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El carbón en su encrucijada

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en . Publicado en Opinión.

El carbón en Colombia, que representa 56% del PIB minero y 1.5% del total, hasta el 2023 segundo renglón en importancia de las exportaciones, siendo el sexto mayor exportador de este mineral en el mundo, después de Indonesia, Australia, Rusia, Suráfrica y EEUU, está en una verdadera encrucijada y no está pasando por su mejor momento. Como todos los commodities, los precios internacionales tienen un comportamiento cíclico alternándose los precios altos con los bajos. Fue así cómo pasó de la sima de un mínimo de US $38.6 la tonelada en mayo de 2020 a la cima de su máximo histórico de los US $457.80 la tonelada en septiembre de 2022, aupado por la crisis que desató la invasión de Rusia a Ucrania y las consiguientes sanciones a Putin por parte de la OTAN.

Contrariamente a las previsiones de la Agencia internacional de energía (AIE), lejos de aplanarse la curva de demanda a nivel mundial por carbón, en los tres últimos años esta viene de récord en récord, así: 8.350 millones de toneladas en 2022, 8.530 millones en 2023 y 8.771 millones en 2024. Y se prevé por parte de la AIE que “la producción mundial se mantendrá estable en torno a los 9.000 millones de toneladas para 2027”.

 

De manera que mientras el Presidente Petro, pensando con el deseo, afirma que según “las últimas cifras del DANE nos muestran que hay una caída del carbón; le echarán la culpa a Petro, pero es que el mundo ya no compra carbón”, para el Director de mercados energéticos de la AIE Keiduke Sadamori, si bien “el mundo está a punto de alcanzar un máximo en el uso de combustibles fósiles y el carbón será el primero en disminuir, aún no hemos llegado a ese punto”. 

Y ello se explica en gran medida porque grandes consumidores de carbón como China tuvo en 2023 el mayor aumento en su capacidad instalada de energía desde 2016, con 44 GW netos (más del doble de toda la capacidad instalada de generación de Colombia), todos a carbón. En 2023 el mundo puso en funcionamiento 69.5 nuevos GW de generación a carbón y solo pasaron a mejor vida 21 GW. 

El problema que afronta la producción de carbón en Colombia, entonces, no obedece a la caída de la demanda, que por el contrario, como quedó visto crece constantemente, sino que sus exportaciones se han visto desplazadas de sus dos principales mercados. Del de EEUU, que era el primero, debido a la sustitución promovida por el Presidente Obama del carbón, altamente contaminante, por gas natural barato, gracias a la revolución de los esquistos (extraído utilizando la técnica del fracking) y menos contaminante. Y del de la Unión Europea, el segundo mercado en importancia, en donde EEUU se nos convirtió en competidor. 

Le tocó, entonces a Glencor, que opera El Cerrejón en La Guajira y Drumond en sus minas Pribbenow y El Descanso en el Cesar, que son los dos principales productores de carbón térmico, por fuerza de las circunstancias, migrar hacia el mercado asiático asumiendo unos mayores fletes, los cuales son críticos en este negocio, se trata, además, de un mercado más competido y por lo tanto los márgenes de ganancias para las empresas son menores.

Y, mientras tanto, en Colombia durante este gobierno le elevaron la carga impositiva, elevando sus costos operacionales y de contera afectando su competitividad. Así se explica que Colombia, después de exportar 90 millones de toneladas en 2017, según los registros más recientes 64.6 MMT en 2024, para un incremento del 7% en volumen, pero el precio cayó el 28% con respecto al año anterior, por valor de US $7.106 MM, muy por debajo de los US $11.700 millones de 2022. La descolgada de los precios y los mayores costos en los que están incurriendo llevó a ambas empresas a ajustar su producción a la baja en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado.

Además, como es bien sabido, desde bien temprano, este Gobierno tomó la decisión similar a la industria de los hidrocarburos de darle un no rotundo a los nuevos proyectos de explotación de carbón a gran escala, máxime si es a cielo abierto, lo cual lo llevó a congelar los dos títulos mineros en el Cesar que le devolvieron al Estado PRODECO – GLENCOR, renunciando a la producción y exportación de 15 millones de toneladas, a lo cual se vino a sumar la absurda decisión de prohibir la exportación de carbón a Israel. 

Colombia, a propósito, se ha quedado con el pecado y sin la gracia, porque si bien es loable el propósito, bien intencionado, de abstenerse de extraer y exportar carbón como una contribución a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el mismo no se logra, porque como quedó dicho anteriormente el consumo sigue creciendo y viene de récord en récord. Se cumple así la Ley de Keynes según la cual toda demanda crea su propia oferta. En consecuencia, el carbón que no extrae ni exporta Colombia lo extrae y exportan otros, quiénes, nuestros competidores. Así de claro

Y de paso, con el marchitamiento prematuro de los hidrocarburos y el carbón Colombiano está renunciando a su principal fuente de financiamiento, no solo del presupuesto general de la Nación y de las entidades territoriales, sino también del financiamiento de la propia Transición energética justa de la que tanto alarde, más de lo que hace, el Gobierno, porque, como solemos decir los economistas, no hay almuerzo gratis y la Transición energética cuesta y siempre se ha dicho que las correas salen del cuero, de ninguna otra parte!

A propósito en la Cumbre de Seguridad energética que se realiza en Londres el Director ejecutivo de la AIE Fatih Birol dejó claramente establecidas tres reglas de oro para lograr la seguridad energética y la primera de ellas es la que establece que “un sector como el energético, que requiere inversiones masivas y apuestas a muy largo plazo, no puede verse sometido a la continua alteración de las reglas de juego que se está produciendo en la actualidad”. Y este es el caso de Colombia!

Amylkar Acosta

¡Exposición al límite!

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en . Publicado en Opinión.

Varios han sido los anuncios y los intentos fallidos del Gobierno para bajar o por lo menos detener la espiral alcista de los precios en Bolsa y las tarifas de energía que agobian a los usuarios finales de este servicio. Finalizando el año anterior la Comisión de regulación de energía y gas (CREG) expidió la Resolución 101 066 de 2024 fechada el 18 de noviembre, estableciendo dos precios de escasez del cargo por confiabilidad, uno inferior aplicable a la energía hídrica, a las renovables y a las térmicas a carbón, de más bajo costo ($359 el KWH) y otro superior ($945 el KWH) a la energía generada utilizando gas natural o combustibles líquidos derivados del petróleo, que es mucho más costosa.

El ex ministro Andrés Camacho prometió y se comprometió con que esta medida tendría “efecto inmediato en las tarifas de energía de los colombianos”, cuando la realidad era y es que es opcional para las empresas acogerse a la misma y sólo se torna obligatoria hacia el año 2027 – 2028, cuando vencen las obligaciones de energía en firme (OEF) ya asignadas. Bien dijo Alejandro Lucio Chaustre, Director ejecutivo de Óptima Consultores, que “esto no va a tener un efecto inmediato en el precio de bolsa de energía, y mucho menos un efecto transversal en las tarifas que pagan los usuarios, como se ha querido vender”.

 

Alegando que “ante la falta de voluntad de las empresas generadoras de energía de aceptar la actual fórmula legal de la energía eléctrica que coloca techos razonables a la tarifa de energía hídrica y solar, expediré por decreto, el porcentaje máximo de venta de energía en bolsa, solo a un 5 por ciento del total de la generación”, manifestó el Presidente Petro en el curso del Consejo de ministros que tuvo lugar el pasado 7 de abril, el cual se centró y concentró en la problemática del sector eléctrico, sobre todo en lo atinente a las tarifas de energía.

Es claro que el Presidente de la República no está investido de la facultad para intervenir el mercado eléctrico ni para regular las tarifas de la energía, esa es una facultad exclusiva y excluyente de la Comisión de regulación de energía y gas (CREG). Lo dice la Ley 142 de 1994 de servicios públicos y lo ha reiterado la Corte Constitucional y fue la razón que llevó al Consejo de Estado a tumbar el Decreto 227 del 16 de febrero de 2023. Los actos administrativos anunciados por el Presidente podrían correr la misma suerte.

Ahora bien, excepción hecha de las EEPPMM, las demás empresas comercializadoras de energía son solo distribuidoras y por tanto deben comprar la energía a las generadoras y para ello debe recurrir a la firma de contratos bilaterales o a la Bolsa, en donde se transa la energía, a la que concurren generadoras y comercializadoras, en la que la formación del precio se rige por un método marginalista, mediante el despacho por parte del Centro Nacional de Operaciones (CNO) la energía ofertada de acuerdo con su precio, de menor a mayor, hasta copar la demanda, de tal suerte que dicho precio se establece tomando en consideración el del último agente despachado.

Lo que se propone por parte del Gobierno es establecer por Decreto un máximo de exposición en Bolsa por parte de generadores y comercializadores del 5%. Dicho de otra manera se les obligaría a tener contratos bilaterales del 95%. Ello, en teoría, sería beneficioso para el usuario final, dado que garantizaría estabilidad en el precio pactado, eludiendo la volatilidad propia del mercado mayorista (léase Bolsa). Para ilustrarlo comparemos el precio en Bolsa que oscila alrededor de los $500 el KWH, mientras el promedio del precio en los contratos bilaterales está en $300. 

Pero, en la práctica qué pasa? Del lado del generador, si llega a presentarse un fenómeno de El Niño y no dispone de energía hídrica, de bajo costo, debido a que la hidrología crítica lo impide, para honrar su compromiso contractual, se ve precisado a comprar energía térmica, mucho más costosa y venderla al más bajo precio contratado. Ello atenta contra uno de los dos principios que contempla la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, el de la suficiencia financiera de las empresas, comprometiendo su estabilidad.

