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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Antioquia

El referendo para la descentralización es otro más de los proyectos fallidos del gobernador de Antioquia

El hundimiento del proyecto de referendo de autonomía fiscal propuesto por el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, era previsible. Una idea tan mala como la de la vaca, que nació coja, que avanzó con titulares más que con sustento técnico, y que terminó como era de esperar: archivado por su inviabilidad y por el enorme riesgo que representaba para la equidad regional del país.

La propuesta pretendía cambiar la manera en que se distribuyen los recursos de la Nación hacia departamentos y municipios, en nombre de una supuesta “justicia territorial”. Sin embargo, era evidente que el impacto real iba a ser una redistribución profundamente inequitativa: Antioquia y unos pocos departamentos concentrarían más recursos, mientras que las regiones más pobres, que dependen de la solidaridad del Sistema General de Participaciones, verían reducida su capacidad para financiar salud, educación, agua potable y saneamiento básico. En otras palabras, lo que se vendió como descentralización, en la práctica significaba recentralización de la riqueza en favor de los más fuertes.

 

No había una fórmula clara de compensación para los territorios que saldrían perdiendo. Tampoco se garantizaba estabilidad fiscal ni se explicó cómo se ajustaría la regla de sostenibilidad de las finanzas públicas. Era un salto al vacío que desconocía la lógica constitucional de solidaridad y la obligación de cerrar brechas entre regiones. No se puede hablar de equidad territorial cuando la consecuencia es arrebatarle a Chocó, La Guajira, Putumayo o Vichada los pocos recursos que hoy sostienen sus escuelas y hospitales.

Es más, no se puede hablar de descentralización cuando en la misma Antioquia se han concentrado los recursos en Aburrá y en el Oriente dejando en el olvido a las demás subregiones. Hablemos, por ejemplo, de Murindó y Vigía del Fuerte, municipios en el Urabá sin vías de acceso, sin energía eléctrica las veinticuatro horas del día, con graves problemas para el acceso al agua potable, para los cuales los recursos de la millonaria Antioquia no han llegado. O el Bajo Cauca, que genera unos ingresos enormes para el departamento por la explotación minera y la ganadería extensiva pero que ha sido dejada a su suerte por la Gobernación.

Este hundimiento es un golpe más a la improvisación del gobernador Rendón. Primero fue la “vaca” para financiar las vías 4G, una idea para mover su falsa narrativa de “abandono” del Gobierno Nacional. Después vino la ilegal “tasa de seguridad”, la misma que quienes lo financiaron no quieren pagarle por inconveniente. Ahora, un referendo que nunca tuvo consenso nacional y que apenas alcanzó a dar titulares mediáticos antes de desplomarse en el Congreso. Tres intentos, tres fracasos

El Gobernador Rendón debería más bien sincerarse, admitir que la plata que le quería quitar a los más pobres del país no era para Antioquia, era para la élite a la que él representa a la cual nunca le ha interesado el Urabá, el Bajo Cauca, el Magdalena Medio.

Lo que proponía el gobernador de Antioquia no era descentralización, sino concentración: acumular poder y recursos en unas pocas capitales, dejando a los municipios pequeños y a las comunidades olvidadas.

La descentralización sin equidad sólo profundiza las brechas que convirtieron a Colombia en uno de los países más desiguales del mundo. El reto no es dividir más, sino construir un país justo, donde la riqueza llegue al campo, a las veredas, a los barrios populares, y no se quede en manos de unos pocos.

Alejandro Toro

La apuesta de la Gobernación de Antioquia en mejoramiento de los colegios en El Peñol

El Gobernador Andrés Julián Rendón durante su visita municipio de El Peñol, donde entregó el mejoramiento de la sede Concordia de la Institución Educativa Guamito, en la vereda del mismo nombre.

También hizo entrega de 1.5 km de siete tramos de placa huella, una renovada placa polideportiva de la vereda La Meseta, y anunció una inversión de 5 mil millones de pesos para la placa polideportiva municipal.

