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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Opinión

¿Qué pasó en la reunión de Fico con el clan Villamizar?

En pasados días se conoció la imagen del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez abrazando a William Villamizar, gobernador de Norte de Santander y figura central de uno de los clanes políticos más cuestionados del país. Lejos de ser una coincidencia o un simple gesto de cortesía institucional, la foto parece ser una declaración política, un presunto retrato nítido de las alianzas que algunos intentan maquillar pero que delatan el regreso del viejo país, el de los clanes, las maquinarias y los pactos que sostienen el poder a punta de favores.

William Villamizar no es cualquier figura pública, es conocido por ser el jefe del Clan Villamizar, una poderosa maquinaria política de Norte de Santander, con tres periodos como gobernador a cuestas (2008–2011, 2016–2019 y 2024–2027), todos bajo la sombra de investigaciones por corrupción. Su nombre ha estado vinculado a múltiples escándalos de malversación de recursos públicos, contratos amañados y clientelismo regional. Su poder no se debe a una gestión impecable, sino a la habilidad de repartir puestos, controlar presupuestos y consolidar redes de favores que garantizan votos a punta de burocracia.

 

Pero el prontuario del clan no termina ahí. Vale la pena recordar a el exsenador Aliro Villamizar, pieza clave del infame «carrusel de las notarías«. Un esquema de corrupción con sello uribista, mediante el cual se entregaban notarías a congresistas como pago por votar a favor de la reforma constitucional que permitió la reelección de Álvaro Uribe Vélez. No era política, era chantaje institucionalizado, era la democracia convertida en trueque, en moneda de cambio.

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Y como si esto fuera poco, la Fiscalía General de la Nación ha anunciado recientemente la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre siete bienes que habrían sido adquiridos mediante actos de corrupción en Norte de Santander. A esto se suma una investigación aún más delicada, la presunta participación del actual gobernador William Villamizar en el asesinato de un periodista y veedor ciudadano. No estamos hablando de rumores, sino de indicios graves que configuran una alerta roja para cualquier líder político responsable.

Entonces, ¿qué hace el alcalde de Medellín sonriendo al lado de este personaje? ¿Qué mensaje transmite con esa imagen? Podría no tratarse de un simple desliz, sino presuntamente de una muestra de coherencia política. Porque, aunque ha intentado presentarse como un “político independiente” ajeno a las viejas prácticas, lo cierto es que sus campañas han estado al parecer respaldadas por las estructuras más tradicionales de la política colombiana. Detrás de su discurso anticorrupción podrían esconderse alianzas con sectores económicos poderosos, partidos cuestionados y clanes regionales que han hecho del poder un negocio de familia.

Ahora, no se trata solo de conjeturas. Esa misma lógica de alianzas cuestionables ya ha sido señalada en el pasado. El 24 de junio del presente año, alias “Douglas” declaró en RTVC Noticias que, junto a alias “Pesebre”, habrían apoyado políticamente a Federico Gutiérrez en su elección a la Alcaldía en 2016. Según sus propias palabras, ese respaldo incluyó reuniones clandestinas en el sótano de La Alpujarra y el nombramiento de Gustavo Villegas como secretario de Seguridad por solicitud directa de cabecillas criminales. Esa fotografía, entonces, no solo incomoda, podría confirmar un patrón, un presunto estilo de hacer política basado en alianzas con estructuras que este país debería erradicar, no perpetuar.

No podemos permitir que los pactos con estructuras criminales sigan marcando el rumbo de nuestra democracia. Colombia no necesita más pactos silenciosos con el nepotismo, el clientelismo y la corrupción disfrazada de institucionalidad, necesita ruptura y coherencia. No podemos seguir tolerando que quienes prometen renovación terminen arrodillados ante las mismas estructuras familiares y mafiosas que han capturado el Estado por décadas.

Alejandro Toro

¿Quién sí y quién no en las ciclorrutas?

Serán algunos comerciantes los que ganen, pero todos los ciudadanos los que perderemos.

Bogotá soñó con una ciudad más limpia, con menos ruido y sin humo. La promesa de la movilidad eléctrica sedujo a todos, incluyéndome. Celebramos las bicicletas con pedaleo asistido, incluso las patinetas eléctricas con baja potencia. Todo lo que ayudara a movernos mejor, sin contaminar ni poner en riesgo la vida.

 

Pero en esa ola también se colaron otros. No todos los vehículos eléctricos livianos son iguales. No todo lo que suena limpio es seguro. Y ahí comenzó la trampa.

Aclaro algo importante: yo no estoy en contra de la movilidad eléctrica liviana. Estoy en contra de que se aprovechen de ella para legalizar el caos y que algunos hagan negocio a partir del engaño.

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Desde 2017, con la Resolución 160 del Ministerio de Transporte, se dio un avance en la reglamentación de los vehículos eléctricos livianos, pero se cometió un error: llamar ciclomotor eléctrico a todo vehículo con dos ruedas y con un motor eléctrico con potencia nominal no superior a 4.000W. Esa definición ha permitido que bajo una misma denominación, se incluyan vehículos muy diferentes, generando desorden y confusión. Y así lo técnico se volvió político. Y lo político, negocio.

Hoy, las ciclorrutas están llenas de motos disfrazadas. Vehículos que andan a más de 40 km/h, sin matrícula, licencia y SOAT, y circulan por vías que fueron diseñadas para un tránsito lento y seguro. Y mientras tanto, quienes sí deberían estar ahí —ciclistas, personas en patinetas con baja potencia o en bicis con pedaleo asistido— tienen que esquivar el riesgo cada día.

¿Quién gana con esto?

Muchos importadores que introducen al país motos eléctricas como si fueran bicis eléctricas.

Muchos negocios que engañan a sus clientes desprevenidos y les venden motos eléctricas como si fueran bicis eléctricas.

Los que aprovechan el desorden y la confusión para evitar cualquier control.

¿Y quién pierde?

Todos los ciudadanos.

Bogotá y todo el país.

Y nuestra seguridad vial.

Ahora, en vez de arreglar la confusión y el desorden, quieren legalizarlo. El Proyecto de Ley 111 de 2023, autoría del senador Julio Elías Vidal, ya aprobado en el Congreso, permitiría que cualquier vehículo eléctrico “liviano” —de hasta 1.000W— circule por ciclorrutas. Además, autorizaría que estos vehículos potentes y veloces, que pueden andar a más de 40 km/h, transiten por ciclorrutas y demás vías sin matrícula, licencia y SOAT.

Eso no es movilidad eléctrica. Eso es legalizar el desorden.

