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El mundo se enfrenta a uno de los riesgos más inminentes para la humanidad: la producción en masa de armas autónomas letales.

En mayo del 2025, medios de comunicación informaron sobre el uso de aeronaves autónomas por parte de Ucrania en territorio ruso, dispositivos que también han sido utilizados por Rusia y que serían provenientes de Irán, uno de los países con mayor capacidad armamentística en materia de aeronaves autónomas letales.

Hace unos días, Marruecos confirmó la compra de drones turcos, justo después de haber adquirido misiles Stinger de Estados Unidos, lo cual evidencia el aumento de la proliferación de armas autónomas letales, su exportación y su uso en zonas de conflicto en el mundo.

Frente a este panorama, diversos países han insistido en la construcción de muros contra drones, como fue la propuesta de la Unión Europea de elaborar una malla de misiles y radares que detecten y neutralicen las posibles amenazas en territorios fronterizos con Rusia. A la par, el grupo italiano de defensa y aeroespacial presentó un escudo denominado como “Michelangelo Dome”, un sistema de defensa aérea que utiliza inteligencia artificial, con el fin de identificar armas hipersónicas y enjambres de drones.

De esta manera, cada vez más países se suman al desarrollo de sistemas que protejan sus territorios del alcance de estos elementos, concebidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja, como todas las armas que seleccionan objetivos y son aplicadas a la fuerza sin intervención humana directa. Entre sus principales riesgos, la Organización de las Naciones Unidas señala que estas armas automatizan la toma de decisiones, lo cual puede conllevar a errores de cálculo, ataques humanitarios y a la destrucción de infraestructura crítica y los servicios esenciales de un país.

Tal fue el caso de la Operación Telaraña, como se le denominó a uno de los ataques más recientes a Rusia, en donde el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) inició una operación de 117 drones contra aviones de largo alcance de la Fuerza Aérea Rusa. Las armas elegidas fueron aeronaves Aeroprakt A-22, capaces de transportar bombas o munición antipersona y volar a menor altitud, lo que les permitió pasar inadvertidamente por debajo de las defensas rusas. La modificación de estos dispositivos fueron un mecanismo de defensa hacia los drones de tipo Shaded que Vladimir Putin ha utilizado por años en el territorio ucraniano.

Los Shaded, como se les llaman a vehículos aéreos no tripulados provenientes de Irán, son utilizados para ataques suicidas, motivo por el que son conocidos como drones kamikazes. Entre sus diferentes modelos, los Shaded-163 tienen un alcance a larga distancia que les permite llevar una ojiva explosiva y lanzarla a un objetivo sin intervención humana. Asimismo, su forma de uso habitual es por medio de enjambres, los cuales permiten el impacto en contra de un objetivo y la destrucción de la carga explosiva que tiene incorporada.

Desde el inicio de la guerra, el 24 de febrero de 2022, Rusia ha usado drones como el Kub-BLA de Kalashnikov, un aparato que merodea hasta encontrar su objetivo y que cuenta con cámaras y sistemas de guía hechos en China. Ucrania ha respondido con los Switchblade 300 y 600, enviados por Estados Unidos. Son drones que pueden volar durante mucho más tiempo que un avión tripulado y atacar por sí mismos una vez que identifican su blanco. Estos Switchblade están inspirados en los drones kamikaze Phoenix Ghost del ejército estadounidense y han incorporado la inteligencia artificial para maximizar su impacto.

Del mismo modo, Israel ha utilizado drones pequeños o cuadricópteros desde 2023 en contra de Palestina, operando estos dispositivos para el lanzamiento de bombas explosivas en el territorio de Gaza, lo cual ha contribuido al recrudecimiento del conflicto y al aumento de ejecuciones extrajudiciales de civiles palestinos. Al igual que Rusia, Israel ha concentrado esfuerzos en modificar drones comerciales, como lo hizo con DJI Agras, el DJI Mavic y el DJI Avata para la destrucción de hospitales y refugios civiles, y la vigilancia de prisioneros palestinos, lo cual ha intensificado la barbarie. Estos drones, pertenecientes a China, fueron suspendidos a este país una vez se conoció sobre sus usos letales, introduciendo modificaciones para restringir sus áreas de uso y el nivel de altura de los mismos.

