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¡La educación es la clave!

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Nov 30, 2025. Publicado en Opinión.

Tenemos que empezar por decir con el neurólogo y educador argentino Sebastián Lupina, que “la pobreza tiene graves impactos sobre el desarrollo cognitivo y emocional”, que deja huellas, secuelas imborrables. Y ello es grave, de allí la importancia de la atención debida a la primera infancia, especialmente en sus primeros cinco años, que es cuando se da el mayor desarrollo del cerebro, del lenguaje, de la motricidad y del pensamiento abstracto que caracteriza al ser humano. De allí que influya tanto en dónde y en qué condiciones se nace y se crece a esta temprana edad en el futuro que habrá de deparársele en la vida a ese niño que crece y se desarrolla, la mayoría de las veces enfrentando la adversidad. Una población infantil afectada por el hambre y la desnutrición, como ocurre en muchas regiones del país, en especial La guajira, no tiene futuro y si lo llega a tener es incierto.

Superada esta etapa, insisto en que es crucial, como lo afirma la ex ministra de Cultura Paula Moreno, “la preparación nivela. La educación es fundamental y lo que he visto a lo largo de los años es que cambia tu historia, tu chip y te pone en otro lugar”. Y como lo pudo establecer el estudio realizado por el codirector del Banco de la República, Adolfo Meisel, “en el caso de los más pobres, la educación es la principal herramienta que les brinda la sociedad para mejorar sus condiciones de vida”. Pero, advierte que “no es suficiente con el acceso a la educación. Es necesario garantizar el aprendizaje a través de una educación de calidad”. La educación de calidad, entonces, es la clave.

Llama la atención el Informe de la OCDE en que existe una especie de determinismo asociado al origen de cada quien, pues “los niños cuyos papás no terminaron bachillerato tienen el 15% de posibilidades de llegar a la universidad, una cuarta parte de aquellos con al menos un padre que alcanzó la educación superior”. Por ello no es de extrañar la cifra que nos da la misma OCDE según la cual en Colombia sólo el 9% de los alumnos de las familias pobres llegan a la universidad, frente al 53% de las más ricas. Y a ello hay que añadir el alto grado de deserción universitaria, que supera el 50%, siendo las causas económicas, sociales e institucionales las causas prevalentes de la misma.

También en este aspecto, el del acceso a la educación, el campo muestra el mayor rezago. La OCDE plantea la urgencia de cerrar la brecha que existe entre la ciudad y el campo. Según cifras del Ministerio de Educación, mientras un colombiano que reside en la ciudad tiene un promedio de 9.6 años de educación, otro que reside en las zonas rurales apenas sí alcanza los 6 años. Andreas Schleicher, Director de Educación de la OCDE, advierte que “todavía existe una gran desigualdad entre el sector rural y urbano en las escuelas de Colombia. Por eso el Gobierno debe asegurar mayores recursos y construir redes de escuelas que potencien la educación…Además, es necesario ejecutar inversiones para que los profesores mejoren sus carreras”. Pero el investigador alemán va más lejos y llama la atención en el sentido que “más allá del dinero, es necesario mirar qué tan eficaz es el tiempo que invierten los jóvenes en su educación. La escuela es la única oportunidad en la vida para formarse. Por eso es importante capacitar a los maestros”. El Gobierno y la comunidad educativa deben tomar atenta nota de estas recomendaciones y proceder en consecuencia tomando la educación como la primera prioridad.

La Educación debe ser asumida como Política de Estado y dejar de estar al vaivén de los cambios de administración, sujeto al regateo para que se le asigne el presupuesto que se requiere tanto para ampliar su cobertura como para su mejoramiento continuo. Ello redundará, indudablemente no sólo en el cierre de brechas, en reducir la desigualdad, en la nivelación de la cancha, sino que además contribuirá también a la mayor productividad y competitividad del país. Y a este propósito el investigador Eric Hanushek, profesor de la Universidad de Stanford en EEUU, pone el dedo en la llaga al aseverar que “hay una variable que no aparece en la lista de indicadores macroeconómicos de coyuntura, pero que es uno de los determinantes más importantes del crecimiento económico de largo plazo. Se trata de los aprendizajes que alcanzan los niños y jóvenes en el sistema educativo, en especial en áreas fundamentales como la comprensión lectora y las matemáticas”.

Aparte del impacto social que tendría un redireccionamiento del aprendizaje en Colombia también tendría su impacto positivo en la economía, elevando su crecimiento potencial. Según Hanushek, “si el sistema educativo colombiano garantizara a todos los jóvenes colombianos aprendizajes mínimos, la tasa de crecimiento económico de largo plazo se incrementaría en 0.7 puntos porcentuales por año. Proyecciones económicas estiman que durante los próximos 12 años, la economía colombiana crecerá 3.7% al año para llegar a un ingreso per cápita de alrededor de 33.7 millones de pesos en 2030. Si el sistema educativo colombiano garantizara aprendizajes mínimos a todos los jóvenes que terminan la educación obligatoria, el país podría crecer al 4.4% anual y alcanzar un ingreso per cápita de 36 millones de pesos en 2030”.

Definitivamente la educación es la clave para escapar de la trampa de la pobreza y para cerrar la brecha de la irritante desigualdad de ingresos que se abre cada vez más, en desmedro de la población más vulnerada y vulnerable. Ello jamás se dará por generación espontánea, es necesario contar con una política, unas estrategias y plan de acción consensuados que comprometa seriamente al Estado en sus distintos niveles. Dada la magnitud del reto, esta no es tarea de un gobierno o de una administración, debe contar con todas las energías de todos para alcanzar unas metas de corto, mediano y largo plazo, que sean medibles, cuantificables y evaluadas periódicamente, con el fin de ajustar los medios para alcanzar tan loable finalidad. Bien dijo Simón Bolívar, el Libertador, que “la educación es el fundamento verdadero de la felicidad” y es también el medio más expedito para nivelar la cancha, así como para la cohesión y la inclusión social.

Amylkar Acosta

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Del riesgo inmanente al riesgo inminente

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Nov 23, 2025. Publicado en Opinión.

La situación del sector energético tiende a gravarse, viene de mal en peor, sin que se vislumbre una solución. El riesgo de un racionamiento en la prestación del servicio de energía sigue latente. Yo distingo el riesgo inmanente del riesgo inminente.

En cuanto al primero, al depender de una matriz eléctrica en donde la capacidad instalada hídrica supera el 60%, estamos expuestos a un riesgo de racionamiento cuando nos enfrentamos a una hidrología crítica a causa del fenómeno de El Niño, tanto más en cuanto que de los 24 embalses que le sirven a la hidroeléctricas solo uno de ellos, el de El Peñol, con el que opera Guatapé, tiene una capacidad de regulación que supera el año, el resto de ellos es de solo 4 meses. Este riesgo es tanto mayor dada la circunstancia de que actualmente tenemos un déficit del 1.8% dela Oferta de energía firme (OEF), el cual puede superar el 3% para 2026.

En cuanto al riesgo inminente, gravitan sobre el sistema dos factores determinantes del mismo. El primero de ellos es el stress del Sistema de transmisión nacional (STN), debido al déficit de la oferta de energía en firme (OEF) con respecto a la demanda, que crece a un ritmo que duplica el crecimiento de la oferta. De allí que, según la firma XM, que administra el mercado mayorista y opera el STN, en este momento la OEF está en 237.55 KWH y la demanda en 241.89 KWH, esto es tenemos un déficit de -1.8%, el cual será mayor el año entrante, estimándose en -2.5%.

Ello obedece, a su vez, al ostensible atraso en la ejecución de importantes proyectos tanto de generación como de transmisión, empezando por Hidroituango, que ha debido entrar en operación en 2018, pero debido a una contingencia que se presentó de sus 8 unidades, con capacidad de 300 MW de potencia cada una, hasta la fecha solo han entrado 4. Debido también a los 2.400 MW de capacidad de generación de energía eólica que fueron asignados en las subastas entre 2019 y 2021, los primeros parques eólicos a instalarse en La Guajira hasta la fecha a duras penas ha entrado uno de ISAGEN de solo 24 MW, el 10%, equivalente al piloto Jepírache que instaló EPM de Medellín en el Cabo de la vela hace 21 años!

El otro factor que amenaza con un riesgo de racionamiento inminente es la crítica situación financiera que afrontan las empresas comercializadoras de energía, debido fundamentalmente a la deuda de los usuarios por concepto de la Opción tarifaria, cuyo saldo al corte de septiembre de 2025 era del orden de los $2.5 billones, de los cuales el presidente Petro se comprometió en mayo del año pasado a asumir la de los estratos 1, 2 y 3, que representa el 80% de la misma, pero hasta la fecha es una promesa incumplida.

A ello se viene a sumar la deuda del Gobierno Nacional para cubrir los subsidios al consumo de los estratos1, 2 y 3, que las empresas ya les descontó y el Gobierno debe reintegrarles a ellas. Al corte del mes de agosto dicha deuda ascendía a $2.4 billones. A ello se vienen a sumar deudas con las distribuidoras de gas natural de $760.000 millones y a las de GLP $41.700 millones. Y lo más grave es que en el presupuesto de la actual vigencia solo se apropiaron los recursos para cubrir los subsidios del primer trimestre de este año.

Es decir que la partida de subsidios para los tres restantes trimestres está desfinanciada. De tal modo que el faltante en el Presupuesto de la actual vigencia asciende a los $3.6 billones, de los cuales $2.7 billones corresponden a energía eléctrica. Entre tanto, para la vigencia de 2026, en el proyecto de Presupuesto para 2026 de $8.9 billones que se van a requerir el aforo es de sólo $7.5 billones.

Esta situación llevó a la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios públicos de la empresa Air-e, que le presta el servicio a los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira. La razón fue su insolvencia, iliquidez y falta de flujo de la caja, que la llevó a acumular deudas con sus proveedores del orden de $1.9 billones, la cual quedó en suspenso su pago con la intervención y la contraída con posterioridad a esta ya asciende a los $1.7 billones, de los cuales $1.5 billones corresponden a la deuda contraída con las empresas generadoras por la energía que le han despachado.