Si lo miramos desde el lado del comercializador, este al firmar un contrato de largo plazo debe constituir unas garantías, para lo cual debe contar con el músculo financiero necesario y suficiente. Y es bien sabido que las empresas comercializadoras están a punto de un apagón financiero, debido al impago de los subsidios por parte de la Nación $3.0 billones, a la deuda por concepto de la Opción tarifaria ($3.4 billones) y la cartera oficial en mora ($1.2 billones), que sumados superan los $7 billones. Empezando por la intervenida Air – e, de dónde van a sacar los recursos para constituir las garantías y honrar el pago de la energía contratada, ahora que se le exigiría cubrirse en un 95%?

A ello se viene a sumar la situación planteada por parte de la Superintendencia de Servicios públicos, a través de una Circular, disponiendo que a las empresas intervenidas por ella no le aplica la limitación de suministro, lo cual quiere decir que así no paguen la energía contratada la empresa generadora está obligada a seguir despachándole la energía. Ello podría conducir a un efecto dominó que podría traducirse, como lo ha advertido la empresa XM, que opera el sistema interconectado nacional (SIN), así como los organismos de control, la Procuraduría y la Contraloría General.

Finalmente, es de advertir que con medidas como esta no se está atacando la causa de las altas tarifas sino sus consecuencias. La fiebre no está en la sábana. Lo que viene presionando al alza tanto los precios en Bolsa como las tarifas de energía es el alto grado de stress al cual está sometido el SIN debido a la estrechez de la Oferta de energía en firme (OEF), a consecuencia del atraso y el freno de la ejecución de los proyectos de expansión tanto de generación como de transmisión. Aquí estamos en presencia de una causalidad circular de la espiral alcista de los precios y las tarifas de energía.

Amylkar Acosta

¡El gran desafío!

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en . Publicado en Opinión.

Paradójicamente el “Día de la liberación”, como fue como catalogó el Presidente Donald Trump el 2 de abril fue la ocasión propicia para anunciar las más drásticas medidas de protección al mercado interno de los EEUU. Adujo que “ante la implacable guerra económica que enfrentamos, nuestro país ya no puede continuar con una política de rendición económica unilateral. En mi opinión este es uno de los días más importantes de la historia porque es nuestra declaración de independencia económica”. Y a su juicio ello atentaba contra la estabilidad económica, el empleo y la seguridad nacional, razón que esgrimió para la declaratoria de la Emergencia Nacional y amparado en esta echó mano de la Ley de poderes económicos (Ieepa), que inviste al Presidente de las facultades para expedir ordenes ejecutivas tendientes a conjurar los daños que ello podría infligirle a la Nación.

Procedió, entonces, el Presidente a expedir la orden ejecutiva mediante la cual  procedió a gravar las importaciones a los EEUU con aranceles de un 10% como tarifa general y global, al tiempo que impuso otros denominados “recíprocos” o “equivalentes”, lo que en la práctica no es más que un arancel punitivo, aplicable a aquellos países con los que la balanza comercial es deficitaria o le han establecido barreras al acceso de sus exportaciones, destacándose entre ellos China y Vietnam, que han sido los países que han llevado la peor parte, con gravámenes del 54% y 46%, respectivamente. Según él, con ello se propone cerrar la brecha del desbalance comercial en su contra, la cual supera los US $1.3 billones!

 

Ha sido enfático el Presidente Trump al afirmar categóricamente que con esta ofensiva arancelaria, “empezamos a hacer a Estados Unidos rico de nuevo. Durante décadas nuestro país ha sido saqueado y violado. Hace 4 años no se oía hablar de nuestro país y sus contribuyentes han sido estafados durante más de 50 años, pero no va a suceder más”. Desde luego, es claro que las barreras arancelarias impuestas son un arma de doble filo, ya que, como lo establece la tercera Ley de Newton, toda acción da lugar a una reacción igual y en sentido opuesto, de tal suerte que esta confrontación de los EEUU con sus socios comerciales puede conducir a lo que dijo Gandhi de la ley del talión: “ojo por ojo y el mundo acabará ciego”.

Es claro que con este paso que ha dado el Presidente Trump este pateó el tablero y de contera está transgrediendo y violando los TLC suscritos, entre ellos el que firmó con Colombia, lo que le valdrá, muy seguramente  denuncias ante una Organización Mundial de Libre Comercio (OMC), totalmente inoperante, por parte de los países afectados. Según Gabriel Ibarra, socio de la firma Ibarra  Rimón, las demandas por violación a los tratados internacionales de comercio y la controversia que ello puede suscitar difícilmente prosperarán, dado que “el órgano de apelaciones (Ciadi) quedó bloqueado porque Estados Unidos ha impedido el nombramiento y reemplazo de los miembros del órgano en la medida en que se han ido venciendo los períodos”. De manera que esta vía está bloqueada.

Pero, ello no es óbice para que China y la Unión Europea, especialmente contemplen medidas retaliatorias en respuesta a la ofensiva proteccionista del Presidente Trump. China, además de establecer un arancel a las importaciones provenientes de los EEUU del 34% ha ordenado restringir sus exportaciones de minerales raros y críticos, como también sobre cinco metales críticos, como lo son el tungsteno, el telurio, bismuto, indio y molibdeno, esenciales para la y asumió además el control de las tierras raras, poniendo en aprietos a la industria tecnológica.

Por su parte Úrsula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, dejó en claro que “los aranceles universales anunciados por el Presidente Trump son un duro golpe a la economía mundial. Lamento profundamente esta opción”, el bloque de los europeos está “preparado para responder…Nos estamos preparando para más contramedidas, para proteger nuestros intereses y nuestros negocios si las negociaciones fracasan”. La tensión en sus relaciones con EEUU viene escalando y ahora con más veras y su esperada respuesta la exacerbará aún más.

A Colombia, no obstante que sólo la cobija la tarifa general de un arancel del 10%, según estudio de Corficolombiana sobre su impacto, en el Índice de vulnerabilidad comercial frente a EEUU, se ubica en el segundo lugar (54.5) después de México (66.7). Y no es para menos, ya que el 33.7% de sus exportaciones tiene a los EEUU como destino y el 26.8% de las importaciones provienen de la potencia del Norte.

No se puede perder de vista tampoco que el 27% de los insumos del aparato productivo de Colombia viene de los EEUU y ellos, muy seguramente se encarecerán tanto por cuenta de la devaluación del peso con respecto al dólar que se ve venir a consecuencias de la guerra arancelaria, sino porque los aranceles aplicados a las importaciones estadounidenses, además de desacelerar el crecimiento de su economía disparará de nuevo la inflación, con un alto riesgo que ello derive en una estanflación generalizada, afectando de paso la demanda por los productos exportados desde Colombia. De hecho, según el Banco J P Morgan Chase, la posibilidad del advenimiento de una recesión global pasó del 40% al 60% a consecuencia de los desvaríos de la agresiva política comercial de la administración Trump. Este es un gran desafío para Colombia!

Amylkar Acosta

La apuesta por el desarrollo regional

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en . Publicado en Opinión.

Colombia desde siempre ha sido, como afirmó el pensador antioqueño Luis López de Mesa, un archipiélago de regiones. Bolívar y sus correligionarios propugnaron por el centralismo y Santander y los suyos por el federalismo en los albores de la independencia de Colombia. Desde entonces  el enfrentamiento político entre unos y otros tuvieron en el centralismo vs federalismo la manzana de la discordia.   

El rol de las regiones es clave en el crecimiento y en el desarrollo económico y social del país. Este no puede ser competitivo si sus regiones no lo son. Colombia se ha caracterizado por un desarrollo desigual, con enormes brechas entre el centro y la periferia, entre unas regiones y otras y también existen brechas intra-regionales. Las regiones más rezagadas del país son el Pacífico y el Caribe, allí se concentra la pobreza y es mayor el Índice de necesidades básicas insatisfechas. 

 

Los planes de desarrollo de los distintos gobiernos en sus diagnósticos identifican y reconocen que las regiones más apartadas y periféricas son las más vulnerables y vulneradas y en la mayoría de ellos, como el del ex presidente López (Para cerrar la brecha), pero sus estrategias para sacarlas de la trampa de la pobreza han sido ineficaces para lograrlo. 

Nota recomendada: ¡El necesario timonazo!

Una manifestación palmaria del aberrante desequilibrio entre unas regiones, las más desarrolladas y otras, las más rezagadas, lo ponen de manifiesto la alta concentración del PIB, el cual, en promedio, pasó de $28.2 millones en 2022 a $30.3 millones en 2023 y peor aún del PIB por habitante. La gran torta, que es el PIB nacional en 2023 alcanzó los $1.584 billones. Pero, los promedios suelen ser engañosos y a la hora del reparto salta a la vista el enorme desequilibrio entre unas regiones y otras. A saber: mientras el Distrito especial de Bogotá, Antioquia y el Valle del Cauca suman $780.1 billones, es decir el 49.2% del total, con $395 billones, $231 billones y 153 billones, respectivamente, en el otro extremo nos encontramos con departamentos como el Chocó, Caquetá, Amazonas y Vaupés, con $6.8 billones, $6.2 billones, $1.2 billones y $426.943 millones, respectivamente. Y si lo analizamos a partir del PIB  per cápita ello es más ostensible: a nivel nacional se registró en 2023 $30.3 millones, pero Bogotá con $50 millones está muy por encima de este promedio ponderado, muy distante de Caquetá, Amazonas, Chocó y Vaupés, los cuales registraron en su orden, según el DANE, $ 14.705.069, $14.259.112, $11.579.375 y $9.127.210.

