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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Amylkar Acosta

El sistema eléctrico en su encrucijada

Hace exactamente un año publiqué mi columna Air e, la punta del iceberg, título este con el que quise significar que la crisis financiera que había llevado a su intervención por parte de la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios el 12 de septiembre de 2024 no era un hecho aislado, que las restantes empresas comercializadoras de energía que le prestan el servicio a sus usuarios estaban afectadas por las mismas falencias.

La enormidad de la deuda del gobierno nacional por concepto del subsidio al consumo de energía a los estratos 1, 2 y 3, la de las entidades oficiales por su mora en el pago de sus facturas, la deuda acumulada por concepto de la Opción tarifaria, las agobiaba a todas y las tenía al borde de un apagón financiero. Así lo pudieron establecer y advertir los organismos de control (CGR y PGN) en reiterados pronunciamientos.

 

Desde luego, el caso más patético era y sigue siendo el de Air e. Lo que llevó a su intervención fue su insolvencia, iliquidez y falta de caja, situación ésta que lejos de resolverse se ha agravado: la sola deuda con las empresas generadoras de energía pasó de $500 mil millones antes de la intervención (la cual quedó en suspenso), a $1.7 billones después de intervenida! Esta es una muestra palmaria de la incuria, la negligencia, la desidia y la incompetencia de la Superintendencia, la que en lugar de solucionar la crisis de Air e se convirtió en parte del problema. La intervención por parte de la Superintendencia a Air e ha sido un rotundo fracaso!

Ha sido el propio Ministro de Minas y Energía quien ha manifestado que “sin el respaldo de la Superintendencia a través del fondo empresarial la prestación del servicio de la empresa intervenida se vuelve inviable, la medida regulatoria y administrativas no son suficientes, se requiere apoyo y gestiones concretas que permitan a la empresa a salir adelante de lo contrario, se tendría que considerar una liquidación, en cualquier escenario debe primar la obligación del Estado de garantizar el servicio público a su cargo”.

En efecto, la Superintendencia de servicios públicos dispone del Fondo empresarial para solventar y darle liquidez a las empresas intervenidas y lo que ha aducido para no hacerlo en el caso de Air e es que no cuenta con los recursos para ello, pero ninguno de los tres superintendentes que han desfilado por la Superintendencia se han mosqueado siquiera para proporcionárselos. La dilación y la inacción por parte de la Superintendencia llevó a decir al Contralor General que pese a las advertencias hechas desde 2024, “no se tomen decisiones tendentes a reducir o eliminar los escenarios de riesgo descritos y no superados hasta la fecha.

Ahora, tardíamente, se pretende que sean los usuarios quienes financien el Fondo empresarial pagando un recargo, en el componente de restricciones, de $8 por KWH consumido en sus facturas, equivalente a un incremento de 1% en la factura, trasladándole al usuario el incumplimiento del Estado y como si lo anterior fuera poco, ahora, amparados en la Emergencia económica se ordenó, mediante el Decreto 044 de enero del 2026,  que sean las propias empresas generadoras a las que le debe Air e la energía despachada las que financien dicho fondo para que este a su vez le gire a Air e para que esta les pague lo que les debe.

Esta es la vuelta del bobo. Es preferible que Air e les diga francamente a los generadores a los que le debe que no les va a pagar para que ellos provisionen esa deuda y la castiguen en sus libros. Por fortuna, enhorabuena la Corte Constitucional al suspender la vigencia del Decreto 1390 de 2025 mediante el cual se declaró la Emergencia dejó sin efecto semejante desaguisado. Por lo demás, la crisis financiera de Air e no es ningún hecho sobreviniente para justificarla. A la Corte le asiste la razón!

Con un agravante para las empresas generadoras, como fue la emisión por parte de la Superintendencia de servicios públicos de la Circular externa 20241000001314 calendada el 13 de diciembre de 2024, a través de la cual “exhorta a todos los agentes del mercado de energía…a abstenerse de iniciar o continuar procesos” de limitación de suministro a las empresas “que hayan sido objeto  de la medida de toma de posesión” por parte de ella. El mensaje hacia las empresas generadoras  del cual es portador esta Circular es que así Air e no le pague la energía que le vendan ellas están obligadas a seguir despachándosela, no pueden abstenerse de hacerlo, aún si incumple obligaciones contraídas con posterioridad a la toma de posesión.

Como lo plantea Alejandro Castañeda, presidente de ANDEG, gremio de empresas generadoras, “la llamada limitación de suministro no es otra cosa que decirle a cualquier empresa que compra energía y que si no paga va a entrar en esa limitación”. Ello atenta contra el principio de la suficiencia financiera previsto en la Ley 142 de 1994 de servicios públicos.

Pero lo más irónico es que mientras se pretende obligar a los usuarios y a las empresas generadoras de energía para que paguen los platos rotos por tanta incuria, negligencia e incompetencia de la Superintendencia para evitar el colapso de Air e y su efecto dominó, que puede provocar una falla sistémica, tal y como lo han advertido los organismos de control (CGR y PGN), el Ministerio de Hacienda no se digna girarle los $300 mil millones que le adeuda a Air e por concepto de subsidio al consumo de energía de los estratos 1,2 y 3, que la empresa ya les descontó en sus facturas y lo asumió a la espera de que el MHCP le gire. Así las cosas, al paso que vamos y dentro de esta lógica del absurdo, cabe preguntarse a quién carajos le endosarán su deuda con Air e? Este ya es el colmo del descaro!

Por este camino se puede materializar el tan temido apagón financiero de las empresas y el efecto dominó que han advertido reiteradamente los organismos de control (CGR y PGN), que puede conducir a una falla sistémica que comprometa la prestación del servicio, que es el peor escenario. 

Amylkar Acosta

La mala hora del petróleo en Colombia

El petróleo está pasando por su mala hora en Colombia y ello a consecuencia de la política del actual gobierno presidido por Gustavo Petro, quien no oculta su fobia por el mismo. En su programa de gobierno y en su Plan Nacional de desarrollo se dejó establecido “que no se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos”. Y fue más lejos al firmar en el marco de la COP 28 en noviembre de 2023 el Tratado de no proliferación de los combustibles fósiles, con el cual se comprometió a “cero exploración nueva” y “cero proyecto de explotación nueva en el mundo”. Equivocadamente el Presidente Petro asume que el mundo está dejando de consumir el petróleo y que al seguir apostándole al mismo “a lo que va para abajo, pues vamos sencillamente con los ojos abiertos al abismo”.

Pero la realidad es otra: en 2023, por primera vez el consumo de petróleo en el mundo superó la barrera de 100 millones de barriles al día, el año pasado consumió 103 millones y según la Agencia Internacional de Energía (AIE) se estima en 105 millones en 2025. Lo dijo claramente el Director de mercados energéticos de la AIE Keisuke Sadamori: “el mundo está a punto de alcanzar un máximo en el uso de combustibles fósiles y el carbón será el primero en disminuir, pero aún no hemos llegado a ese punto”. Razón tiene la reputada escritora Virginia Wolf cuando afirma que “es más fácil matar a un fantasma que a una realidad” y este es el caso.

 

El consenso alcanzado en las sesiones de la Conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (CMNUCC) va en el sentido de ir tomando distancia de los combustibles fósiles, pero el Presidente Petro optó por ir más allá, dándole la espalda. La Hoja de ruta de la Transición energética no puede ser la misma en aquellos países que dependen de las importaciones de crudo que en aquellos otros en los que, como Colombia, dependen no de las importaciones sino de extraerlo y exportarlo. De allí que la propia CMNUCC llegó a la conclusión de que el compromiso de los países con sus metas de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en su lucha contra el Cambio climático aunque solidaria y compartida es diferenciada!

Bien dijo William Thomas que “si las personas definen situaciones como reales, estas son reales en sus consecuencias”. Definitivamente las palabras tienen poder. Ello explica que aunque el Gobierno para justificar y sostener su obstinación de descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, pese a las precarias reservas con las que cuenta Colombia, aduce que con esta decisión no se está impidiendo dicha actividad en el país, porque existen casi 200 contratos ya firmados y vigentes, lo cual es cierto, las cifras, los registros de la actividad de las empresas petroleras en Colombia hablan por sí solas. Veamos: el número de taladros activos en Colombia se redujo entre el 27% y el 30% entre los años 2023 y 2024. Y en número de pozos exploratorios se redujeron el 33% en 2024. Ello explica también la caída del sector de Minas y canteras – 5% en 2024, -10% en el primer trimestre de este año y – 5.7% en el tercer trimestre. Lo cierto es que el volumen de las reservas vienen en caída libre y con ellas también la producción, que sigue siendo modesta.

Además, en los últimos dos años la Inversión extranjera directa (IED) experimentó una caída histórica del 30.5%, sólo en 2025 fue del 14%, afectada mayormente por el decaimiento de la inversión en el sector minero – energético, que concentra el 75.8% de la misma, la cual se desplomó el 26.7%. Ello explica en gran medida la contracción de este sector, el cual pasó de representar el 5.9% del PIB en la década pasada a sólo el 3.5% actual! Y ello no se ha dado por generación espontánea. Ello obedece en gran medida al freno, al desestimulo y al castigo por parte del Gobierno de los cuales viene siendo objeto la industria de los hidrocarburos, no se ha dado por generación espontánea.

Ello obedece en gran medida al desestimulo y al castigo por parte del Gobierno de los cuales viene siendo objeto la industria de los hidrocarburos. Primero fue la reforma tributaria de 2022 (Ley 2277) la que le estableció nuevas sobretasas (hasta 10-15%), le eliminó beneficios como la deducibilidad de las regalías y el CERT y amplió el impuesto al carbono. Posteriormente, amparado en la declaratoria de la conmoción interior en el Catatumbo (Decreto 062 de 2025) se le impuso un impuesto  del 1% sobre la extracción y venta de hidrocarburos.

