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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: JEP

Señalan a Efraín Cepeda de pactar alianzas con el paramilitarismo

El exsenador liberal Álvaro Ashton en su declaración ante la Justicia Especial Para la Paz (JEP), aseguró que junto a varios políticos de la costa Caribe se tejió una alianza con los paramilitares para pactar asuntos económicos y electorales.

Según Asthon de este tipo de alianzas hizo parte el senador y precandidato conservador, Efraín Cepeda, el empresario Julio Gerlein, políticos como David Char Navas, quienes, según Ashton, habrían tenido acercamientos indirectos con las AUC.

 

«Ayudábamos a que del presupuesto nacional se aprobaran partidas que terminaron financiando proyectos manejados por el Frente José Pablo Díaz con la Alcaldía de Barranquilla. Con esos recursos se nutrían para seguir delinquiendo en los demás municipios”, dijo Asthon en su declaración ante el tribunal de justicia transicional.

También mencionó al ministro del Interior, Armando Benedetti, de quien aseguró, fue quien mayor apoyo brindó en la discusión la Ley de Justicia y Paz, para que fuera beneficiosa para las AUC.

“Era una de las personas que mayor promoción hacía de la aprobación de artículos y de apelación de artículos que habían sido negados y que eran fundamentales para las AUC, como el artículo que hablaba de la sedición y el de la alternatividad penal», afirmó.

Al respecto, en entrevista para la Wradio, el senador Efraín Cepeda, negó cualquier vínculo con el paramilitarismo en Colombia.

«Jamás he tenido acercamiento con ninguno. Las luchas que he dado desde el Senado han despertado el odio de quienes quieren destruir las instituciones”, dijo.

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JEP recupera en Medellín los cuerpos de seis desaparecidos en 2002

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha recuperado este sábado los cuerpos de seis personas desaparecidas forzadamente en 2002 en el sector de La Escombrera, en Medellín. Cuatro de las víctimas ya han sido identificadas y entregadas a sus familias, lo que ha permitido darles «una sepultura digna» tras más de dos décadas de espera.

El hallazgo ha sido posible gracias a un exhaustivo trabajo liderado por el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la JEP, que ha removido unos 56.000 metros cúbicos de escombros mediante excavaciones que han alcanzado hasta 30 metros de profundidad.

 

Según un informe de este organismo compartido en la red social X, los cuerpos presentaban un notable grado de conservación, llegando al 85 por ciento, y todos mostraban signos de violencia con heridas por arma de fuego, lo que ha confirmado a La Escombrera como «un escenario de desaparición forzada y ejecuciones» extrajudiciales durante el conflicto armado colombiano.

Cuatro de las seis víctimas han sido entregadas ya a sus familias. Entre ellas, dos hombres jóvenes, presuntamente desaparecidos por el Bloque Cacique Nutibara en 2002, han sido recibidos por sus seres queridos el 14 y 15 de julio de 2025. Asimismo, una mujer de 20 años y un hombre de 28, ambos habitantes de la Comuna 13, han sido sepultados con dignidad en abril de este año.

La recuperación de los cuerpos ha sido posible en el marco de una medida cautelar adoptada en 2020 por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, en respuesta a una solicitud del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y organizaciones sociales de la Comuna 13.

En este contexto, uno de los mayores desafíos a afrontar ha sido la reconstrucción del terreno, debido al crecimiento irregular del barrio sobre zonas antiguas de extracción, ha señalado el magistrado Gustavo Salazar a través de la misma plataforma.

La confirmación de la identidad de las víctimas ha validado que los trabajos de excavación se desarrollan sobre un terreno correspondiente al periodo histórico entre 2002 y 2004. Esto ha reforzado su relevancia para el Subcaso Antioquia del Caso 08, que investiga crímenes cometidos entre 2001 y 2004 por integrantes de las fuerzas públicas, en alianza con grupos paramilitares y civiles, en el marco de 34 operaciones militares documentadas en la Comuna 13.

Como parte del proceso de reparación y memoria, la JEP ha ordenado la implementación de un proyecto de memorialización en La Escombrera.

En última instncia, ha agregado la JEP, esta iniciativa –que involucra al Ministerio de Cultura, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, entre otras– no busca si no «fortalecer el derecho a la memoria y dignificar a las mujeres y familias» que han mantenido viva la búsqueda de sus seres queridos.