Mi experiencia, primero como Secretario de Planeación de La Guajira, luego como Coordinador del CORPES de la Costa, Director ejecutivo de la FND y más recientemente como Director de la RAP del Caribe, me permitió comprobar que a pesar de que la Constitución de 1991 estableció el principio de la autonomía territorial, este sigue siendo un país centralista, exacerbada por el avasallador presidencialismo. Y no es para menos, pues el Presidente de la República es, además, el Jefe de Estado, Jede de gobierno, suprema autoridad administrativa y se le suele atribuir, además, el título inventado de primer magistrado de la Nación!

El primer paso para fortalecer la autonomía e impulsar el desarrollo regional es el trámite y aprobación de la Ley de competencias para que entre en vigor el Acto legislativo que fortalece el fisco de los departamentos y municipios, al disponer que el monto a transferirles por parte de la Nación pase del 23.5% de los ingresos corrientes de la Nación hasta el 39.5% hacia el año a la vuelta de 10 años.
Ello sin perjuicio de implementar una reforma tributaria territorial que les permita arbitrar mayores recursos propios, pues hasta ahora todas las reformas tributarias aprobadas por el Congreso han sido solo para arbitrarle recursos a la Nación. De allí que de cada $100 que se recaudan en Colombia, el Gobierno central se queda con $80. Este país es tan centralista que hasta Bogotá es víctima del mismo. Se ha visto recientemente como desde el Palacio de Nariño le han puesto el freno de mano al avance de un proyecto tan estratégico para su desarrollo como lo es el Metro.

En la región es fundamental el relevo generacional, la dignificación de la política y el empoderamiento de la sociedad civil, los centros de pensamiento, los gremios y las universidades, con un mayor compromiso con la integración y el desarrollo regional. En primera instancia, el gran Acuerdo Nacional para el desarrollo económico y social de las regiones ya se dio con la aprobación por parte del Congreso de la República del Acto legislativo que reformó el SGP. Lo que sigue es la Ley de competencias, que es la que determinará con cuales competencias se queda la Nación y cuáles asumirán las entidades territoriales, evitando la redundancia y la duplicidad en el ejercicio de sus funciones.

Amylkar Acosta

A propósito de un exabrupto

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en . Publicado en Opinión.

La Superintendencia de servicios públicos viene dando palos de ciego, tomando decisiones que lejos de disipar y conjurar los riesgos que afronta la prestación de los servicios públicos, en particular el de energía eléctrica, más bien los está exacerbando. Y lo que es más grave está extralimitándose en sus funciones. Como se recordará, el pasado 13 de diciembre emitió la Circular 20241000001314, mediante la cual se “prohíbe dar inicio o continuar  con el procedimiento de limitación de suministro cuando la Superintendencia de Servicios Públicos haya tomado posesión de la empresa morosa”. Dicha disposición tiene nombre propio, la empresa Air – e, que le presta el servicio de energía a los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, pero tiene dos problemas, uno legal y otro de inconveniencia.

En cuanto a su legalidad, a diferencia de las otras superintendencias, la de industria y comercio, la financiera, la de sociedades, la de puertos y la de economía solidaria, cuyas actuaciones se pueden dar a través de circulares, a la de servicios públicos no le es dable hacerlo. Además, con esta Circular se ha dado por parte de la Superintendencia de servicios públicos una pésima señal, ya que al prohibir poner en práctica la limitación de suministro, que está reglada por la Resolución de la CREG 116 de 1998 y se aplica cuando un agente, en este caso la empresa intervenida deja de cumplir con sus obligaciones de pago, particularmente la energía contratada con los generadores. Ello es una flagrante violación a la misma, pues la contraviene y transgrede.

 

El mensaje de la Superintendencia es que así no pague Air – e la energía contratada con los generadores, estos se obligan a seguir despachándosela, poniéndolas en aprietos, pues ellas a su vez tienen sus obligaciones que cumplir con sus proveedores, lo cual puede llevar al temido efecto dominó, comprometiendo de paso la continuidad de la prestación del servicio de energía. Y, de paso, esta medida tan atrabiliaria como desaforrada puede llegar a inducir a un riesgo moral, ya que la intervención de las empresas se torna en el expediente para que las empresas dejen de honrar sus compromisos con sus propios proveedores. Y claro, en tales condiciones, ninguna empresa generadora se anima a contratar la venta de energía a Air – e a sabiendas de que no le van a pagar. Ahora, en su más reciente pronunciamiento, el 14 de los corrientes, la Superintendencia conmina a las empresas generadoras a suministrar la energía a la empresa intervenida aduciendo que según el artículo  6 de la Ley 143 de 1994 establece que “el servicio se deberá prestar aún en casos de quiebra, liquidación, intervención, sustitución o terminación de contratos de las empresas responsables del mismo, sin interrupciones diferentes a las programadas por razones técnicas, fuerza mayor, caso fortuito o por las sanciones impuestas al usuario por el incumplimiento de sus obligaciones”.

Pero se equivoca, porque “el servicio se deberá prestar” por parte de “las empresas responsables del mismo”, que no son las generadoras sino las operadoras de red, en este caso Air – e y la responsable por su cumplimiento es la Superintendencia que tomó posesión de la misma en septiembre del año anterior y la administra a través de su agente interventora. Para ello dispone de un Fondo empresarial, del cual debe echar mano para solventarla, darle liquidez y así superar las causales de su intervención. En este contexto, tan requerimiento a las empresas generadoras es un exabrupto que no tiene ni pies ni cabeza.

Adicionalmente, refiriéndose a las empresas generadoras y transportadoras de la energía, apela al principio de la solidaridad “estipulado en la Ley 142 de 1994, la que regula los servicios públicos domiciliarios”, para manifestar que “se espera que estas empresas cobren sus servicios de generación y transporte a un precio máximo que no supere la condición de costo-eficiencia”. Y, de esta manera “garantizar la continuidad del servicio y reducir las tarifas para los usuarios de la región”.

Pero, resulta que la Superintendencia está trayendo este principio de los cabellos, porque lo que estipula textualmente dicha Ley en su artículo 87.3 es que “por solidaridad y redistribución  se entiende que al poner en práctica el régimen tarifario se adoptarán medidas para asignar recursos a ´fondos de solidaridad y redistribución´ para que los usuarios de los estratos altos y los usuarios comerciales e industriales, ayuden a los usuarios de estratos bajos a pagar las tarifas de los servicios que cubran sus necesidades básicas”. Este es el fundamento de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 que le adeuda la Nación a las empresas que prestan el servicio, que frisan los $3 billones, sin que la Superintendencia, que fue creada para proteger y defender a los usuarios, sobre todo a los más vulnerables, se inmute.

La Superintendencia, además, le hace un llamado a las empresas generadoras AES Colombia, Celsia Colombia, Enel Colombia, EPM, ISAGEN e ISA INTERCOLOMBIA, “a suministrar a precios costo-eficientes la energía y la transmisión de energía que requiere Air-e para reemplazar el suministro de alto costo, hasta tanto la compañía sea estabilizada y pueda desarrollar su objeto social de manera adecuada”. Lo que dice la Ley de servicios públicos al respecto en sus artículo 73 es que es la CREG, no la Superintendencia, la que debe velar y propender porque las operaciones de las empresas sean “económicamente eficientes, ni impliquen abusos de posición dominante y produzcan servicios de calidad”. Así de clara es la norma. Y también advierte en su artículo 87.7 que “las tarifas económicamente eficientes se definirán tomando en cuenta la suficiencia financiera” por parte de las empresas.

De modo que “suministrar a precios costo-eficientes la energía y la transmisión de energía” es una obligación legal por parte de las generadoras, no una “colaboración” dizque “para garantizar la continuidad del servicio y reducir las tarifas para los usuarios de la región”, que es como lo plantea la Superintendencia. Y si no cumplen con el mandato de la Ley, para eso están tanto la Superintendencia de Industria y comercio como la de servicios públicos, para que en ejercicio de su función de vigilancia y control, que les caiga todo el peso de la Ley y el condigno castigo.

Lo que más preocupa del Comunicado de la Superintendencia es que cuando afirma que con esta medida “busca mitigar el riesgo de una posible interrupción del servicio, mientras Air-e trabaja en su estabilización y en el restablecimiento de su capacidad operativa”, muestra su impotencia ante una realidad que se le sale de sus manos. Esta, entonces, es una especie de S.O.S, con el que se trata de descargar la responsabilidad de evitar el temido apagón en la región Caribe en las empresas generadoras, cuando su responsabilidad al intervenirla del “restablecimiento de su capacidad operativa” es suya, de nadie más.

Amylkar Acosta

¿Qué pasa con los subsidios?

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en . Publicado en Opinión.

A partir de la Constitución de 1991 la prestación de los servicios públicos dejó de ser una función que le estaba reservada al Estado y se abrió la posibilidad de que también lo pudieran prestar además las empresas privadas y por comunidades organizadas, tal como las tan mentadas como fementidas comunidades energéticas, así quedó prescrito en su artículo 365. No obstante, dejó establecido que “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado”. De ello se sigue que es el Estado el llamado a garantizar la prestación de los servicios públicos, tal como lo establece la Ley 142 de 1994, con eficiencia, calidad, continuidad y equidad.

Este es el sentido y la razón de los subsidios a los usuarios de los servicios públicos más vulnerables, esto es a los estratos 1, 2 y 3, los cuales quedaron reglamentados en el artículo 99.3 de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, como “un descuento en el valor de la factura”. Ello dio lugar a la creación del Fondo de Solidaridad para Subsidios y redistribución del ingreso (FSSRI) mediante la Ley 286 de 1996. Con el cumplimiento de esta norma Colombia honra su compromiso con el 6º y el 7º de los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS), que tiene que ver con el acceso al servicio de agua potable y a las energías renovables.

