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El costo-beneficio del atraso estatal

Escrito por Rafael Fonseca en Ago 20, 2025. Publicado en Opinión.

El Ministerio de Transporte expidió recientemente la Resolución 20253040029505, con la cual se oficializa el uso del Análisis Costo Beneficio (ACB) como instrumento de estructuración de proyectos de infraestructura de transporte, bajo un enfoque orientado al bienestar de las personas. Es, sin duda, un paso histórico y a la vez, vergonzoso. La misma necesidad de expedir una resolución sectorial para recordar lo que debería ser obvio, que el Estado debe decidir con base en la rentabilidad social de los proyectos, revela cuánto nos hemos quedado atrás en madurez institucional estatal y en madurez de nuestra democracia, lo cual es mucho peor. Y más, si se tiene en cuenta que el alcance de este paso de desatraso que estamos dando con esta resolución es solo para el sector transporte.

Rentabilidad social: el deber del Estado

La rentabilidad social en un proyecto de transporte público de pasajeros es, en términos simples, la diferencia entre los beneficios y los costos que un proyecto genera para la sociedad en su conjunto, no solo para las finanzas de la obra. Incluye impactos en movilidad, tiempo ahorrado, seguridad, salud, medio ambiente, productividad, equidad y calidad de vida. Son dimensiones más complejas de estimar que los flujos financieros, pero no son opcionales: un Estado moderno tiene que decidir con base en ellas.

De allí la contundencia de la lógica: un gobierno que prioriza proyectos por intereses políticos, cálculos electorales o conveniencias de contratistas, como tantas veces ocurre, traiciona su deber fundamental. Los resultados los conocemos: proyectos mal madurados, obras inconexas, sobrecostos y corrupción.

Que haya sido necesario regular este principio básico, y además restringido al sector transporte, habla del rezago existente. Desde hace dos siglos deberíamos tener claro que toda inversión pública, de cualquier sector, debe estar orientada al bienestar de las personas. Que aún no lo sea, muestra un Estado atrapado en la inmediatez y en la politiquería.

La virtud de la estandarización

El otro gran acierto de la resolución es la estandarización de los análisis, que emergió de las conclusiones que arrojó el estudio que la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- contrató en 2023 con la Sociedad Colombiana de Ingenieros -SCI- (ANI Documento 4y5, 2024) según informaron durante la presentación que hizo la ministra con sus colaboradores del Ministerio del Transporte en la Universidad del Rosario la semana pasada. El ACB debe producir un indicador sintético, la relación beneficio/costo, que permita comparar proyectos distintos y priorizarlos de acuerdo con su impacto social, para lo cual se requiere que la metodología para desarrollarlo sea estándar. Pero, como dijeron los expositores, en el caso del Metro de Bogotá ni siquiera eran comparables las alternativas para la misma solución en la misma ciudad, pero en años diferentes: se aplicaron metodologías distintas que necesariamente arrojan cifras inconexas.

El absurdo era evidente: proyectos del mismo sector, e incluso del mismo tipo de infraestructura, se miden con instrumentos diferentes. La resolución corrige parcialmente ese error, pero solo en transporte. Sin estandarización transversal entre sectores, el país seguirá sin poder construir un listado confiable priorizado nacional de proyectos, algo elemental para planificar con visión de Estado.

Y sin esa jerarquización, veremos seguir priorizando andenes en municipios sin alcantarillado, o parques cuando no están completos los sistemas de saneamiento básico. No porque la comunidad lo pida, y pese a que los ciudadanos difícilmente cuentan con herramientas técnicas para analizar prioridades complejas, sino porque los políticos deciden de acuerdo con sus intereses. Y ya sabemos cuán expuestas están esas decisiones a la corrupción.

Planeación de largo plazo, el gran ausente

La ausencia de un método estandarizado y obligatorio de comparación refuerza una de las taras más graves de Colombia: la falta de planeación de largo plazo.

Los planes de Gobierno barrieron con los planes de Estado. Sin un inventario priorizado de proyectos estratégicos, cada administración arranca de cero y escoge según su conveniencia. No es extraño entonces que el país siga “en vías de desarrollo”, con obras inconclusas, iniciativas que se repiten y recursos públicos dilapidados.

La planificación estratégica de infraestructura no puede quedar al vaivén de las elecciones ni al cálculo de clientelas políticas. Requiere reglas claras y una institucionalidad robusta que obligue a decidir con base en la rentabilidad social, en beneficio de todos y no de unos pocos.

El cambio de procedimiento: del trámite a la esencia

Un aspecto novedoso de la resolución es que el ACB ya no se concibe como un requisito de trámite al final del proceso, diseñado para justificar lo que el gobernante de turno ya decidió. Por el contrario, debe acompañar desde el inicio al diseño y en cada iteración retroalimentando las alternativas y buscando siempre la mayor relación beneficio/costo.

Es un giro radical: deja de ser el “sello” complaciente de un informe contratado para justificar decisiones políticas ya tomadas, y se convierte en la herramienta central para identificar la mejor opción, de verdad. Si se cumple, sería un cambio cultural en la forma de planear y estructurar proyectos públicos.

Lo que aún falta

La resolución del Ministerio de Transporte es un paso necesario, pero insuficiente. Mientras no se extienda a todos los sectores y no se convierta en política de Estado, seguiremos presos del cortoplacismo, de la discrecionalidad y de la corrupción que carcome la inversión pública.

El costo-beneficio de este atraso lo hemos pagado todos: con pobreza persistente, desigualdad territorial, infraestructura incompleta, oportunidades perdidas y una corrupción galopante.

Si queremos dejar de estar “en vías de desarrollo”, el camino está claro: todas las decisiones de inversión pública deben regirse, sin excepción, por la rentabilidad social y por metodologías estandarizadas que permitan priorizar lo que más bienestar genera a los colombianos.

Rafael Fonseca Zarate

Genocidio: El Nuevo Antisemitismo

Escrito por Samuel Azout | Opinión en Ago 19, 2025. Publicado en Opinión.

¿Por qué nadie reclamó genocidio en la guerra de Corea (1950-1953), en la cual murieron 2 millones de civiles (un promedio de 54.000 civiles al mes durante los 37 meses de guerra)?

¿Por qué nadie dijo genocidio en Mosul (2016-2017) donde murieron 11.000 civiles en una sola batalla que duró 9 meses, (la mayor batalla urbana desde la Segunda Guerra Mundial)?

En la guerra de Irak (2003-2011) se estima que murieron directamente 200.000 civiles. En la guerra de Afganistán (2001-2021) se sabe que murieron directamente al menos 46.000 civiles ¿Alguien señaló genocidio?

En la guerra civil en Siria (2011-2021) murieron más de 300.000 civiles. En la guerra civil en Yemen desde el 2014 han muerto 377.000 civiles ¿Por qué nadie dijo genocidio?

Israel libra una guerra existencial contra enemigos crueles que admiten que tienen como objetivo destruirlo. El 7 de octubre Hamás cometió atrocidades indescriptibles; los terroristas violaron y acuchillaron a mujeres embarazadas, juntaron a niños pequeños para quemarlos vivos, y mataron a todo el que podían, entre ellos cientos de jóvenes indefensos en un concierto de música. Además de matar a 1200, se llevaron 250 secuestrados, 75 de ellos fueron asesinados en túneles, incluyendo los bebés de la familia Bibas. Si, ¡bebés!!

Hamás coloca a civiles como escudos humanos en mezquitas, hospitales, residencias y escuelas. Además, se roba la ayuda humanitaria y priva a los niños de una infancia sana y normal. Mientras tanto, Israel implementa medidas para proteger a civiles, pide evacuación antes de atacar y apunta únicamente a objetivos militares. Por entrar casa por casa en vez de bombardear, han muerto cientos de soldados israelíes.

