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Etiqueta: Amylkar Acosta

La apuesta por el desarrollo regional

Colombia desde siempre ha sido, como afirmó el pensador antioqueño Luis López de Mesa, un archipiélago de regiones. Bolívar y sus correligionarios propugnaron por el centralismo y Santander y los suyos por el federalismo en los albores de la independencia de Colombia. Desde entonces  el enfrentamiento político entre unos y otros tuvieron en el centralismo vs federalismo la manzana de la discordia.   

El rol de las regiones es clave en el crecimiento y en el desarrollo económico y social del país. Este no puede ser competitivo si sus regiones no lo son. Colombia se ha caracterizado por un desarrollo desigual, con enormes brechas entre el centro y la periferia, entre unas regiones y otras y también existen brechas intra-regionales. Las regiones más rezagadas del país son el Pacífico y el Caribe, allí se concentra la pobreza y es mayor el Índice de necesidades básicas insatisfechas. 

 

Los planes de desarrollo de los distintos gobiernos en sus diagnósticos identifican y reconocen que las regiones más apartadas y periféricas son las más vulnerables y vulneradas y en la mayoría de ellos, como el del ex presidente López (Para cerrar la brecha), pero sus estrategias para sacarlas de la trampa de la pobreza han sido ineficaces para lograrlo. 

Nota recomendada: ¡El necesario timonazo!

Una manifestación palmaria del aberrante desequilibrio entre unas regiones, las más desarrolladas y otras, las más rezagadas, lo ponen de manifiesto la alta concentración del PIB, el cual, en promedio, pasó de $28.2 millones en 2022 a $30.3 millones en 2023 y peor aún del PIB por habitante. La gran torta, que es el PIB nacional en 2023 alcanzó los $1.584 billones. Pero, los promedios suelen ser engañosos y a la hora del reparto salta a la vista el enorme desequilibrio entre unas regiones y otras. A saber: mientras el Distrito especial de Bogotá, Antioquia y el Valle del Cauca suman $780.1 billones, es decir el 49.2% del total, con $395 billones, $231 billones y 153 billones, respectivamente, en el otro extremo nos encontramos con departamentos como el Chocó, Caquetá, Amazonas y Vaupés, con $6.8 billones, $6.2 billones, $1.2 billones y $426.943 millones, respectivamente. Y si lo analizamos a partir del PIB  per cápita ello es más ostensible: a nivel nacional se registró en 2023 $30.3 millones, pero Bogotá con $50 millones está muy por encima de este promedio ponderado, muy distante de Caquetá, Amazonas, Chocó y Vaupés, los cuales registraron en su orden, según el DANE, $ 14.705.069, $14.259.112, $11.579.375 y $9.127.210.

Mi experiencia, primero como Secretario de Planeación de La Guajira, luego como Coordinador del CORPES de la Costa, Director ejecutivo de la FND y más recientemente como Director de la RAP del Caribe, me permitió comprobar que a pesar de que la Constitución de 1991 estableció el principio de la autonomía territorial, este sigue siendo un país centralista, exacerbada por el avasallador presidencialismo. Y no es para menos, pues el Presidente de la República es, además, el Jefe de Estado, Jede de gobierno, suprema autoridad administrativa y se le suele atribuir, además, el título inventado de primer magistrado de la Nación!

El primer paso para fortalecer la autonomía e impulsar el desarrollo regional es el trámite y aprobación de la Ley de competencias para que entre en vigor el Acto legislativo que fortalece el fisco de los departamentos y municipios, al disponer que el monto a transferirles por parte de la Nación pase del 23.5% de los ingresos corrientes de la Nación hasta el 39.5% hacia el año a la vuelta de 10 años.
Ello sin perjuicio de implementar una reforma tributaria territorial que les permita arbitrar mayores recursos propios, pues hasta ahora todas las reformas tributarias aprobadas por el Congreso han sido solo para arbitrarle recursos a la Nación. De allí que de cada $100 que se recaudan en Colombia, el Gobierno central se queda con $80. Este país es tan centralista que hasta Bogotá es víctima del mismo. Se ha visto recientemente como desde el Palacio de Nariño le han puesto el freno de mano al avance de un proyecto tan estratégico para su desarrollo como lo es el Metro.

En la región es fundamental el relevo generacional, la dignificación de la política y el empoderamiento de la sociedad civil, los centros de pensamiento, los gremios y las universidades, con un mayor compromiso con la integración y el desarrollo regional. En primera instancia, el gran Acuerdo Nacional para el desarrollo económico y social de las regiones ya se dio con la aprobación por parte del Congreso de la República del Acto legislativo que reformó el SGP. Lo que sigue es la Ley de competencias, que es la que determinará con cuales competencias se queda la Nación y cuáles asumirán las entidades territoriales, evitando la redundancia y la duplicidad en el ejercicio de sus funciones.

Amylkar Acosta

A propósito de un exabrupto

La Superintendencia de servicios públicos viene dando palos de ciego, tomando decisiones que lejos de disipar y conjurar los riesgos que afronta la prestación de los servicios públicos, en particular el de energía eléctrica, más bien los está exacerbando. Y lo que es más grave está extralimitándose en sus funciones. Como se recordará, el pasado 13 de diciembre emitió la Circular 20241000001314, mediante la cual se “prohíbe dar inicio o continuar  con el procedimiento de limitación de suministro cuando la Superintendencia de Servicios Públicos haya tomado posesión de la empresa morosa”. Dicha disposición tiene nombre propio, la empresa Air – e, que le presta el servicio de energía a los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, pero tiene dos problemas, uno legal y otro de inconveniencia.

En cuanto a su legalidad, a diferencia de las otras superintendencias, la de industria y comercio, la financiera, la de sociedades, la de puertos y la de economía solidaria, cuyas actuaciones se pueden dar a través de circulares, a la de servicios públicos no le es dable hacerlo. Además, con esta Circular se ha dado por parte de la Superintendencia de servicios públicos una pésima señal, ya que al prohibir poner en práctica la limitación de suministro, que está reglada por la Resolución de la CREG 116 de 1998 y se aplica cuando un agente, en este caso la empresa intervenida deja de cumplir con sus obligaciones de pago, particularmente la energía contratada con los generadores. Ello es una flagrante violación a la misma, pues la contraviene y transgrede.

 

El mensaje de la Superintendencia es que así no pague Air – e la energía contratada con los generadores, estos se obligan a seguir despachándosela, poniéndolas en aprietos, pues ellas a su vez tienen sus obligaciones que cumplir con sus proveedores, lo cual puede llevar al temido efecto dominó, comprometiendo de paso la continuidad de la prestación del servicio de energía. Y, de paso, esta medida tan atrabiliaria como desaforrada puede llegar a inducir a un riesgo moral, ya que la intervención de las empresas se torna en el expediente para que las empresas dejen de honrar sus compromisos con sus propios proveedores. Y claro, en tales condiciones, ninguna empresa generadora se anima a contratar la venta de energía a Air – e a sabiendas de que no le van a pagar. Ahora, en su más reciente pronunciamiento, el 14 de los corrientes, la Superintendencia conmina a las empresas generadoras a suministrar la energía a la empresa intervenida aduciendo que según el artículo  6 de la Ley 143 de 1994 establece que “el servicio se deberá prestar aún en casos de quiebra, liquidación, intervención, sustitución o terminación de contratos de las empresas responsables del mismo, sin interrupciones diferentes a las programadas por razones técnicas, fuerza mayor, caso fortuito o por las sanciones impuestas al usuario por el incumplimiento de sus obligaciones”.

Pero se equivoca, porque “el servicio se deberá prestar” por parte de “las empresas responsables del mismo”, que no son las generadoras sino las operadoras de red, en este caso Air – e y la responsable por su cumplimiento es la Superintendencia que tomó posesión de la misma en septiembre del año anterior y la administra a través de su agente interventora. Para ello dispone de un Fondo empresarial, del cual debe echar mano para solventarla, darle liquidez y así superar las causales de su intervención. En este contexto, tan requerimiento a las empresas generadoras es un exabrupto que no tiene ni pies ni cabeza.

Adicionalmente, refiriéndose a las empresas generadoras y transportadoras de la energía, apela al principio de la solidaridad “estipulado en la Ley 142 de 1994, la que regula los servicios públicos domiciliarios”, para manifestar que “se espera que estas empresas cobren sus servicios de generación y transporte a un precio máximo que no supere la condición de costo-eficiencia”. Y, de esta manera “garantizar la continuidad del servicio y reducir las tarifas para los usuarios de la región”.

Pero, resulta que la Superintendencia está trayendo este principio de los cabellos, porque lo que estipula textualmente dicha Ley en su artículo 87.3 es que “por solidaridad y redistribución  se entiende que al poner en práctica el régimen tarifario se adoptarán medidas para asignar recursos a ´fondos de solidaridad y redistribución´ para que los usuarios de los estratos altos y los usuarios comerciales e industriales, ayuden a los usuarios de estratos bajos a pagar las tarifas de los servicios que cubran sus necesidades básicas”. Este es el fundamento de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 que le adeuda la Nación a las empresas que prestan el servicio, que frisan los $3 billones, sin que la Superintendencia, que fue creada para proteger y defender a los usuarios, sobre todo a los más vulnerables, se inmute.

La Superintendencia, además, le hace un llamado a las empresas generadoras AES Colombia, Celsia Colombia, Enel Colombia, EPM, ISAGEN e ISA INTERCOLOMBIA, “a suministrar a precios costo-eficientes la energía y la transmisión de energía que requiere Air-e para reemplazar el suministro de alto costo, hasta tanto la compañía sea estabilizada y pueda desarrollar su objeto social de manera adecuada”. Lo que dice la Ley de servicios públicos al respecto en sus artículo 73 es que es la CREG, no la Superintendencia, la que debe velar y propender porque las operaciones de las empresas sean “económicamente eficientes, ni impliquen abusos de posición dominante y produzcan servicios de calidad”. Así de clara es la norma. Y también advierte en su artículo 87.7 que “las tarifas económicamente eficientes se definirán tomando en cuenta la suficiencia financiera” por parte de las empresas.

De modo que “suministrar a precios costo-eficientes la energía y la transmisión de energíaes una obligación legal por parte de las generadoras, no una “colaboración” dizque “para garantizar la continuidad del servicio y reducir las tarifas para los usuarios de la región”, que es como lo plantea la Superintendencia. Y si no cumplen con el mandato de la Ley, para eso están tanto la Superintendencia de Industria y comercio como la de servicios públicos, para que en ejercicio de su función de vigilancia y control, que les caiga todo el peso de la Ley y el condigno castigo.

