clave del sector público para su éxito. La inversión planificada y la implementación de estas líneas de acción pueden consolidar al país como un referente en el desarrollo y aplicación de IA en América Latina. Sin embargo, el éxito de esta política dependerá de su ejecución efectiva y de la articulación entre el sector público, la academia y la industria tecnológica. Ahora el reto es garantizar que esta hoja de ruta se traduzca en avances concretos que beneficien a toda la sociedad.

Alejandro Toro

¡Elon Musk ahora decisivo en elecciones en Alemania!

Después de la reciente influencia de Estados Unidos en procesos electorales, Elon Musk dirige ahora su atención hacia Alemania. Su respaldo al partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y a su líder, Alice Weidel, busca consolidar su papel como actor influyente en la política global.

La AfD, que podría duplicar su representación en el Bundestag en las elecciones de mañana, 23 de febrero de 2025, se perfila como una fuerza decisiva tanto en el parlamento como en la elección del favorito, Friedrich Merz. Al igual que Donald Trump, la AfD promueve una política de intervención estatal limitada y fronteras estrictas.

 

La influencia de Musk es tanto digital como económica. Como propietario de plataformas tecnológicas y con inversiones significativas en Europa, su apoyo tiene un peso considerable. No es la primera vez que busca incidir en procesos políticos: ha mostrado su simpatía por el presidente argentino Javier Milei y ha respaldado a figuras de la derecha en Italia, como la primera ministra Giorgia Meloni. En septiembre de 2024, Musk presentó a Meloni con el premio Global Citizen del Atlantic Council en Nueva York, destacando su estrecha relación. 

He propuesto en varias columnas el peligro que representan los “Estados Digitales”: entidades sin fronteras físicas, con miles de millones de habitantes, donde las decisiones de sus líderes impactan directamente en el futuro de naciones soberanas.

Fechas clave:
• 9 de enero de 2025: Musk participa virtualmente en un evento de campaña de la AfD junto a Alice Weidel.
• 23 de febrero de 2025: Elecciones federales en Alemania, donde la AfD podría aumentar su representación parlamentaria.

La convergencia de influencias digitales y económicas redefine las dinámicas políticas tradicionales, cuestionando la soberanía de los Estados-nación frente al poder de los gigantes tecnológicos.

Alejandro Toro