Y, como si lo anterior fuera poco, en virtud del Decreto 572 de 2025 se anticipó el pago de la autorretención en la fuente del 2026 al tiempo que se incrementó su porcentaje del 5.6% al 7%, afectando de paso la liquidez y el flujo de caja de las empresas. Pero, faltaba la cereza del pastel, acaba el Gobierno de decretar la emergencia económica (Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025) impone un    nuevamente el impuesto especial del 1% a la extracción y venta del petróleo, justo en momentos en los que su precio se viene descolgando en los mercados internacionales y por lo tanto el margen para las empresas, empezando por ECOPETROL, es cada día menor. Podemos afirmar, entonces, que los pésimos registros del desempeño de este sector, no se han dado por generación espontánea.

El Presidente Gustavo Petro ha reclamado como su éxito el prematuro marchitamiento de este sector, inducido por su propia política y decisiones equivocadas, aduciendo que “estamos ante un cambio del modelo de desarrollo exitoso, que la sociedad debe sostener para los siguientes años y no volver atrás, hacia las rentas fósiles y cocaineras” y añadió: “verificamos que entre más cae el extractivismo fósil, más crece la actividad productiva en agricultura con un enorme 7.1% e industria no ligada al petróleo”, refiriéndose al dato puntual del DANE para el primer trimestre de este año.

Pero poco duró la euforia del Presidente, pues para el segundo y tercer trimestre de 2025 siguientes la desaceleración del crecimiento de la agricultura se tradujo en un crecimiento del 3.8% para el segundo trimestre y del 2.4% para el tercero, después de haber alcanzado un máximo histórico de 10.2% en segundo trimestre de 2024, comportamiento este explicado por el inusitada alza primero de los precios del café y su más reciente destorcida. No estamos, entonces, en presencia de “un cambio del modelo de desarrollo exitoso”, sino de un falso positivo.

En este contexto, preocupa sobremanera el rumbo de la estatal petrolera ECOPETROL, limitada en su margen de acción por la política de gobierno de descartar la firma de nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos por su aversión a estos, en momentos en los que completa prácticamente tres años con sus utilidades en caída libre, se distrae del core de su negocio que son los hidrocarburos para invertir en proyectos eólicos fallidos en los que ha comprometido cuantiosas inversiones, renunció por presión de su Junta directiva y ésta por presión del propio Presidente Petro a un excelente negocio, como lo era la adquisición de 30% del proyecto Oslo en la misma cuenca del Permian, del cual insiste con terquedad aragonesa el Presidente en que ECOPETROL debe desinvertir y retirarse, por razones eminentemente ideológicas.

La preocupación es mayor, ahora que se avecinan nuevos cambios en su Junta directiva en la próxima asamblea de la empresa en marzo, cuando se espera la llegada de nuevos integrantes, activistas varios de ellos y alineados con el pensamiento y las directrices del Presidente Petro. El reto es mayor para la Junta entrante y para el próximo gobierno de cara a los nuevos acontecimientos que se han desencadenado con la intervención de los EE.UU en Venezuela, con el claro propósito de controlar y reactivar su industria, los cuales podrían derivar en mayores producción y exportación de crudo.

Ello podría derivar en una seria amenaza para Colombia, habida cuenta que el crudo que extrae y comercializa Venezuela es pesado como el de Colombia, ya que los dos países compiten por el mismo nicho de mercado y ello en momentos en los que la tendencia de los precios es a la baja debido a un exceso de oferta en el mercado, que tiene los precios oscilando en torno a los US $60, después de haber alcanzado un máximo en enero del año anterior de US $79 el barril.

Amylkar Acosta

El retorno de la doctrina Monroe

Luego de la intervención de los EE. UU en Venezuela, deponiendo a Nicolás Maduro de la Presidencia, en su primera comparecencia ante la prensa después del cinematográfico operativo de su “extracción” y posterior traslado a territorio estadounidense, el Presidente Donald Trump dejó en claro que necesitaba “acceso total al petróleo”. La pregunta es por qué y para qué necesita los EE. UU del petróleo de Venezuela, que como es bien sabido cuenta, según la Agencia Internacional de Energía (AIE) con las mayores reservas del mundo (304.000 millones de barriles).

El Jefe del Departamento de Estado Marco Rubio fue muy más explícito sobre las intenciones de Trump: “no necesitamos el petróleo de Venezuela, tenemos petróleo de sobra”, eso sí, advierte que “lo que no permitiremos es que su industria petrolera quede en manos de adversarios de EE. UU, como China, Rusia o Irán”, manifestó. Para nadie es un secreto que de los 900 mil barriles/día de petróleo producido en Venezuela más de los 700 mil barriles/día se exportan a China!

 

La otra razón que subyace en dicha pretensión estriba en que no obstante ser el mayor productor de crudo a nivel global con 14 MMBD, importa 5.9 MMBD de crudo pesado, como el de Venezuela, teniendo sus mayores necesidades del mismo en sus refinerías ubicadas en la Costa sur, para producir diésel, asfalto y combustible para su industria. Y esa es la calidad del crudo que se extrae en la franja del Orinoco en Venezuela. Por ello, ha mantenido su pica en Flandes, con la presencia de la empresa petrolera norteamericana Chevron, pese a las tensas relaciones entre EE.UU y Venezuela y las sanciones que les han sido impuestas.

Llama poderosamente la atención que ni Rusia ni China se inmutaron con los pasos de animal grande que ha dado EE.UU en Venezuela, país este que presumía de su apoyo y respaldo, el que nunca llegó. Es entendible que ellas no se la jueguen por Venezuela, nos lo explica diáfanamente el escritor William Ospina: “ahora Rusia, con mayor razón, se sentirá autorizada a apoderarse de Crimea y del Donbás y a tener abierto de ese modo su salida a través del Mar Negro al Mar Mediterráneo. Y ahora China se sentirá autorizada a convertir en realidad geopolítica la doctrina de ´una sola China´, con la que ha gobernado por décadas su trato con el mundo entero y a ocupar Taiwán cuando llegue el momento”. Tal cual!

El Secretario de Energía Chris Wright, en una conferencia energética de Goldman Sachs en Miami, fue más concreto aún y manifestó que «vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado, y entonces, indefinidamente, hacia adelante, nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado«, declaró Wright en una conferencia energética de Goldman Sachs en Miami.

Pero para que estos planes se puedan llevar a la práctica se requiere de la cooperación de su contraparte, el supérstite régimen chavista y para ello el Presidente Trump le mostró a Delcy Rodríguez el garrote y la zanahoria. Inicialmente, en tono amenazante, le dejó en claro que si no accede a sus pretensiones pagará “un precio muy alto. Si no hace lo correcto va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro”. A lo cual ella se apresuró a responder, en su primer mensaje a la Nación como Presidenta (E), dócilmente: “extendemos la invitación al gobierno de los EEUU a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.

Ello le viene como anillo al dedo a Trump y su política transaccional. Lo dejó muy claro con su perentoria advertencia de que “el dominio estadounidense en el hemisferio occidental no volverá a ser cuestionado de nuevo”. Por ello está reviviendo la doctrina Monroe y su lema “América para los americanos”, combinada con la estrategia revivida del Gran garrote del ex presidente estadounidense Theodore Roosevelt.

Luego sorprendió el Presidente Trump al mundo al enviar un mensaje a través de su plataforma Truth que nos dejó atónitos: “me complace anunciar que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, no sujeto a sanciones, a los Estados Unidos de América». Por su parte la estatal petrolera venezolana PDVSA expidió un comunicado público en el cual “informa que actualmente cursa una negociación con Estados Unidos la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones que existen entre ambos países”. Trato hecho, estas tratativas entre los dos gobiernos dan por sentado que se levantarán las sanciones que desde 2019 impuso los EE.UU a Venezuela y ello posibilitaría la reactivación de la industria petrolera en el hermano país.

A todas esas, en este escenario, cabe preguntarse cómo se afectaría Colombia. Actualmente se presenta en el mundo una sobreoferta de crudo en el mercado, la cual está empujando el precio a la baja, oscilando alrededor de los US $60 el barril, con una caída del Precio BRENT, que es el que le sirve de referencia a la canasta de crudos que exporta Colombia, del 19% en 2025. Hoy Venezuela produce alrededor de 1 MMBD, pero con este apoyo que ofrece Trump por parte de las petroleras estadounidenses, dicha producción podría recuperarse escalando hasta los 3 MMBD. Esta mayor oferta acentuaría la tendencia bajista de los precios y lo más grave es que Colombia comparte y compite con Venezuela en mismo nicho de mercado, el de los crudos pesados.

De modo que el impacto para Colombia podría darse por partida doble, tanto por la caída de los precios del crudo como del volumen de sus exportaciones. Y no hay que perder de vista que Colombia por cada dólar que baja el precio del crudo deja de recibir $400.000 millones, aproximadamente y por cada 10.000 barriles que deja de exportar se reducen sus ingresos en $301.000.millones. Y de contera, por cada US $10 que sube o baja el precio del crudo se afecta el ritmo de crecimiento del PIB en 0.4 puntos porcentuales.

Amylkar Acosta

Se mueve la geopolítica del petróleo

Para nadie es un secreto que Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, cifradas, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), en 304.000 millones de barriles, por encima de Arabia Saudita, que cuenta, con 267.000 millones e Irán con 209.000 millones. Su producción de crudo, a través de la estatal petrolera PDVSA, alcanzó su punto más alto en 1997 con 3.45 millones de barriles/día, participando con el 17% de la oferta global. El año anterior a la asunción del poder por parte de Hugo Chaves Frías (1998) la producción de crudo en Venezuela rondaba los 3 millones de barriles/día. 

Entre el 2010 y el 2020 los precios del crudo oscilaron entre los US 111.25 en 2011   y los US $41.96 en 2020. El Gobierno de Chaves se prolongó hasta su muerte en 2013, período este en jauja para su administración, gracias a los altos precios del crudo, lo que le permitió ejercer una activa diplomacia del petróleo, mediante el programa Petrocaribe, ganando adeptos y apoyos entre los gobiernos de Centro América y el Caribe, a quienes favoreció con la entrega de crudo en “condiciones preferenciales de pago”, con largos plazos, intereses subsidiados y la posibilidad de pagar en especie, ya fuera con bienes y/o servicios. Luego se produce su relevo por parte de quien fuera su Vicepresidente, Nicolás Maduro.