Entre tanto, la Superintendencia se ha cruzado de brazos, dice que el Fondo empresarial que administra y que es la fuente de ingresos para solventar a las empresas intervenidas está también insolvente y por ello no le puede girar a Air-e ni un peso.Tal situación llevó a los organismos de control (CGR y PGN) a pronunciarse alertando sobre el riesgo inminente de un apagón financiero de las empresas comercializadoras que puede dar lugar a un efecto dominó que puede conducir a una falla sistémica, que puede llegar a comprometer la prestación del servicio.

La reticencia del Gobierno en girar lo que adeuda a las empresas comercializadoras y evitar el colapso de la empresa Air-e, a sabiendas del riesgo inminente de un racionamiento, lo lleva a uno a concluir que, imitando la política que tiene al sector salud en la UCI, estamos en presencia de una crisis inducida del sector eléctrico. La Superintendencia, con su inacción se ha convertido en parte del problema.

Amylkar Acosta

A propósito del proyecto de ley de reforma a la ley de Servicios Públicos (II parte)

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Nov 16, 2025. Publicado en Opinión.

Un aspecto primordial de este proyecto es el que hace relación con la Comisión de regulación de energía y gas (CREG), al tiempo que se amplía el número de sus integrantes de 9 a 10, se reduce el número de expertos en asuntos energéticos de 6 a 5 y se reducen sus requisitos y queda prácticamente reducida a ser apéndice del Ministerio de Minas y Energía, el cual se arroga muchas de sus facultades y competencias regulatorias, así como las de la UPME. Dos piezas maestras de la institucionalidad del sector energético que fueron concebidas y han funcionado con carácter técnico, alejadas de los vaivenes de la política. Este es un activo que no se puede feriar. Nos parece, además, muy grave que se pretenda hacer coincidir los períodos de los expertos con los cuatrienios presidenciales, de modo tal que los presidentes puedan cooptarla.

En cuanto a la regulación de las tarifas de los servicios públicos de energía y eléctrica y gas, como lo advierte Arroyave “el proyecto, además, otorga al gobierno facultades para crear mecanismos tarifarios diferenciales, esquemas de estabilización y compras centralizadas de energía, que reducirían la competencia y distorsionarían la señal de precios”. Este sería un retroceso a los tiempos en los cuales las tarifas eran administradas por el Estado, esquema este que derivó en el colapso del Sistema que nos condujo al apagón de los años 1992 – 1993. Otorga, además, al gobierno, según Arroyave, “facultades para crear mecanismos tarifarios diferenciales, esquemas de estabilización y compras centralizadas de energía, que reducirían la competencia y distorsionarían la señal de precios”. Esta sería una pésima señal que, en lugar de atraer a la inversión y a los inversionistas privados los desincentiva, poniendo en riesgo la expansión de la capacidad de generación y de transmisión que el Sistema está pidiendo a gritos.

Hay otros aspectos en este proyecto que le dan al Ministerio de Minas y Energía y gran poder discrecional para tomar determinaciones que conciernen a la CREG y generan un clima de incertidumbre para los agentes de la cadena. Tal es la norma que establece que “en todos los servicios y sus actividades complementarias se podrán cobrar cargos que estén orientados al cumplimiento de fines solidarios y redistributivos”. O la que prevé que las fórmulas y metodologías tarifarias “excepcionalmente podrán modificarse en cualquier tiempo, de manera total o parcial, de oficio, por solicitud de la Superintendencia de Servicios Públicos, o a petición de parte” .

Ello deja abierta la posibilidad de que en cualquier momento, sin vísperas, se le puedan introducir modificaciones que alteren dichos parámetros, lo cual atenta de manera flagrante contra la seguridad jurídica. Creo que, en aras de garantizar la estabilidad jurídica, base fundamental de la confianza inversionista, se debe mantener su periodicidad, que hoy es de cinco años, pero sin perjuicio de que este ciclo pueda ser menor o mayor. De lo contrario, en lugar de atraer a la inversión y a los inversionistas privados, que son los que en últimas asumen el riesgo de invertir en los proyectos desde que se desestatizó el sector eléctrico, los ahuyentaremos. Y asumo que este no es el propósito del Ministro.

Además, si se establece que “cuando un activo cumpla su vida útil regulada y el mismo haya sido remunerado en su totalidad, sólo se podrá remunerar su costo de operación, administración y mantenimiento” y ello siempre y cuando se garantice “eficiencia, continuidad, cobertura y calidad”, pues “en ningún caso se podrá volver a remunerar su inversión”, se desincentivan las inversiones que pueda llegar a darse con el propósito de repotenciar dicho activo, incluso con ganancia en eficiencia, como fue el caso reciente de Termocandelaria, la cual mejoró su eficiencia energética al aumentar la potencia en un 80% y lo más importante sin incrementar sus emisiones de dióxido de carbono (¡!). Ello es absurdo.

Finalmente, pero no por ello menos importante está lo concerniente al cargo por confiabilidad, que el Ministro Palma cuestiona por considerar que “no pueden seguir los usuarios del país pagando más de seis billones de pesos al año que se carga en el componente de generación de la factura de energía eléctrica” y plantea “un marco jurídico para modificar el cargo por confiabilidad, en donde la regulación quedaría en manos tanto del ministerio como de la Comisión de Regulación de Energía y Gas-CREG”. Se aduce para ello que, supuestamente, con el esquema actual, “los usuarios pagan hasta diez veces el valor de la energía, de lo que cuesta generarla”, Lo cual no tiene asidero en la realidad. La verdad sea dicha, lo que paga el usuario por concepto de cargo por confiabilidad en su factura oscila, en promedio, entre los $50 y $100 el KWH.

Y ello tiene como contrapartida las inversiones en la expansión de la capacidad instalada de generación de energía del orden de US $17.000 millones en los últimos 15 años, gracias al incentivo que ofrece el Cargo por confiabilidad. Desde luego, el cargo por confiabilidad es susceptible de ajustes, mejoras, pero en ello no se puede improvisar sin poner en riesgo la confiabilidad y firmeza del Sistema para el cual sirve de seguro. Con ellas no se juega!

Huelga decir que, la medida más eficaz para bajar los precios y las tarifas de energía, indudablemente, es robustecer y reconfigurar tanto la capacidad instalada de generación como la de transmisión, ya que debido al notorio retraso en la ejecución de los proyectos el Sistema de transmisión nacional (STN) y regional (STR) se encuentran en el máximo grado de stress, dado el déficit que acusa la oferta en firme de energía (OEF). Sólo con una mayor OEF, sobre todo con la entrada en operación de los 16 parques eólicos de La Guajira, podrá ceder la presión alcista de los precios y la espiral al alza de las tarifas de energía que paga el usuario final. Esas son las leyes del mercado, que no son susceptibles de derogar!

Amylkar Acosta

A propósito del proyecto de reforma de la ley de servicios públicos (I parte)

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Nov 9, 2025. Publicado en Opinión.

Después de muchas idas y venidas, vueltas y revueltas del actual gobierno, tres años después de anunciada, por fin el actual ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, radicó en la Cámara de Representantes el proyecto de ley 432, “por medio del cual se establecen mecanismos para la regulación justa y la democratización del sector energético”, a través del cual se busca introducir reformas profundas a las leyes 142 y 143 de 1994, las cuales versan sobre la prestación de los servicios públicos, en particular el servicio de energía eléctrica.

Según el ministro Palma, refiriéndose a estas leyes, afirmó que “si bien tienen algunas cosas positivas, otras merecen revisarse después de tanto tiempo”. Huelga decir que estas leyes que “tienen algunas cosas positivas”, es la que le ha valido la ponderación del Foro económico mundial y el Consejo Mundial de Energía, ubicando a Colombia en el top 10 a nivel global por el desempeño de su sistema energético. El mismo que ha hecho posible que Colombia haya podido superar con éxito 4 fenómenos del Niño sin apagarse, el único país el Latinoamérica que en los últimos 30 años no ha registrado racionamiento en la prestación del servicio del fluido eléctrico.

Esta iniciativa se viene a sumar a otras 11 de origen legislativo, con objetivos y propósitos similares, todo ellos loables, como el que plantea el ministro Palma, “de manera inmediata bajar las tarifas de energía”. Entre los aspectos a destacar de este proyecto está el atinente al saldo de la deuda acumulada de $2.5 billones por concepto de la Opción tarifaria, que data desde la pandemia del 2020. Afirmó el ministro Palma que “los saldos de opción tarifarias no son una deuda de este Gobierno, pero alguien debe asumir esa deuda para alimentar un poco el sistema y darle liquidez al sistema de distribución”. Y resolvieron que se alguien sean “los usuarios de estratos 5, 6, los no residenciales y los no regulados a nivel nacional, asumirán la deuda de la opción tarifaria de los usuarios de estratos 1, 2 y 3 a nivel nacional”.

Hay que aclarar que si bien esta no es una deuda del actual gobierno, fue el propio Presidente Gustavo Petro quien anunció en mayo del año en Barranquilla que la Nación la asumiría. Y no es justo que los estratos 5, 6, los no residenciales y los no regulados quienes la paguen, cuando ellos no sólo están pagando su propia deuda de la opción tarifaria, sino que están pagando en sus facturas una contribución adicional a su consumo con destinación específica para ayudar a cubrir el valor de los subsidios de los estratos 1, 2 y 3. De modo que cuando se invoca para ello el “principio de solidaridad y redistribución de ingresos”, este ya se está cumpliendo con creces.