 

“Aquí se hicieron unas adecuaciones en varias instituciones educativas rurales de El Peñol, mejorando las unidades sanitarias, el restaurante escolar y las instalaciones. También se hizo un trabajo de placa huella en vías rurales y una rehabilitación de placa polideportiva. Aquí hay recursos de la Gobernación en distintos frentes: de la tasa de seguridad, de la Secretaría de Infraestructura, de Educación y por supuesto el esfuerzo que hace el municipio”, dijo el mandatario en su discurso.

La Gobernación invierte en el mejoramiento de la infraestructura educativa de 26 sedes educativas con una inversión de aproximadamente 1.056 millones de pesos.

Reactivar el aeropuerto para el Distrito de Turbo

Turbo, un territorio histórico para nuestra región, merece tener mayor inversión en transporte, vías y agua potable. Más aún cuando se pretende generar un modelo de integración regional que lo deja por fuera como es el Área Metropolitana de Urabá.

Reitero la necesidad de reactivar el aeropuerto para el distrito de Turbo, como lo plantee en  reciente debate de control político en la Comisión Sexta de Cámara a MinTransporte: es necesario priorizar la recuperación del aeropuerto como proyecto clave para la región.

 

El actual aeropuerto permanece bajo administración de las Fuerzas Militares, lo que impide su uso civil. Ante esta situación, la propuesta se acompasa con la  del concejal Luis Fernando Cuesta Manyoma, de solicitar a la Aeronáutica Civil claridad sobre el estado del aeropuerto y los convenios vigentes. La otra alternativa es que el Plan de Ordenamiento Territorial defina un lote estratégico para un futuro aeropuerto, conectado con los proyectos portuarios del distrito.

Hago un llamado a la unidad de dirigentes, autoridades locales y ciudadanía, más allá de las diferencias partidistas, para lograr que Turbo cuente con un aeropuerto funcional. La falta de consensos ha sido una de las causas del atraso en obras estratégicas para el distrito, el desarrollo regional requiere una visión compartida.

Finalmente, es clave reiterar que el desarrollo del distrito como centro portuario y turístico solo será posible si se garantiza una infraestructura de transporte adecuada. El Urabá tiene las condiciones para generar vida digna para su población y podría ser la primera ciudad portuaria planificada del país, en beneficio de su gente.

Pedro Baracutao

Ejército propina golpes al Clan del Golfo en Antioquia y Meta

Tropas del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 7 y del Batallón de Fuerzas Urbanas N.° 4, en coordinación con la Sijín Mevil, lograron la captura de alias el Indio o Piyao, cabecilla del Componente Criminal Focalizado del Clan del Golfo.

El operativo tuvo lugar en la vereda Bajo Camoa, del municipio de San Martín, Meta. Este individuo, con una trayectoria criminal de más de diez años, era el encargado de la red de sicariato de la organización en los municipios de Puerto López, San Martín y San Carlos de Guaroa, y se le atribuyen al menos 16 homicidios selectivos, así como actividades de extorsión y narcotráfico en la región.

 

Otro operativo tropas del Batallón de Infantería N.º11 Cacique Nutibara, orgánico de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, tuvo lugar en la vereda Río Frío, municipio de Támesis, subregión Suroeste antioqueño.

Con este operativo se logró la captura de tres presuntos integrantes de esta organización ilegal y la neutralización en desarrollo de operaciones militares de alias Político, señalado como responsable del mando y control, articulador de confrontaciones armadas y promotor de la expansión política de la subestructura.

Entre los capturados se encuentra alias Amadeo, quien figuraba en el cartel de los más buscados en el Suroeste antioqueño por su presunta participación en enfrentamientos ocurridos en zonas rurales entre Jericó y Támesis. Las autoridades ofrecían hasta 25 millones de pesos de recompensa por información que permitiera su ubicación.

Alias Amadeo, con cerca de 15 años de permanencia en la estructura, ejercía injerencia delictiva en los municipios de Andes, Betania, Jardín, Hispania, Ciudad Bolívar, Pueblorrico y Támesis, donde generaba control e intimidación sobre la población civil. Además, estaría vinculado con la presunta participación en el ataque contra una subestación eléctrica de una mina en Buriticá, registrado en enero del presente año.

Los otros capturados fueron identificados como alias Guajiro, integrante de la comisión armada, encargado del cobro de extorsiones y articulador de comisiones en el Suroeste antioqueño; y alias Primo, presunto miembro del Componente Criminal Focalizado, quien se desempeñaba como cabecilla urbano, quien coordinaba el traslado de personal armado para apoyar la expansión criminal en esta zona del departamento.