Si nos referimos a los números, Gaza tiene una proporción de civiles fallecidos por combatiente de 1:1 o 1:2, menor que cualquier comparación moderna.

La infraestructura que Hamás construyó para atacar a Israel lo hizo con dinero de cooperación internacional. En vez de invertirlo en obras sociales o en construcción de paz, lo invirtió en subterráneos para almacenar armas, y en escuelas para enseñar a los estudiantes desde la primaria a desmontar y ensamblar fusiles, y ante todo, a odiar a judíos.

Ahora, el mundo está preocupado por genocidio al pueblo palestino. ¿En serio? ¿Y por qué no hay preocupación por las masacres en Siria o Somalia, o por los millones de kurdos perseguidos por el régimen turco desde hace décadas, ni por las hambrunas en Sudán, entre tantos otros crímenes atroces?

No hay genocidio en Gaza. Lo que hay es un grupo extremista, intolerante y barbárico, de lo más cruel que ha producido la humanidad en su historia reciente, el cual debe ser desmantelado militar y políticamente.

Genocidio es simplemente la palabra escogida por el “nuevo antisemitismo», que de nuevo no tiene nada, es el odio más antiguo del mundo.

Samuel Azout

Recesión en inversión

Escrito por Simón Gaviria en Ago 19, 2025. Publicado en Opinión.

La inversión en Colombia o formación bruta de capital fijo total cayó al 17,1% del PIB en el 2024, un nivel insuficiente para que la economía crezca con dinamismo. El nivel promedio desde los 60s oscila entre el 19-20% del PIB, pre-pandemia la cifra esta en el rango 20-22% del PIB. La cifra podría parecer técnica, pero detrás hay un mensaje claro: el país está dejando de sembrar para el futuro. Hoy solo hemos retrocedido, no por azar, sino por decisiones que minaron la confianza. Tras un periodo restringido por el Covid mas la incertidumbre de Petro, serian mas de siete anos sin inversión contundente en el país. Ahora hay que volver a poder decir que el progreso también es un propósito de Colombia.

La inversión extranjera directa (IED) sumó en 2024 apenas US$13.800 millones, un 19% menos que en 2022. De ese monto, el 42% fue a hidrocarburos y minería. Pese a la retórica oficial de “transición energética”, son estos sectores los que siguen sosteniendo la entrada de dólares. Pero incluso ahí el capital llega con cautela: la incertidumbre sobre nuevos contratos de exploración mas el vaivén de regulaciones ambientales ahuyentan proyectos. Pasamos a importar gas.

El 23% de la IED fue al sector financiero, mientras que manufactura, agroindustria, y tecnología recibieron en conjunto menos del 20%. En la práctica, el país está dejando escapar oportunidades de diversificación productiva por una mezcla de improvisación regulatoria y mensajes hostiles hacia la empresa privada.

Hay excepciones: la inversión en tecnologías de la información creció 14%, y las energías renovables comprometieron US$1.200 millones. Pero buena parte de esos proyectos enfrenta retrasos por trámites y licencias que el gobierno no ha sabido agilizar.

La foto negativa está en los sectores que deberían ser motores de empleo. La industria manufacturera vio caer la inversión un 11%, la agroindustria un 9%. En el agro, la inseguridad jurídica sobre la tierra y la falta de infraestructura han sido agravadas por discursos que demonizan a los grandes productores, justo cuando se necesita inversión para modernizar y exportar.

En infraestructura, los cierres financieros de nuevos proyectos se han ralentizado. Las concesiones 4G y 5G avanzan por inercia, pero la falta de una política de Estado coherente y estable frena nuevas apuestas. La inversión pública, en lugar de compensar la debilidad privada, se diluye en gasto corriente.

Mientras tanto, nuestros vecinos nos superan: Chile invierte el 22% de su PIB, Perú el 21%, y Vietnam supera el 30%. La diferencia no está en la suerte, sino en las reglas claras. Allá, el inversionista sabe a qué atenerse; aquí, debe leer el diario cada mañana para saber si todo cambió. La receta actual de más incertidumbre, más improvisación y menos inversión esta logrando crecimiento anémico, empleo precario, y pobreza persistente.

Invertir es un acto de fe. Cuando el gobierno envía mensajes contradictorios, cambia las reglas sobre la marcha o legisla desde el prejuicio ideológico, el capital simplemente busca otras tierras. Si no entendemos esto, no necesitaremos una gran crisis para estancarnos: bastará con seguir administrando la desconfianza. Las elites de las minorías son muy importantes, pero en teoría el bien general debe primar sobre el particular.

Simón Gaviria

La fuerza de las regiones

Escrito por Luis Fernando Ulloa en Ago 19, 2025. Publicado en Opinión.

La descentralización en Colombia surgió como respuesta a la crisis del modelo centralista consagrado en la Constitución de 1886, pero tiene raíces más antiguas que datan del siglo XIX con el proyecto patriótico de constituir la República, desde la Nueva Granada a la actual Colombia. La elección popular de alcaldes y gobernadores, la transferencia del situado fiscal e impositiva a los departamentos y, posteriormente, la expedición del Sistema General de Participaciones en la Constitución de 1991, representaron avances hacia la autonomía territorial. Sin embargo, los resultados han sido limitados en la medida que el gobierno nacional sigue concentrando la mayor parte de los ingresos, mientras que departamentos y municipios dependen de las transferencias para financiar salud, educación e infraestructura. Las reformas fiscales del siglo XXI centralizaron aún más los recursos, debilitando la capacidad de planificación e inversión de las regiones. Esto explica por qué el desarrollo continúa concentrado en Bogotá, Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca, mientras otras zonas permanecen rezagadas, sin servicios básicos de calidad ni oportunidades de empleo.

Es de aclarar que este debate no es nuevo, pues conserva los vestigios de la historia republicana del siglo XIX, donde líderes patriotas como José Hilario López, Tomás Cipriano de Mosquera, Manuel Murillo Toro y Justo Arosemena defendieron el federalismo como un modelo alternativo al centralismo. Así en 1849, José Hilario López fue elegido como el primer presidente liberal por voto popular y durante su gobierno (1849-1853) impulsó reformas tributarias, la descentralización administrativa y promovió la Constitución de 1853, que otorgó a las provincias mayor autonomía.

Corrido el año de 1855, Manuel Murillo Toro, junto a otros liberales, participó como uno de los redactores del proyecto de Constitución para la Confederación Colombiana, defendiendo el federalismo como mecanismo para equilibrar el poder entre centro y regiones, y en ese mismo año, Justo Arosemena, desde Panamá, escribió su ensayo El Estado Federal de Panamá y propuso una república liberal organizada en asociaciones de pueblos autónomos, con un gobierno central reducido a los asuntos comunes.

Posteriormente, Tomás Cipriano de Mosquera lideró la Guerra de las Soberanías (Guerra Civil de 1860 a 1863) contra el centralismo conservador, donde se declaró victorioso a nombre del federalismo liberal con la independencia del Cauca y creó el Distrito Federal de Bogotá en 1861, y como último dato histórico, tanto Murillo Toro como Mosquera apoyaron la Constitución de Rionegro de 1863, que instauró un federalismo radical: fortaleció a los estados soberanos, redujo el poder presidencial, consagró la libertad religiosa y profundizó la separación entre Iglesia y Estado. Aunque breve y conflictivo, este debate dejó huella en la tradición constitucional colombiana.

La vigencia de este ideario se refleja hoy en el debate contemporáneo sobre la necesidad de fortalecer a las regiones. En vísperas de las justas electorales del 2026, la consulta denominada La Fuerza de las Regiones propone seleccionar a un precandidato presidencial entre exmandatarios locales, con el fin de devolver protagonismo político y fiscal a los territorios. Exgobernadores como Héctor Olimpo Espinosa (Sucre), Aníbal Gaviria (Antioquia), Juan Guillermo Zuluaga (Meta), y exalcaldes como Juan Carlos Saldarriaga (Soacha) y Juan Carlos Cárdenas (Bucaramanga) encabezan esta apuesta, que busca posicionar en la agenda nacional los desafíos y potencialidades regionales.

