Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Opinión

Frente Amplio Democrático: el paso necesario para defender el cambio

Colombia atraviesa un momento decisivo. Después de más de dos siglos de exclusión política y desigualdad social, el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez marcó un punto de inflexión. No se trata solo de un cambio de gobierno, sino del inicio de un cambio de época: el de un país que empieza a reconocerse en la diversidad, a poner la vida por encima del mercado y a hablar de justicia social como una política de Estado, no como una promesa electoral.

Sin embargo, todo proceso transformador enfrenta resistencias. Los sectores que durante décadas se beneficiaron del modelo desigual no cederán fácilmente sus privilegios. Por eso, más que nunca, necesitamos un Frente Amplio Democrático: un espacio plural donde confluyan las fuerzas progresistas, populares, feministas, sindicales, maestros, profesionales de la salud, campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas, animalistas, y urbanas que defienden la democracia, la justicia y la paz.

 

Lo que hemos ganado con el gobierno del cambio

Durante estos tres años, Colombia ha avanzado en áreas que antes parecían inamovibles. La paz volvió a ser el eje de la política pública. El Estado retomó el cumplimiento del Acuerdo de 2016, avanzó en diálogos regionales y en la política de “paz total”, no perfecta pero si paz y puso la vida en el centro de las decisiones.

La justicia social dejó de ser un discurso abstracto: las transferencias directas fortalecen la economía popular, la reforma agraria empieza a ser una realidad, y las mujeres, comunidades étnicas y jóvenes han ganado espacios reales en el poder. Por primera vez, las decisiones nacionales se piensan desde los territorios históricamente olvidados, y la inversión pública comienza a reflejar la trasformación de la Colombia profunda a una Colombia plural.

La agenda ambiental se convirtió en una prioridad nacional e internacional. Petro ha sido una voz global en defensa de la Amazonía, la transición energética y la justicia climática. Y junto a Francia Márquez, el país ha mostrado al mundo que la dignidad también puede gobernar.

¿Por qué debemos seguir en el poder?

Porque el cambio apenas comienza. Los procesos sociales y políticos no se consolidan en un solo periodo de gobierno. Requieren continuidad, organización popular y poder ciudadano. Si hoy retrocedemos, no solo se detendrán las reformas: se pondría en riesgo la esperanza misma de millones de colombianos y colombianas que por primera vez se sienten parte de un proyecto nacional.

Seguir en el poder no significa perpetuar nombres, sino defender un proyecto histórico: uno que busca la paz completa, la equidad económica, la justicia ambiental y la inclusión real de todas las diversidades. Significa no permitir que el miedo y la desinformación nos devuelvan al pasado de exclusión y violencia.

El Frente Amplio como horizonte político y ético

El Frente Amplio Democrático no es una consigna, es una necesidad histórica. Debe ser el espacio donde confluyan quienes creen en el cambio, aunque vengan de caminos distintos. Donde la diferencia no sea obstáculo, sino riqueza. Donde el pueblo, los movimientos sociales y las nuevas generaciones tomen las riendas de la democracia.

Solo con una fuerza amplia, diversa y organizada podremos garantizar que los avances sociales, ambientales y de derechos humanos no sean reversibles. La democracia se defiende en las urnas, pero sobre todo en las calles, en las comunidades, en los territorios, en la palabra y en la acción colectiva.

Un llamado a seguir caminando juntas y juntos

Colombia ha ganado en dignidad, conciencia y participación. Por eso no podemos rendirnos. Es tiempo de unirnos en torno a un propósito superior: consolidar el cambio, blindar los derechos conquistados y seguir caminando hacia una Colombia en paz, justa, feminista, diversa y viva.

El Frente Amplio Democrático no es solo un acuerdo político; es un pacto con la historia.

Porque los pueblos que conquistan la esperanza no pueden permitirse volver al pasado al miedo y menos al olvido.

Marcela Clavijo

¿A cuánto está el kg de humo?

¿A cuánto está el kg de humo?

  • «Lo que las grandes compañías no quieren que sepas» –
  • «Lee esto antes que lo eliminen de esta red» –
  • «Si este post llegó a ti, no es por casualidad» –
  • «Comenta la palabra HUMO y te envío un link» –

En tiempos de mercaderes de la IA y Redes Sociales, formar criterios es más urgente que nunca. Como creativos, publicistas y estrategas; tenemos una responsabilidad que va más allá de entregar campañas creativas, efectivas o piezas memorables. Tenemos el casi deber de formar criterios. De educar, inspirar y proteger a los nuevos talentos de la industria que amamos. Esta es la única forma de hacer una industria más interesante, feliz y próspera para todos.

 

Hoy, cualquiera se declara experto, influencer, conocedor o referente de lo que sea. Todo parece funcionar si lo recomienda el algoritmo. Los hooks, hacks, trends… se repiten como mantras sin alma. Pero ¿Dónde quedó el pensamiento?

¿Dónde quedó el concepto? ¿Dónde quedó el sentido común?

La llegada inexorable de la Inteligencia Artificial y el poder amplificador de las redes sociales han democratizado la creatividad, sí. Pero también han diluido el criterio. La masa se ha perdido en la superficialidad de todo.

En esta tormenta perfecta, los #VENDEDORESDEHUMO prosperan, se venden ellos, su iluminación y hasta sus métodos o fórmulas de éxito; eso sí, sin piedad, sin veracidad, sin ética alguna, sin importarles nada; lo que sea por un seguidor más, un like, otra interacción, lead y la vida misma por una conversión.

Por eso, más que nunca, hay que ser más humanamente inteligentes. Más que nunca, hay que cuestionarlo todo. Más que nunca, hay que enseñar a pensar. No se trata de rechazar la tecnología. Se trata de no rendirse ante ella y quienes la manipulan indiscriminadamente o de forma inescrupulosa.

No se trata de ignorar las tendencias. Se trata de no abrazarlas solo porque

“funcionan”.

La creatividad —la verdadera— sigue siendo el antídoto más poderoso contra la estupidez colectiva. Las ideas con concepto, criterio y propósito siguen siendo nuestra mejor defensa ante la vaciedad que nos rodea.

Formar nuevos talentos no es enseñarles a seguir el ritmo del algoritmo. Es enseñarles a hacer su propio camino. Porque en esta industria, como en la vida, el libre albedrío es el único brief que vale la pena responder.

Si esto resuena contigo, compártelo. Si estás formando nuevos talentos invítalos a pensar. Y si estás en esta industria por las razones correctas, que se note en cada idea que defiendes, en cada intervención, en cada cosa que haces y dices.

Carlos Rusconi

El Nobel

El Premio Nobel es uno de los galardones más reputados, reconoce a personas e instituciones que han hecho aportes significativos en los campos de la física, la química, la medicina, la literatura, la paz y la economía. Su origen está en la voluntad testamentaria de Alfred Bernhard Nobel (1833-1896) célebre inventor sueco, cuyos desarrollos más importantes están en la industria de los explosivos y bélica, siendo la dinamita su invento más popular. Nobel fue descrito como un hombre solitario que cargó con una gran culpa: El haber construido su fortuna a partir de inventos que serían empleados en la guerra, de allí que hubiese dispuesto que el 94% de la gran fortuna que amasó, sería destinado para constituir un fondo para los premios que llevan su nombre y que, anualmente por esta época, son anunciados con polémicas de por medio sobre los méritos del galardonado.

De las cinco categorías originales de los Premios Nobel tres son objetivas y generalmente son recibidas por ciudadanos de países desarrollados o por personas que tienen vínculos con países donde las ciencias avanzan y se hacen aportes significativos a la humanidad; ciencias como la física, la química y la medicina evolucionan en países desarrollados. Las otras dos categorías originales, literatura y paz, son premios con un altísimo contenido político y circunstancial. Son considerados, para algunos, premios de consolación destinados a personas y organizaciones de países no desarrollados. El Premio Nobel en economía merece comentario aparte, toda vez que, no estaba dentro de la voluntad testamentaria de su benefactor, fue creado por el Banco de Suecia y empezó a concederse en 1969.

 

Sólo 18 latinoamericanos han recibido el Premio Nobel. La gran mayoría en las categorías de literatura y paz, lo que evidencia que Latinoamérica es caldo de cultivo para la imaginación y la violencia. Caso especial, Argentina, que ha sido el país latinoamericano más galardonado, cinco ocasiones, tres de las cuales en ciencias (Dos en medicina y uno en química). Por su parte, Brasil sólo ha tenido uno en medicina al ser galardonado Peter Medawar, nacido allí, pero de nacionalidad británica. Comparado con otras nacionalidades, lo han recibido 13 israelíes, 13 chinos, 28 japoneses, 70 franceses, 108 alemanes y 377 estadounidenses, por citar algunas cifras.