A pesar de que el uso de armas autónomas letales ha aumentado durante los últimos años, para el 2021 ya se utilizaban estos dispositivos en conflictos. El primer caso de un dron autónomo que atacara a seres humanos se dio en marzo del 2020, durante la segunda guerra civil libia, en donde se habrían operado drones turcos Kargu-2 para atacar a objetivos humanos, un dispositivo cuadricóptero diseñado para llevar una carga de armas, procesar imágenes y algoritmos, así como seguir blancos móviles.

En el caso colombiano, para octubre de este año, las fuerzas armadas dieron creación al primer batallón de Aeronaves No Tripuladas (BANT) en América Latina, integrado al Comando de Aviación del Ejército y orientado al apoyo de operaciones de inteligencia y al fortalecimiento de la seguridad en el país.

Este batallón, a diferencia del uso que se les han dado a las armas autónomas letales en otras partes del mundo, busca adoptar capacidades de guerra electrónica y análisis de inteligencia artificial, con el objetivo de identificar amenazas con mayor precisión y consolidar la vigilancia en zonas estratégicas de la nación, como fronteras y bases militares, continuamente atacadas por grupos armados al margen de la ley.

Esto como respuesta a los más de 350 ataques con drones que han recibido las fuerzas armadas por parte de disidencias, lo cual evidencia como el conflicto se ha transformado con base a los avances tecnológicos y la implementación de inteligencia artificial con fines militares. Por tanto, las fuerzas armadas colombianas han implementado diseños similares a los de un avión, que permite la identificación de rostros, la persecución de objetivos y el sobrevuelo de hasta 45 kilómetros.

De esta forma, el avance militar no es, por sí mismo, el problema. El verdadero riesgo aparece cuando olvidamos que toda arma debe estar al servicio de la defensa, no de los ataques. La intervención humana tiene que seguir siendo una línea roja inquebrantable, y cualquier intento de trasladar estas tecnologías a zonas de conflicto solo incrementa la barbarie. Ante esto, es posible decir que el desafío de la actualidad, más allá de lograr el avance tecnológico, es que este no esté por encima de la humanidad entera. La tecnología, a final de cuentas, debe promover el progreso, no la destrucción.

Alejandro Toro

Desde hace varios meses está rondado por las oficinas de los miembros de la Junta Directiva de EPM una propuesta para desmembrar al conglomerado, justificada bajo la ya tan conocida retórica de eficiencia y competitividad. La idea, en términos simples, es tomar las áreas de servicio, de apoyo y de logística, que son esenciales para el funcionamiento de la empresa y que actualmente son desempeñadas desde la Subgerencia de Centro de Servicios Compartidos, para pasarlos a una filial GBS (Global Business Services), una empresa aparte de EPM.

Si a alguien se le hace estar viendo la secuela de una película, es porque se trata de la misma estrategia utilizada para poder privatizar a UNE. La primera movida para regalar a UNE se dio en el 2006, cuando se decidió escindir a la unidad de telecomunicaciones de EPM para convertirla en una empresa aparte. Una vez separada, convertida en negocio aparte, se dificulta el ejercicio de transparencia ante la ciudadanía y se facilita la adopción de prácticas corporativas propias del sector privado y no de una entidad construida a partir del patrimonio de los ciudadanos.

Al dejar de ser parte de EPM y funcionar por aparte, es más fácil argumentar la necesidad de dejar entrar el capital privado por mantener la “competitividad” porque se deja de percibir como parte integral de una empresa pública cuyo objetivo principal es estar al servicio de la ciudadanía, se presenta la idea de que sin la entrada del privado la compañía pública dejará de ser sostenible.

Si siguen el recetario de UNE, una vez empaqueten a toda el área de servicios dentro de la filial GBS el paso a seguir será que la persona que pongan a cargo de la nueva empresa haga todo lo posible por vender la idea de que su negocios es inviable, tal como sucedió con Marc Eichmann, el último presidente de UNE postulado desde la Alcaldía de Medellín y quien en una entrevista admitió cómo su tarea expresa era hacer ver a la compañía como un negocio atractivo para poder fusionarla, o sea, venderla.