JEP emite sentencia por falsos positivos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su segunda sentencia de tipo restaurativo sobre exmilitares que hicieron parte del Batallón de Infantería La Popa, de Valledupar (Cesar), responsables de 127 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos.

La sentencia está relacionada con el caso 003 donde la JEP pudo documentar los procesos de 127 civiles que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate por militares que hacían parte del Batallón La Popa.

 

La mayoría de estas víctimas eran miembros de las comunidades indígenas wiwa y kankuamo, que habitan en la región y que eran entregados por paramilitares para que el Ejército los hiciera pasar como resultados de operaciones.

El magistrado Alejandro Ramelli al leer la sentencia hizo la debida aclaración de que ningún miembro del Ejército fue obligado a declarar, y que sus versiones fueron entregadas de manera voluntaria.

Los cobijados con la sentencia restaurativa son Guillermo Gutiérrez Riveros, Heber Hernán Gómez Naranjo, Efraín Andrade Perea, Manuel Valentín Padilla Espitia, Carlos Andrés Lora Cabrales, Eduart Gustavo Álvarez Mejía, José de Jesús Rueda Quintero, Élkin Leonardo Burgos Suárez, Élkin Rojas, Juan Carlos Soto Sepúlveda, Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra. 

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Los exmilitares recibieron sanciones propias con montos de hasta ocho años de trabajos y actividades restaurativas.

Antonio Guterres celebra la primera sentencia de la JEP

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha recibido con satisfacción la primera condena de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia contra el antiguo alto mando de la disuelta guerrilla de las FARC, que ha calificado de «hito histórico», como parte de los acuerdos de La Habana de 2016.

«Representan un paso clave para los mecanismos innovadores de justicia transicional contemplados en lo acuerdos, que buscan promover la verdad, garantizar la rendición de cuentas y brindar reparación a las víctimas», ha destacado este Guterres, según un comunicado facilitado por su portavoz, Stéphane Dujarric.

 

Guterres ha incidido en que el fallo de la JEP debe aplicarse de manera plena y «traducirse en acciones de reparación en favor de las víctimas», por lo que ha pedido a todos los señalados por este tribunal especial que mantengan «su compromiso con la paz y cumplan plenamente con sus sentencias».

Al mismo tiempo, ha solicitado a las autoridades gubernamentales y estatales de Colombia que garanticen todas las condiciones necesarias para que estas sentencias puedan ser ejecutadas de la mejor manera posible.

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En una histórica resolución judicial, la JEP condenó al antiguo secretariado de las FARC –entre ellos al líder de la guerrilla, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’–, a ochos años de penas alternativas de prisión por el secuestro de unas 21.000 personas durante un conflicto armado interno que se prolongó 60 años.

La satisfacción de las autoridades colombianas contrasta con el rechazo que la sentencia ha generado en una parte de las víctimas, que han denunciado impunidad entre los perpetradores, a los que el fallo señala por no haber hecho lo necesario para evitar los crímenes que se produjeron durante su mando.

Está previsto que a lo largo de esta semana la JEP también dé a conocer la sentencias contra antiguos integrantes de las fuerzas de seguridad colombianas implicadas en la represión interna que aplicaron durante décadas.

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Procurador no descarta apelar la primera sentencia emitida por la JEP

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, no descarta la posibilidad de apelar la primera sentencia emitida por la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP)por el caso de secuestros cometidos por las Exfarc.

“Tenemos listos nuestro equipo de procuradores delegados ante la JEP, quienes están haciendo un trabajo juicioso, minucioso detallado para poder hacer un pronunciamiento y no descartamos que haya alguna apelación a la decisión”, dijo el jefe del Ministerio Público.

 

La sentencia se emitió en la JEP sobre los últimos siete exmiembros del secretariado de las Farc, es decir: Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko; Pastor Alape; Jaime Alberto Parra, alias El Médico; Pablo Catatumbo; Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez; Julián Gallo, alias Carlos Antonio Lozada; y Rodrigo Granda, alias Ricardo Téllez.

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Eljach hizo un llamado al país a entender que esto corresponde a una justicia transicional y que las decisiones son muy diferentes, sin embargo, dice que es necesario tener en cuenta las víctimas.

“Colombia está innovando en esto y se está metiendo en las corrientes mundiales que miran la justicia no solamente desde el punto de vista de la punición física, del encarcelamiento, sino otras formas muy simbólicas de reparar. Y este no es un proceso ordinario de unos delincuentes que fueron atrapados con las manos en la masa, sino un proceso también de sustento político, que fue lo que el presidente Santos quería”

Al respecto, se han pronunciado víctimas del secuestro de las Farc como la excandidata presidencia, Ingrid Betancuort Pulecio, quien mostró su desacuerdo con la sentencia de la JEP.

