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Etiqueta: Alejandro Toro

Brasil podría ser nuestro principal socio comercial

Las relaciones entre Colombia y Brasil han sido tradicionalmente cordiales, pero insuficientemente aprovechadas. Como las dos economías más grandes de América del Sur después de Argentina, existe un enorme potencial para una mayor cooperación en comercio, infraestructura y políticas ambientales. Brasil, como miembro prominente de los BRICS, juega un papel clave en el equilibrio geopolítico global y podría convertirse en un socio estratégico fundamental para Colombia en un mundo multipolar.

Uno de los ejes de mayor interés es el comercial. Brasil ha sido históricamente el primer socio comercial de Colombia en América del Sur, pero los niveles de intercambio siguen siendo menores de lo esperado. En 2024, la balanza comercial entre ambos países registró un déficit para Colombia, con importaciones desde Brasil por un valor de $3,359 mil millones, mientras que las exportaciones colombianas sumaron $1,927 mil millones.

 

Fortalecer los lazos comerciales mediante una política de reducción de barreras arancelarias y logísticas podría generar mayores oportunidades para sectores como la agroindustria, la energía y la tecnología, aprovechando mecanismos ya existentes como el Acuerdo de Complementación Económica de Mercosur con el cual el 97% del universo arancelario está libre de arancel.

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A nivel de infraestructura, el desarrollo de corredores viales y fluviales que mejoren la conexión entre ambos países es una tarea pendiente. Iniciativas como la navegabilidad del río Putumayo podrían impulsar el comercio binacional y fomentar el desarrollo de zonas históricamente relegadas.

Otro punto clave en la relación es la cooperación ambiental. Como naciones con extensas zonas de la Amazonía, Brasil y Colombia tienen el deber de liderar iniciativas de conservación, lucha contra la deforestación y desarrollo sostenible. Un acuerdo más ambicioso en esta materia podría posicionar a ambas naciones como referentes en la protección ambiental a nivel global.

La cooperación en seguridad y lucha contra el crimen transnacional también es un tema prioritario en la relación bilateral. La extensa frontera compartida entre ambos países presenta desafíos en el combate al narcotráfico, el contrabando y otras economías ilegales. El fortalecimiento de estrategias conjuntas en inteligencia, control fronterizo y operaciones coordinadas podría mejorar la estabilidad en la región amazónica, beneficiando tanto a Brasil como a Colombia.

Además, la generación de estrategias conjuntas para potenciar la bioeconomía podría fortalecer sectores como la biotecnología, la farmacéutica basada en biodiversidad y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, fomentando la innovación y el desarrollo en ambos países. No se puede desaprovechar el que Colombia y Brasil hayan sido el año pasado las sedes de las dos cumbres más importantes sobre biodiversidad – la COP16 en Colombia – y cambio climático – COP30 en Brasil – gracias a un esfuerzo conjunto de los países para lograr la realización de tan importantes escenarios en la región.

Uno de los mecanismos más eficaces para consolidar esta alianza podría ser una posible adhesión de Colombia a los BRICS, lo que facilitaría una mayor cooperación en comercio, infraestructura y desarrollo sostenible bajo un marco institucional fortalecido.

El desafío principal para profundizar la relación es la falta de estrategias claras y de voluntad política para convertir a Brasil en un socio prioritario de Colombia. En un mundo donde la diplomacia económica es clave, Colombia debe mirar más allá de sus socios tradicionales y fortalecer su relación con Brasil no solo como vecino, sino como aliado estratégico en la integración regional.

Alejandro Toro

Consulta popular: ¿vamos a proteger a los trabajadores colombianos o a seguir explotándolos?

El anuncio de una consulta popular por parte del Gobierno Nacional ha abierto un debate trascendental para el futuro laboral de los colombianos. Esta iniciativa no solo busca recoger la voz del pueblo, sino también garantizar que los derechos fundamentales de los trabajadores sean respetados y protegidos. Quienes apoyamos esta consulta lo hacemos con la convicción de que es el camino para consolidar una sociedad más justa y equitativa.

Uno de los temas centrales de la consulta es la estabilidad laboral. En nuestro país, es común que los trabajadores sean contratados bajo figuras que no les garantizan seguridad ni continuidad en sus empleos. La reforma laboral propuesta pretende corregir esta práctica, asegurando contratos estables que brinden tranquilidad a las familias colombianas. No se trata solo de un beneficio individual, sino de un paso hacia la reducción de la informalidad y el fortalecimiento de la economía.

 

El reconocimiento del trabajo nocturno y dominical es otro punto clave. ¿Es justo que una persona que sacrifica sus noches y sus domingos para trabajar no reciba un pago adecuado por ello? Actualmente, el recargo nocturno solo aplica a partir de las 9:00 p.m., afectando a miles de empleados que trabajan desde mucho antes en condiciones desventajosas. La reforma busca cambiar esta realidad y garantizar un pago justo para todos.

Asimismo, es inaceptable que muchas empresas abusen de la figura de prestación de servicios para evadir responsabilidades laborales. Esta práctica priva a los trabajadores de estabilidad, prestaciones y derechos básicos como el pago de seguridad social por parte del empleador. La consulta popular permitirá que los ciudadanos decidan si quieren poner fin a estos abusos y exigir un marco laboral más equitativo.

Otro aspecto fundamental es el derecho a la seguridad social completa. Hoy en día, muchos trabajadores deben cubrir estos costos de su propio bolsillo, lo que disminuye su capacidad adquisitiva y los deja en una situación de vulnerabilidad. Con la reforma, los empleadores asumirían su responsabilidad en el pago de la seguridad social, garantizando una mayor protección para los trabajadores.

Además, es imperativo que se respeten derechos como las vacaciones pagadas y la imposibilidad de despidos sin justificación. Nadie debería perder su empleo de manera arbitraria ni ser privado de un merecido descanso después de meses de trabajo. La consulta popular nos permitirá decidir si queremos vivir en un país donde estos derechos sean inquebrantables.

El salario digno también está en juego. No es un secreto que millones de colombianos perciben ingresos que no les permiten cubrir sus necesidades básicas. Garantizar un salario justo no solo beneficia a los trabajadores, sino que fortalece el consumo interno y dinamiza la economía. Es una cuestión de justicia y desarrollo sostenible.