Lo que más preocupa del Comunicado de la Superintendencia es que cuando afirma que con esta medida “busca mitigar el riesgo de una posible interrupción del servicio, mientras Air-e trabaja en su estabilización y en el restablecimiento de su capacidad operativa”, muestra su impotencia ante una realidad que se le sale de sus manos. Esta, entonces, es una especie de S.O.S, con el que se trata de descargar la responsabilidad de evitar el temido apagón en la región Caribe en las empresas generadoras, cuando su responsabilidad al intervenirla del “restablecimiento de su capacidad operativa” es suya, de nadie más.

Amylkar Acosta

¿Qué pasa con los subsidios?

A partir de la Constitución de 1991 la prestación de los servicios públicos dejó de ser una función que le estaba reservada al Estado y se abrió la posibilidad de que también lo pudieran prestar además las empresas privadas y por comunidades organizadas, tal como las tan mentadas como fementidas comunidades energéticas, así quedó prescrito en su artículo 365. No obstante, dejó establecido que “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado”. De ello se sigue que es el Estado el llamado a garantizar la prestación de los servicios públicos, tal como lo establece la Ley 142 de 1994, con eficiencia, calidad, continuidad y equidad.

Este es el sentido y la razón de los subsidios a los usuarios de los servicios públicos más vulnerables, esto es a los estratos 1, 2 y 3, los cuales quedaron reglamentados en el artículo 99.3 de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, como “un descuento en el valor de la factura”. Ello dio lugar a la creación del Fondo de Solidaridad para Subsidios y redistribución del ingreso (FSSRI) mediante la Ley 286 de 1996. Con el cumplimiento de esta norma Colombia honra su compromiso con el 6º y el 7º de los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS), que tiene que ver con el acceso al servicio de agua potable y a las energías renovables.

 

Y claro, para cumplir con estos dos objetivos se tienen que dar dos premisas, la primera es la disponibilidad, por que nadie puede acceder a lo que no está disponible y la segunda tiene que ver con el poder adquisitivo, que tiene que ver con el ingreso de los usuarios, que dependen a su vez de la tarifa por el disfrute de tales servicios. Como es bien sabido, según la más reciente Encuesta de calidad de vida y el Informe sobre pobreza multidimensional del DANE arrojó como resultado que el 47% de los hogares (8´460.000 familias) tenían carencias en 5 dimensiones, entre las que se destaca “no tener acceso a fuente de agua tratada”. Y según el más reciente estudio auspiciado por la empresa PROMIGAS sobre la pobreza energética multidimensional en Colombia se pudo establecer que el 16.1% de la población, 8.4 millones de habitantes están en esa condición. Ello es deplorable!

Ahora bien, los subsidios se aplican directamente a los usuarios mediante sus facturas y luego el Gobierno debe realizar los reembolsos mediante procedimientos que aseguran la validez de dicho proceso. No es como afirmó irresponsablemente el saliente Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho en el curso de una Asamblea de usuarios del servicio de energía que tuvo lugar en Santa Marta, convocada por él, al espetar, sin pestañear, que “los subsidios por ley se asignan a los estratos 1,2 y 3 y no se les entrega a la gente directamente, se les entrega a través de las empresas. Como la mayoría de las empresas son privadas, entonces se quedan con los subsidios

La realidad es otra, quien “se queda con los subsidios” es el Estado, que tiene la obligación de reintegrárselo a las empresas prestadoras del servicio, que terminan financiándolos al descontárselo a los usuarios en sus facturas quedando a la espera de que el Ministerio de Hacienda les gire el valor causado de los mismos. Y es lo que no se viene haciendo de manera cumplida y diligente abocando a las empresas a dificultades de liquidez, solvencia y de flujo de caja para garantizar el cumplimiento de sus propias obligaciones con sus proveedores, entre ellos, en el caso de la energía, los generadores de energía, que son los que se la despachan a través de contratos que deben honrar y con la banca

Entre marzo del año anterior y enero de este año se acumuló una deuda de la Nación con las empresas comercializadoras de energía del orden de los $2.8 billones, de los cuales el Ministerio de Minas y Energía sólo ha realizado la liquidación y conciliación por valor de $1.3 billones. Con el gravante de que esta liquidación y conciliación por parte del Ministerio, mientras el Ministerio de Hacienda no gire, no le dan liquidez a la empresas.

Sólo a comienzos de febrero de este año, ante el fuerte requerimiento que le hicieron conjuntamente la Contraloría General y la Procuraduría, advirtiéndole sobre la inminencia de un apagón financiero que podría derivar en un racionamiento en la prestación del servicio, se comprometió el Ministro de Hacienda Diego Guevara a hacer abonos mensuales, a cuenta gotas, que sumarían para el 30 de abril $1 billón. Pero, como cada mes se causan $300.000, que deben ser asumidos por las empresas, ello quiere decir que para entonces la deuda en lugar de saldarse o por lo menos amortizarse se elevará hasta los $3 billones!

A la deuda contraída por parte de la Nación por concepto de los subsidios con las empresas que prestan el servicio de energía se vienen a sumar lo que les debe a las que prestan el servicio de gas natural domiciliario y de GLP, más conocido como gas propano, del orden de los $628.000 millones y $68.000 millones, respectivamente, con el agravante en estos últimos dos casos que dichas empresas no están obligadas, como si lo están las que prestan el servicio de energía, a descontar en las facturas el valor del subsidio en el evento de que el Ministerio de Hacienda deje de girarlo. Dicho de otra manera, ellas, ante la estrechez de caja podrían dejar de aplicarle dichos subsidios a sus usuarios con lo cual la tarifa prácticamente se les duplicaría, atentándose contra el acceso a un servicio tan esencial como estos. Este es uno de los mayores retos que debe asumir el novel Ministro Edwin Palma, con la seriedad y el compromiso que no tuvo su antecesor en el cargo.

Amylkar Acosta

¡El necesario timonazo!

¡Vísperas de mucho y día de nada!

Ahora que el Presidente de la República Gustavo Petro, en la recta final de su mandato y con el sol a sus espaldas, resolvió recomponer su gabinete ministerial y luego de la renuncia del titular del Ministerio de Minas y Energía Andrés Camacho y se designó en su reemplazo a Edwin Palma, es propicia la oportunidad para este último le dé un timonazo a la política del sector minero – energético y trate de recuperar el tiempo perdido para el mismo por sus dos antecesores y le imprima la dinámica requerida para sortear la gran crisis en que se debate el Sistema eléctrico y el abastecimiento de gas natural. Este sector, según el DANE, fue el de peor desempeño el año anterior, con una caída del 5,2%, restándole 0.3 puntos porcentuales al magro crecimiento del 1.7% del PIB. Salta a la vista que en el incumplimiento delatado por el propio Presidente Petro “de 146 de sus 195 compromisos”, la cartera de Minas y Energía tiene un lugar protuberante.

 

Pésima gestión

Al final de su pésima gestión frente al Ministerio este queda maltrecho con la barrida de la tecnocracia que inició Irene Vélez y continuó Camacho sin solución de continuidad. Nos dejó una de las dos empresas que presta el servicio de energía en el Caribe (Air e) intervenida y con serios problemas, la otra (Afinia) a punto de tirar la toalla y todas las empresas comercializadoras de energía a punto de un apagón financiero y el riesgo de un racionamiento, como lo han denunciado ellas y lo advirtieron en un pronunciamiento conjunto recientemente la Contraloría General y la Procuraduría, que puede llegar a comprometer la continuidad de la prestación del servicio. 

Deja a las empresas comercializadoras de energía con una deuda por concepto de los subsidios por valor de $2.7 billones, suma esta que, si se cumple por parte del Ministerio de Hacienda con los prometidos abonos, se incrementará, en lugar de disminuir,  escalando a finales de abril hasta los $3 billones.  Además, se va debiéndole a las comercializadoras de gas natural y de gas propano (GLP), por concepto de subsidios, $628.000 millones y $68.000 millones, respectivamente. 

Incumplió, además, con la orden que le impartió el Presidente Petro en mayo del año pasado para que titularizara la deuda de los estratos 1,2 y 3 por concepto de la opción tarifaria ($2.8 billones) y de esta manera asumirla por parte de la Nación, la cual han seguido pagando los resignados usuarios. De cumplirse esta promesa presidencial ello ipso facto reduciría el valor de la factura de energía un 24%! El Ministro Palma viene de desempeñarse como Agente interventor de la empresa Air e, así es que conoce de primera mano las afugias de las empresas comercializadores y es sabedor de la necesidad de que el Ministerio de Hacienda les desembolse la suma adeudada a las empresas prestadoras de los servicios públicos.

Se comprometió el Ministro Camacho a que se tomarían medidas para bajar las tarifas de energía, más sin embargo las medidas tomadas directamente desde su despacho y/o desde la CREG no lo han logrado, sólo han servido de espejismo. Y ante su fracaso en su fementido propósito  terminó por convencer al Presidente Petro de que las altas tarifas que estamos pagando los usuarios son “ilegales” pues las atribuyen a la especulación por parte de los generadores, contra quienes la han emprendido. Pese a su alarde, para embaucar incautos, de estar como Ministro “del lado de los usuarios”, también con ellos quedó en deuda.

Su negacionismo lo llevó a descartar la escasez de gas, pues para él se trataba de un caso de “acaparamiento” irregular y al no haber escasez, según él, no vio necesaria las importaciones para cubrir la demanda esencial (residencial, comercial e industrial), la que se viene dando desde el 1 de diciembre y a consecuencia de ello se elevó la tarifa que pagan los usuarios de gas del interior del país entre el 20 y el 36%, la cual considera “injustificada” y lo atribuye a la especulación de parte de las empresas, lo cual derivó en el atropello por parte de las superintendencias de industria y de servicios públicos , desatando una cacería de brujas contra las empresas y lo que fue más grave contra NATURGAS, que es el gremio que las representa. 