¿Cuál es el paso a seguir? Hacer una fusión donde el control operativo de la filial esté en manos de la parte privada, así la ciudad mantenga la participación mayoritaria en la empresa fusionada; un mal trato que sólo aceptaría quien ya tenga claro que el objetivo final es la venta total de la empresa pues el privado, ni corto ni perezoso como fue Millicom, tomará todas las decisiones que lleven a la desvalorización total de la empresa de manera tal que la compra total por parte de la parte privada aparezca como una especie de rescate. Decisión que se someterá a un Concejo de Medellín que no opondrá resistencia alguna justificando la pérdida del patrimonio público por tratar de rescatar algo de dinero antes de que la empresa se termine de ir a pique.

La propuesta de creación de la filial GBS debe ser rechazada de manera contundente por toda la ciudad porque es la repetición de la misma fórmula de destrucción de lo público que se vio con UNE. No se puede aceptar que una empresa construida para ser la joya del patrimonio de la ciudad empiece a ser desmontada parte por parte para que capitales privados extranjeros se hagan con ella. No se puede ser tan indolente de ver cómo quieren precarizar a los trabajadores que han hecho grande a la empresa por el afán de que las ganancias que generan queden en los bolsillos de unos pocos y no en las arcas públicas para el avance de la ciudad.

Alejandro Toro

Esta semana debía discutirse en la Plenaria de la Cámara el Proyecto de Ley que ratifica la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios. No fue posible. Y mientras aplazamos una decisión que salva vidas y cierra huecos jurídicos, los hechos siguen ocurriendo: colombianos engañados para pelear guerras ajenas, familias recibiendo llamadas desde frentes que ni pueden ubicar en el mapa, y empresas que, a punta de vacíos normativos, hacen caja con el dolor de los nuestros. No podemos mirar a otro lado.

En los últimos años hemos visto episodios que ningún país digno puede tolerar. En 2021 ciudadanos colombianos terminaron involucrados en el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en Haití, tras ser contratados bajo la fachada de “escoltas”. En Sudán, cientos de connacionales fueron llevados con promesas de empleo legal y acabaron en medio de una guerra civil devastadora, que ha dejado más de cien mil civiles asesinados y más de doce millones de personas desplazadas. En México, se ha reportado la participación de connacionales en operaciones que fortalecen a carteles responsables del asesinato de militares. En Ucrania abundan testimonios de retenciones, incumplimientos y engaños: ofrecieron contratos y salarios que jamás llegaron, y los enviaron al frente con munición escasa y sin garantías mínimas. Hace apenas semanas, varios colombianos quedaron varados entre fronteras por negarse a seguir siendo carne de cañón. ¿Qué mensaje enviamos si el Congreso no actúa?

La Convención no demoniza a los veteranos ni a quien busca un trabajo legal en seguridad en el exterior. Precisa una conducta y a sus responsables: reclutar, utilizar, financiar o entrenar mercenarios, o participar como tal, es delito. Un “mercenario” no es cualquier contratista: se exige que la persona haya sido especialmente reclutada para combatir o ejecutar actos de violencia política, motivada esencialmente por el lucro, con pagos sustanciales por encima de los combatientes regulares, y sin pertenecer a fuerzas armadas estatales ni actuar como enviado oficial de un Estado. Esa definición distingue a las compañías de seguridad que operan legalmente de las redes que montan un negocio de exportar colombianos a la guerra. Han intentado sembrar la idea de que este instrumento “criminaliza” la seguridad privada. No es verdad. Lo que criminaliza es lucrarse con la guerra a partir del engaño, la intermediación opaca y la violencia.

Cada día sin ratificación favorece a esas redes. Hoy existen empresas que, con el discurso de la oportunidad laboral, captan personal para terceros países y los empujan a escenarios bélicos. La Convención nos da herramientas para cerrarles el paso: habilita la adecuación del Código Penal para tipificar el mercenarismo y sus eslabones (reclutamiento, utilización, financiación, entrenamiento), fortalece la jurisdicción para investigar cuando hay conexión con nuestro territorio o nuestros nacionales y activa la cooperación con Estados Parte —sí, con Ucrania también— para intercambio de pruebas, asistencia judicial y, si corresponde, extradición o enjuiciamiento. Además, permite medidas administrativas que estrangulan el negocio antes del despegue: controles a licencias, trazabilidad financiera, vigilancia a publicidad engañosa y a flujos de armas y equipos que terminan en manos equivocadas.

