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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Economía

DANE reporta crecimiento económico del 3.6%

De acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la economía de Colombia pasó de 1.8 % en el tercer trimestre del año pasado a 3.6 % del mismo período en el 2025.

De acuerdo con los analistas, este crecimiento superó las expectativas de los pronósticos iniciales que se hicieron a comienzos de 2025.

 

Según el DANE, los sectores que jalonaron este crecimiento económico fueron: el comercio con el sector de vehículos y motos con el 8,4%; la educación, con un crecimiento del 11 % y la confección con el 4,1%. Las obras civiles, que tienen un crecimiento del 13.1 %.

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En contraste, la minería se contrajo un 5.7 % por cuenta de la menor producción de petróleo, de gas y carbón.

Conozca la estrategia digital de los minoristas colombianos para superar inversiones

El retail media ha dejado de ser un canal publicitario secundario para convertirse en una de las principales estrategias del sector minorista, especialmente en mercados emergentes como Colombia. Esta modalidad permite a los retailers monetizar sus plataformas digitales —como sitios web y aplicaciones— ofreciendo espacios publicitarios a las marcas, quienes acceden así a datos de primera mano para influir en las decisiones de compra del consumidor y medir el rendimiento de las campañas hasta el momento de la conversión. La combinación de visibilidad, datos precisos y resultados medibles está redefiniendo el valor de la publicidad digital.

En Colombia, el auge del retail media es cada vez más evidente. De acuerdo con un estudio de Comscore y la ANDA, esta estrategia representará entre el 12 % y el 15 % del gasto publicitario total del país en 2025, dentro de una inversión regional proyectada en 2,600 millones de dólares. Aunque Brasil y México concentran la mayor parte de esta inversión en América Latina, Colombia se perfila como un mercado de rápida expansión, con cerca de 200 millones de dólares estimados para el próximo año. Esta tendencia responde a un crecimiento sostenido del 28 % anual, y se espera que para 2028 el retail media represente más del 15 % de la pauta digital total en la región.

 

Sin embargo, este crecimiento viene acompañado de grandes desafíos. EPAM Systems Inc. identifica como principales barreras la fragmentación tecnológica y de datos, la falta de estandarización en la medición de resultados y la dificultad para adaptar procesos internos a un entorno cada vez más veloz. Además, muchos retailers aún dependen de sistemas manuales o aislados, lo que complica la gestión de campañas y limita el aprovechamiento del potencial de los datos. Para enfrentar estos retos, la inteligencia artificial emerge como una herramienta clave, permitiendo centralizar información, automatizar la optimización en tiempo real y aumentar significativamente el rendimiento de las campañas.

Capitalizar el potencial del retail media requiere más que vender espacios publicitarios: implica una transformación organizacional profunda. Tres pilares son fundamentales para su éxito: ordenar los datos mediante una fuente única y confiable; simplificar procesos a través de automatización y colaboración entre equipos de marketing, tecnología y ventas; e involucrar a todos los stakeholders, incluyendo áreas estratégicas como finanzas y operaciones. Solo con esta visión integral, los retailers podrán aprovechar al máximo este modelo, aumentar ingresos, reducir costos y ganar competitividad en un ecosistema digital cada vez más dinámico.

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Economía traqueta

En teoría, Colombia debería estar atravesando una recesión profunda. La combinación de una crisis fiscal y la caída de la inversión tendría que traducirse en contracción del consumo, una caída significativa de la demanda interna. Sin embargo, contra toda lógica, el PIB no solo se expandirá un 1,5% en 2025, según proyecciones del FMI, sino que el gasto privado no refleja la magnitud de ese estancamiento. El Ban Rep estima que el consumo de los hogares crece al 2,2%, con un crédito de consumo que, aunque presionado, no se ha desplomado. ¿Qué explica esta aparente paradoja? En gran parte, el crecimiento de la coca en el país, el creciente poder del Clan del Golfo, la tesis de mano blanda del gobierno Petro.

La respuesta incómoda la dio un estudio de Daniel Mejía, en 2024, las rentas de la cocaína alcanzaron US$15.300 millones, cerca del 4,2% del PIB, superando los US$11.848 millones que entraron de remesas. Estos recursos ilícitos no solo se lavan en minería o importaciones ficticias: también terminan irrigando efectivo en barrios populares, financiando bienes raíces, y sosteniendo la demanda de bienes durables. Mientras la inversión extranjera directa cayó un 17% en 2024, y la inversión pública se paraliza por un déficit fiscal que ya bordea el 7,3% del PIB, la cocaína, artificialmente, mantiene a flote la economía.

 

En otras palabras, una economía que en teoría debería estar ajustándose, se encuentra anestesiada por dólares ilegales, que al tiempo resta competitividad a nuestras exportaciones. Es una reedición del “síndrome holandés” pero criminal: la abundancia de divisas del narcotráfico aprecia el peso, distorsiona precios relativos e inyecta consumo que maquilla la debilidad estructural.

En teoría, el gobierno Petro está dejando de fomentar producción de hidrocarburos para tener un peso menos apreciado que fomenta la producción nacional. Nada hacemos si al dejar de recibir dividendos petroleros igual recibimos las tulas de efectivo cocalero que restan competitividad al sector formal. En Afganistán, la economía sobrevivió a décadas de guerra gracias a las rentas del opio, que en algunos años representaron hasta el 7% del PIB. En México, la DEA estima que los cárteles lavan anualmente más de US$25.000 millones. El narcotráfico funciona como un pseudoestímulo fiscal paralelo, que sostiene artificialmente el consumo, corroe la institucionalidad, y minar la producción local.

Mientras las familias que envían remesas sostienen a sus hogares con sacrificio, los dólares de la coca se infiltran sin transparencia, fortaleciendo estructuras criminales y frenando las presiones de reforma. La pregunta es si el país está dispuesto a tolerar que su “colchón” económico provenga de un ingreso ilícito que genera violencia, destruye el tejido social y sustituye las inversiones productivas.

Colombia corre el riesgo de normalizar una bonanza criminal. La macroeconomía parece estable no porque tengamos una economía robusta, sino porque circulan dólares sin declarar. No es un triunfo: es la derrota silenciosa de una nación que se resigna a que su motor económico sea la cocaína. Mientras el peso permanezca artificialmente apreciado y la violencia siga deteriorando el ambiente de inversión, no habrá condiciones favorables para construir una economía sostenible.