 

Depuesto Maduro se mueve la geopolítica del petróleo, bueno es hacer un parangón con Colombia, en donde se hizo popular el acertijo, tratando de establecer qué tan cerca estaba el punto de inflexión en el que la producción de crudo por parte de Colombia y de Venezuela se equipararían, en el primer caso subiendo y en el segundo a la baja. Ello, en momentos en los que la producción en Colombia alcanzó el millón de barriles/día durante los años 2013, 2014 y 2015 y para entonces en Venezuela la producción había caído hasta los 2.5 millones de barriles/día. En efecto, diez años después, en el 2023 se cumplió el vaticinio, sólo que en Colombia, al igual que en Venezuela la producción en lugar de crecer cayó hasta llegar a los 777 mil barriles/día y en Venezuela, también cayendo, se situó en los 783 mil barriles/día.

Más recientemente la producción de Venezuela aventaja nuevamente a Colombia, al tener un repunte hasta alcanzar los 900 mil barriles/día en 2024 y alrededor del millón de barriles en 2025, mientras la producción en Colombia certificada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se ha estancado y registró, en promedio, 772 mil barriles/día en 2024 y 750 mil barriles/día en 2025.

En este contexto se da la intervención del gobierno estadounidense en Venezuela, escalando su embestida contra la dictadura de Maduro, concluyendo con un operativo cinematográfico que tuvo como desenlace el apresamiento de Maduro, quien ha sido puesto a disposición de la Justicia de los EE.UU.

En su comparecencia ante los medios para dar cuenta de dicho operativo, fue enfático al afirmar que “haremos que grandes compañías de petróleo estadounidenses entren a Venezuela y gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura que está muy dañada y comiencen a ganar dinero para el país”. 26 veces mencionó el Presidente Trump la palabra petróleo en su rueda de prensa y afirmó que “necesitamos acceso total al petróleo”. No obstante, el Jefe del Departamento de Estado Marco Rubio quiso matizar la declaración del Presidente Trump al afirmar que “no necesitamos el petróleo de Venezuela, tenemos petróleo de sobra. Lo que no permitiremos es que su industria petrolera quede en manos de adversarios de EE.UU, como China, Rusia o Irán”.

Cabe preguntarse cuál es el interés que despierta en el Gobierno de los EE.UU, siendo el mayor productor de crudo del mundo con 14 millones de barriles/día, por encima de Rusia y Arabia Saudita, el crudo venezolano. Venezuela, junto con Colombia y México es uno de los países con mayor potencial de crudo pesado, el mismo que se requiere para la dieta de varias de las más importantes refinerías de los EE.UU en la costa sur, la cual demanda importaciones del orden de 5.9 millones de barriles/día de crudo pesado.

El sueño de los EEUU es convertir a Venezuela en la Arabia Saudita de Occidente, claro está en la órbita de su control e influencia y así depender menos del convulsivo y convulsionado Medio Oriente. Así se explica que, pese a las sanciones impuestas a Venezuela por parte de EE.UU, la petrolera CHEVRON ha mantenido sus operaciones en su territorio, exportando su producción en sus propios buques a su casa matriz.

Colombia, dada su modesta producción y exportación de crudo se mueve en el mercado petrolero como un corcho en remolino, es un simple tomador de precios y está a merced de la volatilidad de estos. Actualmente la tendencia de los precios es a la baja, cotizándose por debajo de los US $60 el barril del BRENT, dado que hay un exceso de oferta en el mercado, debido al relajamiento por parte de la OPEP de su estrategia de intervención en el mismo para contenerla y al impulso de la industria petrolera de los EE.UU con la llegada nuevamente de Trump a la Casa Blanca.

Tal tendencia podría acentuarse de llegar a estabilizarse y fortalecerse la industria del petróleo en Venezuela, con el apoyo e impulso augurado por el Presidente Trump, con el agravante para Colombia que le toca compartir y competir con Venezuela el mismo nicho de los crudos pesados y extrapesados, viéndose afectado por partida doble, por las menores exportaciones y los más bajos precios.

Amylkar Acosta

El salario minimax

Al decir de José Manuel Marroquín en su poema La Perrilla, “es flaca sobre manera toda humana previsión, pues en más de una ocasión sale lo que no se espera”. Pues bien, contra todo pronóstico, el Presidente Gustavo Petro, mediante el Decreto 1469, expedido el pasado 29 de diciembre, reajustó el Salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026 el 23.8%, el máximo desde 1993 que fue del 25%, superando con creces el rango en el que se movieron las propuestas de los empleadores, del 7.21% y de las centrales obreras, del 16%. Se fijó, entonces, en Para ello adujo el Presidente Petro que “el salario mínimo vital debe ser un salario vital familiar, que permita vivir con dignidad y no sólo sobrevivir”.

El salario mínimo para el 2026 se fijó en $1´7746.882, al cual se le viene a sumar el auxilio de transporte, de $253.118, para un consolidado de $2´000.000. No obstante, cuando se le suman los desembolsos que debe hacer el empleador por concepto de seguridad social y prestaciones sociales se eleva hasta los $2´975.614.

 

La Ley 278 es taxativa a la hora de establecer los parámetros a tener en cuenta para establecer el reajuste y el monto del salario mínimo legal: la inflación causada reportada por el DANE, la inflación proyectada por el Banco de la República para el año siguiente, la productividad laboral conforme cifra entregada por el DANE, el porcentaje de contribución de los salarios al ingreso nacional y el incremento del PIB, según la última cifra debidamente certificada por el DANE.

Desde luego, el salario mínimo debe crecer, como mínimo, en línea con la inflación causada, para evitar la pérdida del poder adquisitivo. Pero su incremento real solo es sostenible cuando está respaldado por aumentos en la productividad del trabajo. Pretender resolver problemas estructurales de pobreza y desigualdad exclusivamente mediante incrementos salariales es desconocer las limitaciones del mercado laboral colombiano y la elevada proporción de trabajadores que ni siquiera devengan el salario mínimo.

No se puede perder de vista, además, la concatenación del impacto que trae consigo el reajuste del salario mínimo legal, toda vez que son muchas las variables que están atadas e indexadas al mismo. A guisa de ejemplo citemos algunos casos: aportes de aprendices al SENA, multas de tránsito, el SOAT, aportes obligatorios a seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales), tarifas notariales, arriendos, los peajes en todo el país, así como las matrículas de escuelas, colegios y universidades. Un caso que llama poderosamente la atención es su devastador efecto en el costo de la vivienda de interés social (VIS), las cuales pasarán de costar $192´172.500 a $235´829.070. Es decir que los destinatarios de las viviendas de interés social, que no son propiamente los más pudientes, deberán endeudarse en $46 millones más para hacerse a una de ellas (¡!).

Como efecto colateral de esta insensata medida se terminará atizando la inflación, que se resiste a ceder y se mantiene por encima del 5%, alejándose en lugar de acercarse a la inflación objetivo del Banco de la República del 3%, lo cual ha llevado a su Junta, a pesar de las presiones del Gobierno en sentido contrario, a mantener la tasa de interés de intervención en 9.25%. Es más, la Junta del Banco Emisor se puede ver ahora precisada a incrementarla, lo que, desde luego, encarecería el crédito. No hay que perder de vista que la inflación constituye el impuesto más regresivo, el que más afecta a los más vulnerables, de manera que este incremento desproporcionado del salario mínimo legal simula dar con una mano a quien lo percibe lo que le arrebata con la otra. Metafóricamente, a quienes ganan el mínimo les están aumentando el tamaño de la cuchara mientras le reducen el plato de su ingesta diaria.

Hasta el propio Gobierno Nacional, que es el mayor empleador en el país,  se acaba de propinar un tiro en el pie, puesto que por cada punto porcentual del incremento decretado del salario mínimo legal incurre en un gasto adicional, que se deberá financiar vía Presupuesto General de la Nación, del orden de los $400.000 millones. El costo fiscal de esta alza desmesurada del salario mínimo vital será superior a los $9 billones. Y ello, en momentos en los que se alega por parte del mismo Gobierno a las “restricciones en la caja de la Tesorería General de la Nación” como razón potísima para declarar el Estado de Emergencia económica y social mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, con sólo una semana de diferencia.

Por las consideraciones anteriores, quiero decir que comparto en su integridad el atinado pronunciamiento de la Presidencia de la Asociación de Facultades de Economía de Colombia (AFADECO) y coincido con esta en que, en las actuales circunstancias y advertidos de las consecuencias que se pueden derivar de una decisión que consideramos como un dislate y movida más por consideraciones políticas que por el rigor técnico “el silencio  no es neutral. Callar frente a decisiones que contravienen principios ampliamente aceptados de la disciplina no protege a los trabajadores, los expone”. Bien se ha dicho que nosotros nos podemos olvidar de la economía y sus fundamentos, pero la economía nunca se olvida de nosotros!

Amylkar Acosta

¡Reflexiones decembrinas!

Esta temporada decembrina es propicia para desmarcarnos de nuestros hábitos consuetudinarios, que sólo nos llevan a la monotonía, a actuar por impulsos exteriores, respondiendo a reflejos condicionados, que nos aprisionan en la que podemos denominar Zona de confort. Mucha gente espera y aspira alcanzar el éxito sin esforzarse, sin pagar un precio por él, el que le puede significar salir de su zona de confort, de la modorra de su rutina cotidiana.

Ahora bien, alcanzar lo que te propones, coronar con éxito tu tarea, no te debe llevar a la seductora trampa de la autocomplacencia. Nelson Mandela, el Gandhi del siglo XXI, afirmó que “después de escalar una gran colina, uno se encuentra sólo que hay muchas más colinas por escalar”. Nada más cierto. Las colinas que escalemos nos deben servir de hitos para escalar las más elevadas hasta llegar al Éverest de nuestras vidas. Pero, para ello, es absolutamente indispensable desactivar nuestro piloto automático, despojarte de tus miedos, prejuicios y aprehensiones y tomar con tus propias manos el control de tu vida. Es más, la mejor forma de aproximarte a la meta que te has impuesto es amojonar tu ruta para alcanzarla con hitos inspiradores.