Por eso hablo. Para que no se distorsione el debate. Esto no es un ataque a la movilidad eléctrica liviana ni a sus usuarios. Es una defensa al sentido común y a la vida. No se puede legalizar el riesgo solo porque viene con batería.

Presidente Gustavo Petro: objetar este Proyecto de Ley no es bloquear el progreso, es defender el verdadero espíritu de la movilidad sostenible y segura. Si este Proyecto de Ley se sanciona, las ciclorrutas como las conocemos desaparecerán. Y con ellas, un pacto de país que nos ha tomado décadas construir: garantizar la vida en las vías y trabajar por una movilidad sostenible, coherente y segura.

Juan David Quintero

La Constitución y la Constituyente

Este 4 de julio se cumplen 34 años de la promulgación de la Constitución Política de 1991, de corte democrático, la cual vino a reemplazar la centenaria Constitución de 1886, de corte confesional. Entre otras cosas, estas dos constituciones han sido las únicas, de las tantas que han regido en Colombia desde los albores de su independencia hace doscientos años, cuya vigencia ha perdurado más de veinte años.

La Constituyente que le dio vida a la nueva Carta tuvo como antecedentes los frustráneos intentos de reformar la Constitución por parte del ex presidente Alfonso López Michelsen primero, quien propuso en 1976 integrar para tal efecto una “pequeña constituyente” y luego sería el ex presidente Virgilio Barco Vargas quien propuso en 1988 la convocatoria de una consulta popular con el fin de derogar el artículo 13 del Plebiscito de 1957, consagrado en el artículo 218 de la Constitución de 1886, que reservaba la facultad de reformar la Constitución al Congreso de la República como constituyente derivado. 

 

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Ante el bloqueo, que impedía la reforma a la Constitución y la urgencia de sintonizarla con las nuevas realidades, surgió un movimiento espontáneo de la sociedad civil tendiente a remover dicho obstáculo, el cual se encarnó en la “séptima papeleta” promovida desde el claustro de la Universidad del Rosario y acaudillada por el ex Procurador General de la Nación Fernando Carrillo. Se trataba de sumar una “papeleta” más en las urnas habilitadas para la llamada elección de “mitaca”, además del Senado, la Cámara de Representantes, la Asamblea departamental, los concejos municipales, las juntas administradoras locales y alcaldes.

El texto de la “séptima papeleta” decía textualmente: “voto por Colombia. Sí a una Asamblea constituyente…con el fin de reformar la Constitución Nacional”. Ni corto ni perezoso el presidente Barco, apelando al artículo 121 de la Constitución, mediante el cual se podía declarar turbado el orden público y el Estado de sitio y al amparo del mismo expedir decretos con fuerza de Ley, dispuso a través del Decreto legislativo 927 del 3 de mayo de 1990 ordenar “contabilizar los votos depositados en las urnas de convocatoria a una Asamblea constitucional”. La Registraduría Nacional del Estado Civil se abstuvo de escrutar y contabilizar la “séptima papeleta”; empero, se estima que se depositaron 4´991.887 votos de los 5´218.338 sufragados. Huelga decir que la Corte Suprema de Justicia avaló dicho procedimiento al declarar exequible el 9 de junio dicho Decreto y en consecuencia, de esta manera validó la convocatoria de la Asamblea constitucional, la cual derivó en Constituyente.

A propósito de la ventolera de pretender embarcar al país en otro proceso constituyente, bueno es advertir que en aquel entonces se apeló a la llamada “séptima papeleta” en razón del bloqueo constitucional existente para su convocatoria, pero con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, esta estableció y regló el procedimiento para su convocatoria mediante el artículo 376, el cual dispone que “mediante Ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo decida en votación popular si convoca una Asamblea Constituyente”.

Como lo afirmó Eloy García López, abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, “hay un procedimiento de cambio establecido por la constitución y todo lo que no respete ese procedimiento de convocatoria de una Asamblea Constituyente es inconstitucional”. El atajo de “convocar a una Asamblea Constituyente de iniciativa popular”, alegándose un supuesto “bloqueo institucional” por parte del Ministro de Justicia Eduardo Montealegre, no es legal y mucho menos constitucional. El exfiscal y exministro Alfonso Gómez Méndez es categórico al afirmar que el presidente Gustavo Petro está “mal asesorado” y llama la atención, a propósito del remedo de la “octava papeleta” planteada desatentadamente por el ministro del Interior Armando Benedetti, dizque para que “el pueblo exprese el malestar que hay en la sociedad colombiana”, que” lo de las papeletas ya no existen” como en el año 90, en su lugar lo que el sufragante deposita en la urna es un tarjetón.

Aterrado, advierte el doctor Gómez Méndez “yo no sé quién le pudo decir al señor presidente que hoy, en el año 2025, puede un presidente por decreto desencadenar un proceso constitucional (…) No hay ninguna posibilidad de hacerlo, ninguna posibilidad de hacerlo con una introducción, en este caso habría que decir no una papeleta, digamos, un tarjetón adicional, hoy no es posible. Tiene que ser una ley del Congreso”, no existe otra alternativa distinta, a no ser que pretendan saltarse a la torera la Constitución Política y la Ley.

Es de advertir que en materia de estabilidad jurídica hay un marcado contraste entre la Constitución de 1886 y la de 1991, mientras aquella fue objeto de 70 reformas en sus 104 años de vigencia, esta última, en lo corrido desde su entrada en vigor, ha experimentado ya 56 enmiendas (¡!), batiendo récord los años 2011 y 2019 con 6 y 5 reformas a la Carta Magna, respectivamente.

El contraste es mayor cuando se hace la comparación con otros países, empezando por EEUU cuya Constitución data desde 1787 y 230 años después, sólo había registrado 27 enmiendas hasta el 2017. Le han terminado dando la razón al ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, inmolado en el Holocausto del Palacio de Justicia, Manuel Gaona Cruz, cuando dijo premonitoriamente que abrigaba el temor de que la Constitución Política se tornara en una Carta a la carta. De manera que, aunque se sigue hablando y se conmemora un año más de la vigencia de la Constitución de 1991, su texto actual ya no es el mismo que tuvo su origen primigenio en la Asamblea Constituyente que le dio vida.  

Amylkar Acosta

Manufactura sostenible: ¿tendencia global o estrategia inevitable para Colombia?

El mundo es cada vez más consciente del impacto ambiental de las actividades económicas, y la manufactura ocupa un lugar central en esta discusión. Este sector no solo es uno de los principales consumidores de recursos naturales, sino también uno de los mayores generadores de residuos, lo que intensifica su huella en el planeta.