La propuesta subraya que el país no puede seguir dependiendo de cuatro departamentos y exige un desarrollo estructural del Sistema General de Participaciones, donde solo se destina cerca del 27 % de los ingresos corrientes nacionales (incrementado al 39,5 % según la Acto Legislativo 03 de 2024). Pero por su parte, el gobierno central continúa recaudando la mayoría de los ingresos tributarios (alrededor del 89 %), dejando a municipios y departamentos con apenas entre el 7 y 11 % de los ingresos generados. Además de la redistribución fiscal, las regiones reclaman acelerar la transición energética, diversificar la base productiva y ampliar la autonomía fiscal local. También demandan mejoras en educación e infraestructura vial, que conecte territorios apartados con los centros urbanos, condición indispensable para la competitividad y el bienestar.

En conclusión, la descentralización y la autonomía regional son hoy un imperativo político y socioeconómico. Fortalecen el mandato constitucional de reconocer y empoderar a las entidades territoriales, devolviendo protagonismo a gobiernos locales y comunidades. Al mismo tiempo, impulsan innovación, transición energética, desarrollo vial y educativo, y reducen las desigualdades históricas entre centro y periferia. Como es apena obvio, un país con regiones fortalecidas estará mejor preparado para enfrentar pobreza, desigualdad y cambio climático, y para consolidar la paz y la democracia.

La fuerza de las regiones no es un lema electoral, sino una oportunidad histórica para construir un Estado incluyente, plural y equilibrado, que será liderado en la agenda electoral de 2026 por estos experimentados exmandatarios regionales (Espinosa, Gaviria, Zuluaga, Saldarriaga y Cárdenas), que se inscriben ante la registraduría el 19 de agosto de 2025 con la entereza de enarbolar la modernización territorial del país, habido se superar y cerrar definitivamente el debate histórico entre centralismo y federalismo, ahora expresada en clave de modernización económica y justicia territorial.

Luis Fernando Ulloa

David contra Goliat

Escrito por Marcela Clavijo en Ago 19, 2025. Publicado en Opinión.

Cada vez que pienso en Iván Cepeda, recuerdo aquella imagen de 1997: un joven sentado en una sala del Cinep, con el dolor aún fresco por el asesinato de su padre, Manuel Cepeda Vargas. Hablaba de paz, pero no de cualquier paz: paz con verdad, con justicia y con garantías de no repetición. Esa voz, marcada por la tragedia, se convirtió en un faro moral.

Desde entonces, Cepeda ha sido el David que se atrevió a desafiar al Goliat del uribismo. Mientras el país era seducido por la retórica de la “seguridad democrática”, él puso sobre la mesa las verdades incómodas: los vínculos con paramilitares, los despojos de tierras, las notarías regaladas a cambio de votos, las “chuzadas” del DAS, la Yidispolítica, los ministros condenados, embajadores presos, generales investigados. La lista es tan larga que parece un inventario de la descomposición institucional de toda una época.

Lo fácil ha sido caricaturizar a Cepeda como un “obsesionado” con Uribe. Lo difícil es aceptar que esa “obsesión” no era personal, sino ética. Era la obsesión de no dejar que la memoria de miles de víctimas se diluyera en el olvido. Era la obsesión de un hijo que convirtió su duelo en política, y que se atrevió a señalar a los poderosos cuando casi todos callaban.

¿No resulta revelador que, mientras Iván Cepeda ha hecho de la verdad su causa, el entorno de Álvaro Uribe Vélez esté plagado de condenas, expedientes y fugas? ¿Cómo puede un país mirar hacia otro lado frente a esa evidencia apabullante? ¿Quién dio la orden?

David no venció a Goliat con fuerza, sino con verdad. Y esa es la verdadera batalla que hoy libra Colombia: ¿seguiremos encubriendo al gigante de la impunidad o escucharemos la piedra certera de la memoria y la justicia?

David contra Goliat no es solo una metáfora para describir la confrontación entre Cepeda y Uribe. Es una realidad política y moral: un hombre que nunca usó escoltas armadas, que nunca se escudó en la mentira, enfrentando a un aparato que ha utilizado el Estado, las armas y los medios para perpetuarse.

Hoy, la historia empieza a darle la razón. Los expedientes, las condenas, los testimonios y las investigaciones revelan que Iván Cepeda no estaba obsesionado con destruir a Uribe, como lo acusan sus detractores. Su “obsesión” era otra: la verdad. Y esa verdad, aunque tarde, siempre termina encontrando la luz.

Este David sin Papá, con una hermana maravillosa y el legado de una madre amoroso, venciendo un cancer con dos matrimonios encima, sin hijos, con varios libros escritos, dice ser Ateo, pero es más aferrado a la verdad que los que visitan el vaticano.

Este David no venció a Goliat con fuerza, sino con verdad. Esa misma verdad es la que, poco a poco, va cayendo sobre el uribismo como un juicio inevitable. Y aunque parezca tardía, esa verdad abre una esperanza: la de un país capaz de aprender de su dolor, de hacer justicia sin odio y de reconocer que incluso los gigantes pueden caer cuando la dignidad no se rinde, seguiremos luchando hasta que la dignidad se haga constumbre.

Iván amigo el pueblo está contigo, nos veremos más adelante, la unidad será la victoria.

Marcela Clavijo

La Inteligencia Artificial Generativa en seguridad pública: ¿una espada de doble filo?

Escrito por Juan Nieto en Ago 18, 2025. Publicado en Opinión.

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) no es nuevo en el sector de la seguridad pública. Desde hace un tiempo se utiliza para crear sistemas capaces de aprender, razonar, tomar decisiones y reconocer patrones mediante técnicas como machine learning, clustering, algoritmos predictivos, entre otros. Sin embargo, la irrupción de la inteligencia artificial generativa (IAG), que se especializa en crear contenido nuevo a partir de los datos con los que fue entrenada —como textos, imágenes o videos—, es un fenómeno deslumbrante que suscita fascinación, pero también gran preocupación, porque puede llegar a violar derechos ciudadanos y afectar la confianza en las instituciones.

Existen ya casos de uso de IAG en diferentes partes del mundo. A manera de ejemplo, en la Policía de San Francisco (EE. UU.) se emplea Draft One: en esta ciudad los agentes usan un copiloto de IAG que transforma las grabaciones de sus cámaras corporales en borradores de reportes. Lo que antes podía tardar horas ahora se hace en minutos, dándole más tiempo a los policías que patrullan las calles para labores operativas y de acercamiento comunitario.

Existen experiencias en otros continentes. En Agra, ciudad de la India, la policía fue entrenada en ingeniería de prompt y hoy algunos policías, con mucho orgullo, reciben el grado de “AI comandos”, que combinan esta tecnología con la labor policial tradicional. En la Unión Europea, diversos casos piloto prueban el uso de la IAG en análisis de inteligencia criminal y en la reducción de la carga burocrática. Los resultados iniciales muestran ahorros de tiempo significativos, mayor satisfacción de los funcionarios y aumento de la confianza ciudadana.

El informe Public Safety AI: Assessing the Benefits (Policing Project, NYU) documenta cómo la IAG puede aumentar la eficiencia policial, mejorar la comunicación con las comunidades y facilitar la rendición de cuentas. Una de sus conclusiones es contundente: cuando la IAG se aplica en tareas administrativas y de gestión, el impacto positivo es inmediato y cuantificable.

En Colombia tenemos a PretorIA: la Corte Constitucional ha puesto en marcha un sistema para apoyar la revisión de miles de tutelas que llegan diariamente. PretorIA analiza textos jurídicos y ayuda a filtrar casos relevantes, lo que demuestra que la IAG puede convertirse en un aliado para agilizar la justicia sin reemplazar el criterio humano.