 

Y claro, para cumplir con estos dos objetivos se tienen que dar dos premisas, la primera es la disponibilidad, por que nadie puede acceder a lo que no está disponible y la segunda tiene que ver con el poder adquisitivo, que tiene que ver con el ingreso de los usuarios, que dependen a su vez de la tarifa por el disfrute de tales servicios. Como es bien sabido, según la más reciente Encuesta de calidad de vida y el Informe sobre pobreza multidimensional del DANE arrojó como resultado que el 47% de los hogares (8´460.000 familias) tenían carencias en 5 dimensiones, entre las que se destaca “no tener acceso a fuente de agua tratada”. Y según el más reciente estudio auspiciado por la empresa PROMIGAS sobre la pobreza energética multidimensional en Colombia se pudo establecer que el 16.1% de la población, 8.4 millones de habitantes están en esa condición. Ello es deplorable!

Ahora bien, los subsidios se aplican directamente a los usuarios mediante sus facturas y luego el Gobierno debe realizar los reembolsos mediante procedimientos que aseguran la validez de dicho proceso. No es como afirmó irresponsablemente el saliente Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho en el curso de una Asamblea de usuarios del servicio de energía que tuvo lugar en Santa Marta, convocada por él, al espetar, sin pestañear, que “los subsidios por ley se asignan a los estratos 1,2 y 3 y no se les entrega a la gente directamente, se les entrega a través de las empresas. Como la mayoría de las empresas son privadas, entonces se quedan con los subsidios

La realidad es otra, quien “se queda con los subsidios” es el Estado, que tiene la obligación de reintegrárselo a las empresas prestadoras del servicio, que terminan financiándolos al descontárselo a los usuarios en sus facturas quedando a la espera de que el Ministerio de Hacienda les gire el valor causado de los mismos. Y es lo que no se viene haciendo de manera cumplida y diligente abocando a las empresas a dificultades de liquidez, solvencia y de flujo de caja para garantizar el cumplimiento de sus propias obligaciones con sus proveedores, entre ellos, en el caso de la energía, los generadores de energía, que son los que se la despachan a través de contratos que deben honrar y con la banca

Entre marzo del año anterior y enero de este año se acumuló una deuda de la Nación con las empresas comercializadoras de energía del orden de los $2.8 billones, de los cuales el Ministerio de Minas y Energía sólo ha realizado la liquidación y conciliación por valor de $1.3 billones. Con el gravante de que esta liquidación y conciliación por parte del Ministerio, mientras el Ministerio de Hacienda no gire, no le dan liquidez a la empresas.

Sólo a comienzos de febrero de este año, ante el fuerte requerimiento que le hicieron conjuntamente la Contraloría General y la Procuraduría, advirtiéndole sobre la inminencia de un apagón financiero que podría derivar en un racionamiento en la prestación del servicio, se comprometió el Ministro de Hacienda Diego Guevara a hacer abonos mensuales, a cuenta gotas, que sumarían para el 30 de abril $1 billón. Pero, como cada mes se causan $300.000, que deben ser asumidos por las empresas, ello quiere decir que para entonces la deuda en lugar de saldarse o por lo menos amortizarse se elevará hasta los $3 billones!

A la deuda contraída por parte de la Nación por concepto de los subsidios con las empresas que prestan el servicio de energía se vienen a sumar lo que les debe a las que prestan el servicio de gas natural domiciliario y de GLP, más conocido como gas propano, del orden de los $628.000 millones y $68.000 millones, respectivamente, con el agravante en estos últimos dos casos que dichas empresas no están obligadas, como si lo están las que prestan el servicio de energía, a descontar en las facturas el valor del subsidio en el evento de que el Ministerio de Hacienda deje de girarlo. Dicho de otra manera, ellas, ante la estrechez de caja podrían dejar de aplicarle dichos subsidios a sus usuarios con lo cual la tarifa prácticamente se les duplicaría, atentándose contra el acceso a un servicio tan esencial como estos. Este es uno de los mayores retos que debe asumir el novel Ministro Edwin Palma, con la seriedad y el compromiso que no tuvo su antecesor en el cargo.

Amylkar Acosta

¡El necesario timonazo!

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en . Publicado en Opinión.

¡Vísperas de mucho y día de nada!

Ahora que el Presidente de la República Gustavo Petro, en la recta final de su mandato y con el sol a sus espaldas, resolvió recomponer su gabinete ministerial y luego de la renuncia del titular del Ministerio de Minas y Energía Andrés Camacho y se designó en su reemplazo a Edwin Palma, es propicia la oportunidad para este último le dé un timonazo a la política del sector minero – energético y trate de recuperar el tiempo perdido para el mismo por sus dos antecesores y le imprima la dinámica requerida para sortear la gran crisis en que se debate el Sistema eléctrico y el abastecimiento de gas natural. Este sector, según el DANE, fue el de peor desempeño el año anterior, con una caída del 5,2%, restándole 0.3 puntos porcentuales al magro crecimiento del 1.7% del PIB. Salta a la vista que en el incumplimiento delatado por el propio Presidente Petro “de 146 de sus 195 compromisos”, la cartera de Minas y Energía tiene un lugar protuberante.

 

Pésima gestión

Al final de su pésima gestión frente al Ministerio este queda maltrecho con la barrida de la tecnocracia que inició Irene Vélez y continuó Camacho sin solución de continuidad. Nos dejó una de las dos empresas que presta el servicio de energía en el Caribe (Air e) intervenida y con serios problemas, la otra (Afinia) a punto de tirar la toalla y todas las empresas comercializadoras de energía a punto de un apagón financiero y el riesgo de un racionamiento, como lo han denunciado ellas y lo advirtieron en un pronunciamiento conjunto recientemente la Contraloría General y la Procuraduría, que puede llegar a comprometer la continuidad de la prestación del servicio. 

Deja a las empresas comercializadoras de energía con una deuda por concepto de los subsidios por valor de $2.7 billones, suma esta que, si se cumple por parte del Ministerio de Hacienda con los prometidos abonos, se incrementará, en lugar de disminuir,  escalando a finales de abril hasta los $3 billones.  Además, se va debiéndole a las comercializadoras de gas natural y de gas propano (GLP), por concepto de subsidios, $628.000 millones y $68.000 millones, respectivamente. 

Incumplió, además, con la orden que le impartió el Presidente Petro en mayo del año pasado para que titularizara la deuda de los estratos 1,2 y 3 por concepto de la opción tarifaria ($2.8 billones) y de esta manera asumirla por parte de la Nación, la cual han seguido pagando los resignados usuarios. De cumplirse esta promesa presidencial ello ipso facto reduciría el valor de la factura de energía un 24%! El Ministro Palma viene de desempeñarse como Agente interventor de la empresa Air e, así es que conoce de primera mano las afugias de las empresas comercializadores y es sabedor de la necesidad de que el Ministerio de Hacienda les desembolse la suma adeudada a las empresas prestadoras de los servicios públicos.

Se comprometió el Ministro Camacho a que se tomarían medidas para bajar las tarifas de energía, más sin embargo las medidas tomadas directamente desde su despacho y/o desde la CREG no lo han logrado, sólo han servido de espejismo. Y ante su fracaso en su fementido propósito  terminó por convencer al Presidente Petro de que las altas tarifas que estamos pagando los usuarios son “ilegales” pues las atribuyen a la especulación por parte de los generadores, contra quienes la han emprendido. Pese a su alarde, para embaucar incautos, de estar como Ministro “del lado de los usuarios”, también con ellos quedó en deuda.

Su negacionismo lo llevó a descartar la escasez de gas, pues para él se trataba de un caso de “acaparamiento” irregular y al no haber escasez, según él, no vio necesaria las importaciones para cubrir la demanda esencial (residencial, comercial e industrial), la que se viene dando desde el 1 de diciembre y a consecuencia de ello se elevó la tarifa que pagan los usuarios de gas del interior del país entre el 20 y el 36%, la cual considera “injustificada” y lo atribuye a la especulación de parte de las empresas, lo cual derivó en el atropello por parte de las superintendencias de industria y de servicios públicos , desatando una cacería de brujas contra las empresas y lo que fue más grave contra NATURGAS, que es el gremio que las representa. 

Fue incapaz de poner en marcha los parques eólicos en La Guajira, le dijo al país que “no hay proyectos suspendidos” cuando todo el país sabe que la mayoría de ellos han sido abandonados por las empresas desarrolladoras de los mismos. Ello es muy grave porque su entrada en operación habrían contribuido a la confiabilidad, a la firmeza en la prestación del servicio y desde luego también a que los usuarios pudieran sentir un alivio en las tarifas que tanto los agobia. La parálisis de la ejecución de estos proyectos se ha venido a sumar a otros proyectos de generación y de transmisión, destacándose entre estos, por su mayor gravedad, la llamada Línea colectora que ejecuta el Grupo energía Bogotá (GEB), la cual está llamada a inyectar al Sistema interconectado nacional (SIN) la energía que lleguen a generar los parques eólicos, que a falta de licencia ambiental se ha dilatado y por ello sólo entrará en funcionamiento en el segundo trimestre del año entrante.