Fue incapaz de poner en marcha los parques eólicos en La Guajira, le dijo al país que “no hay proyectos suspendidos” cuando todo el país sabe que la mayoría de ellos han sido abandonados por las empresas desarrolladoras de los mismos. Ello es muy grave porque su entrada en operación habrían contribuido a la confiabilidad, a la firmeza en la prestación del servicio y desde luego también a que los usuarios pudieran sentir un alivio en las tarifas que tanto los agobia. La parálisis de la ejecución de estos proyectos se ha venido a sumar a otros proyectos de generación y de transmisión, destacándose entre estos, por su mayor gravedad, la llamada Línea colectora que ejecuta el Grupo energía Bogotá (GEB), la cual está llamada a inyectar al Sistema interconectado nacional (SIN) la energía que lleguen a generar los parques eólicos, que a falta de licencia ambiental se ha dilatado y por ello sólo entrará en funcionamiento en el segundo trimestre del año entrante.

La hoja de ruta de la transición energética justa en veremos

Tal vez en el frente en donde menos avance ha tenido este gobierno es justamente en la que ha sido su mayor apuesta: la transición energética justa. Contemplada en la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de desarrollo, que hasta ahora se ha quedado en el papel, ya que su avance se reduce a la entrada de 1.9 GW en granjas solares – fotovoltaicos, 9% de la matriz eléctrica, de los 6 GW, 28% de la misma, a los que se comprometió el presidente Petro. Resulta inverosímil que a estas alturas, cuando al Gobierno sólo le restan 17 meses para cumplir su mandato y después de más de dos años largos desde que la ex ministra Irene Vélez anunciara en noviembre de 2022, en el marco de la COP 27, que se tendría la Hoja de ruta de la Transición energética justa para mayo de 2023, sólo se cuente con unos “documentos”, que debían servirle de insumos, en los que se plantean unos “escenarios”, fruto de los “diálogos nacionales” que se propiciaron para el efecto. Es como tener al alcance de la mano las piezas de un lego, pero sin armarlo. En ello la exministra Irene Vélez y el exministro Camacho se rajaron.  ¡Por ello, el mejor legado que puede dejar en este frente el ministro Palma es armarlo!

Un ministro despistado

Una de sus últimas actuaciones fue coadyuvar la presentación, con mensaje de urgencia, del proyecto de ley prohibiendo el uso de la técnica del fracking en Colombia, calificando como “astrología” la falta de información técnica sobre la misma, después de que fue este mismo gobierno  del cual hizo parte el que nos privó de la misma al apagar abruptamente los dos pilotos que estaban llamados a proporcionarla. Dudo que el Ministro Palma, quien viene de las entrañas de ECOPETROL y quien ha luchado en su defensa desde la USO,  que presidió por luengos años, vaya a acolitar en su trámite en el Congreso de la República este esperpento que daría al traste con el futuro de la empresa.

Lo más preocupante para el sector es que a lo errático de la gestión ministerial, se sumaron los mensajes y señalamientos temerarios inculpando a los generadores de energía y últimamente a las empresas distribuidoras de gas como especuladores y responsabilizándolos de las altas tarifas, al extremo de llevar al Presidente Petro a afirmar temerariamente que las tarifas de energía que se cobra a los usuarios son “ilegales”, mientras el Ministro afirma que el alza en las de gas son “injustificadas”, amén de la actuación de las superintendencia de servicios públicos y la de industria, han creado un clima de hostilidad hacia las empresas y hacia el empresariado del sector. Con el agravante de que varias medidas que se han tomado desde el Ministerio, mediante decretos y resoluciones y/o resoluciones de la CREG atentan contra la seguridad jurídica y la confianza inversionista. 

Y hablando de la CREG, insistió el Ministro con terquedad aragonesa en el nombramiento, en calidad de encargados, a los expertos comisionados de la CREG, contraviniendo lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, lo reiterado en sus providencias por parte de la Corte Constitucional, la reconvención de la Procuraduría General de la Nación y la orden perentoria de parte del Tribunal administrativo de Cundinamarca, respaldada por el Consejo de Estado en el sentido de que se cumpla con el ordenamiento legal. Ello ha mantenido a la CREG al garete, en permanente estado de interinidad, al extremo de llegar a su virtual parálisis por no contar con el quorum reglamentario para la toma de decisiones.

Qué se espera del ministro palma

Entre las decisiones que deberá acometer sin tardanza el novel Ministro están entre otras: con carácter urgente, además de destrabar la ejecución de los proyectos en curso, abrir dos subastas, una de reconfiguración y otra de expansión de la capacidad de generación para evitar el déficit de oferta de energía en firme (OEF) que, según la Unidad de planeación minero – energética (UPME) se tendrá el próximo año. La pronta ampliación de la capacidad de regasificación, para poder responder al creciente volumen de gas importado, dado que la Sociedad portuaria del Cayao (SPEC) se tornará insuficiente a muy corto plazo.

Y desde luego dar señales que incentiven y estimulen la actividad exploratoria de hidrocarburos que viene de capa caída. Tanto es así que entre enero de 2023 y diciembre de 2024 la reducción acumulada de la actividad de perforación de los taladros activos en Colombia tuvo una caída del 56.4%, al pasar de 55 a 24 equipos de perforación activos y ello en medio de la precariedad de las reservas con las que se cuenta. Desde luego que tal comportamiento se refleja no sólo en la persistente caída de las reservas sino también de la producción de crudo, que cayó hasta los 755.500 barriles/día, 4% menos que al cierre del 2023. Ello no da más espera. Ardua e ímproba tarea la que le queda por delante al Ministro Palma: desfacer entuertos!

Finalmente, con el ministro Camacho los gremios del sector se perdió la interlocución entre el sector privado y el gobierno, ni siquiera acudió a las convocatorias que le hicieron los organismos de control. Con la llegada de Edwin Palma como ministro se augura que el diálogo y la concertación se restablezcan para bien del sector y del país. En ello él, que ha sido un curtido luchador sindical, tiene una amplia experiencia y le ayuda su talante proclive a llegar a acuerdos, partiendo del reconocimiento, rindiéndose ante la evidencia, de la existencia de los problemas en lugar de soslayarlos y mimetizarlos, que fue cuanto hizo el exministro Camacho.

Amylkar Acosta

Recetando placebos

El Gobierno no ha hecho más que recetar placebos para aparentar que está gestionando la crisis energética que el negacionismo del Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho lo lleva a descartarla. Son varias las dosis de ellos las que se han prescrito por parte de sus más altos funcionarios. Veamos.

La Superintendencia de servicios públicos, siguiendo sus instrucciones, expidió una Circular eliminando “el cobro de conceptos no asociados a la prestación directa de los servicios públicos domiciliarios y el cobro del impuesto  de alumbrado público en la factura de servicios públicos”.  En mi concepto este es un sofisma de distracción, pues se trata de simular una rebaja de la tarifa, tratando de eliminar el cobro a través de la factura de energía de otros conceptos que no hacen parte de la tarifa pero sí de la factura. Y digo que es un sofisma porque por el hecho de que no se  cobren y paguen el impuesto al alumbrado público o la tasa de aseo o la tasa de seguridad con la factura de energía, el usuario lo tiene que pagar por separado.

 

Es más, en el caso del impuesto al alumbrado público, es una Ley 352 de 2016, de la que establece que en su artículo 352, establece que se debe cobrar con el servicio de energía por ser un servicio anejo al mismo. Además, si no se cobra a través de la factura de energía se afecta el recaudo, poniendo en aprietos a los municipios o distritos que tercerizan la prestación de dicho servicio mediante contratos que obligan a las partes, de tal suerte que tienen que responder garantizando el pago a la empresa a cargo del mismo. Y de paso, ello repercutirá además en la calidad y cobertura de la prestación del servicio de alumbrado público, tan indispensable en las ciudades!

Peor que la Circular anterior de la Super es la otra que dispone que no se aplique la llamada “limitación de suministro” a las empresas que lleguen a ser intervenidas, que consiste en que cuando la empresa que comercializa la energía no le paga al generador que se la vende, este queda facultado para suspender el despacho de la misma. Por consiguiente ello puede abocar a las empresas generadoras a la iliquidez y a tener problemas de flujo de caja para atender sus propios compromisos que conlleva la administración, operación, la compra de combustibles en el caso de las centrales térmicas y el pago a proveedores. Ello puede dar lugar al tan temido efecto dominó, que puede conducir a un efecto sistémico, poniendo en riesgo el suministro de energía a los usuarios. Medidas como estas son la peor forma de “defender” al usuario, como aduce el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, cuando sostiene que él está “del lado de los usuarios”.

Y lo decimos porque, definitivamente, la energía más costosa es aquella con la que no se cuenta justo en el momento en que se requiere. Esta es la peor señal para los agentes del mercado, pues atenta contra la seguridad jurídica y la confianza inversionista. Además, la Superintendencia de servicios públicos se está extralimitando en sus funciones, porque ello le compete a la CREG en lo regulatorio y a XM, que es la encargada de administrar el Mercado mayorista y la operación del Sistema Interconectado nacional (SIN).

Y mientras tanto el Gobierno se las apaña para comprar tiempo y dilatar la respuesta al llamado desesperado de parte de los gremios que representan a las empresas comercializadoras y a las generadoras de energía para que le gire los subsidios que les deben. No ha valido tampoco el requerimiento que le hicieron mediante un pronunciamiento conjunto la Contraloría General y la Procuraduría, advirtiéndole del riesgo de un racionamiento en la prestación del servicio.

Esa deuda, que asciende a los $2.8 billones al corte de diciembre 31 de 2024, tiene a las empresas en serios aprietos. Después varios meses después que el Ministro Camacho manifestó que ya su Despacho había hecho la liquidación de los subsidios y que era del resorte del Ministerio de Hacienda girarlos, el anterior Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla adujo que tenía “restricciones de caja” y que ello se lo impedía.

Más recientemente, ante la insistencia de los organismos de control el actual Ministro de Hacienda Diego Guevara se comprometió a cancelarles a las empresas la suma de $1 billón, en cómodas cuotas mensuales, entre los meses de enero y abril de este año. Pero las empresas quedarán en las mismas, pues cada mes se causan $300.000 millones por concepto de subsidios al consumo de los estratos 1, 2 y 3, de tal suerte que de llegar a cumplir lo prometido por parte del Ministro para el mes de abril la deuda acumulada con las empresas comercializadoras de energía no sólo no se habrá saldado sino que será mayor. Pasará de los 2.8 billones a  los $3 billones.