 

El gran escritor Jorge Zalamea tenía razón cuando dijo en uno de sus más hermosos poemas y tal vez el menos conocido, Vientos del Este: «salta hombre sobre tus propias fronteras, pues ya no cabes en ellas«. Definitivamente, hay que salir de la Zona de confort y saltar sobre nuestras propias fronteras para llegar a tener una vida plena, trascendente y de mayores realizaciones. Y la clave está en el conocimiento, el cual muta continuamente. Heráclito dio en el clavo con su aserto de que “no es posible bañarse dos veces en el mismo rio, porque nuevas aguas corren siempre sobre ti”. Algo similar acontece con el conocimiento, pues pese a sus avances nunca alcanza a agotar la realidad que, además de compleja, también cambia infinitamente. Parodiando al Quijote, podemos decir a propósito del conocimiento y el aprendizaje: “se va anchando Castilla delante de mi caballo”.

Ello es tanto más cierto y válido en estos tiempos procelosos y disruptivos en los que nos cupo en suerte vivir, dominados y condicionados por los bruscos cambios tecnológicos propios de la cuarta revolución industrial y su triada envolvente: la big data, la internet de las cosas y la Inteligencia artificial (IA). Se solía decir antiguamente que la humanidad se dividía entre quienes tenían y aquellos que no tenían, entre ricos y pobres, posteriormente lo que la caracterizaba era que unos pocos sabían y acaparaban el conocimiento y los ignaros, que poco o nada sabían.

Se solía decir antiguamente que la humanidad se dividía entre quienes tenían y aquellos que no tenían, entre ricos y pobres, posteriormente lo que la caracterizaba era que unos pocos sabían y acaparaban el conocimiento y los ignaros, que poco o nada sabían. Eso ha cambiado radicalmente y de ello debemos tomar atenta nota. Aunque aún falta mucho camino por recorrer, se ha avanzado a saltos en décadas lo que no se había avanzado en centurias. Menos mal!

Hoy en día la información y el conocimiento fluye de manera abrumadora a través de la red de internet, están al alcance de un clip. Dejaron de ser un privilegio de pocos. La mayor barrera para acceder a la información y al conocimiento es no estar conectado a dicha red. De modo que lo que marca la diferencia entre unos y otros es la conectividad, por ello podemos decir que, además la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional nos enfrentamos a la pobreza digital, la cual acentúa a aquellas.

En Colombia, particularmente, la brecha digital es inmensa, sobre todo entre la población urbana y la rural, pues mientras que en el primer caso la proporción de hogares con dotación de computadores o tabletas es del 48.2%, en los centros poblados y rurales es de sólo el 10.4%. Y de contera, el promedio ponderado de acceso a internet es del 65.6%, que contrasta con el 23.8% en zonas rurales o remotas. Por ello, hemos venido planteando la imperiosa e inaplazable necesidad de añadir a los 17 objetivos del desarrollo sostenible el 18, consistente en el cierre de la brecha digital para tratar de nivelar la cancha.

Claro está que la información y el conocimiento son absolutamente necesarios pero no suficientes para salir adelante, para progresar y avanzar individualmente y también como país. En concepto del científico e investigador colombiano Rodolfo Llinás, “más importante que saber es entender y para entender es fundamental contextualizar el conocimiento”. Y, como bien dijo Albert Einstein “todos los imperios del futuro van a ser imperios del conocimiento” y enfatiza en que “solamente los pueblos que entiendan como generar conocimientos serán los países exitosos” y no aquellos que son sólo receptores pasivos de estos. Estos últimos, continúa diciendo Einstein, “se quedarán con litorales hermosos, con iglesias, minas, con una historia fantástica”, pero anclados en el subdesarrollo, en el golfo del pasado. De allí la importancia de invertir en ciencia, tecnología e innovación (C + T + I) para salir del atolladero de un crecimiento mediocre, inequitativo y excluyente.

Pero resulta que ese “imperio del futuro” como “imperio del conocimiento” que pronosticó Einstein se tornó anacrónico con el advenimiento de la Cuarta revolución industrial, transitando de la era analógica a la era digital, que trajo consigo su reconfiguración merced a la IA generativa, como el mayor repositorio del conocimiento a nivel global, gracias a la big data, amén de sus capacidades y competencias adquiridas, guiadas por ingeniosos algoritmos, al cual se puede acceder digitalmente. De ello se sigue que quien no cuenta con la conexión a la internet y por ende a la herramienta de la IA puede catalogarse como analfabeta funcional o disfuncional, unos y otros, según el caso.

Amylkar Acosta Medina

A las afueras de la realidad

Contrariamente a lo planteado por la Unidad de Planeación minero-energética (UPME), la demanda de energía en Colombia no está creciendo dentro de un rango “estable” sino por fuera de él. Recordemos que durante el fenómeno de El Niño 2015 – 2016 se registraron incrementos interanuales de hasta 8.3% (febrero/2016), posteriormente, en febrero de 2020, durante la sequía que se presentó, el aumento fue de 8.7%, en abril de 2021 el 15.5% (¡!). Y más recientemente, durante el lapso de El Niño de 2024 el crecimiento de la demanda osciló entre el 7% y el 9.3%. Es más, durante el período neutral que caracterizó noviembre de 2025 se observó un aumento interanual del 7% (¡!). Registros todos muy superiores a dicho rango, el cual, como diría el premio Nobel de la Literatura, el mexicano Octavio Paz, está a las afueras de la realidad.

Este descache de la UPME la llevó a que si bien su proyección publicada para el 2022 en 8 de los 11 meses (enero a noviembre) el comportamiento de la demanda real se situó en un nivel “medio” del rango previsto, en cambio con los ajustes de su proyección dado a conocer en julio de 2025, en 7 de esos mismos 11 meses la demanda real superó con creces hasta el escenario más alto. Como si lo anterior fuera poco, entre 2024 y 2025, durante 118 días la demanda real rebasó el máximo previsto por la UPME, superando los 239 GWHD.

 

Como punto de referencia es importante destacar que en su Informe oficial, en el cual se dio cuenta de la proyección de la UPME para el período 2023 – 2037, dado a conocer en diciembre de 2023, estimaba que la demanda de energía durante 2024 y 2025 estaría en la horquilla 199 – 239 GWHD. No obstante, en la práctica, durante un largo trecho superó el límite superior. Y más concretamente, en las horas pico (7 A. M y 9 P.M) la demanda ha venido creciendo a un ritmo que duplica lo proyectado por la UPME. Se impone, entonces, la necesidad de que esta revise sus proyecciones y calibre mejor sus cifras para evitar sorpresas desagradables hacia el futuro.

Huelga decir que la capacidad instalada de generación y de transmisión debe estar en capacidad de satisfacer la demanda en horas pico. En conclusión, mientras la UPME persiste en una proyección de la demanda conservadora, alrededor de 2.3% anual, para XM, que es la empresa que opera el Sistema interconectado nacional (SIN), con base en sus registros, alerta sobre un crecimiento de la demanda que supera el doble de la misma, bordeando el 5% anual!

No se puede perder de vista que, según la agencia Internacional de Energía, hacia el futuro la demanda de electricidad en Colombia, para poder cumplir con su compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 51% hacia el año  2030, para lo cual deberá propender por la electrificación de la economía, el aumento de la demanda de energía superará el 5%. Tanto más, en cuanto que la Inteligencia artificial y la proliferación de los centros de datos por doquier está determinando un crecimiento exponencial del consumo de energía en el mundo y Colombia no es la excepción.

En este contexto, mueve a la preocupación la estrechez de la Oferta de energía firme (OEF), la cual no da abasto con la demanda efectiva de la misma. Según Informe oficial de XM publicado en julio de este año, utilizando las proyecciones de la UPME, se está presentando un faltante de 3.5% de OEF. Para entender lo delicado de este stress del SIN es importante precisar que a la hora de establecer el balance entre la oferta y la demanda no basta con saber con cuántas plantas de generación se dispone sino con la energía firme para el Cargo por confiabilidad (ENFICC), con la que se puede contar en condiciones de hidrología crítica, mantenimientos programados de las mismas o posibles fallas técnicas o contingencias que se puedan presentar. En este sentido es menester tener en consideración que la OEF está en función de las respectivas tecnologías y el factor de planta, así la generación hídrica depende del nivel de los embalses, la solar y la eólica de la radiación solar y la velocidad del viento, respectivamente, al tiempo que las térmicas deben contar con el combustible para operar.

Es de anotar que tal estrechez obedece al atraso ostensible en la ejecución de los proyectos tanto de generación como de transmisión. Según XM entre 2021 y 2024 la entrada de proyectos de generación fue de sólo el 21%, estamos hablando den 3.500 MW de capacidad. De allí la exhortación de la Presidenta de ACOLGEN Natalia Gutiérrez: “esto nos deja sin márgenes para afrontar eventualidades. Por eso le pedimos al Gobierno Nacional que camine de la mano de los gremios y las empresas, de manera que, tanto la política pública como la regulación se orienten a la solución de cuellos de botella, a la atracción de nuevas inversiones y a construir confianza”.

Es de anotar que las inversiones requeridas para responder al ritmo de crecimiento de la demanda de energía está entre los $10 y los $12 billones anuales. Por ello, preocupa sobremanera que, según Climatescope 2024 de Bloomberg, Colombia cayó 10 puestos en su capacidad de atraer inversión en Transición energética entre 2022 y 2024. Y ello se atribuye en gran medida a la pérdida de la confianza inversionista y a la falta de seguridad jurídica.

Amylkar Acosta

La inflación presupuestal

Como se recordará, esta vez, a diferencia de lo acaecido en 2024, el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia de 2026, evitando así el decretazo con el que amenazaba el ejecutivo para su expedición, como ocurrió con el PGN de la actual vigencia. El monto original propuesto por el Ministro de Hacienda Germán Ávila fue de $556.9 billones, pero al final se aprobó por parte del Congreso $546.9 billones, luego de que el Ministro Ávila, ante su reticencia, accediera a reducirlo en $10 billones. De esta manera, el desfinanciamiento del presupuesto calculado en $26.3 billones, aunque para el Comité independiente de la Regla fiscal (CIRF) superaba los $40 billones, se tornaba en los $16.3 billones.