“Yo creo que los únicos restaurados son los criminales, es decir, los que cometieron esos delitos, ellos sí están premiados y restaurados”, dijo la excandidata y excongresista en entrevista para Bluradio.

Y agregó, “Lo que hubo fue todo un andamiaje de manipulación para garantizarle a las Farc total impunidad. Y esto es obviamente doloroso para las víctimas, pero muy preocupante para Colombia”.

Al respecto, también se pronunció el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien calificó la sentencia de la JEP como tardía, sin embargo, reconoce como bueno que se haya emitido un primer fallo que obligue a las exfarc en temas de restauración.

“Impone las primeras sanciones al secretariado de las antiguas FARC, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo de Paz y en la norma constitucional”, dijo el exministro.

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En los próximos la JEP dará a conocer un primer fallo relacionado con los falsos positivos en la región Caribe.

Los exfarc sentenciados por la JEP seguirán haciendo política

La Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) emitió la primera sentencia contra los últimos siete miembros del secretariado de las extintas Farc por los miles de secuestros cometidos durante el enfrentamiento que sostuvo esta guerrilla con el Estado.

Quienes deberán cumplir con las sanciones impuestas como penas alternativas por el tribunal de justicia transicional son: Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda, Joaquín Gómez y Jaime Alberto Parra.

 

Durante ocho años deberán cumplir sanciones restaurativas durante ocho años, no irán a la cárcel y las acciones y proyectos que desarrollen deberán estar enfocadas a la reparación de las víctimas. Algunas de las actividades que deberán ejercer están relacionadas con la búsqueda de las personas desaparecidas por las exfarc; desminado; declaración de la verdad de los hechos y reparación a las víctimas.

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Los exjefes de la extinta guerrilla mantendrán sus derechos políticos, con lo cual mantiene la investidura a de senador a Julián Gallo y Pablo Catatumbo.

“No existe incompatibilidad entre la ejecución de la sanción y el ejercicio de los derechos políticos de los comparecientes. No obstante, y hacemos énfasis, se determinó que prima el cumplimiento de la sanción propia sobre la participación en política”, explicó el magistrado Camilo Suárez.

JEP reconoce violaciones sexuales sobre los hombres en el marco del conflicto armado

La Justicia Especial para la Paz (JEP) reconoció a 104 hombres como víctimas de violación sexual en el marco del conflicto armado.

Estos hechos fueron perpetrados entre los años 1998 y 2009 por los paramilitares que ejercían control en los departamentos de Bolívar y el Magdalena, quienes ejercieron este tipo de violencias cuando estas personas eran adolescentes.

 

De acuerdo con el tribunal de justicia transicional, los 104 hombres, 35 eran menores de edad al momento de los hechos, sometidos a actos de violencia sexual como mecanismos de castigo, humillación y control.

Gran parte de las víctimas permanecieron en silencio por miedo a la vergüenza, omitiendo los abusos sexuales en sus denuncias.

«la victimización sexual de hombres y niños —incluidos quienes se identifican como heterosexuales y cisgénero- constituye una de las formas más silenciadas y poco reconocidas de violencia basada en género”, determinó la JEP.

Exfarc reconocen el reclutamiento forzado de menores

El último secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha reconocido ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el reclutamiento forzoso de más de 18.000 menores durante el conflicto armado en el país latinoamericano.

«Reconocemos con profundo dolor que el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes fue un hecho injustificable que marcó de manera irreversible la vida de quienes fueron involucrados, de sus familias y de sus comunidades. Fue una herida colectiva que dejó cicatrices hondas en el tejido social», reza la carta fechada en Bogotá.

 

Seis excomandantes que formaban parte del secretariado han resaltado que asumen «con responsabilidad» lo sucedido y tienen un «firme compromiso de aportar a la verdad, la reparación y la no repetición». «Sabemos que no basta con reconocer los hechos: también es necesario contextualizarlos y aportar a una verdad completa y útil», han agregado.

En este sentido, se han comprometido en la misiva a impulsar medidas de reparación, mientras que han pedido «una única resolución de conclusiones, así como la unificación de los diferentes hechos y conductas investigados por la Jurisdicción».