Lo anterior permite pensar que, los Premios Nobel en literatura y paz, son galardones otorgados según el tablero de ajedrez de la geopolítica como ocurrió con el Nobel en literatura de 1992. Muchas veces son entregados sin mayores merecimientos o simplemente por provocar golpes de opinión. Grandes escritores como Borges, Cortázar, Kafka, Joyce, Woolf, Rulfo, Orwell o Pesoa jamás ganaron en Literatura, pero el cantante y pintor Bob Dylan sí lo ganó y hasta demoró para aceptarlo. Hitler fue nominado al Nobel en Paz, mientras el expresidente Barack Obama lo ganó con nulos logros en esa materia, probablemente, le fue concedido por ser el primer mandatario estadounidense biétnico. Los Premios Nobel en materia de literatura y paz, no siempre son los más meritorios, ni están destinados para los de más méritos.

No vale la pena entrar en polémicas en tratándose de Premios Nobel en literatura y paz, son subjetivos y políticos, buscan llamar atenciones y revolcar pareceres. Curiosamente, Colombia tiene dos Nobel, uno de ellos en paz, una broma total.

En suma, si se tratara de méritos, el presidente Donald Trump debió ser el Nobel de Paz 2025, ayudó a apagar ocho conflictos, hizo más por la paz que su coterráneo Obama. Los noruegos, como los hábiles jugadores de póker expertos en despistar, usan el discurso de los derechos humanos y la problemática ambiental para hacer negocios, no en vano le sacan el jugo a la industria petrolera. Ellos no reconocerán que un hombre del talante y la estatura de Trump pueda hablar de paz.

León Ferreira

Los 35 dueños de nuestra democracia

Es asombroso que nuestra democracia en la práctica podría estar reducida a unas treinta y cinco personas (CNE, 2025) y no a los 41,241,599 colombianos que dice el censo electoral (CNE, 2025). Esas treinta y cinco corresponden a una por cada partido con personería jurídica ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, que determinan los avales que otorgan a los candidatos en las elecciones. Con ello deciden quién puede aspirar a la Presidencia o al Congreso, lo cual representa un gran poder porque a través de quienes salen elegidos controlan gran parte del Estado.

Ese poder se concentra en los que eligen a quiénes pueden ser elegidos, que no siempre son los representantes legales de los partidos: en todos los partidos se sabe quién es el que manda, y lo primero que mandan es la determinación de los avales. Lo que debería haber sido un trámite administrativo ante el CNE se convirtió en la llave al poder para manejar al Estado.

 

De la apertura al caos

En 1991, la Constitución prometió un pluralismo que reemplazara al viejo bipartidismo excluyente. Se trataba de abrir el sistema para que nuevas fuerzas políticas, incluidas las que dejaban las armas, pudieran competir en igualdad. Pero lo que debía ser un multipartidismo moderado derivó en una proliferación sin control.

Las leyes posteriores a la Constitución del 91, empezando por la Ley 130 de 1994, abrió esa puerta a la proliferación de partidos y movimientos sin control (Pizarro, UNAL, 2023). Para 2003, Colombia ya tenía 72 partidos registrados, lo que convirtió el pluralismo en un comercio con disfraz de democracia (Fescol–El Espectador–Los Andes, 2024). Esa crisis obligó a una reforma constitucional (Acto Legislativo 01 de 2003) que introdujo el umbral electoral, la lista única por partido y, posteriormente llegó la disciplina de bancada (Ley 974 de 2005), con la esperanza de reducir la dispersión. Pero las fisuras legales y las reinterpretaciones del CNE terminaron reviviendo el mismo problema: entre 2019 y 2023 se reconocieron 21 nuevos partidos llegando a 36, y otros siguen en fila para conseguir la personería (hasta las elecciones seguirán las fluctuaciones del número).

La ley exige democracia interna, pero en la práctica muchos de los partidos son microempresas electorales: estructuras que giran alrededor de un dueño, no de un programa. Hoy cada nuevo movimiento nace como una franquicia personal: En Marcha de Juan Fernando Cristo, La Fuerza de la Paz de Roy Barreras, Poder Popular de Ernesto Samper o la Nueva Fuerza Democrática de Andrés Pastrana. Todos distintos en discurso, idénticos en estructura (Pizarro, UNAL, 2023). También en los partidos “grandes” existen los jefes que mandan, y en últimas operan de igual forma.

Fábricas de avales

Lo que es de conocimiento público es que algunos partidos pequeños se han vuelto fábricas de avales. Según La Silla Vacía, en las regiones, durante las elecciones de 2023, los que más avalaron candidatos no fueron los grandes, sino la ASI y la Alianza Verde, convertidos en auténticos expendedores de franquicias políticas. A más avales, más ingresos por reposición de votos, más acceso a recursos públicos y más poder de negociación en las coaliciones (La Silla Vacía, 2023).

De esa economía del aval viven muchos de los jefes políticos regionales: los clanes que dominan departamentos enteros con el mismo apellido. Esos clanes no actúan como partidos, sino como redes familiares de contratación pública, sostenidas en favores, puestos y licitaciones amañadas. Allí la corrupción es el modelo operativo.

Tampoco los llamados “independientes” han cambiado el panorama. En teoría, representaban una vía ciudadana para renovar la política puesto que, al no pasar por los avales de los partidos, no quedaban dependiendo de los que determinan esos avales; en la práctica, se multiplicaron los candidatos y se diluyeron los resultados. Salvo la excepción de Rodolfo Hernández en 2022, ninguno ha tenido un respaldo significativo, aunque todos han contribuido a engordar la fragmentación y el costo del sistema electoral. Las reglas permiten el reembolso por voto obtenido, de modo que cada intento fallido implica gasto público sin beneficio colectivo. Más que abrir la democracia, los independientes terminaron ensanchando el negocio de la política, dispersando los votos y legitimando el mismo esquema de personalismo que decían combatir.

Fragmentación y parálisis

El resultado es la atomización. En 2023, el país tenía 36 partidos o movimientos con personería jurídica (Pizarro, UNAL, 2023); para 2024, tras algunas anulaciones, quedaban 34 (Fescol–El Espectador–Los Andes, 2024). La diferencia numérica importa poco: lo sustancial es que ninguno tiene fuerza suficiente para gobernar. En el Senado, el Pacto Histórico apenas alcanza 20 curules de 108; en la Cámara, el Partido Liberal suma 32 de 188. Las leyes se aprueban a punta de retazos, negociaciones y trueques. “Puestos por votos”, como lo resume bien Pizarro (Pizarro, Contexto, 2024).

Ese mismo autor advierte que esta fragmentación produce una paradoja: ni hay realmente partido sólido de gobierno ni tampoco uno sólido de oposición,. Los “independientes”, creados por la Ley 1909 de 2018, no fortalecieron la democracia; solo ampliaron el menú para la cooptación. El Ejecutivo compra apoyos individuales, quiebra bancadas y desfigura cualquier disciplina interna (Pizarro, Contexto, 2024).

La distancia entre norma y realidad

El Estatuto Básico de los Partidos (Ley 130 de 1994) define a estas organizaciones como instrumentos de participación ciudadana y de formación de la voluntad popular. Deberían funcionar con democracia interna, ética y transparencia. Pero en la práctica son pequeñas monarquías, donde el bolígrafo del jefe político decide listas y alianzas. Los tribunales de ética sancionan a los disidentes, pero nunca a los negociadores de avales. El resultado es un pluralismo aparente que legitima el clientelismo con fachada legal.

La ciudadanía lo percibe. Según Fescol y El Espectador, la confianza en los partidos cayó del 12,3 % en 2019 al 6,6 % en 2023. Es decir, más partidos, pero menos representación (Fescol–El Espectador–Los Andes, 2024).

Una democracia capturada

Lo que se llama “democracia representativa” es, en la práctica, una especie de oligarquía de intermediarios. Treinta y cinco personas deciden quién puede competir por el poder. Son pocos, pero controlan el sistema: a través de los elegidos, ellos también controlan buena parte de la contratación pública, la burocracia y las alianzas regionales. Son los nodos de una red de intereses que sustituye al ciudadano.

Las consecuencias son visibles: leyes incoherentes, reformas empantanadas y una ciudadanía cada vez más incrédula. El pluralismo degeneró en dispersión, y la dispersión en parálisis (Pizarro, UNAL, 2023). Colombia pasó del bipartidismo excluyente al multipartidismo ingobernable, donde todos se autoproclaman los representantes del pueblo, pero el pueblo poco se le escucha.