Policía da de baja a cabecilla del Clan del Golfo en Antioquia

La Policía Nacional abatió a Elmer José Fuentes Muñoz Alias Colonia, integrante del Clan Del Golfo y uno de los más buscados en Antioquia por delitos de homicidio y terrorismo.

Alias Colonia, tenía una trayectoria criminal de más de 20 años y era el encargado de liderar la expansión criminal de esta estructura desde el Chocó hacia el Eje Cafetero.

 

Es responsable de 2 atentados mediante activación de artefactos explosivos el 17 de abril y el 23 de mayo del presente año, en Salgar y San Pedro de los Milagros (Antioquia), que dejó como resultado 1 policía fallecido y 3 más lesionados. Asimismo, se le atribuye el homicidio de 2 ciudadanos en Belén de Umbría (Risaralda), como estrategia criminal de intimidación a las comunidades.

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Fuentes Muñoz tenía siete procesos investigativos por hechos presentados entre 2013 y 2025 en esta región; además, tenía orden de captura por homicidio, concierto para delinquir agravado y tráfico de armas.

En el operativo, fueron abatidos 2 integrantes más de esta organización criminal y se logró la incautación de 2 fusiles y una pistola.

Clan del Golfo protagonizó ataque con dron a un helicóptero de la Policía

El director de la Policía, Mayor General Carlos Fernando Triana, aseguró que el ataque con dron a un helicóptero black hawk de la Policial Nacional que estaba en labores de extracción de un personal que se encontraba en zona rural de Amalfi, Antioquia, fue perpetrado por el Clan del Golfo.

«Ante la acción terrorista perpetrada en Antioquia contra un componente de personal que cumplía labores de aspersión terrestre de cultivos ilícitos y contra una aeronave de la institución, estamos llegando a la zona con mayores capacidades para atender a nuestros policías y seguir combatiendo a estos criminales que hoy enlutan a todo un país», escribió el alto oficial de la Policía en la red social X.

 

En el ataque violento seis uniformados fallecieron y siete personas se encuentran heridas. El helicóptero cayó a tierra luego de ser impactado con el dron.

El gobernador de Antioquia. Andrés Julián Rendón, señaló que las víctimas están a la espera de aeronaves que los saquen de la zona y permitan atenderlos con prontitud.

«No nos van a doblegar ante el terror. Nos levantamos y avanzamos de la mano de toda Colombia para desmantelar a estos criminales y proteger la vida de nuestra población», dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

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La tasa de seguridad del gobernador de Antioquia que no cuadra ni en las cuentas

El gobernador, Andrés Julián Rendón, presentó la llamada “tasa de seguridad” como la solución definitiva al deterioro del orden público en Antioquia. Se vendió como una herramienta que blindaría al departamento frente al crimen organizado y que demostraría, según sus propias palabras, que “si el Gobierno Nacional nos deja solos, nosotros mismos nos defenderemos”. Sin embargo, a 15 de julio, el recaudo alcanzó apenas $19.354 millones frente a la meta de $45.217 millones. Aunque la Gobernación y El Colombiano matizaron el panorama afirmando que en realidad se han recogido $42.300 millones, el verdadero dato incómodo es otro: apenas se ha cumplido el 33% de la meta de recaudo para 2024, con solo cuatro meses por delante.

Para entender el problema, hay que recordar que la Constitución Política de Colombia establece, en su artículo 338, que los tributos, tasas y contribuciones especiales deben tener un hecho generador claramente definido, un sujeto pasivo determinado y, sobre todo, una destinación específica proporcional al costo del servicio prestado. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido insistente: una tasa no puede convertirse en un impuesto disfrazado. Su valor debe guardar relación directa con el beneficio recibido por el contribuyente.

 

En este caso, la Gobernación de Antioquia no ha demostrado de manera técnica ni documental cómo el pago de la tasa se traduce en un servicio concreto y proporcional para quienes la pagan. Empresarios, comerciantes y residentes de estratos altos no reciben un esquema de seguridad diferencial que justifique el cobro. En otras palabras, la tasa podría estar vulnerando el principio de equivalencia, abriendo la puerta a demandas de nulidad ante el contencioso administrativo.


