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Las recientes denuncias contra el proceso de elección del contralor departamental de Antioquia no pueden pasar inadvertidas. Lo que está en juego no es un nombramiento menor, sino la cabeza del órgano encargado de vigilar, controlar y sancionar la gestión fiscal de la Gobernación de Antioquia y de los más de 100 municipios que integran el departamento. Un contralor de bolsillo significa, en la práctica, la puerta abierta a la impunidad administrativa.

La Contraloría Departamental tiene la misión de auditar el uso de los recursos públicos, de advertir sobre posibles irregularidades en contratos, de sancionar a quienes malversen fondos y de actuar como garante del interés colectivo. Se trata, en suma, del principal mecanismo de control que la ciudadanía tiene frente a las decisiones del gobernador y de la Asamblea. Por ello resulta alarmante que el proceso esté hoy bajo sospecha por favoritismos, reuniones indebidas y posibles delitos que van desde el tráfico de influencias hasta el fraude procesal.

Las irregularidades en este proceso arrancaron con la elección de la Universidad de Cartagena por parte de la Asamblea de Antioquia para llevar a cabo el proceso de selección del Contralor Departamental. ¿Por qué ir hasta la Costa cuando Antioquia tiene reconocidas y prestigiosas instituciones de educación superior? De acuerdo a la Asamblea, el principal criterio para elegir a la institución fue haber presentado una propuesta económica por debajo del presupuesto designado para el proceso, mientras que la UdeA se excedió por un 56,5% y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid aparentemente presentó una propuesta económica indeterminada.

En un primer momento los argumentos presentados por la Asamblea guardan una lógica impecable, si se va a elegir un operador para el concurso de la entidad encargada de la vigilancia fiscal debe ser prioritaria la eficiencia en el gasto público. El problema es que la Asamblea nunca incluyó dentro de la convocatoria enviada a algunas de las universidades el presupuesto destinado para el contrato, en contravía de los principios de transparencia, libre concurrencia y economía.

¿Cómo es que la Universidad de Cartagena fue la única que de manera clarividente supo estructurar su oferta con unos costos ajustados al presupuesto secreto? Dentro de la denuncia radicada por la Red de Veedurías de Colombia se informa de reuniones inapropiadas sostenidas entre el Gobernador Rendón, miembros de la Asamblea y Directivos de la Universidad de Cartagena. ¿Habrá sido en estas reuniones que les indicaron a la Universidad cuál era el valor que debía tener su propuesta?

Pasemos ahora a las candidaturas. Las denuncias ciudadanas afirman que las dos fichas por las que se está moviendo el Gobernador son Juan Carlos Herrera Toro y Laura Emilse Marulanda Tobón.

Juan Carlos Herrera no es extraño en concursos para cargos públicos. En el 2023 estuvo entre los finalistas para Registrador Nacional y en el 2024 entró en el listado final de 27 candidatos que la Corte Suprema de Justicia avaló para ocupar el cargo de Procurador. La relación con Rendón es bastante directa: desde enero hasta noviembre del 2024 estuvo nombrado por el Gobernador como Secretario General del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, la entidad cuya filial Valor+ capta los recursos de la fallida tasa de seguridad del Gobernador. Con Herrera, Rendón se asegura un Contralor que ya trabajó para su Gobernación y que conoce el manejo de los recursos en el departamento.

Laura Marulanda fue Auditora General de la Nación en el Gobierno Santos; para el Gobierno Duque estuvo en la lista para ser Contralora General de la Nación pero su candidatura se vio mancillada por su presunta participación en un carrusel de cirugías plásticas en Medellín, donde se usaron recursos públicos para el pago de quirófanos, anestesiólogos y medicamentos en cirugías estéticas. Si bien no ha sido empleada directa de Rendón, sí lo ha sido de quienes han gobernado en cuerpo ajeno por él a Rionegro. En el 2019 fue candidata a la Alcaldía de Rionegro pero su derrota no fue en vano, puesto que el sucesor de Andrés Julián en la alcaldía, Rodrigo Hernández, la nombró como Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario. El actual alcalde y también ficha de Rendón, Jorge Rivas, le dio su trabajo actual de Secretaria de Hacienda de Rionegro. Una Contralor de la casa.

La estrategia no es nueva. En Antioquia estamos viendo una copia al carbón de lo que el uribismo ya hizo en el plano nacional durante el gobierno de Iván Duque, cuando los tres principales entes de control —Contraloría, Procuraduría y Fiscalía— terminaron en manos de personas cercanas y leales al Presidente. El resultado fue un sistema de contrapesos debilitado, órganos de control arrodillados y un Ejecutivo blindado ante cualquier señalamiento.

Rendón pretende replicar la fórmula: asegurarse un contralor que no lo investigue, que le cubra la espalda en sus proyectos fallidos —como el referendo de descentralización hundido en el Congreso o la ridícula “vaca” para las vías 4G— y que actúe más como socio político que como guardián del erario. Un contralor de bolsillo no controla: obedece.

La historia reciente nos enseña que cuando los órganos de control se subordinan al poder político, lo que sigue es el debilitamiento de la democracia y el crecimiento de la corrupción. Antioquia merece un contralor que le hable de frente al gobernador, no que le rinda pleitesía. Esa es la verdadera defensa del interés público.

Alejandro Toro