Cuando se plantea Los “criterios para la entrega de subsidios en la Ley 142 de 1994 para el servicio de energía eléctrica. Con el fin de incentivar la eficiencia en el consumo energético” y se plantea la posibilidad de “disminuirse condicionalmente el subsidio si los consumos exceden el umbral de consumo de energía mensual que defina el Ministerio de Minas y Energía”, esa norma ya existe en la Ley 1873 de 2017, la cual prevé en su artículo 114 que cuando el beneficiario del subsidio se pasa de la raya y “el mayor consumo excede en un 50% el consumo de subsistencia se pierde el derecho al subsidio” y tiene que pagar tarifa plena sobre todo su consumo. Esta es una norma disuasiva que contribuye a lo que se busca con la que ahora se propone.

En cuanto a la “naturaleza y requisitos de las facturas”, se trata de separar la paja del grano, de tal suerte que en la factura del servicio de energía, en adelante sería “obligatorio totalizar por separado cada servicio” diferente a la energía que se cobre, sólo en tratándose de los servicios públicos de aseo y saneamiento básico, porque así lo dispone la Ley de servicios públicos (142 de 1994), que debería extenderse al impuesto al alumbrado público, que está atado al consumo de energía según lo dispuso tanto la Ley de servicios públicos como la Ley 1819 de 2016 (artículo 352).

Caso aparte el cobro de tasas, sobretasas y otros colgandejos que se incluyen en la factura sin soporte legal, sólo por acuerdos entre el operador de red y la entidad interesada, que ahora quedaría prohibidas. Empero, hay que dejar en claro que ninguno de esos conceptos hacen parte de la tarifa de energía, que tendrán que pagarse por el usuario con la factura de energía o por fuera de ella, razón por la cual no se puede hacer pasar la suspensión de su cobro a través de la factura de energía por una baja de la tarifa de esta. Ello es un sofisma.

Otro acápite de este proyecto de ley tiene que ver con Los “mecanismos de estabilización tarifaria y esquemas tarifarios diferenciales”. Se dice que se guarda “la concordancia con los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera y transparencia desarrollados en el artículo 44 de la Ley 143 de 1994”, pero sólo para desconocerlos y soslayarlos.

En efecto, so pretexto de “proteger a los usuarios de la volatilidad del mercado mayorista”, de la cual, supuestamente se aprovechan los generadores mediante prácticas deleznables, alentados por la codicia, se ordena restringir al máximo la exposición el bolsa de la empresas comercializadoras, sustituyendo, como lo afirma el experto Iván Arroyave “la lógica de mercado por una administrativa”. Confundiendo de paso lo que son los costos de generación con los precios y las tarifas, en donde el cargo por generación (G), que es sólo uno de los seis cargos (CU = G + T + D + C + PR + R).

Amylkar Acosta

Amylkar Acosta invita a una tutelatón para evitar afectaciones a Reficar y a Ecopetrol

Escrito por Confidencial Noticias en Nov 6, 2025. Publicado en Lo + Confidencial, Economía, Portada.

El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, calificó la decisión de la DIAN de ejecutar un cobro coactivo a Reficar por impuestos no pagados del IVA del 19 % como “un desafuero”. Según explicó, “al ser Reficar una filial de Ecopetrol, esta decisión la afecta de manera instantánea. Se hace basándose en una interpretación de la norma, porque lo que buscan es hacer efectivo el cobro del IVA del 19 % a las importaciones de combustibles”.

“Hay que tener claro una cosa, y es que toda importación de combustibles se hace a través de Reficar, la cual tiene un régimen especial relacionado con las zonas francas. Estas gozan de un tratamiento que establece que no se pueden cobrar aranceles ni IVA”, afirmó.

El exministro recordó que todo el combustible importado llega a una zona franca, y que la importación del 40 % de la gasolina y del 10 % del diésel se realiza a través de Reficar, tarea que ejecuta el grupo Ecopetrol. Por ello, explicó, sería Ecopetrol quien debería asumir ese pago.

“No se pueden interpretar las normas de manera que ofendan la razón. Muy seguramente Reficar interpondrá acciones legales contra esta decisión de la DIAN, y yo personalmente invitaría a todos los colombianos accionistas de Ecopetrol a que hagamos una tutelatón para frenar este atropello”, señaló.

Agregó: “El Gobierno está con dificultades de caja, y el Ministerio de Hacienda y la misma DIAN están en busca de plata como el diablo por almas. Eso explica esta decisión de cobrar de manera anticipada la retención en la fuente, porque se necesitan recursos para cubrir el día a día”.

Al exfuncionario y excongresista le preocupa que este asunto no se solucione del todo, porque, según él, “de hacerse efectivo ese cobro coactivo, Ecopetrol y Reficar verían afectados sus estados financieros, y esto repercutiría en las finanzas de la Nación, ya que el pago de dividendos se vería reducido”.

Amylkar Acosta hizo estas afirmaciones en el marco del Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (COMCE), que se celebra en la ciudad de Cartagena los días 6 y 7 de noviembre

¡Nací de pie!

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Nov 2, 2025. Publicado en Opinión.

Un día como hoy, hace 75 años, cuando las manecillas del reloj marcaban las 8 de la noche, según mi partida de nacimiento, también denominada fe de bautismo, vine a este mundo en mi casa de habitación en Monguí, para entonces lo que se llamaría hoy un centro poblado. Y nací de pie, según me lo contó mi tía Brígida, la Negra Acosta. Este, que es un parto difícil y de mal pronóstico se conoce como parto podálico.

Le pregunté a la Inteligencia artificial, que compite con la inteligencia humana, qué significado tiene, de qué mensaje es portador el nacer de pie y esto me respondió: mucha suerte desde el nacimiento. Ser afortunado, buen augurio. No obstante la intuición y la experiencia me han convencido de que hasta la suerte, que, según Voltaire “es lo que sucede cuando la preparación y la oportunidad se encuentran”, hay que merecer. Además, como dijo Virgilio, “la suerte ayuda a los osados” y si algo me ha caracterizado a mi es la osadía!

Bien dice la canción vallenata Recordando mi niñez, de la autoría del compositor Camilo Namén Rapalino “bonita es la vida cuando uno está niño y cuando uno está niño quiere crecer ligero”, para después, con el paso del tiempo, añorar aquellos años mozos cargados de sueños e ilusiones sin límites ni barreras. Esta es la contradicción que embarga a los humanos y que se repite en la edad provecta, que, al decir de Rodolfo V. Talice, en su magistral obra El arte de vivir intensamente 100 años, “el hombre la detesta, aunque parádojalmente se obstine en alcanzarla, por que ve en ella la imagen de su cruel despojamiento”. Entonces es cuando nos percatamos de la idea copernicana de que no es el tiempo el que pasa, somos nosotros los que pasamos mientras el tiempo permanece impertérrito.

No obstante, viéndolo bien, no hay motivos para detestar la vejez y mucho menos para rehuirla, pues nacemos a la vida para llenarla y darle sentido y contenido. Con ella viene la paciencia, la madurez de juicio, el mayor conocimiento y la mayor capacidad de discernimiento, coadyuvante imprescindible a la hora de la toma de decisiones trascendentes y trascendentales. Este es el estadio de la vida que se ve compensado y recompensado con la inteligencia madura, aquella que está más cerca de la sabiduría. De allí el aprecio que tienen los pueblos indígenas por los ancianos de la tribu, por ser ellos portadores de los saberes ancestrales.

Coincido con nuestro laureado premio Nobel de la literatura Gabriel García Márquez en que uno nunca debe pensar “en la edad como en una gotera en el techo que le indica a uno la cantidad de vida que le va quedando”. Y más aún cuando remata diciendo que “la edad no es la que uno tiene, sino la que uno siente”. Al fin y al cabo, como afirma el gran pensador español José Ortega y Gasset, “la vida no es una suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser”.

Bien se ha dicho que “la juventud no es una época de la vida, es un estado mental. Nadie envejece sólo por vivir un número de años; las personas envejecen al abandonar los ideales. Los años arrugan la piel, pero perder el entusiasmo arruga el alma. Preocupación, duda, desconfiar de uno mismo, temor y desesperanza, estos son los largos años que agobian la cabeza y convierten el espíritu de crecimiento de nuevo en polvo. Ya sean sesenta o setenta, hay en el corazón de cada ser el amor a lo maravilloso, el dulce asombro a las estrellas y lo celestial en los pensamientos, el reto invencible, el infalible apetito infantil por lo que viene y la alegría por participar en el juego de la vida. Eres tan joven como lo es tu fe, tan viejo como tus dudas; tan joven como tu seguridad, tan viejo como tu temor; tan joven como tu esperanza, tan viejo como tu desasosiego!

A este propósito, traigamos a colación una reflexión del gran pensador Ernesto Sábato, que ojalá nos sirva de moraleja a todos y a todas: “No hay otra manera de alcanzar la eternidad que ahondando en el instante, ni otra manera de llegar a la universalidad que a través de la propia circunstancia: el hoy y aquí…En la vida existe un valor que permanece muchas veces invisible para los demás, pero que el hombre escucha en lo hondo de su alma: es la fidelidad o traición a lo que sentimos como un destino o una vocación a cumplir…”.

Es muy triste llegar a la cima de los años, cuando estos se han desperdiciado inútilmente en naderías; pero es muy satisfactorio, cuando se ha tomado la vida como misión y no como carrera, pues “vivir implica tener una misión, en la medida en que se evite luchar por un propósito valioso, la vida será vacía”. Cuanto más cuando ese propósito ha sido “aprender a seguir aprendiendo, a hacer del aprendizaje”, como lo hizo Thomas Huxley, “una forma de vida, tal vez la mejor forma de todas las vidas posibles”. Justo este año completo 50 años ininterrumpidos dedicados a la docencia y a la investigación universitaria, después de los cuales he llegado a la conclusión de que lo que a uno le queda mejor aprendido es aquello que enseña!