Mientras tanto, sobre la deuda de los estratos 1, 2 y 3 con las empresas comercializadoras por concepto de la Opción tarifaria, que asciende aproximadamente a los $2.5 billones y que el propio Presidente Gustavo Petro se comprometió en mayo del año pasado a que la asumiría la Nación no se ha vuelto a hablar. Y este es el otro lastre que viene afectando la liquidez, la solvencia y el flujo de caja de las empresas comercializadoras, que amenaza con extenderse a las generadoras, causando un efecto dominó con graves repercusiones!

Amylkar Acosta

¡El Día mundial de la energía!

Desde 1949 se conmemora el Día mundial de la energía el 14 de febrero de cada año, iniciativa ésta que tiene por objeto relievar su importancia e imprescindibilidad para el desenvolvimiento de todas las actividades humanas, desde las más simples hasta las más complejas. La energía hace parte de nuestra cotidianidad. Se trata, entonces de despertar la conciencia sobre la necesidad del uso racional y eficiente de la misma, lo cual conlleva también la preservación y conservación de sus fuentes primarias. Sea propicia esta oportunidad para hilvanar y pergeñar algunas disquisiciones al respecto.

Con la energía suele pasar lo que ocurre con las marcas registradas, que terminan confundiéndose con el producto mismo. Recuerdo que por muchos años la única cuchilla de afeitar que se expendía en Colombia era la Gillette y alcanzó tal grado de posicionamiento en el mercado que cuando aparecieron otras marcas que le competían, no faltaba quien iba a la tienda y pedía que le vendieran una Gillette pero marca Minora.

 

Aunque el concepto de energía es genérico se tiende a confundir con la electricidad, que es con la que más se familiariza el usuario de la misma. Es importante, entonces, dejar establecido que son muy variadas las fuentes primarias de energía, las que se clasifican entre renovables y no renovables. Aunque se predica de las energías renovables, como aquellas que no contaminan a contrario sensu de las no renovables que sí contaminan, podemos constatar que la leña y el carbón vegetal, proviniendo de una fuente renovable, son altamente contaminantes.

La energía se rige por dos principios básicos de la termodinámica. El primero de ellos es el principio de su conservación, según el cual la energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma una forma o modalidad de energía en otra. Como ejemplo tenemos lo que ocurre con el gas natural, que es energía química, es una molécula, que se transforma en energía calórica en los hogares cuando se enciende una estufa que lo usa como combustible, como también se transforma en electricidad cuando una planta térmica lo utiliza para generarla.

El segundo principio es el de la degradación de la energía, más conocida por la entropía, según el cual a través de distintos procesos parte de ella se “pierde”, se disipa, dando lugar a la energía útil, que es aquella que se aprovecha para el fin que se usa o consume y la inútil. Un ejemplo de ello es lo que ocurre con el transporte o transmisión de la electricidad desde el centro de generación hasta los centros de consumo, pues en dicho trayecto parte de la energía despachada no llega hasta su destino final. Ello explica el reconocimiento que se hace en la fórmula de la tarifa de energía que paga el usuario final de las pérdidas técnicas a que da lugar (PR).

Desde luego la electricidad tiene una gran relevancia  y representa el 20% del consumo final  de la energía a nivel global y se estima, según la Agencia internacional de energía, que representará el 27% hacia el año 2030, con tendencia a ganar en participación en la matriz energética merced a la Transición energética en curso, pues está llamada a sustituir el consumo de combustibles de origen fósil, altamente contaminantes, pues son la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del cambio climático. Claro está, asumiendo que la generación de electricidad a partir de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias.

Bien dijo el profesor de Historia económica de The University of Sydney Robert Gordon, que “la electricidad (1600) y el motor de combustión interna (1863) comparten la medalla de oro de las invenciones más importantes de todos los tiempos”. Tan importante es la electricidad que ningún conglomerado humano resistiría más de 5 días sin contar con el servicio de energía, si esta llegara a fallar: en una 1 hora morirían todos los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos (UCI), en 15 horas se agotaría la insulina para inyectar a los pacientes que la requieren, en 20 horas dejaría de llegar el agua por la red de acueductos, en 1 día se descompondría la comida que se conserva en las neveras, en 2 días fallecería los bebes que estén en las unidades de neonatos, en 3 días el agua que permanece almacenada dejaría de ser potable y a partir del 5º  día morirían los pacientes que requieren diálisis.

Y volviendo a la energía, no le falta razón al reputado economista Robert Bradles Jr cuando afirma que “la energía es el recurso dominante sobre cualquier otro”. De allí que los países velen celosamente por la seguridad energética y desde tiempos más recientes hacen lo propio con la soberanía energética, pues es bien sabido que la economía, la seguridad y la soberanía energética, así como el medioambiente son variables de una misma ecuación!

Amylkar Acosta

Exministro de Minas y Energía

¡Dicho y hecho!

El año anterior aseguró el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, contra toda evidencia, pues la Bolsa mercantil de Colombia, Gestora del Mercado de gas Natural, dio cuenta de ello, que no había escasez de gas, porque las cantidades disponibles de gas para la venta en los campos nacionales “son suficientes para atender la totalidad de la demanda». No obstante, según la Gestora del mercado de gas en su Informe anual en 2023 “a partir de 2025 la proyección de la demanda crece por encima del potencial de producción”, estimando un déficit del 12% (120 MMPCD) para 2025 y para el 2026 de un 30% (350 MMPCD). Déficit este que tendrá que cubrirse con importaciones.

Al negar la escasez, a contrario sensu de lo que mostraban las cifras, lo que pasaba, según el ministro, era que “algunos agentes están contratando más gas del que realmente necesitan”. Amenazó entonces con sancionar a los presuntos “acaparadores”, pero, como dijera el Poeta León de Greiff, todo pasó sin que pasara nada. También descartaba la necesidad de importar gas natural para cubrir la demanda esencial (domiciliaria, comercio, industria y vehicular) y cuando se hicieron efectivas las primeras importaciones el 1 de diciembre del año anterior de 40 MMPCD, el Ministro salió a decir que las mismas eran solo para tener “reservas” por parte de las empresas, con el fin de “cubrirse en caso de ser necesario”.

 

En su momento aseguró, también, que no había motivos para preocuparse por su impacto en los precios del gas natural, que ahora los hechos terminan refutándolo. En efecto, varias empresas comercializadoras del gas natural, entre ellas VANTI, EEPPMM, EFIGAS han anunciado notorios incrementos en las tarifas del gas natural, alza esta que oscilará entre el 20% y el 36% y se reflejará en la factura del mes de febrero.
El Ministro Camacho reaccionó diciendo que “gas tenemos. Los incrementos en tarifa son injustificados” porque “tenemos gas disponible, está garantizado el abastecimiento. Con la disponibilidad de gas que está dándose en el país, debe estar totalmente cubierto el suministro con unos costos eficientes”. De ser cierto el mensaje del Ministro sería absurdo que a las empresas comercializadoras del gas natural se les antoje importarlo a precios exorbitantes cuando está “disponible” en el país a “costos eficientes”. Llama poderosamente la atención que mientras el ministro no ve la necesidad de importar gas, expidió el Decreto 1467 de 2024, fechado el 10 de diciembre, mediante el cual se estipularon los lineamientos para importarlo.

Y fue más lejos el ministro al amenazar a dichas empresas con investigaciones por parte de la Superintendencia de servicios públicos el “comportamiento de agentes”. El propio presidente de la República Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta X, acusándolas sin fórmula de que “están especulando”. Dijo, además, que ECOPETROL “tiene el gas colombiano barato, pero quieren importar el gas caro, porque eso eleva las tarifas de energía a todos los actores del sistema eléctrico” y acudió a la Superintendencia para que “proceda” en consecuencia.

El gas de ECOPETROL, el mayor productor, al que se refiere el Presidente Petro, el mismo que según el Ministro Camacho “ECOPETROL inició un proceso comercial de venta de gas natural disponible”, alude a un Boletín emitido por la estatal petrolera, acogido y divulgado desde la Presidencia de la República. Pero, al leer entre líneas su texto, salta a la vista que lo que se plantea por parte de la misma, es su compromiso “con el abastecimiento de gas natural en el país, para asegurar el suministro estable en los próximos tres años”, no así en el año que corre, el 2025!

Según el vicepresidente de grandes clientes de VANTI John Jairo Contreras, “estamos experimentando un aumento en la prestación del servicio público básicamente porque los contratos que veníamos usando en años anteriores tuvieron vencimiento en 2024 en el mes de noviembre. Se renovaron esos contratos, los campos tradicionales del Piedemonte llanero vienen en un proceso de reducción de su producción y tuvimos que buscar fuentes distintas…Esas fuentes están ubicadas en la costa Caribe, es decir que el precio del gas se aumenta por el cambio de fuente mayoritariamente gas importado y otra razón importante es que la señal de transporte de ese gas desde el nuevo punto, pues obviamente es mayor”. Huelga decir que el gas importado es más costoso que el que se extrae en el país, mientras el precio del primero oscila alrededor de los US $18 el MMBTU el segundo fluctúa en torno a los US $5 el MMBTU.
Ojalá no se repita la historia de la investigación anunciada y que se sepa nunca cumplida contra los supuestos “acaparadores”. Esta es una imitación de lo que viene dándose en el sector eléctrico, en donde el propio Presidente Petro le atribuye a los generadores la responsabilidad del alza de las tarifas, porque supuestamente especulan con los precios de la energía y “han saqueado los bolsillos de la ciudadanía”. No obstante, hasta ahora, que se sepa, no existe ninguna investigación y/o sanción contra ellas por tales motivos!

Para mí estos anuncios altisonantes del ministro Camacho no pasan de ser solo baladronadas, tendiendo de paso una cortina de humo, para salir del paso. Este escenario catastrófico debería llevar al gobierno a reflexionar, a repensar y ojalá a rectificar su decisión de descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, porque lo que se deje de hacer en estos años repercutirá en los años venideros, acentuando el riesgo de desabastecimiento y con este poniendo en grave predicamento la seguridad y la soberanía energética del país.

Amylkar Acosta

Entre falacias y espejismos

El Gobierno ha sido errático en su política energética, que tiene sumida en una crisis inducida al sector. Recordemos que, en septiembre de 2022, el Presidente Gustavo Petro anunció, en respuesta a la inconformidad de los usuarios por las altas tarifas, que intervendría a la CREG para bajarlas, insinuando con ello que esta era la responsable de la espiral alcista de las tarifas. Ello no le fue posible porque el Consejo de Estado le dejó en claro que él no podía suplantar a la CREG, pues tiene sus propias competencias por ministerio de la Ley.