Simón Gaviria

«Colombia crecerá 2,5% en 2025 y 2,7% en 2026, pero con un déficit fiscal», estima el BBVA

Un análisis del BBVA considera que la economía colombiana cerrará este año con un crecimiento del 2,5% y avanzará al 2,7% en 2026. Sin embargo, la inflación sigue por encima de la meta oficial y el déficit fiscal se mantiene elevado, lo que deja al país frente a un panorama de recuperación moderada, pero con grandes presiones en sus finanzas públicas.

El repunte económico de 2025 ha estado sostenido por el consumo de los hogares, impulsado por la creación de empleo, las remesas y una menor carga financiera para las familias. No obstante, hacia 2026 se espera que el consumo pierda fuerza y que la inversión en vivienda, edificaciones no residenciales y proyectos de infraestructura asuma un papel más relevante, consolidando una base distinta para el crecimiento.

 

En materia de precios, los analistas prevén que la inflación termine este año en 5% y que baje a 4,3% en 2026, en un proceso más lento de lo anticipado. Esto mantendrá elevadas las tasas de interés: el Banco de la República cerraría 2025 en 9,25% y las reduciría gradualmente hasta 8,5% al final de 2026. El crédito, por lo tanto, seguirá siendo costoso para hogares y empresas en el corto plazo.

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El mayor desafío está en el frente fiscal. En los últimos cinco años el gasto público creció de forma acelerada, mientras que los ingresos apenas aumentaron a pesar de tres reformas tributarias. Como resultado, la deuda neta del Gobierno ya equivale al 60% del PIB y el pago de intereses absorbe cerca de un 4% del mismo. Esta situación ampliará el déficit más allá de lo proyectado por el Gobierno y obligará a nuevas decisiones de ajuste, que pueden incluir reformas tributarias, medidas de austeridad y mayor eficiencia en el gasto.

En el plano internacional, el contexto es menos adverso. La economía mundial cerrará con un aumento cerca del 3% en 2025 y crecerá 3,1% en 2026, en medio de una inflación global más contenida y tasas de interés internacionales más bajas. Además, el debilitamiento del dólar ha favorecido la apreciación del peso colombiano en lo corrido del año.

Aun así, la volatilidad del tipo de cambio, el aumento del déficit externo y la incertidumbre política local podrían marcar el rumbo de los próximos meses. Para los expertos, el reto inmediato será ordenar las cuentas públicas sin frenar la recuperación económica, al tiempo que se promueve la inversión y la creación de empleo formal.

En resumen, Colombia cerrará 2025 con señales de recuperación, pero la sostenibilidad de esa mejora dependerá de la disciplina fiscal y de la capacidad de transformar un crecimiento basado en el consumo en uno apoyado en inversión y productividad.

Los ecos del consejo de los mercados

En la gran aldea del Norte, los sabios del Consejo Económico volvieron a abrir sus pergaminos. 

Esta vez, los conjuros de la inflación mostraron señales encontradas: mientras el dragón del consumidor lanzó una llamarada leve al alza, el del productor se debilitó, sorprendiendo a todos. Los oráculos ya hablan de un recorte de tasas casi seguro: un hechizo de 25 puntos, con 95% de probabilidad. 

 

Los bardos del empleo trajeron noticias menos gloriosas: el ejército de trabajadores no era tan fuerte como se creía. 

Y, sin embargo, los mercados celebraron: las acciones del S&P 500 cabalgaron a máximos históricos (+11,5% en el año), los bonos del Tesoro se abarataron y el dólar permaneció firme, como un caballero en reposo.

En el Reino de Colombia, los mercaderes cantan otra historia. El dólar se rindió más rápido que en otras tierras, favorecido por la estrategia de Crédito Público y la llegada de capitales extranjeros. 

Los TES fueron comprados con fuerza, respaldando la magia oficial. En las plazas bursátiles, las acciones resistieron, aunque la voz de un oráculo extranjero (Bank of America) lanzó una sombra sobre Bancolombia. En un giro inesperado, el reino emitió bonos en euros por primera vez desde 2016. La demanda fue tan alta (seis veces sobresuscrita) que las arcas del gobierno brillaron con nueva liquidez y mejor perfil de deuda. El Banco de la República, prudente como un viejo mago, avanza con cautela. 

Los analistas predicen pocos recortes en 2024, guardando la artillería mágica para 2026.  La estrategia de deuda ha sido la espada del gobierno: con emisiones internas y externas, logró ahorrar costos, aun pagando tasas altas. Cerca de 45 billones fueron colocados a precios mejores de lo esperado, y la emisión en euros permite diversificar riesgos y preparar el terreno para futuros vencimientos. 

 La profecía global anuncia un posible cambio de ciclo: de los castillos tecnológicos del Norte hacia las riquezas de materias primas en las tierras emergentes. Una oportunidad de largo plazo para América Latina, con Colombia como potencial beneficiario, aunque el fantasma de la política interna podría frenar el brillo del peso frente al dólar.

 Lo que viene: La próxima semana, los sabios esperan la decisión del Consejo de la Fed y las palabras de Powell, además de señales mágicas desde el Reino Unido, Japón y los datos de ventas en el Norte. En Colombia, todos aguardan el nuevo dato de inflación y el pulso del dólar en la plaza.

Fabián Herrera

Los secretos del ‘Reino de los Mercados’

En la vasta aldea del Norte (EE. UU.), los sabios del Consejo Económico desplegaron sus pergaminos mágicos. El hechizo del PCE reveló que los dragones de la inflación estaban domados, respirando fuego solo al 3%.

La caída de los precios energéticos (-2,7% en julio) fue como un balde de agua helada que enfrió sus llamaradas, compensando las hogueras del reino de los servicios. Aun así, la ansiada meta del 2% sigue siendo un castillo lejano en el horizonte. Mientras tanto, los mensajeros del PIB trajeron noticias festivas: la economía creció más de lo esperado (3,3% en el 2T) y apunta a 3,5% en el 3T.

 

La aldea del Norte sigue mostrando una sorprendente resiliencia, como un guerrero que, pese a las batallas, sigue en pie. Pero no todo es paz. En los pasillos de la Reserva Federal, un viejo caudillo llamado Donald Trump intenta mover piezas en el tablero, desafiando a la guardiana Lisa Cook. Si logra su cometido, controlará 4 de los 7 tronos del Consejo. Un cambio que podría desatar más especulación y debilitar los muros de la institucionalidad. 

