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¿Tienen acaso los países consumidores derecho a castigar a Colombia, por el mal que ellos generan?

Escrito por Columnista en Sep 16, 2025. Publicado en Columnista invitado, Opinión.

Expreso mi profunda preocupación por la reciente decisión del gobierno de los Estados Unidos de imponer una descertificación condicionada a Colombia. Esta medida no representa un castigo al gobierno de turno, sino que afecta gravemente la economía nacional, el comercio binacional y debilita las relaciones diplomáticas construidas durante más de 200 años entre ambos países.

La política antidrogas que aplica Estados Unidos continúa desconociendo el principio de responsabilidad compartida frente al fenómeno del narcotráfico. No existiría oferta sin una creciente demanda en los países del primer mundo. La falta de control sobre el consumo interno y los flujos financieros que alimentan este negocio ilícito son factores que deben ser abordados con seriedad. Mientras tanto, Colombia sigue siendo injustamente señalada, sin que se reconozca el sacrificio de quienes han dado su vida en esta lucha.

Esta descertificación, aunque condicionada y sin recorte inmediato de recursos, representa una medida contraproducente que entorpece la cooperación bilateral. En lugar de fortalecer los lazos para enfrentar juntos el narcotráfico, se generan tensiones que dificultan la coordinación entre gobiernos y hacen menos viable la acción conjunta contra las mafias internacionales.

La decisión no contribuye a reducir el consumo de drogas, ni a mejorar el comercio binacional, ni a generar confianza en los mercados internacionales frente a la economía colombiana. Parece responder más a intereses políticos internos en Estados Unidos, particularmente en estados como Florida, que a una estrategia seria y efectiva contra el narcotráfico. Este tipo de medidas no sirven a la causa común, sino a agendas electorales.

Colombia ha sido y sigue siendo el principal socio estratégico de Estados Unidos en América Latina. En un mundo multipolar, donde otras potencias avanzan rápidamente en la región, distanciarse de Colombia es un error estratégico. Hago un llamado respetuoso a revisar esta medida, que lejos de acercar, aleja a Estados Unidos de Colombia y de América Latina.

Roy Barreras

Violencia extrema

Escrito por Almudena González Barreda en Sep 15, 2025. Publicado en Opinión.

Hubo un tiempo en que el algoritmo me enseñaba videos de aparatos que servían para explotar granos asquerosos o limpiar el poro negro que crece sin medida cuando uno descuida la piel, era asqueroso y aunque inofensivo, tenía un punto adictivo y obsesivo en el que empecé a escudriñar cada milímetro de mi piel. Educar al algoritmo para que me mostrara de nuevo imágenes bellas fue tan fácil como hacer una nueva búsqueda de ellas. Fin del problema.

Sin embargo, educar a la sociedad no es tan fácil.

Llevamos años de progresismo, con una izquierda gritona, faltona, impudorosa en sus palabras, que se han saltado la palabra dada, que han preferido pactar con lo peor del panorama político y social y el resultado es el que por desgracia tenemos.

Nos hemos acostumbrado y usamos de un modo despectivo términos como; casta, para señalar a la élite política y económica desconectada socialmente, fascistas, fachas, como todo el mal condensado en el contrario, trama; como esa red de poder, corrupción e intereses ocultos, régimen del 78; como desprecio al consenso social que España se dio después de años de dictadura militar, oligarquía; para referirse a los poderes económicos y financieros con influencia, puertas giratorias; expolíticos que acaban en consejos de administración de grandes empresas, neoliberales; asociado a recortes y desigualdad, feminismo; como la imposición de la mujer por encima del hombre, malversación pública; como dinero público gastado sin justificación en asuntos partidistas, libertad de expresión; asociada al discurso del progreso, porque las ideas contrarias son una provocación constante, como la que usan los pseudomedios, dicho de aquellos medios que preguntan más allá de lo que al gobierno le gustaría, genocidio; para nombrar y justificar toda lucha en contra de una élite que no les gusta, violencia extrema; para señalar el discurso contrario, inmigración ilegal; para señalar un problema general cuando en realidad el problema es más profundo y no se hace nada para solucionarlo, es una patata caliente … Y muchos se han tragado todo ese cambio de relato, de semántica, de ideas.

El progresismo que gobierna España está lejos de edificar una sociedad en la fraternidad y el trabajo común, a las pruebas de sus discursos plagados de vocabulario pseudosocial me remito.

Llevamos un año de escándalos protagonizados por ex diputados del partido socialista, el del gobierno plural, el hermano del presidente está siendo investigado, su mujer, Begoña, la contable de los puticlubs familiares, tiene cinco causas abiertas por prevaricación, tráfico de influencias … El fiscal general del Estado, idem y al propio Sánchez haciendo guerra dialéctica contra los jueces a los que acusa de hacer política. España es hoy por hoy un estado enfermo por la corrupción, por el discurso, por la manipulación de las ideas y el discurso, por el uso torticero de la semántica, por la violación constante del legado histórico.

He visto poco a Sánchez esta semana, pero su imagen en vaqueros desgastados me ha dejado la retina dañada y lo que es peor, porque al cateto poco se le puede pedir, su aparición fue al lado del director de cine Alejandro Amenábar, qué pena. Pena de director y de talento desperdiciado y de dinero malgastado en una película cuya trama, dicen, versa sobre la homosexualidad de Cervantes. Pobre gran maestro, literato y héroe de guerra, que su vida hoy se amolda al discurso del tarado de turno, faltando a la verdad, a la historia y al propio protagonista. Pena, aunque es el ejemplo perfecto de todo el discurso progresista; invento y tergiverso para que algo se adapte a mis ideas, proclamas y discurso.

Ayer domingo, desde Andalucía, Sánchez alentaba al pueblo español a defender causas justas, dijo estar orgulloso de ello. Se refería a los altercados que los propalestinos, distribuidos por la península a golpe de bocadillo, han ido formando en cada etapa de La Vuelta, todo porque al parecer hay un equipo; el Israel Premier Tech, que no cuenta con la bendición de ese pueblo español que llena de orgullo a Sánchez, porque a pesar de su nombre y pese a tener todos los permisos y conservar todos sus derechos de participación en competiciones internacionales, los propalestinos han decidido que en España, no y Sánchez los enciende con la gasolina de sus palabras desde su púlpito para que arda Madrid, lugar donde hubiera tenido lugar el fin de la Vuelta, lugar donde una muchedumbre envalentonada, sucia, gritona y violenta, muy violenta, ha parado la tradicional final de uno de los eventos deportivos más seguidos en nuestro país y fuera de él. Qué vergüenza, qué bochorno. Dos detenidos y veintidós policías heridos, a veces pienso que necesitamos un Bukele.

Siempre he pensado que lo que no ayuda entorpece. Pues en esto de la vuelta, no sólo no ha servido de ayuda a Palestina, sino que ha entorpecido. Una vez más España queda como si fuera un meme. Como sigamos así, luchando y entorpeciendo, España acabará siendo como ese furúnculo piloso que dan granas de explotar, como los que me enseñaba hace años el algoritmo.

Cambiar la sociedad dependerá de lo que rebose el corazón de los españoles que en gran medida dependerá de ese cambio cultural y semántico que es el que conforma las ideas.

Almudena González

De comandante a comandante: la paradoja de Petro

Escrito por Ricardo Ferro en Sep 15, 2025. Publicado en Opinión.

Petro carga con una ironía cruel de la historia. En su juventud su alias en el grupo guerrillero M-19 fue “Comandante Andrés”. Hoy, convertido en presidente, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pero conviene dejarlo claro desde el inicio: ser “comandante” guerrillero no era un mérito, era un prontuario. Y en ese terreno Petro fue exitoso: logró lo que un insurgente se propone, delinquir y ganar poder dentro de la ilegalidad. En cambio, ser el comandante legítimo de las Fuerzas Armadas en una democracia es un cargo noble: su objetivo es proteger la vida, la libertad y la integridad de todos los colombianos, incluidos los hombres y mujeres de uniforme. Y ahí es donde Petro se derrumba: al pasar de la ilegalidad a la institucionalidad, lo único que muestra son fracasos.

En lo que tiene que ver con su pasado insurgente, sus “éxitos” fueron amnistiados cuando se reincorporó a la vida civil. Pero su fracaso actual como comandante en jefe es el presente doloroso que hoy padece Colombia. La diferencia es que antes el país sufría los golpes de Petro como insurgente, y ahora sufre las consecuencias de Petro como presidente.

