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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Alejandro Toro

Venta de UNE: la crónica de un desfalco anunciado

Escrito por Alejandro Toro en . Publicado en Opinión.

Esta semana se concretó la venta de UNE por parte de EPM por un valor de $2.099 billones de pesos. Los medios tradicionales, aquellos que durante años criticaron cualquier acción de Daniel Quintero para tratar de proteger el patrimonio de la ciudad invertido en la empresa, han tratado de vender este movimiento como una genialidad de Fico y de la nueva gerencia de EPM, sin contar bien que lo que se dio fue una pérdida monumental del patrimonio de Medellín.

Esta historia comenzó en el 2012 cuando Marc Eichmann, gerente de UNE nombrado por Aníbal Gaviria, en una cena en Bogotá le propuso al entonces vicepresidente financiero de Millicom la genial idea de fusionar a UNE, en ese momento todavía cien por ciento pública, con TIGO-Móvil, propiedad de Millicom. No se sabe si en esa misma cena el genial Eichmann le planteó a su contraparte de Millicom que ellos quedaría con el control absoluto de la nueva empresa para terminar de cerrar el negocio, pero lo cierto es que fue ese día se puso la piedra a rodar para que Medellín perdiera su patrimonio.

 

Entre el 2013 y el 2014 se concretó la fusión de las dos empresas luego de que el Concejo de Medellín le aprobara a la Alcaldía de Aníbal Gaviria el negocio, con una participación accionaria mayoritaria por parte de EPM pero siendo Millicom la responsable del manejo de la empresa; es decir, se creó una empresa en donde la mayor cantidad de plata en juego era la de los medellinenses a través de EPM pero siendo Millicom, la multinacional privada, la encargada de cuidar de los recursos.

Nada se mencionó en este proceso de fusión que Millicom todavía le debía $217 mil millones de pesos a EPM por la venta de OLA móvil en 2006; hay que recordar que Millicom entra al negocio de las telecomunicaciones al comprar el 50% de OLA Móvil, que era de propiedad conjunta de EPM y ETB, para crear la marca Tigo-Colombia móvil; no se mencionó tampoco que entre 2006 y 2010 Tigo perdió un billón de pesos y vendió 2.126 torres a ATC Infraco, empresa de la cual luego Millicom se volvió socia. Por si a alguien esta historia le suena familiar, debe estar pensando en Towernex, la empresa creada con un capital de $2 millones de pesos y que a los dos meses de nacer ya tenía cómo comprar 1.132 antenas a UNE por $300.000 millones de pesos.

Volviendo en el tiempo, en el 2014 se aprueba darle el control del patrimonio de Medellín a una empresa con deudas de más de $200 mil millones de pesos con EPM y que había demostrado un manejo deficiente de la otra empresa de telecomunicaciones comprada al sector público. En su momento, varias voces se alzaron en contra del negocio advirtiendo justamente que se estaba haciendo con un socio que había demostrado con el manejo de Tigo-Colombia móvil que era experto en hacer destruir valor de las empresas para los accionistas.

Se empezaron a dar los desenlaces esperados. Mientras que se habían prometido entre 2015 y 2020 ganancias por $800 mil millones de pesos, lo que se tuvo fueron pérdidas por $703 mil millones, todo esto mientras los directivos de la empresa fusionada cobraban bonificaciones de más de $17 mil millones. La empresa en quiebra y los malos administradores siendo premiados por su fracaso.

Cuando Daniel Quintero llegó a la alcaldía advirtió cómo habían convertido a EPM en el socio bobo de un mal negocio y buscó lo justo: si lo que tanto deseaba Millicom era quedarse con UNE, que lo hiciera pagando el valor correcto y no siguiera desangrando el valor de la empresa. Por eso, múltiples veces le presentó al Concejo de Medellín la posibilidad de vender la participación accionaria de EPM en UNE mientras esta tuviese una valoración alta, de manera tal que Millicom o cualquier otro privado interesado adquiriera UNE a un valor que de verdad fuese acorde al patrimonio que la ciudad ya había perdido desde el momento de la fusión.

Pero, la oposición en el Concejo liderada por el Centro Democrático y ciega ante cualquier argumento razonable negó sistemáticamente cualquier intento de recuperar lo perdido con el pésimo negocio de la fusión, incluso cuando el mismo Uribe aconsejó que lo mejor era tratar de lograr un precio justo; los medios tradicionales no tardaron en hacer eco de los pobres argumentos del Concejo basados en una “desconfianza” hacía lo que pudiera hacer Quintero con los recursos de la venta. Nunca se dieron cuenta que a quién hacían daño no era a Daniel Quintero sino a Medellín, que lo que estaban negando era que la plata de la gente no se siguiera perdiendo.

Llegamos al 2024, a la alcaldía de Fico. Ya con el Concejo y todos los medios a su favor, propone lo mismo que había dicho Quintero – si se revisa los proyectos de acuerdo presentados por la alcaldía de Quintero frente al proyecto de acuerdo presentado por Fico es posible ver que utilizaron las mismas tablas y gráficos, se hizo un “copy and paste” – pero esta vez con una valoración menor de la participación de EPM en UNE de la que se tuvo con Quintero. Mientras que en la alcaldía de Quintero se pudieron haber recuperado hasta $3 billones de pesos, con Fico la venta se concretó en $2.099 billones.

Las notas de prensa que han salido esta semana han tratado de mostrar la culminación de la enajenación como una genialidad estratégica en la que EPM se aleja de un negocio que no está alineado con su misionalidad mientras que a la alcaldía le ingresarán recursos clave para inversión social. Pero la gente no es boba, no olvida que los mismos que hoy celebran por $2 billones se opusieron hace cuatro años a que Medellín recuperara $3 billones del terrible negocio que fue Tigo-UNE. La gerencia de EPM, el Concejo y la Alcaldía le deben responder a Medellín por esta crónica de un desfalco anunciado.

Alejandro Toro

¿Por qué la clase política odia tanto a los pobres?

Escrito por Alejandro Toro en . Publicado en Opinión.

Hay preguntas que incomodan porque obligan a mirar sin maquillaje el verdadero conflicto político de Colombia. Una de ellas es esta: ¿por qué cuando el Estado decide mejorarle la vida a la mayoría, aparecen de inmediato tutelas, demandas, “excepciones de inconstitucionalidad” y todo el repertorio jurídico para frenar el cambio? No es una discusión técnica. Es una disputa de poder. Y, sobre todo, es una disputa por quién paga y quién se beneficia.

El aumento del salario mínimo decretado para 2026 desató una “cascada” de acciones judiciales. Gremios y particulares han buscado tumbar el decreto por distintas vías, incluyendo demandas de nulidad y tutelas que pretendían suspender sus efectos. Un expresidente de la Corte Constitucional, quien en su momento se ganó más de $45 millones de salario, pidiendo acabar con un ingreso mínimo vital que está consignado en el Artículo 53 de la Constitución y que es un derecho adquirido de los trabajadores. El director de un gremio dedicado al comercio pidiendo que los hogares tengan menos ingresos y por ende gasten menos, cuando el país tiene el Índice de Confianza del Consumidor más alto de los últimos doce años.

 

Cuando al trabajador se le reconoce un ingreso más digno, la reacción no es preguntarse cómo mejorar la productividad o cómo reducir la informalidad con protección social; la reacción es correr a los estrados para mantener el modelo de siempre, el que depende de mano de obra barata y de familias que viven con el agua al cuello.

Y como si no fuera suficiente, esta semana se hizo explícita otra cara del mismo fenómeno: el pulso de algunos poderes regionales contra el Gobierno Nacional por el decreto de emergencia económica que ajustó impuestos al consumo —entre ellos, los del licor— y definió mecanismos de transferencia de recursos. Gobernadores y alcaldes de capitales anunciaron que no aplicarían el decreto, que acudirían a acciones judiciales y que, incluso, presentarían tutelas individuales. En ese bloque de resistencia aparece, con nombre propio, el gobernador de Antioquia como uno de los primeros en oponerse a cumplir el decreto. ¿Qué significa esto en la práctica? Que cuando se trata de garantizar caja pública para decisiones nacionales en un contexto extraordinario, la prioridad de ciertas élites territoriales no es cooperar para proteger a la gente, sino paralizar al Ejecutivo y convertir la política social en un campo minado.

Lo más llamativo es que esta ofensiva no ocurre en medio de un colapso económico, como pretenden venderla. Ocurre mientras los indicadores —los que tanto citan cuando les conviene— muestran una mejoría tangible para el país y, sobre todo, para millones de hogares.

En pobreza, por ejemplo, las cifras oficiales son contundentes: en 2024 la pobreza monetaria se ubicó en 31,8%, una reducción de 2,8 puntos porcentuales frente a 2023; y la pobreza monetaria extrema cayó a 11,7%. No son porcentajes abstractos: el propio balance institucional indica que alrededor de 1,2 millones de personas salieron de la pobreza monetaria y 420 mil dejaron atrás la pobreza extrema. Y si ampliamos el lente a la pobreza multidimensional, también hay reducción: 11,5% en 2024, por debajo del 12,1% de 2023.