Asimismo, es crucial asegurar que madres y padres trabajadores tengan estabilidad y beneficios que les permitan cuidar de sus hijos sin poner en riesgo su sustento. La consulta nos dará la oportunidad de decidir si queremos que las familias colombianas puedan conciliar su vida laboral y personal sin temor a represalias.

Finalmente, debemos reflexionar sobre la importancia de un sistema de pensiones digno. No es aceptable que una persona que ha trabajado por 10 o 15 años en la misma empresa no tenga asegurado su derecho a una pensión debido a contratos temporales que evaden las cotizaciones a la seguridad social. La consulta será el escenario en el que podremos decidir si exigimos un retiro digno para todos.

En definitiva, esta consulta popular representa una oportunidad histórica para que los colombianos decidamos el tipo de país en el que queremos vivir. No se trata de ideologías ni de intereses políticos, sino de derechos fundamentales. La pregunta es clara: ¿queremos un sistema laboral que proteja a los trabajadores o seguimos permitiendo abusos e inequidades? La respuesta está en nuestras manos.

Alejandro Toro

Consulta popular: el grito del pueblo ante el bloqueo legislativo

Con la Comisión Séptima del Senado de la República, toda Colombia está sujeta a la tiranía de unos pocos. Ocho senadores han considerado que están por encima de la voluntad popular y le han cerrado la puerta al país de poder dar las discusiones que este ha reclamado. Ocho senadores que han actuado en línea con los grandes poderes económicos para bloquear en vez de construir, para negar el rol fundamental que tiene el Congreso como espacio de deliberación mediante la radicación de una propuesta de archivo que busca acabar de tajo con la esperanza de las trabajadoras y trabajadores de Colombia de unas condiciones laborales justas.

En este complejo escenario es que aparece la consulta popular como el mecanismo constitucional y legal con el cual se pronunciará el mandato popular frente a qué es lo que desea para el pueblo, o sea, para sí mismo. Si ocho personas creen estar por encima de los 14 millones que en las urnas exigieron a sus gobernantes un cambio,

 

está en la obligación el poder popular de volver a dejar claras sus exigencias, de manifestar que el voto de ocho no está por encima del voto de millones.

Se les olvida a los Senadores que con la Constitución Política de 1991 pasamos de una democracia representativa a una democracia participativa, tal como lo ha dejado claro en múltiples pronunciamientos la Corte Constitucional. En una democracia participativa el rol de la ciudadanía no se reduce a depositar un voto para elegir a un candidato, ni se vuelven los candidatos electos los dueños absolutos del ejercicio democrático, sino que se espera que los ciudadanos tengan una injerencia directa en su destino.

Esta es la consulta popular, uno de los mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía previsto por nuestra Carta Magna en su artículo 103 y reglamentada mediante la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015. El marco normativo establece que la consulta popular sobre asuntos de carácter nacional podrá ser convocada por el Presidente de la República, en la cual se deben hacer preguntas redactadas de forma clara cuya respuesta pueda ser “SÍ” o “NO”.

O sea, el Presidente le preguntará a las colombianas y los colombianos si quieren o no que la noche empiece a las siete y no a las nueve en lo referente al pago de horas extras, si quieren o no que quienes sean padres tengan derecho a una licencia que les permita poder pasar un poco más de tiempo con sus hijos, si quieren o no que los jóvenes del SENA que están trabajando en una empresa se les pueda pagar mejor.

Para que la consulta sea una realidad se necesita que participen más de 13 millones de personas y que la mitad más uno de los participantes respondan afirmativamente las preguntas realizadas. Si esto se da, la Ley determina que la decisión tomada por el pueblo mediante la consulta es obligatoria y el órgano correspondiente deberá adoptar las medidas necesarias para hacerla efectiva. Si esto requiere una Ley, el Congreso deberá tramitarla en el mismo período de sesiones de la consulta o el siguiente.

Con la consulta se previene que por la postura antidemocrática de ocho se le niegue al resto de congresistas la posibilidad del debate. Se le recuerda además al Congreso que la democracia no se agota el día que los eligen, que el pueblo tiene mecanismos varios para presionarnos a cumplir con nuestra principal obligación, que es la de debatir. Y, se valida que la agenda de discusión no es manejada por los congresistas o por el Gobierno, sino que es el mismo pueblo el que decide qué es lo que quiere que sus gobernantes definan.

Alejandro Toro

Así reaccionaron los sectores políticos al llamado a una Consulta Popular

El anuncio del presidente de la república, Gustavo Petro, de convocar a una consulta popular para que los colombianos del común decidan la suerte de las reforma a la salud y la laboral, desde ya levantó la polémica entre los diferentes sectores políticos del país.

El primero en pronunciarse fue el representante a la cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro, quien apoyo la idea del primer mandatario:

 

“La consulta popular es un instrumento legítimo. El pueblo será el que se pronuncie ante lo que una comisión le negó un trabajo digno a los colombianos al tumbar una reforma laboral”, afirmó.

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Para el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, con la consulta popular se acaba el gobierno del presidente Gustavo Petro. Según el, en adelante el primer mandatario se dedicará a hacer política.

«Con la consulta popular se acaba el gobierno. Petro renuncia a ser Presidente y se dedica a la politiquería. Vamos a defender la democracia y vamos a enfrentar un gobierno dañino para el país», dijo el senador.

El senador liberal, Alejandro Carlos Chacón pidió no tener miedo al debate e invitó a los diferentes sectores políticos a dar el debate si la consulta es aprobada, «que sea el pueblo el que decida», escribió en su cuenta de la red social X.

Por su parte la representante a la cámara del Partido Alianza Verde, Catherine Juvinao, invitó al presidente de la república a abrir un diálogo nacional.

«Presidente, Ud. tiene herramientas para abrir un diálogo nacional e incluyente en el Congreso sobre la reforma laboral. Hágalo. Llamar a la violencia no puede ser el camino ni un mensaje que provenga de usted. El objetivo no puede ser incendiar sino lograr de verdad las cosas», escribió la congresista.

«Debemos evitar que las armas autónomas letales lleguen a manos de los ilegales»: Alejandro Toro

El representante a la cámara, Alejandro Toro, expresa su preocupación por que los grupos armados ilegales en un futuro podrían utilizar armas letales con inteligencia artificial, y las Fuerzas Militares y de Policía no estén preparadas para este tipo de combates.