Ante este panorama, surge una pregunta crucial: ¿Está Colombia respondiendo de manera reactiva a la presión internacional por la sostenibilidad o está avanzando hacia una transformación estratégica de su modelo productivo mediante la manufactura sostenible?

 

El crecimiento sostenido del mercado global de manufactura sostenible —con un promedio anual del 10,4%— está siendo impulsado por regulaciones ambientales más estrictas, consumidores conscientes y exigencias del comercio internacional. Sin embargo, en muchos casos, las empresas han asumido una postura más de cumplimiento que de liderazgo, desaprovechando oportunidades de innovación no solo ambiental, sino también financiera y social.

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En este contexto, la incorporación de tecnologías como los sensores inteligentes ha demostrado su eficacia, permitiendo reducir el consumo energético hasta en un 18% y mejorar la eficiencia en el uso de recursos en un 15%. Aun así, el caso colombiano presenta particularidades desafiantes: según el DANE, cerca del 95% de las empresas en el país son microempresas, de las cuales la mitad son unipersonales y apenas el 5% tiene más de 10 empleados. Esta estructura empresarial, caracterizada por su informalidad y bajo nivel de digitalización, limita el acceso a tecnologías limpias y reduce su capacidad de adaptación.

Por ello, más que una tendencia global, la manufactura sostenible debe convertirse en una estrategia inevitable para el desarrollo competitivo y ambientalmente responsable del país. Se requiere una política nacional que fortalezca las capacidades organizativas y tecnológicas de las empresas, facilitando su acceso a financiamiento, innovación e infraestructura.

Aquí es donde el papel de la Ingeniería Industrial cobra un valor estratégico. Desde el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de América, formamos profesionales capaces de liderar esta transición, promoviendo el pensamiento sistémico, la innovación sostenible y la eficiencia operativa. Nuestros estudiantes y docentes están comprometidos con la generación de soluciones que integran el conocimiento técnico con una visión social y ambiental, impulsando el cambio desde adentro de las organizaciones.

Además de adoptar nuevas tecnologías, es urgente transformar los paradigmas empresariales. La manufactura sostenible no debe entenderse únicamente como una cuestión técnica o financiera, sino como una filosofía de desarrollo que integre investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), apalancada en el talento humano y en el compromiso con el futuro del país.

En definitiva, Colombia tiene ante sí una oportunidad histórica: pasar de ser un actor reactivo a un líder regional en prácticas sostenibles. Para lograrlo, se requiere de la articulación entre academia, empresa y Estado para seguir aportando al desarrollo de una industria más inteligente, consciente y preparada para los desafíos del presente y del mañana.

Juan Carlos Robles Camargo, docente programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de América.

El Juego del Trono Monetario y el Crudo que Susurra

En los vastos territorios del comercio global, los reinos de Occidente y Oriente firmaron una nueva tregua: 30 días de aranceles para China desde EE.UU. y solo 10 días de retaliación desde el imperio del Dragón. ¿Una señal de paz duradera… o una pausa estratégica?

Mientras tanto, en los salones del castillo de Washington, el BIG BEAUTIFUL BILL de Trump dejó de retumbar. Las reformas fiscales, que antes galopaban como caballos desbocados, ahora descansan en los establos del Congreso. El consejo real decidió verlas con ojos de largo plazo.

 

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Pero no todo fue calma. El gran oráculo Jerome Powell se prepara para dejar su trono como líder de la Fed, y Trump, con su corona en alto, ya empieza a revelar posibles sucesores. ¿Busca moldear a su gusto el Consejo de Hechiceros Monetarios?

Más allá de las murallas, el fuego entre Israel e Irán se apaga, y con él, el precio del petróleo se desliza desde los 78 hasta los 66 dólares por barril. Los alquimistas del mercado ven tres razones detrás de este conjuro:

  1. El conflicto no tocó a los mayores productores de la región.
  2. La OPEP+ sigue bombeando oro negro sin piedad.
  3. Y la economía del Dragón chino se encuentra más serena que de costumbre, reduciendo su sed de petróleo.

Esto, en secreto, favorece a EE.UU., que quiere mantener los calderos de gasolina templados para no despertar al dragón de la inflación.

🏞️ En la Tierra del Café y la Montaña (Colombia):

Dos mensajeros oscuros —Moodys y S&P— llegaron con malas nuevas: la calificación del reino fue reducida a BB y Baa3, ambas con un oscuro «outlook negativo». Esto deja al reino tambaleando entre el grado de inversión y el territorio de riesgo especulativo. Algunos cofres de inversión podrían cerrar sus puertas a la renta fija local.

Y en la Torre de la Moneda, los sabios del Banco de la República decidieron no mover su báculo: mantuvieron la tasa de interés en 9.25%, como los astrólogos del mercado ya predecían.

Cordial saludo,

Fabián Herrera

¡Palabras agresivas! De la política al fútbol

Siento como nadie, los acontecimientos alrededor de la ‘cosa política’ y los pasionales partidos del fútbol, ambos escenarios ‘criollos’ multitudinarios, que, en honor a nuestra realidad, a unos más que a otros, nos hacen despertar euforias inesperadas sea por tendencia ideológica o por el ‘color de una camiseta’. Son tan fuertes las expresiones que hasta nuestras madres salen a relucir sin pudor alguno.

En mi caso particular, amigo lector, el gusto a los temas políticos surge como un deber ciudadano de tratar de entender cómo funcionan y respaldan nuestras instituciones al ‘pueblo’, cómo nuestros trabajadores públicos de cualquier nivel cumplen con sus funciones, cómo la Constitución nos protege y cómo cada día veo más viva que nunca la euforia por defender la democracia. La política es el “arte de lo posible”, dijo Aristóteles.

 

La tradicional política de liberales vs conservadores (rojos vs azules) por esas cosas de ‘las barras bravas’ se trasladó a los dos equipos más populares sino del país, por lo menos de la capital, siempre identificados por esos dos mismos colores. Colores que antes, durante y después de un popular clásico despierta maltratos verbales y físicos que incluso han dejado muertes trágicas. «El fútbol despierta emociones, a veces irracionales, que cruzan la frontera entre el amor tribal y el fanatismo», dicen investigadores de la Universidad de Coímbra, en Portugal.

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Lo más paradójico de este símil es que en los últimos días el insulto y el lenguaje agresivo desde la escena política (se volvió costumbre) se trasladó a las ruedas de prensa de los jugadores como Radamel Falcao García y Hugo Rodallega, figuras internacionales traídas de regreso a nuestro balompié para deleitar con su experiencia, goles y marketing a millones de seguidores, que, sin miedo a errar, creo, les hace ver como héroes y ejemplos a seguir por parte millones de niños. Seamos sinceros el fútbol como actividad de entretenimiento nos sirve para salir del cotidiano estrés social que nos abruma.