En los mercados internacionales, el S&P 500 brilló como un sol radiante antes de caer suavemente al anochecer. El dólar y los títulos del Tesoro a 10 años permanecieron firmes, como caballeros en guardia. Y en los reinos de los mercados emergentes (peso colombiano, real brasileño, peso mexicano), las monedas se mantienen serenas, esperando tres grandes tormentas que se acercan: la reunión de la Fed (17 sept.), las elecciones en Argentina (26 oct.) y las de Chile. 

 En el Reino de Colombia, los bardos cantaron que el desempleo bajó de 9,9% a 8,8%. Sin embargo, la mayoría de los nuevos oficios son de cuenta propia, mientras los trabajos formales se desvanecen como castillos de arena. En el mercado accionario, la historia del dragón Canacol corrió como rumor en las plazas: ¿lo comprará Ecopetrol? En dos días, la acción voló un 60%, aunque solo alcanzó a regresar a los niveles de julio. Los mercaderes critican el silencio de los reyes, pues los rumores se convierten en tormentas que sacuden a todo el reino. Por su parte, el Ministerio de Hacienda blandió su varita de deuda y lanzó conjuros de repos y swaps con casas internacionales (BBVA, Citi, JP Morgan, Goldman Sachs). El objetivo: aliviar las presiones de las tasas y mejorar la hoja de vida de la deuda del reino. La magia surtió efecto en las curvas de TES, aunque no faltaron voces que advirtieron sobre el peligro de jugar con hechizos demasiado complejos. 

 La próxima semana se avecinan nuevas batallas: 

 • En Colombia, los druidas de la inflación revelarán el dato de agosto, esperado sobre el 5%, clave para la espada del Banco de la República. 

 • En EE. UU., las nóminas no agrícolas y el desempleo serán señales que el Consejo de la Fed leerá antes de decidir su próximo hechizo en septiembre.

Fabián Herrera

¿Qué tanto influyen las decisiones políticas en la economía nacional?

Por: MCF. José Román González, docente del programa de Administración de Empresas de la Universidad de América.

La relación entre política y economía es innegable. La actividad económica no se desarrolla en un vacío, sino en un marco institucional y político que condiciona sus posibilidades de crecimiento y estabilidad. Comprender esta interacción es esencial para diagnosticar la situación actual del país y proyectar escenarios futuros.

 

Economía y política: vasos comunicantes

Las decisiones de inversión, consumo, expansión empresarial o adquisición de bienes durables dependen, en gran medida, de la percepción de estabilidad política. En Colombia, la tasa de inversión ha descendido del 24 % al 17 % del PIB en los últimos años, reflejando cómo la incertidumbre erosiona la confianza y limita el dinamismo económico.

Un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI), titulado ¿Cómo afecta la inestabilidad política al crecimiento económico?, analizó datos de 169 países a lo largo de 44 años. Sus conclusiones son contundentes: cada cambio de gabinete reduce el crecimiento del PIB per cápita en 2,39 puntos porcentuales, debido a menor productividad, caída en la inversión física y retrocesos en la inversión en capital humano.

Venezuela es un ejemplo extremo. Entre 2013 y 2018 su economía se contrajo un 47,6 %, mientras que la inflación en 2018 superó el 130.000 %. El deterioro económico fue consecuencia directa de decisiones políticas autoritarias y desestructuradas.

Crecimiento económico en medio de crisis política: ¿es posible?

Aunque no es lo común, existen casos en que la economía crece pese a la inestabilidad política. Perú, denominado por algunos expertos como “la paradoja peruana”, experimentó seis presidentes en siete años (2016-2022) y, aun así, mantuvo un crecimiento promedio anual del 4,8 % entre 1993 y 2019. Entre las explicaciones figuran:

  • Autonomía institucional de organismos como el banco central.
  • Desconexión entre la economía productiva y la política mediática.
  • Entornos externos favorables, como altos precios de materias primas o flujos de inversión extranjera.

China ilustra otro tipo de paradoja: crecimiento sostenido en un contexto de tensiones políticas y autoritarismo. Su modelo combina sistemas económicos interdependientes, aunque sin sinergias plenas, demostrando que no toda estabilidad económica requiere estabilidad democrática.

¿Es sostenible esta paradoja?

Para la exministra María Claudia Lacouture, la respuesta es negativa. La economía puede resistir tensiones políticas solo si se sustenta en bases sólidas: autonomía del banco central, reglas fiscales estables, apertura comercial y un empresariado robusto. Sin estos elementos, la incertidumbre desalienta la inversión y frena el crecimiento.

Colombia ha vivido su propia versión: décadas de conflicto armado coexistiendo con relativa estabilidad macroeconómica. El economista Leopoldo Ferguson atribuye esto a dos factores: el impacto desigual del conflicto —más severo en zonas rurales— y un pacto tácito entre élites para mantener la ortodoxia macroeconómica. Sin embargo, este consenso se ha debilitado en los últimos años, afectado por decisiones fiscales y un clima político polarizado.

El panorama actual: luces y sombras

El Banco Mundial proyecta que la economía colombiana crecerá un 2,4 % en 2025 y alcanzará su potencial del 2,9 % en 2027. El Banco de la República prevé una inflación convergiendo hacia el 3 %, lo que constituye una señal positiva. No obstante, la situación fiscal es preocupante: el gasto supera los ingresos y la deuda pública alcanza el 61 % del PIB, similar al nivel de la pandemia.

La reducción de la inversión pública, la caída del 2,3 % en los ingresos fiscales y la depreciación superior al 40 % de las acciones de Ecopetrol desde 2022 agravan el panorama. La alta rotación ministerial —53 ministros en menos de tres años— incrementa la incertidumbre, como refleja el Índice de Incertidumbre de Política Económica de Fedesarrollo, que en abril de 2025 alcanzó 299 puntos, muy por encima del promedio histórico de 100 puntos.

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En este contexto, el crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza de forma significativa. El desempleo no aumenta, pero se explica por el avance del empleo informal. La inversión se mantiene estancada, el déficit fiscal está en máximos históricos y la calificación crediticia ha sido degradada, lo que condicionará las decisiones del próximo gobierno y exigirá ajustes de alto costo político.

Colombia no ha sufrido dictaduras como otros países de la región, pero ha debido gestionar un frágil equilibrio entre estabilidad económica relativa e inestabilidad política. Este balance no es garantizado y, sin reformas y consensos de largo plazo, puede quebrarse. El llamado “sesgo de supervivencia” —centrarse en los casos que han resistido la tormenta— no debe generar complacencia. La evidencia es clara: la política sí importa, y su impacto en la economía es profundo, duradero y, en muchos casos, determinante para el bienestar nacional.