Los excomandantes, entre ellos Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko‘ –quien es el actual líder del partido Comunes– ya reconocieron su responsabilidad en los hechos después de que la sala de Reconocimiento de la JEP les imputase por ser «máximos responsables» de estos crímenes.

La JEP, mecanismo especial de la Justicia colombiana que investiga y juzga a los responsables del conflicto interno, ha informado este martes en un comunicado publicado en redes sociales que «evalúa» la respuesta después de que llamara a los excomandantes a reconocer su responsabilidad penal por cinco patrones, entre los que también se encuentra la violencia reproductiva y la violencia sexual.

«Si la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP decide acusar a los comparecientes ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz y son vencidos en juicio, se podrían enfrentar a penas de hasta 20 años de prisión», ha señalado.

La JEP ya determinó que los menores no solo fueron forzados a tomar las armas, sino que también fueron víctimas de violencia sexual, torturas, desapariciones y homicidios. En total, cifraron las víctimas en 18.677 entre el periodo 1996 y 2016.

Aunque en un principio Londoño negó que se hubieran producido estos reclutamientos, llegando incluso a presentar ante la JEP todo tipo de recursos, años más tarde rectificó y citó «casos excepcionales» que no contaban con su aprobación.

Entre los imputados en el llamado caso 007 de la JEP abierto en marzo de 2019 también se encuentran figuras destacadas de la guerrilla como Julián Gallo, apodado ‘Carlos Antonio Lozada’, Pastor Alape, o Jorge Torres Victoria, conocido como ‘Pablo Catatumbo’.

Así va la discusión entre la JEP y Yahir Acuña

En los últimos días la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inició un incidente de medidas correccionales contra el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, considerar que el mandatario local incumplió una orden emitida por el tribunal desde el año pasado.

La JEP estimó que Acuña no acató la medida cautelar de custodiar el Cementerio Central donde se encuentran enterradas víctimas del conflicto armado.

 

Lo anterior, luego de analizar una acción de tutela interpuesta por la familia de Julio Blanco Vides, cuyos restos mortales se presumen inhumados en el Cementerio, según información de Medicina Legal.

Al respecto, el alcalde Yahir Acuña respondió que en ningún momento se ha desconocido lo emitido por la JEP y que la manzana seis del Cementerio Central ya fue custodiada y acordonada provisionalmente con la construcción de un cerramiento por parte nuestra, desde el 4 de diciembre de 2024.

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“Esto se realizó con el fin de proteger el derecho de la reclamante y de las presuntas víctimas del conflicto armado inhumadas en ese sector. Actualmente, esa parte de la manzana seis está siendo intervenida por la Fiscalía General de la Nación”.

La discusión entre al tribunal de justicia transicional y el alcalde de Sincelejo se presentó en el marco del caso 08, que investiga violaciones a los derechos humanos en los Montes de María y otras zonas aledañas, cometidas por miembros de la Fuerza Pública y civiles.

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La Justicia Especial Para la Paz imputó cargos a generales (r) del Ejército Nacional Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria, comandantes y Jefe de Operaciones de la Brigada IV entre 2004 y 2007 por los falsos positivos cometidos en el departamento de Antioquia.

Junto a los generales también fueron imputados otros 25 oficiales y 10 suboficiales de seis batallones por su participación determinante en la comisión de los crímenes.

 

De acuerdo con la Sala de Reconocimiento de Verdad, se pudo establecer que las víctimas fueron sometidas a actos tortura antes de ser ejecutadas.

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«Ocurrió en 22 casos con 41 víctimas, especialmente campesinos del Oriente Antioqueño, que fueron arbitrariamente acusados por los militares de ser guerrilleros, milicianos o colaboradores de las guerrillas, y torturados para que les entregaran información, material de guerra o a otros miembros de la guerrilla que supuestamente escondían», explicó el tribunal de justicia transicional.

Asimismo, se imputó a dos terceros civiles que hacían parte de una red criminal dedicada a reclutar a las víctimas y entregarlas, a cambio de sumas de dinero, a los militares para que las asesinaran.

JEP evacúa a 124 reincorporados de la región del Catatumbo

La Jurisdicción Especial para la Paz –la justicia especial instaurada en el marco del acuerdo de paz de 2016– ha ordenado evacuar a 124 reincorporados de las extintas Farc para garantizar su seguridad en el marco de los enfrentamientos de entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la región del Catatumbo.