Finalmente, como buen guajiro, mi totem es el cardón, el mismo al que nuestro juglar Leandro Díaz le compuso una de sus más hermosas composiciones, la que a la letra dice : “yo soy el cardón guajiro, que no marchita el sol…el cardón en tierra mala ningún tiempo lo derriba. En cambio en tierra mojada nace de muy poca vida. Por eso es que en La guajira el cardón nunca se acaba. Es que la naturaleza a todos nos da poder. Al cardón le dio la fuerza p´a no dejarse vencer. Yo me comparo con él, tengo la misma firmeza”!

Amylkar Acosta

¡Un exabrupto!

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Oct 26, 2025. Publicado en Opinión.

El presidente Gustavo Petro se ha empecinado con terquedad aragonesa en que ECOPETROL se aparte del core de su negocio, explorar, explotar, transportar y refinar hidrocarburos. Contra toda evidencia sostiene que “el tiempo del petróleo se acabó”. Ello lo llevó a ordenarle al presidente de la empresa Ricardo Roa “hacer una especie de exorcismo” de la empresa, al tiempo que le pidió que se quitara el petróleo “de la cabeza” y fue terminante al espetar “quítate el petróleo de la cabeza”.

Luego, en el marco de un Consejo de ministros realizado el 11 de febrero el presidente Petro increpó al ministro de Minas y Energía Andrés Camacho alegando que “si nosotros estamos contra el fracking -por la muerte de la naturaleza y la muerte de la humanidad – yo quiero que se venda esa operación, la del Permian, para invertirlo en energía”.

Pero ya era tarde, dado que el 3 de febrero se había acordado entre las partes, ECOPETROL y la OXY la prórroga de su contrato de asociación que data desde julio de 2019 hasta el 2027. El presidente Petro se resistió a dar su brazo a torcer e insistió en su cuenta de X el 14 de septiembre en que “ECOPETROL debería vender su participación en el Permian. Ahora, más recientemente, según ha trascendido a los medios, el Presidente Petro citó a Palacio a varios miembros de la Junta directiva de ECOPETROL con el propósito de darle la directriz de salir del Permian. Aduce el Presidente Petro que “el negocio que va a quebrar a ECOPETROL es Permian, el proyecto de fracking que la petrolera tiene en sociedad con la Oxy en Estados Unidos”.

Insiste además el Presidente Petro, en que “permian no es un buen negocio”, en que este es un negocio “chimbo”, cuando todas las cifras de la propia empresa lo desmienten y hablan por sí solas: Pero, la verdad sea dicha, hoy por hoy esta es la inversión más rentable de cuantas posee el Grupo empresarial ECOPETROL en su portafolio: el costo del levantamiento del barril de crudo oscila entre los US $5 y los US $6 dólar, costo este que contrasta con el promedio en los campos en explotación en Colombia, el cual fluctúa entre los US $12 y los US $14. La producción proveniente del mismo está alrededor de 115.000 barriles / día, por encima de la producción de Rubiales, considerado el mayor campo productor en territorio nacional, representando el 15% de la producción total de ECOPETROL (115 mil barriles/día). Además, las reservas a su haber están cifradas en 189 millones de barriles equivalentes, lo cual representa el 10% de todas las reservas con las que cuenta la estatal petrolera.

Y, como si lo anterior fuera poco, hablando de su rentabilidad, el margen EBITDA se sitúa en el 76%, en comparación con el promedio del resto de la operación de ECOPETROL que está entre el 30% y 40%! De llegar a prosperar el dislate de vender su participación en el Permian empeoraría la situación financiera de la empresa, la cual ha registrado una caída de sus utilidades, que completó en junio pasado 10 trimestres consecutivos a la baja, en un 78%, en términos reales, entre los años 2022 y 2025. De no ser por el Permian la situación habría sido más apremiante y de paso la de las finanzas del Estado, toda vez que dependen en gran medida del giro de los dividendos que le reporta como su principal accionista con el 88.49% de las acciones. Renunciar al Permian por parte de ECOPETROL sería una pésima imitación de quien invita a sus contertulios convidándolos a irse a otra fiesta ya que la disfrutan está tan buena!

Huelga decir, que la afirmación del Presidente Petro, de que el producido de la eventual venta de la participación de ECOPETROL en el Permian le serviría para “invertirlo en energía limpia”, puesto que, de llegar a cristalizarse este despropósito no es verdad que ECOPETROL le traspasaría el valor de la venta a la Nación, pues dado el carácter de la misma sólo puede girarle dividendos, los cuales se verían menguados con tal operación. Además, según el experto Sergio Cabrales “vender con descuento el negocio del Permian de ECOPETROL, valorado en aproximadamente US $5.500 millones, podría representar una disminución del 30% de la cotización actual de la acción”. Y la cereza del pastel sería que ECOPETROL tendría que pagar una penalidad por su desistimiento del orden de los US $400 millones!

De allí la reacción de parte de quienes hemos tenido la responsabilidad de conducir la política pública en materia de hidrocarburos, así como de los expertos y conocedores del sector, así como la férrea oposición a este desaguisado de parte de la Unión Sindical Obrera (USO, la cual, por boca de su Presidente Cesar Loza, manifestaron su decisión de irse a la huelga a defender la empresa que ellos mismos gestaron con otra huelga, por considerar que este sería “un error que pone en serios riesgos las finanzas de ECOPETROL”. Un exabrupto. Otra razón que nos llevó a encender todas las alarmas por el antecedente de lo que ocurrió con el fallido negocio de la negociación que venía adelantando ECOPETROL para participar en la sociedad Crownrock, propiedad de la OXY para desarrollar el proyecto Oslo, ubicado en la misma cuenca del Permian.

En efecto, después que la Junta directiva lo había aprobado, por presiones del ejecutivo se echó para atrás y se descartó, según dijo el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, porque “el asunto es de coherencia…el petróleo sigue adelante, pero no con fracking”. De esta manera ya se había sentado un precedente al respecto, funesto por cierto!

Amylkar Acosta

Los bandazos de la política de gas

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Oct 19, 2025. Publicado en Opinión.

La política energética del Gobierno Petro ha sido errada y errática. Empezando por la ministra de Minas y Energía, la filósofa Irene Vélez y ahora ministra de Ambiente, que fue una veleta. Tuvo la ocurrencia de afirmar tempranamente que Colombia no tenía de preocuparse pues, según sus cálculos fantasiosos, tenía asegurado el autoabastecimiento de gas natural hasta el año 2042. Luego, quien la reemplazó, el ex ministro Andrés Camacho, sostuvo que en Colombia no había escasez de gas natural sino acaparamiento por parte de algunas empresas, las que estarían especulando con el mismo y le pidió a la Superintendencia de servicios públicos que las investigara y sancionara. En ello lo secundó el Presidente Petro, quien fue inducido al error.

Si, como lo afirmó el ministro Camacho, no había escasez tampoco había déficit y en consecuencia, según él, no había necesidad de importar gas para cubrir la demanda esencial. Y cuando se concretó la primera importación a comienzos de diciembre de 40 MMPCD, ante la evidencia, salió a decir que la misma tenía por objeto tenerlo como “reserva” por parte de las empresas, no sin antes advertir que ello no podía dar lugar a aumento de las tarifas a los usuarios finales, como en efecto se dio en el interior del país, con incrementos que oscilan entre el 20% y el 32%. Y no era para menos, puesto que mientras el precio del MMBTU de gas extraído en el país fluctuaba alrededor de US $6 el importado de transó en US $18, aproximadamente, el triple. Cómo bien dijo la Presidenta de NATURGAS Luz Stella Murgas “se acabó el gas barato”.

Cuando, finalmente, por fuerza de las circunstancias, tuvieron que aceptar que había la necesidad de importar gas natural perdieron un tiempo precioso con el embeleco de importarlo desde Venezuela o de Catar. Incluso, el Presidente Petro reprendió en un consejo de ministros con transmisión en directo a Ricardo Roa por qué ECOPETROL no estaba importando gas. Pero a nadie se le puede pedir que haga lo imposible y ECOPETROL no estaba en capacidad de importarlo porque no cuenta con una regasificadora para hacerlo. Afortunadamente, en el mes de marzo de este año contrató para tal efecto a la firma PIO SAS, para la instalación de una en Buga(Valle del Cauca), hasta donde tendrá que transportarse el gas licuado mediante vehículos isocontenedores especializados, la cual se aspira esté a punto en el segundo trimestre de 2026.

Después de ello, para sorpresa de todos, el presidente Petro, después de anunciar que “Ecopetrol será la encargada de importar gas más económico, acabando con los monopolios privados en este proceso”, se vino lanza en ristre contra el gas natural. Esto espetó: “este Gobierno dijo: transición energética, que significa reemplazar, no acompañar los combustibles fósiles y ECOPETROL nos ha mamado gallo con el tema”. Y fue más lejos al preguntarse: “por qué vamos a estimular que tengan gas natural si muere todo el mundo?”. El gas natural se preguntará con el bolero de Los Tecolines: en qué quedamos por fin, me quieres o no me quieres.

Por fortuna el ministro Edwin Palma, con una gran dosis de realismo manifestó que “hay que sincerar el tema: sí hay una escasez de gas…No lo ocultamos ni lo negamos”. Y ha sido muy pragmático, además, al terciar en la controversia que suscitó el anuncio de parte de la empresa transportadora de gas TGI, filial del Grupo Energía Bogotá (GEB), de montar una planta regasificadora en La Guajira, apoyándose en la infraestructura existente en Ballena, seguido por la decisión de parte de ECOPETROL de contratar la instalación de otra en Coveñas (Sucre). Fue enfático al afirmar que “confiamos en los proyectos de Ecopetrol aunque confieso que me preocupan los tiempos. Y sigo creyendo que regasificar por Ballenas o Coveñas son buenas opciones. Requerimos grandeza para sacar estos proyectos adelante, más allá de los egos corporativos”.