Sin embargo, no todo es tan fácil como parece. La IAG trae consigo retos que no pueden ignorarse. Veamos algunos de ellos:

Alucinaciones: los sistemas de IAG pueden inventar datos, cifras o hechos inexistentes con la misma seguridad con la que entregan información veraz. En seguridad y justicia, una alucinación puede comprometer una investigación criminal, afectar una sentencia o violar derechos fundamentales.

Sesgos: la IAG aprende de datos históricos y puede reproducir prejuicios sociales basados en desigualdades económicas. Un sistema de predicción del crimen puede reforzar estigmatizaciones, concentrar la vigilancia en comunidades vulnerables o étnico-raciales y alimentar desconfianzas ciudadanas.

Ciberamenazas avanzadas: el informe Generative AI: a Double-Edged Sword in the Cyber Threat Landscape (Artificial Intelligence Review, 2025) alerta sobre la aparición del malware polimórfico: programas maliciosos generados por IA capaces de mutar y evadir defensas tradicionales. Esta amenaza convierte a la IAG en un arma tanto para la seguridad como para el crimen organizado.

Ética y gobernanza: como aún no hay reglas claras, la tentación de usar la IAG para vigilancia masiva y control social puede desbordar los marcos democráticos. El riesgo de caer en prácticas de “Gran Hermano” es real y requiere una discusión pública abierta.

Vigilancia masiva: cámaras con reconocimiento facial, sistemas de seguimiento de ciudadanos y modelos que predicen conductas antes de que ocurran: todo parece sacado de la película Minority Report, pero ya se prueba en varias ciudades del mundo. La línea que separa la prevención legítima de la intromisión abusiva en la vida privada se vuelve cada día más difusa.

La ética debe ser la brújula que guíe cada proyecto basado en IAG. Evitar que la fascinación tecnológica derive en abusos o exclusión social debe ser un objetivo prioritario.

La IAG ya es parte del presente de la seguridad pública. Sus beneficios son claros: reducción de cargas administrativas, más tiempo para la labor operativa, mayor capacidad de análisis y nuevas herramientas para la prevención. Una conclusión simple podría ser: la IAG no reemplaza al ser humano, lo potencia. El uso adecuado no está en decidir por jueces o policías, sino en liberar a los funcionarios de la carga burocrática para que dediquen más tiempo a lo esencial: proteger a las comunidades y garantizar la justicia.

Es importante reconocer que el Estado colombiano ya trazó una hoja de ruta con el CONPES 4144 sobre IA como una oportunidad para liderar una adopción responsable de la IAG que aproveche los beneficios sin caer en la trampa del abuso o la ingenuidad.

La IAG es una espada de doble filo. La pregunta no es si vamos a usarla, sino cómo. Y la respuesta marcará la diferencia entre una herramienta que fortalezca la democracia o un arma que, en manos imprudentes, la ponga en riesgo.

Por: Juan Carlos Nieto Aldana, PhD.
Experto en Inteligencia Estratégica y Seguridad Pública.

O vamos juntos, o seremos colgados por separado

Escrito por Ricardo Ferro en Ago 18, 2025. Publicado en Opinión.

En 1776, Benjamin Franklin, con su ironía habitual, advirtió a los líderes de la independencia norteamericana: “Debemos permanecer todos juntos, o con seguridad seremos colgados por separado.” Su frase tenía humor, pero también la gravedad de una sentencia: la unidad no era opcional, era cuestión de vida o muerte.

Colombia atraviesa una crisis que ya se siente en la vida diaria. El miedo en las calles, la inseguridad en las carreteras y la violencia política que ya cobró la vida de 97 dirigentes, incluido Miguel Uribe Turbay, reflejan un país al borde del abismo. En solo cinco meses, 80 policías y soldados han caído cumpliendo su deber, mientras miles de familias son desplazadas por la guerra en regiones como el Catatumbo.

Cómo si lo anterior fuera poco, en un hecho sin precedentes, el principal líder de la oposición, el expresidente Álvaro Uribe, está en la cárcel. No es un dato más: es la realidad que hoy golpea la seguridad y la tranquilidad de todos los colombianos.

Frente a ese panorama, la oposición no puede darse el lujo de la división. Nadie pide que amanezcan unidos de la noche a la mañana ni que renuncien a sus convicciones. Pero sí que hagan un alto en el camino, que dejen a un lado las tensiones secundarias y que, con la mayor brevedad, encuentren una fórmula que permita competir con un solo candidato. Porque la unidad no es un capricho: es la única herramienta real para defender la democracia, las libertades y el futuro de Colombia.

La disyuntiva es clara. Si cada quien insiste en avanzar por separado, la consecuencia será la derrota, y con ella la consolidación de un proyecto político que pone en riesgo la estabilidad del país. Si, por el contrario, los líderes de la oposición logran unirse, habrá una posibilidad real de equilibrio, de alternancia y de esperanza.

Franklin tenía razón entonces, y la tiene ahora: o nos unimos o nos hundimos. La decisión está en manos de quienes aspiran a gobernar, pero las consecuencias las sufriremos todos los colombianos.

Ricardo Ferro

El lado invisible del AgTech: Conectando lo desconectado

Escrito por Raúl Arce en Ago 18, 2025. Publicado en Opinión.

Aunque la agricultura representa típicamente entre el 1% y 4% del PIB en las economías desarrolladas, y raramente supera el 25% incluso en los países más dependientes del sector primario, su importancia trasciende cualquier métrica económica convencional. Como sector primario, la agricultura constituye el fundamento invisible sobre el cual se erige toda la civilización humana: alimenta a más de 8,000 millones de personas, emplea directa o indirectamente a casi el 40% de la población mundial, y sostiene las cadenas de suministro que mantienen funcionando las ciudades y las economías más sofisticadas del planeta. Esta paradoja entre su modesta contribución al PIB global y su rol absolutamente crítico para la supervivencia humana convierte a la agricultura en uno de los sectores más estratégicos para la innovación tecnológica del siglo XXI.

El comportamiento del capital de riesgo al parecer reconocía este rol entre 2019 y 2022, donde la Agrotecnología (AgTech) alcanzó en promedio, valores cercanos a los 9 mil millones de dólares anuales con un número de acuerdos de inversión cercano a 4000 según Pitchbook. El número, tanto de acuerdos como de inversión, se ha reducido en los últimos años siguiendo la tendencia mundial de los Venture Capital debido a las tasas de interés altas, la inflación y la incertidumbre geopolítica, no obstante hay muchos emprendedores con proyectos interesantes que buscan facilitar el acceso y la creación de tecnologías, el intercambio de conocimiento y el uso de datos en el agro.

Ahora bien, cuando hablamos de AgTech hay varias áreas que las startups o empresas pueden cubrir, en esta columna hablaré de algunas que he tenido la fortuna de conocer y que a mi parecer contribuyen al desarrollo del agro en distintas partes del mundo.

En el primer eslabón, el de conectar áreas rurales dispersas se encuentra Dots For Inc, una empresa con fundadores japoneses que estuvo presente en el 4YFN, que tiene como misión solucionar la conectividad rural en África occidental, tiene su solución d.Connect, que a diferencia de los sistemas tradicionales que dependen de torres de telecomunicaciones costosas y centralizadas, funciona como una red de vecinos digitales: cada aldea instala equipos sencillos que se comunican entre sí, creando una «cadena humana» tecnológica que lleva Internet de pueblo en pueblo, reduciendo los costos de instalación y mantenimiento.