A propósito de decepciones sobre los dos escenarios en mención, no deja uno de sentir malestar por ver, oír y leer a nuestro primer mandatario, Gustavo Petro, maltratando con su vulgar lenguaje a sus contradictores tildándolos de “HP, víbora, nazi”, entre otros fuertes calificativos a quien se oponga a sus propuestas, decisiones o línea radical de pensamiento. Se percibe en el clima político falta de altura y respeto en las narrativas, entendiendo que nuestros lideres políticos son elegidos para emocionarnos con mensajes esperanzadores y repletos de políticas públicas coherentes para remediar tantos problemas sociales y económicos.

En esa línea, en la que la verborrea ‘la sacó del estadio’ fueron las desproporcionadas palabras de Falcao: “…Cuando había que revisar no revisaban, y que se jodan los del VAR… Así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un carajo. Desde el torneo pasado hubo un complot mediático que a favor de Millonarios, mentira, a la mierda”. Rodallega también subió el tono: “Mucha gente nos ha tirado mucha mierda… entonces creo que hoy les toca cerrar un poco la boca…”. En esto es entendible que los jugadores son abordados por la prensa tras la calentura de un partido en instancias para pelear un titulo o en un clásico como sucedió en las últimas semanas. No obstante, es urgente advertir a ellos y a otros ‘figurones’ del balón que sus palabras y acciones mueven las mentes y las lenguas de fuego de millones en Colombia. Ojo con eso, cracks!.

Señores políticos y futbolistas un sincero ‘mea culpa’ sobre sus acaloradas palabrotas es urgente dadas las consecuencias violentas, entendiendo que se vuelve costumbre en Colombia pasar del agravio digital, al personal e incluso a atentar contra la vida de un ciudadano cualquiera, como sucedió en días pasados con el senador y candidato a presidente, Miguel Uribe Turbay. Una incitación verbal puede terminar en una catástrofe sin precedentes en una nación en la que ser violento paga.

Seguiré sintiendo la política y el fútbol como dos insumos que alegran mi vida cotidiana. La política observada desde la democracia en todo su furor para seguir vigente en medio de las adversidades ideológicas. El fútbol como una actividad de entretenimiento que me saca de la engorrosa cotidianidad de un país envuelto en palabras, mensajes y discursos rabiosos. Opino, que ni la mediación de la iglesia, ni la multitudinaria marcha del silencio, ni un atentado sicarial contra un senador y candidato presidencial, ni las promesas del mismísimo presidente de los colombianos de bajar el tono, han servido de nada… Y el fútbol, ahora, nos hace un autogol…

Édgar Martínez Méndez

Nuevas movilidades

La necesidad de movilizarse en los centros urbanos, cada vez más poblados, con vías insuficientes, aunados a la creciente narrativa sobre la sostenibilidad y el uso de las energías limpias, ha llevado a que sea satisfecha con nuevas alternativas de movilidad. En este escenario emergen las patinetas eléctricas que hicieron del antiguo juguete infantil, modernos vehículos con motor eléctrico, avenidos en modelos icónicos de transporte unipersonal que, cada vez toman auge en los grandes centros urbanos como Nueva York, Londres, Paris, Roma y por supuesto, Bogotá no es la excepción. En últimas, sólo el tiempo determinará si se trata de una moda de centennials o de una solución eficiente para los problemas de movilidad urbana.

La cuestión de las patinetas no pasa solamente por las bondades de este medio de transporte, tiene mucho que ver con el nivel de responsabilidad de quien la conduce. La patineta no fue diseñada para transitar por las grandes avenidas con congestión vehicular, dado que son vehículos en los que la protección al patinador es mínima y una colisión con otro tipo de vehículo potencialmente provocaría graves consecuencias, dada la vulnerabilidad corporal del patinador. No obstante, pareciera ser que muchos patinadores apuestan temerariamente por la asunción voluntaria de este riesgo.

 

En Colombia no existen controles sobre el uso de las patinetas. A ciencia cierta, tampoco hay cifras exactas sobre cuántos de estos vehículos se han vendido en el País durante el último lustro, se tienen unos estimados del año 2022 pero no hay cifras concretas. Lo único cierto, es que año a año incrementa su comercialización y también los hurtos a patinadores. Lamentablemente, no existen cifras sobre su incidencia en accidentes de tráfico. En ese mismo orden de ideas, tampoco existe una regulación nacional específica para patinetas, lo más cercano es la Resolución 336 de 2019 de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, que contempla algunas reglas para su uso, entre otras, una velocidad máxima permitida de 20Kms por hora, tener freno, luces para visibilidad, tener dispositivo geolocalizador, transportar únicamente una persona, no llevar carga y circular únicamente por zonas demarcadas.

Como suele suceder en los países tropicales, la anterior normatividad, pasa de agache y el uso de las patinetas es un despelote; en la capital colombiana se volvió transporte habitual, particularmente, entre jóvenes universitarios y oficinistas, quienes no transitan exclusivamente en las zonas demarcadas, entiéndase ciclorrutas, y prefieren invadir andenes. También les resulta atractivo zigzaguear entre el pesado tráfico automotor en avenidas y vías principales, movilizándose hasta dos personas en una patineta. Los más atrevidos las usan para carga. El patinador promedio suele superar la velocidad permitida, lo que ha contribuido a la ocurrencia de accidentes que, raras ocasiones son reportados.

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Existe el proyecto de ley 219/2024 Cámara y 111/2024 Senado para regular el uso de la patineta.  Surtió los dos debates de rigor en la Cámara de Representantes, finalizados en junio pasado, e iniciará su recorrido por el Senado de la República para convertirse en ley. Dicho proyecto es populista, con más debilidades que fortalezas, entre las primeras, eximir a patinadores y conductores de bicicletas asistidas del deber de contratar el seguro obligatorio para accidentes de tránsito, SOAT. Quien maneja una patineta eléctrica, como acto mínimo de responsabilidad ciudadana, debería además de usar elementos de protección, contratar un seguro de responsabilidad civil extracontractual que amparase los potenciales daños que pueda ocasionar a otros.

La culpa no la tiene la patineta, la tiene el patinador que irresponsablemente se cree prevalido de un monoplaza para transitar por cuanto espacio libre encontrare, sin importarle el derecho de los otros transeuntes, llámense conductores, motociclistas, ciclistas y peatones. Que el uso masivo de las patinetas no se haga de forma descontrolada como ocurre con el de las motocicletas. En fin ¡Amanecerá y veremos!