Como después de la tempestad viene la calma terminó imponiéndose la sindéresis con una feliz coincidencia. El presidente de ECOPETROL Ricardo Roa, primero y luego el ministro Palma terminaron dándole su espaldarazo al proyecto de TGI. “Ojalá podamos hacer los dos para tener más competencia”, planteó el ministro. Y no le falta razón, tanto más en cuanto que la necesidad creciente de las importaciones las requiere. Por su parte el presidente del GEB puso las cosas en su punto: “ECOPETROL está pensando en el mediano plazo, mientras nosotros buscamos soluciones inmediatas”. Y no le falta razón dada la premura de contar con una mayor capacidad regasificadora para evitar un eventual desabastecimiento de gas.

Y, finalmente, se dio el esperado pronunciamiento del presidente Petro. Según él “TGI tendrá la opción de importar gas por Ballena y ECOPETROL por Coveñas”. Esta solución de compromiso entre ambas iniciativas es salomónica y responde al interés superior de velar por la seguridad energética del país!

Amylkar Acosta

¡S.O.S por los biocombustibles!

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Oct 12, 2025. Publicado en Opinión.

La mezcla de los biocombustibles en Colombia podemos considerarla como un caso de éxito. Hace 20 años, desde el 1 de noviembre de 2005, merced a la Ley 693 de 2001, de mi autoría, entró en vigor y desde entonces ha sido obligatoria. El espíritu de la misma y la del legislador era y sigue siendo alcanzar varios propósitos al tiempo: contribuir a la seguridad energética, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del Cambio climático y las de material particulado, que tanto afecta la salud, amén del impulso a la agricultura y con ella la generación de empleo formal e ingresos en el campo, en donde más se requiere.

Como es bien sabido Colombia importa el 40% de la gasolina y el 10% del diésel que se consume en el país, ello a causa de las limitaciones que acusan sus dos refinerías, la de Barrancabermeja y la de Cartagena, las que opera ECOPETROL. De modo que el 10%, en promedio, de la mezcla del etanol y el biodiesel, es el mismo porcentaje en el que se reduce la dependencia de las importaciones.

De acuerdo con los registros en Colombia los biocombustibles contribuyen a alcanzar la meta de reducir en un 51% las emisiones de GEI hacia el 2030 reduciendo 2.5 millones de toneladas de CO2 y 130 toneladas de material particulado anualmente. Al reducir las emisiones de material particulado se está mitigando su impacto sobre la morbilidad y mortalidad, las cuales, según el DNP, le cuestan al país $12 billones, aproximadamente, 1.5% del PIB (¡!).

Los biocombustibles son mucho más que un aditivo o mezcla con el combustible motor, para constituirse en una cadena productiva agroindustrial, en la que el etanol y el aceite es un componente más de la misma. La del etanol involucra a 2.000 pequeños cañicultores y la del biodiesel a 6.000 palmeros a pequeña y mediana escala.

Es de resaltar que en los últimos 20 años la ampliación de la frontera agrícola y del área sembrada en Colombia se debe a los cultivos de la caña de azúcar y la palma aceitera, cuyos frutos sirven de insumos a la producción de los biocombustibles, generando más de 90.000 empleos formales y bien remunerados, sobre todo en el campo, que es en donde es más intensiva en mano de obra. Por todo ello y mucho más es que el Panel de expertos de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático no dudó en afirmar que “los biocombustibles son una medida determinante en la mitigación de la emergencia climática”.

Todo ello es lo que se podría poner en riesgo si llega a quedar en firme dos resoluciones que fueron publicadas para comentarios por parte del Ministerio de Minas y Energía a través de las cuales se pretende cambiar la fórmula vigente para la fijación del precio de los biocombustibles. Como lo plantea el experto Iván Darío Arroyave “en la práctica Colombia pasaría a fijar los precios de sus biocombustibles como si fueran importados, aunque se produzcan con materias primas nacionales, reduciendo en ingreso a los productores de etanol y biodiesel en un porcentaje del 14.5% y 23.9%, respectivamente”.

Las nuevas fórmulas reemplazarían el esquema vigente, que combina referencias internacionales con los costos reales de producir en el país, por un modelo basado en la paridad de importación, lo cual llevaría al marchitamiento de estas dos cadenas productivas con todas sus consecuencias. Por ello coincido con Arroyave en que “resulta contradictorio que el mismo Gobierno que promulgó el COMPES 4062 de 2023 de reindustrialización debilite el sector que mejor la representa. El llamado, entonces, es a evitar semejante exabrupto.

Supuestamente con la nueva metodología que comporta esta Resolución se pretende “alinear”, sin lograrlo, los precios internos con los precios internacionales. Según el Ministro de Minas y Energía Edwin Palma, “este es un paso hacia un mercado de biocombustibles más justo, eficiente y alineado con la realidad internacional. Modernizamos las reglas para proteger el bolsillo de los colombianos, reducir la presión fiscal y dar señales claras de competitividad al sector productivo nacional”[1].

A diferencia de lo que ocurre con el Ingreso al productor (IP) en la fórmula del precio de la gasolina y el diésel, en el cual precio paridad importación que le sirve de base, que toma como referencia el mercado del Golfo de México, en donde están instaladas las mayores refinerías del mundo y por lo tanto la formación del precio refleja la de un mercado competitivo, las referencias de Houston, como lo pretende el Gobierno no es el más apropiado, dado que en EEUU la cadena de los biocombustibles está subsidiada en todos sus eslabones, desde el agricultor hasta las plantas que producen el etanol, el cual además es protegido con impuestos a las importaciones.

Y de contera la materia prima, el maíz, no se compara con la caña de azúcar, que es considerada la más eficiente energéticamente, la de mayor productividad por hectárea y sobre todo reduce en una mayor proporción las emisiones de GEI. Lo propio puede decirse con respecto a la palma africana cuando se la compara con tras materias primas para producir biodiesel, como son la colza o la soya.

De llegar a aplicarse la nueva fórmula se daría al traste con todo lo que ha significado para el país en progreso de la agricultura, la generación de empleo e ingresos en los territorios, en ahorro fiscal y en divisas para el Estado. Además, sería un duro revés para la Transición energética justa que tanto pregona el Gobierno, hasta convertirla en su mantra, habida cuenta de que, como lo ha dicho diáfanamente y con toda contundencia el Panel de expertos de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (IPCC, por sus siglas en inglés), “los biocombustibles son una medida determinante en la mitigación de la emergencia climática”.

Amylkar Acosta

¡El salvavidas de chuchupa!

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Oct 5, 2025. Publicado en Opinión.

Después de muchas idas y venidas, vueltas y revueltas, el Gobierno Nacional ha terminado por aceptar que en Colombia sí hay una escasez de gas, que esta es creciente, que la producción nacional del mismo es insuficiente para satisfacer la demanda esencial y que por lo tanto se requiere importarlo para conjurar un eventual racionamiento, dejando atrás el negacionismo de la ex ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, para quien, según ella, Colombia tendría asegurado el abastecimiento hasta el año 2042 y del ex ministro Andrés Camacho, quien sostuvo que aquí no había escasez sino acaparamiento por parte de algunas empresas que estaban acaparándolo y especulando con el mismo y ordenó investigaciones por ello a la Superintendencia de servicios públicos, las cuales nunca llegaron a ningún Pereira.

Luego de admitir, por fuerza de las circunstancias, la imperiosa necesidad de importar el gas vendría el embeleco de traerlo desde Venezuela primero y desde Catar después, al tiempo que el Presidente Petro, en una actitud errática primero le recrimina a ECOPETROL por estarle “mamando gallo en el tema”, porque “este Gobierno dijo; transición energética significa reemplazar , no acompañar los combustibles fósiles” e interpeló a su Presidente Ricardo Roa con este interrogante: “¿por qué vamos a promover el uso de gas natural si eso es muerte?”. Pero ello no fue óbice para posteriormente, en medio de un Consejo de Ministros el 7 de abril, manifestarle que no entendía “por qué Ecopetrol no está importando gas. El simple hecho que Ecopetrol no importe el gas como sí importa gasolina no permite negociación con los colombianos (…) la orden que yo le doy al ministro de Minas es que mire a ver qué pasa en Ecopetrol y por qué no importa el gas” que requiere el país.

En el entretanto, la empresa ECOPETROL, consciente de la necesidad de su aprestamiento para importar gas, habida cuenta que al tiempo que es el principal productor de este energético es también el mayor consumidor, había dado los pasos conducentes para ello. En efecto, contrató para ello los servicios de la empresa Puertos Inversiones y Obras (PIO SAS), para la instalación de una Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSU, por sus siglas en inglés) en Buenaventura y una planta regasificadora en Buga (Valle del Cauca), hasta donde se transportará en camiones cisternas, una especie de isocontenedores, en estado líquido, a falta de un gasoducto, con el que no se cuenta. Operación esta compleja y costosa. Esta planta tendrá una capacidad muy limitada, de sólo 60 MMPCD, si se compara con la Sociedad portuaria del Cayao (SPEC), instalada en Barú (Cartagena), con una capacidad de 450 MMPCD y estará disponible en el segundo trimestre de 2026.

Es de anotar que actualmente sólo se cuenta con la regasificadora que instaló la Sociedad portuaria del Cayao (SPEC) en Barú, Cartagena, con una capacidad inicial de 400 MMPCD y actualmente, luego de su ampliación, es de 450 MMPCD, la cual se proyecta hasta 530 MMPCD para el 2026. La misma fue instalada gracias a la iniciativa del denominado Grupo térmico de la Costa, integrado por tres plantas generadoras (TEBSA, Termocandelaria y Celcia) y me correspondió como Ministro de Minas y Energía licenciar su proyecto mediante las resoluciones 062 de 2013 y 022 de 2014.

Fue inaugurada finalizando el 2016 y desde entonces le ha servido de fuente de abastecimiento del combustible a dicho parque térmico y así poder cumplir con sus obligaciones de Oferta de energía en firme (OEF) adquiridas por el Cargo por confiabilidad. De no haber sido por la SPEC el país se habría apagado el año pasado cuando la sequía que trajo consigo el fenómeno de El Niño puso a prueba el respaldo del parque térmico, operando a su máxima capacidad, hasta cubrir el 58% de la demanda de energía.