Las cifras son elocuentes. Según Reuters (julio de 2025), las organizaciones criminales han crecido un 45% durante su gobierno, alcanzando 21.958 combatientes entre el Clan del Golfo y el ELN, sin contar las disidencias de las FARC. Nunca habían tenido tanto pie de fuerza ni tanta presencia territorial. En otras palabras: mientras Petro habla de paz total, los ilegales disfrutan de poder total.

Y la violencia ya no son números fríos: en las últimas semanas, miembros de la Fuerza Pública han sido secuestrados y asesinados por grupos armados. El 8 de septiembre, 45 soldados fueron capturados en El Tambo (Cauca) por comunidades bajo presión de la disidencia “Carlos Patiño”. En Guaviare, 34 militares fueron retenidos en condiciones similares por el Estado Mayor Central. El ELN, por su parte, secuestró en abril a los soldados Julián Sáenz y Yilmer Coral en Cúcuta, con pruebas de vida difundidas solo después de 44 días. Y en abril, bajo lo que el propio gobierno denominó un “plan pistola”, 27 policías y militares fueron asesinados en apenas dos semanas. Estos hechos no son excepciones: revelan un patrón de debilitamiento del mando institucional y de vulnerabilidad de quienes deberían estar protegidos.

Los secuestros regresaron con fuerza. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Policía Nacional reportan que entre enero y abril de 2025 hubo 131 secuestros, un 40% más que en 2024, y que entre enero y julio se registraron 256 casos, un aumento del 57%. Es un retroceso de dos décadas en una de las conquistas más valiosas contra el crimen. Bajo Petro, los colombianos volvieron a vivir con el miedo que creían superado.

El panorama es claro: los grupos ilegales no solo asesinan más policías y soldados, también controlan más territorio, más rutas de narcotráfico y más economías ilícitas. En regiones como el Cañón del Micay, Putumayo y Cauca, es el crimen el que manda y el Estado el que brilla por su ausencia, como lo han documentado InSight Crime y medios internacionales. Petro prometió recuperar la paz, pero lo que recuperaron fueron las mafias.

La paradoja termina siendo devastadora: en la guerrilla, Petro fue un comandante “exitoso”, pero en la comisión de delitos; hoy, como comandante en jefe, a la hora de garantizar la vida y la seguridad de los colombianos, ha sido un fracaso. Dejó crecer a los criminales, desmoralizó a las tropas y entregó territorios estratégicos a las mafias.

En conclusión: Petro no solo fue un comandante guerrillero que contribuyó a la violencia en el pasado, sino que hoy es un presidente incapaz de garantizar la paz y la seguridad en Colombia. Antes sus éxitos eran crímenes; ahora sus fracasos son institucionales. En ambos casos, los colombianos seguimos pagando el precio.

Ricardo Ferro

La seguridad en la Universidad Nacional

Escrito por Hugo Acero en Sep 14, 2025. Publicado en Opinión.

En los últimos días se ha presentado una serie de hechos violentos en la Universidad Nacional, sede Bogotá, que deben preocupar, no solo las autoridades universitarias, sino también al Distrito y la Nación, protestas de encapuchados con machetes, intento de incendiar un bus de Transmilenio y estallido de una bomba en el edificio de la facultad de Sociología que dejo varias personas heridas, acciones más cercanas al terrorismo que a la protesta pacífica.

A los problemas conocidos que suceden desde hace varios años en el campus de la Universidad Nacional, como son la venta de droga, las pedreas, las tomas y los bloqueos de las facultades, los casos de abuso sexual que suceden casi todos los jueves en el “bacanal de drogas y alcohol del jardín de Freud”, los hurtos, la proliferación de ventas ambulantes, la violencia de género y las amenazas contra docentes, desde finales de la pandemia en 2022, se sumó la utilización del campus universitario por parte de algunos miembros de “Primeras Líneas” de la ciudad para enfrentar a la fuerza pública, mientras en la Universidad Pedagógica fueron rechazados y no los dejaron utilizar su campus, en la Universidad Nacional no tuvieron oposición y han estado presentes en la toma de la rectoría, otras instalaciones de la universidad, bloqueos y pedreas.

Una situación de inseguridad y violencia que pone en riesgo constante a la población universitaria y en general a los habitantes de Bogotá que transitan por los entornos del claustro universitario, situación que debe llevar a las autoridades educativas, de seguridad y justicia nacionales, del Distrito y de la Universidad a trabajar en equipo y de manera permanente, para lo cual hay que dejar en claro cuáles son las competencias de unos y otros y cómo se pueden coordinar para recuperar la seguridad y la convivencia en la Universidad y su entorno.

Seguridad y autonomía universitaria.

La Universidad Nacional no puede seguir siendo un escenario donde la autoridad se diluye, los espacios comunes se degradan y las garantías mínimas de convivencia desaparecen. No se trata de militarizar ni de criminalizar la protesta que, por supuesto, es legítima en una democracia, sino de ejercer una rectoría firme, con principios claros, que entienda que la defensa de los derechos humanos empieza por salvaguardar la integridad de quienes hacen parte de la comunidad universitaria.

La autonomía universitaria no puede ser excusa para la negligencia. El campus universitario debe ser un espacio de construcción, no de miedo. Se ha venido distorsionando gravemente el concepto de autonomía universitaria al interpretarlo, de manera equivocada, como una especie de extraterritorialidad que pretende excluir a los campus universitarios del marco legal vigente.

Esta visión errada lleva a desconocer abiertamente la Constitución, las leyes penales y de policía, así como la legitimidad de los órganos de justicia y seguridad del Estado. Bajo esta lógica, se asume que dentro de las universidades no pueden operar los organismos encargados de prevenir, investigar y sancionar los delitos, como si el campus fuera una zona al margen del orden constitucional. La autonomía universitaria garantiza el autogobierno académico y administrativo, pero de ninguna manera implica la suspensión de la ley ni el desmonte de la institucionalidad.

Por tanto, es hora de decirlo con claridad, los delitos que se cometen dentro de una universidad deben ser enfrentados por los organismos de seguridad y justicia que constitucionalmente están llamados a hacerlo. Su presencia no puede ser entendida como una “intervención” arbitraria ni como una amenaza a la autonomía, sino como el ejercicio legítimo del Estado de Derecho en todos los rincones del territorio nacional, incluidas las universidades públicas.

Eso sí, este accionar debe estar acompañado de protocolos adecuados, respetuosos de los principios democráticos y de los derechos fundamentales, pero no puede seguir siendo postergado por una lectura sesgada de la autonomía universitaria. La criminalidad no se combate con comunicados institucionales ni con debates ideológicos, sino con investigación criminal, inteligencia profesional y acción judicial oportuna. No actuar es permitir que la ley deje de tener efecto, precisamente donde debería proteger con mayor rigor, en los espacios dedicados a formar ciudadanos.

El país no puede permitirse que la Universidad Nacional símbolo del mérito, la excelencia académica y el pensamiento crítico se hunda en la inseguridad y el desgobierno. Es tiempo de que la rectoría y las autoridades nacionales y locales garanticen la seguridad y la convivencia en el campus universitario y en su entorno.

Qué hacer.

En respuesta a preguntas formuladas por diario El Tiempo[1] la vicerrectora de la Universidad Nacional Carolina Jiménez, manifestó que “Estaban prestos a un diálogo interinstitucional que permita encontrar caminos de solución a los problemas”, pero que “no se ha podido encontrar unas rutas y unas estrategias efectivas que ayudaran a poner fin a estos problemas”.

Hay que reconocer que estos graves problemas no los puede solucionar solo la Universidad, ni es su única función, ni es su especialidad, se requiere del trabajo coordinado y permanente con la administración distrital y con las autoridades educativas, de seguridad y justicia de la nación, porque al final del día lo que suceda o deje de suceder en materia de seguridad y convivencia dentro del campus universitario, es responsabilidad de todas estas autoridades. Son más de 40 mil ciudadanos y ciudadanos universitarios que frecuentan la Universidad y que tienen derecho la seguridad.

Comparto la posición de la vicerrectora de la Universidad Nacional que considera “que el ingreso de la Policía en medio de una confrontación puede aumentar el riesgo al que ya está expuesta la comunidad universitaria”. Sin embargo, esta situación no se puede descartar de plano, frente a una situación grave de inseguridad que atente contra la integridad y vida de los miembros de la comunidad universitaria. En este caso, serían más afectivas las labores de inteligencia e investigación judicial para dar con los encapuchados y sus jefes violentos.