¿Se busca un Estado más pequeño… lo lograremos??

Podemos decir que la carrera presidencial ha iniciado en forma; la abundancia de candidatos y los acontecimientos que a diario reflejan la realidad del gobierno, así lo indican. Pero sin lugar a dudas una de las marcas fundamentales del inicio de la contienda por la casa de Nariño, es el afán del mismo gobierno y del presidente por iniciar una campaña en la cual aspiran prolongar la estadía de su proyecto político cuatro años más. Dios nos libre.

Pero si algo ha quedado claro durante el periodo de este gobierno, es la necesidad de tener una administración nacional que actúe con sentido común. Y el sentido común indica que uno de los principio fundamentales de una sociedad es lograr generar equilibrio entre los recursos que necesita y los que gasta.

 

Tenemos que reconocer que Colombia es un país derrochón, un país que se endeuda más de lo que realmente requiere, y lo hace porque no hay nada más venenoso para una sociedad que el estar liderada por la política; una política que genera inflación y con ella devaluación;  y lo hace debido a que parte de la lógica de los políticos, los cuales en su afán de alimentar sus paciones y apetitos ejercen su poder en dos direcciones: durante la campaña comprometiéndose con cosas imposibles de hacer, y durante el ejercicio del poder endeudando al Estado para cumplir con un aparte muy pequeña de aquello con lo que se han comprometido, con la enorme inclinación a que ni siquiera esa pequeña parte se cumpla puesto que los recursos terminan en los bolsillos de uno u otro contratista.

Este endeudamiento produce entre otros, inflación y devaluación; lo que no permite que el ciudadano logre los niveles de vida que podría lograr con un gasto justo por parte del gobierno central. Y como resultado de todo lo anterior tenemos el aumento de los impuestos que asfixia a los generadores de empleo.

Colombia en esa lógica irracional gasta el 60% de sus ingresos en temas administrativos, el 20% en pago de la deuda y el resto en inversión social, de la cual un grueso de la misma se va en subsidios que son más esclavistas de lo que fueron los españoles en su tiempo con los pueblos étnicos de nuestro país, es lo que llamo esclavitud 2.0

Es necesario que el gasto público obedezca a un racional más aterrizado a nuestra realidad económica, no podemos gastar más de lo que recaudamos, es necesario un gobierno que realmente trabaje en la reducción del Estado.

Es increíble que un país como el nuestro, tenga más ministerios que países grandes y poderosos como Estados Unidos, con 15 secretarías para un país de más de300 millones de habitantes, o Alemania e incluso Corea del Sur, solo por hacer algunas comparaciones. No se entiende como con el territorio y con el número de habitantes que tenemos, tengamos un aparato gubernativo tan robusto, pero sobre todo que deja mucho que desear en términos de eficiencia.

Necesitamos un gobierno que propenda por reducir el tamaño del Estado, para hacerlo más eficaz a la hora de tomar decisiones y de actuar; fusionar ministerios debe ser una prioridad. Por ejemplo porque no pensar que el ministerio de comercio sea una oficina que pertenezca al Ministerio de Hacienda o a cancillería? Y que se cree un ministerio que agrupe a todos aquellos que tiene que ver con el bienestar de los ciudadanos, me refiero a crear un solo ministerio en donde encontremos lo que hoy es el ministerio de trabajo, de Salud, Educación, Vivienda, Deportes, Cultura, Bienestar familiar.

Volver a convertir el Ministerio de Justicia en un viceministerio. Necesitamos a un presidente que logre acabar con las contralorías departamentales, que resuelva el enredo entre las funciones prácticas de la procuraduría y la defensoría del pueblo, Realmente necesitamos estas dos instancias públicas con las nóminas abultadas que tienen?

Colombia necesita pensar que en aras de la eficiencia, es necesario reconocer que en algunos departamentos se necesita la intervención del Gobierno nacional con mayor intensidad que en otros, y que la tarea de convertirlos en productivos es una misión que se debe cumplir desde el nivel central, porque definitivamente en las manos de la administración territorial lo único que conseguirán será hundirse más en la pobreza que es el resultado entre otras de la corrupción reinante.

Durante las primeras horas de la implementación del acuerdo de paz con las FARC, se engordó la institucionalidad, con el argumento que era necesario e indispensable; no dudo que quizás para ese momento lo era, pero en la actualidad muchas de esas entidades pueden desaparecer, puesto que, o han cumplido con la función que se les asignó o simplemente nunca lo hicieron.

Pero lo anterior solo se logrará si llega a la presidencia una persona con la independencia necesaria de la política y de los políticos. Por eso necesitamos alguien diferente con la intensión y decisión de hacerlo, alguien que patee el tablero y piense diferente aquellos que lo hacen con sus deseos y haga un gobierno de sentido común. 

Por: Jefferson Mena Sánchez

La montaña rusa del dólar y el juego de los tronos económicos

En el vasto mercado de las monedas, el caballero Dólar vivió dos semanas dignas de un carnaval medieval: subía hasta las almenas de 4,200 para luego descender vertiginoso a los calabozos de 4,050, con giros y vuelcos que marearon a más de un mercader.

El Dragón DXY, que mide la fuerza del caballero frente a otras monedas, primero alzó el vuelo hasta el mítico nivel de 100, pero un soplo de viento lo devolvió a 98, como si un mago travieso jugara con sus alas.

 

Todo empezó con los tambores de guerra comercial: acuerdos que entrarían en vigor el 1 de agosto. Pero el Emperador Trump, en un gesto inesperado, concedió unos días más. La noticia puso a la Unión Europea y al Imperio del Sol Naciente a correr hacia la mesa de negociaciones, no solo para discutir aranceles, sino también grandes cofres de inversión hacia Estados Unidos.

Los heraldos anunciaron que la Confianza del Consumidor en EE. UU. superó las profecías más optimistas, y las ganancias del mercado accionario fueron un festín. El Dólar celebró, pero pronto el Índice No Manufacturero trajo nubarrones, y la euforia se enfrió.

La hechicera FED mantuvo su báculo de tasas sin moverlo… pero dos consejeros votaron por un recorte de 25 puntos mágicos, debilitando al caballero. Luego, llegaron los datos de empleo, revelando que el ejército laboral marchaba más lento de lo previsto.