En empleo, el panorama también desmiente el catastrofismo. El desempleo bajó a 8,2% en octubre de 2025 y siguió cayendo: en noviembre de 2025 se ubicó en 7,0%, según el DANE. Son cifras históricas, las más bajas de los últimos veinte años, que muestran una tendencia favorable del mercado laboral y un mayor dinamismo de la economía real.

En crecimiento, lo mismo: Colombia cerró 2024 con expansión económica (PIB) y en 2025 la actividad aceleró, con un crecimiento de 3,6% interanual en el tercer trimestre y 2,8% en lo corrido de 2025 frente al mismo periodo del año anterior, según reportes del DANE. Incluso el PIB departamental preliminar muestra un aumento a nivel nacional en 2024.

El mundo reconoce la solidez de la economía colombiana. The Economist publicó su balance de desempeño económico de 2025 y ubicó a Colombia como la cuarta economía con mejor desempeño dentro de las evaluadas. Que un medio económico global ponga a Colombia en ese lugar no es un premio de simpatía: es una fotografía de resultados.

Entonces, repitamos la pregunta: si bajan la pobreza y el desempleo, si el PIB crece y la economía mejora su posición internacional, ¿por qué la obsesión de sabotear todo lo que redistribuya bienestar? Porque lo que está en juego no es “la economía” en abstracto; es la distribución del poder económico. Un salario mínimo con enfoque vital, una política social con impacto medible, y decisiones fiscales para sostener al Estado social no son neutrales: tocan privilegios. Reducen márgenes construidos sobre precariedad. Obligan a que la rentabilidad no dependa de pagar salarios de hambre. Y eso, para quienes han gobernado desde el “sálvese quien pueda”, es inadmisible.

Colombia tiene que decidir si acepta esa extorsión política permanente o si defiende, sin complejos, un principio básico: las decisiones públicas deben proteger primero a quienes menos tienen. El debate jurídico es legítimo; lo ilegítimo es usarlo como garrote para impedir que la mayoría viva mejor. Y Antioquia —que sabe lo que cuesta ganarse el sustento— no puede ser arrastrada a una cruzada donde la “autonomía” se usa como excusa para bloquear recursos, y donde la “responsabilidad fiscal” sólo aparece cuando se trata de negar derechos.

Cuando un país mejora y aun así intentan tumbar el salario de la gente y sabotear medidas extraordinarias para sostener al Estado, la pregunta deja de ser retórica: ¿por qué la clase política odia tanto a los pobres?

Alejandro Toro

Invasión por el petróleo

Escrito por Alejandro Toro en . Publicado en Opinión.

Quien celebre el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, además de despreciar la soberanía y la libre determinación de los pueblos, es incapaz de analizar las implicaciones que tendrá para Colombia el caos que acaba de desatar el presidente Trump en el país vecino.

Una cosa tiene que quedar absolutamente clara: la motivación de Estados Unidos no es otra que el petróleo. Ni siquiera se han esforzado en ocultarlo; todos los altos funcionarios del Gobierno Trump, liderados por el presidente, han venido hablando desde el mes de noviembre de la recuperación del petróleo “robado” a Estados Unidos en Venezuela. Sin ir más lejos, las declaraciones dadas por el vicepresidente J.D Vance el día de la agresión reforzaron que lo que se viene ahora es la “recuperación del petróleo robado”.

 

La guerra contra las drogas es la excusa de papel sostenida por los gringos para poder justificar los ataques contra una desprevenida Caracas, tal como en su momento lo fue la supuesta existencia de armas de destrucción masiva para desatar el infierno en Irak. Tanto en ese momento como ahora, el motivo real es uno y sólo uno, hacerse con el control de las reservas petroleras de un país soberano.

La diferencia es que ahora se ha pasado por encima la necesidad de solidificar la ficción para justificar la invasión. En su momento se citó al Congreso, se presentaron informes de investigación, en fin, se desarrollaron todas las acciones posibles para tratar de legitimar ante los ojos del mundo la intervención militar en suelo extranjero. En cambio, el Gobierno estadounidense actual funciona bajo una premisa simple pero apocalíptica: cualquier afirmación hecha por Trump es verdad. Lo único a lo que se dedica el gobierno americano actual es a moldear la realidad a los deseos de Trump.

Si hay un país que paga primero el precio de una escalada en Venezuela, ese es Colombia. No lo digo como consigna: lo dicen los números y la experiencia reciente. La crisis venezolana ya ha empujado a millones de personas a migrar; Reuters estima 7,7 millones de venezolanos fuera de su país desde 2014. Colombia, además, es el principal país receptor: las cifras oficiales regionales ubican en nuestro territorio cerca de 2,83 millones de refugiados y migrantes venezolanos. En otras palabras: cualquier escenario de guerra interna, vacío de poder o represalias prolongadas puede traducirse en presión inmediata sobre fronteras, sistemas de salud, empleo, educación y seguridad.

Aplaudir la desestabilización que está intentando crear Estados Unidos en Venezuela es tener ceguera histórica frente a lo que ocurre en una región cuando una potencia externa viola la soberanía de alguno de los países. Colombia es el primer territorio al que huirá la población venezolana en caso de un conflicto prolongado, estamos ante el riesgo de la mayor crisis humanitaria en la historia del país bajo los vitores de la derecha arrastrada y traicionera.

Lo más peligroso, no obstante, es el precedente que acaba de sentar Estados Unidos sobre la región. El día de hoy fue el petróleo de Venezuela, el día de mañana puede ser el carbón de La Guajira o el oro de Santurbán. ¿Qué pasará cuando Trump diga que Colombia le ha robado a Estados Unidos petróleo, carbón, minerales o metales preciosos? ¿Lanzará los mismos hurras la derecha cuando sea Bogotá la bombardeada en una madrugada?

La amenaza para América Latina, para Colombia, no puede ser subestimada. De aquí al 2028 tenemos en el hemisferio norte del continente a una nación hostil, que acaba de demostrar que está dispuesta a desplegar su poderío militar para conseguir los recursos naturales que asume le son propios por derecho divino. Si los pueblos latinoamericanos no se unen para resistir los embates imperialistas de Estados Unidos sufriremos el mismo destino de caos que lleva viviendo en los últimos veinticinco años el Medio Oriente.

Alejandro Toro

Tumbando las mentiras sobre el salario mínimo vital

Escrito por Alejandro Toro en . Publicado en Opinión.

Cada diciembre se repite el mismo libreto: cuando se habla de un aumento significativo del salario mínimo, aparecen las voces que anuncian el fin de la economía. Que se viene una ola de desempleo. Que las empresas van a cerrar. Que la inflación se va a disparar. Que “subir el mínimo” es populismo. Ahora, con el anuncio del Presidente Petro de orientar el salario mínimo de 2026 hacia un salario mínimo vital, el coro volvió con más fuerza. Pero el país merece un debate con hechos, no con mitos.

Lo primero es entender de qué estamos hablando. Un salario mínimo vital no es un capricho retórico ni un invento para “quedar bien”. Es un criterio simple y profundamente democrático: que el ingreso mínimo legal permita cubrir lo mínimo para vivir con dignidad. Se parece a lo que en otros países se denomina living wage, un salario que no se calcula solamente desde la inflación o desde la inercia del mercado, sino desde el costo real de una vida básica: alimentación suficiente, vivienda, transporte, servicios, cuidado de la salud, educación, vestuario y un margen mínimo para enfrentar imprevistos. En Colombia, además, la idea conversa con un principio que el país reconoce desde hace décadas, consagrado en el Artículo 53 de la Constitución: el mínimo vital como condición de dignidad humana. Dicho sin tecnicismos: trabajar no debería condenar a la carencia.

 

A partir de esa premisa, vale la pena preguntar por qué resulta tan difícil aceptar que el salario mínimo se acerque a lo vital. La respuesta es incómoda para algunos sectores: porque el modelo laboral colombiano se acostumbró a que el ajuste siempre lo hiciera el trabajador. A que el salario alcance “a medias” y el resto se resuelva con endeudamiento, con rebusque, con sobrecarga de horas, con informalidad o con privaciones. El salario mínimo vital corrige esa normalización de la precariedad: pone sobre la mesa que la economía no se mide solo por balances empresariales o por indicadores macro, sino por la calidad de vida real de quienes producen, venden, transportan, cuidan y sostienen el país.

Los beneficios son inmediatos y, sobre todo, verificables. Un mínimo que se acerque a lo vital reduce la pobreza laboral, que es una de las tragedias silenciosas de Colombia: gente que trabaja todo el mes y aun así no logra cubrir lo esencial. Mejora la nutrición y la salud, reduce el estrés financiero, disminuye la rotación y fortalece la estabilidad en los hogares. Un trabajador menos agobiado por la supervivencia es, también, un trabajador con más capacidad de sostener rutinas, aprender, capacitarse y proyectarse. Y una familia con más ingreso estable tiene más probabilidad de sostener la educación de sus hijos, de no desertar, de planear. Todo eso es productividad social, aunque algunos prefieran no llamarla así.