Pero, a poco andar la CREG quedó en sus manos, con la posibilidad de nombrar en propiedad a los 6 expertos comisionados que hacen parte de la misma, como lo manda la Ley 142 de 1994 de servicios públicos. En lugar de ello, contumazmente, insiste en nombrarlos en calidad de encargados y de contera sin que, algunos de ellos cumplan con los requisitos, razón por la cual la CREG se ha mantenido en permanente interinidad y lo que es peor sin quorum para tomar sus decisiones, en momentos en los que más se requiere contar con ella.

 

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Ha afirmado el Presidente que las alzas en las tarifas obedece a la especulación por parte de las empresas generadoras, dando lugar a precios exorbitantes en la Bolsa de energía o Mercado mayorista. Sin embargo, hasta la fecha no se conoce una sola investigación por parte de la Superintendencia de Servicios públicos, que fue creada para defender al usuario o de la Superintendencia de industria y comercio, que está obligada a intervenir cuando se presentan casos de abuso de posiciones dominante. Incluso afirmó que Colombia era el único país en donde no era el Estado quien regulaba las tarifas sino las empresas. Lo cual es falso de toda falsedad, esa es función de la CREG. No pasa de ser una falacia.

Más recientemente, en mayo del año anterior el Presidente Petro, en respuesta al clamor de los usuarios, sobre todo en la región Caribe, anunció que la Nación asumiría la deuda que por concepto de la Opción tarifaria tienen los estratos 1, 2 y 3, aproximadamente $2.8 billones de un total del saldo de $4.5 billones. De asumirse la deuda de la Opción tarifaria, esa sí sería una forma efectiva de bajar las tarifas a los más vulnerables, que son la inmensa mayoría de los usuarios, porque representan, particularmente en la región Caribe, más del 80% de estos. Con tal medida se podría reducir el costo de la factura de energía en un 24%, aproximadamente.

De manera que de poco o nada servirán las marchas para “bajar las tarifas de energía”. Con ello solo se va a botar corriente y es una cortina de humo para ocultar la incompetencia y la negligencia por parte del Gobierno al no encarar este problema con diligencia y seriedad. Bien se ha dicho que es más fácil hacer política con las tarifas que formula una política de tarifas. Y menos anuncios como el del Presidente Gustavo Petro para animarlas de que tiene entre manos “una nueva fórmula tarifaria, que una empresa que se llama XM no está aplicando”. Ello no pasa de ser un espejismo!

Amylkar Acosta

¡El efecto Trump 2.0!

Como era de esperarse el arribo nuevamente al Salón oval de la Casa blanca del Presidente de los EEUU Donald Trump ha significado un viraje de la política ambiental de la potencia del Norte, tomando distancia de la Transición energética emprendida por Obama y secundada por Biden, después del bache que significó la primera administración Trump con respecto al compromiso adquirido derivado del Acuerdo de París de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), al renegar del mismo en 2017.

Investido del poder arremetió contra el legado de su antecesor con una andanada de órdenes ejecutivas mediante las cuales anuló 67 de sus medidas y promulgó 25 de su propia cosecha. Entre estas dispuso el retiro, otra vez, del Acuerdo de París, el cual se lo notificó a las Naciones Unidas a través de una misiva que lleva su rúbrica, alegando que EEUU no puede continuar “dilapidando” el dinero de los contribuyentes estadounidenses girándoselo a otros países que “no lo necesitan o no lo merecen”. En su discurso de posesión habló de “liberar” al sector energético y con tal fin declaró la emergencia nacional en materia energética, con el firme propósito de relanzar y reactivar los proyectos tanto mineros como hidrocarburíferos en todo el territorio estadounidense, sin excepción.

 

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En el curso de su campaña electoral, que terminó con su elección a la Presidencia de la República, Trump fue enfático en plantear en materia de hidrocarburos su consigna de “perforar, perforar y perforar”. Lo reiteró en su discurso de posesión: EEUU  tendrá “la mayor cantidad de petróleo y gas de cualquier país del planeta y vamos a utilizarlo”. Con ello busca un mayor y mejor posicionamiento de los EEUU en el mercado petrolero haciéndole contrapeso a la OPEP, lo que le permitirá influir mayormente en los precios del crudo, que busca abaratarlos y con ello reducir costos a su industria y de paso meter en cintura la temida inflación. De ello se sigue que se levantarán todas las medidas expedidas por el expresidente Biden que limitaba la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas protegidas. Siendo el mayor productor de crudo del mundo, con 13.2 MMBD y uno de los mayores exportadores, con 3.99 MMBD, al soltarle las riendas a la industria petrolera se espera una inundación del mercado petrolero y como consecuencia de ello una caída de la cotización del precio del barril de petróleo, lo cual tendrá un gran impacto directo en la economía colombiana, dado que este es, de lejos, el primer renglón de sus exportaciones.

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Con la declinación de las reservas, la baja de la producción y la caída del precio de las decrecientes exportaciones por parte de Colombia caerá también el ingreso de divisas, la Nación recibirá menores dividendos de parte de ECOPETROL, caerá el recaudo de impuestos de renta proveniente de la industria petrolera y las entidades territoriales verán diezmados sus ingresos provenientes de las regalías que pagan las empresas petroleras.

Además, el marginamiento de los EEUU del Acuerdo de París, es un rudo golpe a la acción climática tendiente a la descarbonización de la economía global y significará también un alejamiento de las metas y los compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de cara al 2030, para contener la amenaza del Cambio climático. Tanto más, en cuanto que los EEUU es el segundo país con mayor responsabilidad de las emisiones de GEI a nivel global, después de China.

En este contexto, se torna aún más irrelevante la posición del gobierno de Colombia, que decidió descartar la firma de nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos y fue más lejos al firmar el Presidente Gustavo Petro, en el marco de la COP 28, el Tratado de no proliferación de los combustibles fósiles, comprometiéndose a no seguir explorando y explotando el petróleo. Todo ello, supuestamente, como una contribución a la lucha contra el Cambio climático, que tiene en Trump uno de sus más reconocidos negacionistas, pues para él no es más que un “fraude”, un cuento chino que se inventaron para que la economía china le saque ventaja a la de EEUU.

Colombia terminará quedándose con el pecado y sin la gracia, pues la caída de su producción y de sus exportaciones de petróleo, igual que ha venido ocurriendo con el carbón que Colombia ha dejado de exportar, serán compensadas con creces por la mayor producción (17.6 veces la de Colombia) y las mayores exportaciones (10 veces las de Colombia) por parte de EEUU, en un mundo que sigue consumiendo con avidez los combustibles de origen fósil.

La Ley de Keynes es implacable: toda demanda crea su propia oferta, de la cual se sigue que mientras haya quien consuma carbón y petróleo habrá quien los produzca. De hecho, en los últimos tres años lejos de aminorar la demanda por ellos, como se piensa con el deseo por parte del actual gobierno, se han registrado records históricos consecutivos. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la curva de la demanda por crudo sólo se estará aplanando más allá del año 2030. ¡Como diría el Nobel de la Literatura el mexicano Octavio Paz, quienes así piensan están a las afueras de la realidad!

Amylkar Acosta

La súper poderosa ANH

El Gobierno ha dado en la flor de desbarajustar al sector energético. Como se recordará la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez, violando la Ley que creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), delegando lo indelegable, mediante la Resolución 40234, fechada el 23 de febrero de 2023, le trasladó una serie de funciones y competencias que son ajenas a su misión estipulada en la Ley que la creó, cual es “la administración integral de las reservas de hidrocarburos de propiedad de la Nación”. Esta Resolución es contraria y va a contrapelo de lo dispuesto por el Decreto 1760 de 2003, que ordenó la escisión de la estatal ECOPETROL y creó la ANH y del Decreto ley 4137 de 2011, que cambió su naturaleza,

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El Ministro Andrés Camacho, quien la relevó en el cargo, continuó en el empeño de “desguazar” a la ANH, ahora que a ésta la dejaron sin oficio luego de la desafortunada decisión tomada de desembarazarse de los hidrocarburos, marchitándolos prematuramente, al descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de los mismos, no obstante la precariedad de las reservas con las que cuenta el país tanto en petróleo como en gas natural. Ya hasta el nombre le cambiaron a la ANH, ahora es la Agencia Nacional de Energía de Colombia. 

En efecto, el año anterior el Ministerio de Minas y Energía expidió la resolución 40234 en la que, según el Presidente de la ANH Orlando Velandia, les “da funciones de conocimiento para algunos recursos no convencionales como son el hidrógeno blanco, la generación geotérmica, la generación eólica, y un tema que aunque no es específico de generación de energía, sí tiene que ver con la mitigación de los gases de efecto invernadero que es la captura y almacenamiento del CO2”. De esta manera, la ahora todopoderosa ANH asumirá todo lo concerniente a las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER). De hecho ya la ANH se estrenó saltando a la palestra liderando la Primera Ronda para la asignación de permisos de ocupación temporal sobre áreas marítimas para el desarrollo de proyectos degeneración de energía eólica offshore. 

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Esta primera Ronda ya cuenta con una lista preliminar de empresas habilitadas por parte de la ANH para la asignación de permisos de ocupación temporalsobre áreas marítimas del mar Caribe. Según el Ministro Camacho “este es el inicio de la expansión de la transición energética hacia nuestros mares, posicionando a Colombia como un punto de referencia para Latinoamérica y el Caribe en el aprovechamiento sostenible de los recursos, diversificando la matriz energética para el beneficio de los colombianos”. Huelga decir que la ANH tiene cero experiencia y experticia, porque no ha sido lo suyo, en FNCER. 

Cabe preguntarse cuál será el futuro de este nuevo emprendimiento, porque si el Gobierno no ha sido capaz de sacar avante los proyectos de los parques eólicos onshore, debido fundamentalmente a un entorno hostil, a una ANLA que arrastra los pies para expedir las licencias ambientales y a la inseguridad jurídica, será que se le deparará una mejor perspectiva a los parques eólicos offshore. A contrario sensu de lo que ocurre en la realidad, afirma el Ministro Camacho, sin sonrojarse, llevado por su negacionismo, que dizque “los proyectos eólicos de La Guajira siguen en marcha”, en momentos en los que estos siguen empantanados, con pronóstico reservado.