Algunos preguntan: “¿y no basta con las normas actuales?”. No. Sin un tipo penal específico y un estándar internacional compartido, los casos se pierden entre fronteras, se diluyen en figuras que no describen la conducta real o naufragan por falta de cooperación. Por eso tantos países han ratificado ya este instrumento: porque entendieron que el mercenarismo es transnacional por diseño. Quedarnos al margen no solo nos aísla, también nos vuelve una jurisdicción cómoda para quienes operan desde la sombra.

Ratificar es el primer paso. El segundo —que asumo y defiendo desde ya— es ajustar nuestras normas internas con inteligencia y humanidad. En lo penal, incorporar el delito de mercenarismo y los eslabones de la cadena con penas proporcionales, reglas claras de jurisdicción y herramientas de investigación financiera para seguir el dinero. En lo humano, diferenciar a los perpetradores de quienes fueron captados mediante engaño. Muchos de los que regresan son, en estricto sentido, víctimas de una trata de personas con fines de explotación bélica: se les prometió una cosa, se les entregó otra, se les retuvo documentación y se les amenazó para obligarlos a permanecer. Con ellos corresponde una ruta de atención, protección y reintegración. Con los reclutadores, financistas y entrenadores, todo el peso de la ley.

El Congreso tiene aquí un papel insustituible. Primero, votar la ratificación sin más dilaciones. Segundo, tramitar con celeridad y rigor la reforma al Código Penal y las normas complementarias en coordinación con el Gobierno Nacional. Tercero, ejercer control político para que Cancillería, Mindefensa, Fiscalía y las autoridades migratorias desplieguen protocolos de prevención, cierren empresas fachada, desmonten la publicidad engañosa y coordinen con los países parte la persecución de estas redes. Eso es lo que esperan las familias que hoy tocan nuestras puertas, eso es lo que merecen los veteranos a quienes se les prometió estabilidad y se les entregó una trinchera.

El Gobierno del Cambio ha puesto la defensa de la vida en el centro de su política de seguridad humana. Ratificar la Convención es coherencia con ese mandato y compromiso con nuestras Fuerzas, con las víctimas y con Colombia. No es un gesto simbólico: es una decisión que salva vidas, cierra rutas del delito y repara el nombre del país. Hagamos lo correcto: ratifiquemos ya y avancemos de inmediato en las reformas internas.

Alejandro Toro

Este domingo 9 de noviembre, el Oriente antioqueño vota si entrega a un Área Metropolitana del Oriente (AMO) la llave de su futuro. No es una discusión técnica ni inocente: detrás está el empeño del gobernador Andrés Julián Rendón, quien promueve esta figura desde que fue alcalde de Rionegro para reforzar allí su fortín político y económico. Hoy, ya como Gobernador, recorre municipios con el “sí” como consigna. Y no está solo: cuenta con reglas hechas a su medida, como el umbral del 5% para aprobar áreas metropolitanas, aprobado en el Congreso y publicitado por su partido. Por eso, invito a votar NO: la integración no puede significar subordinación ni captura del territorio.

Siete argumentos para votar por el NO:

1) Es el viejo proyecto de Rionegro con ropaje nuevo. Desde la Alcaldía de Rionegro (2016–2019), Rendón impulsó la idea de un área metropolitana que tuviera a Rionegro como municipio núcleo; hoy, como Gobernador, reeditó esa agenda y la copatrocina en eventos y giras por el Valle de San Nicolás. No es integración regional; es centralización alrededor de un municipio y de un liderazgo político.

2) Se baja el listón para “aprobar como sea”. La consulta se decide con apenas 5% del censo en cada municipio. Ese umbral mínimo —que antes fue más exigente— es el que hoy beneficia a los promotores y fue bandera de congresistas del Centro Democrático, entre ellos Esteban Quintero, quien impulsó el Proyecto de Ley 075 de 2018 para facilitar la conformación de áreas. Que nadie se engañe: bajar el umbral fue una movida para que el AMO pasara a toda costa.