Más allá de la discusión jurídica, el contexto político revela una jugada calculada. Desde el inicio de su mandato, Andrés Julián Rendón ha insistido en la narrativa de que el Gobierno Nacional “abandonó” a Antioquia en materia de seguridad. La tasa de seguridad no solo encaja en esa estrategia discursiva, sino que le da al Gobernador un argumento para mostrarse como el líder que “hace lo que el centralismo no quiere hacer”.

Pero hay un problema: el tiro le está saliendo por la culata. Quienes más se han visto afectados por el cobro son justamente sectores que tradicionalmente lo apoyaron: empresarios, comerciantes y ciudadanos de altos ingresos. La reacción ha sido evidente en la baja disposición de pago, al punto de que, incluso con la cifra de $42.300 millones que la Gobernación defiende, la meta anual sigue lejísimos de cumplirse.

Esta resistencia evidencia que el problema no es solo de recaudo, sino de legitimidad. Un tributo que no cuenta con aceptación social y que se percibe como improvisado carece de sostenibilidad. Y, como lo demuestra la experiencia de otros departamentos, una tasa de seguridad sin recaudo suficiente termina siendo más un gesto político que una política pública eficaz.

Supongamos que, milagrosamente, en los próximos cuatro meses se lograra recaudar la totalidad de la meta anual. ¿Sería suficiente para resolver la crisis de seguridad de Antioquia? Los expertos dicen que no. El crimen organizado, las economías ilegales, la violencia rural y la criminalidad urbana requieren intervenciones integrales que van mucho más allá del aumento del pie de fuerza o la compra de equipos. Se necesitan programas de prevención, inversión social y coordinación interinstitucional con la Policía, el Ejército, la Fiscalía y, por supuesto, el Gobierno Nacional.

Con un recaudo tan bajo como el actual, la capacidad de la Gobernación para implementar estas acciones es mínima. La tasa no alcanza para cerrar brechas, y la administración departamental no ha mostrado un plan claro de priorización del gasto. Esto deja a Antioquia en una situación peligrosa: con los mismos problemas de seguridad, un tributo cuestionado y una narrativa política que busca confrontar más que construir soluciones conjuntas.

La tasa de seguridad de Andrés Julián Rendón es un caso de manual sobre cómo una medida presentada como salvadora puede terminar revelando lo contrario: improvisación, debilidad técnica y cálculo político. Lejos de blindar a Antioquia, ha golpeado a su base social y ha abierto flancos jurídicos que podrían tumbarla.

Ya hay demandas de nulidad contra la Ordenanza 50, que cuestionan el principio de legalidad y certeza del artículo 338 superior, y la tipificación misma del tributo. Si un juez le da la razón a los demandantes, no sólo caería el cobro futuro: podrían ordenar devolver lo recaudado, abriendo un hueco fiscal. Así las cosas, la “solución” financiera se convierte en riesgo contencioso.

Lo que el departamento necesita no es un nuevo capítulo en la novela de confrontaciones con el Gobierno Nacional, sino una estrategia integral de seguridad y convivencia construida de manera coordinada, con recursos garantizados y legitimidad social. Porque la seguridad no se decreta ni se cobra: se construye, y se construye con todos.

Por: Alejandro Toro

Golpe del Ejército a la extracción ilegal minera en Antioquia

Soldados del Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con el Grupo de Policía Ambiental y de Recursos Naturales, intervinieron cinco unidades dedicadas a esta actividad en las riberas del río Cauca, a la altura de los municipios de Valparaíso, Caramanta y La Pintada, Antioquia.

Los uniformados incautaron cinco dragas tipo buzo, cuatro plataformas metálicas, seis motores tipo diésel, una motobomba, un cilindro de gas, entre otros elementos empleados para esta actividad ilegal.

 

En otro operativo que tuvo lugar en la vereda La Cuesta, del municipio de Barbosa, soldados del Batallón de Ingenieros de Combate N.º4 General Pedro Nel Ospina, intervinieron una mina inutilizando un motor, una plataforma metálica, dos motobombas y dos tubos de manguera PVC. En el sitio fueron capturadas en flagrancia cuatro personas que operaban esta maquinaria para extraer minerales de manera ilegal.