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Convertida por arte de birlibirloque la ANH en la Agencia Nacional de Energía, ahora el turno le llegó al Instituto de Soluciones Energéticas para Zonas no interconectadas (IPSE), que atiende las necesidades energéticas de los habitantes que no cuentan con este servicio; identificando, implementando y monitoreando soluciones energéticas sostenibles en las Zonas no Interconectadas- ZN. El propósito es absorber las funciones y competencias del IPSE, que desaparecerá al fusionarse con la ANH. Así se desprende del proyecto de Decreto del Ministerio de Minas publicado para comentarios y cuyo plazo para estos se venció el 15 de los corrientes, “por el cual se fusiona el IPSE en la ANH, se modifica su estructura y se dictan otras disposiciones”.

De esta manera se ha convertido a la ANH en una empresa super poderosa, asumiendo y concentrando múltiples funciones, abandonando las suyas propias. El camino escogido para adelantar este proceso en volandas no es muy ortodoxo y entraña riesgos administrativos impredecibles, amén de los cuestionamientos sobre la legalidad de lo actuado. 

Lo único que está quedando por fuera del radar de la otrora ANH es su función de velar por la administración de los recursos hidrocarburíferos del país que, por ministerio de la Ley, debe ejercer. Con ello se está transgrediendo la ley, violándola flagrantemente, saltándose a la torera las disposiciones legales y de paso se está incurriendo en un prevaricato, porque al funcionario público solo le es dable hacer lo que le manda la Ley, nada más pero tampoco nada menos. Es evidente que tanto la Resolución expedida por la ex ministra Irene Vélez como el proyecto de Decreto de marras transgreden la Ley, pues esta es una norma de rango superior, que sólo puede ser modificada por otra Ley. De modo que no le auguro un buen destino a estos dos actos administrativos que rayan en la arbitrariedad. El Consejo de Estado tiene la última palabra!

Y a todas esas cabe preguntarse, en dónde está el Piloto. Pues, el actual Presidente de la ANH, Orlando Velandia, como si no tuviera suficiente con la enorme responsabilidad que le implica estar al frente de esta super poderosa entidad, funge en este momento como experto comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en calidad de encargado, contrariando lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, la providencia de la Corte Constitucional, el fallo del Consejo de Estado y del Tribunal Contencioso administrativo de Cundinamarca, los cuales han sido enfáticos en que los expertos comisionados de la CREG, además de cumplir con unos requisitos técnicos rigurosos, que demandan la experiencia y experticia de los expertos comisionados, estos tienen período fijo y son de dedicación exclusiva, no pueden ser encargados y por tal motivo ya el Consejo de Estado ha anulado varios nombramientos, tanto del anterior como del actual gobierno!

Amylkar Acosta

AIR – E: la punta del iceberg

Como se recordará, la empresa Air – e, que le presta el servicio de energía eléctrica a los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira fue objeto de intervención con fines de administración el pasado mes de septiembre por parte de la Superintendencia de servicios públicos, a solicitud de la misma empresa, procediendo en consecuencia a la toma de posesión de la misma, para lo cual procedió a nombrar como Agente interventor inicialmente al Ingeniero Carlos Diago , quien posteriormente fue reemplazado 40 días después por el ex viceministro del Trabajo Edwin Palma. Al anunciar esta decisión, el entonces Superintendente Dagoberto Quiroga manifestó que no se descartaba la liquidación “si no se alcanzan los objetivos”.

Como antecedente es importante destacar que la empresa Air – e, a través de un comunicado que emitió  el 10 de octubre de 2023 declaró su insolvencia e incapacidad de honrar sus compromisos con las empresas generadoras que le despachaban la energía que distribuye, incumpliendo sus contratos con las mismas. La razón que invocó en aquel momento la empresa fueron su falta de liquidez y de flujo de caja. Ello daba lugar a su intervención por parte de la Superintendencia de servicios públicos, debido a que quedaba incursa en la denominada “limitación de suministro”.

 

Para evitar la intervención, de soslayo, el Ministro de Minas y Energía expidió en volandas la Resolución 40611 el 11 de octubre de 2023, suspendiendo la aplicación de la “limitación de suministro a Air – e, al tiempo que abrió una línea de crédito en FINDETER, mediante el Decreto 1637 del 9 de octubre, a la cual podían a acceder esta y las demás empresas para la financiación de la deuda que por concepto de la Opción tarifaria tenemos contraída los usuarios con ellas, que ya superaba los $5 billones y cuya suspensión del cobro ordenada por la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez había puesto en calzas prietas a las empresas. A ello se vino a sumar la mora por parte del Gobierno Nacional del reintegro del valor de los subsidios al consumo de energía aplicado a los estratos 1, 2 y 3.

Pues bien, acaba de expedirse por parte de la Superintendencia de Servicios públicos una Resolución mediante la cual la modalidad de su intervención a la empresa Air – e pasa de la modalidad con fines de administración a otra con fines de liquidación. Con el fin de “adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento de la empresa y garantizar la continuidad de la prestación del servicio como un derecho”. Esta decisión estuvo antecedida y motivada en el “Informe diagnóstico de gestión remitido por el Agente especial de Air – e (intervenida), que muestra la compleja situación financiera y operativa de la empresa”.

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Según lo acota la propia Superintendencia, con “la decisión adoptada se garantiza la normalidad en la prestación del servicio a los usuarios como un derecho y desde la Superintendencia se adelantarán las medidas necesarias para que Air – e pueda continuar adelantando su actividad en los términos exigidos por la Ley”. Empero, para lograr dicho cometido la Superintendencia está en la obligación de solventar a la empresa, darle liquidez y flujo de caja para mantenerla a flote y garantizar su operación y así evitar un apagón. Y ello solo se puede lograr inyectándole los recursos que requiere, sobre todo para comprar la energía que distribuye. Para ello la Superintendencia cuenta como fuente de financiamiento el Fondo empresarial, la mera intervención, per sé, no resuelve la delicada crisis financiera, que llevaron a la intervención.

Es más, el caso de Air-e no es aislado, es solamente la punta del iceberg de la gran crisis que afrontan las 12 empresas prestadoras del servicio, la cual se debe fundamentalmente al pasivo de la Nación, que está en mora de girarles $2.4 billones por concepto de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, ya aplicados por ellas y que el Gobierno Nacional les debe reintegrar. A ello se suma el lastre de la deuda que tenemos contraída con ellas por parte de todos los usuarios por concepto de la Opción tarifaria, cuyo saldo asciende a los $4.5 billones, de los cuales el propio Presidente de la República se comprometió públicamente en el mes de mayo a asumir el monto correspondiente a los estratos 1, 2 y 3, $2.5 billones. A estas deudas se vienen a sumar lo correspondiente a los subsidios a los usuarios de tales estratos de gas natural y GLP, las cuales ascienden a $628.000 millones y $54.000 millones, respectivamente. 

De hecho el Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez manifestó recientemente que “esto es demasiado grave, EPM sigue suministrando la energía, pero yo no sé hasta cuándo la caja de las empresas va a aguantar” y añadió: “para antier es tarde, desde hace rato se le viene advirtiendo al Gobierno que esto es una inminente crisis en el sector energético, y no solo de EPM, todos los operadores se lo han dicho, lo de Vichada estaba advertido, de Norte de Santander, de Caldas, de Quindío, de todo lado está advertido”.

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La empresa XM, que opera el Sistema interconectado nacional (SIN), lo advirtió desde el 4 de octubre de 2023, que ello podría lugar a un efecto dominó, porque si las empresas distribuidoras no tienen con qué pagar la energía que comercializan, las generadoras se ven a gatas para cubrir sus gastos administrativos, operativos y sus obligaciones bancarias, amenazando con colapsar el Sistema. Y lo advirtieron los gremios del sector, que todo ello puede conducir  a una “crisis financiera sistémica y previsible”

Es urgente, entonces, la intervención del Gobierno Nacional a través de la Superintendencia, en el caso de Air – e, buscarle una salida la carga que significa para las empresas la deuda de la Opción tarifaria y la decisión por parte del Ministerio de Hacienda de girar el valor de los subsidios, antes de que sea demasiado tarde!

Amylkar Acosta

De cábalas y cabañuelas

“Yo soy yo y mis circunstancias, sino las salvo a ellas tampoco me salvo yo” Ortega y Gasset

Dijo el gran estadista británico Sir Winston Churchill que “ el político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene y de explicar después por qué no ha ocurrido”. De manera análoga, las pitonisas, los videntes, adivinos, astrólogos y agoreros, que por esta época de comienzos de año abundan como la verdolaga, siempre nos quedan debiendo la explicación del por qué no se cumplieron sus predicciones.

 

Uno de los más célebres y antiguos referentes de ellos fue el boticario francés Michel de Nôtre-Dame (1503 – 1566), más conocido como Nostradamus, a quien se le atribuían poderes paranormales que le permitían adivinar el futuro acontecer, sin recurrir para ello a la “bola de cristal” del clarividente. Se hizo célebre con la publicación de su libro Les propheties, una colección de 942 cuartetas poéticas que compendiaban sus vaticinios sobre la ocurrencia de muchos eventos hacia el futuro. La primera edición del mismo vió la luz en 1555 y desde entonces quienes lo siguen a pie juntillas vienen interpretando los mensajes crípticos de los cuales es contentivo.

A Nostradamus se le atribuye haber anticipado el nacimiento del monstruo del siglo XX, el Fürer Adolfo Hitler y el incendio de la Catedral de Notre Dame de París. Y más recientemente la pandemia del COVID -19 de la cual es portadora el nuevo coronavirus SEARS-CoV-2. Así se colige de dicho texto, cuando pronosticó que “la gran plaga de la ciudad marítima no cesará hasta que se vengue la muerte de la sangre justa condenada por un precio sin delito”. Menos mal que no se cumplió ni la muerte del Papa Francisco ni se produjo el estallido de la tercera guerra mundial en el aciago 2020, como lo anunciaban los apologistas y alabarderos de Nostradamus.

Quien si sabemos, con seguridad, que, más que predecir o profetizar, alertó sobre el advenimiento de esta terrible pandemia, que convirtió el 2020 en un Annus horribilis, fue el empresario y filántropo Bill Gates, a quien no ha faltado el desatentado que, basado en las fake news y en las teorías conspirativas, le achaque a él su propagación primero y ahora la vacuna dizque para “dominar” a la población.