3) Autonomía municipal en riesgo real. La Ley 1625 de 2013 es clarísima: los acuerdos metropolitanos tienen jerarquía superior a los actos municipales en los asuntos del área. ¿Traducción? En ordenamiento, “hechos metropolitanos” y proyectos estratégicos, una Junta por encima de alcaldes y concejos marcará la pauta. Es un cambio de poder —no una simple coordinación— que debilita la democracia local.

4) La chequera municipal financia otra burocracia. El régimen metropolitano obliga a definir aportes permanentes de los municipios y habilita instrumentos como valorización o plusvalía para obras “de impacto metropolitano”. Con presupuestos apretados, cada peso que migre al AMO es un peso menos para agua rural, vías veredales, escuelas o salud en los barrios. Más entidad, más gasto administrativo; menos músculo para lo urgente en cada municipio.

5) Beneficia a los grupos económicos del centro, no a la ruralidad. El diseño concentra decisiones en el eje urbano del Valle de San Nicolás —con Rionegro como ganador natural— mientras los municipios más periféricos quedan subordinados a prioridades ajenas. La discusión pública ya ha advertido esas asimetrías. Y ojo: el Oriente no es solo cabeceras; en varios municipios la población y el suelo rural pesan muchísimo, con necesidades de conectividad, acueductos veredales y vías terciarias que no se resuelven con planes vitrinas.

6) Incertidumbre y disputa por lo ambiental. La Gobernación y CORNARE repiten que la autoridad ambiental seguirá en CORNARE; sin embargo, la propia Ley 1625 permite que las áreas asuman competencias ambientales urbanas bajo ciertos escenarios, como ya ocurre en el Valle de Aburrá. Abrir esa puerta sin reglas sólidas es jugar con páramos, cuencas y acuíferos en una subregión hídrica clave. La prudencia ambiental no se negocia.

7) Riesgo de captura y endeudamiento sin contrapesos. Un área metropolitana puede contratar y endeudarse para macroproyectos, mientras sus actos se imponen en materias propias. En Antioquia ya hemos visto cómo decisiones de élites pueden desviar prioridades públicas; crear otra gran ventanilla, con una Junta propensa a mayorías políticas y al lobby empresarial, es invitar a la captura del desarrollo. La justicia territorial exige controles más fuertes, no menos.

Hay que impulsar la asociatividad territorial pero debe ser con enfoque de equidad, participación y agua como eje de ordenamiento. Hay herramientas menos invasivas y reversibles para cooperar: convenios interadministrativos, provincias de planificación y esquemas asociativos que respetan la autonomía y permiten coordinar transporte, residuos o seguridad hídrica sin entregar la brújula del territorio a una Junta supra-municipal. La propia Ley 1625 reconoce que el instrumento debe servir al desarrollo armónico, no a reemplazar a los municipios.

No es cierto que el AMO mejorará la vida cotidiana de quienes madrugan por trochas para llegar al casco urbano, de las familias que esperan acueducto veredal o de los campesinos que piden vías terciarias transitables. Ese no es el foco del proyecto. El foco es poder y obra grande al servicio de los mismos de siempre, con Rionegro como eje y los grupos económicos del centro como ganadores. Al Oriente rural y disperso lo dejan, otra vez, para después.

Este 9 de noviembre, defendamos la autonomía municipal y el sentido común del Oriente. La integración no necesita sacrificar la democracia local ni hipotecar los presupuestos a un ente diseñado para la recentralización. Votemos NO al AMO.

Alejandro Toro

La decisión del gobierno estadounidense de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas, además de ser una movida con evidente motivación política, demuestra una vez que el supuesto gran aliado de Colombia está decidido a cercenar los lazos económicos y diplomáticos que en otra época le habían servido para mantener la narrativa de que América Latina era su “patio de atrás”.