«La JEP ordena trasladar a 124 firmantes de paz de las extintas FARC-EP que están en riesgo en el Catatumbo y otras acciones para garantizar sus derechos y los de otros excombatientes» que «están en riesgo por las acciones» del ELN, ha indicado la JEP en un comunicado.

 

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La JEP recuerda que, según cifras de la Defensoría del Pueblo, cerca de 80 personas han sido asesinadas y al menos 41.000 desplazadas, según el dato de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Además, abogados de guerrilleros desmovilizados han denunciado que solo entre el 15 y el 22 de enero han sido asesinados seis exguerrilleros: Pedro Rodríguez Mejía, Johan Carlos Carvajal Quintero, Albeiro Díaz Freno, Jon Freddy Carrascal García, Sergio Vivas y Pedro Nel Angarita.

Por todo ello, la JEP ha ordenado al Ministerio de Defensa que, «de manera inmediata garantice el proceso de extracción de 124 firmantes del Acuerdo de Paz que se encuentran en la zona del Catatumbo» y destaca la necesidad de «mantener los anillos de seguridad en el AETCR (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación) de Caño Indio y en la NAR (Nueva Área de Reincorporación) de Tibú».

También se ordena a la Fiscalía colombiana «diseñar y ejecutar un plan para localizar, al menos, a doce firmantes del Acuerdo Final de Paz desaparecidos a raíz de la crisis humanitaria en Catatumbo».

La JEP también ha ordenado a la Fiscalía que presente un informe detallado sobre todas las acciones de investigación relacionadas con la criminalidad en la región y le solicita que diseñe un plan para recoger las declaraciones y denuncias de los firmantes del Acuerdo de Paz y sus núcleos familiares que hayan sido víctimas de hechos como homicidio y desaparición forzada.

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Al Ministerio del Interior y organismos regionales y locales les pide un plan de atención humanitaria para las personas en proceso de reincorporación y una estrategia para prevenir la violencia de género en los refugios.

«Proteger los derechos fundamentales de los comparecientes ante la JEP, no solo redunda en el compromiso del Estado con quienes firmaron el Acuerdo Final de Paz para participar activamente en la política, sino también con las víctimas que sufrieron los vejámenes del conflicto armado», resalta la JEP.

Este jueves, la guerrilla colombiana ELN reafirmó que mantendrá el conflicto en la región del Catatumbo, una «guerra de liberación», según sus propios términos, que habría permitido la captura de «decenas» de integrantes del Frente 33 de las disidencias de las FARC, en concreto del denominado Frente 33. El Gobierno de Colombia suspendió las negociaciones de paz con el ELN, enfrentado ahora a las disidencias.

Listo el sistema digital para tránsito de información entre la JEP y la URT

Como resultado del convenio firmado en diciembre de 2023 entre la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se conformó un sistema de tránsito de información bilateral. Este permite obtener datos robustos para soportar las demandas que buscan restablecer los derechos de las víctimas sobre sus tierras y territorio, tal como para contribuir a la identificación de máximos responsables del conflicto armado, beneficiarios y determinadores de los hechos de violencia que azotaron al país antes de la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

El sistema otorga usuarios con contraseña que permiten el acceso bilateral a los sistemas de información con que cuentan ambas partes. Son datos robustos y privilegiados de entidades como la Fiscalía, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), o de fuentes internacionales.

 

“Con el trabajo adelantado, la URT accede a los sistemas de información Yachay y Júpiter de la JEP, en los que se puede acceder a los informes que esta jurisdicción ha recibido de diversas entidades. Los usuarios pueden consultar sucesos y estructuras de grupos armados, así como obtener reportes detallados. También facilita la consulta del Universo Provisional de Hechos (UPH) y permite visualizar estadísticas sobre víctimas y responsables; a las que la URT no podría ingresar sin el proceso de articulación interinstitucional estipulado en el convenio”, destacó Paula Villa Vélez, directora jurídica de la Unidad de Restitución de Tierras.

Por su parte, los investigadores de la JEP pueden acceder al Sistema de Registro de Tierras Abandonadas y Despojadas Forzosamente (SRTDAF), tal como a los datos generados por el Observatorio Jurisprudencial de Restitución de Tierras: plataformas de información y análisis con los que se ha examinado el panorama del desplazamiento y/o despojo de tierras en Colombia.

JEP reconoce al Canal del Dique como víctima del conflicto armado

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz reconoció al Canal de Dique como víctima del conflicto armado.