En lo relacionado con adopción de la tecnología hacía agricultores, comunidades campesinas y empresas, Más por TIC, empresa colombiana, no solo promueve el ecosistema Agtech en Colombia desde el 2019, sino que gracias a su programa 123xTIC contribuye a la formación de jóvenes y docentes rurales, para brindar soluciones tecnológicas a los retos que se pueden presentar en proyectos agrícolas. Más recientemente ha desarrollado la vertical 123xMinegocio que hace desarrollos tecnológicos para empresas del sector, como la aplicación que desarrollaron para Colombia Rural que es el primer Marketplace especializado en la compra y venta de inmuebles rurales de manera simple, en un país con las complejidades de Colombia en los temas rurales.

Otra startup interesante es Wëia, que aunque en el ColombiaTechReport de 2024 se encuentra relacionada como Fintech podría estar catalogada más específicamente como Agrifinance. Ellos cuentan con una solución que permite a los pequeños y medianos agricultores acceder al capital de trabajo a través de la financiación de la cadena de suministro. Así, pueden adquirir sus agroinsumos en el momento de sembrar sus cultivos y pagar después de la cosecha, permitiendo además la medición del impacto ambiental de los cultivos, con la estimación de emisiones de CO2 y produciendo con cero deforestación.

Estas organizaciones pueden no estar en los subsectores de AgTech en los que históricamente se han concentrado los fondos de capital riesgo, como la biotecnología o la agricultura de precisión, pero serán las que habiliten que emprendedores de la base de la pirámide usen tecnologías como la IA para resolver problemas locales y sea el sector agro, una vez más, un puente, en esta ocasión para cerrar la brecha digital y lograr una participación activa en la nueva economía de comunidades que hasta ahora han estado alejadas de la misma.

Raúl Arce

La IAG una espada de doble filo para la seguridad pública

Escrito por Juan Nieto en Ago 18, 2025. Publicado en Opinión.

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) no es nuevo en el sector de la seguridad pública, desde hace un tiempo se utiliza para crear sistemas capaces de aprender, razonar, tomar decisiones y reconocer patrones mediante técnicas como machine learning, clustering, algoritmos predictivos, entre otros. Sin embargo, la irrupción de la inteligencia artificial generativa (IAG), que se especializa en crear contenido nuevo a partir de los datos con los que fue entrenada como textos, imágenes, videos, entre otros, es un fenómeno deslumbrante que suscita fascinación, pero también gran preocupación porque puede llegar a violar derechos ciudadanos y afectar la confianza en las instituciones.

Existen ya casos de uso de IAG en diferentes partes del mundo, a manera de ejemplo, en la Policía de San Francisco-EEUU, se emplea Draft One: en esta ciudad, los agentes usan un copiloto de IAG que transforma las grabaciones de sus cámaras corporales en borradores de reportes. Lo que antes podía tardar horas ahora se hace en minutos, dándole más tiempo a los policías que patrullan las calles para labores operativas y de acercamiento comunitario.

Existen experiencias en otros continentes, en Agra ciudad de la India, la policía fue entrenada en ingeniería de prompt y hoy algunos policías, con mucho orgullo, reciben el grado de “AI comandos” que combinan esta tecnología con la labor policial tradicional. En la Unión Europea, diversos casos pilotos prueban el uso de la IAG en análisis de inteligencia criminal y reducción de carga burocrática. Los resultados iniciales muestran ahorros de tiempo significativos, mayor satisfacción de los funcionarios y aumento de la confianza ciudadana.

El informe “Public Safety AI: Assessing the Benefits” (Policing Project, NYU): documenta cómo la IAG puede aumentar la eficiencia policial, mejorar la comunicación con las comunidades y facilitar la rendición de cuentas. Una de sus conclusiones es contundente: cuando la IAG se aplica en tareas administrativas y de gestión, el impacto positivo es inmediato y cuantificable.

Sin embargo, no todo es tan fácil como parece, la IAG trae consigo retos que no pueden ignorarse, veamos algunos de ellos:

Ciberamenazas avanzadas: el informe Generative AI: a Double-Edged Sword in the Cyber Threat Landscape (Artificial Intelligence Review, 2025) alerta sobre la aparición del malware polimórfico: programas maliciosos generados por IA capaces de mutar y evadir defensas tradicionales. Esta amenaza convierte a la IAG en un arma tanto para la seguridad como para el crimen organizado.

Vigilancia masiva: Cámaras con reconocimiento facial, sistemas de seguimiento de ciudadanos y modelos que predicen conductas antes de que ocurran: todo parece sacado de la película Minority Report, pero ya se prueba en varias ciudades del mundo. La línea que separa la prevención legítima de la intromisión abusiva en la vida privada se vuelve cada día más difusa.

La ética debe ser la brújula que guíe cada proyecto basado en IAG. Evitar que la fascinación tecnológica derive en abusos o exclusión social debe ser un objetivo prioritario.

La IAG ya es parte del presente de la seguridad pública. Sus beneficios son claros: reducción de cargas administrativas, más tiempo para la labor operativa, mayor capacidad de análisis y nuevas herramientas para la prevención. Una conclusión simple podría ser: la IAG no reemplaza al ser humano, lo potencia. Su mejor uso no está en decidir por jueces o policías, sino en liberar a los funcionarios de la carga burocrática para que dediquen más tiempo a lo esencial: proteger a las comunidades y garantizar la justicia.

Por: Juan Carlos Nieto Aldana, PhD.

Experto en Inteligencia Estratégica y Seguridad pública.

La estrategia de la virtud

Escrito por Jaime Arango en Ago 17, 2025. Publicado en Opinión.

El estado de guerra ha sido reemplazado por el estado de odio. El odio reivindica la violencia y la violencia aumenta la incertidumbre y el azar, sobre todo para quienes la ejercen, por eso los que planearon el asesinato de Miguel Uribe se encontraron frente a resultados imprevistos. La gente se identificó con Miguel porque representaba a la vez al político virtuoso y a la elite ilustrada, era la moral más el conocimiento.

Un buen hombre que era también un hombre superior. En este caso el hombre superó a la idea y los asesinos fracasaron porque no eliminaron ni al hombre ni la idea y pusieron en la escena política la expectativa profunda del hombre común de ser liderado por la virtud y no como se cree usualmente, por la simple eficacia. Pero de este “viaje del héroe” solo Miguel Uribe Londoño extrajo la verdadera consecuencia política que implicaba cuando afirmó que “esta guerra tiene culpables y responsables. Lo sabemos. No tenemos ninguna duda de dónde viene la violencia. No tenemos duda quién la promueve. No tenemos duda quién la permite. “porque frente a esta certidumbre el objetivo es que los asesinos de Miguel Uribe no ganen las elecciones, se trata de votar por los asesinos de Miguel, o en contra de ellos.

Leo Strauss estableció que la política era en el fondo un tensión permanente entre razón y revelación. El ámbito religioso en que se desarrolló la larga agonía de Miguel, las palabras dichas en una catedral, la oración fúnebre y los símbolos sagrados que rodearon y rodean su muerte, suponen que en este caso la tención de Strauss se inclinó por la revelación, por una ciudadanía que rechaza el mal en un marco paradójico y brutal porque no se puede ignorar que una parte de la sociedad, de manera secreta, y vergonzante, se alegró por el asesinato de Miguel, la parte que conforma el estado de odio y que ahora tiene representación y voz desde el estado. Por eso la afirmación de “no tenemos ninguna duda de donde viene la violencia…” es el único enunciado verdaderamente estratégico que se ha planteado en medio de la confusión. Es una afirmación política y supone una causa, la de erradicar esa fuente de violencia, la de derrocar al odio.

El asesinato de Miguel creó un escenario político completamente nuevo. Un escenario que los planificadores del crimen no controlan. Su objetivo era conservar el poder, pero el resultado ha sido que perderán el poder, siempre y cuando, sus opositores comuniquen con absoluta claridad que la ciudadanía tiene que elegir entre los asesinos de Miguel o quienes castigaran a sus asesinos y como “no tenemos ninguna duda de donde viene la violencia…”, la elección tiene que ser sobre quien no tenga ninguna duda. Se trata de representar un legado moral, no un legado ideológico. Más que una simple elección, estamos frente un desafío existencial.