El desafío

Algunos sectores, desde orillas ideológicas opuestas, han pedido un acuerdo nacional para reformar la ley de partidos, reducir el número de colectividades y recuperar la coherencia del sistema (Pizarro, UNAL, 2024).

Pero mientras eso ocurre, seguiremos atrapados en un sistema que confunde pluralidad con dispersión, y representación con propiedad privada del aval. El precio de esa confusión no es abstracto: es la facilitación estructural de la corrupción, donde no delinquen individuos aislados sino redes que manejan el poder como patrimonio familiar, encabezadas por quienes ostentan el poder de otorgar avales.

Rafael Fonseca Zarate

Elecciones de consejeros de juventud: CLJ y CMJ

El próximo 19 de octubre se realizarán en todo el país las elecciones de los Consejos Municipales -CMJ- y Locales de Juventud -CLJ- (debido a las localidades que componen Bogotá), los cuales son mecanismos democráticos  creados para que las y los jóvenes elijan a sus representantes ante el Estado. En el Distrito Capital, estas elecciones corresponden a las 20 localidades y marcarán un nuevo capítulo de la política pública juvenil. Sin embargo, este proceso va más allá de una mera jornada electoral y representa la continuidad de una historia que se remonta a las grandes decisiones políticas internacionales sobre participación juvenil, con raíces en Europa, Asia y América Latina.

Desde mediados del siglo XX, la participación juvenil se ha convertido en un componente estructural de las democracias modernas. Los Estados comprendieron que la juventud no debía ser vista únicamente como una etapa biológica o una población vulnerable, sino como un actor político y social estratégico para el desarrollo, pues a partir de los movimientos estudiantiles, las luchas por los derechos civiles y la apertura de regímenes autoritarios, surgieron marcos normativos y organismos especializados que promovieron la participación de las nuevas generaciones en la vida pública. Organismos internacionales como las Naciones Unidas (Unesco), el Consejo de Europa (CdE) y la OEA  impulsaron políticas de juventud y la creación de Consejos Juveniles como instrumentos de gobernanza participativa.

 

En Europa, países como España, Francia, Alemania y Portugal fueron pioneros. En España, la Ley 18 de 1983 dio origen al Consejo de la Juventud de España (CJE), un órgano autónomo de representación y consulta ante el Estado. En Francia, el Conseil National de la Jeunesse (CNJ) asesora al Ministerio de Educación y promueve consejos municipales de jóvenes. En Alemania, los Jugendräte o Consejos Juveniles operan en ciudades y distritos con capacidad de propuesta en temas educativos, ambientales y culturales, mientras que en Portugal el Conselho Nacional de Juventude (CNJ) -creado en 1985-  agrupa organizaciones juveniles y otorga facilidades académicas y laborales a sus dirigentes. Estos modelos europeos comparten un principio común frente a  la participación juvenil cómo un acto cívico, voluntario y formativo, sin ser empleos remunerados, pero sí cuenta con respaldados institucionales, becas y certificaciones.

En América Latina, la institucionalización de la juventud llegó con las transiciones democráticas de los años noventa. Chile (1991) creó el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV); México (1999) fundó el IMJUVE y permitió la creación de consejos locales; Costa Rica (2002) instauró el Consejo de la Persona Joven; y Perú (2002) creó consejos regionales y locales. En todos los casos, los jóvenes ejercen su labor ad honorem, aunque con incentivos formativos o académicos. En Colombia, el proceso comenzó con la Ley 375 de 1997, primera Ley de la Juventud, y se consolidó con el Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 de 2013) y su reforma, la Ley 1885 de 2018, que fortaleció los Consejos de Juventud como canales de interlocución, incidencia y control social.

Posiblemente el modelo más avanzado a nivel mundial se encuentra en Filipinas, donde los Sangguniang Kabataan, creados en 1991, fueron reformados en 2022 para reconocer honorarios mensuales y presupuesto propio a los consejeros. Este esquema profesionaliza la representación juvenil y demuestra que la democracia también se fortalece cuando el trabajo cívico es valorado económicamente. En contraste, la mayoría de los países, incluido Colombia, mantienen una lógica voluntaria, aunque con incentivos no salariales -como transporte, formación y becas- para facilitar la participación.

Pero la historia de la política de juventud en Colombia tiene un trasfondo mucho más profundo al surgir en un momento de violencia extrema, cuando el país estaba marcado por el terror del narcotráfico, los asesinatos políticos y la pérdida de confianza institucional, ante lo cual  los jóvenes respondieron con un potente movimiento juvenil y solidario denominado “La Séptima Papeleta”. Lo que conllevó a que en el gobierno de César Gaviria Trujillo (1990–1994), tras la promulgación de la Constitución de 1991, se creara el Programa Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia, y se nombró como Viceministro de la Juventud a Juan Manuel Galán Pachón, hijo del líder liberal asesinado Luis Carlos Galán Sarmiento. Su designación tuvo un valor simbólico enorme en la medida que era la voz de una generación que transformaba el dolor dejado por Pablo Escobar y el Cartel de Medellín en una política pública para la vida, la participación y la democracia.

Aquella política nació como un antídoto frente a la cultura de la muerte, con el propósito de promover la educación cívica, la inclusión social y la esperanza en una generación marcada por la violencia. La Ley 375 de 1997 recogió ese espíritu, reconociendo a los jóvenes como sujetos de derechos y creando los primeros Consejos Municipales de Juventud.  Décadas después, las leyes 1622 y 1885 reafirmaron esa visión, haciendo de los CLJ una escuela ciudadana para formar líderes con sentido de lo público, capaces de influir en decisiones sobre educación, empleo, ambiente y cultura.

Así, los Consejos Locales de Juventud no pueden relegarse a una moda institucional, sino que debe entenderse como aquel símbolo del derecho a participar y a transformar, en la medida que las y los jóvenes no solo ejercen ciudadanía, sino que también demuestran que las grandes luchas internacionales por revindicar la democracia sigue viva en cada momento electoral que permite renovar el pensamiento político de toda una nueva generación. Hoy, a más de treinta años de su nacimiento, la política de juventud conserva su esencia frente al reconocimiento de  las nuevas generaciones como el rostro ético de la democracia. Si en los años noventa el reto era superar el miedo y el narcoterrorismo, hoy al gran reto es  vencer la exclusión, el desempleo juvenil y la apatía política, ¡por eso hay que salir a votar masivamente este 19 de octubre jóvenes!.

Luis Fernando Ulloa

Nobel del disenso

El Premio Nobel de Paz a María Corina Machado es más que un galardón personal: es una advertencia moral al autoritarismo. Venezuela no solo recibe un Nobel; recibe un espejo que refleja veinticinco años de erosión institucional. Una resistencia que ha sobrevivido a la censura, el exilio y la cárcel de la palabra. El reconocimiento llega mientras América Latina discute su rumbo entre populismos, Venezuela se convertía en un símbolo de la indiferencia. El Nobel a Machado no es un premio a la oposición, sino al concepto mismo de resistencia en sociedades donde disentir es peligroso. La defensa del gobierno de Gustavo Petro a Nicolás Maduro cada vez luce peor.

A diferencia de los laureados clásicos de Oslo, Machado no lidera un movimiento pacifista tradicional. Su “arma” es la persistencia cívica. Durante dos décadas, ha defendido elecciones que no contaban los votos, parlamentos sin poder y libertades convertidas en nostalgia. En un continente donde la popularidad suele sustituir la legitimidad, su figura recuerda que la democracia no se mide por la eficacia, sino por la integridad frente al abuso de poder.

El impacto regional es inevitable. En Bogotá, Buenos Aires o La Paz, la noticia resuena como un recordatorio de que la democracia puede colapsar sin tanques ni golpes, solo con la erosión paciente de los contrapesos. Una cosa es defender el derecho a la autodeterminación, algo muy diferente es la destrucción de las normas democráticas.  En Caracas, en cambio, el Nobel tiene un efecto paradójico: refuerza la autoridad moral de Machado justo cuando el régimen intenta anularla jurídicamente. Oslo acaba de devolverle visibilidad global y, con ella, capacidad de negociación.