Usted está pensando en la redacción y la presentación de un proyecto de ley que prepare al Estado para los momentos en que haya ataques sobre grupos armados ilegales con armas letales que utilicen inteligencia artificial, cuéntenos sobre eso.

 

Alejandro Toro: El proyecto es mucho más amplio. Es una discusión que se está dando a nivel mundial. sobre armas autónomas letales.

¿Cuáles son esas armas?

Alejandro Toro: Las que pueden tomar la decisión inclusive hasta de matar un objetivo sin intervención humana. Eso nos parece muy preocupante porque debería regularse. Hemos visto ya la utilización de drones por integrantes de los grupos armados ilegales, cosa que es preocupante y que debe llamarnos a una reflexión. Nosotros ya hemos presentado el proyecto de ley, que estamos en mora de presentar la ponencia, pero antes de hacer la ponencia haremos una gran mesa técnica donde esperamos invitar al Ministerio de Defensa, donde esperamos invitar a expertos, a la academia, a medios de comunicación para discutir sobre las armas autónomas letales.

Pero eso quiere decir que el Estado, las fuerzas militares y la Policía no están preparadas para este tipo de hechos que serían de suma gravedad

Alejandro Toro: La realidad es que el mundo no está preparado.

¿Cómo es que sí se sabe que puede ocurrir no se tiene lista la respuesta?

Alejandro Toro: La discusión en el mundo que apenas se está dando, porque una cosa es que utilicen un dron donde haya una persona manejando el dron y decidiendo dónde cae el explosivo, la otra es decirle al dron, busque objetivos y cuando cumpla esos requerimientos, usted mismo dispare. Esa es la diferencia entre las armas autónomas letales, que requieren de una menor intervención de los humanos. Entonces, hoy no estamos preparados, el mundo no está preparado porque nos lleva inclusive a hablar de Terminator, donde las armas toman decisiones por las personas.

Representante, si no hemos sido capaces de controlar la llegada de armas convencionales a manos de los ilegales, sí seremos capaces de evitar que armas con inteligencia artificial sean utilizadas por el ELN, las disidencias o el Clan del Golfo.

Alejandro Toro: Tenemos que lograrlo. Nosotros tenemos que seguir trabajando en este camino y en este caso ya inclusive la preocupación no es solo quién tiene el arma, en el caso de las armas autónomas letales, es quién maneja el algoritmo porque quien maneja el algoritmo es quien tiene la ventaja en la elaboración de estas armas.

Representante esto es bastante delicado, ¿Cómo así que la inteligencia militar y de Policía en Colombia no está preparada para ese escenario? Entonces, ¿No se contempló esta inversión dentro del presupuesto militar y de Policía?

Alejandro Toro: Estamos hablando de una línea que ni siquiera, como digo yo, el mundo está preparado.

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El apocalipsis laboral que traerá la IA

La inteligencia artificial (IA) avanza sin freno, devorando empleos y dejando un rastro de incertidumbre, precariedad y desesperanza. Lo que alguna vez se vendió como una revolución tecnológica prometedora hoy se perfila como una amenaza existencial para millones de trabajadores en el mundo y Colombia no es la excepción. Esto no es ciencia ficción ni alarmismo, es la cruda realidad de un sistema que reemplaza personas por algoritmos sin piedad ni contemplación.

Nos repiten como un mantra que la IA generará nuevos empleos. Pero, ¿en qué condiciones? ¿Quién puede competir con una máquina que nunca se cansa, no exige prestaciones y trabaja 24/7 sin cobrar un peso extra? La verdad es que los nuevos trabajos serán escasos y altamente especializados, dejando a millones fuera del mercado laboral, pues no todos pueden convertirse en programadores o expertos en inteligencia artificial de la noche a la mañana. ¿Qué pasará con los conductores, educadores, oficinistas y miles de trabajadores que sostienen la economía? La respuesta es brutal, el desempleo masivo, precarización y una brecha social insalvable.

 

En Colombia, donde el 56% de la población ocupada es informal, el panorama es aún más sombrío, si en países desarrollados ya hay alarma por la automatización, ¿qué nos espera a nosotros, donde las oportunidades laborales ya son insuficientes? La IA no solo amenaza a la clase media; también profundiza la desigualdad, creando una brecha insalvable entre quienes dominan la tecnología y quienes apenas logran sobrevivir. Mientras Silicon Valley se enriquece, nuestras calles se llenan de hambre y desesperanza.

Los gobiernos reaccionan tarde y mal, pues se habla de «renta básica universal» y «nuevas capacitaciones», pero esas soluciones son parches que nunca llegan con la rapidez necesaria. Mientras tanto, las empresas siguen despidiendo empleados sin que nadie les ponga freno. ¿Quién se hará cargo de los millones de desempleados que la IA deja a su paso? ¿Cuánto tardaremos en reconocer que la tecnología no es neutral, que está diseñada para maximizar ganancias a costa del bienestar humano?

El avance de la inteligencia artificial es imparable y las grandes corporaciones la implementan sin medir sus consecuencias humanas. En Colombia, empresas y bancos ya han sustituido trabajadores con sistemas automatizados y esto apenas comienza, si no se toman medidas urgentes, en pocos años enfrentaremos un país con menos empleo, más pobreza y una desigualdad más marcada.

Es hora de hablar con claridad,  la IA no es el enemigo pero el modelo económico que la impulsa sí lo es. No podemos aceptar un futuro donde la mayoría quede relegada a la miseria mientras unos pocos acaparan la riqueza generada por la automatización. La solución no es frenar el progreso, sino redistribuir sus beneficios, sin regulaciones, sin una política laboral adaptada a la era digital y sin un verdadero compromiso con la equidad, lo que nos espera no es una revolución tecnológica, sino un apocalipsis silencioso.

Alejandro Toro

La seguridad alimentaria: un pilar de la seguridad nacional y la cooperación con los BRICS

En un mundo interconectado, la seguridad alimentaria se ha convertido en un componente esencial de la seguridad nacional. Países como Estados Unidos, China e Israel han integrado esta perspectiva en sus estrategias nacionales, subrayando su importancia en tiempos de crisis globales. En Colombia, es crucial abordar la seguridad alimentaria como un asunto de seguridad nacional y evitar los errores del pasado, como el TLC con Estados Unidos, que puso en riesgo al agro colombiano.