Descubrimos que en política la virtud es posible. Miguel, con su trágico destino, logró que la gente entendiera que no tenemos por qué elegir el mal. Después de la caída, unos disparos en un parque nos mostraron que lo contrario del odio es la virtud.

Jaime Arango

Una capa plástica más

Escrito por Juan Camilo Clavijo en Ago 17, 2025. Publicado en Opinión.

Las negociaciones del tratado sobre plásticos de la ONU fracasan después de que Estados Unidos se uniera a los petroestados para bloquear la acción.

Los delegados criticaron el papel de la administración Trump al alinearse con Arabia Saudita y otros productores petroquímicos. (Financial Times, Agosto 15, 2025)

Para tener claridad del impacto que esto tiene, cada año se producen más de 400 millones de toneladas de plástico, de las cuales aproximadamente 12 millones de toneladas llegan a los océanos, afectando a peces, aves y mamíferos marinos. Solo alrededor del 9 % del plástico producido históricamente ha sido reciclado, mientras que el 79 % restante termina en vertederos o en el medio natural, donde puede tardar cientos de años en descomponerse. La fragmentación de plásticos en microplásticos contamina el agua, suelo y aire, con impactos potencialmente graves sobre la biodiversidad y la salud humana.

Además del daño ecológico, los plásticos contribuyen significativamente al cambio climático. Su producción depende de combustibles fósiles, representando entre un 4 y 8 % del petróleo mundial, y la fabricación e incineración de plásticos genera cerca de 1,8 gigatoneladas de CO₂ al año. Si no se implementan medidas globales efectivas, estas emisiones podrían triplicarse para 2050.

El tratado global sobre la contaminación plástica se lanzó en 2022 por la ONU con el objetivo de crear un acuerdo vinculante que abordara la problemática de los plásticos desde su producción hasta la gestión de residuos. Desde sus inicios, el tratado buscaba no solo mejorar el reciclaje, sino también regular la producción de plásticos de un solo uso y controlar los químicos tóxicos presentes en ellos.

El ente que lidera esas negociaciones fue el Comité Intergubernamental de Negociación (INC). En 2023, en la tercera sesión, se presentó el primer borrador del tratado que incluía producción, químicos y reciclaje. Sin embargo, en la quinta sesión, realizada en Busan en diciembre de 2024, comenzaron a surgir divisiones profundas: más de cien países defendían la necesidad de limitar la producción de plásticos y regular los químicos, mientras que países petroleros como Arabia Saudita, Kuwait y Estados Unidos se mostraban reacios a comprometerse en esos frentes, prefiriendo concentrarse únicamente en la gestión de residuos y en promover una economía circular.

Las divisiones tuvieron su punto álgido en agosto de 2025, durante la sexta sesión del INC en Ginebra, donde las negociaciones fracasaron sin lograr un acuerdo vinculante. La oposición firme de los petroestados y de Estados Unidos fue determinante, evidenciando la imposibilidad de conciliar los intereses económicos con la urgencia ambiental.

Obviamente, la posición de estos países no fue solamente una decisión de sus gobiernos. Según analistas de AP News y Financial Times, esta presión corporativa fue uno de los factores que llevaron al fracaso de las negociaciones de Ginebra en agosto de 2025.Los fabricantes de resinas, polímeros y derivados del petróleo cuentan con recursos financieros y estratégicos significativos para presionar a los gobiernos y moldear políticas a su favor.

Su objetivo principal ha sido evitar regulaciones que limiten la producción de plásticos o restrinjan ciertos químicos utilizados en su fabricación, y en cambio promover enfoques centrados en la economía circular y el reciclaje, que no afectan directamente sus volúmenes de producción ni sus ganancias.

Para complementar su labor de lobby, realizan campañas de relaciones públicas, presentando el reciclaje y la reutilización como soluciones suficientes para la crisis plástica, minimizando la necesidad de reducir la producción. Una narrativa que los consumidores creemos de principio a fin.

El fracaso de las negociaciones del tratado global de plásticos en Ginebra tiene consecuencias directas y graves para América Latina. Países como Brasil, México y Colombia dependen en gran medida de la exportación e importación de plásticos y productos derivados del petróleo, y gran parte de sus residuos terminan en ríos y océanos, afectando ecosistemas clave como la Amazonía, el Caribe y el Pacífico.

Sin un marco internacional vinculante, la presión sobre estos países para reducir la producción de plásticos y regular los químicos tóxicos se debilita, lo que retrasa políticas nacionales de reducción de plásticos de un solo uso y aumenta la acumulación de desechos en ecosistemas sensibles.

Además, la ausencia de un acuerdo global limita la capacidad de los gobiernos latinoamericanos para recibir financiamiento y asistencia técnica para mejorar sus sistemas de reciclaje y gestión de residuos. Por ejemplo, en Perú y Chile, iniciativas locales para promover la economía circular y el reciclaje de plásticos dependen en gran medida de incentivos internacionales y cooperación técnica; sin un tratado global, estos programas enfrentan desafíos de sostenibilidad y escalabilidad.

En Centroamérica, países como Guatemala y Honduras luchan contra la contaminación de ríos y costas, donde la falta de un marco regulatorio internacional reduce la presión sobre las empresas multinacionales para asumir responsabilidad en sus cadenas de producción y distribución.

El fracaso de este tratado es una capa mas en esta ola de negacionismo del cambio climático, que viene de una falsa creencia en el fomento de los negocios, pero que a futuro el costo va a ser tan alto, que las empresas necesitaran de ayudas para afrontar temperaturas extremas, desertificación, o falta de agua

Juan Camilo Clavijo

Un grito de auxilio por AIR-E

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Ago 17, 2025. Publicado en Opinión.

Según la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), el nombramiento del agente interventor Nelson Javier Vásquez torres “no ha venido acompañado de un plan claro y estructural que permita resolver una problemática que continúa agravándose y que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los generadores de energía, en especial del sector térmico, fundamental para el respaldo del sistema eléctrico nacional en momentos de baja hidrología”.

Por su parte, en un pronunciamiento conjunto por parte del Procurador General de la Nación Gregorio Eljah y el Contralor General de la República Carlos Hernán Rodríguez alertaron al Gobierno sobre el riesgo de un apagón financiero de las empresas comercializadoras de energía por cuenta de la deuda de la opción tarifaria, la deuda oficial por prestación del servicio y la morosidad por parte de la Nación en el reintegro del valor de los subsidios del consumo de energía de los estratos 1, 2 y 3, que sumados bordean los $10 billones. Y lo más grave es que el apagón financiero puede derivar en un efecto dominó que puede comprometer la prestación del servicio de energía.

El Contralor Rodríguez fue enfático y reiterativo al plantear al Gobierno Nacional “la necesidad de tomar las acciones necesarias para prevenir un posible racionamiento de energía” al tiempo que “la estabilidad del sistema eléctrico es un asunto prioritario para la nación”. Tanto la Procuraduría como la Contraloría coinciden en que la delicada situación financiera que afronta la empresa Air-e y que llevó a su intervención no es un caso aislado, es sólo la punta del iceberg, pues las demás empresas comercializadoras afrontan una situación similar.

Y, como lo afirma el Procurador Eljah, “se interviene cuando no está funcionando algo para salvarla, para sacarla adelante, y eso es lo que buscamos entre todos”. La intervención de Air-e supera ya los dos años y no ha revertido la situación crítica. La falta de recursos y la continuidad de problemas financieros ponen en duda la efectividad de la medida”. Y va más lejos al advertir que “la intervención es una decisión extrema, no puede ser la regla general y tiene un objetivo, además de unas causales, y el objetivo es la recuperación cuanto antes de la capacidad de funcionamiento de la empresa o entidad intervenida. No puede suceder que las intervenciones lleven a la liquidación de las empresas porque ese es el mayor contrasentido y esa es la mayor contradicción con lo que ordena la Constitución”, destacaron de las palabras de Eljach en el periódico regional El Heraldo.