Ahora, vayamos al corazón del debate: la campaña del miedo. La primera mentira es que un salario mínimo más alto necesariamente destruye empleo. Esa afirmación se repite como dogma, pero la realidad es más compleja. El impacto del salario mínimo depende del tamaño del aumento, del nivel de cumplimiento, de la estructura sectorial, de la capacidad de trasladar productividad, del acceso a crédito, de la competencia y, crucialmente, del nivel de informalidad. En un país donde una parte enorme del mercado laboral ya está por fuera de la formalidad, culpar al salario mínimo de todo el desempleo es una forma de evadir discusiones más profundas: por qué la formalidad es costosa, por qué la inspección laboral ha sido históricamente débil, por qué la productividad no se democratiza, por qué el tejido empresarial pequeño está tan expuesto a shocks de demanda y financiamiento. Si el empleo fuera una función mecánica del salario mínimo, Colombia habría resuelto su informalidad congelando salarios hace décadas. No ocurrió. Porque el problema es estructural, no un número en un decreto.

La segunda mentira es que un salario mínimo vital dispara inevitablemente la inflación. La inflación es un fenómeno multicausal: depende de alimentos, energía, tarifas reguladas, expectativas, tasa de cambio, márgenes de intermediación y condiciones internacionales. Un aumento salarial puede presionar costos en algunos sectores, sí, pero también puede expandir la demanda en otros y mejorar la capacidad de pago sin necesariamente volverse una espiral. La idea de que cualquier incremento “se lo come la inflación” también es una profecía que se autocumple si se renuncia a regular abusos, a promover competencia, a reducir intermediaciones y a vigilar prácticas especulativas. El punto no es negar riesgos; el punto es dejar de convertir el riesgo en chantaje. Un país serio administra tensiones, no se paraliza por ellas.

La tercera mentira es moral y económica al mismo tiempo: que si un negocio no puede pagar un salario digno, entonces “lo natural” es que pague lo que pueda y el trabajador se ajuste. Esa lógica invierte la responsabilidad. La economía de mercado no se construye sobre salarios de supervivencia, sino sobre productividad, innovación, calidad, eficiencia logística, acceso a financiamiento y capacidad de competir en condiciones justas. Si un segmento empresarial enfrenta márgenes estrechos, la respuesta inteligente no es condenar al trabajador a un ingreso insuficiente, sino diseñar transiciones: alivios focalizados y temporales, apoyo a la formalización, simplificación tributaria y regulatoria, crédito productivo, asistencia técnica, compras públicas que abran mercado, y lucha frontal contra la competencia desleal de la informalidad que sí destruye empleo formal. Proteger a las empresas y dignificar el trabajo no son objetivos incompatibles; lo incompatible es pedir prosperidad basada en precariedad.

La cuarta mentira, quizá la más repetida, es que subir el salario mínimo “beneficia a pocos” y por eso es inútil. Ese argumento desconoce dos realidades. La primera es que el salario mínimo funciona como referencia para múltiples escalas salariales, negociaciones y contratos. La segunda es que, incluso cuando no todos ganan exactamente el mínimo, el umbral mínimo legal influye sobre el piso de dignidad y sobre el poder de negociación laboral. Además, cuando el ingreso de los hogares con menor capacidad de ahorro aumenta, ese dinero no se va a paraísos fiscales ni se queda inmóvil: se convierte en consumo en tiendas, servicios, transporte, alimentos, arriendo. Ese círculo dinamiza economías locales y fortalece demanda interna, que es una de las palancas más estables de crecimiento.

Nota recomendada: Petro propone un salario mínimo vital

Por supuesto, hablar de salario mínimo vital no significa decretar cifras sin responsabilidad técnica. Significa cambiar el marco: dejar de tratar el salario como una variable que debe mantenerse contenida “por si acaso”, y empezar a tratarlo como una herramienta legítima de bienestar y de desarrollo. Significa entender que el crecimiento que no se siente en la mesa de la mayoría no es crecimiento sostenible. Significa, en suma, abandonar la idea de que la dignidad es un lujo macroeconómicamente inviable.

El salario mínimo vital incomoda porque obliga a una pregunta que muchos quisieran evitar: ¿para quién está funcionando la economía? Si el trabajo no alcanza para vivir, el problema no es el trabajador que pide dignidad; el problema es el país que normalizó la escasez como destino. En 2026, la discusión no debería ser si la gente merece vivir mejor. La discusión debería ser si vamos a seguir creyendo mitos repetidos o si, de una vez por todas, vamos a decidir que trabajar en Colombia tiene que alcanzar para vivir.

Alejandro Toro

La exención de visas con Belarús nos abre la puerta de Eurasia

Escrito por Alejandro Toro en . Publicado en Opinión.

Este 19 de diciembre entra en vigor el Acuerdo de Exención Mutua de Visas de Corta Estadía entre Colombia y Belarús. Se trata de una decisión concreta para reducir barreras, facilitar negocios, impulsar el turismo y acelerar la cooperación. En un mundo donde la incertidumbre geopolítica encarece rutas, insumos y financiación, Colombia necesita abrir puertas reales, con resultados medibles, hacia socios complementarios y mercados no tradicionales.

La relación con Belarús tiene un punto de partida claro: hoy el intercambio comercial es todavía pequeño y concentrado. Sin embargo, esa aparente limitación es precisamente la oportunidad. Lo que Belarús ofrece con fortaleza —fertilizantes potásicos y maquinaria agrícola— encaja con una urgencia nacional: mejorar productividad, abaratar costos del campo y modernizar la economía campesina. Y lo que Colombia puede posicionar —flores, frutas tropicales y agroalimentos— tiene potencial en un entorno euroasiático donde la oferta tropical es naturalmente escasa. De hecho, en el comercio bilateral reciente, los principales envíos colombianos hacia Belarús incluyen flores cortadas, entre otros rubros, lo que confirma que existe una base exportadora sobre la cual construir escala.

 

La entrada en vigor de la exención de visados debe leerse como el “habilitador” de una hoja de ruta: sin movilidad, no hay misiones empresariales; sin reuniones presenciales, no hay cierres técnicos; sin confianza entre equipos, no se concretan inversiones. El paso siguiente —y el verdaderamente decisivo— es convertir la facilidad migratoria en acuerdos operativos: instrumentos de cooperación, agendas sectoriales y proyectos demostrativos que muevan la relación de las intenciones a los hechos.

Por eso, el país debe priorizar tres frentes. Primero, una agenda de consultas políticas estable y verificable, con un Memorando de Entendimiento que ordene el diálogo diplomático y permita destrabar cuellos de botella regulatorios y logísticos. Segundo, un Memorando de Entendimiento de cooperación agrícola para transferencias tecnológicas, formación, esquemas de financiación y pilotos territoriales. Tercero, un Memorando de Entendimiento de turismo —con acciones conjuntas de promoción— que aproveche la exención de visas para diversificar flujos, conectar operadores, facilitar ferias y atraer visitantes en ambas direcciones.

Nota recomendada: Gobierno inaugura en Isla Grande una granja generadora de energías limpias

Aquí es donde la agroindustria belarusa puede jugar un rol estratégico para Colombia. Belarús es un actor relevante en la producción y exportación de fertilizantes potásicos: en 2023 exportó alrededor de USD 2,01 mil millones en fertilizantes potásicos, ubicándose entre los principales exportadores globales en esa categoría.Esta capacidad importa porque Colombia consume grandes volúmenes de fertilizantes y su precio incide directamente en el costo de los alimentos.

Pero el punto más transformador —por su efecto directo sobre productividad y dignidad campesina— es la maquinaria. La empresa estatal Minsk Tractor Works (MTZ), conocida por su marca “BELARUS”, afirma operar en 125 países y exportar más del 90% de su producción, situándose entre los grandes exportadores de tractores del mundo. A esto se suma un ecosistema industrial que incluye fabricantes de cosechadoras y equipos complementarios, como Gomselmash, que declara presencia en varios continentes y una oferta amplia de maquinaria agrícola.

¿Por qué esto es clave para la reforma agraria colombiana? Porque la reforma agraria no puede reducirse a la discusión —necesaria— sobre acceso y formalización de tierras. La transformación rural exige, simultáneamente, factores productivos: tecnología, asistencia técnica, riego, conectividad, asociatividad y acceso a mercados. Esa visión, expresada por el Gobierno Nacional en su apuesta por un Sistema de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, reconoce que sin capacidades productivas la democratización del campo se queda a mitad de camino. La mecanización apropiada —especialmente para pequeña escala— puede ser la diferencia entre una parcela que sobrevive y una economía campesina que prospera.

Desde el Congreso y desde el Grupo de Amistad Parlamentaria con Belarús, el compromiso es hacer seguimiento a esa hoja de ruta para que Colombia no se quede en la foto protocolaria. La política exterior útil es la que aterriza en el bolsillo de la gente: en el fertilizante más barato, en el equipo que reduce jornadas extenuantes, en la cosecha que llega al mercado, en el turismo que genera empleo, en el intercambio que fortalece regiones.

Si el 19 de diciembre abre una puerta, lo responsable es cruzarla con planes, instrumentos y resultados. Colombia necesita socios para industrializar su campo y diversificar su inserción internacional. Belarús, por complementariedad productiva y capacidad agroindustrial, puede ser uno de ellos. La tarea es simple de enunciar y exigente de ejecutar: convertir la movilidad sin visa en cooperación sin excusas.

Alejandro Toro

El amigo de Uribe que financió paramilitares, muerto en impunidad

Escrito por Alejandro Toro en . Publicado en Opinión.