La hoja de ruta de la transición energética justa en veremos

Tal vez en el frente en donde menos avance ha tenido este gobierno es justamente en la que ha sido su mayor apuesta: la transición energética justa. Contemplada en la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de desarrollo, que hasta ahora se ha quedado en el papel, ya que su avance se reduce a la entrada de 1.9 GW en granjas solares – fotovoltaicos, 9% de la matriz eléctrica, de los 6 GW, 28% de la misma, a los que se comprometió el presidente Petro. Resulta inverosímil que a estas alturas, cuando al Gobierno sólo le restan 17 meses para cumplir su mandato y después de más de dos años largos desde que la ex ministra Irene Vélez anunciara en noviembre de 2022, en el marco de la COP 27, que se tendría la Hoja de ruta de la Transición energética justa para mayo de 2023, sólo se cuente con unos “documentos”, que debían servirle de insumos, en los que se plantean unos “escenarios”, fruto de los “diálogos nacionales” que se propiciaron para el efecto. Es como tener al alcance de la mano las piezas de un lego, pero sin armarlo. En ello la exministra Irene Vélez y el exministro Camacho se rajaron.  ¡Por ello, el mejor legado que puede dejar en este frente el ministro Palma es armarlo!

Un ministro despistado

Una de sus últimas actuaciones fue coadyuvar la presentación, con mensaje de urgencia, del proyecto de ley prohibiendo el uso de la técnica del fracking en Colombia, calificando como “astrología” la falta de información técnica sobre la misma, después de que fue este mismo gobierno  del cual hizo parte el que nos privó de la misma al apagar abruptamente los dos pilotos que estaban llamados a proporcionarla. Dudo que el Ministro Palma, quien viene de las entrañas de ECOPETROL y quien ha luchado en su defensa desde la USO,  que presidió por luengos años, vaya a acolitar en su trámite en el Congreso de la República este esperpento que daría al traste con el futuro de la empresa.

Lo más preocupante para el sector es que a lo errático de la gestión ministerial, se sumaron los mensajes y señalamientos temerarios inculpando a los generadores de energía y últimamente a las empresas distribuidoras de gas como especuladores y responsabilizándolos de las altas tarifas, al extremo de llevar al Presidente Petro a afirmar temerariamente que las tarifas de energía que se cobra a los usuarios son “ilegales”, mientras el Ministro afirma que el alza en las de gas son “injustificadas”, amén de la actuación de las superintendencia de servicios públicos y la de industria, han creado un clima de hostilidad hacia las empresas y hacia el empresariado del sector. Con el agravante de que varias medidas que se han tomado desde el Ministerio, mediante decretos y resoluciones y/o resoluciones de la CREG atentan contra la seguridad jurídica y la confianza inversionista. 

Y hablando de la CREG, insistió el Ministro con terquedad aragonesa en el nombramiento, en calidad de encargados, a los expertos comisionados de la CREG, contraviniendo lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, lo reiterado en sus providencias por parte de la Corte Constitucional, la reconvención de la Procuraduría General de la Nación y la orden perentoria de parte del Tribunal administrativo de Cundinamarca, respaldada por el Consejo de Estado en el sentido de que se cumpla con el ordenamiento legal. Ello ha mantenido a la CREG al garete, en permanente estado de interinidad, al extremo de llegar a su virtual parálisis por no contar con el quorum reglamentario para la toma de decisiones.

Qué se espera del ministro palma

Entre las decisiones que deberá acometer sin tardanza el novel Ministro están entre otras: con carácter urgente, además de destrabar la ejecución de los proyectos en curso, abrir dos subastas, una de reconfiguración y otra de expansión de la capacidad de generación para evitar el déficit de oferta de energía en firme (OEF) que, según la Unidad de planeación minero – energética (UPME) se tendrá el próximo año. La pronta ampliación de la capacidad de regasificación, para poder responder al creciente volumen de gas importado, dado que la Sociedad portuaria del Cayao (SPEC) se tornará insuficiente a muy corto plazo.

Y desde luego dar señales que incentiven y estimulen la actividad exploratoria de hidrocarburos que viene de capa caída. Tanto es así que entre enero de 2023 y diciembre de 2024 la reducción acumulada de la actividad de perforación de los taladros activos en Colombia tuvo una caída del 56.4%, al pasar de 55 a 24 equipos de perforación activos y ello en medio de la precariedad de las reservas con las que se cuenta. Desde luego que tal comportamiento se refleja no sólo en la persistente caída de las reservas sino también de la producción de crudo, que cayó hasta los 755.500 barriles/día, 4% menos que al cierre del 2023. Ello no da más espera. Ardua e ímproba tarea la que le queda por delante al Ministro Palma: desfacer entuertos!

Finalmente, con el ministro Camacho los gremios del sector se perdió la interlocución entre el sector privado y el gobierno, ni siquiera acudió a las convocatorias que le hicieron los organismos de control. Con la llegada de Edwin Palma como ministro se augura que el diálogo y la concertación se restablezcan para bien del sector y del país. En ello él, que ha sido un curtido luchador sindical, tiene una amplia experiencia y le ayuda su talante proclive a llegar a acuerdos, partiendo del reconocimiento, rindiéndose ante la evidencia, de la existencia de los problemas en lugar de soslayarlos y mimetizarlos, que fue cuanto hizo el exministro Camacho.

Amylkar Acosta

Recetando placebos

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en . Publicado en Opinión.

El Gobierno no ha hecho más que recetar placebos para aparentar que está gestionando la crisis energética que el negacionismo del Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho lo lleva a descartarla. Son varias las dosis de ellos las que se han prescrito por parte de sus más altos funcionarios. Veamos.

La Superintendencia de servicios públicos, siguiendo sus instrucciones, expidió una Circular eliminando “el cobro de conceptos no asociados a la prestación directa de los servicios públicos domiciliarios y el cobro del impuesto  de alumbrado público en la factura de servicios públicos”.  En mi concepto este es un sofisma de distracción, pues se trata de simular una rebaja de la tarifa, tratando de eliminar el cobro a través de la factura de energía de otros conceptos que no hacen parte de la tarifa pero sí de la factura. Y digo que es un sofisma porque por el hecho de que no se  cobren y paguen el impuesto al alumbrado público o la tasa de aseo o la tasa de seguridad con la factura de energía, el usuario lo tiene que pagar por separado.

 

Es más, en el caso del impuesto al alumbrado público, es una Ley 352 de 2016, de la que establece que en su artículo 352, establece que se debe cobrar con el servicio de energía por ser un servicio anejo al mismo. Además, si no se cobra a través de la factura de energía se afecta el recaudo, poniendo en aprietos a los municipios o distritos que tercerizan la prestación de dicho servicio mediante contratos que obligan a las partes, de tal suerte que tienen que responder garantizando el pago a la empresa a cargo del mismo. Y de paso, ello repercutirá además en la calidad y cobertura de la prestación del servicio de alumbrado público, tan indispensable en las ciudades!

Peor que la Circular anterior de la Super es la otra que dispone que no se aplique la llamada “limitación de suministro” a las empresas que lleguen a ser intervenidas, que consiste en que cuando la empresa que comercializa la energía no le paga al generador que se la vende, este queda facultado para suspender el despacho de la misma. Por consiguiente ello puede abocar a las empresas generadoras a la iliquidez y a tener problemas de flujo de caja para atender sus propios compromisos que conlleva la administración, operación, la compra de combustibles en el caso de las centrales térmicas y el pago a proveedores. Ello puede dar lugar al tan temido efecto dominó, que puede conducir a un efecto sistémico, poniendo en riesgo el suministro de energía a los usuarios. Medidas como estas son la peor forma de “defender” al usuario, como aduce el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, cuando sostiene que él está “del lado de los usuarios”.

Y lo decimos porque, definitivamente, la energía más costosa es aquella con la que no se cuenta justo en el momento en que se requiere. Esta es la peor señal para los agentes del mercado, pues atenta contra la seguridad jurídica y la confianza inversionista. Además, la Superintendencia de servicios públicos se está extralimitando en sus funciones, porque ello le compete a la CREG en lo regulatorio y a XM, que es la encargada de administrar el Mercado mayorista y la operación del Sistema Interconectado nacional (SIN).

Y mientras tanto el Gobierno se las apaña para comprar tiempo y dilatar la respuesta al llamado desesperado de parte de los gremios que representan a las empresas comercializadoras y a las generadoras de energía para que le gire los subsidios que les deben. No ha valido tampoco el requerimiento que le hicieron mediante un pronunciamiento conjunto la Contraloría General y la Procuraduría, advirtiéndole del riesgo de un racionamiento en la prestación del servicio.

Esa deuda, que asciende a los $2.8 billones al corte de diciembre 31 de 2024, tiene a las empresas en serios aprietos. Después varios meses después que el Ministro Camacho manifestó que ya su Despacho había hecho la liquidación de los subsidios y que era del resorte del Ministerio de Hacienda girarlos, el anterior Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla adujo que tenía “restricciones de caja” y que ello se lo impedía.

Más recientemente, ante la insistencia de los organismos de control el actual Ministro de Hacienda Diego Guevara se comprometió a cancelarles a las empresas la suma de $1 billón, en cómodas cuotas mensuales, entre los meses de enero y abril de este año. Pero las empresas quedarán en las mismas, pues cada mes se causan $300.000 millones por concepto de subsidios al consumo de los estratos 1, 2 y 3, de tal suerte que de llegar a cumplir lo prometido por parte del Ministro para el mes de abril la deuda acumulada con las empresas comercializadoras de energía no sólo no se habrá saldado sino que será mayor. Pasará de los 2.8 billones a  los $3 billones.

Mientras tanto, sobre la deuda de los estratos 1, 2 y 3 con las empresas comercializadoras por concepto de la Opción tarifaria, que asciende aproximadamente a los $2.5 billones y que el propio Presidente Gustavo Petro se comprometió en mayo del año pasado a que la asumiría la Nación no se ha vuelto a hablar. Y este es el otro lastre que viene afectando la liquidez, la solvencia y el flujo de caja de las empresas comercializadoras, que amenaza con extenderse a las generadoras, causando un efecto dominó con graves repercusiones!