León SandovalFerreira

Movilidad eléctrica sí, pero no así: una amenaza para peatones y ciclistas

La discusión sobre la circulación de patinetas eléctricas en Colombia, y particularmente en Bogotá, no es nueva ni debe tomarse a la ligera. Esta columna tiene un doble propósito: primero, recoger antecedentes normativos y contextuales sobre este fenómeno; y segundo, demostrar que estamos repitiendo errores ya vividos durante la última década. La historia parece cíclica, y la falta de memoria institucional y ciudadana puede terminar costándonos vidas.

La década que lo explica todo

 

En abril de 2015, el Ministerio de Transporte publicó la Guía de cicloinfraestructura para ciudades colombianas, un hito que permitió, por fin, contar con un documento técnico hecho desde y para nuestro contexto urbano. Bogotá, Medellín, Cali, Chía, Palmira y Montería aportaron sus casos, errores y aciertos. La guía se sustenta en cinco principios esenciales para una buena red de ciclorrutas: eficiencia, coherencia, confort, estética y, sobre todo, seguridad.

Un año después, la Ley 1811 de 2016, conocida como la Ley Probici, otorgó un nuevo estatus a la bicicleta en la normativa nacional. Estableció que los ciclistas podían usar cualquier carril, aún existiendo infraestructura exclusiva para bicicletas. Sin embargo, también recomendaba preferir el carril derecho y las ciclorrutas, como medida de seguridad ante el caos vial que caracteriza a nuestras ciudades.

En 2017, con el auge de las motos eléctricas, los comerciantes empezaron a promocionarlas como vehículos que podían circular sin matrícula, sin SOAT y, sobre todo, sobre ciclorrutas. Algo muy similar a lo que ocurre hoy. En respuesta, se expidió la Resolución 160 de 2017, que fijó límites de potencia y velocidad, y reguló lo que podía considerarse como bicicleta asistida. Fue un freno contundente a la venta indiscriminada de estos híbridos peligrosos.

Un año después, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá emitió la circular 006 de 2018, permitiendo la circulación de patinetas eléctricas por ciclorrutas, pero prohibiendo su tránsito por andenes y vías troncales del sistema BRT. La expansión fue tal que las empresas de préstamo de patinetas llegaron incluso a instalar estaciones dentro de portales de TransMilenio como se muestra en la siguiente imagen.

Quena Ribadeneira

El Ironman y los sueños que resisten en Colombia

Uno no se inscribe a un Ironman 70.3 porque le guste sufrir. Uno se inscribe porque, en el fondo, quiere probar que todavía tiene el control sobre algo. Que no todo depende del tráfico, del dólar, de los jefes, del sistema, de los favores, del apellido, del partido político o de la EPS. Uno se inscribe porque quiere hacer de su cuerpo una declaración de principios. Y su alma, un terreno de batalla.

Prepararse para un Ironman 70.3 —ese híbrido temible entre 1.9 km de natación, 90 km de bicicleta y 21 km de trote— no empieza cuando suena el cronómetro. Empieza muchos meses antes, en la madrugada, cuando todavía el cuerpo suplica por cinco minutos más de sueño y uno, con una mezcla de culpa y terquedad, decide que no. Que hay que salir. Que hay que nadar. Que hay que pedalear. Que hay que correr.

 

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Es, en muchas formas, la misma lógica que tienen los sueños en Colombia. Solo que aquí, las transiciones no son entre deportes, sino entre oficios. De ser profesor a vendedor informal. De estudiante a madre cabeza de hogar. De profesional titulado a migrante en su propio país. El colombiano que sueña también se levanta más temprano que el sol, suda sin garantías, se cae sin seguro, compite sin patrocinio. Y aun así, no se rinde.

Porque, así como el triatleta entrena sin saber si cruzará la meta, el colombiano trabaja sin saber si ese empleo le durará un mes más. Porque, así como al corredor le sangran los pies en el kilómetro 19, al estudiante se le agotan las fuerzas cuando le toca decidir entre el transporte o el almuerzo. Porque, así como en la bici hay viento en contra, en la vida hay sistema en contra.

Pero —y este es el verdadero punto— hay algo que ambos comparten: el propósito.

Los entrenadores dicen que un Ironman no se corre con las piernas. Se corre con la cabeza. Yo agrego: también con el corazón. Y en Colombia, eso lo entendemos bien. Porque aquí el talento no es suficiente: toca tener aguante, berraquera, fe. Lo mismo que se necesita para pasar la línea de meta con el cuerpo descompuesto pero la dignidad intacta.

Y entonces uno entiende que esto no se trata de deporte. Se trata de resistencia. De decirle al cuerpo —y al país— que no nos van a quebrar. Que, aunque todo parezca en contra, aunque cada kilómetro sea más difícil, vamos a llegar.

Yo vi en la cara de los que terminan el Ironman algo parecido a lo que he visto en quienes logran cumplir sus sueños con años de trabajo silencioso: una mezcla de agotamiento y gloria, una expresión que no grita victoria, pero que la respira. Esa mirada de quienes, en silencio, sin reflectores, con dolor, con miedo, con dudas… aún así llegan. Porque los sueños, como las metas, no se alcanzan corriendo más rápido, sino creyendo más fuerte.

Cesar Orlando Amaya Moreno

FFD4: ¿Hacia un Nuevo Rumbo Global? Redefiniendo la Arquitectura Financiera para el Desarrollo Sostenible

En un mundo donde las crisis se entrelazan y multiplican —climática, sanitaria, geopolítica—, la humanidad se encuentra en una encrucijada financiera sin precedentes. La 4ª Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FFD4), que tendrá lugar en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio de 2025, no será simplemente otro encuentro multilateral más; representa un momento decisivo para redefinir cómo el mundo financia un futuro común desde la óptica de Agencias de Cooperación y Bancos de Desarrollo.

La FFD4 surge en un contexto donde las cifras hablan por sí solas: existe una brecha de financiación para el desarrollo sostenible de aproximadamente 4 billones de dólares anuales. Esta realidad se ha vuelto más apremiante cuando observamos que Estados Unidos, el mayor donante mundial que tradicionalmente cubría alrededor del 30% de la Ayuda Oficial al Desarrollo global, ha experimentado una reducción del 7.1% en 2024, privando al sistema de más de 11,000 millones de dólares.

 

Esta conferencia no nace de la nada. Es la culminación de un proceso que comenzó en Monterrey (2002), continuó en Doha (2008) y se consolidó en Addis Abeba (2015). Sin embargo, la realidad actual exige un enfoque radicalmente diferente. Ya no se trata solo de aumentar los flujos de ayuda tradicional, sino de reimaginar completamente la arquitectura financiera global.