Según el Ministro Ávila “un 75% de la Cámara y un 65% del Senado aprobaron un presupuesto que explícitamente convocaba al Gobierno a presentar esa Ley”, refiriéndose al proyecto de ley de financiamiento, que es como ahora denominan las reformas tributarias para hacerlas más digeribles a la opinión pública. Dicho de otra manera, el Ministro asumió que si se había aprobado por parte del Congreso dicho Presupuesto, a sabiendas de su desfinanciamiento del orden de los $16. 3 billones, se obligaba a aprobarla sin reparo alguno. Pero el Congreso de la República desoyó los ruegos del Ministro y hundió el proyecto de marras. Y no propiamente porque ello sea, como sostuvo el Ministro Ávila. Esta sea  una “vendetta contra el Gobierno” por parte del Congreso y mucho menos que su desaprobación por parte del Congreso “no es un voto en contra del Gobierno Petro, es un voto en contra de las regiones, es un voto en contra de la inversión”. 

 

La reacción del Ministro Ávila no se hizo esperar, para él “con en la fábula del Quijote, la razón de la sin razón, era prácticamente imposible hacer ver a este pequeño núcleo de senadores las complicaciones para el equilibrio fiscal del país de no tener en cuenta esta ley de financiamiento”. No obstante, a juicio del Director de FEDESARROLLO Luis Fernando Mejía, no se justifica esta recriminación del Ministro al Congreso de la República, pues para él “resulta insostenible argumentar que una afectación del 3%”, que es lo que representan los $16.3 billones con respecto al monto total del Presupuesto aprobado, “comprometa la estabilidad fiscal o la sostenibilidad del gasto público”.

Lo que procede en este caso y es lo que no quiere el Gobierno es que, como lo afirma Mejía, “estos recursos deberán ser ajustados mediante un recorte presupuestal”. En ello coinciden los expertos y analistas, en que el Gobierno debe apretarse el cinturón, reducir el gasto, que sigue desbordado, sobre todo el que absorbe la frondosa burocracia. A guisa de ejemplo, bastaría con ponerle un torniquete para contener el gasto en la nómina paralela, que tanto dice abominar este gobierno, para ahorrarse  los $4.87 billones que le costaron a la Nación los 101.120 nuevos contratos mediante órdenes de prestación de servicios (OPS) temporales en 2025.

Pero, el Presidente Gustavo Petro no da su brazo a torcer y al respecto afirmó recientemente que “el único recorte de gasto posible es la inversión en carreteras 4G” y fue más lejos, haciendo larde de su tremendismo, al afirmar que la negativa del Congreso a aprobar el esperpento de la ley de financiamiento “desploma la economía” y ya había amenazado anteriormente, en el curso de un Consejo de ministros, con que “iríamos a un posible default” o impago de la deuda, “que yo voy a intentar evitar a como dé lugar”, lo cual es un pésimo mensaje para los tenedores de deuda , generando de paso alarma en los agentes de la economía. 

La única forma de balancear los ingresos y los gastos es evitando la inflación presupuestal, ya sea por la vía de arbitrar mayores recursos, lo que quedó descartado con el archivo del proyecto de ley de financiamiento, o mediante el recorte del gasto, descartado por el gobierno. De allí que estén contemplado medidas cuestionables y cuestionadas como echar mano de las utilidades del Fondo Nacional del Ahorro, aduciéndose por parte del Ministro de Hacienda que ”se ha generado una acumulación de reservas exageradas que permite empezar a transferir recursos desde este año”, poniendo en riesgo el dinero de las cesantías de los trabajadores allí consignadas.

También ha trascendido que el Ministerio de Hacienda pretende asumir el control de unos $5.6 billones del Fondo Nacional para el desarrollo de la infraestructura (FONDES), el cual hasta la fecha ha operado como un patrimonio autónomo manejado con criterio técnico por la Financiera de desarrollo Nacional (FDN). Por su parte la DIAN, que está por plata como el diablo por almas, pretende ahorcar a REFICAR con una interpretación atrabiliaria hacerle exigible el pago de $1.3 billones por concepto de IVA sobre las importaciones de combustibles.

Dependiendo de la respuesta del Gobierno, ello puede afectar los TÉS con una caída de su precio y el alza de sus tasas de interés, la ampliación del spread soberano y eventualmente una nueva rebaja de la calificación de la deuda y de paso el encarecimiento de la deuda y del endeudamiento. Para el Presidente Petro, según su interpretación, “hay un hecho sobreviniente si el Congreso rechaza la Ley de financiamiento” que justificaría la declaratoria de la Emergencia económica. 

Muchos expertos y centros de pensamiento discrepan de tal concepto, al considerar que un hecho previsible, como el hundimiento de la reforma tributaria, no se puede considerar como un hecho sobreviniente. Por esa vía, se podría llegar al punto de considerar la declaratoria de la emergencia como plan B, como camino alternativo para expedir por Decreto los proyectos de ley de iniciativa del ejecutivo que no apruebe el Congreso. Ello sería a mi juicio una lectura equivocada de la norma constitucional!

Amylkar Acosta

¡Al límite!

En concepto de la presidenta de NATURGAS Luz Stella Murgas, “el déficit de gas en firme seguirá aumentando en los próximos años si no aceleramos los nuevos proyectos que hemos identificado…Estamos operando al límite, no tenemos margen de maniobra si se presenta alguna contingencia”, de la cual no estamos exentos.

El déficit de gas, que ahora reconoce el Gobierno, ha obligado a su importación desde diciembre del año pasado para garantizar el cubrimiento de la demanda esencial. Como era de esperarse el precio del gas importado es mayor que el del extraído en el territorio nacional, que también ha subido de precio por la escasez y, como es apenas lógico, el mayor precio se termina trasladando al usuario vía tarifa por parte de las empresas comercializadoras. En su momento el ex ministro Camacho afirmó que esto último no podía darse. Sin embargo, a despecho de sus declaraciones, tuvimos a comienzos de año un incremento en las tarifas de gas en el interior del país que osciló entre el 20% y el 36%!

 

Eso era previsible y no tenía por qué sorprender a nadie, esos polvos tenían que traer estos lodos. Lo que se está dando en este momento es sólo una escalada del alza de las tarifas de gas de comienzos de año en el interior del país, que ahora se extiende al resto del país a partir de este mes de diciembre dado que los contratos que se habían firmado por parte de las empresas comercializadoras con sus proveedores llegaron a su fin, al vencerse en el mes de noviembre y ahora los nuevos contratos incorporan el componente de gas importado a los precios a los que se cotiza en el mercado internacional. El Alza anunciada para el gas vehicular es del 35%, para la industria el 28% y para gas domiciliario, en promedio, el 14%. Es de advertir que el alza no es mayor gracias a la revaluación del peso con respecto al dólar de 13.5%.

El Ministro de Minas y Energía Edwin Palma reaccionó anunciando “decreto y Resolución  para contener el alza y garantizar precios justos”, asumiendo que los actuales no lo son. Y fue más lejos al anticipar que se tomarán “20 medidas urgentes y estructurales para garantizar el abastecimiento en todo el país y frenar prácticas especulativas”. De este modo nos estamos retrotrayendo a las declaraciones del entonces Ministro Camacho, quien se negaba a aceptar que había una escasez, un déficit de gas en el país y en su lugar, según el, se estaba dando una especulación por parte de algunas empresas que estaban acaparándolo. Le pidió a la Superintendencia de servicios públicos que lo investigara y todo se quedó en anuncios y de aquello nada, ningún hallazgo.

Huelga decir que la entidad competente para investigar las presuntas “prácticas  especulativas”, si hay lugar a ellas y sancionar a la empresas que incurran en las mismas es la Superintendencia, no el Ministerio de Minas y Energía. Y de contera, no hay que perder de vista que el principal jugador en el mercado del gas, por ser el mayor productor y proveedor de gas natural en el país, con el 70%, es la estatal ECOPETROL, que vende el gas a los precios del mercado, no le es dable expenderlo a más bajo precio.

Además, como hemos tenido la oportunidad de advertirlo, debido a la tardanza de la CREG en expedir la Resolución 102 022 de noviembre 28, después de un año de espera, con la cual se facilita la importación y contratación de gas natural a largo plazo por parte de las empresas comercializadoras del mismo y de esta manera transarlo a precios más razonables. A falta de la misma, por una CREG procrastinadora, se vieron compelidas a comprar el gas en el mercado spot, a precios mucho más altos, mediante contratos trimestrales.

Así las cosas, no vemos cómo el MME  va a expedir “una resolución que permitirá que toda nueva oferta de gas nacional sea contratada a un precio justo y de manera inmediata, evitando presiones adicionales sobre la tarifa” cuando los nuevos contratos ya están firmados y como decimos en mi tierra, después de rayo caído no hay magnifica que valga!

Ahora bien, lo urgente no nos puede llevar a perder de vista lo importante, que es garantizar el abastecimiento, en el entendido que la energía más cara es aquella de la que no se dispone justo en el momento que se requiere. Para ello será indispensable importar mayores volúmenes de gas, para lo cual se requiere ampliar la capacidad de regasificación, hoy limitada a la SPEC en Barú (Cartagena), que ya está copada. Este es un cuello de botella que limita la capacidad de importación de gas natural.

Se cuestiona por parte del Presidente Petro el “haber  dejado”, según él “a un monopolio privado la importación” de gas, cuando la realidad es otra. El llamado Grupo térmico de la Costa, integrado por tres plantas generadoras (TEBSA, Termocandelaria y Celcia) la promovió, con el fin de asegurarse el aprovisionamiento de gas y poder así cumplir con la Oferta de energía en firme (OEF) que se derivaba de la asignación del tan denostado por este gobierno, Cargo por confiabilidad, de la cual habían sido objeto. Me correspondió como ministro de Minas y Energía licenciar su proyecto mediante las resoluciones 062 de 2013 y 022 de 2014. Esa es la explicación de que se instalara por la iniciativa privada y no pública y no otra, como la que se sugiere con suspicacia.