En este contexto y dado que las necesidades de importación serán mayores y crecientes ha surgido otra iniciativa que es a todas luces muy prometedora, por parte de la empresa transportadora de gas TGI, filial del Grupo energía Bogotá (GEB). Así lo anunció el Presidente de este Juan Ricardo Ortega. Según sus declaraciones, la misma consiste en conectar la red con el campo Chuchupa, uno de los históricos productores de gas en La Guajira, utilizando la licencia ambiental de una infraestructura ya existente, lo cual abreviaría los términos para su entrada en operación. Tiene, además la ventaja de contar con la infraestructura del gasoducto que opera HOCOL, empresa del grupo empresarial ECOPETROL, hoy subutilizado, pues de su capacidad de transporte de 500 MMPCD sólo esta transportando 70 MMPCD.

Según la compañía, esto permitiría arrancar operaciones en menos de un año. Como lo manifestó Ortega, “contamos con el barco, el capital y la capacidad técnica para poner en marcha esta solución”. Para luego es tarde. Queda en manos del Gobierno nacional apoyar esta iniciativa para garantizar el abastecimiento en los próximos años contando con esta otra regasificadora, que tendría una capacidad mucho mayor que la de Buga, pues estamos hablando de 260 MMPCD para el primer trimestre de 2027, justo cuando el país podría afrontar una crisis de desabastecimiento, la cual se escalaría hasta los 400 MMPCD para el 2029.

Este proyecto anunciado por Juan Ricardo Ortega es de tal importancia y urgencia para el país que amerita ser considerado como de interés nacional estratégico (PINE) y ser tratado como tal, en aplicación del Documento CONPES 3762 de 2013, en orden a agilizar sus trámites y poder contar más pronto con tarde con esta regasificadora. Tanto más en cuanto que, según el Gestor del Mercado de gas, Colombia tendrá una creciente necesidad de importar gas, con un déficit que pasará de 117 millones de pies cúbicos diarios en 2026 (16% de la demanda) a 224 millones en 2027 (37%) y 260 millones en 2028 (43%) para cubrir la demanda nacional.

Por mi parte, yo insistiría en que, pensando en el mediano y largo plazo, se contemple instalar allí un complejo bidireccional, de tal suerte que lo urgente, que es ampliar la capacidad regasificadora, no impida que se disponga también de una planta de licuefacción, previendo que, cuando sea declarada la comercialidad de SIRIUS y recuperemos la autosuficiencia de provisión de gas natural, dispongamos de la facilidad para exportar los excedentes.

Amylkar Acosta

Colombia, baja de nota

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Sep 28, 2025. Publicado en Opinión.

Todos los países son observados por las firmas calificadoras del riesgo soberano de la deuda que ellos han contraído mediante la emisión de títulos con respaldo de la Tesorería General de la Nación y su concepto es de mucha relevancia, pues da cuenta tanto de la capacidad como de la voluntad de los gobiernos de turno de cumplir sus obligaciones de pago, sobre todo en tratándose de los países considerados como emergentes como Colombia.

Ello es determinante para el acceso a los recursos de financiamiento y también de la afluencia al país de la inversión extranjera directa (IED), de tal modo que una baja en la calificación se traduce en dificultades para el acceso al crédito y en el encarecimiento del mismo. En este orden de ideas lo peor que le puede pasar a un país en este frente es la pérdida del grado inversionista de su deuda soberana por que dicho mensaje denota riesgo y pérdida de confianza.

Recientemente el ministro de Hacienda hizo alarde del supuesto “éxito” que se había anotado al colocar $15 billones en TES, que según él mostró el gran apetito por ellos, cuando la realidad es otra, su afirmación es falaz. Prueba al canto: los intereses pactados fueron de 11,304% para los TES con vencimiento en 2029, 12,49% los de 2033, 13,120% los de 2040, 13,196 para los de 2046 y 13,060 para los de 2050, todos por encima de los niveles registrados al cierre de 2024. Como lo asegura el Director de Fedesarrollo Luis Fernando Mejía Colombia actualmente paga la segunda tasa de interés más alta en títulos de deuda a 10 años entre las 40 economías más importantes del mundo. Según él, “según la percepción del mercado, las tasas de interés que paga Colombia por su deuda son demasiado altas en comparación con la calificación crediticia que tiene el país.

En otras palabras, el mercado considera que Colombia está pagando intereses más altos de lo que debería, dado su nivel actual de riesgo crediticio”. Huelga decir, que el desequilibrio fiscal, sumado a la reducción de la calificación, además de incrementar las tasas de los bonos de deuda pública, le resta espacio de maniobra al Banco emisor para mantener la senda de la baja de la tasa de interés de intervención, que tanto presiona el Gobierno.

Pues bien, como se recordará, en 2021, en simultánea, las calificadoras de riesgo S&P y Fitch Ratings rebajaron la nota a la deuda soberana de la deuda de Colombia de BBB- a BB+, en enero de 2024 S&P, no obstante que mantuvo la calificación BB+, rebajó la perspectiva a negativa y en junio de 2024 la firma Moody´s, aunque mantuvo la nota en Baa2, cambió la perspectiva a negativa. Y más recientemente, a raíz del incumplimiento primero y luego del abandono de la Regla fiscal por parte del Gobierno al apelar a la Cláusula de escape de la misma llevaron a las calificadoras de riesgo, empezando por Fitch Ratings (BB+), a revisar y a degradar la calificación de la deuda con todas sus consecuencias.

En efecto, en junio 26 Moody´s, que es la única calificadora que le mantiene el grado de inversión éste bajó hasta el último escalón, Baa3, a un paso del grado especulativo. En concepto de Moody´s, “la decisión de suspender la Regla Fiscal “es negativa porque confirma que el deterioro del déficit y las métricas de deuda observado en el 2024 se va a repetir en el 2025”. Por su parte para Fitch Ratings “la suspensión de la Regla fiscal y las amplias desviaciones de las proyecciones presupuestarias han afectado la credibilidad de la política fiscal”.

Además, plantea que “el plan de reducción del déficit se basa en medidas de ingresos inciertas, incluyendo una reforma tributaria no especificada y recortes de gastos atrasados que implementará la próxima administración tras las elecciones del próximo año…La falta de medidas de consolidación detalladas en el Marco fiscal y su calendario propuesto implican una gran incertidumbre en las perspectivas de implementación”. Definitivamente, el signo de los tiempos para las finanzas públicas en Colombia es la incertidumbre y la crisis de confianza!

En estas circunstancias, tramitar y aprobar por parte del Congreso de la República el proyecto de presupuesto general de la Nación (PGN) presentado a su consideración por parte del Congreso, no obstante estar desfinanciado, es una pésima señal, pues las firmas calificadoras de riesgo tomarán atenta nota de ello y pueden deteriorar aún más la calificación, al tiempo que se le dificultará aún más el acceso al crédito a Colombia, amén del encarecimiento de su deuda. Huelga decir que con el aumento de la deuda pública, que ya supera el 60% del PIB y el servicio de la misma le restan espacio en el PGN a la inversión, que es la única partida flexible del mismo.

Si bien el ministro de Hacienda accedió a recortar $10 billones al monto del mismo, quedando en $546.9 billones, $16.9 siguen sin respaldo presupuestal, por lo que será menester aplazar o recortarlo, de no aprobarse por parte del Congreso el proyecto de ley de financiamiento para arbitrarlos, como ya sucedió con el presupuesto de la actual vigencia.

Amylkar Acosta

¡De mal en peor!

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Sep 21, 2025. Publicado en Opinión.

La situación del sector energético tiende a gravarse, viene de mal en peor, sin que se vislumbre una solución. El riesgo de un racionamiento en la prestación del servicio de energía sigue latente. Yo distingo el riesgo inmanente del riesgo inminente. En cuanto al primero, al depender de una matriz eléctrica en donde la capacidad instalada hídrica supera el 60%, estamos expuestos a un riesgo de racionamiento cuando nos enfrentamos a una hidrología crítica a causa del fenómeno de El Niño, tanto más en cuanto que de los 24 embalses que le sirven a la hidroeléctricas solo uno de ellos, el de El Peñol, con el que opera Guatapé, tiene una capacidad de regulación que supera el año, el resto de ellos es de solo 4 meses.

En cuanto al riesgo inminente, gravitan sobre el sistema dos factores determinantes del mismo. El primero de ellos es el stress del Sistema de transmisión nacional (STN), debido al déficit de la oferta de energía en firme (OEF) con respecto a la demanda, que crece a un ritmo que duplica el crecimiento de la oferta. De allí que, según la firma XM, que administra el mercado mayorista y opera el STN, en este momento la OEF está en 237.55 KWH y la demanda en 241.89 KWH, esto es tenemos un déficit de -1.8%, el cual será mayor el año entrante, estimándose en -2.5%.

Y ello obedece, a su vez, al ostensible atraso en la ejecución de importantes proyectos tanto de generación como de transmisión, empezando por Hidroituango, que ha debido entrar en operación en 2018, pero debido a una contingencia que se presentó de sus 8 unidades, con capacidad de 300 MW de potencia cada una, hasta la fecha solo han entrado 4. Y debido los 2.400 MW de capacidad de generación de energía eólica que fueron asignados en las subastas entre 2019 y 2021, los primeros parques eólicos a instalarse en La Guajira hasta la fecha a duras penas ha entrado uno de ISAGEN de solo 24 MW, el 10%.

El otro factor que amenaza con un riesgo de racionamiento inminente es la crítica situación financiera que afrontan las empresas comercializadoras de energía, debido fundamentalmente a la deuda de los usuarios por concepto de la Opción tarifaria, cuyo saldo al corte de agosto de 2025 era del orden de los $2.6 billones, de los cuales el Presidente Petro se comprometió en mayo del año pasado a asumir la de los estratos 1, 2 y 3, que representa el 80% de la misma, pero hasta la fecha es una promesa incumplida. A ello se viene a sumar la deuda del Gobierno Nacional para cubrir los subsidios al consumo de los estratos1, 2 y 3, que las empresas ya les descontó y el Gobierno debe reintegrarles a ellas.