En trabajo coordinado y permanente de las autoridades anteriormente mencionadas se pueden definir y realizar las siguientes acciones de seguridad y justicia:

Creación de un comité de seguridad y convivencia compuesto por las autoridades universitarias, del distrito y de la nación para definir acciones conjuntas frentes a los problemas de inseguridad detectados, el cual debe reunirse una vez al mes y no solo cuando sucedan hechos que lamentar, como suele suceder.
Elaboración conjunta de un plan de seguridad y convivencia para la Universidad, como lo hicimos hace 15 años con la rectoría de entonces, pero que con las administraciones subsiguientes termino archivado.
Instalación de cámaras de alta tecnología en las principales entradas y entorno de la Universidad. La Universidad también puede instalar cámaras en su interior. Esta es una tecnología que desde hace muchos años viene siendo utilizada por las universidades para garantizar la seguridad y la convivencia, como es el caso de la Universidad Autónoma de México que tiene una comunidad cercana a las 500 mil personas y cerca de 300 cámaras para la seguridad y la convivencia.
Labores de inteligencia e investigación judicial para dar con los encapuchados y sus jefes, que realizan acciones violentas y delincuenciales en el campus universitario y su entorno.
Control visual y grabación de pedreas y actos de vandalismo con drones.
Elaboración de protocolos de seguridad, emergencias y manejo de crisis para atender casos graves en el campus universitario, como puede ser el caso de atentados terroristas, asesinatos y lesionados graves al interior de la universidad, toma de rehenes por parte de grupos armados ilegales, entre otros casos.

Hugo Acero

[1] El Tiempo. Universidad Nacional: entre el estigma, encapuchados, manipulación de explosivos y la necesidad de una estrategia para garantizar la seguridad.

https://www.eltiempo.com/bogota/universidad-nacional-entre-el-estigma-encapuchados-manipulando-explosivos-y-la-necesidad-de-una-estrategia-para-garantizar-la-seguridad-3490296 12 de septimbre de 2025

Bogotá se hunde en basura: declaramos la emergencia o nos tragará la crisis

Escrito por Juan David Quintero en Sep 14, 2025. Publicado en Opinión.

Esta columna no es una más. Ya es hora de levantar la voz con toda la fuerza que exige el momento: la ciudad se hunde en basura y necesitamos acción inmediata.

Si no declaramos la emergencia sanitaria ahora, en 150 días Bogotá quedará cubierta de residuos. Frente a esa amenaza, le demando al Distrito una reacción urgente que la capital no puede seguir aplazando.

Bogotá ya ha vivido crisis de basuras como la que tuvo Petro en 2013; no podemos permitir que se repitan. El alcalde Carlos Fernando Galán asumió con liderazgo la emergencia del agua y de los incendios; ahora le pido que, con la misma determinación, se ponga al frente de la emergencia de las basuras. La sala de crisis debe activarse con todo el gabinete alrededor de este desafío inaplazable.

El gobierno distrital se limitó a la discusión sobre el nuevo esquema de recolección que iniciaría en 2026, mientras la crisis ya nos desbordó en el presente. En los próximos 150 días se deben revisar todas las capacidades del Distrito, porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de tener una ciudad más sucia por la que no podremos ni caminar, con consecuencias nefastas en salud pública y convivencia.

Propongo medidas concretas que no requieren reformas legales y nos evitan más excusas:

Que la Secretaría de Gobierno y las Alcaldías Locales por fin impongan sanciones a ciudadanos y comercios que arrojen basura en las calles o la saquen en horarios no permitidos.
Que la Secretaría de Cultura lidere e impulse una campaña de civismo sobre separación de residuos en la fuente, horarios de recolección de residuos, sanciones claras, fomento de denuncias ciudadanas en redes, entre otras.
Que la Secretaría de Integración Social ofrezca, por medio de más albergues y otros programas eficaces, una atención integral a habitantes de calle que garantice su dignidad y contribuya a evitar que rompan bolsas de basura y monten cambuches en la calle.
Que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) revise, en los actuales contratos del sistema de aseo, la posibilidad de aumentar las frecuencias de recolección de basuras en la ciudad.
Lo grave es que todas estas acciones ya están en las competencias de las entidades, pero por falta de articulación no se ejecutan adecuadamente.

La declaratoria de emergencia le daría al alcalde herramientas esenciales para anticiparse al vencimiento de los contratos en 2026 y para enfrentar la incertidumbre generada por la decisión de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), que rechazó la inclusión de Áreas de Servicio Exclusivo. Bogotá no puede quedarse esperando hasta 2026, porque la crisis ya golpea las calles.

Respaldo mi posición con cifras: mientras la población creció apenas 0,8% anual entre 2014 y 2024, los residuos aumentaron entre 2% y 4% cada año. A agosto de 2025, la UAESP reportó 673 puntos críticos de arrojos clandestinos. El programa “Caza Regueros” intervino más de 263 mil focos de basura, pero la magnitud del problema demostró que esta medida es insuficiente.

Cerca de 500 toneladas diarias quedaron sin recoger y terminaron en alcantarillas y ríos. De hecho, la contaminación y el taponamiento de alcantarillas le representaron al distrito más de 30 mil millones de pesos al año en limpieza y retiro de residuos.

Bogotá no soporta más aplazamientos. La emergencia sanitaria es la única salida responsable. Declarar y asumir la crisis de manera integral resulta urgente para evitar que la capital termine enterrada en basura y atrapada en la improvisación.

Juan David Quintero

Algo más que una súbita ráfaga de odio

Escrito por Jaime Arango en Sep 14, 2025. Publicado en Opinión.

El odio ya estaba ahí, pero fue Gustavo Petro el que le dio forma y lo convirtió en comunidad política. Las consecuencias de este hecho apenas se están haciendo evidentes y aún no hemos cuantificado ni su verdadero alcance ni la magnitud del daño que ha causado en la sociedad. Simplemente no estábamos preparados para que la venganza se transformara en un objetivo político, en un tema político y una estrategia política. La reivindicación había sido un medio para alcanzar el poder, no el objetivo mismo del poder. Petro cambió el lenguaje político. Le dio forma narrativa y representación al odio.

El discurso de Petro no es original en su contenido, pero si en su forma. Toma tópicos de la nueva izquierda como el antisemitismo, el ambientalismo radical, la teoría critica de la raza, la interseccionalidad, el feminismo de tercera ola, el autonomismo de Negri o la desconstrucción de Derrida y los mezcla sin ninguna coherencia con imágenes de García Márquez, irredentismo identitario, discursos de Gaitán, citas de Marx y el sombrero, la espada y la sotana. De hecho, la incoherencia es el fundamento de su retórica porque no importa lo que diga, sino como lo dice. Es en el teatro de lo absurdo la representación de la ira y las elites, acostumbradas al lenguaje insulso de la politiquería y los lugares comunes de los medios de comunicación, no han sabido cómo enfrentar este estilo lumpen que pone en el frente de la conversación social el rencor sin ningún disimulo.

En la lógica del resentimiento, que es el fundamento del odio, justicia quiere decir venganza. Pero ¿cuál es la forma definitiva de la venganza? Nietzsche, que se interesó mucho por el fenómeno del resentimiento, concluye que esa forma es ninguna, es decir la destrucción y que a esa destrucción final la llaman igualdad. Es Cuba, sin energía eléctrica, con su gente viviendo en la pobreza extrema, calles y carreteras destruidas viviendas arruinadas, el mundo zombi del odio triunfante donde todos son iguales. Todo esto no sería extraño si no fuera porque este sentimiento se alinea políticamente, conforma un partido que está en el poder y que suma por lo menos una tercera parte de la sociedad. De una manera simple, tres colombianos, quieren vengarse de los otros siete, sin exclusión, porque si no eres parte de los vengadores entonces estás contra ellos. Los que creen que pueden esquivar la oleada del odio fingiendo neutralidad serán los primeros en convertirse en sus víctimas.

Estamos frente a algo más que una súbita ráfaga de odio. Estamos frente a un vasto plan de destrucción y siguiendo con Nietzsche y su reflexión moral sobre el rencor es necesario que alguien enfrente a esta gente y les diga que sí, que “alguien tiene que ser culpable esto: pero tú mismo eres ese alguien, tú mismo eres el único culpable de esto, ¡tú mismo eres el único culpable de ti!”. Esta visión quizá pueda ser la base de un programa político para oponernos al desastre que llega, una visión moral en defensa de la inocencia para expulsar de la sociedad a los profesionales del odio.