Así quedó claro: cualquier susurro de noticia positiva o negativa en el reino de EE. UU. desata tempestades. El mercado se volvió hipersensible, reaccionando como un dragón nervioso a cada chasquido de espada.

Mientras tanto, en el Reino de Colombia, el oráculo del DANE se prepara para revelar la inflación de julio: se espera en 0,13% mensual y 4,7% anual, lo que podría abrir la puerta a que el Banco Central recorte su hechizo de tasa en septiembre. El Índice de Precios al Productor sigue tranquilo en torno al 2%.

El Tesoro Real, con el mago Cuéllar, anunció recompra de bonos internacionales para aliviar sus arcas y bajar intereses, provocando festejos en los mercados: TES que suben, dólar que baja.

Pero el Banco Central advirtió que la inflación de cierre de 2025 podría quedar en 4,7%, con crecimiento potencial recortado a 2,6%. Y ojo: un alza fuerte del salario mínimo o gasto público desbocado podría avivar al dragón del déficit fiscal.

En el terreno político, todos miran al 26 de octubre de 2025, cuando el Pacto Histórico elegirá a su campeón. Más que el nombre, lo que importará será cuántos guerreros acudan a votar:

  • Menos de 5 millones: fiesta para los activos locales.
  • Entre 5 y 6 millones: calma tensa.
  • Más de 7 millones: temblores para el mercado.

En las encuestas, el favorito es Gustavo Bolívar, seguido de cerca por Daniel Quintero, mientras María José Pizarro, Susana Muhamad y Carolina Corcho afinan sus espadas.

El clima social, sin embargo, sigue sombrío: 64% de los aldeanos cree que el reino va por mal camino, con el orden público y la economía como sus mayores preocupaciones.

Así, entre hechizos monetarios, dragones volátiles y batallas políticas, el caballero Dólar seguirá cabalgando… y todos los mercaderes deberán atarse fuerte a sus asientos en esta montaña rusa.

Fabián Herrera

Se agrava la crisis fiscal

Napoleón solía decir que cuando se sube se puede detener la marcha, pero cuando se baja se torna difícil detenerse y este es el caso cuando se observan los registros del balance fiscal de la Nación que muestra un déficit crónico, sin que se avizore una reversión de dicha tendencia. Y así arribamos al año 2020, en el que la economía y las finanzas del Estado se vieron seriamente afectadas por la crisis pandémica.

Los mayores gastos que demandó de parte del Estado para paliar y contrarrestar sus devastadores efectos, entre ellos la recesión económica, que se tradujo en un decrecimiento del PIB del – 6.8% con respecto al año anterior, la mayor caída desde que se llevan registros, la cual trajo consigo, como contrapartida, un menor recaudo de impuestos menguó los ingresos, impactando por partida doble a la caja registradora de la Nación. De allí que este año cerrara con un déficit fiscal, también histórico, de – 7.8% del PIB!

 

En los años subsiguientes, 2021, 2022, 2023 y 2024, el déficit fiscal, este registró en estos años sucesivos -7.1%, -6.2%, -4.2%, disparándose en el 2024 hasta alcanzar un déficit de – 6.8%, el más alto en 20 años, excepción hecha de los años 2020 y 2021, lastrados por la pandemia. Indudablemente, uno de los datos más preocupantes tienen que ver con el bajonazo de los ingresos tributarios en 2024, al ubicarse el recaudo en $18.5 billones, muy por debajo del registrado en 2023 y $13.9 billones inferiores a la cifra estimada por el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).

Llama poderosamente la atención este comportamiento del recaudo, no obstante que el Congreso de la República, por iniciativa del ejecutivo había aprobado una primera reforma tributaria en 2021 (Ley 21 55 de 2021) y posteriormente aprobó en 2022 la reforma tributaria más ambiciosa en muchos años (Ley 2277 de 2022), las cuales, sumadas, según ANIF le representarían al fisco mayores recaudos del orden de los $50 billones. No obstante, advierte que “gran parte de esos ingresos se destinaron a subsidios a los combustibles, específicamente al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC). En otras palabras, el recaudo adicional no se tradujo en un aumento significativo de los recursos disponibles para el gobierno debido a estos gastos”. 

Desafortunadamente las expectativas de mayores ingresos gracias a estas dos reformas no se cumplieron, sobre todo debido a que puntos clave de la última de ellas como la no deducibilidad de las regalías que pagan las empresas extractivas, la cual fue declarada inexequible por parte de la Corte Constitucional. Entre las razones del bajo recaudo se destaca también el incumplimiento de la meta de la DIAN de un mayor recaudo por valor de $15 billones por resolución de litigios, sin sustento para ello

Según el Centro de estudios económicos ANIF, “los impuestos sobre la renta, uno de los pilares del ingreso corriente del Estado, cayeron -15% en 2024, luego de haber crecido a tasas elevadas en los dos años anteriores (29.4% en 2022 y 46.4% en 2023)”. Lo más grave es que “esta contracción en la tributación contrasta con el crecimiento sostenido del gasto, que se expandió un 42.5% en 2024”. El desbordamiento del gasto en funcionamiento es ostensible, según el profesor de la Universidad Javeriana Henry Amorocho “el gasto en funcionamiento creció 14% en términos reales, superando por más de 8 veces. El económico, del 1.7%, registrado el año pasado”, en contraste con el incremento en los ingresos del Estado de 2.33% nominal.

Según FEDESARROLLO, “la burocracia crecerá este año 28%, equivalente a $10 billones adicionales de gasto, algo que no tiene ninguna justificación en el contexto de la gravedad de la situación fiscal”. Como afirma ANIF, “llama especialmente la atención el crecimiento del gasto primario y en particular el aumento de 30% en el gasto de personal, equivalente a medio punto del PIB, en un contexto de rigidez presupuestal (del cual tanto se queja), baja eficiencia del gasto y limitaciones fiscales crecientes”. Pululan en el alto gobierno las órdenes de prestación de servicio (OPS), que no son más que contratos de empleos temporales, los que tanto dice abominar y se proscriben en la recién aprobada reforma laboral. 86% del total de 14.987 contratos firmados, con un costo aproximado cada uno de ellos de $112 millones, en los ministerios y en el DAPRE en el primer semestre de este año, son OPS.