Nota recomendada: María Corina Machado gana el premio Nobel de Paz

Desde la perspectiva histórica, los Nobel anteriores exaltaban la reconciliación después del conflicto. Este, en cambio, exalta la resistencia antes de la rendición. Es un giro simbólico: el reconocimiento ya no espera la paz lograda, sino que celebra la lucha por la posibilidad de alcanzarla. Es una validación de una causa tanto como la de la persona. Es un acto político que, aunque ha recibido el rechazo de la izquierda Latinoamericana, es un reflejo de defensa de valores democráticos. Tocaría ver si esa indignación existiría si esta defensa de derechos humanos fuera en contra de un gobierno no de izquierda.

El régimen intentará reducir el Nobel a una provocación extranjera; la comunidad internacional lo usará como presión diplomática, y la oposición venezolana deberá evitar convertirlo en una medalla de ego. El premio no derroca gobiernos, pero sí reordena narrativas. Y en política, las narrativas son más duraderas que las victorias. Hay que ser tácticos, una virtud mucha veces ausente de la oposición Venezolana.

María Corina Machado, con su voz firme y su biografía de resistencia, acaba de inscribir su nombre en la historia de la dignidad latinoamericana. Su Nobel no premia el fin de una dictadura, sino la persistencia de una esperanza. En tiempos en que el cinismo es moda, su ejemplo recuerda que todavía hay causas que merecen sacrificio. Y que, a veces, la paz empieza con el coraje de decir la verdad. Mientras tanto el gobierno pierde banderas de Venezuela y Palestina la misma semana. Mejor enfocarnos en los problemas de Colombia.

 

Simón Gaviria

Una tierra en disputa: ¿Israel y Palestina… que dice la historia?

Tras la caída de Jericó, muchos fueron los reinos que hacían parte de Canaán, que se unieron para hacerle frente a este pueblo de Israel que había logrado derribar las fortalezas de una de sus ciudades más fortificadas; pero Israel los enfrentó a todos, y los venció, y de acuerdo a los relatos históricos, una de las ciudades que después de Jericó también calló bajo el asedio judío fue Hazor o Jasor, la cual se encontraba ubicada en la parte norte de galilea y constituía la cuidad principal de esa región.

Descubrimientos arqueológicos realizados en la zona por investigadores como Yigale Yadin, demuestran que la caída de esta importante ciudad data de la fecha de lo que podemos llamar la conquista del pueblo de Israel a toda la zona de Canaán.

 

Nota recomendada: Trump califica su paz en Oriente Medio como «amanecer histórico de un nuevo Oriente Próximo»

Una vez terminada la conquista, el pueblo judío se establece en esas tierras, y de ese suceso tenemos conocimiento por los relatos que nos refieren a las doce tribus, las cuales se ubicaron a lo largo de los territorios conquistados.

La conquista de territorios ha sido entonces el procedimiento que en esa época y en las subsiguientes se utilizaban para dominar un territorio, fue así como se expandieron los imperios, fue de esta manera como lo hicieron los Babilonios, los Asirios, los Persas en fin, todos los que en determinado momento de la historia han dominado en mundo.

Todas las tribus de Israel se asentaron en los territorios conquistados: Judá en el sur, Efraín junto con Manasés en la parte media, Dan en la zona costanera y Neftalí y Aser en el norte. Un elemento que es necesario resaltar es lo impresionante de estos hechos, puesto que estamos hablando de un pueblo, el de Israel, que venía de ser esclavo de Egipto y que se enfrentaba con ejércitos bien dotados y entrenados, y aun así los vencían, los conquistaban y los dominaban; un pueblo pequeño, con poca experiencia en guerras, dominando grandes ejércitos y ciudades amuralladas; los enemigos de Israel, como el presidente Petro, deberían estudiar más la historia. 

Puede leer: Israel y Hamás cierran el primer canje de rehenes

Pero no todas las tierras de Canaán pasaron al control automático de Israel, muchas quedaron en pie y sin conquistar, la más importante de todas fue Jerusalén, la cual no solamente era gobernada por los Jebuseos sino que fueron estos la que la fundaron. Al final Jerusalén también cae bajo dominio de Israel, gracias a la intervención de uno de sus guerreros más reconocidos de la historia, David.

Fue así, como Jerusalén se convierte en parte del territorio judío y es reconocida como la ciudad de David y capital del nuevo reino. Flavio Josefo en su libro Antigüedades Judías, en su libro 7 capitulo 3, nos da mayor detalles de porque fue escogida para ser la capital, Josefo nos relata acerca de la importancia de su posición geográfica entre las montañas, y por ser un punto equidistante entre los reinos del sur y del norte, división que se había causado en el pueblo de Israel.

Con el traslado del Arca de la Alianza, Jerusalén no solo se convierte en la capital política de Israel, sino también en la capital espiritual de la misma, pero fue bajo el reinado del rey Salomón cuando se construye una de las figuras más emblemáticas del pueblo judío y que es una de las causas de mayor confrontación y lucha, el Templo. Investigaciones arqueológicas como las de Eliat Mazar, dan testimonio de la existencia de la mayor temporada de esplendor en donde se desarrolló esta construcción por parte de los judíos.

Por otro lado, historiadores como Kitchen, de origen británico, es contundente al afirmar que la estructura planteada demuestra que Israel adoptó modelos de administración que fueron propios de la época y que fueron muy importante en el desarrollo de las culturas del lejano oriente.

Una de las consecuencias de la muerte del rey Salomón fue la división del reino; otro hecho que podemos calificar como común en la construcción de las civilizaciones. para Israel entonces el reino se dividió en dos: el Reino del Norte el cual estaba conformado por Israel y su capital Samaria, y el reino del Sur con Judá y cuya capital era Jerusalén. Esta división les facilitó el camino a todos los enemigos de Israel, y ambos reinos cayeron conquistados.

El reino del norte cayo primero bajo los ataques dirigidos por Salmanzar V, quien era el comandante del ejército sirio, y Sargón II que se ensañó contra Samaria. Por el otro lado, el imperio de Babilonia bajo la comandancia de Nabucodonosor II, destruyó Jerusalén. las prácticas de conquistas de estos dos reinos consistían en llevarse a los pueblos conquistados a sus territorios y desde allí obligarlos a mezclarse con sus mujeres y así acabar con las razas existentes diferentes a las de ellos.

Como consecuencia de estos ataques, especialmente del que fue víctima Jerusalén, dejó la destrucción del templo y la ciudad completamente arrasada; Beroso, un historiador que es citado por Josefo, confirmó los sucesos que aquí se narran y la forma como todo el pueblo de Israel fue obligado a desplazarse hasta Babilonia, las tablas del al Yahjudu, también confirman los relatos que explican el exilio de los judíos.

Para cerrar esta entrega, es importante resaltar que en lo que llevamos de relato, no ha aparecido en la historia, hasta el momento, el nombre de ningún pueblo llamado Palestina y ninguna explicación de la existencia de un grupo extremista que al día de hoy, tenga la firme convicción de acabar con el pueblo de Israel.

Jefferson Mena

La estrategia del megáfono

De servir como instrumento para comunicar a las comunidades sobre una alerta ante un inminente riesgo, la promoción callejera de un producto o servicio, la invitación a una actividad de entretenimiento e incluso a las convocatorias para ejercer determinado liderazgo civil, el megáfono «revive» como un símbolo mediático que sirve como canal para cuestionar y resistir las radicales decisiones de los gobernantes en el orden local, regional y mundial.

Y es precisamente en el ámbito político en donde este objeto de comunicación está siendo manipulado para «alentar y calentar» los ánimos de centenares de personas alrededor de una figura pública y sus narrativas, discursos u oratorias, que desafortunadamente culminan dejando mensajes radicales con resultados caóticos evidenciados en ataques verbales y físicos, desórdenes públicos, daños a infraestructuras públicas y privadas e incluso incitar a enfrentamientos guerreritas entre naciones. La estrategia es por otro lado.

 

Si bien es cierto que el «altavoz», con alrededor de 100 años de vida en escenarios públicos y privados está de moda como un símbolo cultural polarizador, un objeto politizado y democratizado utilizado por un conjunto diverso de actores sociales para imponer y cuestionar el «status quo»; también es cierto que debe direccionarse como una herramienta que sirva de eco masivo para divulgar mensajes de esperanza, bienestar, calidad de vida, desarrollo social y sobre todo a respetar la vida. Esto último, en honor a la verdad, es una tarea urgente para líderes y sus equipos de trabajo.

Encuentro, entonces, la respetuosa oportunidad de invitar a las figuras públicas, a los candidatos a cargos de elección popular, a los líderes cívicos y a los asesores en comunicación a enaltecer el dispositivo cónico (megáfono) como un amplificador de noticias alentadoras y visionarias como las elecciones a consejos de la juventud el próximo 19 de octubre, en las que: «debería ser el laboratorio de ejercicio democrático temprano, donde los jóvenes aprenden a organizarse, a hacer campañas limpias, a construir coaliciones y a debatir propuestas», dice, José Manuel Acevedo, columnista de El Tiempo. Yo, digo, además que para en realidad elegir verdaderos, nuevos y honestos líderes.