En China, la seguridad alimentaria es un componente crítico de la seguridad nacional. En 2023, el país promulgó la “Ley de la República Popular China sobre la Garantía de la Seguridad Alimentaria” para lograr la “seguridad absoluta” en granos básicos y la autosuficiencia en otros cultivos. En Estados Unidos, se reconoce que “la seguridad alimentaria es seguridad nacional”, con legislación reciente para proteger las tierras agrícolas de la propiedad extranjera. Israel también ha integrado la seguridad alimentaria en su estrategia nacional, destacando su importancia en un sistema alimentario resiliente.

 

La cooperación con los BRICS ofrece una oportunidad para fortalecer nuestra seguridad alimentaria sin comprometer la integridad de nuestro sector agropecuario. A través de la asesoría en industrialización, acceso a créditos para nuestros campesinos y la apertura a nuevos mercados, podemos integrarnos en un marco de cooperación que proteja y potencie nuestra producción agropecuaria.

Es fundamental que cualquier acuerdo incluya medidas claras para proteger a nuestros agricultores, asegurando que la integración en los mercados internacionales no comprometa la soberanía alimentaria del país. No se puede olvidar que el Acto Legislativo 03 de 2023 reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional, por lo que el Estado tiene la obligación de priorizar sus derechos teniendo en cuenta su relacionamiento con la tierra para la producción de alimentos.

La seguridad alimentaria debe ser un eje central de nuestra política nacional, garantizando que, al integrarnos con los BRICS, lo hagamos de una manera que fortalezca nuestra resiliencia y nuestro desarrollo sostenible.

Además, la integración con los BRICS puede ofrecer beneficios significativos para el sector agrícola colombiano, incluyendo el acceso a mercados diversificados, tecnología avanzada y recursos financieros que impulsen la modernización y la sostenibilidad de nuestra agricultura.

En definitiva, la colaboración con los BRICS debe ser vista como una estrategia integral que, además de fortalecer nuestra seguridad alimentaria, permita el desarrollo sostenible de nuestro sector agropecuario.

Alejandro Toro

El Conpes 4144: Un paso clave para el futuro de la Inteligencia Artificial en Colombia

La reciente expedición del CONPES 4144 de 2024 marca un hito en la transformación digital del país con la adopción de la Política Nacional de Inteligencia Artificial. Esta iniciativa busca posicionar a Colombia como un actor relevante en el desarrollo y aplicación de la IA, garantizando su uso ético y sostenible. Con una inversión estimada de 479.273 millones de pesos hasta 2030, la estrategia define líneas de acción concretas para fortalecer la infraestructura, la investigación y el desarrollo de talento en IA.

Un gran acierto del documento es que plantea a la política como transversal a todo el aparato gubernamental.Si bien hay carteras con más responsabilidades que otras, como el Ministerio de Ciencia o el de TIC, todos los sectores administrativos tienen alguna actividad por desarrollar para el correcto cumplimiento de los objetivos de la política, lo que demuestra un reconocimiento de que la IA genera afectaciones en todos los ámbitos de la vida económica, social y política.

 

Nota recomendada: ¡Elon Musk ahora decisivo en elecciones en Alemania!

Uno de los principales enfoques del CONPES 4144 es la gobernanza y ética en IA. Se plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos regulatorios para garantizar que los sistemas de inteligencia artificial operen de manera responsable y alineados con principios éticos. Esto incluye el desarrollo de normas para la transparencia en el uso de datos y la verificación del cumplimiento de estándares internacionales.

En el ámbito de la infraestructura tecnológica y datos, la política busca mejorar la conectividad digital, garantizar la interoperabilidad de bases de datos y expandir la capacidad computacional del Estado. Estas medidas son fundamentales para facilitar la investigación y el desarrollo de aplicaciones de IA en distintos sectores económicos y sociales.

Otro aspecto clave es la promoción de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en IA. A través del incentivo a la inversión pública y privada, se pretende fortalecer la capacidad científica y tecnológica del país. Esto permitirá desarrollar soluciones innovadoras en áreas estratégicas como salud, educación, seguridad y medio ambiente.

Asimismo, el CONPES 4144 pone especial énfasis en el desarrollo de talento digital y la apropiación social de la IA. Se busca reducir las brechas de conocimiento en el uso de estas tecnologías mediante programas de educación y formación especializada. Esta estrategia permitirá que más colombianos accedan a empleos en la economía digital y aprovechen los beneficios de la automatización y la IA.

En cuanto a la mitigación de riesgos y efectos no deseados de la IA, la política establece medidas para prevenir impactos negativos en la privacidad, el empleo y la equidad social. Es fundamental que la adopción de estas tecnologías no genere desigualdades y que se garantice su implementación de manera justa y transparente.

Por último, el documento resalta la importancia de fomentar el uso y adopción de la IA en el sector público y privado. La modernización del aparato estatal y la transformación digital de las empresas serán clave para incrementar la competitividad del país en un mundo cada vez más impulsado por la automatización y la inteligencia artificial.

El CONPES 4144 representa una apuesta ambiciosa para el futuro de Colombia, con un enfoque de trabajo interinstitucional que requiere la coordinación efectiva entre entidades clave del sector público para su éxito. La inversión planificada y la implementación de estas líneas de acción pueden consolidar al país como un referente en el desarrollo y aplicación de IA en América Latina. Sin embargo, el éxito de esta política dependerá de su ejecución efectiva y de la articulación entre el sector público, la academia y la industria tecnológica. Ahora el reto es garantizar que esta hoja de ruta se traduzca en avances concretos que beneficien a toda la sociedad.

Alejandro Toro

¡Elon Musk ahora decisivo en elecciones en Alemania!

Después de la reciente influencia de Estados Unidos en procesos electorales, Elon Musk dirige ahora su atención hacia Alemania. Su respaldo al partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y a su líder, Alice Weidel, busca consolidar su papel como actor influyente en la política global.

La AfD, que podría duplicar su representación en el Bundestag en las elecciones de mañana, 23 de febrero de 2025, se perfila como una fuerza decisiva tanto en el parlamento como en la elección del favorito, Friedrich Merz. Al igual que Donald Trump, la AfD promueve una política de intervención estatal limitada y fronteras estrictas.