Con cinco años de antelación, en 2015, en pleno brote del ébola, afirmó lo siguiente: “cuando yo era chico el desastre más temido era vivir una guerra nuclear…Hoy la mayor catástrofe mundial es una pandemia. Si algo va a matar a más de diez millones de personas en las próximas décadas será un virus muy infeccioso, mucho más que una guerra. No habrá misiles, sino microbios. Gran parte de esto es que se ha invertido mucho en armamentos nucleares pero se hizo muy poco en crear sistemas de salud para poder detener las epidemias. No estamos preparados”. Y fue más lejos al advertir la existencia de “un virus con el que las personas se sientan lo suficientemente bien mientras están infectadas para subirse a un avión o ir al supermercado y eso haría que se extienda por todo el mundo de manera muy rápida”. Dicho y hecho.

Ahora ha sorprendido Bill Gates al mundo con una aterradora predicción, de una nueva epidemia en un futuro mediato, pero que puede anticiparse, por fortuna según él no será tan devastadora como la COVID – 19, no tanto porque se prevea que no sea tan mortífera si no porque encontrará al mundo mejor preparado para enfrentarla gracias a los esfuerzos que ha tenido que desplegar para compatir el nuevo coronavirus. Según él su ocurrencia “podría ser dentro de 20 años, pero debemos suponer que podría ser dentro de 3 años”. Y, como se suele decir, guerra avisada no mata gente o por lo menos mata menos gente, máxime cuando esta vez sí estaremos mejor preparados y entrenados!

Como quedó consignado en un texto del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), publicado en enero de 1932 en su revista Technology Review, pero que sigue teniendo vigencia, “interpretar los eventos del pasado es el único método válido para predecir el futuro” desde la ciencia. Y ello se explica porque de esta manera es como se pueden establecer las tendencias, aunque no pocos eventos escapan a dicho escrutinio dado el carácter disruptivo de ellos.

Definitivamente las cábalas, las conjeturas y las especulaciones en torno a lo que nos es dable esperar hacia el futuro pierden cada vez más espacios, terreno y credibilidad, pues gracias a la Big data, a la Inteligencia artificial (IA) y a los algoritmos es cada vez más previsible lo que va a pasar. Ello me lleva a firmar que Bill Gates no saca sus pronósticos y previsiones de la manga, tampoco de su propio magin, sólo que es uno de los hombres mejor informados y gracias a su equipo con la mayor capacidad de acceder y procesar el cúmulo de información disponible.

Por su parte las cabañuelas han corrido la misma suerte del pintoresco Almanaque Bristol, de color naranja, que debe su nombre a su gestor Cyrenius

Chapin Bristol, que circula en los meses de diciembre de cada año desde 1832, el cual servía de cabecera a los agricultores, pues en el se pronosticaba con gran acierto el comportamiento y el “estado del tiempo”. Sigue teniendo una gran acogida en Colombia, habida cuenta que en 2018 de 1.5 millones de ejemplares, que fue su tiraje, un millón de ellos se vendieron en nuestro país como pan caliente. Llegó a alcanzar tal celebridad que nuestro laureado con el premio Nobel de la Literatura Gabriel García Márquez en sus obras La hojarasca y El amor en los tiempos del cólera, menciona al Almanaque Bristol con nombre propio.

Pues bien, 193 años después de su nacimiento, el icónico Almanaque ha quedado sin oficio, por lo menos en lo que hace relación a la predicción del tiempo, por cuenta del Cambio y la variablidad climática, que ha llevado a que llueva en verano y tengamos verano en época invernal.

Amylkar Acosta

¡Tarde piache!

Esta es una expresión o vocablo con el cual se quiere significar el hecho de que no es posible revertir o resarcir el daño infligido, ya sea por acción u omisión, aunque el responsable del desaguisado se arrepienta. Dicho de otra manera, el daño está hecho y apelación a los infiernos!

Este es el caso que tiene como protagonista a la ministra de Ambiente y Desarrollo sostenible Susana Muhamad. Veamos la secuencia de los hechos. El 18 de mayo de 2022 el entonces presidente de ECOPETROL Felipe Bayón anunció la firma de un acuerdo con la petrolera ANADARKO, empresa esta subsidiaria de Occidental Petroleum (OXY), como operadora, con la cual se había avanzado en la exploración conjunta costa afuera en cuatro bloques en el Caribe colombiano, ampliando de esta manera la frontera hidrocarburífera de Colombia.

 

Se destaca en esta nueva cuenca sedimentaria, en el Bloque COL – 1 el yacimiento denominado KOMODO – 1, el cual, según los análisis geológicos podría llegar a representar una reserva de hidrocarburo (petróleo y gas) más significativa que SIRIUS, lo que convierte este descubrimiento en el más gigantesco de todos, en uno de gran potencial para Colombia, estimado en 20 TPC, equivalente a casi 10 veces el volumen de las reservas probadas remanentes con las que cuenta actualmente el país. En su localización confluyen las capitanías de puerto de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha.

Y ello le viene bien al país, en momentos en los que el gas escasea y empezamos a importarlo. Refiriéndose a SIRIUS, el Presidente de la República Gustavo Petro manifestó que él sabe que “genera emoción recibir noticias sobre hallazgos históricos de reservas de gas u otro recurso energético y más porque hace más de 20 años no nos llegaban estas noticias, pero estamos en una transición energética, no podemos seguir con lo fósil”. Y fue más lejos al espetar que “puede parecer como una gran noticia, descubrir gas o descubrir un gran embalse de petróleo, pero eso no alegra a la humanidad, la asusta”.

Asustados están ahora los usuarios y consumidores en el país de saber que, como lo afirmó la Presidenta de NATURGAS Luz Stella Murgas, “en Colombia el gas barato se acabó”, refiriéndose a que el gas importado es mucho más costoso, oscilando su precio alrededor de los US $18 el MMBTU, que el que se extrae en el territorio nacional, que fluctúa en torno a los US $5 el MMBTU. Se cumple, una vez más, el aserto de que el energético más caro es aquel del cual no se dispone justo cuando se requiere. Tienen, entonces, ellos para alegrarse por este nuevo hallazgo y para parecerles una gran noticia.

En momentos en los que ECOPETROL y ANADARKO se aprestaban y estaban en la fase de alistamiento para la perforación del pozo, para lo cual se había contratado una plataforma flotante equipada con sofisticados equipos para acometer su tarea, fueron sorprendidas por la notificación de parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) , por orden expresa de la Ministra de la suspensión de la licencia ambiental para operarlo.

Por parte de ECOPETROL se apeló esta decisión, alegando que “la incertidumbre que generó la falta de un pronunciamiento del MADS frente a la suspensión del proceso de licenciamiento afectó las obligaciones que se habían adquirido con terceros”. De hecho la estatal petrolera ya había incurrido en inversiones que superan los US $35 millones en actividades preparatorias, dando lugar la decisión de la ANLA a un detrimento patrimonial, amén de la inversión realizada por parte de ANADARKO – operador que compromete a las partes en proporción a su participación en el proyecto

Por su parte el Delegado para Asuntos ambientales, minero-energéticos y agrarios Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz pidió a la ANLA “revocar la suspensión del licenciamiento ambiental para la exploración de gas en el Caribe colombiano KOMODO – X1, que completa 70 días”. Según alega el Delegado, “para la fecha en que se ordenó dicha suspensión, ya se había completado la evaluación técnica del estudio de impacto ambiental por parte de las autoridades competentes, por lo que se considera que no existían motivos suficientes para retrasar el proceso”. Advirtió, además. “los riesgos económicos, sociales por la posible falta de abastecimiento de este recurso para suplir las demandas energéticas y de transporte, así como domiciliario en el país”. Pero para la Ministra “este no es el proyecto inmediato que va a generar una incapacidad para el suministro de gas” y por lo tanto, se colige, no había ninguna prisa en la toma de decisiones.

Ahora, tardíamente, al cabo de las quinientas, es cuando la Ministra Muhamad, la misma que le prestó oídos sordos a los requerimientos de ECOPETROL y de la Procuraduría, se dignó hacer el anuncio de que “tras una rigurosa evaluación se consideró ambientalmente viable el desarrollo del proyecto Komodo”. Ya para qué, cuando ECOPETROL manifestó el pasado 24 de septiembre, en respuesta al senador José David Name, “se están evaluando las consecuencias financieras frente a los compromisos con terceros, caso por caso, para mitigar los impactos producidos por la suspensión del trámite de licenciamiento ambiental, tomando en cuenta que, ante la situación actual, Ecopetrol se ha visto en la necesidad de cancelar la ejecución del proyecto en la vigencia 2024/2025”.

Ya es tarde, el daño ya está hecho, todo está consumado. ECOPETROL Y ANADARKO tenían todo dispuesto para comenzar la perforación del pozo en el mes de noviembre de este año pero el entorpecimiento por parte del Ministro dio al traste con sus planes. Ello, en razón de que el mundo sólo se cuenta con tres plataformas flotantes que cuentan los taladros requeridos para llegar hasta las profundidades de KOMODO, razón por la cual, después que zarpó la plataforma reservada, la que ya se tenía disponible in situ,  prácticamente imposible contar con otra que esté disponible en el corto plazo!

Con esta desafortunada decisión tomada por la ministra Muhamad cerró esta ventana de oportunidad para recobrar, más pronto que tarde, en los próximo años la seguridad y la soberanía perdidas, poniendo en riesgo además la Transición energética justa que tanto pregona el Gobierno, dado que el gas natural es considerado y así lo ha reiterado la Agencia internacional de energía (AIE), como el energético de la Transición. La torpeza y la obsesión de marchitar los hidrocarburos prematuramente le están haciendo mucho daño al país!

Amylkar Acosta

Las cuentas no cuadran

El Presidente Gustavo Petro expidió, mediante el Decreto 1523 del 18 de diciembre de 2024, el Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2025. Ello ante la negativa de las comisiones económicas del Congreso de la República a aprobar el monto del mismo propuesto por el Gobierno Nacional, por valor de $523.7 billones, dentro del plazo límite establecido por la Ley que se venció el 15 de septiembre. Al no aprobarse dicho monto, como era de esperarse, tampoco se avanzó en la aprobación del proyecto de presupuesto y en consecuencia quedó habilitado el Presidente Gustavo Petro para expedirlo, como en efecto lo acaba de hacer mediante el Decreto 1523 del 18 de diciembre. Este procedimiento es el que se conoce como la dictadura fiscal.