Jaime Arango

Crónica de una muerte anunciada: Mi Casa Ya

Escrito por Sandra Forero en Sep 14, 2025. Publicado en Opinión.

Las alertas siempre estuvieron. El gobierno de Gustavo Petro desde siempre quiso acabar con Mi Casa Ya, un programa que ayudó a que desde 2015 más de 350.000 familias de los más bajos ingresos, lograran cumplir con su sueño de tener vivienda propia en un entorno de calidad. La primera señal de alarma: su exclusión del programa de gobierno del ahora presidente.

Durante los primeros seis meses de gobierno, el Ministerio de Vivienda insistió en que Mi Casa Ya era fundamental para la política habitacional y social. Incluso lo reconoció como un programa que había ganado la confianza de las familias por su eficiencia. Sin embargo, los mensajes de tranquilidad estaban escritos en letra pequeña, venían acompañados de advertencias sobre “ajustes” que terminarían debilitando sus cimientos. Al mismo tiempo, crecía la incertidumbre entre los hogares que, estando a punto de adquirir su vivienda, corrían el riesgo de quedarse sin subsidio. El Ministerio intentó mitigar la situación, a la que llamó “percance”, con un procedimiento extraordinario de asignación bajo ciertas condiciones. Fue el primer reconocimiento tácito de que el programa no tenía asegurada su continuidad plena.

El año 2023 marcó el punto de inflexión definitivo en el desmonte de Mi Casa Ya. Comenzó con un retraso de casi dos meses en la asignación de subsidios, que el Gobierno atribuyó a la administración anterior. Paralelamente, se intensificaron los anuncios de reforma del programa bajo el argumento de mejorar la focalización, lo que solo aumentó la incertidumbre. En abril, el Decreto 490 oficializó los cambios, e introdujo el Sisbén IV como nuevo criterio de elegibilidad. Esta decisión dejó por fuera a casi el 40 % de los hogares, impidiéndoles acceder al subsidio y, obligando a muchos a desistir de su compra. El impacto fue devastador: los desistimientos de vivienda social superaron las 32.000 unidades al año, el registro más alto en la historia reciente.

Desde su creación, Mi Casa Ya había demostrado ser una política pública eficiente, con cobertura creciente y una sólida relación de confianza con los hogares y el sector privado. Solo en 2021 y 2022 se otorgaron más de 66.000 subsidios anuales. Sin embargo, a mediados de 2023, la ministra de vivienda anunció que el programa tendría una meta anual de 50.000 subsidios, rompiendo con la tendencia de crecimiento y debilitando el compromiso institucional con el acceso a vivienda formal. La credibilidad del programa sufrió otro golpe cuando el Ministerio afirmó que, en 2023 se entregarían 75.000 subsidios. Poco después se descubrió que más de 20.000 correspondían en realidad a asignaciones realizadas en 2022, evidenciando una grave distorsión en las cifras oficiales. Esta maniobra confirmó el giro hacia la opacidad institucional y agudizó la incertidumbre sobre el futuro del programa.

En 2024, el Ministerio mantuvo en el discurso la promesa de asignar 50.000 subsidios anuales, y aunque fue el último año en que se cumplió esa meta, lo hizo a cuenta gotas, bajo una estrategia de dosificación que profundizó la incertidumbre. A mediados del año, el relevo ministerial en vivienda agravó aún más la situación: en su discurso de posesión, la nueva ministra ni siquiera mencionó a Mi Casa Ya entre sus prioridades, y sus declaraciones posteriores evidenciaron una intención más clara de desmontarlo.

La suspensión formal del programa llegó como el peor regalo de Navidad, acompañada de dos justificaciones oficiales. La primera: que las tasas de interés habían bajado lo suficiente como para facilitar el crédito hipotecario, lo cual contradice la realidad, pues sin subsidio, solo 1 de cada 10 familias de menores ingresos puede comprar vivienda. La segunda explicación apuntó al hundimiento de la Ley de Financiamiento como causa de la falta de recursos. Sin embargo, más que una verdadera restricción presupuestal, la decisión dejó un fuerte sabor a revanchismo político, el resultado: más de 45.000 familias que habían cumplido todos los requisitos quedaron sin subsidio, y la única alternativa ofrecida fue buscar otras fuentes de financiación.

Para 2025, Mi Casa Ya es apenas la sombra de lo que fue: solo 10.919 subsidios programados y apenas 752 para 2026, la mayoría ya preasignados. Muy lejos de la promesa de 50.000 subsidios anuales, es decir, 200.000 en el cuatrienio. Aún con el programa suspendido, el Gobierno insistió en maquillar las cifras. En junio, tras acusar al sector constructor de no reconocer el “esfuerzo” del Gobierno en materia de vivienda nueva, la ministra aseguró haber entregado más de 200.000 de estos subsidios, pero podo después, salió a la luz que buena parte de ese número provenía de las cajas de compensación, más no del presupuesto nacional. Luego, cambiaron la orientación del programa para incluir la compra de vivienda usada. Una medida que, lejos de impulsar la economía o el empleo, diluye el impacto social y económico que tiene la adquisición de vivienda nueva. Hace unos días, el Gobierno finalmente admitió lo que venía negando: Mi Casa Ya no va más. Dentro de las razones, la ministra, dijo que la meta del Plan de Desarrollo en materia de subsidios de adquisición ya se había cumplido, pero también reconoció —a regañadientes— que más de la mitad de esos subsidios fueron financiados por las cajas. Incluso la ministra dijo que la habían criticado por “jugar” con el indicador, y no es para menos: cambiaron su medición para inflar los resultados. La otra razón que dio fue que iban a priorizar líneas de agua y mejoramiento de vivienda, esta última, con una meta de 400.000 intervenciones. Sin embargo, a un año de terminar el gobierno, anticipa que no la cumplirán.

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Esta crónica de una muerte anunciada deja un impacto devastador. Mi Casa Ya fue mucho más que un programa de subsidios: logró sobrevivir a tres gobiernos y se consolidó como un verdadero activo de los colombianos. Para más de 350.000 familias beneficiarias, representó una oportunidad real de salir de la pobreza, mejorar sus ingresos y transformar su calidad de vida: redujeron sus tiempos de traslado a parques y centros urbanos, ampliaron su conexión a servicios como internet y alcantarillado, y alcanzaron condiciones de habitabilidad que impactaron especialmente a las mujeres y sus hijos, al contar con mayor privacidad y seguridad en el hogar, muchas se sintieron más protegidas frente al acoso físico o verbal, y pudieron acceder a bienes como lavadoras, fundamentales para aliviar la carga del trabajo de cuidado.

Por eso, los colombianos merecen que en 2026 se reconstruya todo lo que este gobierno destruyó. La tarea es grande, recuperar la confianza de las familias y del sector, y eso se logra garantizando que la vivienda social se construya de manera formal y asegurando los apoyos necesarios para que las familias puedan acceder a ella. Colombia es un país de vivienda social. Se estima que más de 7,5 millones de hogares no propietarios tienen ingresos de hasta cuatro salarios mínimos, y casi 6 millones no superan los dos. Renunciar a esta vivienda sería inadmisible, especialmente cuando se proyecta que en la próxima década se formarán más de 3,7 millones de hogares urbanos. El país queda con una deuda enorme. En 2024, Colombia destinó apenas el 0,12 % del PIB a subsidios de vivienda, por debajo del promedio de la OCDE (0,16 %) y muy lejos de países de la región como Chile (0,55 %) o Costa Rica (0,35 %). Esa es la deuda que el próximo gobierno está obligado a saldar, si quiere reconstruir no solo un programa, sino el futuro de millones de familias.

Sandra Forero

La paz necesita ser reparada

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Sep 14, 2025. Publicado en Opinión.

La Semana por la Paz 2025 llegó a su edición número 38, y lo hizo en medio de un país que todavía busca sanar heridas, superar violencias y construir caminos de reconciliación. En cada rincón de Colombia, la sociedad civil ha tejido acciones colectivas que, con creatividad y convicción, demuestran que la paz no una práctica cotidiana que se siembra en el territorio. El lema “Arropamos la Vida con Dignidad y Esperanza” ilumina con fuerza el sentido profundo de las iniciativas ciudadanas.