Ejército golpea a la Estructura 18 de las disidencias en el municipio de Ituango (Antioquia)

Tropas del Grupo Gaula Militar Valle de Aburrá de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional capturaron a alias Tifany, en medio de un enfrentamiento con integrantes de la Estructura 18 en la vereda Palo Blanco, municipio de Ituango, subregión Norte del departamento de Antioquia.

Alias Tifany, resultó herida durante el enfrentamiento. De manera inmediata, recibió atención por parte del enfermero de combate y fue evacuada vía helicoportada hasta la ciudad de Medellín, donde actualmente es atendida por personal médico especializado.

 

En medio del operativo se incautaron dos fusiles AK-47, un fusil M16, brazaletes alusivos a este grupo ilegal, 4 radios de comunicaciones, 5 teléfonos celulares, 15 proveedores, municiones, material de intendencia y más de 100 kilos de explosivos, que serían empleados para atentar contra la población civil y la Fuerza Pública.

¿Por qué fue denunciado en la Procuraduría el gobernador de Antioquia?

En Colombia aún existen políticos que creen que el poder es sinónimo de impunidad, servidores públicos que asumen su cargo no como un mandato ciudadano sujeto a límites constitucionales, sino como una licencia para arrodillar la ley, insultar a sus adversarios y utilizar el aparato institucional al servicio de intereses privados, partidistas o personales. Uno de los casos más preocupantes es el del actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuya gestión no se ha caracterizado por representar con imparcialidad a los antioqueños, sino por ser la prolongación emocional y discursiva de un proyecto político derrotado moral y judicialmente.

El 28 de julio de 2025, Colombia vivió un hecho histórico, la lectura del sentido del fallo que declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. Ese día marcó un hito en la historia judicial del país. Sin embargo, mientras el país avanzaba hacia el fortalecimiento de la justicia, desde Antioquia el gobernador presuntamente utilizó su investidura para deslegitimar el fallo, insinuar parcialidad en los jueces y alimentar una narrativa de persecución política, poniendo en entredicho la independencia de los poderes públicos y debilitando la confianza ciudadana en el Estado de Derecho.

 

Ese mismo día, Rendón publicó en su cuenta oficial de X un pronunciamiento en el que no solo expresó su respaldo político al expresidente Uribe, sino que además arremetió contra la izquierda colombiana, sugiriendo que mientras Uribe es procesado, exintegrantes de grupos armados estarían gobernando y legislando en completa impunidad, atacando directamente al sector ideológico que califica de “odiadores profesionales”, afirmando que “ese sector de la izquierda actúa así: con alevosía, sin afanes, premeditado”, “recorrieron cárceles en Colombia y Estados Unidos para presionar y ofrecer prebendas judiciales, económicas, a cambio de falsos testimonios”.

Estas afirmaciones constituyen una generalización estigmatizante, sin sustento probatorio que atenta contra la honra y el buen nombre de diversos actores políticos. Al formular estas acusaciones, el gobernador desconoce el principio de respeto entre servidores públicos, vulnera la presunción de inocencia y adopta una narrativa que divide y polariza, minando la legitimidad del disenso político y socavando la confianza institucional.

Por esta razón, el 1 de agosto presenté una queja disciplinaria formal contra el gobernador de Antioquia, toda vez que vulneró el deber de neutralidad, respeto e imparcialidad exigido por la Constitución y el Código General Disciplinario, lo cual podría configurar una falta gravísima. El poder no puede usarse para intervenir en controversias judiciales, politicas, ni mucho menos para legitimar ideologías desde la función pública.

Ahora bien, este hecho no es aislado. Muy por el contrario, hace parte de un patrón de comportamiento reiterativo que resulta aún más preocupante. El 27 de julio, un día antes del fallo, el gobernador publicó otro trino en el que expresaba “Sea cual fuere el resultado, Uribe es inocente”. Pasando por alto la prohibición que tenemos los servidores públicos de emitir criterios, opiniones dirigidos a influir en decisiones judiciales.