La relevancia de este encuentro radica en tres factores convergentes que hacen de este momento una oportunidad única para el cambio transformacional:

Primero, la urgencia temporal. El progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible está severamente retrasado, y solo quedan cinco años para 2030. Como señala el documento preparatorio de Sevilla, «estamos quedándonos sin tiempo para prevenir el cambio climático catastrófico».

Segundo, la transformación del panorama financiero. La irrupción de nuevos actores —desde fondos soberanos hasta inversores de impacto y criptomonedas— ha creado un ecosistema financiero más complejo pero también más rico en posibilidades. La inversión de impacto, por ejemplo, ha demostrado que es posible generar retornos financieros mientras se abordan desafíos sociales y ambientales.

Tercero, la revolución tecnológica está democratizando el acceso a herramientas financieras. Las monedas digitales de bancos centrales, los sistemas de pago rápido y las plataformas de financiación colectiva están redefiniendo cómo se mueve el dinero globalmente.

El desafío no es solo la falta de dinero, sino la arquitectura defectuosa del sistema actual. Tres problemáticas estructurales emergen como críticas:

1. Fragmentación y Complejidad

El sistema actual sufre de una proliferación excesiva de actores, instrumentos y marcos regulatorios. Existen más de 40 fondos climáticos diferentes, cada uno con sus propios criterios y procedimientos, creando costos de transacción prohibitivos especialmente para países pequeños.

2. Desalineación de Incentivos

Los mercados financieros siguen priorizando retornos a corto plazo mientras que el desarrollo sostenible requiere visión de largo plazo. Esta tensión fundamental se traduce en una penalización financiera concreta: los países en desarrollo enfrentan sobrecostos de financiamiento que pueden alcanzar hasta 500 puntos básicos adicionales (5% extra en tasas de interés) comparado con países desarrollados.

Esta brecha no solo refleja diferencias en riesgo crediticio real, sino también sesgos sistemáticos en las calificaciones crediticias que subestiman la capacidad de pago a largo plazo y sobrevaloran riesgos políticos de corto plazo. El resultado es un círculo vicioso: países que más necesitan financiamiento para desarrollo sostenible pagan más por acceder a él, limitando precisamente las inversiones que podrían mejorar su sostenibilidad fiscal y crediticia futura.

3. Representación Asimétrica

La arquitectura financiera internacional refleja realidades geopolíticas del siglo XX, no del XXI. Los países en desarrollo, que representan más del 80% de la población mundial, tienen una voz desproporcionadamente pequeña en las instituciones que determinan las reglas del juego financiero global.

La FFD4 propone soluciones innovadoras que van más allá de los enfoques tradicionales. Tres áreas emergen como particularmente prometedoras:

Raúl Arce

Más derechos, menos trabajo: la trampa de la reforma laboral

Dicen que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. En Colombia, lo acabamos de comprobar: se pavimentó con recargo dominical progresivo, fortalecimiento de la inspección laboral y estabilidad reforzada. Suena justo, suena social, suena humano. Pero también suena a desempleo.

La nueva reforma laboral se vende como una victoria épica para los trabajadores. Casi como si se hubiera derrotado al capitalismo con una ley. Pero más que una revolución laboral, lo que tenemos es un anacronismo con disfraz progresista. Un pliego sindical con rango de ley. Una receta laboral para un país que ya no existe.

 

Porque sí, lo que en papel suena a justicia, en la práctica puede ser otra historia. Los costos laborales aumentan, la rigidez se consolida, y los empresarios —que no viven de los aplausos— empiezan a mirar con cariño a quien no se queja, no se cansa, y no cobra horas extras: el robot.

Las máquinas no marchan, no reclaman y no hacen pausas activas. No piden licencias ni indemnizaciones. En un país que encarece al trabajador humano, el trabajador de silicio se vuelve irresistible. Y entonces lo que era una celebración se convierte en funeral: se legisla para proteger empleos… que dejarán de existir.

Mientras el mundo avanza hacia la inteligencia artificial y la automatización, Colombia saca pecho con normas que habrían sido progresistas hace 50 años. Estamos luchando la guerra laboral de nuestros abuelos, mientras nuestros nietos ya se preparan para trabajar con inteligencia artificial… o competir contra ella.

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Y lo más grave: nos perdimos la verdadera oportunidad. Porque la deuda real no es laboral, es educativa. Podríamos estar hablando de cómo formar a nuestros jóvenes para un mundo en el que lo rutinario lo hace una máquina y lo creativo será el diferencial humano. Pero no. Estamos ocupados redactando normas que aumentan el recargo dominical como si eso fuera a detener el futuro.

¿Dónde están los grandes visionarios del cambio? ¿Dónde están los reformadores que decían tener un plan para el país del siglo XXI? Lo que hicieron fue aprobar, entre amenazas y atajos legislativos, una reforma que no genera empleo, sino titulares. Ganamos en discurso, pero perdimos en realidad.

Porque, seamos sinceros: los derechos laborales solo sirven si hay trabajo. Y si seguimos en esta ruta, lo que tendremos será una Colombia donde cada vez más personas tendrán derechos… pero no empleo donde ejercerlos. Donde el papel dice una cosa y la calle grita otra. Donde nos llenamos de garantías mientras se vacía la oferta laboral.

Y ahí sí, cuando todos estén afuera, mirando cómo las máquinas hacen el trabajo, no habrá sindicato que valga.

Ricardo Ferro

El odio sigue cobrando vidas, pero la diversidad es resistencia

Vivimos en una sociedad marcada por el dolor. Entre 2020 y 2021, la pandemia del COVID-19 se llevó la vida de 14,9 millones de personas en el mundo, según la OMS. El encierro nos obligó a reflexionar sobre la vida, la muerte y la convivencia. Nos transformó: nos acercó, nos rompió, nos reconfiguró. La salud mental, por fin, dejó de ser un tema invisible.

En pleno 2025 y justo en el mes del Orgullo, se promulgó la Ley 2460 de Salud Mental. Esta normativa nos recuerda la urgencia de ejercer la psicología sin prejuicios, con humanidad, con respeto. Porque la salud mental también es un derecho de quienes aman distinto.

 

Este año, 45 personas LGBTIQ+ han sido asesinadas en Colombia. Crímenes de odio, alimentados por la ignorancia y el miedo. ¿Hasta cuándo?

Pero este pasado domingo marchamos miles. Miles que, como el Quijote, quizás estamos locos… locos de amor, de dignidad, de sueños.