Amylkar Acosta

¡El Día mundial de la energía!

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en . Publicado en Opinión.

Desde 1949 se conmemora el Día mundial de la energía el 14 de febrero de cada año, iniciativa ésta que tiene por objeto relievar su importancia e imprescindibilidad para el desenvolvimiento de todas las actividades humanas, desde las más simples hasta las más complejas. La energía hace parte de nuestra cotidianidad. Se trata, entonces de despertar la conciencia sobre la necesidad del uso racional y eficiente de la misma, lo cual conlleva también la preservación y conservación de sus fuentes primarias. Sea propicia esta oportunidad para hilvanar y pergeñar algunas disquisiciones al respecto.

Con la energía suele pasar lo que ocurre con las marcas registradas, que terminan confundiéndose con el producto mismo. Recuerdo que por muchos años la única cuchilla de afeitar que se expendía en Colombia era la Gillette y alcanzó tal grado de posicionamiento en el mercado que cuando aparecieron otras marcas que le competían, no faltaba quien iba a la tienda y pedía que le vendieran una Gillette pero marca Minora.

 

Aunque el concepto de energía es genérico se tiende a confundir con la electricidad, que es con la que más se familiariza el usuario de la misma. Es importante, entonces, dejar establecido que son muy variadas las fuentes primarias de energía, las que se clasifican entre renovables y no renovables. Aunque se predica de las energías renovables, como aquellas que no contaminan a contrario sensu de las no renovables que sí contaminan, podemos constatar que la leña y el carbón vegetal, proviniendo de una fuente renovable, son altamente contaminantes.

La energía se rige por dos principios básicos de la termodinámica. El primero de ellos es el principio de su conservación, según el cual la energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma una forma o modalidad de energía en otra. Como ejemplo tenemos lo que ocurre con el gas natural, que es energía química, es una molécula, que se transforma en energía calórica en los hogares cuando se enciende una estufa que lo usa como combustible, como también se transforma en electricidad cuando una planta térmica lo utiliza para generarla.

El segundo principio es el de la degradación de la energía, más conocida por la entropía, según el cual a través de distintos procesos parte de ella se “pierde”, se disipa, dando lugar a la energía útil, que es aquella que se aprovecha para el fin que se usa o consume y la inútil. Un ejemplo de ello es lo que ocurre con el transporte o transmisión de la electricidad desde el centro de generación hasta los centros de consumo, pues en dicho trayecto parte de la energía despachada no llega hasta su destino final. Ello explica el reconocimiento que se hace en la fórmula de la tarifa de energía que paga el usuario final de las pérdidas técnicas a que da lugar (PR).

Desde luego la electricidad tiene una gran relevancia  y representa el 20% del consumo final  de la energía a nivel global y se estima, según la Agencia internacional de energía, que representará el 27% hacia el año 2030, con tendencia a ganar en participación en la matriz energética merced a la Transición energética en curso, pues está llamada a sustituir el consumo de combustibles de origen fósil, altamente contaminantes, pues son la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del cambio climático. Claro está, asumiendo que la generación de electricidad a partir de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias.

Bien dijo el profesor de Historia económica de The University of Sydney Robert Gordon, que “la electricidad (1600) y el motor de combustión interna (1863) comparten la medalla de oro de las invenciones más importantes de todos los tiempos”. Tan importante es la electricidad que ningún conglomerado humano resistiría más de 5 días sin contar con el servicio de energía, si esta llegara a fallar: en una 1 hora morirían todos los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos (UCI), en 15 horas se agotaría la insulina para inyectar a los pacientes que la requieren, en 20 horas dejaría de llegar el agua por la red de acueductos, en 1 día se descompondría la comida que se conserva en las neveras, en 2 días fallecería los bebes que estén en las unidades de neonatos, en 3 días el agua que permanece almacenada dejaría de ser potable y a partir del 5º  día morirían los pacientes que requieren diálisis.

Y volviendo a la energía, no le falta razón al reputado economista Robert Bradles Jr cuando afirma que “la energía es el recurso dominante sobre cualquier otro”. De allí que los países velen celosamente por la seguridad energética y desde tiempos más recientes hacen lo propio con la soberanía energética, pues es bien sabido que la economía, la seguridad y la soberanía energética, así como el medioambiente son variables de una misma ecuación!

Amylkar Acosta

Exministro de Minas y Energía

¡Dicho y hecho!

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en . Publicado en Opinión.

El año anterior aseguró el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, contra toda evidencia, pues la Bolsa mercantil de Colombia, Gestora del Mercado de gas Natural, dio cuenta de ello, que no había escasez de gas, porque las cantidades disponibles de gas para la venta en los campos nacionales “son suficientes para atender la totalidad de la demanda». No obstante, según la Gestora del mercado de gas en su Informe anual en 2023 “a partir de 2025 la proyección de la demanda crece por encima del potencial de producción”, estimando un déficit del 12% (120 MMPCD) para 2025 y para el 2026 de un 30% (350 MMPCD). Déficit este que tendrá que cubrirse con importaciones.

Al negar la escasez, a contrario sensu de lo que mostraban las cifras, lo que pasaba, según el ministro, era que “algunos agentes están contratando más gas del que realmente necesitan”. Amenazó entonces con sancionar a los presuntos “acaparadores”, pero, como dijera el Poeta León de Greiff, todo pasó sin que pasara nada. También descartaba la necesidad de importar gas natural para cubrir la demanda esencial (domiciliaria, comercio, industria y vehicular) y cuando se hicieron efectivas las primeras importaciones el 1 de diciembre del año anterior de 40 MMPCD, el Ministro salió a decir que las mismas eran solo para tener “reservas” por parte de las empresas, con el fin de “cubrirse en caso de ser necesario”.

 

En su momento aseguró, también, que no había motivos para preocuparse por su impacto en los precios del gas natural, que ahora los hechos terminan refutándolo. En efecto, varias empresas comercializadoras del gas natural, entre ellas VANTI, EEPPMM, EFIGAS han anunciado notorios incrementos en las tarifas del gas natural, alza esta que oscilará entre el 20% y el 36% y se reflejará en la factura del mes de febrero.
El Ministro Camacho reaccionó diciendo que “gas tenemos. Los incrementos en tarifa son injustificados” porque “tenemos gas disponible, está garantizado el abastecimiento. Con la disponibilidad de gas que está dándose en el país, debe estar totalmente cubierto el suministro con unos costos eficientes”. De ser cierto el mensaje del Ministro sería absurdo que a las empresas comercializadoras del gas natural se les antoje importarlo a precios exorbitantes cuando está “disponible” en el país a “costos eficientes”. Llama poderosamente la atención que mientras el ministro no ve la necesidad de importar gas, expidió el Decreto 1467 de 2024, fechado el 10 de diciembre, mediante el cual se estipularon los lineamientos para importarlo.

Y fue más lejos el ministro al amenazar a dichas empresas con investigaciones por parte de la Superintendencia de servicios públicos el “comportamiento de agentes”. El propio presidente de la República Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta X, acusándolas sin fórmula de que “están especulando”. Dijo, además, que ECOPETROL “tiene el gas colombiano barato, pero quieren importar el gas caro, porque eso eleva las tarifas de energía a todos los actores del sistema eléctrico” y acudió a la Superintendencia para que “proceda” en consecuencia.

El gas de ECOPETROL, el mayor productor, al que se refiere el Presidente Petro, el mismo que según el Ministro Camacho “ECOPETROL inició un proceso comercial de venta de gas natural disponible”, alude a un Boletín emitido por la estatal petrolera, acogido y divulgado desde la Presidencia de la República. Pero, al leer entre líneas su texto, salta a la vista que lo que se plantea por parte de la misma, es su compromiso “con el abastecimiento de gas natural en el país, para asegurar el suministro estable en los próximos tres años”, no así en el año que corre, el 2025!

Según el vicepresidente de grandes clientes de VANTI John Jairo Contreras, “estamos experimentando un aumento en la prestación del servicio público básicamente porque los contratos que veníamos usando en años anteriores tuvieron vencimiento en 2024 en el mes de noviembre. Se renovaron esos contratos, los campos tradicionales del Piedemonte llanero vienen en un proceso de reducción de su producción y tuvimos que buscar fuentes distintas…Esas fuentes están ubicadas en la costa Caribe, es decir que el precio del gas se aumenta por el cambio de fuente mayoritariamente gas importado y otra razón importante es que la señal de transporte de ese gas desde el nuevo punto, pues obviamente es mayor”. Huelga decir que el gas importado es más costoso que el que se extrae en el país, mientras el precio del primero oscila alrededor de los US $18 el MMBTU el segundo fluctúa en torno a los US $5 el MMBTU.
Ojalá no se repita la historia de la investigación anunciada y que se sepa nunca cumplida contra los supuestos “acaparadores”. Esta es una imitación de lo que viene dándose en el sector eléctrico, en donde el propio Presidente Petro le atribuye a los generadores la responsabilidad del alza de las tarifas, porque supuestamente especulan con los precios de la energía y “han saqueado los bolsillos de la ciudadanía”. No obstante, hasta ahora, que se sepa, no existe ninguna investigación y/o sanción contra ellas por tales motivos!

Para mí estos anuncios altisonantes del ministro Camacho no pasan de ser solo baladronadas, tendiendo de paso una cortina de humo, para salir del paso. Este escenario catastrófico debería llevar al gobierno a reflexionar, a repensar y ojalá a rectificar su decisión de descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, porque lo que se deje de hacer en estos años repercutirá en los años venideros, acentuando el riesgo de desabastecimiento y con este poniendo en grave predicamento la seguridad y la soberanía energética del país.