Un venezolano, con megáfono en mano, en una céntrica y concurrida calle de Nueva York debería gritar con orgullo la reciente obtención del Premio Nobel de Paz por parte de su máxima representación en el mundo, María Corina Machado, quien en varias oportunidades usó el icónico instrumento para alertar a la comunidad regional y global sobre los excesos de abuso contra los derechos humanos de sus compatriotas por parte del autoritario, Nicolás Maduro. «…el megáfono se convirtió cada vez más en sinónimo de oportunidad y liberación, permitiendo que la voz tradicionalmente marginada se amplificara y, no menos importante, se reconociera y respetara», Bret Edwards.

Líderes mundiales, con «altoparlantes» enfundados en sus manos tienen el compromiso con la humanidad de empoderar sin sesgos ideológicos, nacionalistas u oportunistas, la histórica mediación de Donald Trump, para tratar de apaciguar los calientes estados de ánimo, de guerra y de muerte entre Hamas e Israel. En este puntual aparte, el megáfono sirvió para movilizar a cientos de personalidades o ciudadanos del común para protestar en contra de los agudos y escandalosos resultados de los pueblos en contienda. Por lo pronto, en esa acalorada discusión los ecos de paz y esperanza son la fórmula para seguir adelante.

En el ámbito local, la puja electoral del 2026, igualmente, debe invitar a los aspirantes y sus estrategas a usar el «altavoz» para enamorar al electorado divulgando agendas programáticas encaminadas a legislar y ejecutar políticas públicas que permitan mitigar el hambre entre la gente que vive en extrema pobreza, para mejorar y aumentar los ingresos económicos de los más débiles, para volver a fortalecer el sistema de salud, para reactivar los subsidios de vivienda, para auspiciar la educación universitaria, para garantizar la prestación de servicios públicos como el gas domiciliario, para promover trabajos formales que implican carga prestacional para los empleadores, entre otros…

El papel de las acciones estratégicas tradicionales o digitales y sus variados canales buscan en esencia ganar seguidores, adeptos a una línea ideológica, manifestantes por una causa social o ambiental y ciudadanos para que voten por un candidato. Eso es parte del juego en la denominada Comunicación Política. En esencia hasta normal. No obstante, encuentro, por tanto, una falta de rigor ético y moral para usar el megáfono solamente como objeto para alimentar el odio y la crispación mientras los pueblos buscan oír mensajes cargados de oportunidades y progreso. Por esas últimas palabras está la clave para enaltecer la estrategia del megáfono.

Edgar Martínez Méndez

Un lobo disfrazado de oveja

El país debe despertar y abrir los ojos. La figura de Daniel Quintero está siendo peligrosamente pulida para venderle a Colombia un modelo de liderazgo «innovador» y «juvenil». Pero detrás de ese imaginario de modernidad se esconde una realidad cruda: la de un imputado que dejó a su paso por Medellín un rastro de ruina administrativa y desconfianza.

Quintero no es el líder que el país necesita; es el hombre que debe responder ante la justicia por más de 40 cargos que hoy investiga la Fiscalía. La capital antioqueña, una de las ciudades más pujantes del país, no recuerda su gestión por grandes obras, sino por el caos, los escándalos de corrupción y una profunda fractura social.

 

Los hechos hablan por sí solos y constituyen una advertencia escalofriante para toda Colombia. Su paso por la Alcaldía no fue una administración, fue una demolición de lo público:

  • El Despojo de EPM: La joya de la corona, la empresa insignia antioqueña, fue el objetivo principal. Hoy, EPM arrastra investigaciones por presuntas irregularidades que superan los $1.6 billones, comprometiendo el patrimonio de todos los colombianos. ¿Cómo se atreve a hablar de buen gobierno quien intentó destruir la empresa más valiosa para los antioqueños?
  • Ataque a la Niñez Vulnerable: Desmanteló el programa “Buen Comienzo”, un programa esencial, quitándole recursos a los niños más necesitados. Este crimen social se vio agravado por presuntos sobrecostos de $2.700 millones en la contratación. Un líder de verdad construye futuro; Quintero lo hipotecó.
  • Gobierno del Odio y el Persecutor: La Procuraduría lo sancionó por división y persecución política. Su estilo no es el de la democracia, sino el del autoritarismo, usando el poder para señalar, dividir y destruir a sus contradictores.
  • El Escándalo del Lote y la Caja Menor: A esto se suman una imputación por corrupción al presuntamente intentar pagar una millonada por un lote que ya había sido donado a la ciudad, y una nueva investigación por el presunto mal uso de la caja menor de la Alcaldía.

Colombia, si este es el resultado de su paso por una sola ciudad: caos, deudas, corrupción y persecución, ¿qué podría hacer con todo un país?

El elector no puede ser ingenuo. Sus promesas populistas, como la burda idea de regalar 4 millones de lavadoras, son un insulto a la inteligencia. El país no necesita limosnas ni regalos comprados con nuestra propia plata.

Si su pasado no fuera suficiente, su presente lo desnuda. Hace unos días, Quintero tuiteó una foto falsa de basuras en Bogotá, acusando a la administración de estar «paseando en Washington». La respuesta no tardó en llegar: La foto era vieja, el alcalde estaba en Bogotá y se le olvidó la crisis de basuras de la Colombia Humana. Este es el método Quintero: mentira, confrontación y desprecio por la verdad.

Necesitamos seriedad, transparencia y un respeto absoluto por los recursos públicos. Necesitamos lo opuesto a la corrupción que él representa. Daniel Quintero es, sin duda, el clon de Petro en su método de gobernar.

Andrés Barrios Bernal

Ni en Gaza ni en Colombia la violencia es opción

El reciente acuerdo de paz alcanzado en Gaza nos recuerda que incluso en los escenarios más destruidos por la guerra y el dolor humano, el camino del diálogo sigue siendo la única vía legítima y sostenibles para construir un futuro distinto. La violencia armada, cuando se prolonga y se enquista en las dinámicas sociales, genera heridas que atraviesan generaciones enteras y deja a niñas, niños y adolescentes expuestos a una realidad marcada por la pérdida, la precariedad y la desesperanza.

Colombia conoce bien esa experiencia. Durante casi medio siglo nuestro país ha buscado salidas dialogadas a los conflictos armados que han desangrado a la sociedad, han fragmentado comunidades y ha golpeado de manera desproporcionada a los más jóvenes y a los más empobrecidos. Los acuerdos de paz firmados en 2016 con las FARC-EP y los actuales esfuerzos de diálogo con otros actores armados muestran que la violencia armada nunca es eterna y que, pese a los obstáculos, la palabra puede abrir caminos de respeto y reconciliación.

 

Aunque estos procesos no son perfectos, sus abordajes que son motivo de polarización y enfrentan incumplimientos y retrocesos, constituyen una enseñanza fundamental. Solo a través de la negociación política o para el sometimiento a la justicia, de la escucha mutua y de la acción integral para transformar las causas estructurales, es posible romper los ciclos de violencia y acercarnos a un horizonte de paz verdadera. El diálogo significa estar dispuestos a incluir al otro y a la otra, con sus derechos y sus deberes, aceptar que ninguna verdad es absoluta y que el reconocimiento mutuo es la base de la convivencia.

La comparación con Gaza nos permite ver que los contextos pueden ser diferentes, pero los principios que sostienen la paz son universales. La dignidad humana, la justicia, la equidad y el reconocimiento del otro, por muy diferente que sea y tal vez por esta, como interlocutor legítimo son la base para construir sociedades que dejen atrás el horror de la violencia, la pobreza y la exclusión. En ambos caso no lo que está en juego no es solo el cese de la violencia armada, sino la posibilidad de que las generaciones presentes y futuras vivan con esperanza y en condiciones de respeto a la vida.

En medio de las balas y las bombas, los niños, niñas y adolescentes se han convertido en el rostro más inocente y a la vez más herido. La infancia colombiana ha cargado con el peso del desplazamiento, el reclutamiento forzado, el hambre y el miedo. En Gaza la niñez sobrevive entre escombros, carencias y duelos prematuros. El sufrimiento de los más pequeños es la prueba más dolorosa de que ninguna causa justifica la destrucción de la vida. Frente a esa realidad, la solidaridad no puede depender de fronteras ni de identidades nacionales. Reconocer el dolor de la infancia en Palestina o en cualquier otro lugar del mundo es también un acto de humanidad que nos compromete a ampliar la mirada y a fortalecer la empatía global.