Esta semana el país conoció la muerte de Juan Guillermo Villegas Uribe, ganadero acusado de ser parte de la génesis del paramilitarismo en Antioquia. Villegas es el personaje con quién Uribe habla por teléfono en el famoso episodio donde insulta a los magistrados de la Corte Suprema, y con quién tuvo varios negocios.

El hermano de Juan Guillermo, Luis Alberto Villegas, alias “Tubo”, fue señalado como narcotraficante y colaborador paramilitar. Recibió ese alias porque, según testimonios, robaba combustible del tubo de Ecopetrol que pasa por la hacienda Guacharacas, propiedad de los Uribe Vélez para la época, combustible con el que se habría financiado el Bloque Metro de las AUC, uno de los más brutales de esa organización criminal. Juan Guillermo fue propietario de varias estaciones de gasolina y de empresas como Lácteos El Paisa, desde donde –según investigaciones del CTI– se coordinaba la consecución de armas, municiones y recursos para una estructura paramilitar que operaba en San José del Nus bajo el camuflaje de la Convivir El Cóndor.

 

La trayectoria de Villegas no se reduce a la sombra del paramilitarismo: fue diputado a la Asamblea de Antioquia, excandidato a la Cámara y un prestigioso ganadero de la subasta de San José del Nus, en la vía entre Medellín y Puerto Berrío. Desde San Roque se movía en el corazón de una coalición de poder donde se mezclaban empresarios, políticos y mandos paramilitares en el nordeste antioqueño. En ese entramado, el vínculo con Álvaro Uribe Vélez es algo más que un dato lateral.

Diversos testigos ante la justicia han señalado a los hermanos Villegas como parte del grupo de ganaderos y empresarios que, junto a Álvaro y Santiago Uribe Vélez y los hermanos Gallón Henao, habrían fundado el grupo paramilitar en San Roque que luego se convirtió en el Bloque Metro de las AUC. El exjefe paramilitar Pablo Hernán Sierra, alias “Alberto Guerrero”, sostiene que el Bloque Metro nació en la hacienda Guacharacas –propiedad de la familia Uribe– con el concurso de los Villegas. Juan Guillermo no era un espectador: era parte del núcleo de civiles que, desde la legalidad aparente, dieron soporte económico, logístico y político a ese experimento paramilitar.

A esto se suma el capítulo de las Convivir. La Convivir El Cóndor fue una de las cooperativas de seguridad rural autorizadas por la Gobernación de Antioquia cuando Álvaro Uribe era gobernador. La personería jurídica de estas asociaciones, incluida El Cóndor, fue otorgada mediante resoluciones firmadas por Uribe, bajo el argumento de “defensa” frente a la guerrilla. Sin embargo, investigaciones de la Fiscalía y de organismos de derechos humanos concluyeron que, bajo la fachada de Convivir, operaba una estructura paramilitar que controlaba la carretera Medellín–Puerto Berrío, con la participación directa de los hermanos Villegas y en connivencia con miembros de la Fuerza Pública en la región.

Lácteos El Paisa, administrado por los Villegas, fue pieza clave en ese engranaje. Interceptaciones legales del CTI a finales de los noventa establecieron que desde ese local en Medellín se coordinaba el flujo de dinero, armas y comunicaciones de la Convivir El Cóndor y de la naciente estructura del Bloque Metro. En un allanamiento a propiedades de la familia Villegas se encontraron inventarios manuscritos de armamento, equipos de campaña y elementos de intendencia. Pese a la contundencia de esas pruebas, las investigaciones en contra de Juan Guillermo y Luis Alberto fueron precluidas, otro eslabón en la larga cadena de impunidad empresarial en Antioquia.

De los hermanos Villegas se pueden escribir libros enteros sobre su historial delictivo, basta con recordar que el poderoso jefe paramilitar alias «Julián Bolívar» dijo haber ordenado el asesinato de Luis Alberto Villegas por el robo de un cargamento de droga.

Villegas sabía muchos secretos de los Uribe Vélez. Un «buen muerto», como dirían por ahí.

Alejandro Toro

Estamos en la era en la que las armas deciden cuando disparar

Escrito por Alejandro Toro en . Publicado en Opinión.

El mundo se enfrenta a uno de los riesgos más inminentes para la humanidad: la producción en masa de armas autónomas letales.

En mayo del 2025, medios de comunicación informaron sobre el uso de aeronaves autónomas por parte de Ucrania en territorio ruso, dispositivos que también han sido utilizados por Rusia y que serían provenientes de Irán, uno de los países con mayor capacidad armamentística en materia de aeronaves autónomas letales.

 

Hace unos días, Marruecos confirmó la compra de drones turcos, justo después de haber adquirido misiles Stinger de Estados Unidos, lo cual evidencia el aumento de la proliferación de armas autónomas letales, su exportación y su uso en zonas de conflicto en el mundo.

Frente a este panorama, diversos países han insistido en la construcción de muros contra drones, como fue la propuesta de la Unión Europea de elaborar una malla de misiles y radares que detecten y neutralicen las posibles amenazas en territorios fronterizos con Rusia. A la par, el grupo italiano de defensa y aeroespacial presentó un escudo denominado como “Michelangelo Dome”, un sistema de defensa aérea que utiliza inteligencia artificial, con el fin de identificar armas hipersónicas y enjambres de drones.

De esta manera, cada vez más países se suman al desarrollo de sistemas que protejan sus territorios del alcance de estos elementos, concebidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja, como todas las armas que seleccionan objetivos y son aplicadas a la fuerza sin intervención humana directa. Entre sus principales riesgos, la Organización de las Naciones Unidas señala que estas armas automatizan la toma de decisiones, lo cual puede conllevar a errores de cálculo, ataques humanitarios y a la destrucción de infraestructura crítica y los servicios esenciales de un país.

Tal fue el caso de la Operación Telaraña, como se le denominó a uno de los ataques más recientes a Rusia, en donde el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) inició una operación de 117 drones contra aviones de largo alcance de la Fuerza Aérea Rusa. Las armas elegidas fueron aeronaves Aeroprakt A-22, capaces de transportar bombas o munición antipersona y volar a menor altitud, lo que les permitió pasar inadvertidamente por debajo de las defensas rusas. La modificación de estos dispositivos fueron un mecanismo de defensa hacia los drones de tipo Shaded que Vladimir Putin ha utilizado por años en el territorio ucraniano.

Los Shaded, como se les llaman a vehículos aéreos no tripulados provenientes de Irán, son utilizados para ataques suicidas, motivo por el que son conocidos como drones kamikazes. Entre sus diferentes modelos, los Shaded-163 tienen un alcance a larga distancia que les permite llevar una ojiva explosiva y lanzarla a un objetivo sin intervención humana. Asimismo, su forma de uso habitual es por medio de enjambres, los cuales permiten el impacto en contra de un objetivo y la destrucción de la carga explosiva que tiene incorporada.

Desde el inicio de la guerra, el 24 de febrero de 2022, Rusia ha usado drones como el Kub-BLA de Kalashnikov, un aparato que merodea hasta encontrar su objetivo y que cuenta con cámaras y sistemas de guía hechos en China. Ucrania ha respondido con los Switchblade 300 y 600, enviados por Estados Unidos. Son drones que pueden volar durante mucho más tiempo que un avión tripulado y atacar por sí mismos una vez que identifican su blanco. Estos Switchblade están inspirados en los drones kamikaze Phoenix Ghost del ejército estadounidense y han incorporado la inteligencia artificial para maximizar su impacto.

Del mismo modo, Israel ha utilizado drones pequeños o cuadricópteros desde 2023 en contra de Palestina, operando estos dispositivos para el lanzamiento de bombas explosivas en el territorio de Gaza, lo cual ha contribuido al recrudecimiento del conflicto y al aumento de ejecuciones extrajudiciales de civiles palestinos. Al igual que Rusia, Israel ha concentrado esfuerzos en modificar drones comerciales, como lo hizo con DJI Agras, el DJI Mavic y el DJI Avata para la destrucción de hospitales y refugios civiles, y la vigilancia de prisioneros palestinos, lo cual ha intensificado la barbarie. Estos drones, pertenecientes a China, fueron suspendidos a este país una vez se conoció sobre sus usos letales, introduciendo modificaciones para restringir sus áreas de uso y el nivel de altura de los mismos.

A pesar de que el uso de armas autónomas letales ha aumentado durante los últimos años, para el 2021 ya se utilizaban estos dispositivos en conflictos. El primer caso de un dron autónomo que atacara a seres humanos se dio en marzo del 2020, durante la segunda guerra civil libia, en donde se habrían operado drones turcos Kargu-2 para atacar a objetivos humanos, un dispositivo cuadricóptero diseñado para llevar una carga de armas, procesar imágenes y algoritmos, así como seguir blancos móviles.

En el caso colombiano, para octubre de este año, las fuerzas armadas dieron creación al primer batallón de Aeronaves No Tripuladas (BANT) en América Latina, integrado al Comando de Aviación del Ejército y orientado al apoyo de operaciones de inteligencia y al fortalecimiento de la seguridad en el país.