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Y aunque no sepamos aún cómo se definirá el nuevo sistema de salud, algo sí es claro:

¡No hay nada que curar!

La enfermedad no está en la identidad, el deseo o el amor.

La enfermedad está en el odio, en la estigmatización, en el rechazo a lo diverso.

Ahí es donde la salud mental cobra verdadero sentido.

Marchar, dar abrazos, escuchar, fue profundamente sanador. Vimos a tantas personas llenas de amor, pero también de vacíos, porque en sus hogares no hay un lugar seguro.

Si odias a tus vecinos por ser una pareja diversa, pide ayuda.

La homofobia, sí, tiene cura.

Ir a terapia, cuestionar creencias, abrirse al mundo, sanar. Porque ser diverso no se pega ni se impone. Se es. Y si un día te enamoras de alguien del mismo sexo, o de alguien no binario o bisexual, no pasa nada extraño.

No hay pecado ni castigo. No hay delito. No hay nada que curar. Solo hay amor.

Hace más de 35 años que la homosexualidad fue eliminada del manual de enfermedades mentales. Ya es hora de que entren en él la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, la bifobia. Porque odiar lo diferente no es normal. Porque dañar, discriminar, rechazar lo diverso está mal.

Pero hay esperanza.

Estamos aquí para acompañarte, para ayudarte a ver que sí se puede ser feliz en un mundo diverso, y que respetar la diferencia te hace más grande, más humano.

El cambio ya comenzó. Cada vez más personas LGBTIQ+ acceden al empleo formal. Y porque también envejecen, también merecen una pensión.

La ley ya está cambiando. Ahora nos toca a nosotros.

Yo ya cambié.

¿Y tú, cuándo cambias?

Marcela Clavijo

Un gobierno caótico y anárquico

A menos de un mes de cumplir su tercer año de gobierno y de iniciar la recta final de su gobierno, una persona sensata debe reconocer que este gobierno ha sido, sin lugar a dudas un gobierno anárquico, desordenado, con una falta inmensa de método y de forma.

Y para aquéllos que seguramente no están de acuerdo con las premisas anteriores, le vendría bien recorrer: no, los escándalos; porque estos son propios de todos los gobiernos democráticos, pero si, el origen de ellos. Es ese origen de las dificultades los que llevan a inferir la enorme falta de orden en el presidente de la república.

 

Todos los sucesos que han enlodado la gestión del presidente, han tenido el mismo origen: Su mismo Gobierno. esto es algo nunca antes visto en la política contemporánea colombiana, si hacemos memoria el único registro que más o menos se acerca a lo que está viviendo el país, es lo sucedido con Ernesto Samper y las confesiones que se empezaron a conocer por parte de algunos miembros de su gobierno.

En este gobierno ha pasado de todo: Del escándalo del hijo del presidente y el presunto recibo de dineros de reconocidos condenados por narcotráfico, denunciado por su entonces pareja; el cual tuvo su clímax cuando el mismo hijo del presidente confesó ante la fiscalía los movimientos no lícitos que se habían realizado para lograr financiar la campaña.

Del anterior pasamos a los escándalos de Laura Sarabia, la número dos del gobierno. escándalo que también tuvo su origen en las entrañas del gobierno. En esta ocasión se acusaba a la mujer con mayor poder en la casa de Nariño, de supuestamente haber incidido para que se le aplicara el polígrafo a su niñera, lo cual llevó a la denuncia de la trabajadora.

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Luego el país se enteró de las amenazas del hoy ministro del interior, el cual, mediante mensajes de voz que todo el país conoció, advirtió de los dineros que él consiguió y de la debilidad en la que entraría el gobierno si él habla. Este mismo funcionario ha tenido una seguidilla de salidas en falso que bien daría para que ningún gobierno quisiera saber de él; al menos, ningún gobierno decente.

No había pasado mucho tiempo, cuando apareció el penoso caso de los carros tanques de la Guajira y todo lo que eso generó, funcionarios acusándose los unos a los otros, una consejera imputada y privada de la libertad, la cual denunció entre otras, amenazas contra su vida.

Pero podría escribir varias páginas sobre los detalles más escabrosos del presidente y su gobierno, sin olvidar detalles como el paseo del mismo tomado de la mano de un supuesto travesti, mientras su esposa lo esperaba en el palacio de Nariño. mucho se rumora del rompimiento matrimonial por esta indelicadeza del presidente para con su esposa y su familia.

Pero lo que ha sucedido los últimos meses deja ver la tremenda situación que vive el país; producto de la clase de gobierno que por mayorías democráticas llegó al poder, y que nos tiene transitando el camino más oscuro en la reciente historia de los presidentes.

Muchos criticamos las cartas de Leiva. en particular yo lo hago porque reconozco en el escribiente un personaje oscuro y peligroso, porque sé que más que una preocupación por el país, de lo que se trata es de un acto de deslealtad y bajeza supremo. pero no por las características mencionadas dejan de revestir una posible verdad que preocupa.

En cualquier otro país del mundo las denuncias de las cartas de Leiva habrían generado un sunami de consideraciones monumentales. en nuestro país, el impacto de dichas revelaciones no duró la semana.

Y como si lo anterior fuera poco, a hora resulta que el presidente de la República en un viaje que por demás causó extrañeza y aprovechando la posesión del presidente de Ecuador, el cual piensa diametralmente opuesto a sus ideas comunistas, termina perdiéndose dos días y resulta, de acuerdo con información de uno de los periodistas más serios de país, Mauricio Vargas, alojado en la casa de uno de los mafiosos más peligrosos de ese país y la relación que podía existir con el atentado al candidato presidencial, el joven Miguel Uribe.

Al analizarlo afondo, da escalofrío el presente que vivimos. y la fresa en el postre, es la aparición nuevamente de Leiva y su oscuridad; ahora aparentemente tratando de orquestar la salida de Petro, no por los conductos constitucionales; al hacer un análisis no muy profundo de la información que ha sido publicada, debo decir que es posible que el excanciller haya tenido la indelicadeza o brutalidad, como lo quieran ver, de plantear tal alternativa a sus contertulios. lo que nos lleva al inicio de esta columna: nuevamente un exfuncionario del Gobierno protagoniza un escándalo más en contra del presidente y devela una vez más lo caótico y anárquico del actual gobierno, un gobierno que afortunadamente, pronto, dentro de un año terminará.

PD. Bien por Vicky, pantalonuda y valiente. poniéndole la cara a la tormenta y no dejándose apabullar por aquellos que la quieren perjudicar. Tenemos que reconocer que esta mujer, tiene el carácter que a muchos les falta.  