Amylkar Acosta

¡La educación es la clave!

Tenemos que empezar por decir con el neurólogo y educador argentino Sebastián Lupina, que “la pobreza tiene graves impactos sobre el desarrollo cognitivo y emocional”, que deja huellas, secuelas imborrables. Y ello es grave, de allí la importancia de la atención debida a la primera infancia, especialmente en sus primeros cinco años, que es cuando se da el mayor desarrollo del cerebro, del lenguaje, de la motricidad y del pensamiento abstracto que caracteriza al ser humano. De allí que influya tanto en dónde y en qué condiciones se nace y se crece a esta temprana edad en el futuro que habrá de deparársele en la vida a ese niño que crece y se desarrolla, la mayoría de las veces enfrentando la adversidad. Una población infantil afectada por el hambre y la desnutrición, como ocurre en muchas regiones del país, en especial La guajira, no tiene futuro y si lo llega a tener es incierto.

Superada esta etapa, insisto en que es crucial, como lo afirma la ex ministra de Cultura Paula Moreno, “la preparación nivela. La educación es fundamental y lo que he visto a lo largo de los años es que cambia tu historia, tu chip y te pone en otro lugar”. Y como lo pudo establecer el estudio realizado por el codirector del Banco de la República, Adolfo Meisel, “en el caso de los más pobres, la educación es la principal herramienta que les brinda la sociedad para mejorar sus condiciones de vida”. Pero, advierte que “no es suficiente con el acceso a la educación. Es necesario garantizar el aprendizaje a través de una educación de calidad”. La educación de calidad, entonces, es la clave.

 

Llama la atención el Informe de la OCDE en que existe una especie de determinismo asociado al origen de cada quien, pues “los niños cuyos papás no terminaron bachillerato tienen el 15% de posibilidades de llegar a la universidad, una cuarta parte de aquellos con al menos un padre que alcanzó la educación superior”. Por ello no es de extrañar la cifra que nos da la misma OCDE según la cual en Colombia sólo el 9% de los alumnos de las familias pobres llegan a la universidad, frente al 53% de las más ricas. Y a ello hay que añadir el alto grado de deserción universitaria, que supera el 50%, siendo las causas económicas, sociales e institucionales las causas prevalentes de la misma.

También en este aspecto, el del acceso a la educación, el campo muestra el mayor rezago. La OCDE plantea la urgencia de cerrar la brecha que existe entre la ciudad y el campo. Según cifras del Ministerio de Educación, mientras un colombiano que reside en la ciudad tiene un promedio de 9.6 años de educación, otro que reside en las zonas rurales apenas sí alcanza los 6 años. Andreas Schleicher, Director de Educación de la OCDE, advierte que “todavía existe una gran desigualdad entre el sector rural y urbano en las escuelas de Colombia. Por eso el Gobierno debe asegurar mayores recursos y construir redes de escuelas que potencien la educación…Además, es necesario ejecutar inversiones para que los profesores mejoren sus carreras”. Pero el investigador alemán va más lejos y llama la atención en el sentido que “más allá del dinero, es necesario mirar qué tan eficaz es el tiempo que invierten los jóvenes en su educación. La escuela es la única oportunidad en la vida para formarse. Por eso es importante capacitar a los maestros”. El Gobierno y la comunidad educativa deben tomar atenta nota de estas recomendaciones y proceder en consecuencia tomando la educación como la primera prioridad.

La Educación debe ser asumida como Política de Estado y dejar de estar al vaivén de los cambios de administración, sujeto al regateo para que se le asigne el presupuesto que se requiere tanto para ampliar su cobertura como para su mejoramiento continuo. Ello redundará, indudablemente no sólo en el cierre de brechas, en reducir la desigualdad, en la nivelación de la cancha, sino que además contribuirá también a la mayor productividad y competitividad del país. Y a este propósito el investigador Eric Hanushek, profesor de la Universidad de Stanford en EEUU, pone el dedo en la llaga al aseverar que “hay una variable que no aparece en la lista de indicadores macroeconómicos de coyuntura, pero que es uno de los determinantes más importantes del crecimiento económico de largo plazo. Se trata de los aprendizajes que alcanzan los niños y jóvenes en el sistema educativo, en especial en áreas fundamentales como la comprensión lectora y las matemáticas”.

Aparte del impacto social que tendría un redireccionamiento del aprendizaje en Colombia también tendría su impacto positivo en la economía, elevando su crecimiento potencial. Según Hanushek, “si el sistema educativo colombiano garantizara a todos los jóvenes colombianos aprendizajes mínimos, la tasa de crecimiento económico de largo plazo se incrementaría en 0.7 puntos porcentuales por año. Proyecciones económicas estiman que durante los próximos 12 años, la economía colombiana crecerá 3.7% al año para llegar a un ingreso per cápita de alrededor de 33.7 millones de pesos en 2030. Si el sistema educativo colombiano garantizara aprendizajes mínimos a todos los jóvenes que terminan la educación obligatoria, el país podría crecer al 4.4% anual y alcanzar un ingreso per cápita de 36 millones de pesos en 2030”.

Definitivamente la educación es la clave para escapar de la trampa de la pobreza y para cerrar la brecha de la irritante desigualdad de ingresos que se abre cada vez más, en desmedro de la población más vulnerada y vulnerable. Ello jamás se dará por generación espontánea, es necesario contar con una política, unas estrategias y plan de acción consensuados que comprometa seriamente al Estado en sus distintos niveles. Dada la magnitud del reto, esta no es tarea de un gobierno o de una administración, debe contar con todas las energías de todos para alcanzar unas metas de corto, mediano y largo plazo, que sean medibles, cuantificables y evaluadas periódicamente, con el fin de ajustar los medios para alcanzar tan loable finalidad. Bien dijo Simón Bolívar, el Libertador, que “la educación es el fundamento verdadero de la felicidad” y es también el medio más expedito para nivelar la cancha, así como para la cohesión y la inclusión social.

Amylkar Acosta

www.amylkaracosta.net

Del riesgo inmanente al riesgo inminente

La situación del sector energético tiende a gravarse, viene de mal en peor, sin que se vislumbre una solución. El riesgo de un racionamiento en la prestación del servicio de energía sigue latente. Yo distingo el riesgo inmanente del riesgo inminente

En cuanto al primero, al depender de una matriz eléctrica en donde la capacidad instalada hídrica supera el 60%, estamos expuestos a un riesgo de racionamiento cuando nos enfrentamos a una hidrología crítica a causa del fenómeno de El Niño, tanto más en cuanto que de los 24 embalses que le sirven a la hidroeléctricas solo uno de ellos, el de El Peñol, con el que opera Guatapé, tiene una capacidad de regulación que supera el año, el resto de ellos es de solo 4 meses. Este riesgo es tanto mayor dada la circunstancia de que actualmente tenemos un déficit del 1.8% dela Oferta de energía firme (OEF), el cual puede superar el 3% para 2026.

 

En cuanto al riesgo inminente, gravitan sobre el sistema dos factores determinantes del mismo. El primero de ellos es el stress del Sistema de transmisión nacional (STN), debido al déficit de la oferta de energía en firme (OEF) con respecto a la demanda, que crece a un ritmo que duplica el crecimiento de la oferta. De allí que, según la firma XM, que administra el mercado mayorista y opera el STN, en este momento la OEF está en 237.55 KWH y la demanda en 241.89 KWH, esto es tenemos un déficit de -1.8%, el cual será mayor el año entrante, estimándose en -2.5%.

Ello obedece, a su vez, al ostensible atraso en la ejecución de importantes proyectos tanto de generación como de transmisión, empezando por Hidroituango, que ha debido entrar en operación en 2018, pero debido a una contingencia que se presentó de sus 8 unidades, con capacidad de 300 MW de potencia cada una, hasta la fecha solo han entrado 4. Debido también a los 2.400 MW de capacidad de generación de energía eólica que fueron asignados en las subastas entre 2019 y 2021, los primeros parques eólicos a instalarse en La Guajira hasta la fecha a duras penas ha entrado uno de ISAGEN de solo 24 MW, el 10%, equivalente al piloto Jepírache que instaló EPM de Medellín en el Cabo de la vela hace 21 años!

El otro factor que amenaza con un riesgo de racionamiento inminente es la crítica situación financiera que afrontan las empresas comercializadoras de energía, debido fundamentalmente a la deuda de los usuarios por concepto de la Opción tarifaria, cuyo saldo al corte de septiembre de 2025 era del orden de los $2.5 billones, de los cuales el presidente Petro se comprometió en mayo del año pasado a asumir la de los estratos 1, 2 y 3, que representa el 80% de la misma, pero hasta la fecha es una promesa incumplida. 

A ello se viene a sumar la deuda del Gobierno Nacional para cubrir los subsidios al consumo de los estratos1, 2 y 3, que las empresas ya les descontó y el Gobierno debe reintegrarles a ellas. Al corte del mes de agosto dicha deuda ascendía a $2.4 billones. A ello se vienen a sumar deudas con las distribuidoras de gas natural de $760.000 millones y a las de GLP $41.700 millones. Y lo más grave es que en el presupuesto de la actual vigencia solo se apropiaron los recursos para cubrir los subsidios del primer trimestre de este año. 

Es decir que la partida de subsidios para los tres restantes trimestres está desfinanciada. De tal modo que el faltante en el Presupuesto de la actual vigencia asciende a los $3.6 billones, de los cuales $2.7 billones corresponden a energía eléctrica. Entre tanto, para la vigencia de 2026, en el proyecto de Presupuesto para 2026 de $8.9 billones que se van a requerir el aforo es de sólo $7.5 billones.