Y, como era de esperarse, para sostener este tren de gasto por parte del Gobierno se recurrió al endeudamiento, de allí que el nivel del endeudamiento pasó del 57.6 en 2022, al 61.3% en 2024. Según el Superintendente financiero Cesar Ferrari, aumenta también “por la deuda, que creció significativamente desde 2020. El pago de intereses pasó de 2.8% del PIB en 2020 a 4.7% en 2025. Así el pago de intereses  pasó de $53 billones en 2020 a $112 billones en 2025”

Tanto el Comité independiente de la Regla fiscal como Fedesarrollo coincidieron en que el recorte presupuestal en 2024 y el que se preveía por parte del Gobierno para el año 2025 eran insuficientes para cumplir con la Regla fiscal. A su juicio “los ajustes para que los montos cuadren” deberán ser mayores, hasta alcanzar la cifra de $511 billones. En concepto del economista jefe de investigaciones de Corficolombiana, Julio Romero, “si no se hace el recorte de aproximadamente $35 billones, el déficit fiscal de 2025 sería de 6,5% del PIB, superior al 4,9% permitido por la regla fiscal. Porque los ingresos fiscales que estimamos para 2025 son menores”. Y concluye diciendo que “la desfinanciación del Presupuesto de 2025 no se debe solo a que no pasó la ley de financiamiento, sino también a que los ingresos tributarios que espera el Gobierno para financiar ese presupuesto, que no son acordes a la realidad fiscal y económica”.

En un esfuerzo desesperado para tener caja el Gobierno expidió el Decreto 0572 del 28 de mayo y entró en vigor a partir del 1 de junio, el cual amplía y anticipa el pago de la retención en la fuente por concepto del impuesto de renta. Como bien lo dijo el ex ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, esta es “una reforma tributaria encubierta, que adelanta ingresos del 2026 al 2025 a costa del flujo de caja de las empresas. Exprime su liquidez, las obliga a endeudarse y pone en riesgo el empleo”.

Amylkar Acosta

Bogotá, julio 19 de 2025

www.amylkaracosta.net

La regla fiscal

Colombia históricamente se ha caracterizado por arrastrar con el lastre de los llamados déficits gemelos: déficit fiscal y déficit en la cuenta corriente de la Balanza de pagos. Ni siquiera durante el largo ciclo, sin precedentes, de precios altos de los commodities, de los que tanto dependen las finanzas del Estado, entre los años 2003 – 2011, para los productos mineros, que se prolongó hasta el año 2014 para el petróleo, se corrigieron estos déficits, como si lo lograron los demás países de Latinoamérica. Definitivamente, el déficit que acusan las finanzas del Gobierno Central es estructural.

La glotonería de la Nación ha sido tal que, no obstante, el recorte de las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) a las entidades territoriales, que le significaron a estas, según estudio del Banco de la República, $387.953.907 millones de pesos constantes de 2018, recursos estos que dejaron de recibir entre los años 2002 y 2023. Ello, a consecuencias de dos lesivos actos legislativos, el 01 de 2001 y 04 de 2007. Y de contera, en los últimos 32 años el Congreso de la República aprobó, por iniciativa del ejecutivo 18 reformas tributarias, una cada 18 meses, todas ellas para arbitrarle recursos a la Nación!

 

Antes de meter en cintura el gasto público del cual es responsable la Nación se dio el primer paso con el de las entidades territoriales, expidiéndose con tal fin la Ley 617 de 2000, de “racionalización del gasto público nacional”, pero que sólo le es aplicable a ellas, no a la Nación. Tuvimos que esperar más de 11 años, hasta que se expidió la Ley 1473 de 2011, mediante la cual se procura garantizar “la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas”, cuyas disposiciones son aplicables “a las cuentas fiscales del Gobierno Nacional Central”.

Posteriormente se aprobó la Ley 819 de 2003, a través de la cual “se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal” y se estableció el Marco fiscal de mediano plazo (MFMP), el cual debe presentar el Gobierno Nacional al Congreso de la República “antes del 15 de junio de cada vigencia fiscal”. El mismo le habrá de servir de derrotero al Ministerio de Hacienda y crédito público y deberá dar cuenta del Plan financiero, así como el programa macroeconómico plurianual.

Luego se aprobaría la Ley 1473 de 2011, la cual “tiene por objeto expedir normas que garanticen la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas y contribuyan a la estabilidad macroeconómica del país”, aplicable “a las cuentas fiscales del Gobierno Nacional Central”. Con tal fin se establece la Regla fiscal, con la cual se “buscará asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, de tal forma que no se supere el límite de deuda” programado. Esta es una especie de camisa de fuerza para cuerdos, con la cual se busca imponer la disciplina fiscal y evitar el desbordamiento del gasto público. Ese mismo año se aprobó el Acto legislativo 03 dándole rango constitucional al criterio de la sostenibilidad fiscal, el cual quedó consagrado en el artículo 334 de la Carta. Este reza que el “marco de sostenibilidad fiscal…deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho”. Se reitera en los artículos 339 y 346.

Con el fin de velar por el cumplimiento de la Regla fiscal y el criterio de la sostenibilidad fiscal se creó el Comité Autónomo de la Regla fiscal (CARF), por medio de Ley 2155 de 2021, en la cual se modificó el artículo 1473 de 2011 que la creó. Este es órgano de carácter técnico, integrado por expertos, permanente e independiente, aunque está adscrito al Ministerio de Hacienda. Entre sus principales funciones se destacan pronunciarse y emitir concepto formal sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo y desde luego monitorear el cumplimiento de la Regla fiscal. También se ocupa de las proyecciones del DNP en lo concerniente a la política macroeconómica y fiscal, sobre todo en lo tocante a la sostenibilidad fiscal en el largo plazo. Es de advertir que sus conceptos no son vinculantes para el Gobierno, este lo toma o lo deja.

Todo este andamiaje tiene por objeto propender por la responsabilidad, el control y la austeridad fiscal por parte del Gobierno Central, aunque la verdad sea dicha, en no pocas ocasiones se ha eludido y soslayado el cumplimiento de la Regla fiscal, que es su espina dorsal. Como lo planteó el ex ministro de Hacienda e integrante del CARF Guillermo Perry “utilizando formas de contabilización heterodoxas, que pueden poner en cuestión la tradicional seriedad  de Colombia en el manejo de sus cifras fiscales…El recurso a la contabilidad creativa generan incertidumbre y desconfianza y pueden conducir a rebajas en la calificación de riesgo del país”.