Además, en reiteradas publicaciones ha realizado manifestaciones injuriosas y calumniosas contra el Presidente de la República acusándolo de rodearse de criminales, por cumplir con la política de paz total.

Hago un llamado urgente y firme a la Procuraduría General de la Nación, frente a comportamientos que erosionan la legalidad, deterioran el respeto entre poderes y desdibujan el marco democrático. No se trata de una disputa entre partidos, se trata del deber que tiene cualquier servidor público de actuar con decoro, con respeto por la justicia y con sujeción estricta a la ley. La Procuraduría tiene la responsabilidad constitucional de investigar, sancionar este tipo de conductas.

La justicia condenó al expresidente Uribe y esa decisión debe respetarse sin ambigüedades, ningún servidor público está autorizado para relativizar una sentencia judicial ni para reinterpretarla con fines electorales o de defensa ideológica. Gobernar no es hacer militancia política desde el poder, es respetar la Constitución, servir con imparcialidad y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, no solo de los aliados de turno. Antioquia no necesita un activista atrincherado en el poder. Necesita un gobernador que ejerza con altura, legalidad y verdadero compromiso democrático.

Alejandro Toro

Hallan en Antioquia los cuerpos de cinco personas desaparecidas

Funcionarios de criminalística de la Dijín de la Policía Nacional, dando cumplimiento a una orden expedida por un fiscal especializado de la Seccional Antioquia exhumaron en zona rural de Santa Bárbara, en el suroeste antioqueño, los cuerpos de cinco personas desaparecidas.

Se trata de los cuerpos de cuatro hombres y una mujer, que habrían sido asesinados e inhumados por presuntos integrantes de la organización delincuencial conocida como Los de Jhony. Las víctimas, cuatro hombres y una mujer, habrían sido asesinados por un grupo criminal que delinque en la zona.

 

Según la investigación, la mujer fue reportada como desaparecida en marzo de este año. Se evidenció además que luego de su desaparición sus cuentas bancarias fueron saqueadas.

¿Cuál es el origen del dron que volaba en el Aeropuerto de Rionegro?

Las operaciones del Aeropuerto José María Córdoba en Rionegro (Antioquia) se paralizaron por algunas horas en la noche del martes 5 de agosto, luego de ser detectado un dron que volaba en las cercanías de la terminal.

Este objeto no tripulado fue detectado por los radares cuando el reloj marcaba las 7:23 p. m., momento en el que se activaron los protocolos de seguridad que impiden el tránsito de aeronaves mientras haya riesgo en el espacio aéreo controlado.

 

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Un total de 25 vueltos se vieron afectados de la siguiente manera: dos salidas fueron canceladas; dos vuelos fueron cancelados y 16 registraron demoras y ocho tuvieron que ser redirigidos a otros aeropuertos.

Al respecto, la Aeronáutica Civil a través de un comunicado anunció la apertura de una investigación para verificar el origen de este dron.

El turismo rural que se mueve alrededor de Medellín con la Feria de las Flores

Con la llegada de agosto, Medellín se llena de color, tradición y turistas. La Feria de las Flores, uno de los eventos culturales más importantes de Colombia, se celebra del 1 al 10 de este mes, atrayendo a más de 60.000 viajeros internacionales, según cifras de la Alcaldía. Sin embargo, el impacto del evento trasciende las calles de la capital paisa: pueblos cercanos como Santa Elena, Guatapé y Jardín reportan un aumento significativo en la demanda turística, evidenciando una tendencia creciente hacia el turismo rural y cultural.

De acuerdo con un informe reciente de la plataforma de actividades turísticas Civitatis, la búsqueda de experiencias fuera de Medellín ha crecido un 27 % durante esta temporada. “Los viajeros internacionales ya no se conforman con los destinos tradicionales. Buscan experiencias auténticas que los conecten con la historia, la cultura y la vida cotidiana de los lugares que visitan. Antioquia tiene una oferta inigualable en este sentido”, afirma María Carolina Padilla, country manager de Civitatis.

 

Santa Elena: el corazón de la tradición silletera

Aunque el tradicional desfile de silleteros recorre las principales vías de Medellín, es en Santa Elena donde realmente florece esta manifestación cultural. Declarada patrimonio cultural inmaterial de Colombia en 2003, la tradición silletera se mantiene viva gracias al trabajo de familias campesinas que durante la Feria abren sus fincas para compartir esta herencia.