Como antecedente es muy importante dejar establecido que el bajo recaudo tributario forzó al Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla a aplazar gastos presupuestados para la vigencia de 2024 por valor de $28 billones. Entre las razones del bajo recaudo se destacan el incumplimiento de la meta de la DIAN de un mayor recaudo por valor de $15 billones por resolución de litigios, además del fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible la no deducibilidad de las regalías del impuesto de renta, afectando el recaudo por este concepto.

 

La discrepancia mayor entre el Gobierno Nacional y el Congreso de la República ha girado en torno al desfinanciamiento por valor de $12 billones del Presupuesto para la vigencia de 2025, de modo que si el Congreso aprobaba el monto propuesto por el Gobierno se obligaba a aprobar también el proyecto de ley de financiamiento por dicho valor radicado por parte del Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla.

Como es bien sabido, las comisiones económicas hundieron dicho proyecto, pero como el ejecutivo estaba obligado a aforar el Presupuesto decretado por el mismo valor inicial, de ello se sigue que arrancando el año entrante tendrá que recortar o aplazar gastos por valor de $12 billones, para que las cuentas cuadren, por no tener respaldo en los ingresos. Tanto más en cuanto que se han sobreestimado los ingresos tributarios, calculados en $316.5 billones, $26.6 billones por encima de la estimación del Marco fiscal de Mediano plazo (MFMP) publicado por el Ministerio de Hacienda el 14 de junio de este año. Se puede reincidir en lo que pasó con el Presupuesto de la vigencia de 2024, pues si para este año se tenía la previsión de un mayor recaudo de $15 billones por gestión de la DIAN, que no se logró, pues ahora están doblando la apuesta de mayor recaudo por concepto de la eficiencia en la administración tributaria, calculándolo en $28 billones!

Tanto el Comité independiente de la Regla fiscal (CIRF) como Fedesarrollo coinciden en que el recorte presupuestal en 2024 y el que se prevé por parte del Gobierno para el año entrante son insuficientes para cumplir con la Regla fiscal. A su juicio “los ajustes para que los montos cuadren” deberán ser mayores, hasta alcanzar la cifra de $511 billones. En concepto del economista jefe de investigaciones de CORFICOLOMBIANA, Julio Romero, “si no se hace el recorte de aproximadamente $35 billones, el déficit fiscal de 2025 sería de 6,5% del PIB, superior al 4,9% permitido por la regla fiscal. Porque los ingresos fiscales que estimamos para 2025 son menores”.

Romero sostiene que para CORFICOLOMBIANA, “la desfinanciación del Presupuesto de 2025 no se debe solo a que no pasó la ley de financiamiento, sino también a que los ingresos tributarios que espera el Gobierno para financiar ese presupuesto, que no son acordes a la realidad fiscal y económica”. En cambio para el profesor visitante de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, Juan Pablo Sandoval, “el Presupuesto de 2025 no está desfinanciado” y el Decreto expedido por el Gobierno obedeció a una “actitud poco democrática” del Congreso para debatir el proyecto. No se proyecta, según él, más recortes “dadas las buenas perspectivas de crecimiento para la vigencia de 2025”.

En todo caso, según lo ha anunciado el novel Ministro de Hacienda Diego Guevara, antes del 31 de diciembre se expedirá el Decreto de liquidación desenglobando las partidas presupuestales y recortando los $12 billones que hacen falta, según el Presidente Petro “mientras se consigue la financiación necesaria que no fue posible por la acción oscura de los dueños de los juegos de suerte y azar ilegales dentro de las comisiones económicas del Congreso”.

El desencuentro del Presidente de la República con el Congreso a raíz de la no aprobación del proyecto de ley de financiamiento, llevó a este último a romper relaciones con las comisiones económicas del Congreso, en donde la derrota del Gobierno fue apabullante. La reacción del Presidente Petro fue desproporcionada, “no tienen nada más que hablar con nosotros y nosotros nada que esperar de ellos” espetó. Este divorcio entre el ejecutivo y el legislativo en nada contribuirá a hacer más llevadera la crisis fiscal que se avizora.

Amylkar Acosta

Cuesta abajo

Se repite la historia en viceversa: hace 10 años, cuando la producción de crudo de Colombia alcanzó el millón de barriles al día, se hizo popular en la industria petrolera el gracejo como acertijo tratando de establecer cuánto tiempo haría falta para que se cruzara la curva de producción de Colombia en ascenso con la de Venezuela en declive. Y, efectivamente, la producción de Colombia alcanzó su clímax con la producción de 1 millón de barriles/día, mientras Venezuela, después de producir 4 millones de barriles/día bajó hasta los 2´370.000 ese mismo año.

Esta vez es el nuevo rico en el vecindario, la llamada Guyana Dubái, que cuenta con reservas recién descubiertas, hace apenas 10 años, superan los 11.000 millones de barriles, el que ha venido escalando su producción desde los 1.200 barriles/día en 2019 hasta los 645.000 que produce actualmente y de acuerdo con la proyección de la Agencia internacional de energía (AIE) el próximo año, 2025, la producción de Guyana sobrepasará a la de Colombia con un volumen de 850.000 barriles/día contra los 750.000 barriles/día que produce actualmente Colombia. En la última década se ha desplomado la producción promedio/día el 21% y sería iluso esperar que repunte mientras las precarias reservas remanentes caen.

 

Lo que hace la diferencia es que mientras en Guyana están atrayendo la inversión y firmando a la lata nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo el Gobierno de Colombia decidió descartarlos, como su mayor y mejor contribución a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causante del Cambio climático, sin lograrlo, porque el consumo de petróleo sigue en ascenso, ya que según la AIE el año pasado alcanzó un récord de 101 millones de barriles/día y su previsión es que este año 2024 alcanzará otro récord con 2 millones de barriles más. 

Es decir que el petróleo que deja de producir Colombia lo provén otros países, entre ellos Guyana y Brasil, en donde el Presidente  Luiz Inacio Lula Da Silva proyecta pasar de la producción actual de 3.5 Millones de barriles/día a 5.4 millones en 2028, hasta convertir a PETROBRAS en la tercera empresa petrolera más grande del mundo y a Brasil en el quinto productor mundial de crudo. Se cumple así la Ley de Keynes según la cual toda demanda crea su propia oferta. En conclusión, con tan absurda como desatinada decisión, Colombia se está quedando con el pecado y sin la gracia.  En este contexto, no sabe uno cómo interpretar esta sibilina declaración del Presidente Petro a propósito de la caída de las exportaciones de Colombia en lo que va corrido del año.

Esto dijo: “no es una buena noticia que caigan las exportaciones, pero no había un análisis del porqué y resulta que el 60% de las exportaciones del país son fósiles, es decir, carbón y petróleo”. Lo que no advierte el Presidente Petro es que al tiempo que caen las exportaciones está cayendo también la Inversión extranjera directa (IED). Según registros del Banco de la República, entre el primer semestre de 2023 y el primer semestre de este año pasó de US $7.524 millones a US $6.304 millones, para una caída del 16.2% anual, siendo más pronunciada la de la IED en hidrocarburos y minería, que fue del 30.3%!

Cabe preguntarse si será bueno para Colombia que las exportaciones caigan si es por cuenta de que “el precio internacional del carbón cayó a la mitad entre el año pasado y hoy, por eso caen las exportaciones. También cayó la demanda del carbón colombiano y esa caída internacional tiene que ver con que el mundo está haciendo una transición energética”. Eso es solo pensar con el deseo, porque las cifras no vienen en auxilio de los augurios del Presidente porque de acuerdo con el más reciente reporte de la AIE el año pasado la demanda por carbón batió el récord con 8.530 millones de toneladas y prevé que este año alcanzará otro récord. Al igual que ocurre con el petróleo, carbón que no extraiga y exporte Colombia lo extraerá y exportará alguno de los países que compiten con Colombia.

La ingenuidad y el desatino del Gobierno de Colombia, que firmó recientemente el Tratado de no proliferación de los combustibles fósiles, comprometiéndose a proscribirlos, contrasta con el realismo y el pragmatismo de Guyana y Brasil que, sin renunciar a la Transición energética ni dejar de trabajar por el cumplimiento a su meta de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) están atrayendo más inversiones al sector de los hidrocarburos, su principal fuente generadora de ingresos, de divisas y de financiamiento de la misma Transición.

En concepto del Vicepresidente de Guyana, “el petróleo no sólo permite aumentar los ingresos y emplear estos recursos en políticas sociales, sino que, además, resulta la principal fuente para financiar una sólida Transición energética hacia energías renovables”. Y remató diciendo que “necesitamos dinero del sector del petróleo y el gas para hacer nuestro país a prueba del clima y adaptarnos al Cambio climático”.

Por su parte el Presidente Lula, reconocido defensor de la Agenda verde, explica que la inversión en petróleo tiene como objetivo primordial disponer de más ingresos para consolidar la Transición energética, bandera de su Gobierno. Y destaca cómo PETROBRAS, pasó de la explotación de petróleo onshore a hacerlo offshore, “ahora puede pasar a las renovables”. Y deja en claro que no incurre en ninguna contradicción, pues “el petróleo seguirá ocupando un lugar importante en la matriz energética junto a las renovables. Queremos hacerlo juntos”. Bien ha dicho el Presidente de la CAF Sergio Díaz Granados que “cada país deberá elegir su velocidad, intensidad y estrategia de acuerdo con sus características” y Colombia, al igual que el resto de Latinoamérica tiene las suyas.

Y más recientemente, la comidilla en los medios es la noticia proveniente de Argentina, en donde se registra un inusitado boom de los hidrocarburos, gracias al enorme potencial del yacimiento no convencional de Vaca muerta y a la utilización intensiva de la técnica del fracking en su explotación. Esta explica y responde por el 56.6% de la totalidad de la producción petrolera y el 54.8% de la de gas natural. Según el más reciente reporte según el cual en los últimos 10 años pasó de producir 500.000 barriles de crudo por día hasta alcanzar los 700.000 actualmente, en contraste con Colombia que pasó de producir 1 millón de barriles/día en 2014 a los 750.000 barriles/día actualmente!

Amylkar Acosta