 

La influencia de Musk es tanto digital como económica. Como propietario de plataformas tecnológicas y con inversiones significativas en Europa, su apoyo tiene un peso considerable. No es la primera vez que busca incidir en procesos políticos: ha mostrado su simpatía por el presidente argentino Javier Milei y ha respaldado a figuras de la derecha en Italia, como la primera ministra Giorgia Meloni. En septiembre de 2024, Musk presentó a Meloni con el premio Global Citizen del Atlantic Council en Nueva York, destacando su estrecha relación. 

He propuesto en varias columnas el peligro que representan los “Estados Digitales”: entidades sin fronteras físicas, con miles de millones de habitantes, donde las decisiones de sus líderes impactan directamente en el futuro de naciones soberanas.

Fechas clave:
• 9 de enero de 2025: Musk participa virtualmente en un evento de campaña de la AfD junto a Alice Weidel.
• 23 de febrero de 2025: Elecciones federales en Alemania, donde la AfD podría aumentar su representación parlamentaria.

La convergencia de influencias digitales y económicas redefine las dinámicas políticas tradicionales, cuestionando la soberanía de los Estados-nación frente al poder de los gigantes tecnológicos.

Alejandro Toro

IA: ¿Esclava del capital o aliada de la humanidad? El debate que Petro llevó a Dubai

La Cumbre Mundial de Gobiernos es un foro global organizado desde 2013 por los Emiratos Árabes Unidos. Es un espacio que reúne a líderes gubernamentales, representantes del sector privado y actores de la sociedad civil para abordar los retos del futuro, para preguntarse cómo los gobiernos del mañana deben aprovechar la innovación y la tecnología para garantizar los problemas universales de la humanidad.

La 12° edición de la Cumbre desarrollada el presente año en Dubai contó con la participación de más de 30 jefes de Estado, 400 ministros, 80 organizaciones internacionales, 140 delegaciones gubernamentales y más de 6.000 participantes.

 

Quien quiera subestimar la relevancia de la Cumbre demuestra su desconocimiento en geopolítica. Que se haya invitado al Presidente de Colombia a participar en este importante espacio demuestra que en el contexto global sí se reconoce la capacidad de prospectiva del Presidente Petro, que sabe que su gobierno acaba en 2026 pero los desafíos a los que se enfrenta Colombia y el mundo seguirán vigentes en los años por venir, siendo el de la IA uno de los más urgentes.

Colombia no puede quedarse atrás en la carrera por la IA, ya China demostró con DeepSeek que es posible desarrollar el software sin la necesidad del hardware más potente tal como lo estaban haciendo creer las compañías estadounidenses. La discusión que puso Petro sobre la mesa en Emiratos Árabes es: ¿para qué la IA?

No se puede malinterpretar las palabras del Presidente con las de un ludita, su intervención no pide de forma alguna la destrucción de las máquinas que le dan vida a la IA. Lo que Petro pregunta de manera acertada es cuál es la lógica que va a determinar el desarrollo de la IA, si va a ser una de búsqueda de ganancia infinita bajo un modelo capitalista ciego ante el hecho de que los recursos para la producción son finitos, o bajo una lógica democrática donde se reconozca que la IA es un cúmulo del conocimiento colectivo humano y debe ser puesta por lo tanto en servicio del colectivo, de la supervivencia de la especie.

He aquí donde aparece la contradicción, característica propia del capitalismo en el contexto de la IA. Se ha vendido como un medio para aumentar la productividad de manera infinita con unos costos de producción inmensamente bajos porque se elimina el trabajo humano, el factor que más peso tiene a la hora de calcular el valor de desarrollar un bien o mercancía; pero, si no hay trabajos disponibles, ¿quién va a adquirir aquello que la IA produce?

En el momento en el que emerjan los conflictos sociales a causa de la desigualdad exacerbada que puede producir la IA, no van a ser los dueños del capital los que propongan una salida, no va a ser el pirómano que provocó el incendio el que se encargue de apagarlo. Tenemos que volver al campo de la política para encontrar el contrapeso al desarrollo de la IA guiada por los rendimientos económicos como fin en sí mismo.

Fue esta una de las principales conclusiones que dejó el discurso del Presidente y que se vio ratificada la misma semana con la adhesión de Colombia a la Declaración de Líderes de la Cumbre de Acción sobre la IA en París, la cual busca que en un marco de gobernanza global se asegure que la IA sea abierta, transparente, ética y segura; que sirva para dar oportunidades a partir de un impacto positivo en la transformación del mercado laboral; que su desarrollo sea sostenible para el planeta y sin concentraciones monopolísticas que pongan en riesgo la recuperación industrial pos pandemia.

La pregunta no es si debemos adoptar la inteligencia artificial, sino bajo qué principios lo haremos. Petro ha planteado con acierto una de las cuestiones más relevantes de nuestro tiempo: ¿seguiremos el camino de la ganancia infinita y la concentración de poder o construiremos una lógica democrática donde la IA esté al servicio del bienestar común? El tiempo para decidir es ahora. No podemos dejar en manos del mercado un debate que definirá el destino de nuestras sociedades.

Alejandro Toro

Colombia y China: el camino agrícola por recorrer

El mundo mira a China como el gran mercado del siglo XXI, y Colombia no puede darse el lujo de ser espectadora, menos en un momento donde Estados Unidos amenaza con imponer tarifas insostenibles a todos los productos que entren a su país. Con una demanda creciente de alimentos —desde proteínas hasta frutas exóticas—, el país asiático representa una oportunidad histórica para transformar el agro colombiano. Sin embargo, aprovecharla exige superar viejos rezagos y actuar con la urgencia que impone la competencia global.

El primer factor habilitante es el avance en certificaciones sanitarias, un requisito que durante años limitó las exportaciones. Hoy, Colombia ha logrado hitos clave: en 2024, doce plantas procesadoras de carne bovina recibieron luz verde para exportar a China, un mercado que solo el año pasado importó 10.7 millones de toneladas de este producto. Este logro, impulsado por el estatus de país libre de fiebre aftosa con vacunación, permitiría enviar hasta 100,000 toneladas anuales, según proyecciones del Ministerio de Agricultura. A esto se suma el aguacate Hass, certificado desde 2022, que gracias al clima colombiano puede producirse todo el año, a diferencia de la oferta estacional de Perú o México. Estos casos demuestran que, cuando hay coordinación entre sector público y privado, se abren mercados impensables hace una década.