En esta tarea las organizaciones de la sociedad civil han mostrado un papel fundamental. Mientras los Estados permanecen atados a cálculos geopolíticos, hombre y mujeres han decidido arriesgar su libertad y su seguridad para llevar esperanza. El ejemplo de quienes se atrevieron a embarcarse rumbo a Palestina para entregar ayuda humanitaria y romper los cercos es una señal poderosa de que la solidaridad no es un discurso vacío. Es acción concreta, es valentía y sobre todo es resistencia pacífica que desafía la indiferencia y denuncia los bloqueos que condenan a pueblos enteros al sufrimiento. Esa misma audacia es la que necesitamos multiplicar en todas las latitudes, incluida Colombia, donde también se requiere que la sociedad civil fortalezca su coordinación, se movilice y defienda la vida frente a los estragos de la violencia armada.

Defender la vida de la niñez y la adolescencia significa también cuestionar las estructuras de violencia que se reproducen en nuestros propios territorios. No basta con denunciar las masacres y los asesinatos de líderes sociales, ni con lamentar las guerras en escenarios lejanos. Es necesario reconocer que en Colombia persisten múltiples violencias que afectan a la infancia y a la juventud. La pobreza, el abandono estatal, la falta de acceso a la educación de calidad y a la salud preventiva son expresiones de una violencia estructural que exige ser transformada con decisión política y con compromiso ciudadano.

La guerra no ofrece victorias duraderas y solo deja pérdidas que se acumulan en la memoria de los pueblos. El diálogo, aunque frágil y complejo, abre caminos para la reconciliación, para la inclusión y para la esperanza. Gaza y Colombia nos recuerdan que es posible abrir puertas incluso cuando todo parece estar cerrado. La convicción de persistir en la ruta de la paz debe guiar las acciones de los Estados, de las organizaciones sociales y de la comunidad internacional. Esa misma convicción nos debe llevar a abrazar con solidaridad a todas las infancias del mundo, porque la humanidad será juzgada por la manera en que tratamos a quienes más necesitan cuidado, ternura y amor en medio de la adversidad.

Luis Emil Sanabria D

¡S.O.S por los biocombustibles!

La mezcla de los biocombustibles en Colombia podemos considerarla como un caso de éxito. Hace 20 años, desde el 1 de noviembre de 2005, merced a la Ley 693 de 2001, de mi autoría, entró en vigor y desde entonces ha sido obligatoria. El espíritu de la misma y la del legislador era y sigue siendo alcanzar varios propósitos al tiempo: contribuir a la seguridad energética, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del Cambio climático y las de material particulado, que tanto afecta la salud, amén del impulso a la agricultura y con ella la generación de empleo formal e ingresos en el campo, en donde más se requiere.

Como es bien sabido Colombia importa el 40% de la gasolina y el 10% del diésel que se consume en el país, ello a causa de las limitaciones que acusan sus dos refinerías, la de Barrancabermeja y la de Cartagena, las que opera ECOPETROL. De modo que el 10%, en promedio, de la mezcla del etanol y el biodiesel, es el mismo porcentaje en el que se reduce la dependencia de las importaciones.

 

De acuerdo con los registros en Colombia los biocombustibles contribuyen a alcanzar la meta de reducir en un 51% las emisiones de GEI hacia el 2030 reduciendo 2.5 millones de toneladas de CO2 y 130 toneladas de material particulado anualmente. Al reducir las emisiones de material particulado se está mitigando su impacto sobre la morbilidad y mortalidad, las cuales, según el DNP, le cuestan al país $12 billones, aproximadamente, 1.5% del PIB (¡!).

Los biocombustibles son mucho más que un aditivo o mezcla con el combustible motor, para constituirse en una cadena productiva agroindustrial, en la que el etanol y el aceite es un componente más de la misma. La del etanol involucra a 2.000 pequeños cañicultores y la del biodiesel a 6.000 palmeros a pequeña y mediana escala.

Es de resaltar que en los últimos 20 años la ampliación de la frontera agrícola y del área sembrada en Colombia se debe a los cultivos de la caña de azúcar y la palma aceitera, cuyos frutos sirven de insumos a la producción de los biocombustibles, generando más de 90.000 empleos formales y bien remunerados, sobre todo en el campo, que es en donde es más intensiva en mano de obra. Por todo ello y mucho más es que el Panel de expertos de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático no dudó en afirmar que “los biocombustibles son una medida determinante en la mitigación de la emergencia climática”.

Todo ello es lo que se podría poner en riesgo si llega a quedar en firme dos resoluciones que fueron publicadas para comentarios por parte del Ministerio de Minas y Energía a través de las cuales se pretende cambiar la fórmula vigente para la fijación del precio de los biocombustibles. Como lo plantea el experto Iván Darío Arroyave “en la práctica Colombia pasaría a fijar los precios de sus biocombustibles como si fueran importados, aunque se produzcan con materias primas nacionales, reduciendo en ingreso a los productores de etanol y biodiesel en un porcentaje del 14.5% y 23.9%, respectivamente”.

Las nuevas fórmulas reemplazarían el esquema vigente, que combina referencias internacionales con los costos reales de producir en el país, por un modelo basado en la paridad de importación, lo cual llevaría al marchitamiento de estas dos cadenas productivas con todas sus consecuencias. Por ello coincido con Arroyave en que “resulta contradictorio que el mismo Gobierno que promulgó el COMPES 4062 de 2023 de reindustrialización debilite el sector que mejor la representa. El llamado, entonces, es a evitar semejante exabrupto.

Supuestamente con la nueva metodología que comporta esta Resolución se pretende “alinear”, sin lograrlo, los precios internos con los precios internacionales. Según el Ministro de Minas y Energía Edwin Palma, “este es un paso hacia un mercado de biocombustibles más justo, eficiente y alineado con la realidad internacional. Modernizamos las reglas para proteger el bolsillo de los colombianos, reducir la presión fiscal y dar señales claras de competitividad al sector productivo nacional”[1].

A diferencia de lo que ocurre con el Ingreso al productor (IP) en la fórmula del precio de la gasolina y el diésel, en el cual precio paridad importación que le sirve de base, que toma como referencia el mercado del Golfo de México, en donde están instaladas las mayores refinerías del mundo y por lo tanto la formación del precio refleja la de un mercado competitivo, las referencias de Houston, como lo pretende el Gobierno no es el más apropiado, dado que en EEUU la cadena de los biocombustibles está subsidiada en todos sus eslabones, desde el agricultor hasta las plantas que producen el etanol, el cual además es protegido con impuestos a las importaciones.

Y de contera la materia prima, el maíz, no se compara con la caña de azúcar, que es considerada la más eficiente energéticamente, la de mayor productividad por hectárea y sobre todo reduce en una mayor proporción las emisiones de GEI. Lo propio puede decirse con respecto a la palma africana cuando se la compara con tras materias primas para producir biodiesel, como son la colza o la soya.

De llegar a aplicarse la nueva fórmula se daría al traste con todo lo que ha significado para el país en progreso de la agricultura, la generación de empleo e ingresos en los territorios, en ahorro fiscal y en divisas para el Estado. Además, sería un duro revés para la Transición energética justa que tanto pregona el Gobierno, hasta convertirla en su mantra, habida cuenta de que, como lo ha dicho diáfanamente y con toda contundencia el Panel de expertos de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (IPCC, por sus siglas en inglés), “los biocombustibles son una medida determinante en la mitigación de la emergencia climática”. 

Amylkar Acosta

La Catedral

En el final de la democracia está La Catedral, una red informal y descentralizada de instituciones que ejerce un control ideológico sobre las sociedades abiertas, similar a cómo una catedral medieval centralizaba el poder espiritual y cultural. La «Catedral» representa la alianza entre academia y periodismo, fundaciones, burocracias estatales, creadores de contenido y ONG, que actúan como guardianes de una ideología progresista dominante. La Catedral es un concepto desarrollado por Curtis Yarvin, un bloguero y polemista norteamericano creador del concepto de Ilustración Oscura y una especie de ícono de la derecha en medio de la guerra cultural e ideológica impulsada por llegada al poder de MAGA.

La Catedral no es un complot y el concepto está lejos de teorías de la conspiración como el “Deep State”. Se trata más bien de un “consenso orgánico” que establece dogmas y verdades morales incontestables sin recurrir a la coerción directa. Para el filosofo Nick Land, La catedral es un fenómeno de “progresismo entrópico» que acelera el colapso del capitalismo. Pero la idea no es nueva, Joseph de Maistre en su obra Del Papa, ya consideraba al igualitarismo ilustrado una forma de coerción social específicamente elitista, un liderazgo artificial alejado de las jerarquías naturales.