Arropar significa cobijar, proteger, acoger, asumir una actitud ética frente al cuidado de la vida en todas sus formas. Las organizaciones sociales se convierten en ese manto protector que resiste la indiferencia y el olvido. Arropamos la vida cuando defendemos los ríos de la contaminación, cuando organizamos mingas solidarias para quienes han sido desplazados, cuando pintamos murales de memoria en las paredes de los barrios.

La vida, en su dimensión integral, es la razón y el fin de toda acción por la paz. No solo hablamos de la vida humana, sino también de la vida de los territorios, de los ecosistemas, de las culturas que hacen de Colombia un país diverso. Defender la vida es exigir que cesen los asesinatos de líderes sociales, que no se arranquen los sueños de las juventudes, que no se repitan las violencias que han marcado nuestra historia.

La dignidad es la base de la justicia social. No basta con sobrevivir; se trata de vivir con derechos garantizados, con acceso a la educación, a la salud, a una vivienda digna y a la participación ciudadana. La dignidad exige que la voz de las comunidades sea escuchada en la toma de decisiones, que los acuerdos de paz se cumplan y que los territorios no sigan siendo sacrificados en nombre de la guerra o del extractivismo.

La esperanza es el motor que mantiene vivas las luchas. No es ingenuidad, sino la certeza de que un futuro distinto es posible si se trabaja colectivamente. Es la esperanza de madres que buscan a sus hijos desaparecidos, de jóvenes que apuestan por el arte y el deporte en lugar de las armas, de comunidades que reclaman el derecho a permanecer en su tierra. La esperanza es la semilla que florece en medio de la adversidad, es la fuerza presente que mueve millones de almas.

La seguridad humana que potencia estos valores, abarca la perspectiva de vivir libres del miedo, de la necesidad y de la humillación. Es la garantía de que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida sin amenazas contra su integridad física, sin hambre ni pobreza extrema, y sin exclusiones que nieguen su condición de sujeto de derechos. La seguridad humana se hace posible cuando existen protección y garantías efectivas. Protección para las comunidades y líderes sociales frente a la violencia, y garantías para el ejercicio pleno de los derechos humanos, la participación democrática, el acceso a la justicia y a los bienes básicos de la vida.

La paz en Colombia, tantas veces firmada y tantas veces incumplida, necesita ser reparada. Hay que recomponer confianzas rotas, sanar la memoria de las víctimas, restituir derechos, reconstruir territorios arrasados por la violencia y transformar las estructuras de desigualdad que mantienen vivas las causas del conflicto. Reparar la paz significa también aprender a tomar el presente y el futuro en nuestras manos, como sociedad que no delega su destino, sino que lo construye activamente en la vida diaria.

La paz exige la disposición a renunciar a privilegios en favor del bien común. Quienes han disfrutado históricamente de posiciones de poder, riqueza o influencia deben comprender que la reconciliación real solo será posible si hay redistribución de oportunidades y garantías para todas las personas. Se trata de ganar juntos en justicia social, equidad y democracia. Una paz verdadera se sostiene cuando cada persona goza plenamente de sus Derechos Humanos y cuando la sociedad se compromete a hacer de la igualdad una práctica y no un discurso.

La Semana por la Paz es un clamor dirigido a quienes tienen en sus manos grandes responsabilidades. A los actores armados, para que escuchen a la gente y cesen sus acciones violentas que siembran dolor y desarraigo. La paz se conquista con el respeto a la vida y con voluntad de diálogo. A los ricos y poderosos, para que piensen más en el bienestar de los más necesitados y menos en el incremento de sus fortunas. A los corruptos, para que depongan el saqueo de lo público que condena a millones a la pobreza. A los políticos, para que piensen más en la solución de los problemas y menos en la defensa de sus posiciones ideológicas o privilegios partidistas.

La Semana y el Mes por la Paz 2025 nos recuerda que la paz es un tejido plural, construido colectivamente, con acciones diversas que van desde un festival cultural hasta una marcha silenciosa, desde una oración colectiva hasta un acuerdo comunitario de convivencia. En cada gesto ciudadano late la convicción de que Colombia puede convertirse, finalmente, en un país capaz de elegir el bien común sobre el privilegio, y la vida sobre la violencia.

Luis Emil Sanabria D.

Se repite la historia

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Sep 14, 2025. Publicado en Opinión.

Como es bien sabido, el ministro de Hacienda Germán Ávila radicó en el Congreso de la República el proyecto de n del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia de 2026 aforado en un monto de $556.9 billones, equivalente al 28.9% del PIB, con un incremento del 9% con relación a los $511 billones de la actual vigencia y del 14.1%, si se excluye el rubro de servicio de la deuda. Concomitantemente presentó también a su consideración un proyecto de ley de financiamiento contentiva de una reforma tributaria con el fin, según el, de que “se discuta paralelamente con la propuesta de PGN”.

Se repite la historia de hace un año cuando se presentó el proyecto de ley de presupuesto de este año con un desfinanciamiento de $12 billones y se intentó infructuosamente que el Congreso de la República le aprobara una ley de financiamiento por ese mismo valor para tapar el hueco. Ante la negativa del Congreso el Presidente de la República terminó decretando el PGN de la actual vigencia, viéndose compelido a decretar el congelamiento de dicha suma para equilibrar el presupuesto. Pero esta vez el monto del faltante es más del doble de dicha suma, ahora asciende a la suma de $26.3 billones, 4.72% del monto global, los cuales se pretende recaudar con la socorrida ley de financiamiento.

Ante la reticencia del Congreso de la República de aprobar una segunda reforma tributaria en el cuatrienio del Presidente Petro, después de la del 2022, que estuvo precedida por la del Presidente Duque en 2021, en este última legislatura, signada por el agitado clima pre-electoral, con la desintegración del quorum de la Comisión tercera de la Cámara de Representantes por parte de la bancada oficialista en momentos en los que se discutían propuestas para bajar y ajustar el monto del presupuesto, acorde con la expectativa de ingresos se le allanó el camino al Presidente Petro para que este decrete, una vez más, el PGN para el año entrante, dado que se agota el 15 de este mes el plazo legal para evacuarlo por parte del Congreso.

El Presidente Petro, emplazó al Congreso de la República, alegando su propia culpa del desaforado ritmo del gasto, afirmando con total desenfado que “el Estado va a quebrar si el Senado no aprueba la Ley de financiamiento”. Y fue más lejos al espetar que “todas las cifras lo dicen…nos hundiremos en la barbarie”. En todo caso el plazo límite para la aprobación del monto se agotó, con lo cual el Gobierno se ha salido con la suya en esta primera instancia, ahora resta saber si antes del 20 de octubre se aprueba el articulado del proyecto de PGN por parte del Congreso de la República o el Gobierno se sale con la suya, recurriendo al filibusterismo que tanto ha criticado cuando la practica la oposición.

Aunque el Ministro Ávila aduce que “no hemos evaluado un plan B”, el hecho cierto es que ello le conviene al Presidente, quien no disimula su deseo de que quede en sus manos decretarlo, pues ello le permite esquivar el debate en el Congreso de la República, el cual podría poner en riesgo la aprobación de varios artículos que le dan facultades omnímodas al ejecutivo, entre ellos la de modificar y reprogramar lo atinente a las vigencias futuros, intento este que ha sido muy controvertido y cuestionado por poner en riesgo la confianza inversionista y la seguridad jurídica, al dejar en el limbo . Y ello pese a la advertencia de que la Contraloría General le advirtiera que “las vigencias futuras son de única destinación” y en consecuencia “no deben ser reprogramadas ni destinadas a otros fines”. Así de claro!

Las críticas al proyecto de presupuesto presentado por parte del Gobierno por parte de los expertos y de los centros de pensamiento no se han hecho esperar. Como contexto es importante destacar que el mismo está precedido por la decisión del Gobierno Nacional de recurrir a la Cláusula de escape de la Regla fiscal para desembarazarse de su cumplimiento y tener las manos libres para gastar sin límites.

Según el Director ejecutivo de Fedesarrollo Luis Fernando Mejía lo que está pasando con el PGN refleja un grave problema de planificación financiera en el Gobierno al presentar presupuestos que no son financiables y remató diciendo que “hay montos desbordados y baja capacidad de recaudo” y que con el crecimiento del PGN en un 9%, el triple de la meta de inflación objetivo que se ha fijado el Banco de la República, “no se están dando señales de apretar el cinturón”, como lo aconseja la responsabilidad y la sostenibilidad fiscal.