Hasta el propio Ministro de Minas y Energía Edwin Palma puso el grito en el cielo y en una Carta abierta dirigida al Superintendente de Servicios Públicos le manifestó que “urge, por lo tanto, no solo la inyección de capital que permita cumplir con los compromisos adquiridos con las generadoras y demás actores del sistema, sino que la Superintendencia defina, a la mayor brevedad, una solución de fondo que garantice la prestación eficiente y continua del servicio de energía eléctrica”, señaló además que “el Estado no puede permitir que se consume un riesgo sistémico”. Más claro la luz!

Mientras tanto, por fin, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios rompió su largo silencio ante tales requerimientos y a través de un comunicado que hizo público el pasado 28 de julio se dice que le “ha solicitado a la empresa comercializadora Air-e”, por ella intervenida, “el desarrollo de procedimientos internos transparentes para la contratación y el funcionamiento empresarial”. Ello en respuesta a los cuestionamientos que han trascendido a través de los medios y de los cuales ha sido objeto la administración de la empresa a cargo del agente interventor Nelson Javier Vásquez torres.

También se afirma que Air-e “se compromete a desarrollar, en el corto plazo acciones concretas, que incluyen la optimización del proceso de compra de energía para 2026, la implementación de un robusto plan de mantenimiento, refuerzo y expansión de las redes y la ejecución del plan de inversión de obras a nivel del sistema de transmisión regional para garantizar la prestación del servicio de manera confiable”. No obstante, el agente interventor de Air-e no puede cumplir este compromiso si la superintendencia no se compromete y cumple con su obligación de solventarla, darle liquidez y caja. Hasta ahora el saliente superintendente Yanod Márquez se ha limitado a decir que el fondo empresarial que administra, que es el llamado a hacerlo está desfinanciado, no tiene un solo peso.

Según el ex superintendente Márquez, “en relación con la intervención de Air-e, se informa que el Fondo empresarial destinado a estas acciones contaba, a marzo de 2025, con $416.500 millones, pero que actualmente solo dispone de $167.000 millones, mientras enfrenta deudas por $234.000 millones asociadas a ocho empresas intervenidas y pasivos por $2,2 billones correspondientes a tres empresas en liquidación, incluida Electricaribe”. Así de claro!

Y mientras tanto Air-e sigue sin con qué pagarles a sus proveedores y es la única empresa comercializadora que a estas alturas no ha contratado todavía la compra de energía para el 2026, poniendo en riesgo “la prestación del servicio de manera confiable” a sus 1.3 millones de usuarios regulados y 692 no regulados de los departamentos de atlántico, magdalena y la guajira!

Amylkar Acosta

www.amylkaracosta.net

La tasa de seguridad del gobernador de Antioquia que no cuadra ni en las cuentas

Escrito por Alejandro Toro en Ago 17, 2025. Publicado en Opinión.

El gobernador, Andrés Julián Rendón, presentó la llamada “tasa de seguridad” como la solución definitiva al deterioro del orden público en Antioquia. Se vendió como una herramienta que blindaría al departamento frente al crimen organizado y que demostraría, según sus propias palabras, que “si el Gobierno Nacional nos deja solos, nosotros mismos nos defenderemos”. Sin embargo, a 15 de julio, el recaudo alcanzó apenas $19.354 millones frente a la meta de $45.217 millones. Aunque la Gobernación y El Colombiano matizaron el panorama afirmando que en realidad se han recogido $42.300 millones, el verdadero dato incómodo es otro: apenas se ha cumplido el 33% de la meta de recaudo para 2024, con solo cuatro meses por delante.

Para entender el problema, hay que recordar que la Constitución Política de Colombia establece, en su artículo 338, que los tributos, tasas y contribuciones especiales deben tener un hecho generador claramente definido, un sujeto pasivo determinado y, sobre todo, una destinación específica proporcional al costo del servicio prestado. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido insistente: una tasa no puede convertirse en un impuesto disfrazado. Su valor debe guardar relación directa con el beneficio recibido por el contribuyente.

En este caso, la Gobernación de Antioquia no ha demostrado de manera técnica ni documental cómo el pago de la tasa se traduce en un servicio concreto y proporcional para quienes la pagan. Empresarios, comerciantes y residentes de estratos altos no reciben un esquema de seguridad diferencial que justifique el cobro. En otras palabras, la tasa podría estar vulnerando el principio de equivalencia, abriendo la puerta a demandas de nulidad ante el contencioso administrativo.

Más allá de la discusión jurídica, el contexto político revela una jugada calculada. Desde el inicio de su mandato, Andrés Julián Rendón ha insistido en la narrativa de que el Gobierno Nacional “abandonó” a Antioquia en materia de seguridad. La tasa de seguridad no solo encaja en esa estrategia discursiva, sino que le da al Gobernador un argumento para mostrarse como el líder que “hace lo que el centralismo no quiere hacer”.

Pero hay un problema: el tiro le está saliendo por la culata. Quienes más se han visto afectados por el cobro son justamente sectores que tradicionalmente lo apoyaron: empresarios, comerciantes y ciudadanos de altos ingresos. La reacción ha sido evidente en la baja disposición de pago, al punto de que, incluso con la cifra de $42.300 millones que la Gobernación defiende, la meta anual sigue lejísimos de cumplirse.

Esta resistencia evidencia que el problema no es solo de recaudo, sino de legitimidad. Un tributo que no cuenta con aceptación social y que se percibe como improvisado carece de sostenibilidad. Y, como lo demuestra la experiencia de otros departamentos, una tasa de seguridad sin recaudo suficiente termina siendo más un gesto político que una política pública eficaz.

Supongamos que, milagrosamente, en los próximos cuatro meses se lograra recaudar la totalidad de la meta anual. ¿Sería suficiente para resolver la crisis de seguridad de Antioquia? Los expertos dicen que no. El crimen organizado, las economías ilegales, la violencia rural y la criminalidad urbana requieren intervenciones integrales que van mucho más allá del aumento del pie de fuerza o la compra de equipos. Se necesitan programas de prevención, inversión social y coordinación interinstitucional con la Policía, el Ejército, la Fiscalía y, por supuesto, el Gobierno Nacional.

Con un recaudo tan bajo como el actual, la capacidad de la Gobernación para implementar estas acciones es mínima. La tasa no alcanza para cerrar brechas, y la administración departamental no ha mostrado un plan claro de priorización del gasto. Esto deja a Antioquia en una situación peligrosa: con los mismos problemas de seguridad, un tributo cuestionado y una narrativa política que busca confrontar más que construir soluciones conjuntas.

La tasa de seguridad de Andrés Julián Rendón es un caso de manual sobre cómo una medida presentada como salvadora puede terminar revelando lo contrario: improvisación, debilidad técnica y cálculo político. Lejos de blindar a Antioquia, ha golpeado a su base social y ha abierto flancos jurídicos que podrían tumbarla.

Ya hay demandas de nulidad contra la Ordenanza 50, que cuestionan el principio de legalidad y certeza del artículo 338 superior, y la tipificación misma del tributo. Si un juez le da la razón a los demandantes, no sólo caería el cobro futuro: podrían ordenar devolver lo recaudado, abriendo un hueco fiscal. Así las cosas, la “solución” financiera se convierte en riesgo contencioso.

Lo que el departamento necesita no es un nuevo capítulo en la novela de confrontaciones con el Gobierno Nacional, sino una estrategia integral de seguridad y convivencia construida de manera coordinada, con recursos garantizados y legitimidad social. Porque la seguridad no se decreta ni se cobra: se construye, y se construye con todos.