 

Lo cierto es que las elites traicionaron a la democracia, Christopher Lasch describe este fenómeno en La Rebelión de las Elites, como transformaron el liberalismo en enemigo de la libertad. La Catedral es la responsable directa de la crisis de las democracias y está provocando un colapso social de consecuencias imprevisibles.

La Catedral ya sido descrita en Colombia por Álvaro Gómez Hurtado, como “El Régimen”. Para Gómez era preciso “derrocar al régimen” para que la sociedad pudiera llegar a un “acuerdo sobre lo fundamental”, porque el régimen solo puede existir contra ese acuerdo, o fuera de ese acuerdo. El régimen opera al margen del pacto social y crea una hegemonía política autónoma, marginal e incivil. El régimen, como La Catedral, es una acción de violencia indirecta y constante, contra la ciudadanía.

Personalidades singulares como Jorge Eliecer Gaitán, Laureano Gómez, Rojas Pinilla y Álvaro Uribe, se ha posicionado en contra del régimen y en favor de la ciudadanía y en el caso de Uribe se trató de un fenómeno particularmente interesante porque fue una disrupción surgida desde el mismo centro del régimen, que forzó a La Catedral sustituir de facto el pacto del 91 por un intento de hegemonía política creando un nuevo pacto, marginal e incivil, con el terrorismo, que ha arrastrado a la sociedad al vertiginoso escenario de otro pacto, este con el crimen organizado. El régimen nos ha impuesto una dinámica que va desde el pacto del 91, al pacto de la picota.

Dice Nick Land que La Catedral es responsable del retraso en la adopción de nuevas tecnologías y de frenar la creación de riqueza del capitalismo, mediante regulaciones y mitologías y ha terminado por promover una fuga masiva de la razón a través de movimiento Wok, que es un verdadera catástrofe cultural al situar a millones de personas jóvenes por fuera del marco de la ilustración, empujándolos al mundo oscura del mito y la violencia tribal. Por eso es necesario “derrocar al régimen”.

Sino devolvemos pronto el poder a los ciudadanos la sociedad quedará en manos de una nueva elite extremista no ilustrada. Una Catedral de lo primitivo, o el régimen de los criminales.

Es necesario optar por una posición enérgica y extrema para conjurar la rebelión de la elites y restaurar la libertad y la razón y llevar adelante un nuevo pacto ciudadano, Yarvin lo llama “un reinicio soberano”, en todo caso un “acuerdo sobre lo fundamental”, un acuerdo para impulsar una nueva legitimidad auténticamente popular. En Colombia, como en el mundo, ya están surgiendo figuras que entienden, o presienten, la magnitud de lo que está en juego y que saben que hay jugar del lado de los ciudadanos. Para usar el tropo que Yarvin propone con La Catedral, es necesario echar de allí a los falsos sacerdotes y devolverla a los creyentes.

Jaime Arango

La marcha que paralizó Bogotá y reveló el plan político de Petro

Lo que ocurrió en Bogotá el pasado 7 de octubre con las marchas a favor de Palestina y contra la guerra en Gaza fue una instrumentalización del derecho a la protesta social pacífica y a la libertad de expresión. Fue un mensaje político calculado. La ciudad colapsó, la movilidad se desplomó y el vandalismo reinó en varios puntos. Aunque comenzó como una protesta pacífica y legítima de muchos, terminó convertida en un laboratorio de caos por unos pocos, con miles de usuarios caminando por la 26 porque TransMilenio se bloqueó y nadie respondió.

Vi una capital secuestrada por intereses ajenos al bienestar ciudadano. Vi a padres que no pudieron recoger a sus hijos, trabajadores atrapados y estudiantes que caminaron kilómetros. Todo porque unos pocos decidieron que su causa valía más que el derecho a la movilidad y a la seguridad de miles de personas. Lo inaudito fue el silencio del Gobierno nacional, que aplaudió la “resistencia” mientras Bogotá ardía.

 

Cuando la autoridad se volvió espectadora, la capital se volvió rehén. Lo que comenzó como un acto de solidaridad con Gaza, terminó en caos y en una puesta en escena política. Me pregunté si había algo en común entre Daniel Quintero con la bandera de Gaza y los capuchos que incendiaron la movilidad. Pareciera que todo apuntara a un mismo libreto.

¿Usó Petro el conflicto de Gaza para activar una agenda interna de desestabilización y caos? Al parecer sí. Y ese caos se sintió aquí, en las calles de Bogotá, con una Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden – UNDMO desautorizada y una institucionalidad neutralizada por cálculo político.

Las cifras hablan por sí solas. El Distrito reportó bloqueos viales y agresiones a establecimientos de comercio, espacio público y buses troncales y zonales de TransMilenio. Concretamente, TransMilenio informó que 275.479 usuarios, 106 rutas y 63 paraderos resultaron afectados por los disturbios del martes 7 de octubre.

Esto no es nuevo en la ciudad. En agosto de 2025, TransMilenio reportó 751 protestas y disturbios en campus universitarios y zonas aledañas, 300 más que en todo 2024. Los daños por vandalismo en los últimos cuatro años le han costado a Bogotá más de 17.000 millones de pesos. Las troncales Caracas Centro, Américas y Carrera Décima fueron las más vulnerables. ¿Y quién asume estos costos? Todos los bogotanos.

La protesta pacífica es un derecho, pero cuando es instrumentalizado con fines políticos y convertido en caos y vandalismo, deja de serlo. No olvidemos que son fines esenciales del Estado garantizar nuestros derechos y asegurarnos una convivencia pacífica. Y que tenemos el derecho a circular libremente y a que se nos garantice la prestación de servicios públicos esenciales, como el transporte público.

Bogotá no soporta otro experimento de poder disfrazado de manifestación “pacífica”. Lamentablemente la protesta social se está instrumentalizando y convirtiendo en chantaje, y la movilidad, en rehén de un plan. Al final lo que sucedió el martes no se trató de una manifestación social, sino una estrategia de desgaste utilizada por unos pocos.

Los bogotanos no podemos permitir que nuestros derechos y libertades sean utilizados caprichosamente con fines políticos. Hacemos un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán, a las autoridades distritales y a la Policía, para que defendamos nuestros derechos y el orden público.

La ciudad necesita convivencia pacífica y autoridad, no cálculo. Necesita orden, no manipulación. Lo que pasó con la protesta del martes sirvió para medir hasta dónde llega el guion de Petro: cuando la política reemplazó al liderazgo y a la unidad nacional, Bogotá terminó en caos y paralización.

Juan David Quintero

Salud mental en el embarazo, parto y posparto

La maternidad no debería implicar la renuncia a los propios proyectos, al tiempo personal o al desarrollo profesional. Tampoco debería traducirse en desigualdad en la distribución de tareas de cuidado ni en las oportunidades sociales o laborales. Es un tema complejo, en el que intervienen muchos factores; en esta oportunidad, el artículo se centra en la perspectiva de la salud mental maternal y el acompañamiento familiar y social.

El embarazo, el parto y el posparto transforman profundamente la vida de una mujer. Cuando nace un bebé también nace una nueva versión de ella, con cambios físicos, emocionales, mentales, espirituales y sociales que marcan su presente y su futuro. Estos cambios no solo afectan a la familia, sino que también tienen un impacto directo en la sociedad.

 

Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 10% y el 15% de las mujeres en países industrializados y el 20% al 40% en países en desarrollo atraviesan depresión durante el embarazo o el posparto. (OMS,2022)

A pesar de estas cifras, la sociedad continúa atribuyéndoles la mayor parte de la responsabilidad: ser cuidadora, trabajadora productiva, sostén emocional del hogar y, además, cuidar de sí misma; un aspecto que suele quedar relegado e ignorado. Uno de los resultados es una falta de equidad que aumenta los riesgos de ansiedad y depresión perinatal, limita la autonomía económica y perpetúa la desigualdad.

Hablar de equidad e inclusión en la maternidad significa reconocer que cuidar a la madre es cuidar al bebé, el núcleo familiar y, en última instancia, a toda la sociedad. Se trata de redes de apoyo, de un rol activo de la pareja, de políticas laborales flexibles y de una mirada justa hacia la maternidad, una sociedad consciente de que el cuidado materno repercute directamente en la productividad y en la economía de un país.