Amylkar Acosta

Entre falacias y espejismos

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en . Publicado en Opinión.

El Gobierno ha sido errático en su política energética, que tiene sumida en una crisis inducida al sector. Recordemos que, en septiembre de 2022, el Presidente Gustavo Petro anunció, en respuesta a la inconformidad de los usuarios por las altas tarifas, que intervendría a la CREG para bajarlas, insinuando con ello que esta era la responsable de la espiral alcista de las tarifas. Ello no le fue posible porque el Consejo de Estado le dejó en claro que él no podía suplantar a la CREG, pues tiene sus propias competencias por ministerio de la Ley.

Pero, a poco andar la CREG quedó en sus manos, con la posibilidad de nombrar en propiedad a los 6 expertos comisionados que hacen parte de la misma, como lo manda la Ley 142 de 1994 de servicios públicos. En lugar de ello, contumazmente, insiste en nombrarlos en calidad de encargados y de contera sin que, algunos de ellos cumplan con los requisitos, razón por la cual la CREG se ha mantenido en permanente interinidad y lo que es peor sin quorum para tomar sus decisiones, en momentos en los que más se requiere contar con ella.

 

Nota recomendada: ¡El efecto Trump 2.0!

Ha afirmado el Presidente que las alzas en las tarifas obedece a la especulación por parte de las empresas generadoras, dando lugar a precios exorbitantes en la Bolsa de energía o Mercado mayorista. Sin embargo, hasta la fecha no se conoce una sola investigación por parte de la Superintendencia de Servicios públicos, que fue creada para defender al usuario o de la Superintendencia de industria y comercio, que está obligada a intervenir cuando se presentan casos de abuso de posiciones dominante. Incluso afirmó que Colombia era el único país en donde no era el Estado quien regulaba las tarifas sino las empresas. Lo cual es falso de toda falsedad, esa es función de la CREG. No pasa de ser una falacia.

Más recientemente, en mayo del año anterior el Presidente Petro, en respuesta al clamor de los usuarios, sobre todo en la región Caribe, anunció que la Nación asumiría la deuda que por concepto de la Opción tarifaria tienen los estratos 1, 2 y 3, aproximadamente $2.8 billones de un total del saldo de $4.5 billones. De asumirse la deuda de la Opción tarifaria, esa sí sería una forma efectiva de bajar las tarifas a los más vulnerables, que son la inmensa mayoría de los usuarios, porque representan, particularmente en la región Caribe, más del 80% de estos. Con tal medida se podría reducir el costo de la factura de energía en un 24%, aproximadamente.

De manera que de poco o nada servirán las marchas para “bajar las tarifas de energía”. Con ello solo se va a botar corriente y es una cortina de humo para ocultar la incompetencia y la negligencia por parte del Gobierno al no encarar este problema con diligencia y seriedad. Bien se ha dicho que es más fácil hacer política con las tarifas que formula una política de tarifas. Y menos anuncios como el del Presidente Gustavo Petro para animarlas de que tiene entre manos “una nueva fórmula tarifaria, que una empresa que se llama XM no está aplicando”. Ello no pasa de ser un espejismo!

Amylkar Acosta

¡El efecto Trump 2.0!

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en . Publicado en Opinión.

Como era de esperarse el arribo nuevamente al Salón oval de la Casa blanca del Presidente de los EEUU Donald Trump ha significado un viraje de la política ambiental de la potencia del Norte, tomando distancia de la Transición energética emprendida por Obama y secundada por Biden, después del bache que significó la primera administración Trump con respecto al compromiso adquirido derivado del Acuerdo de París de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), al renegar del mismo en 2017.

Investido del poder arremetió contra el legado de su antecesor con una andanada de órdenes ejecutivas mediante las cuales anuló 67 de sus medidas y promulgó 25 de su propia cosecha. Entre estas dispuso el retiro, otra vez, del Acuerdo de París, el cual se lo notificó a las Naciones Unidas a través de una misiva que lleva su rúbrica, alegando que EEUU no puede continuar “dilapidando” el dinero de los contribuyentes estadounidenses girándoselo a otros países que “no lo necesitan o no lo merecen”. En su discurso de posesión habló de “liberar” al sector energético y con tal fin declaró la emergencia nacional en materia energética, con el firme propósito de relanzar y reactivar los proyectos tanto mineros como hidrocarburíferos en todo el territorio estadounidense, sin excepción.

 

Nota recomendada: La súper poderosa ANH

En el curso de su campaña electoral, que terminó con su elección a la Presidencia de la República, Trump fue enfático en plantear en materia de hidrocarburos su consigna de “perforar, perforar y perforar”. Lo reiteró en su discurso de posesión: EEUU  tendrá “la mayor cantidad de petróleo y gas de cualquier país del planeta y vamos a utilizarlo”. Con ello busca un mayor y mejor posicionamiento de los EEUU en el mercado petrolero haciéndole contrapeso a la OPEP, lo que le permitirá influir mayormente en los precios del crudo, que busca abaratarlos y con ello reducir costos a su industria y de paso meter en cintura la temida inflación. De ello se sigue que se levantarán todas las medidas expedidas por el expresidente Biden que limitaba la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas protegidas. Siendo el mayor productor de crudo del mundo, con 13.2 MMBD y uno de los mayores exportadores, con 3.99 MMBD, al soltarle las riendas a la industria petrolera se espera una inundación del mercado petrolero y como consecuencia de ello una caída de la cotización del precio del barril de petróleo, lo cual tendrá un gran impacto directo en la economía colombiana, dado que este es, de lejos, el primer renglón de sus exportaciones.

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Con la declinación de las reservas, la baja de la producción y la caída del precio de las decrecientes exportaciones por parte de Colombia caerá también el ingreso de divisas, la Nación recibirá menores dividendos de parte de ECOPETROL, caerá el recaudo de impuestos de renta proveniente de la industria petrolera y las entidades territoriales verán diezmados sus ingresos provenientes de las regalías que pagan las empresas petroleras.

Además, el marginamiento de los EEUU del Acuerdo de París, es un rudo golpe a la acción climática tendiente a la descarbonización de la economía global y significará también un alejamiento de las metas y los compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de cara al 2030, para contener la amenaza del Cambio climático. Tanto más, en cuanto que los EEUU es el segundo país con mayor responsabilidad de las emisiones de GEI a nivel global, después de China.

En este contexto, se torna aún más irrelevante la posición del gobierno de Colombia, que decidió descartar la firma de nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos y fue más lejos al firmar el Presidente Gustavo Petro, en el marco de la COP 28, el Tratado de no proliferación de los combustibles fósiles, comprometiéndose a no seguir explorando y explotando el petróleo. Todo ello, supuestamente, como una contribución a la lucha contra el Cambio climático, que tiene en Trump uno de sus más reconocidos negacionistas, pues para él no es más que un “fraude”, un cuento chino que se inventaron para que la economía china le saque ventaja a la de EEUU.

Colombia terminará quedándose con el pecado y sin la gracia, pues la caída de su producción y de sus exportaciones de petróleo, igual que ha venido ocurriendo con el carbón que Colombia ha dejado de exportar, serán compensadas con creces por la mayor producción (17.6 veces la de Colombia) y las mayores exportaciones (10 veces las de Colombia) por parte de EEUU, en un mundo que sigue consumiendo con avidez los combustibles de origen fósil.

La Ley de Keynes es implacable: toda demanda crea su propia oferta, de la cual se sigue que mientras haya quien consuma carbón y petróleo habrá quien los produzca. De hecho, en los últimos tres años lejos de aminorar la demanda por ellos, como se piensa con el deseo por parte del actual gobierno, se han registrado records históricos consecutivos. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la curva de la demanda por crudo sólo se estará aplanando más allá del año 2030. ¡Como diría el Nobel de la Literatura el mexicano Octavio Paz, quienes así piensan están a las afueras de la realidad!

Amylkar Acosta

La súper poderosa ANH

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en . Publicado en Opinión.

El Gobierno ha dado en la flor de desbarajustar al sector energético. Como se recordará la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez, violando la Ley que creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), delegando lo indelegable, mediante la Resolución 40234, fechada el 23 de febrero de 2023, le trasladó una serie de funciones y competencias que son ajenas a su misión estipulada en la Ley que la creó, cual es “la administración integral de las reservas de hidrocarburos de propiedad de la Nación”. Esta Resolución es contraria y va a contrapelo de lo dispuesto por el Decreto 1760 de 2003, que ordenó la escisión de la estatal ECOPETROL y creó la ANH y del Decreto ley 4137 de 2011, que cambió su naturaleza,

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El Ministro Andrés Camacho, quien la relevó en el cargo, continuó en el empeño de “desguazar” a la ANH, ahora que a ésta la dejaron sin oficio luego de la desafortunada decisión tomada de desembarazarse de los hidrocarburos, marchitándolos prematuramente, al descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de los mismos, no obstante la precariedad de las reservas con las que cuenta el país tanto en petróleo como en gas natural. Ya hasta el nombre le cambiaron a la ANH, ahora es la Agencia Nacional de Energía de Colombia. 

En efecto, el año anterior el Ministerio de Minas y Energía expidió la resolución 40234 en la que, según el Presidente de la ANH Orlando Velandia, les “da funciones de conocimiento para algunos recursos no convencionales como son el hidrógeno blanco, la generación geotérmica, la generación eólica, y un tema que aunque no es específico de generación de energía, sí tiene que ver con la mitigación de los gases de efecto invernadero que es la captura y almacenamiento del CO2”. De esta manera, la ahora todopoderosa ANH asumirá todo lo concerniente a las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER). De hecho ya la ANH se estrenó saltando a la palestra liderando la Primera Ronda para la asignación de permisos de ocupación temporal sobre áreas marítimas para el desarrollo de proyectos degeneración de energía eólica offshore. 