 

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Pero los protocolos son solo el primer paso. China no compra potencial: compra volúmenes, calidad constante y logística eficiente. Aquí surge el segundo factor: la infraestructura. Colombia sigue pagando un “costo país” que encarece sus productos. Transportar un contenedor de Bogotá a Shanghai cuesta un 30% más que desde Brasil, según la Cámara Colombo-China. Mientras Chile aprovecha sus puertos en el Pacífico para enviar cerezas en 22 días, Colombia enfrenta cuellos de botella en Buenaventura y una red vial fragmentada. Proyectos como el ferrocarril del Pacífico —donde empresas chinas han mostrado interés— podrían cambiar la ecuación, pero requieren decisión política y velocidad.

El tercer elemento es la innovación en productos con valor agregado. China ya no es solo el mercado de las materias primas: su clase media busca café especializado, snacks saludables y frutas únicas. Colombia exporta café a través de intermediarios como Starbucks, pero no existe una marca país que compita con los arándanos peruanos o los vinos chilenos. La uchuva, el lulo o la gulupa —frutas autóctonas con alto valor nutricional— ni siquiera figuran en las estadísticas, a pesar de su potencial en nichos gourmet. Tampoco se ha explotado la denominación de origen: un café de Nariño o una pitaya del Huila podrían ser tan distintivos como un Malbec argentino, pero falta estrategia de posicionamiento.

Aquí entra el cuarto factor: la diplomacia comercial. Mientras Chile y Perú negocian con China desde la Alianza del Pacífico, en Colombia no se ha avanzado en el proceso de pensar un TLC con China. La vía rápida por lo pronto son las misiones inversas: traer compradores chinos a ver fincas y plantas de procesamiento, como se hizo exitosamente con el limón Tahití en 2023. Además, se necesita un sello de sostenibilidad que diferencie los productos —carne carbono neutro, café bajo en huella hídrica—, algo que el Gobierno podría desarrollar con apoyo de gremios como Fedegán.

El riesgo de la inacción es claro. Brasil ya domina el 75% del mercado chino de soja; Argentina y Uruguay se reparten la carne premium. Colombia llega tarde, pero tiene ventajas únicas: biodiversidad, tierras subutilizadas y proximidad geográfica al canal de Panamá. La inclusión de Buenaventura en la ruta de la naviera china más importante que hay, Cosco Shipping, demuestra que Colombia tiene una posición privilegiada de cara al mercado chino.

El momento es ahora: cada día sin avances consolida a otros países en la mente de los importadores chinos. El agro colombiano puede ser más que un sector tradicional: puede ser una potencia alimentaria. Pero para ello, necesita dejar de mirar hacia el norte y volcar sus ojos —y sus cultivos— hacia el oriente.

Alejandro Toro

Lecciones de deepseek: cómo Colombia puede forjar su propio camino en la era de la IA

El surgimiento de DeepSeek, un modelo de inteligencia artificial desarrollado por la empresa china DeepSeek Inc., ha sacudido el panorama tecnológico global. Más que un logro técnico, su historia encierra lecciones profundas para países como Colombia, que buscan posicionarse en la revolución digital sin perder de vista sus realidades sociales, éticas y económicas. Este es un llamado a reflexionar: ¿cómo puede un ecosistema emergente como el colombiano convertir el ejemplo de DeepSeek en una hoja de ruta para su propio futuro tecnológico?

DeepSeek ha sido disruptiva porque es un modelo avanzado de IA de código abierto, o sea con una arquitectura que todo el mundo puede ver, desarrollado a una fracción del precio y con tecnología desactualizada en comparación con los modelos de las grandes empresas estadounidenses, como GPT4 o Gemini. Deepseek le está demostrando al mundo que se puede hacer IA a bajo costo, una noticia clave para economías emergentes como la colombiana.

 

DeepSeek no partió de cero. Su éxito se basa en aprovechar avances globales en IA y adaptarlos a un contexto específico. Para Colombia, esto implica reconocer que la innovación no requiere reinvención, sino ingenio aplicado. El país ya cuenta con casos como HubBI, el hub de innovación de Bogotá, o startups como Rappi y Síclo, que han demostrado cómo soluciones globales pueden rediseñarse para mercados locales.

La lección es clara: en lugar de competir en la carrera por crear la próxima supercomputadora, Colombia debe invertir en talento especializado (científicos de datos, ingenieros en ética digital) y adoptar tecnologías abiertas para resolver problemas concretos: desde la agricultura en el Cauca hasta la atención médica en La Guajira.

DeepSeek integró principios éticos desde su diseño, un enfoque urgente para Colombia, donde el 60% de la población rural aún carece de conectividad plena (DANE, 2023). La IA no puede ser un lujo de las élites urbanas; debe ser una herramienta para cerrar brechas.

Esto exige marcos éticos locales que prioricen la inclusión, con algoritmos que reconozcan la diversidad lingüística y cultural de colombia, la transparencia en la tecnología evitando “cajas negras” tecnológicas donde la ciudadanía no pueda saber cuál es el proceso para que una IA genere un resultado y la participación de todos los grupos sociales que hay en el país, teniendo en cuenta sus contextos, aprovechando la diversidad del país

Se puede pensar, por ejemplo, en proyectos de IA para predecir sequías en La Mojana, co-diseñados con agricultores. La tecnología, sin raíces sociales, está condenada al fracaso.

DeepSeek es China pero se nutre de conocimiento universal. En Colombia debemos buscar la forma de aprovechar las redes globales a las que pertenece y que le permiten intercambiar conocimiento, como la OCDE, sin dejar a un lado las ventajas comparativas que tiene el país, como lo es la biodiversidad, la cada vez más afianzada industria creativa e incluso ver problemas sociales como oportunidades, por ejemplo pensando en IA médica para tratar de llevar la atención primaria en salud a lugares de difícil acceso por condición geográfica.

La clave está en identificar nichos donde Colombia ya tiene liderazgo y escalarlos con tecnología.

DeepSeek no es un modelo a copiar, sino un espejo en el que Colombia debe reflejar sus aspiraciones. La IA no es solo código: es educación, ética, infraestructura y, sobre todo, voluntad política.