Al escudriñar las cifras y los rubros de las distintas partidas del proyecto de PGN, además del crecimiento desproporcionado del monto del mismo, que no se compadece con los precarios ingresos, llama poderosamente la atención el crecimiento de la asignación a los gastos de funcionamiento ($365.7 billones), que es del 11.1%, insuflados fundamentalmente por la hipertrofia de la burocracia, particularmente de los contratos por prestación de servicios (OPS), los cuales se incrementaron, sólo en las entidades centralizadas, según el Sistema electrónico de contratación pública (SECOP), el 40% entre 2021 y 2024, al pasar de 45.000 a 63.000, con un costo de $3.2 billones, aproximadamente.

Pero en total, entre agosto de 2022 y julio de 2025, se han firmado 382.858 OPS, con un costo aproximado de $14.6 billones, equivalente al rubro correspondiente a la inversión. Dicho de otra manera, si se prescindiera de tanta burocracia parasitaria y se hiciera una liposucción a ese gasto inútil, se podría reducir el desfinanciamiento a $11.7 billones, en lugar de los $26.3 billones. Sólo en 2025 se registraron 101.120 nuevos contratos, por valor de $4.87 billones (¡!). Ello, a contrapelo de la retórica del Gobierno y su reforma laboral, las cuales propenden por la formalización laboral y en contra de la precarización del empleo.

Amylkar Acosta

El referendo para la descentralización es otro más de los proyectos fallidos del gobernador de Antioquia

Escrito por Alejandro Toro en Sep 14, 2025. Publicado en Opinión.

El hundimiento del proyecto de referendo de autonomía fiscal propuesto por el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, era previsible. Una idea tan mala como la de la vaca, que nació coja, que avanzó con titulares más que con sustento técnico, y que terminó como era de esperar: archivado por su inviabilidad y por el enorme riesgo que representaba para la equidad regional del país.

La propuesta pretendía cambiar la manera en que se distribuyen los recursos de la Nación hacia departamentos y municipios, en nombre de una supuesta “justicia territorial”. Sin embargo, era evidente que el impacto real iba a ser una redistribución profundamente inequitativa: Antioquia y unos pocos departamentos concentrarían más recursos, mientras que las regiones más pobres, que dependen de la solidaridad del Sistema General de Participaciones, verían reducida su capacidad para financiar salud, educación, agua potable y saneamiento básico. En otras palabras, lo que se vendió como descentralización, en la práctica significaba recentralización de la riqueza en favor de los más fuertes.

No había una fórmula clara de compensación para los territorios que saldrían perdiendo. Tampoco se garantizaba estabilidad fiscal ni se explicó cómo se ajustaría la regla de sostenibilidad de las finanzas públicas. Era un salto al vacío que desconocía la lógica constitucional de solidaridad y la obligación de cerrar brechas entre regiones. No se puede hablar de equidad territorial cuando la consecuencia es arrebatarle a Chocó, La Guajira, Putumayo o Vichada los pocos recursos que hoy sostienen sus escuelas y hospitales.

Es más, no se puede hablar de descentralización cuando en la misma Antioquia se han concentrado los recursos en Aburrá y en el Oriente dejando en el olvido a las demás subregiones. Hablemos, por ejemplo, de Murindó y Vigía del Fuerte, municipios en el Urabá sin vías de acceso, sin energía eléctrica las veinticuatro horas del día, con graves problemas para el acceso al agua potable, para los cuales los recursos de la millonaria Antioquia no han llegado. O el Bajo Cauca, que genera unos ingresos enormes para el departamento por la explotación minera y la ganadería extensiva pero que ha sido dejada a su suerte por la Gobernación.

Este hundimiento es un golpe más a la improvisación del gobernador Rendón. Primero fue la “vaca” para financiar las vías 4G, una idea para mover su falsa narrativa de “abandono” del Gobierno Nacional. Después vino la ilegal “tasa de seguridad”, la misma que quienes lo financiaron no quieren pagarle por inconveniente. Ahora, un referendo que nunca tuvo consenso nacional y que apenas alcanzó a dar titulares mediáticos antes de desplomarse en el Congreso. Tres intentos, tres fracasos

El Gobernador Rendón debería más bien sincerarse, admitir que la plata que le quería quitar a los más pobres del país no era para Antioquia, era para la élite a la que él representa a la cual nunca le ha interesado el Urabá, el Bajo Cauca, el Magdalena Medio.

Lo que proponía el gobernador de Antioquia no era descentralización, sino concentración: acumular poder y recursos en unas pocas capitales, dejando a los municipios pequeños y a las comunidades olvidadas.

La descentralización sin equidad sólo profundiza las brechas que convirtieron a Colombia en uno de los países más desiguales del mundo. El reto no es dividir más, sino construir un país justo, donde la riqueza llegue al campo, a las veredas, a los barrios populares, y no se quede en manos de unos pocos.

Alejandro Toro

Universidad Nacional: inseguridad desbordada tras la llegada de Múnera

Escrito por Columnista en Sep 14, 2025. Publicado en Columnista invitado, Opinión.

La Universidad Nacional de Colombia, fundada en 1867, surgió como respuesta al propósito de consolidar un Estado moderno y comprometido con la educación superior y el progreso del país. Desde sus orígenes, ha encarnado la visión del Estado colombiano de garantizar una educación pública, gratuita y de alta calidad, entendida como un instrumento fundamental para el desarrollo nacional y la reducción de desigualdades. Más que una institución educativa, es un símbolo nacional y un motor de transformación social, reconocida como un bien común, y patrimonio colectivo que pertenece a toda la sociedad colombiana.

Aunque la Universidad ha enfrentado históricamente múltiples amenazas de origen político, ideológico, delincuencial y subversivo, la crisis de seguridad que atraviesa actualmente alcanza niveles alarmantes. Desde la llegada de Leopoldo Múnera a la rectoría, en mayo de 2024, la situación no solo ha empeorado, sino que parece haber quedado sin control. El campus ha sido escenario recurrente de disturbios protagonizados por encapuchados externos, ocupaciones ilegales, consumo y venta de alcohol, y lo más grave, casos de abuso sexual en eventos estudiantiles, microtráfico, hurtos, violencia de género, y amenazas contra docentes. A ello se suman disputas internas que han desdibujado la autoridad universitaria, y una preocupante denuncia por irregularidades en un contrato millonario de seguridad, que revela una gestión negligente y opaca. La falta de respuestas efectivas, la permisividad institucional y la pérdida de legitimidad han convertido a la Universidad en un lugar inseguro para quienes la habitan, mientras la administración parece más enfocada en agendas políticas que en garantizar el bienestar de su comunidad.

El aumento alarmante de la inseguridad en la Universidad no puede desligarse del enfoque permisivo de la administración encabezada por Leopoldo Múnera y la Vicerrectora Carolina Jiménez. La falta de firmeza frente a los disturbios estudiantiles, el uso de los espacios universitarios para la fabricación de artefactos explosivos y actos terroristas, el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, así como las denuncias de las agresiones sexuales dentro del campus[1], han deteriorado gravemente la convivencia. Esta permisividad, sumada al ingreso indiscriminado de personas externas, han creado un escenario de vulnerabilidad que amenaza no solo la seguridad de la comunidad universitaria, sino también la misión académica de la institución.

Esta creciente crisis de seguridad ha encendido las alarmas de docentes, estudiantes y padres de familia que hoy deben lidiar con el temor constante de que algo les ocurra a sus hijos dentro del campus universitario, y cómo explicar que, después de superar un proceso de admisión tan exigente, el mayor obstáculo para recibir una educación superior de calidad sea el de la inseguridad, la violencia y el terrorismo que se vive el interior de la universidad y que pone en peligro sus vidas.

La Universidad Nacional no puede seguir siendo un escenario donde la autoridad se diluye, los espacios comunes se degradan y las garantías mínimas de seguridad y convivencia desaparecen. La rectoría debe asumir una postura firme frente a estos hechos, con principios claros, que entienda que la defensa de los derechos humanos empieza por salvaguardar la integridad de quienes hacen parte de la comunidad universitaria.