Este batallón, a diferencia del uso que se les han dado a las armas autónomas letales en otras partes del mundo, busca adoptar capacidades de guerra electrónica y análisis de inteligencia artificial, con el objetivo de identificar amenazas con mayor precisión y consolidar la vigilancia en zonas estratégicas de la nación, como fronteras y bases militares, continuamente atacadas por grupos armados al margen de la ley.

Esto como respuesta a los más de 350 ataques con drones que han recibido las fuerzas armadas por parte de disidencias, lo cual evidencia como el conflicto se ha transformado con base a los avances tecnológicos y la implementación de inteligencia artificial con fines militares. Por tanto, las fuerzas armadas colombianas han implementado diseños similares a los de un avión, que permite la identificación de rostros, la persecución de objetivos y el sobrevuelo de hasta 45 kilómetros.

De esta forma, el avance militar no es, por sí mismo, el problema. El verdadero riesgo aparece cuando olvidamos que toda arma debe estar al servicio de la defensa, no de los ataques. La intervención humana tiene que seguir siendo una línea roja inquebrantable, y cualquier intento de trasladar estas tecnologías a zonas de conflicto solo incrementa la barbarie. Ante esto, es posible decir que el desafío de la actualidad, más allá de lograr el avance tecnológico, es que este no esté por encima de la humanidad entera. La tecnología, a final de cuentas, debe promover el progreso, no la destrucción.

Alejandro Toro

El tijeretazo a puerta cerrada a la educación de Antioquia

Escrito por Alejandro Toro en . Publicado en Opinión.

El martes 18 de noviembre la Asamblea Departamental de Antioquia dio un espectáculo que retrata la forma como el uribismo entiende la democracia: los estudiantes de las universidades públicas protestando en las graderías por los recortes al presupuesto de educación superior, y la Presidenta de la corporación, la diputada del Centro Democrático Verónica Arango, ordenando suspender la sesión y anunciando que al otro día el debate sería “a puerta cerrada”. Solo cuando la indignación ciudadana creció y el propio gobernador tuvo que hacer el regaño en público por redes sociales, se vieron obligados a recular y permitir el ingreso de la gente a la sesión del miércoles 19.

El episodio no es menor. Que la presidenta de la Asamblea intente sacar a la ciudadanía del recinto justo el día en que se discute el Presupuesto Departamental de 2026 –un plan de casi 8 billones de pesos para el próximo año– no es justificable de manera alguna. Es una decisión profundamente antidemocrática: querían recortar a las universidades públicas sin tener que escucharles la voz a quienes estudian y trabajan en ellas. Fueron los estudiantes, con sus arengas y su presencia masiva, los que dejaron en evidencia la incomodidad del uribismo cuando las gradas se llenan y la política deja de ser un diálogo entre élites.

 

El miércoles 19, finalmente, el presupuesto se aprobó “a puerta abierta”, pero con una puerta bien cerrada en lo que de verdad importa: los recursos para la educación superior pública en Antioquia. Los porcentajes hablan por sí solos. La Universidad de Antioquia pasa de recibir el 0,88% del presupuesto de 2025 al 0,79% en 2026. El Politécnico Jaime Isaza Cadavid baja del 1,09% al 0,99%. El Tecnológico de Antioquia, del 0,40% al 0,36%. Y la IU Digital de Antioquia, del 0,47% al 0,43%. En un presupuesto general tan grande, estos puntos porcentuales parecen pequeños sobre el papel, pero en la realidad significan menos cupos, menos profesores, menos laboratorios, menos bienestar estudiantil y más puertas cerradas para los jóvenes de los barrios populares y de los municipios.

No es un error aislado: es una política. Andrés Julián Rendón viene construyendo, paso a paso, un proyecto de castigo sistemático a las instituciones de educación superior del departamento. Hace unas semanas intentó eliminar las estampillas universitarias que financian al Politécnico, al Tecnológico y a la IU Digital. Solo la presión estudiantil y el rechazo de sectores políticos alternativos obligaron a la Gobernación a echar para atrás la jugadita y mantener ese recurso clave para nuestras universidades.

Ahora, con el presupuesto 2026, vuelve a la carga por otra vía: recorta la participación de estas instituciones dentro del total departamental, al tiempo que intenta vender la idea de que todo se compensa con una supuesta “base presupuestal” que, en la práctica, queda a merced de la voluntad política del gobernante de turno. Es el mismo libreto de siempre: debilitar las fuentes de financiación propias y autónomas de las universidades para concentrar el control de la plata en el Ejecutivo. Cuando la educación superior depende menos de normas estables y más del guiño o el regaño del gobernador, lo que se fortalece no es la calidad académica, sino el clientelismo.

Lo que ocurrió esta semana en la Asamblea deja ver, además, una fractura dentro del propio oficialismo departamental. La idea de sesionar a puerta cerrada fue tan indefendible que el mismo Rendón tuvo que salir en X a desautorizar a su aliada del Centro Democrático y a recordar que el presupuesto debía discutirse “escuchando todas las voces”. Pero que el gobernador haya corregido la forma no borra el fondo: el presupuesto que su administración defendió y logró aprobar reduce la tajada para la UdeA, el Poli, el TdeA y la IU Digital. Regaño por redes, recorte por decreto: así no se gobierna la educación de todo un departamento.

Mientras el Gobierno del cambio trabaja para ampliar el acceso a la educación superior pública, condonar deudas del Icetex y fortalecer la financiación de las universidades, en Antioquia el proyecto de Andrés Julián Rendón y el uribismo se dedica a reducir su participación en el presupuesto y a intentar sacar a los estudiantes de los escenarios donde se toman las decisiones. Esa incoherencia no solo es injusta: es un obstáculo directo al derecho a la educación de miles de jóvenes antioqueños.

La lección de estos días, sin embargo, también es esperanzadora. Cuando el uribismo quiso cerrar las puertas de la Asamblea, los estudiantes respondieron con organización y movilización; cuando intentaron quitarles la estampilla, la presión social obligó a revertir el ataque; ante el ataque directo de disminuir la incidencia que tiene la educación superior en el presupuesto, los estudiantes de Antioquia no se quedarán de brazos cruzados.

Alejandro Toro

El nuevo descuartizamiento de EPM

Escrito por Alejandro Toro en . Publicado en Opinión.

Desde hace varios meses está rondado por las oficinas de los miembros de la Junta Directiva de EPM una propuesta para desmembrar al conglomerado, justificada bajo la ya tan conocida retórica de eficiencia y competitividad. La idea, en términos simples, es tomar las áreas de servicio, de apoyo y de logística, que son esenciales para el funcionamiento de la empresa y que actualmente son desempeñadas desde la Subgerencia de Centro de Servicios Compartidos, para pasarlos a una filial GBS (Global Business Services), una empresa aparte de EPM.

Si a alguien se le hace estar viendo la secuela de una película, es porque se trata de la misma estrategia utilizada para poder privatizar a UNE. La primera movida para regalar a UNE se dio en el 2006, cuando se decidió escindir a la unidad de telecomunicaciones de EPM para convertirla en una empresa aparte. Una vez separada, convertida en negocio aparte, se dificulta el ejercicio de transparencia ante la ciudadanía y se facilita la adopción de prácticas corporativas propias del sector privado y no de una entidad construida a partir del patrimonio de los ciudadanos.

 

Al dejar de ser parte de EPM y funcionar por aparte, es más fácil argumentar la necesidad de dejar entrar el capital privado por mantener la “competitividad” porque se deja de percibir como parte integral de una empresa pública cuyo objetivo principal es estar al servicio de la ciudadanía, se presenta la idea de que sin la entrada del privado la compañía pública dejará de ser sostenible.

Si siguen el recetario de UNE, una vez empaqueten a toda el área de servicios dentro de la filial GBS el paso a seguir será que la persona que pongan a cargo de la nueva empresa haga todo lo posible por vender la idea de que su negocios es inviable, tal como sucedió con Marc Eichmann, el último presidente de UNE postulado desde la Alcaldía de Medellín y quien en una entrevista admitió cómo su tarea expresa era hacer ver a la compañía como un negocio atractivo para poder fusionarla, o sea, venderla.

¿Cuál es el paso a seguir? Hacer una fusión donde el control operativo de la filial esté en manos de la parte privada, así la ciudad mantenga la participación mayoritaria en la empresa fusionada; un mal trato que sólo aceptaría quien ya tenga claro que el objetivo final es la venta total de la empresa pues el privado, ni corto ni perezoso como fue Millicom, tomará todas las decisiones que lleven a la desvalorización total de la empresa de manera tal que la compra total por parte de la parte privada aparezca como una especie de rescate. Decisión que se someterá a un Concejo de Medellín que no opondrá resistencia alguna justificando la pérdida del patrimonio público por tratar de rescatar algo de dinero antes de que la empresa se termine de ir a pique.

La propuesta de creación de la filial GBS debe ser rechazada de manera contundente por toda la ciudad porque es la repetición de la misma fórmula de destrucción de lo público que se vio con UNE. No se puede aceptar que una empresa construida para ser la joya del patrimonio de la ciudad empiece a ser desmontada parte por parte para que capitales privados extranjeros se hagan con ella. No se puede ser tan indolente de ver cómo quieren precarizar a los trabajadores que han hecho grande a la empresa por el afán de que las ganancias que generan queden en los bolsillos de unos pocos y no en las arcas públicas para el avance de la ciudad.