Al corte del mes de agosto dicha deuda ascendía a $2.4 billones. A ello se vienen a sumar deudas con las distribuidoras de gas natural de $760.000 millones y a las de GLP $41.700 millones. Y lo más grave es que en el Presupuesto de la actual vigencia solo se apropiaron los recursos para cubrir los subsidios del primer trimestre de este año. Es decir que la partida de subsidios para los tres restantes trimestres está desfinanciada. De tal modo que el faltante en el Presupuesto de la actual vigencia asciende a los $3.6 billones, de los cuales $2.7 billones corresponden a energía eléctrica. Entre tanto, para la vigencia de 2026, en el proyecto de Presupuesto para 2026 de $8.9 billones que se van a requerir el aforo es de sólo $7.5 billones.

Esta situación llevó a la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios públicos de la empresa Air-e, que le presta el servicio a los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira. Y la razón fue su insolvencia, iliquidez y falta de flujo de la caja, que la llevó a acumular deudas con sus proveedores del orden de $1.9 billones, la cual quedó en suspenso su pago con la intervención y la contraída con posterioridad a esta ya asciende a los $1.7 billones, de los cuales $1.5 billones corresponden a la deuda contraída con las empresas generadoras por la energía que le han despachado. Y la Superintendencia se ha cruzado de brazos, dice que el Fondo empresarial que administra y que es la fuente de ingresos para solventar a las empresas intervenidas está también insolvente y por ello no le puede girar a Air-e ni un peso.

Tal situación llevó a los organismos de control (CGR y PGN) a pronunciarse alertando sobre el riesgo inminente de un apagón financiero de las empresas comercializadoras que puede dar lugar a un efecto dominó que puede conducir a una falla sistémica, que puede llegar a comprometer la prestación del servicio. La reticencia del Gobierno en girar lo que adeuda a las empresas comercializadoras y evitar el colapso de la empresa Air-e, a sabiendas del riesgo inminente de un racionamiento, lo lleva a uno a concluir que, imitando la política que tiene al sector salud en la UCI, estamos en presencia de una crisis inducida del sector eléctrico. La Superintendencia, con su inacción se ha convertido en parte del problema.

Mensajes del Presidente Petro con afirmaciones falaces y tendenciosas como que “Colombia es el único país en América Latina donde las tarifas de energía no están reguladas por el Estado”, a sabiendas de este si las regula a través de la CREG, en virtud de la Ley 143 de 1994, llegando al extremo de decir, mentirosamente, que “unas pocas empresas en manos de unos pocos pueden fijar precios que benefician sus propios intereses y no los de la gente” y que en consecuencia “las tarifas de energía que hoy nos cobran en Colombia son ilegales”, son señales que atentan contra la confianza inversionista y contra la percepción de la estabilidad jurídica, a causa de los reiterados anuncios de reformar las leyes 142 y 143 de 1994, con el ánimo de intervenir el mercado y fijar los precios y tarifas a su arbitrio.

Es bien sabido que es más fácil hacer política con los precios y tarifas que agenciar una política de precios y tarifas. Bien dijo el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz que “las inversiones en confianza no son menos importantes que las inversiones en capital humano y maquinaria”. Podemos concluir diciendo que el signo de los tiempos que corren en el sector minero-energético es la incertidumbre, la cual en lugar de atraer a la inversión y a los inversionistas los aleja!

Amylkar Acosta

Se repite la historia

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Sep 14, 2025. Publicado en Opinión.

Como es bien sabido, el ministro de Hacienda Germán Ávila radicó en el Congreso de la República el proyecto de n del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia de 2026 aforado en un monto de $556.9 billones, equivalente al 28.9% del PIB, con un incremento del 9% con relación a los $511 billones de la actual vigencia y del 14.1%, si se excluye el rubro de servicio de la deuda. Concomitantemente presentó también a su consideración un proyecto de ley de financiamiento contentiva de una reforma tributaria con el fin, según el, de que “se discuta paralelamente con la propuesta de PGN”.

Se repite la historia de hace un año cuando se presentó el proyecto de ley de presupuesto de este año con un desfinanciamiento de $12 billones y se intentó infructuosamente que el Congreso de la República le aprobara una ley de financiamiento por ese mismo valor para tapar el hueco. Ante la negativa del Congreso el Presidente de la República terminó decretando el PGN de la actual vigencia, viéndose compelido a decretar el congelamiento de dicha suma para equilibrar el presupuesto. Pero esta vez el monto del faltante es más del doble de dicha suma, ahora asciende a la suma de $26.3 billones, 4.72% del monto global, los cuales se pretende recaudar con la socorrida ley de financiamiento.

Ante la reticencia del Congreso de la República de aprobar una segunda reforma tributaria en el cuatrienio del Presidente Petro, después de la del 2022, que estuvo precedida por la del Presidente Duque en 2021, en este última legislatura, signada por el agitado clima pre-electoral, con la desintegración del quorum de la Comisión tercera de la Cámara de Representantes por parte de la bancada oficialista en momentos en los que se discutían propuestas para bajar y ajustar el monto del presupuesto, acorde con la expectativa de ingresos se le allanó el camino al Presidente Petro para que este decrete, una vez más, el PGN para el año entrante, dado que se agota el 15 de este mes el plazo legal para evacuarlo por parte del Congreso.

El Presidente Petro, emplazó al Congreso de la República, alegando su propia culpa del desaforado ritmo del gasto, afirmando con total desenfado que “el Estado va a quebrar si el Senado no aprueba la Ley de financiamiento”. Y fue más lejos al espetar que “todas las cifras lo dicen…nos hundiremos en la barbarie”. En todo caso el plazo límite para la aprobación del monto se agotó, con lo cual el Gobierno se ha salido con la suya en esta primera instancia, ahora resta saber si antes del 20 de octubre se aprueba el articulado del proyecto de PGN por parte del Congreso de la República o el Gobierno se sale con la suya, recurriendo al filibusterismo que tanto ha criticado cuando la practica la oposición.

Aunque el Ministro Ávila aduce que “no hemos evaluado un plan B”, el hecho cierto es que ello le conviene al Presidente, quien no disimula su deseo de que quede en sus manos decretarlo, pues ello le permite esquivar el debate en el Congreso de la República, el cual podría poner en riesgo la aprobación de varios artículos que le dan facultades omnímodas al ejecutivo, entre ellos la de modificar y reprogramar lo atinente a las vigencias futuros, intento este que ha sido muy controvertido y cuestionado por poner en riesgo la confianza inversionista y la seguridad jurídica, al dejar en el limbo . Y ello pese a la advertencia de que la Contraloría General le advirtiera que “las vigencias futuras son de única destinación” y en consecuencia “no deben ser reprogramadas ni destinadas a otros fines”. Así de claro!

Las críticas al proyecto de presupuesto presentado por parte del Gobierno por parte de los expertos y de los centros de pensamiento no se han hecho esperar. Como contexto es importante destacar que el mismo está precedido por la decisión del Gobierno Nacional de recurrir a la Cláusula de escape de la Regla fiscal para desembarazarse de su cumplimiento y tener las manos libres para gastar sin límites.

Según el Director ejecutivo de Fedesarrollo Luis Fernando Mejía lo que está pasando con el PGN refleja un grave problema de planificación financiera en el Gobierno al presentar presupuestos que no son financiables y remató diciendo que “hay montos desbordados y baja capacidad de recaudo” y que con el crecimiento del PGN en un 9%, el triple de la meta de inflación objetivo que se ha fijado el Banco de la República, “no se están dando señales de apretar el cinturón”, como lo aconseja la responsabilidad y la sostenibilidad fiscal.

Al escudriñar las cifras y los rubros de las distintas partidas del proyecto de PGN, además del crecimiento desproporcionado del monto del mismo, que no se compadece con los precarios ingresos, llama poderosamente la atención el crecimiento de la asignación a los gastos de funcionamiento ($365.7 billones), que es del 11.1%, insuflados fundamentalmente por la hipertrofia de la burocracia, particularmente de los contratos por prestación de servicios (OPS), los cuales se incrementaron, sólo en las entidades centralizadas, según el Sistema electrónico de contratación pública (SECOP), el 40% entre 2021 y 2024, al pasar de 45.000 a 63.000, con un costo de $3.2 billones, aproximadamente.

Pero en total, entre agosto de 2022 y julio de 2025, se han firmado 382.858 OPS, con un costo aproximado de $14.6 billones, equivalente al rubro correspondiente a la inversión. Dicho de otra manera, si se prescindiera de tanta burocracia parasitaria y se hiciera una liposucción a ese gasto inútil, se podría reducir el desfinanciamiento a $11.7 billones, en lugar de los $26.3 billones. Sólo en 2025 se registraron 101.120 nuevos contratos, por valor de $4.87 billones (¡!). Ello, a contrapelo de la retórica del Gobierno y su reforma laboral, las cuales propenden por la formalización laboral y en contra de la precarización del empleo.

Amylkar Acosta

La política energética y sus desvaríos

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Sep 7, 2025. Publicado en Opinión.

Vamos a “reactivar el suministro de gas desde Venezuela”, ha dicho el ministro de Minas y Energía Edwin Palma, cuando desde allá Colombia no ha recibido una sola molécula de gas, no se puede reactivar lo que nunca ha estado activo. Colombia cumplió su parte y durante 7 años (2008-2015), más allá de lo pactado, le suministro a Venezuela, en promedio 150 MMPCD.

Bueno es recordar que Venezuela nunca cumplió con su parte, que le obligaba a corresponder proporcionándole a Colombia el mismo volumen a partir de 2011. Así quedó consignado en el contrato que firmaron Chaves y Uribe en mayo de 2007, dándole vida al gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaute, que une a La Guajira con el Estado Zulia. Venezuela nos puso conejo!