Nosotros los ciudadanos no nos oponemos a la crítica ni al pensamiento libre. Al contrario, muchos creemos en el carácter democrático, plural y autónomo de la universidad. Pero la “autonomía universitaria” no puede ser excusa para la negligencia. El campus universitario debe ser un espacio de construcción, no de miedo. Lo que pasa el interior de la Universidad Nacional es un problema de todos y no podemos seguir evadiendo responsabilidades y confundiendo el significado de autonomía universitaria.

Se ha venido distorsionando gravemente el concepto de autonomía universitaria al interpretarlo, de manera equivocada, en el que se pretende excluir a los campus universitarios del marco legal vigente. Esta visión errada lleva a desconocer abiertamente la Constitución, las leyes penales y de policía, así como la legitimidad de los órganos de justicia y seguridad del Estado. Bajo esta lógica, se asume que dentro de las universidades no pueden operar la Fiscalía, la Policía ni otros organismos encargados de prevenir, investigar y sancionar los delitos, como si el campus fuera una zona al margen del orden constitucional.

Es un error profundo creer que las universidades, por el solo hecho de su autonomía universitaria, están llamadas a asumir funciones que les son ajenas, como la investigación criminal, la judicialización o la inteligencia, cuando estas competencias corresponden de manera exclusiva a las instituciones del Estado. La autonomía universitaria garantiza el autogobierno académico y administrativo, pero de ninguna manera implica la suspensión de la ley ni el desmonte de la institucionalidad.

Como bien dice el refrán: “zapatero a tus zapatos”. A quienes defienden la “autonomía universitaria” como un espacio fuera de la ley, donde las instituciones legalmente constituidas para asumir las responsabilidades de seguridad y protección de los ciudadanos, habría que preguntarles, ¿cuáles autoridades académicas están en capacidad legal, técnica y operativa de identificar y judicializar a los delincuentes que actúan dentro del campus? ¿Qué universidad cuenta con cuerpos de inteligencia, laboratorios forenses o fiscales capacitados para enfrentar delitos como el microtráfico, la violencia sexual o la extorsión? La respuesta es evidente: ninguna. Porque esas no son sus funciones.

Por tanto, es hora de decirlo con claridad, los delitos que se cometen dentro de una universidad deben ser enfrentados por los organismos que constitucionalmente están llamados a hacerlo, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Su presencia no puede ser entendida como una “intervención” arbitraria ni como una amenaza a la autonomía, sino como el ejercicio legítimo del Estado de Derecho en todos los rincones del territorio nacional, incluidas las universidades públicas.

La defensa de la autonomía universitaria no puede convertirse en excusa para la pasividad e inacción. Se requieren decisiones firmes, investigaciones serias y acciones judiciales que devuelvan la seguridad al campus. La omisión de la rectoría y la vicerrectoría, más que neutralidad, se ha transformado en permisividad frente a los actos violentos. La Universidad no puede seguir convertida en un territorio donde reina la inseguridad. Es tiempo de que la rectoría escuche no solo a los activistas, sino también a los todos los estudiantes y profesores, a los padres, madres y familias que confiaron en la institución y hoy sienten que esa confianza fue traicionada.

Mabel Cristina Quiroz Jiménez

[1] Triana, Santiago. Una denuncia de abuso sexual estremece a la Universidad Nacional de Colombia. EL PAÍS https://elpais.com/america-colombia/2024-12-20/un-caso-de-abuso-sexual-estremece-a-la-universidad-nacional-de-colombia.html?utm_source=chatgpt.com

Enrique Peñalosa: De gran alcalde a presidenciable

Escrito por Edgar Martinez en Sep 13, 2025. Publicado en Opinión.

Unos están de acuerdo y otros en desacuerdo con la figura política de Enrique Peñalosa, pero, los bogotanos, especialmente, conocemos de su experiencia gerencial y de su liderazgo técnico para promover, gestar y ejecutar proyectos enmarcados para mejorar la calidad de vida en aspectos puntuales de infraestructura, urbanidad, salud, educación, vivienda, deporte y entretenimiento. A sus 70 años de edad, solo le falta replicar este modelo en Colombia.

Peñalosa revivió para la prensa y la opinión pública con la publicitada llegada de los dos primeros vagones del metro para la movilidad de los capitalinos, proyecto auspiciado en su segunda administración y bandera para despertar calientes ánimos entre la izquierda radical siempre opuesta a un tren elevado por sus impactos negativos en aspectos urbanísticos y sociales, como la desvalorización, la inseguridad, las preocupaciones técnicas, entre otras, aún en controversia.

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Como dos veces alcalde de los capitalinos puede sentirse orgulloso de sus 40 años al servicio público porque durante ese lapso de tiempo administró en doble oportunidad (ocho años) el segundo cargo político más importante de Colombia. Los indicadores de gerencia y resultados, aunque a veces criticados por sus más fuertes detractores, se enmarcan en poner en funcionamiento las primeras etapas de Transmilenio y los iniciales kilómetros de ciclorutas, dos grandes iniciativas de movilidad que sirven de ejemplo para otros países en desarrollo.

Enrique Peñalosa siempre destaca en sus relatos las acciones de los políticos con hechos y obras palpables para beneficio de los ciudadanos, por lo que siempre destaca de sus dos administraciones “el cambio histórico en el modelo de ciudad, impulsando obras de infraestructura para garantizar la igualdad y el desarrollo dentro de las que se destacan ciclovías, parques, colegios, bibliotecas, espacios para la gente y su constante asesoría nacional e internacional a más de 200 ciudades para que sus funcionarios públicos construyan entornos más humanos y sostenibles”, dice en su red social de Twitter, ahora X.
Insisto en que hay quienes aprecian el trabajo del señor Peñalosa, y otros que definitivamente no. Respeto las posiciones de las dos partes. Pero tratando de ser objetivo debo decir que en sus dos administraciones la capital ha tenido serios avances en los sectores mencionados anteriormente.

Debo lanzar a un carajo la estigmatización sobre su procedencia de estatus social o línea política porque en esencia un ciudadano debe medir a sus gobernantes por los resultados que en esencia benefician a una ciudad y sus ciudadanos, en el caso de Bogotá. Enrique Peñalosa los ha generado. Evidencias matan a “carreta y populismo”.

¿Tendrá impacto nacional para logra una candidatura presidencial? La tarea la comenzó enfrentado en un cara a cara con las gentes de otras regiones en donde su nombre y apellido empezaron a coger fuerza por la llegada de una parte de la línea del metro a Colombia. Esa puede ser una impactante disculpa mediática valedera para demostrar que grandes obras de infraestructura son viables con el compromiso del gobernante de turno. No obstante, la gente requiere de agendas más sensibles y cercanas a sus necesidades que merecen la atención del candidato presidencial, Peñalosa.

Su experiencia administrando lo público y lo privado son prendas de garantía para verlo como una sólida opción de cara al 2026.

Enrique Peñalosa, dos veces alcalde de Bogotá y dos candidatos presidencial conoce de campañas políticas. Siempre arranca solo promoviendo su intención de llegar a un cargo público de elección popular. Para él, si algo queda claro por ahora es que buscará una alianza con opciones de centro derecha y derecha para entrar a formar parte en una propuesta en la que él sea también opción y que desemboque en candidatura única para enfrentar a la izquierda radical del actual gobierno. Él y sus resultados dejaron un legado en Bogotá, solamente falta que ese mismo legado quede marcado en la historia de Colombia.

Edgar Martínez Méndez

Contra la xenofobia

Escrito por Pedro Baracutao en Sep 12, 2025. Publicado en Opinión.

Después de Colombia eliminar a la Selección de Venezuela de las eliminatorias al mundial 2026, y durante el mismo partido, los chistes racistas no se dejaron esperar: “que no hay servicio en Rappi”, “el que gane se queda con el Parque Berrío”, “la señora de la tienda (venezolana) no nos quiere vender cerveza…”, y así. Incluso en el centro de Bogotá después del partido hubo una riña masiva entre colombianos y venezolanos.

Esos chistes sobre el país vecino reproducen un sentimiento innecesario entre dos naciones hermanas, unidad por una historia de lucha y emancipación, y es el sentimiento de superioridad racial, germen del nacionalismo, el racismo y el fascismo. El momento por el que atraviesa Venezuela, la hermana República, requiere de toda nuestra solidaridad y apoyo. Normalizar los “chistes” contra las personas migrantes de Venezuela reproduce la matriz del odio contra el pobre, el diferente, el desempleado, en últimas un arribismo propio de las elites y de quienes reproducen su mentalidad.