Alejandro Toro

Mientras la derecha se arrodilla a Trump, el presidente Petro vuelve a Colombia actor principal del mundo multipolar

Escrito por Alejandro Toro en . Publicado en Opinión.

La inclusión del presidente Gustavo Petro en la llamada “Lista Clinton” fue concebida por la extrema derecha como un triunfo para acorralar a Colombia y al presidente. No lo fue. El movimiento que ha seguido —abrir más frentes diplomáticos, sentarse en nuevas mesas financieras y asumir liderazgo regional— mostró exactamente lo contrario: ante la tentativa de aislamiento, Colombia amplió su radio de acción y reforzó su autonomía estratégica. Ese músculo geopolítico no es retórico; se prueba con hechos recientes.

En Medio Oriente, Petro no hizo una gira protocolaria: tejió alianzas económicas y elevó una bandera humanitaria nítida. En Egipto, anunció apoyo a la reconstrucción de Gaza —incluida ayuda para niñas y niños víctimas— y en Doha y Riad buscó inversión y cooperación para energía, logística y alimentos, logrando victorias como la obtención de la certificación Halal para el café y el cacao.

 

Colombia liderará además la IV Cumbre CELAC–Unión Europea en Santa Marta. Allí, como Presidencia Pro Tempore de CELAC, el país conduce la negociación de la declaración política y empuja temas donde tenemos ventajas reales: transición energética justa, minerales críticos, economía digital y cadenas de valor diversificadas. Traducido: menos dependencia de un solo socio y más espacios para vender conocimiento, energías limpias y agroindustria con valor agregado. Este ejercicio de mediación birregional no es cosmética; reposiciona a Colombia como articulador entre América Latina y Europa en un momento en que todos buscan reducir los riesgos su inserción internacional.

En el frente financiero, la movida se anticipó al gobierno estadounidense: Colombia ingresó como miembro prestatario del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) de los BRICS. ¿Qué cambia eso? Que el país suma una fuente de crédito para infraestructura, transición productiva e innovación sin condicionalidades políticas de Washington ni recetas de austeridad propias del Fondo Monetario Internacional. Se amplía el menú de financiación, mejora el poder de negociación y se abaratan costos de capital para los proyectos que las regiones necesitan.

A quienes desde la derecha colombiana llevan meses suplicando sanciones externas, celebrando castigos e incluso el asesinato extrajudicial de jóvenes en las fronteras marítimas del país y fabricando, a punta de titulares, la imagen de un presidente “aliado del narcotráfico”, hay que responderles con datos: en 2024, Colombia alcanzó cifras récord de incautación de cocaína, y el acumulado de los últimos dos años supera con holgura los registros históricos. La incoherencia de pedirle a otra potencia que “discipline” a su propio país contrasta con una realidad tozuda: el Gobierno del Cambio ha golpeado como nunca las finanzas criminales.

No se trata de romper con Estados Unidos —socio con el que debemos mantener una relación franca y respetuosa—, sino de reequilibrar. Reequilibrar es diversificar mercados en el Golfo, en el norte de África y en Europa; es contar con alternativas de crédito en el NDB; es usar la plataforma CELAC–UE para proteger intereses latinoamericanos y, al mismo tiempo, abrir rutas de exportación con estándares más altos.

¿Dónde queda, entonces, la arremetida de la oposición? En el lugar incómodo de quienes prefieren una Colombia pidiendo permiso a una Colombia que se hace respetar. Pedir sanciones no es “control político”; es renunciar a la soberanía. Construir puentes con Medio Oriente, Europa y los BRICS no es “ideología”; es inteligencia estratégica en un mundo multipolar. La primera opción nos encoge; la segunda, nos expande.

Cierro con lo esencial: el tablero internacional se gana con jugadas precisas. Frente a la presión, Petro movió fichas y abrió caminos. Hoy, Colombia habla con más actores, accede a nuevas fuentes de financiamiento, lidera debates regionales y respalda causas humanitarias sin complejo. Esa capacidad geopolítica —leer el momento, tejer alianzas, afirmar principios y traducirlos en oportunidades— es la mejor respuesta a la amenaza externa y el camino más claro hacia una independencia real, moderna y productiva.

Alejandro Toro

Mauricio Cárdenas tuvo que recurrir a una presunta compra de votos para darle vida a su campaña

Escrito por Alejandro Toro en . Publicado en Opinión.

Fue tanto el revuelo que causó la Consulta del Pacto Histórico en la derecha colombiana que a un candidato lo único que le quedó fue caer en un posible delito electoral para tratar de buscar votos. Me refiero a la propuesta de entrega de viviendas que Mauricio Cárdenas lanzó el 28 de octubre, bajo el nombre de “MiCasaYa2” con una premisa aparentemente simple y bien intencionada: si usted vota por mí, le voy a dar una casa.

Con un video grabado en una sala con un fondo lleno de libros, perfecta para proyectar esa imagen de tecnócrata ideal con la que se ha presentado al país, salió a anunciar que los primeros 400.000 colombianos que dejaran todos sus datos personales en su página web de campaña tendrían asegurado ser los primeros en ser tenidos en cuenta una vez llegara a la presidencia para el programa de MiCasaYo2, incluso brindado la garantía de que había ido a una notaría a firmar su compromiso.

 

Cárdenas, en su afán por tratar de levantar una campaña que ya de por sí venía caída y que luego del éxito de la Consulta del Pacto se ve todavía más difícil de hacer despegar, decidió jugar con una de las más grandes ilusiones que tienen las personas de este país, que es poder contar con una casa propia. En papel no suena mal, al fin y al cabo sí existe un problema de acceso a vivienda y una persona que desea convertirse en Presidente debe poder tener una respuesta ante cómo afrontará dicha problemática. Lo grave del acto de Cárdenas fue que, en vez de plantear una apuesta de política pública en vivienda para toda la ciudadanía, decidió irse por el camino fácil: inscríbase en la página de mi campaña, dígame cuál es su cédula y dónde va a votar y luego de que usted deposite su voto por mí, yo le daré una casa.

El Código Penal es claro en su artículo 390 que la corrupción de sufragante se configura, entre otras, cuando se prometa u ofrezca algún beneficio particular a un ciudadano con el propósito de que vote por un candidato en particular. Lo que hizo Mauricio Cárdenas puede ser presuntamente un hecho de este estilo porque la premisa básica de su página web era que quien le brindara apoyo recibiría el dinero para la cuota inicial de una vivienda. Afirmó de manera explícita que aquellos primeros 400.000 inscritos, a los que les pidió la información necesaria para saber su punto de votación, contarían antes que nadie con el dinero del programa. Cualquier política pública requiere de criterios de focalización para saber a quién es prioritario llegar. Cárdenas, haciendo lucir sus dotes de tecnócrata, se inventó el mejor de todos: ser uno de sus votantes.

No debe sorprender que al día siguiente haya borrado tanto el video como la página web, pero ya la gente se había dado cuenta de su táctica, ya el daño estaba hecho. Tardó una noche el técnico, el apolítico Cárdenas, en darse cuenta que estaba incurriendo en una posible conducta delictiva, o quizás tardó una noche en darse cuenta de que la ciudadanía iba a ver de manera rápida lo que implicaba su estrategia electoral. Tal vez no creyó en que la gente ya no les come el cuento entero, ya es crítica, puede distinguir entre propuestas reales y falsas promesas, entre una política pública sólida y una casa en el aire.

Al señor Cárdenas le tocará afrontar ante la justicia las posibles consecuencias de su fracasada campaña. Para el resto de candidatos de la derecha les deberá quedar la lección de que para derrotar al Pacto Histórico no vale el juego sucio ni las prácticas clientelistas de siempre.

Alejandro Toro

La Cámara de Representantes debe ratificar la convención contra el mercenarismo

Escrito por Alejandro Toro en . Publicado en Opinión.

Esta semana debía discutirse en la Plenaria de la Cámara el Proyecto de Ley que ratifica la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios. No fue posible. Y mientras aplazamos una decisión que salva vidas y cierra huecos jurídicos, los hechos siguen ocurriendo: colombianos engañados para pelear guerras ajenas, familias recibiendo llamadas desde frentes que ni pueden ubicar en el mapa, y empresas que, a punta de vacíos normativos, hacen caja con el dolor de los nuestros. No podemos mirar a otro lado.

En los últimos años hemos visto episodios que ningún país digno puede tolerar. En 2021 ciudadanos colombianos terminaron involucrados en el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en Haití, tras ser contratados bajo la fachada de “escoltas”. En Sudán, cientos de connacionales fueron llevados con promesas de empleo legal y acabaron en medio de una guerra civil devastadora, que ha dejado más de cien mil civiles asesinados y más de doce millones de personas desplazadas. En México, se ha reportado la participación de connacionales en operaciones que fortalecen a carteles responsables del asesinato de militares. En Ucrania abundan testimonios de retenciones, incumplimientos y engaños: ofrecieron contratos y salarios que jamás llegaron, y los enviaron al frente con munición escasa y sin garantías mínimas. Hace apenas semanas, varios colombianos quedaron varados entre fronteras por negarse a seguir siendo carne de cañón. ¿Qué mensaje enviamos si el Congreso no actúa?