Si bien el propósito es sancionar al Gobierno de Colombia por estar en una orilla política que se les hace incómoda, lo único que está logrando es beneficiar a los narcotraficantes, aumentar la cantidad de muertes por consumo de estupefacientes dentro de su propio país y darle vía libre a Colombia para que explore nuevos bloques geopolíticos donde las relaciones no sean en tónica de sumisión sino de cooperación real, incluso en materia militar.

Colombia ha sido considerado históricamente como el principal aliado del país norteamericano en el Cono Sur. El Gobierno Trump, que si en algo ha brillado es en su deseo fervoroso de acabar con todos los vínculos diplomáticos que durante tantos años habían le habían permitido a la nación norteamericana ser “los líderes del mundo libre”, ha buscado mediante amenaza de aranceles y disminución del presupuesto para la cooperación que Colombia ya no vea en Estados Unidos a un socio sino a un jefe ante el que se debe arrodillar, al que le debe rendir pleitesía si desea estar en su gracia y no bajo sus castigos.

El problema para el Gobierno Trump es que su estrategia hubiera servido muy bien si el poder en Colombia estuviera todavía en manos de la derecha arrodillada que habla cuando le piden que hable, calla cuando le piden que calle y repite los discursos que vienen del Norte cual títeres controlados por ventrílocuos.

En cambio, se ha encontrado con un Gobierno Nacional que por primera vez pone la soberanía nacional como prioridad, que ha tenido la habilidad diplomática de acercarse a nuevos socios estratégicos como respuesta a los desvaríos de Washington en vez de rogar estar en su lado bueno y el cual tiene los resultados suficientes, no solo en lucha contra el narcotráfico sino también en indicadores claves como control de la inflación, reducción de la pobreza y del hambre entre otros, para mantener la confianza de ese resto del mundo que busca ocupar los lugares que cada vez más va dejando Estados Unidos en el tablero geopolítico.

Hay que hacerse la pregunta, ¿certificación para qué? ¿para seguir siendo peones en la fallida lucha contra las drogas?¿para seguir poniendo a batallar al pueblo contra el pueblo en la ruralidad colombiana?¿para tratar la fiebre cuando el cáncer se encuentra en Estados Unidos con una demanda interminable por estupefacientes que Trump no ha sabido disminuir? Si es así, lo que hemos ganado ha sido la posibilidad de replantear la manera en la que luchamos contra el narcotráfico, de dejar de mandar a tantos miembros de la Fuerza Pública a que vayan a la muerte en una guerra donde los contrincantes son otros hijos de campesinos y campesinas de nuestro país.

No significa esto que se acaba en Colombia el esfuerzo para acabar con el narcotráfico. Es más, a Colombia la descertifican por ser efectiva, no por fracasar. En el 2024 se incautaron 889 toneladas de cocaína, el registro más alto al que se ha llegado. Lo que Trump – y la derecha arrodillada – se olvidan de mencionar es que en el Gobierno Duque los cultivos de cocaína crecieron en un 43%. En el 2022 el Gobierno Petro recibió un país inundado de cultivos de coca y lo que ha hecho es lograr frenar ese nivel de crecimiento que dejó Duque que amenazaba con acabar las selvas colombianas para convertirlas en plantaciones de coca, bajando el nivel crecimiento de nuevos cultivos al 3% en el 2024.

Lo que nos brinda la descertificación es centrarnos en arrebatarle al narcotráfico el manejo de la economía en las regiones cocaleras. En vez de insistir con la fallida erradicación forzada, ahora nos podremos concentrar en darle al campesinado acceso a los mercados para que le sea más rentable sembrar cacao, yuca o plátano que sembrar coca. Podemos replantear para nuestro país qué usos le damos a la hoja de coca, cuyas propiedades medicinales están más que probadas. Es la oportunidad de avanzar en la autorización de usos legales de la planta de coca, para que los campesinos prefieran asociarse para crear proyectos productivos en torno a sus propias tierras que vender la hoja al narcotráfico.

Tenemos entonces la posibilidad de dejar atrás décadas de subordinación y de falsas recetas impuestas desde Washington para, en cambio, consolidar un modelo soberano que ponga en el centro a las comunidades campesinas, proteja nuestras selvas y construya paz en los territorios. Si Estados Unidos decide cerrar la puerta, Colombia tiene hoy la madurez y la legitimidad para abrir muchas otras, con aliados que entiendan que la cooperación no es chantaje, es respeto.