Como países bolivarianos, con la frontera compartida más grande, con una historia de solidaridad y lucha entre ambos pueblos, no podemos caer en la lógica del racismo. Más cuando en Latinoamérica y el mundo avanzan las derechas con discursos de odio y de persecución hacia lo diferente. Hace poco el incidente entre una barra chilena y otra argentina en Avellaneda demostró lo que causa el nacionalismo entre países hermanos, una violencia entre gente de la misma clase social por una idea de superioridad que no es futbolística sino racial.

Esta es una invitación a la fraternidad entre países hermanos, a que entendamos más allá de lo mediático y los montajes que Venezuela es un país hermano que necesita de nuestra solidaridad ante las amenazas imperialistas que desatarían una ola migratoria mucho mayor. Unámonos en un frente antifascista que más allá de consignas se materialice en la conciencia de la hermandad entre los pueblos en resistencia.

Pedro Baracutao

De azúcar y harinas

Escrito por León Ferreira en Sep 11, 2025. Publicado en Opinión.

Es alarmante el número personas que padecen cáncer en Colombia. Cada vez más jóvenes son diagnosticados con esta enfermedad, al punto que el Gobierno Nacional se vio en la obligación de impulsar la ley 2.360 de 2024, por medio de la cual a los pacientes diagnosticados con cáncer y a las personas que sospechen estar enfermas, se les declarará sujetos de protección especial constitucional. El cáncer es curable si se detecta tempranamente, la demora en el inicio de los tratamientos hace que la enfermedad tome ventaja. Entre otros de los factores que inciden en su aparición, están los antecedentes genéticos, psicosociales, ambientales, y por supuesto nutricionales; azúcar y harinas son los grandes percutores que pueden contribuir con la aparición de cáncer.

La desbordada ingesta de azúcar y harinas ultraprocesadas por la población colombiana produce particular preocupación. Es increíble cómo en muchas poblaciones, dentro de un radio de 100 m2, se puedan hallar múltiples expendios alimenticios de bebidas dulces, comidas azucaradas, harinosas y alcohol, particularmente, todo tipo de bollos, panadería y bizcochería que tienen como ingredientes a estos dos grandes enemigos de la salud: azúcar y farinaceas. Desde las cafeterías más sencillas hasta las grandes marcas como el arriero con la mula y la diosa-sirenada casi la totalidad de sus productos contienen azúcar y harinas. Promotores silenciosos del cáncer, son todos, sin importar el nivel del negocio alimenticio, contribuyen con la cultura cancerígena del excesivo consumo de azúcar. Amigo lector, visite un supermercado o una tienda de barrio y compruébelo, poco sirven los avisos de “Exceso de azúcares” en los envases.

Contiguo a un coliseo o a una sala de cine, siempre habrá un expendio de azúcares y harinas. Ahora hasta la crispeta es azucarada. ¿Hay consciencia entre los colombianos sobre la incidencia de la ingesta de azúcar en la aparición de diversos tipos de cáncer? ¿Son conscientes los emprendedores de la industria alimenticia sobre el hecho de que el azúcar es una sustancia adictiva? ¿Son conscientes las personas que se puede vivir sin azúcar pero, no sin sal? Hoy hasta las carnes las preparan con azúcar. Pareciera ser un asunto de inconciencia e irresponsabilidad social.

Las anteriores preguntas deberían provocar una profunda y seria reflexión sobre la forma cómo se alimentan los colombianos. Se ha malvendido la idea que, el azúcar es propulsor de la felicidad, y es habitual ver en series televisivas al despechado de turno consumiendo helados por montones, o ingiriendo licor que, en el fondo, es otra forma de azúcar para aliviar la pena. Combatir la adicción al consumo de azúcar y harinas no es fácil, sobre todo en una cultura donde no pueden faltar el pan, la arepa, la papa, la yuca, el plátano, la pasta y el arroz, acompañados de una bebida dulce disfrazada de jugo natural.

No se trata de demonizar el azúcar y las harinas, pero sí preguntarle al lector de esta columna ¿Es Usted consciente que cada vez que consume azúcar y harinas contribuye a potencialmente a enfermarse de cáncer?

La libertad de empresa todo lo permite, qué viva la libertad de empresa, por cierto. La libertad de empresa también es idear, innovar y ofrecer productos alimenticios de calidad que contribuyan a la buena salud y al bienestar. No hay derecho a que todo sea azucarado. No se puede creer que Colombia va a lograr el anhelado desarrollo humano a punta de panes, amasijos y todo tipo de chucherías endulzadas. Consumir azúcar seca el cerebro y afecta negativamente las funciones cognitivas, así muchos digan lo contrario. El problema real es la oferta exagerada de productos azucarados que no dan alternativa diferente a un consumo adictivo, excesivo e inconsciente de azúcar y harinas. El colombiano promedio es adicto a comerlos. Seguramente el dicho en adelante será “Pan y azúcar al pueblo” ¿Hasta cuándo?

León Sandoval

Segundas oportunidades: la verdadera fortaleza de un Estado

Escrito por Columnista en Sep 11, 2025. Publicado en Columnista invitado, Opinión.

En la vida todos nos equivocamos. En el amor, en la familia, en el trabajo… alguna vez hemos pedido una segunda oportunidad. Y cuando la hemos recibido, hemos podido demostrar que no somos solo nuestros errores, que también tenemos la capacidad de levantarnos y hacer las cosas mejor.

¿Por qué entonces nos cuesta tanto entender lo mismo como sociedad? La Constitución colombiana lo dejó claro cuando abolió la pena perpetua: Nadie puede ser condenado para siempre a la exclusión. La justicia no puede reducir a una persona únicamente a su error. Quien ya pagó su deuda con la ley tiene derecho a seguir adelante, a reconstruir su vida, a volver a empezar.

Negar ese derecho sería traicionar el mismo Estado de Derecho. La ley penal colombiana dice que la finalidad de la pena es la resocialización y la reinserción, y lo mismo establecen los tratados internacionales en derechos humanos que Colombia ha firmado. Eso significa que como ciudadanos tenemos el deber de abrir espacios para que el que ya cumplió pueda volver a ser parte de la sociedad.

El problema es que hoy sabemos que el sistema penitenciario no cumple esa tarea. La Corte Constitucional declaró que las cárceles están en un estado de cosas inconstitucional, porque sus condiciones de dignidad están muy por debajo de lo que ordena la Constitución. En palabras sencillas: la cárcel no resocializa. Siendo así, ¿qué nos queda? Apostarle a la reconciliación, al perdón y a crear espacios reales de reintegración.

En Colombia hemos permitido que actores armados, responsables de gravísimas violencias, hayan sido indultados y reincorporados incluso a la vida política. ¿Cómo negar entonces que un ciudadano que ya pagó su deuda con la justicia también tenga derecho a un nuevo comienzo? El perdón no puede ser selectivo, ni privilegio de unos pocos. Debe ser una regla de humanidad para todos.

Incluso desde la fe, el evangelio nos recuerda que hay que perdonar “setenta veces siete”. Ese llamado va más allá de la religión: es una invitación a no condenar a nadie a vivir eternamente bajo la sombra de su error. Una sociedad que no sabe perdonar, que no abre caminos para empezar de nuevo, está destinada a fracturarse.

Ejemplos como el de Johanna Bahamón y la Fundación Acción Interna demuestran que las segundas oportunidades no son una ilusión: Son posibles. Allí, muchas personas privadas de la libertad han podido estudiar, trabajar, emprender y reconciliarse con sus familias y con el país. Es la prueba de que cuando confiamos en los nuevos comienzos, las vidas cambian y la sociedad también se fortalece.

Pero no basta con dejar esta tarea en manos de fundaciones o de ciudadanos ejemplares. Las instituciones deben asumir ese compromiso. El Estado no puede seguir midiendo su fuerza en la dureza de las penas, sino en su capacidad de reconciliar, incluir y permitir que quienes ya cumplieron escriban una nueva página de su historia.

La verdadera pregunta que debemos hacernos como ciudadanos es esta: ¿qué clase de país queremos ser? ¿Uno que encadena de por vida por sus errores o uno que entiende que la grandeza está en permitir que otros vuelvan a empezar?

Porque la fortaleza de un Estado no está en castigar más, sino en tener la madurez para construir sobre el perdón y las segundas oportunidades. Y si en lo personal pedimos esas oportunidades a diario, ¿por qué negarlas en lo social?

Gustavo Moreno Rivera