El país tiene los ingredientes: talento joven, biodiversidad única y una vibrante comunidad emprendedora. Lo que falta es articularlos con una visión audaz. En lugar de esperar a que las soluciones lleguen de Silicon Valley, es hora de escribir nuestro propio código: uno donde la tecnología no solo sea avanzada, sino justa, inclusiva y profundamente colombiana.

La pregunta no es si podemos, sino si nos atrevemos. El reloj de la IA ya está en marcha.

Alejandro Toro

El gobernador de Antioquia pone primero la minería que la soberanía alimentaria

Al gobernador de Antioquia pareciera molestarle la idea de que las tierras del suroeste antioqueño sean usadas para alimentar a la gente en vez de convertirse en una mina gigante. Su airada reacción en contra del establecimiento de una Zona de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) en la región bajo el argumento de que se trata de la imposición de un régimen comunista parece estar más bien alineado con el interés de las grandes empresas mineras.

Andrés Julián Rendón hace quizás de manera intencionada una interpretación errónea de lo que es una ZPPA y cuál es su alcance. No es expropiación ni acciones de una junta central socialista como ha afirmado el gobernador, se trata de un mecanismo indicativo para identificar áreas del territorio que, por sus características de uso, de suelo y el ordenamiento territorial que las determina deben ser protegidas para la protección de alimentos, teniendo en cuenta que el artículo 65 de la Constitución Política determina que la protección de alimentos goza de especial protección del Estado.

 

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La ZPPA responde a las solicitudes de organizaciones campesinas de la región para la salvaguarda de sus territorios ante los riesgos que representa principalmente la actividad minera. Rendón dice que la decisión la toma un burócrata en su escritorio en Bogotá, cuando fue la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria la que sí se sentó con las organizaciones de los 23 municipios del suroeste en múltiples encuentros desarrollados en territorio entre julio y agosto del 2024 donde los actores claves denunciaron que la actividad minera pone en riesgo los recursos hídricos de la región y fueron reiterativos en afirmar que se presenta un conflicto por el uso del suelo donde las actividades campesinas se ven desplazadas por la minería.

Es Rendón el que no tiene idea de cuáles son las solicitudes que se hacen desde el suroeste por estar más pendiente de lo que tienen por decir las grandes multinacionales mineras. No sabe que las áreas sembradas en el Suroeste han crecido en un 12% durante los últimos quince años, así como también ha sido constante el crecimiento en la producción de productos agropecuarios y que es la agricultura y no la minería la actividad que más emplea personas en la subregión, siendo la fuente del 38% de los trabajos.

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Quienes critican la priorización de la producción agrícola por sobre la explotación minera a gran escala sostienen el argumento de que la minería al ser una actividad económica más lucrativa trae consigo el desarrollo de las regiones. Lo que no dicen es que las ganancias obtenidas no se distribuyen de manera equitativa.

Miremos por ejemplo al Bajo Cauca, en donde se han priorizado los intereses mineros por los campesinos y que de acuerdo al Informe de Calidad de Vida en Antioquia para 2023 es la subregión con mayor incidencia de pobreza multidimensional, afectada en un 55% por bajo logro educativo y en un 37% por rezago escolar. Se pregunta uno a dónde va a parar la riqueza minera, porque en la población del Bajo Cauca no se queda.

A Rendón le parece inverosímil pensar que los campesinos de Antioquia, como lo serán los del suroeste a medida que vaya avanzando el proceso de la ZPPA, se organicen en torno a proyectos productivos agropecuarios en donde las ganancias fruto de su trabajo se puedan quedar en la comunidad, que mediante la economía solidaria la tierra sea usada por y para los campesinos con la ganancia extra de que se garantizará para la región y el departamento la soberanía alimentaria, en vez de tener que vender sus tierras y eventualmente su trabajo a la minería.

La protección del suelo para la producción de alimentos en el suroeste antioqueño no es una imposición arbitraria ni un capricho ideológico, sino una medida necesaria para garantizar la sostenibilidad, el empleo y la seguridad alimentaria de la región. Mientras algunos defienden la minería como motor de desarrollo, la realidad demuestra que sus beneficios no se traducen en bienestar para la población. Apostar por la agricultura no solo preserva el medio ambiente y los recursos hídricos, sino que también fortalece las comunidades locales y su derecho a una economía propia y digna.

Alejandro Toro

Toros, trajes y nexos oscuros: la tarde en que Alberto Uribe Sierra y el narco se dieron la mano

En la tarde del 13 de marzo de 1983, la Plaza de Toros La Macarena de Medellín se vistió de gala para una corrida de beneficencia en apoyo al proyecto “Medellín sin Tugurios”. El cartel anunciaba a los rejoneadores Alberto Uribe Sierra, Fabio Ochoa Vásquez, Andrés Vélez y Dayro Chica, junto a los toreros Pepe Cáceres y César Rincón. Los toros, provenientes de las ganaderías “Los Guateles” y “Rocha Hermanos”, prometían una tarde memorable.

Sin embargo, tras el brillo de las luces y el fervor del público, se ocultaba una realidad más oscura. Alberto Uribe Sierra, padre de Álvaro Uribe Vélez, y Fabio Ochoa Vásquez, miembro prominente del Cartel de Medellín, compartían protagonismo en el ruedo. La presencia de estas figuras en un evento patrocinado por Pablo Escobar evidenciaba la simbiosis entre la élite social y el narcotráfico que permeaba la sociedad colombiana de la época.

 

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Pablo Escobar, quien había consolidado su poder político tras su paso por la Cámara de Representantes en 1982, utilizaba iniciativas como “Medellín sin Tugurios” para ganar legitimidad y apoyo popular. La corrida de toros no solo buscaba recaudar fondos, sino también blanquear la imagen de los capos, presentándose como filántropos ante la sociedad.

En este entramado, Álvaro Uribe Vélez jugó un papel crucial. Tras el asesinato del director de la Aeronáutica Civil, Fernando Uribe Senior, en febrero de 1980, Uribe Vélez asumió la dirección de la entidad, donde se otorgaron licencias aéreas que, según investigaciones posteriores, facilitaron las operaciones del narcotráfico.