Alejandro Toro

Esta semana la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de Acto Legislativo que busca reconocer la mesada 14 para los docentes del país. Detrás de esa decisión hay un mensaje nítido: dignificar a quienes sostienen la educación pública y corregir una desigualdad creada en 2005, cuando una reforma constitucional impulsada bajo el gobierno de Álvaro Uribe cercenó este derecho de los profes de Colombia.

La mesada adicional prevista en el artículo 142 de la Ley 100 nació como un mecanismo de compensación frente a la inflación; la Corte Constitucional, en la Sentencia C-409 de 1994, extendió ese beneficio para evitar discriminaciones entre pensionados en iguales condiciones. Si la finalidad era proteger el poder adquisitivo, carece de sentido que unos docentes reciban 14 mesadas y otros 13 por una barrera temporal impuesta en 2005. La igualdad material, principio rector de nuestro Estado Social de Derecho, no admite distinciones arbitrarias.

¿Qué pasó en 2005? El Acto Legislativo 01 de ese año introdujo la regla de las trece mesadas, excepto para quienes hubiesen causado la pensión antes del 31 de julio de 2011 por un valor de hasta 3 salarios mínimos. La justificación central del Gobierno Uribe fue la “sostenibilidad financiera” del sistema pensional: supuestamente garantizar el pago futuro, generando inequidades entre unos y otros dejando a la mayoría de los maestros sin pensión digna.

Según información del Ministerio de Educación y del FOMAG, hoy hay 250.237 docentes pensionados; el 35% (87.583) ya recibe mesada 14 y el 65% restante (162.654) aún no. Cerrar esa brecha tendría un costo estimado de más de $575 mil millones que deberá armonizarse con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. No es un cheque en blanco: es una decisión responsable para poner en regla un trato igualitario dentro del régimen especial del magisterio.

Pero sostenibilidad no es sinónimo de inequidad. Nadie discute que el sistema debe ser viable; lo que está en debate es si resulta legítimo mantener, veinte años después, una desigualdad interna entre servidores públicos que hicieron la misma carrera y cumplen idéntica función. La propia jurisprudencia ha advertido que el trato diferente solo es legítimo cuando se justifica razonablemente, y la mesada adicional —una prestación separable— fue diseñada para mitigar el deterioro del ingreso pensional; negar ese dique solo a parte del magisterio vulnera la igualdad real.

Además, el país ya demostró que es posible corregir sin poner en riesgo las finanzas. En 2024 el Congreso restituyó la mesada 14 a veteranos de Fuerzas Militares, Policía y a civiles del sector defensa, con requisitos definidos y estimación de impactos. Ese precedente evidencia que el debate no es “sí o no” a la mesada 14, sino a quiénes se reconoce y bajo qué reglas. Si a quienes cuidan el orden se les reconoce ese ingreso, ¿por qué negárselo a quienes cuidan el futuro desde el aula?

Nuestro proyecto hace lo correcto y lo hace bien. El texto aprobado adiciona un parágrafo al artículo 48 para incluir expresamente a las y los docentes oficiales —nacionales, nacionalizados y territoriales, según las categorías de la Ley 91 de 1989— como beneficiarios de la mesada 14 dentro de su régimen exceptuado. Y lo hace con rigor: la reforma no tiene efectos retroactivos y está sujeta a concepto fiscal de Hacienda, como corresponde. Son reglas claras que dan seguridad jurídica y, sobre todo, igualdad.

Quienes hoy se oponen repiten los argumentos de 2005. Dicen “no hay plata”, como si la educación fuese un gasto suntuario; olvidan, además, que los análisis de entonces advertían sobre presión fiscal por fallos y bonificaciones, pero no borran el hecho de que la mesada 14 fue creada para proteger a los pensionados del deterioro inflacionario. En otras palabras, el remedio de hace dos décadas se volvió una enfermedad crónica de desigualdad. El país cambió; la Constitución sigue siendo la misma: proteger a los mayores, garantizar el mínimo vital y asegurar la igualdad material.

Alejandro Toro