La salud mental de la madre: un asunto de toda la Sociedad

Una de cada cinco mujeres puede experimentar trastornos de salud mental durante el embarazo o el año posterior al parto, siendo la depresión y la ansiedad las más frecuentes. Cuando no se atienden, no solo afectan la calidad de vida de la madre, sino también el vínculo con su hijo, el desarrollo temprano del bebé y la estabilidad familiar.

Una madre emocionalmente estable tiene más recursos para vincularse a su nuevo mundo como mamá, a su actividad laboral, a criar, cuidar y apoyar el equilibro familiar. Y ese apoyo no debe depender únicamente de la voluntad individual, sino convertirse en una responsabilidad social.

El bebé: espejo del bienestar materno

La ciencia lo confirma: el bienestar de la madre deja huellas directas en el desarrollo de su hijo. Estudios en neurociencia perinatal nos hablan al respecto; “el útero es el primer mundo de el niño. El modo en que lo experimenta – amistoso u hostil – crea predisposiciones de la personalidad y el carácter”. (Verny y Kelly, 1981, p.46)

Establecer un vínculo intrauterino sano, desde el inicio y en especial durante los últimos tres meses, aporta en forma positiva a crear el vínculo extrauterino en las horas y los días inmediatamente posteriores al parto.

Es importante aclarar que emociones o hechos que producen tensiones ocasionales, no afectarán adversamente el vínculo intrauterino como sí lo hacen las emociones o hechos que sean intensos y constantes.

En conclusión “El firme vínculo intrauterino es la protección fundamental del niño contra los peligros e incertidumbres del mundo exterior.” (Verny y Kelly, 1981, p.76

El rol de la pareja: corresponsabilidad y no solo ayuda

El ejercicio corresponsable de este rol constituye uno de los factores protectores más importantes para la salud emocional de la madre y del bebé. Un estudio de la Universidad de McGill (2021) reveló que cuando la pareja participa de manera activa, el riesgo de depresión posparto disminuye en un 40%.

La corresponsabilidad implica transformar la actitud, la cultura, los comportamientos: la pareja no es un “ayudante”, es un compañero de equipo. La calidad de la relación de la mujer con su pareja -sea esta hombre o mujer- ejerce una influencia decisiva en el bebé.

Compartir las tareas domésticas, asistir a controles prenatales y participar en el cuidado del recién nacido fortalece el vínculo familiar y genera estabilidad emocional en todos los integrantes. Al mismo tiempo, es importante reconocer que la pareja también vive cambios, inseguridades y presiones que deben ser atendidos, independientemente de su identidad y composición familiar; de ahí la importancia de establecer una relación con su hijo/a desde el inicio del embarazo.

Trabajo y maternidad: un derecho, no una renuncia

La maternidad no puede ser un obstáculo para la autonomía económica de la mujer. Según la

Organización Internacional del Trabajo (OIT), casi la mitad de las mujeres en América Latina ven afectada su participación laboral tras la maternidad. Esto se traduce en ingresos reducidos, renuncias forzadas o la busqueda de empleos informales.

El reto no es que la mujer tenga que elegir entre trabajar o cuidar, sino que existan condiciones para que pueda desarrollar ambas actividades, si así lo decide.

Flexibilidad horaria, teletrabajo parcial, reincorporaciones graduales, espacios de lactancia y espacios supervisados para el cuidado del bebé, son medidas que no sólo benefician a la mujer, sino también a las empresas, que reducen rotación y retienen talento.

Hacia una sociedad corresponsable

La maternidad no puede sostenerse solamente desde el ámbito familiar. Las redes sociales y comunitarias, así como las políticas empresariales y estatales, juegan un papel clave.

En Colombia, la licencia de maternidad es de 18 semanas, y la de paternidad solamente de 2 semanas. Esta brecha refleja una visión todavía muy desigual del cuidado.

Las empresas y el Estado tienen una responsabilidad y deben ser agentes de cambio: promoviendo licencias equitativas, invirtiendo en salud mental perinatal, acompañamiento en la reincorporación laboral, creando redes comunitarias de apoyo y formando líderes capaces de acompañar estas etapas. Cuidar de la madre no es un favor: es una inversion en capital humano y en el futuro del país.

Conclusión:

La equidad en el embarazo, parto y posparto no pueden seguir siendo un discurso pendiente. Se deben convertir en una práctica real que involucre familias, empresas y comunidades; esta es la clave para asegurar no solo el bienestar de la mujer y del bebé, sino también de toda la sociedad.

Cada madre que se siente acompañada, contenida y valorada aporta con mayor fuerza, salud y plenitud a la construcción de un futuro más justo y humano.

Muchos temas quedan aún en el tintero: la mujer cabeza de hogar, el parto respetado, la dimension espiritual del embarazo y posparto, los duelos perinatales y las nuevas formas de familia que transitan este camino.

Profundizar en ellos es construir una sociedad más consciente, justa, próspera y solidaria con todos.

Elsa Mahecha Suárez

Obras públicas

El cemento es el reflejo de los avances de un país. Un país con infraestructura y construcción estéticas evidencia pujanza económica y bienestar. Desarrollo que debe ser mancomunado entre lo público y lo privado. La inversión de cada uno en su ámbito, en la medida que se construyan grandes complejos privados habitacionales, de comercio e industriales, parques tecnológicos y de ciberseguridad, requerirá también de una robusta infraestructura pública manifiesta en ejes viales, puertos de todo tipo, puentes, espacios públicos, vías de acceso e infraestructura adecuada en servicios públicos y de seguridad. Al aumentar la inversión pública en infraestructura de calidad, los particulares deberían hacer lo propio.

No puede haber un país desarrollado donde lo público y lo privado no crezcan de la mano. El problema de Colombia en materia de infraestructura pública son las obras cuyo proceso constructivo se vuelve eterno. No en vano, el sector de la construcción en general, es el gran empleador, cuando está al alza tiene los mayores índices de empleabilidad. En el sentir de los gobernantes de turno, entre más tarden las obras, más empleos habrá y la tasa de desempleo disminuirá; los gobiernos mostrarán esas cifras como logros, así muchas obras públicas sean meros elefantes blancos.

 

Entre más se demore la construcción de una obra, mayor será el detrimento patrimonial. No se acompasa con el desarrollo que, para construir una cuadra urbana de una longitud lineal de entre 100 y 125 metros, se tarde entre 5 y 6 meses, evidencia de que algo no funciona bien. En efecto, no funciona bien el proceso de contratación y de ejecución de obras públicas. Por más esmero en el diseño de blindajes jurídicos y técnicos siempre permea la corrupción. Ésta se manifiesta en diversos escenarios, entre otros: a. La famosa componenda que implica sobrecostos, rebajas en la calidad de los materiales y mano de obra poco calificada. b. La crisis en la profesión de ingeniería, como casi todas las profesiones, la falta de preparación de los ingenieros civiles es frecuente, debido en gran parte, a la baja calidad de la educación que hoy día es impartida y los paupérrimos niveles de exigencia en las aulas. Hoy es posible obtener un título en ingeniería civil a distancia sin haber metido una bota en el lodo.

Si Colombia quiere ser grande en obras, lo primero que se requiere, es un cambio en la mentalidad ciudadana. Creer que mega obras de ingeniería con altísima calidad y estética son posibles, no inútiles adefesios para justificar ejecución presupuestal. Segundo, un cambio cultural, entender que la obra no es negocio para enriquecer al funcionario que emite un visto bueno y al constructor; toda obra pública es un servicio social a la patria. Los estados desarrollados como Israel se han construido a partir de la premisa que, todo se hace con excelencia para el Estado, sus ciudadanos y las generaciones que vendrán. Colombia en esta materia, tuvo un gobernante excepcional, el Teniente General Gustavo Rojas Pinilla (1900-1975) graduado en ingeniería civil del Tri-State College (hoy Trine University de Indiana, Estados Unidos) quien lideró las grandes obras de infraestructura del siglo pasado, las que perduran hasta hoy. En obras, sin duda, el mejor presidente.

Tercero, se debe erradicar la cultura de las prórrogas contractuales y demoras en la construcción de obras públicas, si los estadounidenses y japoneses pueden construir una calle en una semana, los chinos un hospital en cuestión de días ¿Por qué los colombianos no pueden hacerlo también? El colombiano promedio terminó por aceptar como algo natural la maraña constructiva de polisombras y barro en el paisaje urbano. Si los colombianos quieren dejar de tener un país de obras mediocres deberían empezar por priorizar la disciplina, la excelencia, la decencia y abandonar el hiperambientalismo. Algún día, así será.

León Ferreira