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Tanto así que Rodrigo Lara en su función de Ministro de Justicia ordenó a la Aeronáutica Civil la cancelación del permiso de operación de cuatro aeronaves por estar siendo utilizadas para el narcotráfico, dentro de las cuáles estaba el helicóptero de matrícula HK-2704 de propiedad de la empresa Aerofotos Amortegui de la cual era socio Alberto Uribe Sierra y el cual fue encontrado en Tranquilandia, el mayor centro de procesamiento de cocaína que había en el país. Es decir, la entidad de la que Uribe Vélez fue director permitió la operación de un helicóptero de propiedad de su padre que fue utilizado para el tráfico de drogas.

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Cuando se desarrolló la corrida de beneficencia en la Macarena, Álvaro Uribe Vélez ya había renunciado a su posición como alcalde de Medellín, en la que duró tres meses, y que de acuerdo a Álvaro Villegas quien en la época fungía como gobernador de Antioquia el mismo presidente Belisario Betancur le pidió que removiera a Uribe de su cargo como alcalde por sostener presuntos nexos con el narcotráfico.

La corrida reunió a pesos pesados de la política y del narcotráfico en Medellín, en un momento en el que Álvaro Uribe Velez debía estar comenzando a montar su campaña para el Concejo de Medellín. Estando reunido el Cartel de Medellín en su apogeo, y teniendo en cuenta todos los señalamientos de las buenas relaciones que sostenía su padre con la organización criminal, vale la pena preguntarse si no habrá sido una muy buena oportunidad para que el candidato Uribe Vélez consiguiera financiación por parte de tan respetados empresarios para su campaña como concejal.

La foto de un cartel de una corrida de toros da cuenta de cómo el narcotráfico trató de camuflarse entre la alta sociedad de Medellín, como Pablo Escobar buscó mostrarse como una especie de Robin Hood que quería utilizar su buena fortuna en los negocios para ayudar. Nos muestra también unos nexos entre Álvaro Uribe y su familia y las principales figuras del Cartel de Medellín de la época que no se terminan de aclarar, que dan la duda de si habrán jugado alguna parte en su ascenso como político.

La interconexión de estos eventos y personajes revela cómo el narcotráfico infiltró las estructuras políticas y sociales de Colombia, utilizando la filantropía y la cultura popular como herramientas para consolidar su poder y legitimidad.

Alejandro Toro

Estados digitales: supra gobiernos que amenazan la democracia

En el siglo XXI, estamos presenciando el surgimiento de una nueva forma de poder que no se encuentra limitada por las fronteras geográficas: los Estados digitales. Estas entidades, encarnadas en plataformas como Facebook, X (antes Twitter) y TikTok, no son simplemente corporaciones tecnológicas. Se han convertido en territorios virtuales, habitados por miles de millones de usuarios que interactúan, producen, consumen y, a menudo, son gobernados por reglas que no eligieron.

Los Estados digitales han democratizado el acceso a los mercados y a la migración laboral. Ya no es necesario cruzar físicamente una frontera para trabajar en otro país; basta con un perfil en plataformas de trabajo remoto o el desarrollo de competencias digitales. Este fenómeno ha permitido que las economías locales accedan a mercados globales y que las personas encuentren oportunidades que antes eran impensables.

 

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En estos espacios digitales, los saberes también se han convertido en moneda de intercambio. Las barreras geográficas se disuelven, creando un espacio para una nueva era de interconexión y enriquecimiento mutuo. Un muralista en Bogotá puede inspirar a un artista en Seúl; un emprendedor en Lagos puede colaborar con un programador en Berlín. Esta virtualidad, aparentemente neutral, es presentada como el ideal cosmopolita de la globalización: acceso, oportunidad y creatividad sin fronteras.

Sin embargo, como toda utopía, esta promesa lleva en su interior un germen de distopía.

Los Estados digitales no son democráticos. Están gobernados por algoritmos, códigos opacos que obedecen a intereses corporativos, y no a principios éticos o democráticos. Mark Zuckerberg, Elon Musk o Zhang Yiming (fundador de TikTok) no son simplemente empresarios; son los líderes no electos de entidades que, en términos de alcance, superan a muchos países soberanos. Estos nuevos “supra gobiernos” acumulan un poder desproporcionado: manejan economías más grandes que las de naciones enteras y poseen la capacidad de influir en las decisiones de gobiernos formales, incluyendo elecciones.

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La manipulación de las democracias es quizás el riesgo más visible. Plataformas como Facebook han sido acusadas de incidir en procesos electorales, desde el referéndum del Brexit hasta las elecciones presidenciales en Estados Unidos y Brasil. Los algoritmos no solo distribuyen información, sino que la diseñan, priorizando el contenido que maximiza las interacciones, aunque esto signifique polarizar sociedades, incitar al odio o difundir desinformación. Los “supra presidentes” no necesitan tanques ni ejércitos, porque gobiernan a través de flujos de datos y narrativas controladas.

Con la llegada de la inteligencia artificial, este fenómeno se profundiza. Los Estados digitales están integrando IA en sus algoritmos, lo que les permite gestionar una cantidad de datos inimaginable y predecir comportamientos con una precisión aterradora. Pero esto no se detiene en la predicción; la IA comienza a tomar decisiones por nosotros: qué vemos, qué compramos, qué creemos.

La verdadera amenaza no es solo el poder centralizado de los Estados digitales, sino la posibilidad de que la superinteligencia trascienda a sus propios creadores. En su búsqueda de eficiencia y optimización, la IA podría asumir el rol de gobernante supremo. Esta posibilidad abre las puertas a un orden apocalíptico o distópico, donde la autonomía humana se subordina completamente a la autonomía de las máquinas.

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La cuestión no es si los Estados digitales y la inteligencia artificial deben ser regulados, sino quién tiene la autoridad para hacerlo. Las democracias formales, debilitadas por la fragmentación interna y la desconfianza en las instituciones, parecen impotentes frente a estos nuevos actores globales. ¿Puede el legislativo tradicional competir con el dinamismo de los algoritmos? ¿Es posible someter a los supra presidentes a las reglas de las democracias?

El desafío, por tanto, es doble: evitar que los Estados digitales se conviertan en supra gobiernos que manipulen y controlen, y garantizar que la inteligencia artificial no nos lleve a un mundo donde la humanidad ya no sea necesaria. La historia de la modernidad nos ha enseñado que el progreso sin reflexión conduce al desastre. Estamos ante un momento kantiano: debemos atrevernos a pensar antes de que las máquinas lo hagan por nosotros.

Alejandro Toro