En este corregimiento, los visitantes pueden participar en un tour exclusivo de temporada que les permite seleccionar entre más de 25 variedades de flores y aprender a armar una silleta con artesanos locales. Más allá de una experiencia manual, se trata de un espacio de encuentro intergeneracional donde la tradición se transmite con orgullo y emoción.

Guatapé: entre sabores, colores y naturaleza

Guatapé, uno de los destinos más visitados de Antioquia durante todo el año, incrementa su atractivo durante la Feria. El tour más solicitado combina visitas a pueblos como Marinilla, El Peñol y el Alto del Chocho, donde los viajeros degustan productos locales como el fiambre antioqueño, fresas frescas, pan bobo con chocolate y tomate de árbol con panela.

La experiencia culmina en Guatapé con un recorrido por su vibrante centro histórico y una visita a la Piedra del Peñol, ícono natural del oriente antioqueño. A bordo de un paseo en barco por la represa, los visitantes disfrutan no solo del paisaje, sino también de una conexión directa con las comunidades rurales que dan vida a la región.

Jardín: arquitectura, café y tradición

Otro de los grandes beneficiados por la Feria de las Flores es Jardín, considerado uno de los pueblos más hermosos de Colombia. El recorrido hacia este destino parte de Medellín y atraviesa municipios como Hispania y Andes, zonas rodeadas de fincas cafeteras que reflejan la esencia agrícola de Antioquia.

En Jardín, los turistas caminan por calles adoquinadas bordeadas de casas coloridas, visitan la Basílica de la Inmaculada Concepción, la tradicional Casa de los Dulces y el famoso café Macanas. La jornada concluye con un almuerzo típico antioqueño, un cierre ideal para una experiencia que mezcla historia, sabor y hospitalidad local.

Un llamado a vivir la cultura desde lo cotidiano

La Feria de las Flores se consolida no solo como una celebración de ciudad, sino como una plataforma que impulsa el turismo rural y cultural en Antioquia. Santa Elena, Guatapé y Jardín son solo algunos ejemplos de cómo las tradiciones, la gastronomía y los paisajes de la región conquistan a un público que busca más que entretenimiento: busca conexión y sentido.

Encuentran los restos de una persona desaparecida en los años 90 en San José de Apartadó

Imagen de referencia

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas encontró los restos que podrían ser de una persona de la que no se sabe desde la década de los años 90.

 

El hallazgo se presentó en la vereda La Linda, en corregimiento de San José de Apartadó de donde fueron trasladados sus restos y entregados al personal forense para su respectivo análisis e identificación.

Por las características del terreno en donde fueron ubicados los restos, Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas se vio obligada a utilizar maquinaria pesada para adelantar la excavación. Al finalizar la intervención, la entidad logró recuperar un cuerpo, lo cual permite avanzar con el camino de la búsqueda.

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Se espera los resultados de Medicina Legal, entidad encargada de analizar los rasgos morfológicos y pruebas genéticas comparadas con las muestras de ADN aportadas por su familia, para que así termine el sufrimiento que por años ha tenido que soportar tras su desaparición.

Imputan cargos a un veterinario en Antioquia por causar la muerte de una perrita

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Henry León Sánchez Sánchez, un veterinario que habría causado la muerte de una canina, en una vivienda de Itagüí (Antioquia).

De acuerdo con la investigación, el 2 de noviembre de 2024, Sánchez presuntamente le provocó la muerte, de manera injustificada, a una canina llamada Alma que se encontraba en estado de gestación. El animal había sido entregado al veterinario para su cuidado y consecución de un hogar de paso o adopción definitiva.

 

Sánchez habría aplicado la eutanasia sin alguna razón aparente que diera cuenta de que la canina se encontraba en mal estado de salud. El día de los hechos, el procesado fue sorprendido por uniformados de Policía de Vigilancia en el momento que transportaba el cuerpo de ‘Alma’ en una bolsa negra donde además llevaba varios frascos de químicos que son usados para realizar el procedimiento.

Una fiscal adscrita al Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) presentó al hombre ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de maltrato animal, cargo que no fue aceptado.