Un ejemplo de ello lo tuvimos recientemente en la administración Duque Márquez, cuando las prácticas alejadas de la ortodoxia de su Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla llevó a una de las revistas de negocios más serias y consultadas, como lo es Bloomberg, a titular en uno de sus despachos de prensa en su portal que “Colombia es acusada de marrullerías (shenanigans) contables para lograr metas fiscales”. Y no era para menos, puesto que en concepto del ex director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda Luis Eduardo Arango, “se está rompiendo la ecuación de que el déficit es el que determina el comportamiento de la deuda y lo que hacen es que están emitiendo gastos que no están afectando el déficit”, sino mimetizándolo. Y añadió, “las cuentas pendientes se deben pagar en efectivo o con deuda, pero hay que llevar las cuentas fiscales como se debe”.

El caso más patético fue el manejo que se le dio al déficit del Fondo de estabilización de los precios de los combustibles (FEPC), que alcanzó para el 2022, según el CARF, los $38 billones, que heredó la administración Petro. Déficit este que no se tuvo en cuenta, porque no se contabilizó, a la hora de establecer el déficit fiscal, el cual, a pesar de esta omisión, cerró en 2021 en el 7.1% del PIB, insuflado por el coletazo de la crisis pandémica.

Amylkar Acosta

El viento de dólar y el juego de los reinos

En el gran tablero del reino global, esta semana los heraldos trajeron noticias que sacudieron los pilares de la economía.

Desde las tierras del norte, el Reino del Águila (EE.UU.) celebraba con fanfarrias: los hechiceros de los datos revelaron que el desempleo bajó y las nóminas no agrícolas brillaron más de lo esperado. Un milagro económico que redujo la probabilidad de recortes de tasas por parte de la FED a tan solo un 5%. ¡Una sorpresa mágica!

 

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Mientras tanto, el temido pergamino del emperador Trump, el Big Beautiful Bill, fue aprobado por el Consejo del Congreso y enviado a las cámaras doradas de la firma presidencial. Pero su poder aún es incierto, y algunos sabios temen que sus encantamientos fiscales traigan más sombras que luz.

Por si fuera poco, los pactos comerciales que Trump tejió con tierras lejanas han encendido el apetito de los inversionistas por aventuras más arriesgadas. Así, el antiguo escudo del dólar, antaño refugio de guerreros financieros, comenzó a perder su brillo. El índice DXY cayó por debajo de 97, alcanzando niveles que no se veían desde hace tres inviernos, debilitando al dólar más de un 10% en lo que va del año.

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Y con ello, los comerciantes del mundo comenzaron a aplicar una nueva estrategia: el carry trade. Un juego donde se endeudan con monedas de reinos con tasas bajas, para invertir en tierras con tasas más altas. El oro cambiaba de manos, y el riesgo… también.

🇨🇴En el Reino del Cóndor (Colombia), a pesar de la herida en su escudo crediticio (rebaja de calificación), los vientos del mercado ya lo habían anunciado. Y esta semana, llegaron caravanas con grandes volúmenes de oro extranjero, transformándose en ventas de dólares. ¿La señal? Nuevos aliados, nuevos inversionistas.

El nuevo Ministro Cuéllar, con su espada de reformas, propuso un ambicioso plan para calmar la tempestad fiscal. Sus hechizos incluyen:

  • Financiar el déficit primario con 44 billones de monedas reales
  • Engrosar la caja del reino hasta 29 billones
  • Invocar 3 billones en desembolsos mágicos del extranjero

Un acto osado que podría cambiar el destino del Reino del Cóndor.

Y así, la historia continúa…

Fabián Herrera

Cuando los datos hablan, hasta El Tiempo escucha

En un país donde la polarización política ha contaminado incluso las cifras, sorprende —y alegra— que un medio tradicionalmente crítico del actual gobierno como El Tiempo reconozca, aunque con cautela, un avance fundamental en la economía nacional. El editorial del 9 de julio, titulado “Mantener el rumbo”, admite que “por primera vez en cerca de cuatro años, la carestía rompió el nivel simbólico del cinco por ciento anual”, con una inflación que cerró junio en 4,82 %. No es un dato menor, ni tampoco un milagro fortuito: es resultado de decisiones políticas y económicas que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha impulsado pese a las tormentas mediáticas.

Lo relevante del editorial no está solo en los datos —que son positivos y contundentes— sino en el giro discursivo. El Tiempo reconoce que “la marcha de las cosechas resultó favorable”, y que “no solo el clima influyó positivamente en lo sucedido”, sino también una “caída notoria de los costos de producción”. Es decir, hay un componente estructural, de política pública, que comienza a dar frutos. El impulso a la producción nacional de alimentos, la transición hacia energías más limpias y el enfoque en soberanía alimentaria no eran frases vacías: son hoy medidas que estabilizan precios y mejoran el poder adquisitivo de los hogares.

 

Y aquí viene el punto central que el editorial señala con claridad y que debemos subrayar aún más: “Lo importante es que el poder adquisitivo de las familias colombianas es mayor, lo que beneficia a los más pobres”. Este es el corazón de la política económica progresista del gobierno Petro: no se trata solo de indicadores macroeconómicos fríos, sino de transformaciones reales en la vida cotidiana de millones de personas. El precio de la papa, el tomate y las frutas frescas en las plazas de mercado bajó; las tarifas de electricidad, en un país históricamente golpeado por el abuso de los servicios públicos, disminuyeron por el aumento en la generación hidroeléctrica. Esa es la economía popular respirando con algo más de alivio.

El editorial incluso reconoce que “el índice de precios al productor para la agricultura” muestra mejoras importantes. Este dato es fundamental porque conecta con una de las grandes apuestas del gobierno: revitalizar el campo. No es casualidad que en este año hayan aumentado las compras públicas a campesinos, los programas de agricultura familiar y el impulso a economías regionales. La reducción de los costos de producción agrícolas es, entonces, el resultado de haber puesto el foco donde realmente estaba el abandono estatal.

Claro está, El Tiempo no puede evitar el tono dubitativo: “nadie ve posible ubicar pronto al país en la meta de largo plazo del Emisor”, advierte, y menciona el 93 % de cumplimiento del techo deseado de inflación como señal de alarma. Pero incluso esa observación termina dándole la razón al gobierno: hemos avanzado mucho más de lo esperado, en menos tiempo y bajo condiciones difíciles, incluyendo una oposición feroz en los medios y en el Congreso.