Esta situación llevó a la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios públicos de la empresa Air-e, que le presta el servicio a los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira. La razón fue su insolvencia, iliquidez y falta de flujo de la caja, que la llevó a acumular deudas con sus proveedores del orden de $1.9 billones, la cual quedó en suspenso su pago con la intervención y la contraída con posterioridad a esta ya asciende a los $1.7 billones, de los cuales $1.5 billones corresponden a la deuda contraída con las empresas generadoras por la energía que le han despachado. 

Entre tanto, la Superintendencia se ha cruzado de brazos, dice que el Fondo empresarial que administra y que es la fuente de ingresos para solventar a las empresas intervenidas está también insolvente y por ello no le puede girar a Air-e ni un peso.Tal situación llevó a los organismos de control (CGR y PGN) a pronunciarse alertando sobre el riesgo inminente de un apagón financiero de las empresas comercializadoras que puede dar lugar a un efecto dominó que puede conducir a una falla sistémica, que puede llegar a comprometer la prestación del servicio. 

La reticencia del Gobierno en girar lo que adeuda a las empresas comercializadoras y evitar el colapso de la empresa Air-e, a sabiendas del riesgo inminente de un racionamiento, lo lleva a uno a concluir que, imitando la política que tiene al sector salud en la UCI, estamos en presencia de una crisis inducida del sector eléctrico. La Superintendencia, con su inacción se ha convertido en parte del problema.

Amylkar Acosta

A propósito del proyecto de ley de reforma a la ley de Servicios Públicos (II parte)

Un aspecto primordial de este proyecto es el que hace relación con la Comisión de regulación de energía y gas (CREG), al tiempo que se amplía el número de sus integrantes de 9 a 10, se reduce el número de expertos en asuntos energéticos de 6 a 5 y se reducen sus requisitos y queda prácticamente reducida a ser apéndice del Ministerio de Minas y Energía, el cual se arroga muchas de sus facultades y competencias regulatorias, así como las de la UPME. Dos piezas maestras de la institucionalidad del sector energético que fueron concebidas y han funcionado con carácter técnico, alejadas de los vaivenes de la política. Este es un activo que no se puede feriar. Nos parece, además, muy grave que se pretenda hacer coincidir los períodos de los expertos con los cuatrienios presidenciales, de modo tal que los presidentes puedan cooptarla.

En cuanto a la regulación de las tarifas de los servicios públicos de energía y eléctrica y gas, como lo advierte Arroyave “el proyecto, además, otorga al gobierno facultades para crear mecanismos tarifarios diferenciales, esquemas de estabilización y compras centralizadas de energía, que reducirían la competencia y distorsionarían la señal de precios”. Este sería un retroceso a los tiempos en los cuales las tarifas eran administradas por el Estado, esquema este que derivó en el colapso del Sistema que nos condujo al apagón de los años 1992 – 1993. Otorga, además, al gobierno, según Arroyave, “facultades para crear mecanismos tarifarios diferenciales, esquemas de estabilización y compras centralizadas de energía, que reducirían la competencia y distorsionarían la señal de precios”. Esta sería una pésima señal que, en lugar de atraer a la inversión y a los inversionistas privados los desincentiva, poniendo en riesgo la expansión de la capacidad de generación y de transmisión que el Sistema está pidiendo a gritos.

 

Hay otros aspectos en este proyecto que le dan al Ministerio de Minas y Energía y gran poder discrecional para tomar determinaciones que conciernen a la CREG y generan un clima de incertidumbre para los agentes de la cadena. Tal es la norma que establece que “en todos los servicios y sus actividades complementarias se podrán cobrar cargos que estén orientados al cumplimiento de fines solidarios y redistributivos”. O la que prevé que las fórmulas y metodologías tarifarias “excepcionalmente podrán modificarse en cualquier tiempo, de manera total o parcial, de oficio, por solicitud de la Superintendencia de Servicios Públicos, o a petición de parte” .

Ello deja abierta la posibilidad de que en cualquier momento, sin vísperas, se le puedan introducir modificaciones que alteren dichos parámetros, lo cual atenta de manera flagrante contra la seguridad jurídica. Creo que, en aras de garantizar la estabilidad jurídica, base fundamental de la confianza inversionista, se debe mantener su periodicidad, que hoy es de cinco años, pero sin perjuicio de que este ciclo pueda ser menor o mayor. De lo contrario, en lugar de atraer a la inversión y a los inversionistas privados, que son los que en últimas asumen el riesgo de invertir en los proyectos desde que se desestatizó el sector eléctrico, los ahuyentaremos. Y asumo que este no es el propósito del Ministro.  

Nota recomendada: A propósito del proyecto de reforma de la ley de servicios públicos (I parte)

Además, si se establece que “cuando un activo cumpla su vida útil regulada y el mismo haya sido remunerado en su totalidad, sólo se podrá remunerar su costo de operación, administración y mantenimiento” y ello siempre y cuando se garantice “eficiencia, continuidad, cobertura y calidad”, pues “en ningún caso se podrá volver a remunerar su inversión”, se desincentivan las inversiones que pueda llegar a darse con el propósito de repotenciar dicho activo, incluso con ganancia en eficiencia, como fue el caso reciente de Termocandelaria, la cual mejoró su eficiencia energética al aumentar la potencia en un 80% y lo más importante sin incrementar sus emisiones de dióxido de carbono (¡!). Ello es absurdo.

Finalmente, pero no por ello menos importante está lo concerniente al cargo por confiabilidad, que el Ministro Palma cuestiona por considerar que “no pueden seguir los usuarios del país pagando más de seis billones de pesos al año que se carga en el componente de generación de la factura de energía eléctrica” y plantea “un marco jurídico para modificar el cargo por confiabilidad, en donde la regulación quedaría en manos tanto del ministerio como de la Comisión de Regulación de Energía y Gas-CREG”. Se aduce para ello que, supuestamente, con el esquema actual, “los usuarios pagan hasta diez veces el valor de la energía, de lo que cuesta generarla”, Lo cual no tiene asidero en la realidad. La verdad sea dicha, lo que paga el usuario por concepto de cargo por confiabilidad en su factura oscila, en promedio, entre los $50 y $100 el KWH.

Y ello tiene como contrapartida las inversiones en la expansión de la capacidad instalada de generación de energía del orden de US $17.000 millones en los últimos 15 años, gracias al incentivo que ofrece el Cargo por confiabilidad. Desde luego, el cargo por confiabilidad es susceptible de ajustes, mejoras, pero en ello no se puede improvisar sin poner en riesgo la confiabilidad y firmeza del Sistema para el cual sirve de seguro. Con ellas no se juega!

Huelga decir que, la medida más eficaz para bajar los precios y las tarifas de energía, indudablemente, es robustecer y reconfigurar tanto la capacidad instalada de generación como la de transmisión, ya que debido al notorio retraso en la ejecución de los proyectos el Sistema de transmisión nacional (STN) y regional (STR) se encuentran en el máximo grado de stress, dado el déficit que acusa la oferta en firme de energía (OEF).  Sólo con una mayor OEF, sobre todo con la entrada en operación de los 16 parques eólicos de La Guajira, podrá ceder la presión alcista de los precios y la espiral al alza de las tarifas de energía que paga el usuario final. Esas son las leyes del mercado, que no son susceptibles de derogar!

Amylkar Acosta

A propósito del proyecto de reforma de la ley de servicios públicos (I parte)

Después de muchas idas y venidas, vueltas y revueltas del actual gobierno, tres años después de anunciada, por fin el actual ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, radicó en la Cámara de Representantes el proyecto de ley 432, “por medio del cual se establecen mecanismos para la regulación justa y la democratización del sector energético”, a través del cual se busca introducir reformas profundas a las leyes 142 y 143 de 1994, las cuales versan sobre la prestación de los servicios públicos, en particular el servicio de energía eléctrica.

Según el ministro Palma, refiriéndose a estas leyes, afirmó que “si bien tienen algunas cosas positivas, otras merecen revisarse después de tanto tiempo”. Huelga decir que estas leyes que “tienen algunas cosas positivas”, es la que le ha valido la ponderación del Foro económico mundial y el Consejo Mundial de Energía, ubicando a Colombia en el top 10 a nivel global por el desempeño de su sistema energético. El mismo que ha hecho posible que Colombia haya podido superar con éxito 4 fenómenos del Niño sin apagarse, el único país el Latinoamérica que en los últimos 30 años no ha registrado racionamiento en la prestación del servicio del fluido eléctrico.

 

Esta iniciativa se viene a sumar a otras 11 de origen legislativo, con objetivos y propósitos similares, todo ellos loables, como el que plantea el ministro Palma, “de manera inmediata bajar las tarifas de energía”. Entre los aspectos a destacar de este proyecto está el atinente al saldo de  la deuda acumulada de $2.5 billones por concepto de la Opción tarifaria, que data desde la pandemia del 2020. Afirmó el ministro Palma que “los saldos de opción tarifarias no son una deuda de este Gobierno, pero alguien debe asumir esa deuda para alimentar un poco el sistema y darle liquidez al sistema de distribución”. Y resolvieron que se alguien sean “los usuarios de estratos 5, 6, los no residenciales y los no regulados a nivel nacional, asumirán la deuda de la opción tarifaria de los usuarios de estratos 1, 2 y 3 a nivel nacional”.

Hay que aclarar  que si bien esta no es una deuda del actual gobierno, fue el propio Presidente Gustavo Petro quien anunció en mayo del año en Barranquilla que la Nación la asumiría. Y no es justo que los estratos 5, 6, los no residenciales y los no regulados quienes la paguen, cuando ellos no sólo están pagando su propia deuda de la opción tarifaria, sino que están pagando en sus facturas una contribución adicional a su consumo con destinación específica para ayudar a cubrir el valor de los subsidios de los estratos 1, 2 y 3. De modo que cuando se invoca para ello el “principio de solidaridad y redistribución de ingresos”, este ya se está cumpliendo con creces.