 

La Convención no demoniza a los veteranos ni a quien busca un trabajo legal en seguridad en el exterior. Precisa una conducta y a sus responsables: reclutar, utilizar, financiar o entrenar mercenarios, o participar como tal, es delito. Un “mercenario” no es cualquier contratista: se exige que la persona haya sido especialmente reclutada para combatir o ejecutar actos de violencia política, motivada esencialmente por el lucro, con pagos sustanciales por encima de los combatientes regulares, y sin pertenecer a fuerzas armadas estatales ni actuar como enviado oficial de un Estado. Esa definición distingue a las compañías de seguridad que operan legalmente de las redes que montan un negocio de exportar colombianos a la guerra. Han intentado sembrar la idea de que este instrumento “criminaliza” la seguridad privada. No es verdad. Lo que criminaliza es lucrarse con la guerra a partir del engaño, la intermediación opaca y la violencia.

Cada día sin ratificación favorece a esas redes. Hoy existen empresas que, con el discurso de la oportunidad laboral, captan personal para terceros países y los empujan a escenarios bélicos. La Convención nos da herramientas para cerrarles el paso: habilita la adecuación del Código Penal para tipificar el mercenarismo y sus eslabones (reclutamiento, utilización, financiación, entrenamiento), fortalece la jurisdicción para investigar cuando hay conexión con nuestro territorio o nuestros nacionales y activa la cooperación con Estados Parte —sí, con Ucrania también— para intercambio de pruebas, asistencia judicial y, si corresponde, extradición o enjuiciamiento. Además, permite medidas administrativas que estrangulan el negocio antes del despegue: controles a licencias, trazabilidad financiera, vigilancia a publicidad engañosa y a flujos de armas y equipos que terminan en manos equivocadas.

Algunos preguntan: “¿y no basta con las normas actuales?”. No. Sin un tipo penal específico y un estándar internacional compartido, los casos se pierden entre fronteras, se diluyen en figuras que no describen la conducta real o naufragan por falta de cooperación. Por eso tantos países han ratificado ya este instrumento: porque entendieron que el mercenarismo es transnacional por diseño. Quedarnos al margen no solo nos aísla, también nos vuelve una jurisdicción cómoda para quienes operan desde la sombra.

Ratificar es el primer paso. El segundo —que asumo y defiendo desde ya— es ajustar nuestras normas internas con inteligencia y humanidad. En lo penal, incorporar el delito de mercenarismo y los eslabones de la cadena con penas proporcionales, reglas claras de jurisdicción y herramientas de investigación financiera para seguir el dinero. En lo humano, diferenciar a los perpetradores de quienes fueron captados mediante engaño. Muchos de los que regresan son, en estricto sentido, víctimas de una trata de personas con fines de explotación bélica: se les prometió una cosa, se les entregó otra, se les retuvo documentación y se les amenazó para obligarlos a permanecer. Con ellos corresponde una ruta de atención, protección y reintegración. Con los reclutadores, financistas y entrenadores, todo el peso de la ley.

El Congreso tiene aquí un papel insustituible. Primero, votar la ratificación sin más dilaciones. Segundo, tramitar con celeridad y rigor la reforma al Código Penal y las normas complementarias en coordinación con el Gobierno Nacional. Tercero, ejercer control político para que Cancillería, Mindefensa, Fiscalía y las autoridades migratorias desplieguen protocolos de prevención, cierren empresas fachada, desmonten la publicidad engañosa y coordinen con los países parte la persecución de estas redes. Eso es lo que esperan las familias que hoy tocan nuestras puertas, eso es lo que merecen los veteranos a quienes se les prometió estabilidad y se les entregó una trinchera.

El Gobierno del Cambio ha puesto la defensa de la vida en el centro de su política de seguridad humana. Ratificar la Convención es coherencia con ese mandato y compromiso con nuestras Fuerzas, con las víctimas y con Colombia. No es un gesto simbólico: es una decisión que salva vidas, cierra rutas del delito y repara el nombre del país. Hagamos lo correcto: ratifiquemos ya y avancemos de inmediato en las reformas internas.

Alejandro Toro

No al Área Metropolitana del Oriente

Escrito por Alejandro Toro en . Publicado en Opinión.

Este domingo 9 de noviembre, el Oriente antioqueño vota si entrega a un Área Metropolitana del Oriente (AMO) la llave de su futuro. No es una discusión técnica ni inocente: detrás está el empeño del gobernador Andrés Julián Rendón, quien promueve esta figura desde que fue alcalde de Rionegro para reforzar allí su fortín político y económico. Hoy, ya como Gobernador, recorre municipios con el “sí” como consigna. Y no está solo: cuenta con reglas hechas a su medida, como el umbral del 5% para aprobar áreas metropolitanas, aprobado en el Congreso y publicitado por su partido. Por eso, invito a votar NO: la integración no puede significar subordinación ni captura del territorio.

Siete argumentos para votar por el NO:

 

1) Es el viejo proyecto de Rionegro con ropaje nuevo. Desde la Alcaldía de Rionegro (2016–2019), Rendón impulsó la idea de un área metropolitana que tuviera a Rionegro como municipio núcleo; hoy, como Gobernador, reeditó esa agenda y la copatrocina en eventos y giras por el Valle de San Nicolás. No es integración regional; es centralización alrededor de un municipio y de un liderazgo político.

2) Se baja el listón para “aprobar como sea”. La consulta se decide con apenas 5% del censo en cada municipio. Ese umbral mínimo —que antes fue más exigente— es el que hoy beneficia a los promotores y fue bandera de congresistas del Centro Democrático, entre ellos Esteban Quintero, quien impulsó el Proyecto de Ley 075 de 2018 para facilitar la conformación de áreas. Que nadie se engañe: bajar el umbral fue una movida para que el AMO pasara a toda costa.

3) Autonomía municipal en riesgo real. La Ley 1625 de 2013 es clarísima: los acuerdos metropolitanos tienen jerarquía superior a los actos municipales en los asuntos del área. ¿Traducción? En ordenamiento, “hechos metropolitanos” y proyectos estratégicos, una Junta por encima de alcaldes y concejos marcará la pauta. Es un cambio de poder —no una simple coordinación— que debilita la democracia local.

4) La chequera municipal financia otra burocracia. El régimen metropolitano obliga a definir aportes permanentes de los municipios y habilita instrumentos como valorización o plusvalía para obras “de impacto metropolitano”. Con presupuestos apretados, cada peso que migre al AMO es un peso menos para agua rural, vías veredales, escuelas o salud en los barrios. Más entidad, más gasto administrativo; menos músculo para lo urgente en cada municipio.

5) Beneficia a los grupos económicos del centro, no a la ruralidad. El diseño concentra decisiones en el eje urbano del Valle de San Nicolás —con Rionegro como ganador natural— mientras los municipios más periféricos quedan subordinados a prioridades ajenas. La discusión pública ya ha advertido esas asimetrías. Y ojo: el Oriente no es solo cabeceras; en varios municipios la población y el suelo rural pesan muchísimo, con necesidades de conectividad, acueductos veredales y vías terciarias que no se resuelven con planes vitrinas.

6) Incertidumbre y disputa por lo ambiental. La Gobernación y CORNARE repiten que la autoridad ambiental seguirá en CORNARE; sin embargo, la propia Ley 1625 permite que las áreas asuman competencias ambientales urbanas bajo ciertos escenarios, como ya ocurre en el Valle de Aburrá. Abrir esa puerta sin reglas sólidas es jugar con páramos, cuencas y acuíferos en una subregión hídrica clave. La prudencia ambiental no se negocia.

7) Riesgo de captura y endeudamiento sin contrapesos. Un área metropolitana puede contratar y endeudarse para macroproyectos, mientras sus actos se imponen en materias propias. En Antioquia ya hemos visto cómo decisiones de élites pueden desviar prioridades públicas; crear otra gran ventanilla, con una Junta propensa a mayorías políticas y al lobby empresarial, es invitar a la captura del desarrollo. La justicia territorial exige controles más fuertes, no menos.

Hay que impulsar la asociatividad territorial pero debe ser con enfoque de equidad, participación y agua como eje de ordenamiento. Hay herramientas menos invasivas y reversibles para cooperar: convenios interadministrativos, provincias de planificación y esquemas asociativos que respetan la autonomía y permiten coordinar transporte, residuos o seguridad hídrica sin entregar la brújula del territorio a una Junta supra-municipal. La propia Ley 1625 reconoce que el instrumento debe servir al desarrollo armónico, no a reemplazar a los municipios.

No es cierto que el AMO mejorará la vida cotidiana de quienes madrugan por trochas para llegar al casco urbano, de las familias que esperan acueducto veredal o de los campesinos que piden vías terciarias transitables. Ese no es el foco del proyecto. El foco es poder y obra grande al servicio de los mismos de siempre, con Rionegro como eje y los grupos económicos del centro como ganadores. Al Oriente rural y disperso lo dejan, otra vez, para después.

Este 9 de noviembre, defendamos la autonomía municipal y el sentido común del Oriente. La integración no necesita sacrificar la democracia local ni hipotecar los presupuestos a un ente diseñado para la recentralización. Votemos NO al AMO.