Es llamativo, además, que la editorial aborde el debate sobre la reducción de tasas de interés por parte del Banco de la República. Aunque señala que “el debate técnico apunta a ser intenso”, también admite que “hay algo de espacio para reducir los intereses”. Esto es clave: si las tasas bajan, el acceso al crédito mejora, las familias y las pymes se reactivan, y la economía puede entrar en un ciclo de crecimiento más robusto. Todo esto sería posible gracias a los resultados que hoy celebran incluso los sectores más escépticos.

En conclusión, cuando El Tiempo dice que “hay que mantener el rumbo”, lo que está reconociendo —aunque no lo diga de manera explícita— es que el rumbo actual, el que traza el gobierno Petro, empieza a dar frutos concretos. En un país donde buena parte de la opinión pública se forma por lo que dicen los grandes medios, este tipo de editoriales no solo son una señal de objetividad —tardía pero bienvenida— sino también una oportunidad para abrir un diálogo más justo sobre lo que está funcionando.

Por eso, celebro este editorial no solo por sus cifras, sino porque revela que incluso los discursos más duros se empiezan a replegar ante la contundencia de la realidad. Cuando los datos hablan, hasta El Tiempo escucha. Y eso ya es una victoria en sí misma.

Quena Ribadeneira

Región Central redefine el mapa cafetero de Colombia

La caficultura colombiana atraviesa una transformación histórica y en el epicentro de este proceso se encuentra la Región Central del país. Huila, Tolima, Boyacá y Cundinamarca se posicionan como protagonistas de una revolución agrícola que no solo aumenta los niveles de producción, sino que también redefine los estándares de calidad, sostenibilidad e inclusión en el sector. Según la Federación Nacional de Cafeteros, en 2024 Colombia alcanzó una producción récord de 14,8 millones de sacos, la cifra más alta en casi tres décadas.

Huila lidera este resurgimiento cafetero, con un 19 % del total nacional y más de 86.000 familias dedicadas al cultivo. Gracias a su combinación de tradición e innovación, este departamento ha ganado reconocimiento internacional, especialmente en municipios como Pitalito, donde más del 90 % de los cultivos están enfocados en cafés especiales, orgánicos o con certificaciones de origen. Este modelo ha convertido al Huila no solo en el mayor productor, sino en un referente global en calidad.

 

El Tolima, por su parte, representa el 12,9 % de la producción nacional, destacándose por la calidad sensorial de sus granos, cultivados en tierras volcánicas con condiciones climáticas ideales. Notas frutales, florales y achocolatadas caracterizan los cafés de esta región, que también ha fortalecido su modelo productivo mediante exportaciones directas y procesos comunitarios. Estos avances consolidan al Tolima como una potencia en café de especialidad y como motor económico rural.

Mientras tanto, Boyacá y Cundinamarca emergen como laboratorios de innovación cafetera. En municipios como Moniquirá, San Pablo de Borbur y Tibacuy, pequeños productores apuestan por microlotes con variedades exóticas, fermentaciones diferenciadas y prácticas sostenibles. Meta y Bogotá D.C., aunque aún en etapa exploratoria, están incursionando en caficultura regenerativa y proyectos de conservación.

El impacto económico de esta nueva caficultura es significativo. La cosecha de 2024 generó más de 16 billones de pesos, y para 2025 se proyecta superar los 15 millones de sacos. Pero más allá de los números, esta transformación incluye un enfoque más equitativo: solo en Huila, más de 27.000 mujeres lideran unidades productivas y cooperativas. Así, la Región Central no solo está cambiando el mapa cafetero colombiano, sino que está sembrando el futuro de una caficultura más inclusiva, sostenible y reconocida en el mundo.

Manufactura sostenible: ¿tendencia global o estrategia inevitable para Colombia?

El mundo es cada vez más consciente del impacto ambiental de las actividades económicas, y la manufactura ocupa un lugar central en esta discusión. Este sector no solo es uno de los principales consumidores de recursos naturales, sino también uno de los mayores generadores de residuos, lo que intensifica su huella en el planeta.

Ante este panorama, surge una pregunta crucial: ¿Está Colombia respondiendo de manera reactiva a la presión internacional por la sostenibilidad o está avanzando hacia una transformación estratégica de su modelo productivo mediante la manufactura sostenible?

 

El crecimiento sostenido del mercado global de manufactura sostenible —con un promedio anual del 10,4%— está siendo impulsado por regulaciones ambientales más estrictas, consumidores conscientes y exigencias del comercio internacional. Sin embargo, en muchos casos, las empresas han asumido una postura más de cumplimiento que de liderazgo, desaprovechando oportunidades de innovación no solo ambiental, sino también financiera y social.

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En este contexto, la incorporación de tecnologías como los sensores inteligentes ha demostrado su eficacia, permitiendo reducir el consumo energético hasta en un 18% y mejorar la eficiencia en el uso de recursos en un 15%. Aun así, el caso colombiano presenta particularidades desafiantes: según el DANE, cerca del 95% de las empresas en el país son microempresas, de las cuales la mitad son unipersonales y apenas el 5% tiene más de 10 empleados. Esta estructura empresarial, caracterizada por su informalidad y bajo nivel de digitalización, limita el acceso a tecnologías limpias y reduce su capacidad de adaptación.

Por ello, más que una tendencia global, la manufactura sostenible debe convertirse en una estrategia inevitable para el desarrollo competitivo y ambientalmente responsable del país. Se requiere una política nacional que fortalezca las capacidades organizativas y tecnológicas de las empresas, facilitando su acceso a financiamiento, innovación e infraestructura.

Aquí es donde el papel de la Ingeniería Industrial cobra un valor estratégico. Desde el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de América, formamos profesionales capaces de liderar esta transición, promoviendo el pensamiento sistémico, la innovación sostenible y la eficiencia operativa. Nuestros estudiantes y docentes están comprometidos con la generación de soluciones que integran el conocimiento técnico con una visión social y ambiental, impulsando el cambio desde adentro de las organizaciones.

Además de adoptar nuevas tecnologías, es urgente transformar los paradigmas empresariales. La manufactura sostenible no debe entenderse únicamente como una cuestión técnica o financiera, sino como una filosofía de desarrollo que integre investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), apalancada en el talento humano y en el compromiso con el futuro del país.

En definitiva, Colombia tiene ante sí una oportunidad histórica: pasar de ser un actor reactivo a un líder regional en prácticas sostenibles. Para lograrlo, se requiere de la articulación entre academia, empresa y Estado para seguir aportando al desarrollo de una industria más inteligente, consciente y preparada para los desafíos del presente y del mañana.

Juan Carlos Robles Camargo, docente programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de América.