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Esta primera Ronda ya cuenta con una lista preliminar de empresas habilitadas por parte de la ANH para la asignación de permisos de ocupación temporalsobre áreas marítimas del mar Caribe. Según el Ministro Camacho “este es el inicio de la expansión de la transición energética hacia nuestros mares, posicionando a Colombia como un punto de referencia para Latinoamérica y el Caribe en el aprovechamiento sostenible de los recursos, diversificando la matriz energética para el beneficio de los colombianos”. Huelga decir que la ANH tiene cero experiencia y experticia, porque no ha sido lo suyo, en FNCER. 

Cabe preguntarse cuál será el futuro de este nuevo emprendimiento, porque si el Gobierno no ha sido capaz de sacar avante los proyectos de los parques eólicos onshore, debido fundamentalmente a un entorno hostil, a una ANLA que arrastra los pies para expedir las licencias ambientales y a la inseguridad jurídica, será que se le deparará una mejor perspectiva a los parques eólicos offshore. A contrario sensu de lo que ocurre en la realidad, afirma el Ministro Camacho, sin sonrojarse, llevado por su negacionismo, que dizque “los proyectos eólicos de La Guajira siguen en marcha”, en momentos en los que estos siguen empantanados, con pronóstico reservado.

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Convertida por arte de birlibirloque la ANH en la Agencia Nacional de Energía, ahora el turno le llegó al Instituto de Soluciones Energéticas para Zonas no interconectadas (IPSE), que atiende las necesidades energéticas de los habitantes que no cuentan con este servicio; identificando, implementando y monitoreando soluciones energéticas sostenibles en las Zonas no Interconectadas- ZN. El propósito es absorber las funciones y competencias del IPSE, que desaparecerá al fusionarse con la ANH. Así se desprende del proyecto de Decreto del Ministerio de Minas publicado para comentarios y cuyo plazo para estos se venció el 15 de los corrientes, “por el cual se fusiona el IPSE en la ANH, se modifica su estructura y se dictan otras disposiciones”.

De esta manera se ha convertido a la ANH en una empresa super poderosa, asumiendo y concentrando múltiples funciones, abandonando las suyas propias. El camino escogido para adelantar este proceso en volandas no es muy ortodoxo y entraña riesgos administrativos impredecibles, amén de los cuestionamientos sobre la legalidad de lo actuado. 

Lo único que está quedando por fuera del radar de la otrora ANH es su función de velar por la administración de los recursos hidrocarburíferos del país que, por ministerio de la Ley, debe ejercer. Con ello se está transgrediendo la ley, violándola flagrantemente, saltándose a la torera las disposiciones legales y de paso se está incurriendo en un prevaricato, porque al funcionario público solo le es dable hacer lo que le manda la Ley, nada más pero tampoco nada menos. Es evidente que tanto la Resolución expedida por la ex ministra Irene Vélez como el proyecto de Decreto de marras transgreden la Ley, pues esta es una norma de rango superior, que sólo puede ser modificada por otra Ley. De modo que no le auguro un buen destino a estos dos actos administrativos que rayan en la arbitrariedad. El Consejo de Estado tiene la última palabra!

Y a todas esas cabe preguntarse, en dónde está el Piloto. Pues, el actual Presidente de la ANH, Orlando Velandia, como si no tuviera suficiente con la enorme responsabilidad que le implica estar al frente de esta super poderosa entidad, funge en este momento como experto comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en calidad de encargado, contrariando lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, la providencia de la Corte Constitucional, el fallo del Consejo de Estado y del Tribunal Contencioso administrativo de Cundinamarca, los cuales han sido enfáticos en que los expertos comisionados de la CREG, además de cumplir con unos requisitos técnicos rigurosos, que demandan la experiencia y experticia de los expertos comisionados, estos tienen período fijo y son de dedicación exclusiva, no pueden ser encargados y por tal motivo ya el Consejo de Estado ha anulado varios nombramientos, tanto del anterior como del actual gobierno!

Amylkar Acosta

AIR – E: la punta del iceberg

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en . Publicado en Opinión.

Como se recordará, la empresa Air – e, que le presta el servicio de energía eléctrica a los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira fue objeto de intervención con fines de administración el pasado mes de septiembre por parte de la Superintendencia de servicios públicos, a solicitud de la misma empresa, procediendo en consecuencia a la toma de posesión de la misma, para lo cual procedió a nombrar como Agente interventor inicialmente al Ingeniero Carlos Diago , quien posteriormente fue reemplazado 40 días después por el ex viceministro del Trabajo Edwin Palma. Al anunciar esta decisión, el entonces Superintendente Dagoberto Quiroga manifestó que no se descartaba la liquidación “si no se alcanzan los objetivos”.

Como antecedente es importante destacar que la empresa Air – e, a través de un comunicado que emitió  el 10 de octubre de 2023 declaró su insolvencia e incapacidad de honrar sus compromisos con las empresas generadoras que le despachaban la energía que distribuye, incumpliendo sus contratos con las mismas. La razón que invocó en aquel momento la empresa fueron su falta de liquidez y de flujo de caja. Ello daba lugar a su intervención por parte de la Superintendencia de servicios públicos, debido a que quedaba incursa en la denominada “limitación de suministro”.

 

Para evitar la intervención, de soslayo, el Ministro de Minas y Energía expidió en volandas la Resolución 40611 el 11 de octubre de 2023, suspendiendo la aplicación de la “limitación de suministro a Air – e, al tiempo que abrió una línea de crédito en FINDETER, mediante el Decreto 1637 del 9 de octubre, a la cual podían a acceder esta y las demás empresas para la financiación de la deuda que por concepto de la Opción tarifaria tenemos contraída los usuarios con ellas, que ya superaba los $5 billones y cuya suspensión del cobro ordenada por la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez había puesto en calzas prietas a las empresas. A ello se vino a sumar la mora por parte del Gobierno Nacional del reintegro del valor de los subsidios al consumo de energía aplicado a los estratos 1, 2 y 3.

Pues bien, acaba de expedirse por parte de la Superintendencia de Servicios públicos una Resolución mediante la cual la modalidad de su intervención a la empresa Air – e pasa de la modalidad con fines de administración a otra con fines de liquidación. Con el fin de “adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento de la empresa y garantizar la continuidad de la prestación del servicio como un derecho”. Esta decisión estuvo antecedida y motivada en el “Informe diagnóstico de gestión remitido por el Agente especial de Air – e (intervenida), que muestra la compleja situación financiera y operativa de la empresa”.

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Según lo acota la propia Superintendencia, con “la decisión adoptada se garantiza la normalidad en la prestación del servicio a los usuarios como un derecho y desde la Superintendencia se adelantarán las medidas necesarias para que Air – e pueda continuar adelantando su actividad en los términos exigidos por la Ley”. Empero, para lograr dicho cometido la Superintendencia está en la obligación de solventar a la empresa, darle liquidez y flujo de caja para mantenerla a flote y garantizar su operación y así evitar un apagón. Y ello solo se puede lograr inyectándole los recursos que requiere, sobre todo para comprar la energía que distribuye. Para ello la Superintendencia cuenta como fuente de financiamiento el Fondo empresarial, la mera intervención, per sé, no resuelve la delicada crisis financiera, que llevaron a la intervención.

Es más, el caso de Air-e no es aislado, es solamente la punta del iceberg de la gran crisis que afrontan las 12 empresas prestadoras del servicio, la cual se debe fundamentalmente al pasivo de la Nación, que está en mora de girarles $2.4 billones por concepto de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, ya aplicados por ellas y que el Gobierno Nacional les debe reintegrar. A ello se suma el lastre de la deuda que tenemos contraída con ellas por parte de todos los usuarios por concepto de la Opción tarifaria, cuyo saldo asciende a los $4.5 billones, de los cuales el propio Presidente de la República se comprometió públicamente en el mes de mayo a asumir el monto correspondiente a los estratos 1, 2 y 3, $2.5 billones. A estas deudas se vienen a sumar lo correspondiente a los subsidios a los usuarios de tales estratos de gas natural y GLP, las cuales ascienden a $628.000 millones y $54.000 millones, respectivamente. 

De hecho el Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez manifestó recientemente que “esto es demasiado grave, EPM sigue suministrando la energía, pero yo no sé hasta cuándo la caja de las empresas va a aguantar” y añadió: “para antier es tarde, desde hace rato se le viene advirtiendo al Gobierno que esto es una inminente crisis en el sector energético, y no solo de EPM, todos los operadores se lo han dicho, lo de Vichada estaba advertido, de Norte de Santander, de Caldas, de Quindío, de todo lado está advertido”.

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La empresa XM, que opera el Sistema interconectado nacional (SIN), lo advirtió desde el 4 de octubre de 2023, que ello podría lugar a un efecto dominó, porque si las empresas distribuidoras no tienen con qué pagar la energía que comercializan, las generadoras se ven a gatas para cubrir sus gastos administrativos, operativos y sus obligaciones bancarias, amenazando con colapsar el Sistema. Y lo advirtieron los gremios del sector, que todo ello puede conducir  a una “crisis financiera sistémica y previsible”

Es urgente, entonces, la intervención del Gobierno Nacional a través de la Superintendencia, en el caso de Air – e, buscarle una salida la carga que significa para las empresas la deuda de la Opción tarifaria y la decisión por parte del Ministerio de Hacienda de girar el valor de los subsidios, antes de que sea demasiado tarde!

Amylkar Acosta