No más “capuchos”: Bogotá no soporta otro día paralizada
Bogotá vive bajo la sombra de bloqueos violentos y falsas manifestaciones que convierten el supuesto derecho a la protesta pacífica de unos cuantos en un escenario de vandalismo. Miles de ciudadanos sufren la parálisis del transporte público, mientras unos pocos destruyen lo que tanto esfuerzo ha costado construir.
Por eso, presentaré un Proyecto de Acuerdo ante del Concejo que busca blindar el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP), al reafirmar su carácter de servicio público esencial y asegurar su prestación adecuada cuando se presenten actos vandálicos y bloqueos violentos en las manifestaciones. La ciudad no puede seguir atrapada y paralizada por el caos disfrazado de reclamo social.
Según TransMilenio, a agosto de este año, 751 protestas y disturbios han golpeado la movilidad de Bogotá, 300 más que en 2024. Hasta el 7 de octubre, 14,5 millones de personas resultaron afectadas. Cada uno de esos bloqueos violentos impide que trabajadores lleguen a tiempo, que estudiantes asistan a clase y que enfermos reciban atención médica. La violencia callejera reemplaza el diálogo, y el ciudadano de a pie paga el precio más alto: su seguridad, su tranquilidad, la pérdida de su tiempo y su derecho fundamental a moverse libremente por su ciudad.
Defiendo el derecho a protestar pacíficamente, pero dejo claro que vandalizar buses, romper estaciones o bloquear violentamente vías no representa un ejercicio democrático. Es una agresión directa contra millones de bogotanos. Las cifras lo demuestran: entre 2020 y abril de 2023, los actos vandálicos causaron pérdidas por 17.000 millones de pesos; este año 53 buses han sido vandalizados y el sistema ha dejado de percibir más de 12.600 millones por validaciones no realizadas.
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Los costos no se miden solo en dinero, sino también en oportunidades perdidas. Cada bus frenado significa clases suspendidas, empleos en riesgo y ciudadanos atrapados en medio de la impotencia. Por eso exijo que las autoridades actúen oportunamente para levantar bloqueos violentos, judicializar a los responsables y garantizar la movilidad, tal como lo establece el ordenamiento jurídico.
De acuerdo con el artículo 365 de la Constitución y la Ley 336 de 1996, el transporte público es un servicio público esencial. No es un privilegio, es un servicio que garantiza derechos fundamentales: la libre circulación, la salud, el trabajo y la educación. Según la Encuesta Bogotá Cómo Vamos, en la capital, el año pasado, más del 53% de los ciudadanos se movilizaron en transporte público masivo y el 71% lo hizo en medios sostenibles (transporte público, bicicleta y a pie). Si ese sistema colapsa, la ciudad entera se paraliza.
¿Por qué el Estado ha podido actuar en otros casos y garantizar la prestación adecuada del servicio público de transporte? Por ejemplo, con lo ocurrido en la huelga de pilotos de Avianca en 2017, cuando la Corte Suprema la declaró ilegal por afectar un servicio público esencial. También traigo a colación la condena a “Epa Colombia” de 5 años y 2 meses, por destruir una estación de TransMilenio y participar en actos vandálicos contra una URI en 2019. En ambos casos, el Estado actuó. Hoy exijo la misma contundencia frente a los “capuchos” que vandalizan y bloquean violentamente el transporte público de la ciudad.
El diálogo siempre es el primer camino. Pero cuando la violencia reemplaza la palabra y los derechos de millones son pisoteados, la autoridad no puede quedarse inmóvil. Bogotá ya habla: no más “capuchos”, no más manifestaciones violentas, no más parálisis.