Jefferson Mena Sánchez

Colombia rezagada

Durante buena parte de la década pasada, Colombia fue considerada una de las economías más dinámicas de América Latina. Su marco fiscal institucionalizado, una banca sólida, inflación controlada y apertura comercial sostenida, le dieron un perfil confiable en la región. Sin embargo, en los últimos cinco años, esa narrativa ha cambiado. Colombia ya no lidera: rezaga. Su crecimiento es inferior al regional, la inversión se contrajo, la productividad estancada, y la incertidumbre política cobrando una factura más alta de lo esperada.

Las cifras son elocuentes. Según el FMI (World Economic Outlook, abril 2025), Colombia crecerá solo 1,5% en 2024, muy por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, estimado en 2,1%. Países con marcos institucionales más débiles, como Bolivia (2,5%) o Paraguay (3,8%), superan a Colombia. Incluso economías de mayor tamaño como Brasil (2,2%) y México (2,4%) muestran mayor dinamismo. Entre 2023 y 2025, el crecimiento acumulado de Colombia sería el más bajo entre las seis principales economías de la región, si se excluye a Argentina.

 

El rezago colombiano no es solo cíclico, sino estructural. La inversión privada cayó 7,7% en 2023, no da señales de recuperación sostenida. La inversión extranjera directa se ha concentrado en sectores extractivos, sin dinamismo en manufactura ni servicios avanzados. La tasa de inversión como porcentaje del PIB es del 18,5%, inferior al 22% que tenía el país en 2014, y lejos del 24% requerido para sostener un crecimiento de 4% anual.

En paralelo, la productividad laboral de Colombia crece al 0,4% anual, según el Banco Mundial, muy por debajo de Chile (1,2%) o Perú (0,9%). La informalidad laboral supera el 58% y la calidad del empleo urbano ha deteriorado la capacidad de generación de clase media. El rezago en infraestructura, la tramitología para emprender y la desconexión entre educación y mercado laboral agravan el cuadro.

Colombia también ha perdido tracción en competitividad. En el Índice de Competitividad Global 2024 del IMD, el país cayó cinco puestos, ubicándose en el puesto 61 de 67 economías. Los factores que más contribuyeron a la caída fueron eficiencia gubernamental, atractivo del entorno regulatorio y percepción de riesgo político. Mientras países como Uruguay, Costa Rica o República Dominicana avanzan en reformas estructurales o atracción de nearshoring, Colombia aparece estática y enredada en debates ideológicos.

El entorno fiscal tampoco ayuda. El alto déficit estructural y el crecimiento de la deuda han elevado la prima de riesgo. Los TES a 10 años cotizan con una tasa cercana al 10%, mientras México se financia por debajo del 8% y Perú cerca del 7%. Esto encarece la inversión pública y reduce el margen para políticas contracíclicas. La política monetaria, aún contractiva, refleja la necesidad de defender la credibilidad frente a una inflación que tardó más de lo previsto en ceder.

Colombia está pagando el precio de la incertidumbre institucional, la falta de reformas productivas, y la desconexión entre discurso político y confianza empresarial. El país no necesita una nueva ideología económica, sino un rumbo claro. Recuperar el liderazgo regional tomará tiempo. Pero el primer paso es reconocer que lo hemos perdido. La economía colombiana no está condenada al rezago, está siendo mal administrada.

Simón Gaviria Muñoz

El precio invisible de la guerra: los impactos ambientales en Medio Oriente

Por cada bomba que estalla, la tierra también sangra.

Los conflictos armados en Medio Oriente —una región marcada por décadas de violencia— han dejado una devastación que va mucho más allá de los escombros y las cifras de muertos. Existe un precio silencioso, persistente y, muchas veces, irreversible: el daño ambiental.

 

Mientras el mundo observa las consecuencias humanas de la guerra, otro drama avanza sin ocupar titulares: la destrucción sistemática de ecosistemas enteros. El aire, el agua y los suelos se convierten en víctimas invisibles de los conflictos armados. Cada explosión, cada misil, deja una huella tóxica que contamina lo que nos da vida.

Durante la Guerra del Golfo, los incendios de pozos petroleros en Kuwait liberaron más de 500 millones de barriles de petróleo al ambiente. El cielo se cubrió con una nube negra durante meses. Años después, los suelos siguen infértiles, el agua sigue envenenada y la biodiversidad sigue ausente.

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La guerra no termina cuando cesan los disparos. En Irak, investigaciones médicas han encontrado niveles alarmantes de plomo, mercurio y uranio empobrecido en ciudades bombardeadas. En Fallujah, los nacimientos con anomalías congénitas se multiplicaron por cinco entre 2003 y 2010. La guerra no solo mutila cuerpos: contamina úteros.

El daño tampoco se detiene en la superficie. El polvo que levantan los bombardeos puede contener compuestos químicos peligrosos que quedan suspendidos por semanas. Respirarlos es inhalar enfermedad. El agua, contaminada tras ataques a refinerías o fábricas, se convierte en vehículo de muerte para millones que dependen de ella para sobrevivir.

Y los suelos, esos que deberían alimentar a las comunidades en recuperación, quedan arrasados. En Siria, por cada año de conflicto se han perdido más de 100.000 hectáreas de tierra cultivable, ya sea por minas, metales pesados o desecación extrema.

Pero lo más alarmante aún no ha ocurrido. Imaginemos un escenario nuclear. Basta recordar Hiroshima. Una sola bomba, 15.000 toneladas de TNT, destruyó una ciudad en segundos y dejó una herencia radiactiva que duró décadas. Hoy, las armas nucleares son entre 10 y 80 veces más poderosas. Estudios del programa Nuclear Famine alertan que el uso de apenas 100 armas nucleares regionales podría reducir un 10% la producción agrícola mundial y poner en riesgo la seguridad alimentaria de 2.000 millones de personas.

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Los impactos ambientales de una guerra no conocen fronteras ni fechas de caducidad. El aire contaminado viaja por el viento, el agua tóxica recorre ríos y mares, y los suelos devastados tardan siglos en recuperarse. La Tierra también entra en guerra. Y no puede defenderse.

Por eso, proteger la paz no es solo un deber ético o humanitario. Es una necesidad ecológica. Es un acto de defensa planetaria. No hay desarrollo sostenible posible en medio de guerras. No hay planeta B que compense la destrucción del único hogar que compartimos.

Cada bomba que cae en una zona de conflicto deja una cicatriz que ni el tiempo ni los tratados pueden borrar. La pregunta no es solo cuántas vidas humanas cuesta una guerra, sino cuánta vida —en todas sus formas— estamos dispuestos a perder.

Por: Angie Tatiana Ortega, docente del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad de América