Además de los “retos técnicos, jurídicos y económicos, y en eso estamos concentrando la gestión pública”, que, según el Ministro Palma, al afirmar que “no es un camino sencillo, pero estamos avanzando”, están de por medio las sanciones impuestas por los EEUU a Venezuela y solo con la aquiescencia de la Oficina de control de activos extranjeros (OFAC), que depende del Departamento del Tesoro de los EEUU, que complican la viabilidad de cualquier acuerdo para reactivar el contrato incumplido, que está vigente hasta el 2027, se podrá avanzar en dicho propósito. A no ser que el Presidente Petro quiera desafiar al altanero de Trump, exponiendo al país a las mismas represalias arancelarias (25%) que les está aplicando a los países que le compren petróleo o gas a la dictadura de Nicolás Maduro. Le saldría a Colombia más caro el caldo que los huevos!

Ante la afirmación del ministro Palma de que se ha impuesto “el reto de traer la primera molécula de gas desde Venezuela antes de terminar el año”, cabe preguntarse qué ha cambiado desde agosto del año pasado, cuando el exministro Andrés Camacho aseguró ante el Congreso de la República que “ni política, ni financiera o técnicamente vamos a poder importar gas desde Venezuela”. Dicho sea de paso. ECOPETROL le solicitó a la OFAC su autorización para importar gas desde Venezuela en noviembre de 2022 y sólo ha recibido la callada por respuesta.

No es previsible que en el corto plazo Venezuela pueda disponer de la infraestructura necesaria para transportar el gas desde el oriente de su territorio, que es donde están sus mayores reservas de gas natural, en la Perla, que se estiman en 9TPC, casi 4 veces las reservas probadas de Colombia, en un campo operado por Repsol y Eni, hasta empalmar con el desastrado gasoducto Antonio Ricaute en el Estado Zulia, que toca rehabilitar, lo cual demanda una cuantiosa inversión que la quebrada PDVSA no está en condiciones de asumir. A ello se ha venido a sumar el endurecimiento de las sanciones de los EEUU a Venezuela.

Este paso, en falso a mi juicio, según el ministro Palma será “decisivo para romper con los monopolios y garantizar energía justa”, sin reparar en el hecho de que, si algún monopolio en materia de gas en el país quien lo ejerce es ECOPETROL, liderando la producción nacional, con el 72%, posee el 90% de las reservas probadas del país y es a la vez el segundo mayor consumidor, después de la industria, en sus refinerías acaparando más de 150 MMPCD.

Por lo demás, la Presidenta de la Junta directiva de ECOPETROL Mónica de Greiff ha sido categórica al afirmar en forma tajante que “nunca va a llegar gas de Venezuela a Colombia”. Lo descartó en forma terminante. Según ella, “ECOPETROL no puede importar gas de una compañía pública de Venezuela por las sanciones que le impondría Estados Unidos a ECOPETROL”. Interrogado por esta circunstancia, el Ministro Palma le salió al paso a las declaraciones de Mónica aseverando y asegurando olímpicamente que “ECOPETROL, aunque nuestra principal empresa, es un agente más, para traer gas de Venezuela no se necesita a ECOPETROL”. Esta si es ya la tapa, el Gobierno no cuenta con otra empresa distinta a esta, con el músculo financiero y la logística requeridos para dicha importación, por lo que se tendría que recurrir a la tan denostada empresa privada.

Cabe resaltar que esta posición del Ministro Palma va a contrapelo de la orden impartida por parte del propio Presidente Gustavo Petro, quien en desarrollo de un Consejo de ministros transmitido en directo reprendió y le llamó la atención, jalándole la oreja, al Presidente de ECOPETROL Ricardo Roa en los siguientes términos: “hermano no entiendo por qué ECOPETROL no está importando gas. El simple hecho que ECOPETROL no importa gas como sí importa gasolina está generando este negociado con los colombianos”, aludiendo a la importación de gas por los privados, Y fue más lejos el Presidente Petro al sentenciar: “la orden que yo le doy al Ministro de Minas es que mire a ver qué pasa en ECOPETROL y por qué no importa el gas y compite. Competencia, dice el capitalismo”.

En medio de esta cortina de humo, insistiendo en el embeleco de importar gas desde Venezuela y los desvaríos de la política energética que pone de manifiesto, queda flotando en el ambiente la pregunta: si no es ECOPETROL quien importaría el gas desde Venezuela, quién lo haría. De hecho, ECOPETROL hace rato tomó la decisión, a través de su Junta directiva, de contratar la regasificación de gas en el Pacífico, para lo cual firmó el primer contrato de regasificación con la empresa PIO SAS (Puertos, Inversiones y Obras S.A.S), con una capacidad de 60 MMPCD, la cual entraría en operación en el segundo trimestre del año entrante. Aspira, además, siguiendo las instrucciones del presidente Petro, a tener su propia planta regasificadora en La Guajira, aprovechando las facilidades que ofrecen las dos plataformas del campo Chuchupa y la estación de Ballena, desde donde parte el gasoducto que opera actualmente y que transporta el gas hasta Barrancabermeja, con una capacidad de 300 MMPCD, aproximadamente.

Amylkar Acosta

¿Transición o Improvisación? El alto costo de marchitar la minería del carbón en Colombia»

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Ago 31, 2025. Publicado en Opinión.

La devolución de dos títulos al Estado por parte de PRODECO-GLENCOR tuvo lugar en 2021. Falló el gobierno Duque al no proceder a recibirlos y ofertarlos. Llegó este gobierno y el entonces presidente de la ANM, Álvaro Pardo, dijo que en este cuatrienio “no se van a entregar más contratos de gran minería a cielo abierto y lo vamos a cumplir » y lo han cumplido. Y después de más de tres años de este gobierno es que se les ocurre dizque activar el llamado por él como “corredor de la vida” y que con tal fin van a “revisar proyectos”. Cuales? Es la pregunta.

Cómo es bien sabido todo proyecto debe pasar por un proceso de maduración, que empieza por su identificación y priorización, luego el perfil del mismo, su estructuración, diseño y entonces será cuando se pasa a la fase de ejecución, para lo cual es indispensable la asignación de los recursos para su financiación. Todo ello se toma su tiempo, los proyectos no se pueden madurar a punta de periódicos como los aguacates. ¡Les alcanzará el tiempo o estos anuncios no pasarán de ser meros espejismos, para después decir como en la fábula de la zorra y las uvas, al no poder alcanzar un racimo de ellas, se disculparán diciendo que están verdes y amargas!

Con el cierre de las minas Calenturitas y La Jagua, además de su impacto en el empleo, dejando cesantes a más de 5.000 trabajadores y de privar a la Nación, al departamento del Cesar y a los municipios de importantes ingresos ($500.000 millones anuales), amén de US $5.100 millones de dólares en divisas que le dejan de ingresar al país, al dejar de extraer y exportar 15 millones de toneladas de carbón al año.

El gobierno se vanagloria y hace alarde aduciendo que esta es la contribución de Colombia a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del Cambio climático. Pero, la realidad es otra, el mundo no deja de consumir carbón por el hecho de que Colombia deje de extraerlo y exportarlo. Eso es pensar con el deseo, pues, según la Ley de Keynes, toda demanda crea su propia oferta, así es que mientras haya quien consuma carbón habrá quien lo extraiga y lo venda y esos serán los países que compiten en el mercado de carbón con Colombia. En fin, con decisiones tan absurda como las tomadas por este gobierno, de marchitar prematuramente la industria del carbón, Colombia termina quedándose con el pecado y sin la gracia.

Es una falacia la afirmación del presidente Gustavo Petro en el sentido que “el mercado mundial de carbón se está acabando”, que “el mercado mundial piensa lo mismo que yo, que el mundo ya no compra carbón”. A despecho de la Transición energética, hoy más que nunca el mundo está comprando y consumiendo carbón, las cifras, que no mienten, muestran que la demanda de carbón lleva 4 años batiendo su propio récord.

En efecto, en 2022, un año después del cierre de estas minas, alcanzó un récord histórico al registrar, según la Agencia internacional de energía (AIE) 8.415 millones de toneladas, para escalar hasta los 8.700 millones de toneladas en 2023 y luego hasta los 8.787 millones de toneladas en 2024 y se proyecta que para el 2028 en consumo mundial de carbón alcanzará los 9.000 millones de toneladas. ¡Definitivamente dato mata relato!

De modo que estas afirmaciones del presidente Petro, para utilizar la expresión del premio Nobel de Literatura Octavio Paz, está fuera de lugar, “a las afueras de la realidad”. Razón tenía la célebre escritora británica Virginia Wolf cuando afirmó que era más fácil matar un fantasma que matar a una realidad.

Según el ministro de Minas y Energía Edwin Palma, en línea con el pensamiento del presidente Petro y siguiendo a pie juntillas sus instrucciones plantea que “el mundo va a dejar de depender del carbón y el petróleo, debemos anticiparnos y diversificar la economía”. Pero no por madrugar amanece más temprano, no es posible llegar a la tarde sin pasar por el mediodía, diversificar la economía toma tiempo y para lograrlo se precisa contar con los recursos y hoy por hoy el carbón y el petróleo son las principales fuentes de los mismos. No se cuenta aún con fuentes alternativas.

Bien dijo John Maynard Keynes, el más célebre economista después de Adam Smith y David Ricardo, en una carta abierta al ex presidente de EEUU Franklin Délano Roosevelt en 1933 le advirtió que “apresurarse sería dañino cuando lograr la meta de largo plazo es más importante que el resultado inmediato”. Y esa “meta de largo plazo” no es otra que la Transición energética, que deberá darse de manera gradual, progresiva, inteligente y sin precipitaciones, que comprometan y pongan en riesgo la seguridad energética del país.

Amylkar Acosta