La decisión se tomó dentro del macro-caso de investigación 08 que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública, en asociación con grupos paramilitares, agentes del Estado o terceros civiles.

 

“De acuerdo con la evidencia judicial, los homicidios, desapariciones forzadas, y otros crímenes de guerra cometidos a lo largo del canal, transformaron el territorio y las relaciones de la gente con el mismo”, señaló el tribunal de paz en su comunicado.

De acuerdo con los diferentes testimonios de las víctimas del conflicto armado y de las personas citadas a rendir declaración ante el tribunal de justicia transicional, «el canal fue utilizado como un cementerio acuático, mientras que su posición estratégica convirtió la zona en un punto de control militar y paramilitar desde los años noventa».

La JEP señaló que la práctica de arrojar cadáveres al Canal Dique generó una afectación de grandes proporciones al ecosistema la degradación de las fuentes hídricas y la transformación forzada de los significados culturales y espirituales atribuidos al territorio.

Con esta decisión el Canal del Dique será sujeto de reparación por lo que podrá recibir recursos para su reparación ecológica y ambiental.

La lista de políticos que la JEP compulsó por supuestas relaciones con alias ‘Otoniel’

La Justicia Especial Para la Paz compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación para que indague si hay mérito para abrir investigación a una lista de políticos que según las versiones entregadas por alias ‘Otoniel‘, habrían colaborado con los paramilitares.

Julio Acosta Bernal, el exgobernador de Arauca por Cambio Radical, quien según su testimonio ordenó a paramilitares el asesinato de su rival político el congresista Octavio Sarmiento.

 

El exrepresentante a la Cámara y exsenador por Cundinamarca del Partido de la U, Milton Rodríguez, quien, según ‘Otoniel’, era financiado por los paramilitares del Casanare.

El exsenador del Casanare por el Partido de la U, Carlos Cárdenas Ortiz, señalado de recibir apoyo paramilitar a cambio de respaldar desde el Senado a estos grupos delincuenciales.

Andrés Rueda Gómez, exsecretario de Obras Públicas de Casanare, quien presuntamente trabajaba para el Bloque Centauros. Fue dirigente de la campaña presidencial de Iván Duque en el Casanare.

El exgobernador de Casanare, Miguel Ángel Pérez.

William Pérez, exgobernador de Casanare.

Helí Cala López, excongresista de Casanare por el Partido Liberal.

El exrector de la Universidad de Cartagena, Sergio Manuel Hernández Gamarra, quien usó la universidad para efectuar contratos cuya utilidad llegaba a los paramilitares.

Oscar Raúl Iván Flores, diputado de Casanare.

Alfredo Iván Guzmán Tafur, exalcalde de Tame, Arauca.

Alias Otoniel también involucró en sus declaraciones a toda la cúpula de la Brigada 18 del Ejército que ejerció mando entre 2000 y 2006.

La Procuraduría pide a la JEP medidas de protección especial para la Sierra Nevada de Santa Marta

Foto: Pixabay

La Procuraduría General de la Nación radicó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una solicitud de medidas cautelares que busca prevenir la destrucción y garantizar la no repetición de las conductas asociadas a los daños efectuados contra de los bienes culturales (materiales e inmateriales) y del territorio ancestral, sagrado y colectivo de la Sierra Nevada de Gonawindua (Santa Marta). 

 

El Ministerio Público busca la protección del sistema vital de los 348 sitios sagrados que conforman e interconectan la “Línea Negra”, el ente de control y las cuatro comunidades de la Sierra Nevada, Arhuacos, Koguis, Wiwas y Kankuamos.

Con la medida se pretende evitar vulneraciones y proteger los derechos a la vida, la libertad, la seguridad y la integridad de los líderes, lideresas y las autoridades indígenas tradicionales, jurisdiccionales, político-administrativas y espirituales.

«Por un lado se busca proteger el territorio a través de los sitios sagrados como sistema vital“, y por otro lado, “al pueblo como tal y precaver futuras violaciones a los derechos humanos, a través de garantías de no repetición”, agrega la Procuraduría.

La medida involucra los macrocasos 01, 03 (subcaso Batallón la Popa I, Batallón La Popa II, Costa Caribe y Fase Nacional), 08, 09 (subcaso Sierra Nevada de Santa Marta y zonas de influencia) y el macrocaso 10. Además, resaltaron que lo histórico de la solicitud radica en la dimensión integral, ya que no sólo tiene que ver con los riesgos y afectaciones, sino que hace parte de un continuo de violencias.