Cuando se plantea Los “criterios para la entrega de subsidios en la Ley 142 de 1994 para el servicio de energía eléctrica. Con el fin de incentivar la eficiencia en el consumo energético” y se plantea la posibilidad de “disminuirse condicionalmente el subsidio si los consumos exceden el umbral de consumo de energía mensual que defina el Ministerio de Minas y Energía”, esa norma ya existe en la Ley 1873 de 2017, la cual prevé en su artículo 114 que cuando el beneficiario del subsidio se pasa de la raya y “el mayor consumo excede en un 50% el consumo de subsistencia se pierde el derecho al subsidio” y tiene que pagar tarifa plena sobre todo su consumo. Esta es una norma disuasiva que contribuye a lo que se busca con la que ahora se propone.

En cuanto a la “naturaleza y requisitos de las facturas”, se trata de separar la paja del grano, de tal suerte que en la factura del servicio de energía, en adelante sería “obligatorio totalizar por separado cada servicio” diferente a la energía que se cobre, sólo en tratándose de los servicios públicos de aseo y saneamiento básico, porque así lo dispone la Ley de servicios públicos (142 de 1994), que debería extenderse al impuesto al alumbrado público, que está atado al consumo de energía según lo dispuso tanto la Ley de servicios públicos como la Ley 1819 de 2016 (artículo 352).

Caso aparte el cobro de tasas, sobretasas y otros colgandejos que se incluyen en la factura sin soporte legal, sólo por acuerdos entre el operador de red y la entidad interesada, que ahora quedaría prohibidas. Empero, hay que dejar en claro que ninguno de esos conceptos hacen parte de la tarifa de energía, que tendrán que pagarse por el usuario con la factura de energía o por fuera de ella, razón por la cual no se puede hacer pasar la suspensión de su cobro a través de la factura de energía por una baja de la tarifa de esta. Ello es un sofisma.

Otro acápite de este proyecto de ley tiene que ver con Los “mecanismos de estabilización tarifaria y esquemas tarifarios diferenciales”. Se dice que se guarda “la concordancia con los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera y transparencia desarrollados en el artículo 44 de la Ley 143 de 1994”, pero sólo para desconocerlos y soslayarlos.

En efecto, so pretexto de “proteger a los usuarios de la volatilidad del mercado mayorista”, de la cual, supuestamente se aprovechan los generadores mediante prácticas deleznables, alentados por la codicia, se ordena restringir al máximo la exposición el bolsa de la empresas comercializadoras, sustituyendo, como lo afirma el experto Iván Arroyave “la lógica de mercado por una administrativa”. Confundiendo de paso lo que son los costos de generación con los precios y las tarifas, en donde el cargo por generación (G), que es sólo uno de los seis cargos (CU = G + T + D + C + PR + R).

Amylkar Acosta

Amylkar Acosta invita a una tutelatón para evitar afectaciones a Reficar y a Ecopetrol

El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, calificó la decisión de la DIAN de ejecutar un cobro coactivo a Reficar por impuestos no pagados del IVA del 19 % como “un desafuero”. Según explicó, “al ser Reficar una filial de Ecopetrol, esta decisión la afecta de manera instantánea. Se hace basándose en una interpretación de la norma, porque lo que buscan es hacer efectivo el cobro del IVA del 19 % a las importaciones de combustibles”.

“Hay que tener claro una cosa, y es que toda importación de combustibles se hace a través de Reficar, la cual tiene un régimen especial relacionado con las zonas francas. Estas gozan de un tratamiento que establece que no se pueden cobrar aranceles ni IVA”, afirmó.

 

El exministro recordó que todo el combustible importado llega a una zona franca, y que la importación del 40 % de la gasolina y del 10 % del diésel se realiza a través de Reficar, tarea que ejecuta el grupo Ecopetrol. Por ello, explicó, sería Ecopetrol quien debería asumir ese pago.

“No se pueden interpretar las normas de manera que ofendan la razón. Muy seguramente Reficar interpondrá acciones legales contra esta decisión de la DIAN, y yo personalmente invitaría a todos los colombianos accionistas de Ecopetrol a que hagamos una tutelatón para frenar este atropello”, señaló.

Agregó: “El Gobierno está con dificultades de caja, y el Ministerio de Hacienda y la misma DIAN están en busca de plata como el diablo por almas. Eso explica esta decisión de cobrar de manera anticipada la retención en la fuente, porque se necesitan recursos para cubrir el día a día”.

Nota recomendada: La amenaza de la DIAN a Reficar y Ecopetrol

Al exfuncionario y excongresista le preocupa que este asunto no se solucione del todo, porque, según él, “de hacerse efectivo ese cobro coactivo, Ecopetrol y Reficar verían afectados sus estados financieros, y esto repercutiría en las finanzas de la Nación, ya que el pago de dividendos se vería reducido”.

Amylkar Acosta hizo estas afirmaciones en el marco del Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (COMCE), que se celebra en la ciudad de Cartagena los días 6 y 7 de noviembre

¡Nací de pie!

Un día como hoy, hace 75 años, cuando las manecillas del reloj marcaban las 8 de la noche, según mi partida de nacimiento, también denominada fe de bautismo, vine a este mundo en mi casa de habitación en Monguí, para entonces lo que se llamaría hoy un centro poblado.  Y nací de pie, según me lo contó mi tía Brígida, la Negra Acosta. Este, que es un parto difícil y de mal pronóstico se conoce como parto podálico.

Le pregunté a la Inteligencia artificial, que compite con la inteligencia humana, qué significado tiene, de qué mensaje es portador el nacer de pie y esto me respondió: mucha suerte desde el nacimiento. Ser afortunado, buen augurio. No obstante la intuición y la experiencia me han convencido de que hasta la suerte, que, según Voltaire “es lo que sucede cuando la preparación y la oportunidad se encuentran”, hay que merecer. Además, como dijo Virgilio, “la suerte ayuda a los osados” y si algo me ha caracterizado a mi es la osadía!

 

Bien dice la canción vallenata Recordando mi niñez, de la autoría del compositor Camilo Namén Rapalino “bonita es la vida cuando uno está niño y cuando uno está niño quiere crecer ligero”, para después, con el paso del tiempo, añorar aquellos años mozos cargados de sueños e ilusiones sin límites ni barreras. Esta es la contradicción que embarga a los humanos y que se repite en la edad provecta, que, al decir de Rodolfo V. Talice, en su magistral obra El arte de vivir intensamente 100 años, “el hombre la detesta, aunque parádojalmente se obstine en alcanzarla, por que ve en ella la imagen de su cruel despojamiento”. Entonces es cuando nos percatamos de la idea copernicana de que no es el tiempo el que pasa, somos nosotros los que pasamos mientras el tiempo permanece impertérrito.

No obstante, viéndolo bien, no hay motivos para detestar la vejez y mucho menos para rehuirla, pues nacemos a la vida para llenarla y darle sentido y contenido. Con ella viene la paciencia, la madurez de juicio, el mayor conocimiento y la mayor capacidad de discernimiento, coadyuvante imprescindible a la hora de la toma de decisiones trascendentes y trascendentales. Este es el estadio de la vida que se ve compensado y recompensado con la inteligencia madura, aquella que está más cerca de la sabiduría. De allí el aprecio que tienen los pueblos indígenas por los ancianos de la tribu, por ser ellos portadores de los saberes ancestrales.

Coincido con nuestro laureado premio Nobel de la literatura Gabriel García Márquez en que uno nunca debe pensar “en la edad como en una gotera en el techo que le indica a uno la cantidad de vida que le va quedando”. Y más aún cuando remata diciendo que “la edad no es la que uno tiene, sino la que uno siente”. Al fin y al cabo, como afirma el gran pensador español José Ortega y Gasset, “la vida no es una suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser”.

Bien se ha dicho que “la juventud no es una época de la vida, es un  estado mental. Nadie envejece sólo por vivir un número de años; las personas envejecen al abandonar los ideales. Los años arrugan la piel, pero perder el entusiasmo arruga el alma. Preocupación, duda, desconfiar de uno mismo, temor y desesperanza, estos son los largos años que agobian la cabeza y convierten el espíritu de crecimiento de nuevo en polvo. Ya sean sesenta o setenta, hay en el corazón de cada ser el amor a lo maravilloso, el dulce asombro a las estrellas y lo celestial en los pensamientos, el reto invencible, el infalible apetito infantil por lo que viene y la alegría por participar en el juego de la vida.  Eres tan joven como lo es tu fe, tan viejo como tus dudas; tan joven como tu seguridad, tan viejo como tu temor; tan joven como tu esperanza, tan viejo como tu desasosiego!

A este propósito, traigamos a colación una reflexión del gran pensador Ernesto Sábato, que ojalá nos sirva de moraleja a todos y a todas: “No hay otra manera de alcanzar la eternidad que ahondando en el instante, ni otra manera de llegar a la universalidad que a través de la propia circunstancia: el hoy y aquí…En la vida existe un valor que permanece muchas veces invisible para los demás, pero que el hombre escucha en lo hondo de su alma: es la fidelidad o traición a lo que sentimos como un destino o una vocación a cumplir…”.

Es muy triste llegar a la cima de los años, cuando estos se han desperdiciado inútilmente en naderías; pero es muy satisfactorio, cuando se ha tomado la vida como misión y no como carrera, pues “vivir implica tener una misión, en la medida en que se evite luchar por un propósito valioso, la vida será vacía”. Cuanto más cuando ese propósito ha sido “aprender a seguir aprendiendo, a hacer del aprendizaje”, como lo hizo Thomas Huxley, “una forma de vida, tal vez la mejor forma de todas las vidas posibles”. Justo este año completo 50 años ininterrumpidos dedicados a la docencia y a la investigación universitaria, después de los cuales he llegado a la conclusión de que lo que a uno le queda mejor aprendido es aquello que enseña!

Finalmente, como buen guajiro, mi totem es el cardón, el mismo al que nuestro juglar Leandro Díaz le compuso una de sus más hermosas composiciones, la que a la letra dice : “yo soy el cardón guajiro, que no marchita el sol…el cardón en tierra mala ningún tiempo lo derriba. En cambio en tierra mojada nace de muy poca vida. Por eso es que en La guajira el cardón nunca se acaba. Es que la naturaleza a todos nos da poder. Al cardón le dio la fuerza p´a no dejarse vencer. Yo me comparo con él, tengo la misma firmeza”!

Amylkar Acosta