Alejandro Toro

El gobernador de Antioquia fue derrotado por la resistencia de los jóvenes del poli y la IU digital de Antioquia

Escrito por Alejandro Toro en . Publicado en Opinión.

La Gobernación de Antioquia anunció que no seguirá adelante con su propuesta de eliminar las estampillas del Politécnico Jaime Isaza Cadavid y de la IU Digital de Antioquia. Es una victoria del movimiento estudiantil, de los jóvenes que marcharon, se organizaron y defendieron con convicción el derecho a una educación pública sólida y sostenible. Es también una derrota para un modelo de gobierno que ha pretendido disfrazar el desmonte de lo público con discursos tecnocráticos de “austeridad” y “eficiencia”.

Durante semanas, el Proyecto de Ordenanza que buscaba acabar con las estampillas fue un símbolo del desprecio del Gobernador hacia las instituciones departamentales de educación superior. La propuesta no solo ponía en riesgo la estabilidad financiera del Poli y de la IU Digital, sino que respondía a un revanchismo político evidente contra los estudiantes que se han atrevido a cuestionar las políticas privatizadoras y excluyentes del actual gobierno departamental.

 

Conviene recordar que las estampillas no son un capricho, sino instrumentos legales creados por el Congreso de la República para garantizar recursos con destinación específica a instituciones públicas. La del Poli fue autorizada por la Ley 1320 de 2009 y la de la IU Digital por la Ley 2226 de 2022. Ambas fueron impulsadas, irónicamente, por congresistas del propio uribismo —Óscar Darío Pérez, Paola Holguín, Jhon Jairo Berrío y Juan Fernando Espinal—, lo que convierte este episodio en otro ejemplo del “fuego amigo” que caracteriza al Gobernador Andrés Julián Rendón, incapaz de respetar siquiera las banderas de su propio partido cuando se trata de atacar lo público.

La excusa de siempre —que la responsabilidad es del Gobierno Nacional— tampoco aplica. El Poli y la IU Digital son instituciones del orden departamental, por lo tanto su sostenibilidad depende directamente de la Gobernación. Mientras el Gobierno Nacional ha incrementado el presupuesto educativo a 72 billones de pesos y promueve en el Congreso una reforma estructural al financiamiento de las universidades públicas, la administración departamental se había propuesto eliminar una de las pocas fuentes estables de ingreso para la educación superior en Antioquia.

El argumento que pretendía justificar la eliminación de las estampillas —que así se garantizaba la sostenibilidad— no resistía el más mínimo análisis. Es un insulto a la inteligencia decir que una universidad puede fortalecerse quitándole recursos. La Gobernación prometía reemplazar ese dinero con una “política pública integral de educación superior”, pero sin ningún documento, proyección presupuestal ni fuente real de financiación. Era, en el mejor de los casos, un salto al vacío; en el peor, una trampa para someter a las universidades a la voluntad del Ejecutivo departamental.

Porque ese era el verdadero propósito: atar la autonomía universitaria al vaivén político del presupuesto, debilitando a las instituciones hasta volverlas insostenibles y abrirles la puerta a la privatización. No se trataba de mejorar la eficiencia, sino de concentrar el poder sobre el futuro de la educación superior en manos del Gobernador.

Por eso la movilización de los estudiantes del Poli y la IU Digital no fue una simple protesta, sino un acto de defensa del derecho a soñar, estudiar y construir un futuro digno desde la educación pública. Ellos entendieron que detrás de un tecnicismo fiscal se escondía un golpe al corazón del conocimiento y de la movilidad social en Antioquia.

Hoy, gracias a su persistencia, la propuesta fue retirada. Pero la batalla no termina aquí. El Gobernador deberá entender que no se gobierna contra la juventud, que Antioquia no se levanta debilitando sus universidades, y que ningún discurso de austeridad puede justificar el desmonte de lo público.
Esta vez ganaron los estudiantes, ganó la educación pública, y ganó la dignidad de Antioquia. Que quede claro: con el Poli y la IU Digital no se juega.

Alejandro Toro

El gobernador de Antioquia quiere poner un contralor de bolsillo

Escrito por Alejandro Toro en . Publicado en Opinión.

Las recientes denuncias contra el proceso de elección del contralor departamental de Antioquia no pueden pasar inadvertidas. Lo que está en juego no es un nombramiento menor, sino la cabeza del órgano encargado de vigilar, controlar y sancionar la gestión fiscal de la Gobernación de Antioquia y de los más de 100 municipios que integran el departamento. Un contralor de bolsillo significa, en la práctica, la puerta abierta a la impunidad administrativa.

La Contraloría Departamental tiene la misión de auditar el uso de los recursos públicos, de advertir sobre posibles irregularidades en contratos, de sancionar a quienes malversen fondos y de actuar como garante del interés colectivo. Se trata, en suma, del principal mecanismo de control que la ciudadanía tiene frente a las decisiones del gobernador y de la Asamblea. Por ello resulta alarmante que el proceso esté hoy bajo sospecha por favoritismos, reuniones indebidas y posibles delitos que van desde el tráfico de influencias hasta el fraude procesal.

 

Las irregularidades en este proceso arrancaron con la elección de la Universidad de Cartagena por parte de la Asamblea de Antioquia para llevar a cabo el proceso de selección del Contralor Departamental. ¿Por qué ir hasta la Costa cuando Antioquia tiene reconocidas y prestigiosas instituciones de educación superior? De acuerdo a la Asamblea, el principal criterio para elegir a la institución fue haber presentado una propuesta económica por debajo del presupuesto designado para el proceso, mientras que la UdeA se excedió por un 56,5% y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid aparentemente presentó una propuesta económica indeterminada.

En un primer momento los argumentos presentados por la Asamblea guardan una lógica impecable, si se va a elegir un operador para el concurso de la entidad encargada de la vigilancia fiscal debe ser prioritaria la eficiencia en el gasto público. El problema es que la Asamblea nunca incluyó dentro de la convocatoria enviada a algunas de las universidades el presupuesto destinado para el contrato, en contravía de los principios de transparencia, libre concurrencia y economía.

¿Cómo es que la Universidad de Cartagena fue la única que de manera clarividente supo estructurar su oferta con unos costos ajustados al presupuesto secreto? Dentro de la denuncia radicada por la Red de Veedurías de Colombia se informa de reuniones inapropiadas sostenidas entre el Gobernador Rendón, miembros de la Asamblea y Directivos de la Universidad de Cartagena. ¿Habrá sido en estas reuniones que les indicaron a la Universidad cuál era el valor que debía tener su propuesta?

Pasemos ahora a las candidaturas. Las denuncias ciudadanas afirman que las dos fichas por las que se está moviendo el Gobernador son Juan Carlos Herrera Toro y Laura Emilse Marulanda Tobón.

Juan Carlos Herrera no es extraño en concursos para cargos públicos. En el 2023 estuvo entre los finalistas para Registrador Nacional y en el 2024 entró en el listado final de 27 candidatos que la Corte Suprema de Justicia avaló para ocupar el cargo de Procurador. La relación con Rendón es bastante directa: desde enero hasta noviembre del 2024 estuvo nombrado por el Gobernador como Secretario General del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, la entidad cuya filial Valor+ capta los recursos de la fallida tasa de seguridad del Gobernador. Con Herrera, Rendón se asegura un Contralor que ya trabajó para su Gobernación y que conoce el manejo de los recursos en el departamento.

Laura Marulanda fue Auditora General de la Nación en el Gobierno Santos; para el Gobierno Duque estuvo en la lista para ser Contralora General de la Nación pero su candidatura se vio mancillada por su presunta participación en un carrusel de cirugías plásticas en Medellín, donde se usaron recursos públicos para el pago de quirófanos, anestesiólogos y medicamentos en cirugías estéticas. Si bien no ha sido empleada directa de Rendón, sí lo ha sido de quienes han gobernado en cuerpo ajeno por él a Rionegro. En el 2019 fue candidata a la Alcaldía de Rionegro pero su derrota no fue en vano, puesto que el sucesor de Andrés Julián en la alcaldía, Rodrigo Hernández, la nombró como Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario. El actual alcalde y también ficha de Rendón, Jorge Rivas, le dio su trabajo actual de Secretaria de Hacienda de Rionegro. Una Contralor de la casa.

La estrategia no es nueva. En Antioquia estamos viendo una copia al carbón de lo que el uribismo ya hizo en el plano nacional durante el gobierno de Iván Duque, cuando los tres principales entes de control —Contraloría, Procuraduría y Fiscalía— terminaron en manos de personas cercanas y leales al Presidente. El resultado fue un sistema de contrapesos debilitado, órganos de control arrodillados y un Ejecutivo blindado ante cualquier señalamiento.

Rendón pretende replicar la fórmula: asegurarse un contralor que no lo investigue, que le cubra la espalda en sus proyectos fallidos —como el referendo de descentralización hundido en el Congreso o la ridícula “vaca” para las vías 4G— y que actúe más como socio político que como guardián del erario. Un contralor de bolsillo no controla: obedece.

La historia reciente nos enseña que cuando los órganos de control se subordinan al poder político, lo que sigue es el debilitamiento de la democracia y el crecimiento de la corrupción. Antioquia merece un contralor que le hable de frente al gobernador, no que le rinda pleitesía. Esa es la verdadera defensa del interés público.

Alejandro Toro