Por: Alejandro Toro

Del duelo al odio: Cuando la memoria se convierte en arma

Escrito por Quena Ribadeinera en Ago 17, 2025. Publicado en Opinión.

Sobre la muerte de Miguel Uribe, tras dos meses en la Fundación Santafé, me quedan muchas reflexiones y preguntas. Entiendo lo doloroso que es la partida de un ser querido, un amigo, un compañero y un referente político para muchos en el país. Ninguna muerte debe celebrarse, y menos aun cuando se trata de un crimen político. La democracia se empobrece con cada vida que se apaga de manera violenta.

Pero lo que presenciamos en su funeral fue estruendoso y perturbador: discursos cargados de odio, de advertencias de exterminio, de llamados a acabar con la izquierda y de acusaciones sin pruebas contra el presidente de la República. No fue un acto íntimo de duelo, silencio y reflexión, como en redes sociales insistían sus familiares y copartidarios. Fue, más bien, un escenario para agitar viejas batallas, victimizarse políticamente y revivir los fantasmas de la guerra interna.

El discurso de Álvaro Uribe Vélez es ilustrativo. En lugar de honrar la memoria de Miguel con grandeza y serenidad, eligió instrumentalizar su muerte para desatar acusaciones graves y peligrosas: habló de un supuesto “magnicidio instigado” por el presidente Petro, comparó lo sucedido con el asesinato de Álvaro Gómez, y sostuvo que recordar el genocidio de la Unión Patriótica es una “tesis socorrida del régimen”. Con ello no solo distorsiona la historia, sino que niega el exterminio más documentado en la política colombiana: más de 6.000 militantes, congresistas, alcaldes y líderes sociales de la UP asesinados por un engranaje de Estado, narcotráfico y paramilitarismo, que ya cuenta con sentencias y condenas internacionales al Estado colombiano.

Uribe, en su afán de victimización, pretende borrar de un plumazo esa memoria incómoda. Afirma que en su gobierno no hubo instigación contra la oposición, que incluso protegió a Petro y a los congresistas de la UP. La realidad es otra: bajo su mandato hubo desplazamientos masivos, ejecuciones extrajudiciales, persecuciones judiciales y un país marcado por la doctrina del enemigo interno. La sombra de los falsos positivos, los vínculos con paramilitares y la connivencia de sectores estatales con el exterminio político no se borran con una frase pronunciada en medio del dolor.

Lo grave es que, en vez de asumir el duelo como un momento de reconciliación nacional, Uribe y otros voceros lo convirtieron en plataforma de odio. Alejandra Azcárate habló de “exterminar la plaga”, Abelardo de la Espriella de “acabar con la izquierda”, y Uribe mismo agitó el fantasma de un enemigo interno al que hay que derrotar con ayuda de “servicios de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido e Israel”. Ese lenguaje es gasolina en un país aún atravesado por el dolor de décadas de violencia política.

El asesinato de Miguel Uribe es un hecho doloroso que exige verdad y justicia. Pero utilizarlo para profundizar la polarización, negar genocidios históricos y reescribir la memoria colectiva no es homenaje, es manipulación. En la medida en que los líderes políticos sigan instrumentalizando la muerte para perpetuar el odio, Colombia seguirá atrapada en el mismo círculo de violencia que tanto nos ha costado superar.

Hoy más que nunca Colombia necesita rechazar de manera categórica la violencia y el odio como formas de hacer política. La vida debe ser el único principio inviolable sobre el cual se construya nuestra democracia. Escuchar al diferente, debatir con argumentos y reconocer que en este país cabemos todos es la única vía para romper con los ríos de odio que algunos quieren seguir desbordando en los discursos políticos. No podemos volver a repetir la historia de muerte y dolor que dejó el uribismo en el poder: más de 6.402 jóvenes asesinados en los mal llamados “falsos positivos”, más de 3 millones de personas desplazadas forzosamente, miles de personas desaparecidas forzadamente en el conflicto y un exterminio político como el de la Unión Patriótica que aún espera verdad y justicia. Esas cifras son un recordatorio doloroso de lo que ocurre cuando el odio y la estigmatización se convierten en política de Estado.

El verdadero honor a Miguel no está en convertirlo en un mártir de una causa partidista, sino en reafirmar el valor supremo de la vida, la necesidad de la memoria y la urgencia de rechazar —sin titubeos— cualquier discurso que siembre odio y legitime la violencia.

Por: Quena Ribadeneira

Ciudad Río: la oportunidad que Bogotá sigue dejando escapar

Escrito por Juan David Quintero en Ago 17, 2025. Publicado en Opinión.

La capital está perdiendo una de las iniciativas más ambiciosas de renovación urbana, ambiental y social de su historia reciente: el proyecto Ciudad Río.

Este plan fue una de las grandes apuestas del exalcalde Enrique Peñalosa, que nació bajo el POT de 2004 (Decreto Distrital 190/04) y se concibió como un proyecto de renovación urbana y rural que buscó dinamizar los espacios alrededor del río Bogotá en el tramo del cauce que pasa por Chía, Cota, Funza, Mosquera, la capital y una parte de Soacha. Con 67 kilómetros de malecón, 2.976 hectáreas y un cauce de 30 metros de ancho, Ciudad Río prometió transformar la relación de los ciudadanos con el río.

El contrato que sustentó la propuesta se ejecutó. Se hicieron los diagnósticos, se definieron los alcances de los estudios técnicos, se cumplieron los objetivos trazados. Toda esa información quedó disponible. Sin embargo, el proyecto murió porque Claudia López no lo incluyó en su POT (Decreto Distrital 555/21). Así, un proyecto que pudo darle un nuevo rostro a la ciudad se archivó y quedó como un sueño inconcluso.

Ciudad Río no se planteó como un simple ejercicio de urbanismo. Buscó fortalecer la conexión ambiental del río Bogotá con humedales como La Conejera, Juan Amarillo y Jaboque, además de los afluentes Fucha y Tunjuelo. Quiso ampliar el área verde por habitante a 11 metros cuadrados (dato de 2017) y priorizar el transporte público y no motorizado en el borde occidental. Además, contempló 998.000 metros cuadrados para nuevos equipamientos: 85% vivienda, 6% comercio, 4% servicios y 3% industria y logística.

Este tipo de proyectos los podemos encontrar en varias ciudades del mundo e incluso del país. Ciudades que se arriesgaron por una revitalización urbana y ambiental alrededor de sus ríos y lo lograron. Buenos Aires con Puerto Madero, París con la Ribera Izquierda del Sena, Washington con The Wharf, Montería con el Malecón del Sinú y Barranquilla con el Gran Malecón del Magdalena.

El caso de Bogotá no fue distinto en sus orígenes. Entre 1920 y 1940, el río se navegó y sirvió para transporte y economía diaria. Entre 1950 y 1970, fue espacio recreativo y agropecuario. Pero desde entonces se volvió un lugar contaminado, aislado y vergonzante. Se habló de su descontaminación, se diseñaron plantas de tratamiento como Salitre y Canoas, se invirtieron recursos, pero no hemos logrado recuperarlo y que vuelva a ser parte de la ciudad.

Uno cuida lo que conoce. Por eso Ciudad Río representa más que ladrillos y parques: significa recuperar la apropiación ciudadana de un recurso natural esencial. Sin esa apropiación, la descontaminación del río nunca será integral.

Hoy el POT vigente impide retomar este proyecto. Pero Bogotá necesita repensar su relación con el río y su ordenamiento territorial. Si la capital quiere llamarse sostenible, debe mirar al río de frente. Ciudad Río fue la oportunidad que dejamos escapar, pero también puede ser el camino que recuperemos si entendemos que el futuro de Bogotá se construye con el río, no a sus espaldas.

Juan David Quintero