El martes 18 de noviembre la Asamblea Departamental de Antioquia dio un espectáculo que retrata la forma como el uribismo entiende la democracia: los estudiantes de las universidades públicas protestando en las graderías por los recortes al presupuesto de educación superior, y la Presidenta de la corporación, la diputada del Centro Democrático Verónica Arango, ordenando suspender la sesión y anunciando que al otro día el debate sería “a puerta cerrada”. Solo cuando la indignación ciudadana creció y el propio gobernador tuvo que hacer el regaño en público por redes sociales, se vieron obligados a recular y permitir el ingreso de la gente a la sesión del miércoles 19.
El episodio no es menor. Que la presidenta de la Asamblea intente sacar a la ciudadanía del recinto justo el día en que se discute el Presupuesto Departamental de 2026 –un plan de casi 8 billones de pesos para el próximo año– no es justificable de manera alguna. Es una decisión profundamente antidemocrática: querían recortar a las universidades públicas sin tener que escucharles la voz a quienes estudian y trabajan en ellas. Fueron los estudiantes, con sus arengas y su presencia masiva, los que dejaron en evidencia la incomodidad del uribismo cuando las gradas se llenan y la política deja de ser un diálogo entre élites.
El miércoles 19, finalmente, el presupuesto se aprobó “a puerta abierta”, pero con una puerta bien cerrada en lo que de verdad importa: los recursos para la educación superior pública en Antioquia. Los porcentajes hablan por sí solos. La Universidad de Antioquia pasa de recibir el 0,88% del presupuesto de 2025 al 0,79% en 2026. El Politécnico Jaime Isaza Cadavid baja del 1,09% al 0,99%. El Tecnológico de Antioquia, del 0,40% al 0,36%. Y la IU Digital de Antioquia, del 0,47% al 0,43%. En un presupuesto general tan grande, estos puntos porcentuales parecen pequeños sobre el papel, pero en la realidad significan menos cupos, menos profesores, menos laboratorios, menos bienestar estudiantil y más puertas cerradas para los jóvenes de los barrios populares y de los municipios.
No es un error aislado: es una política. Andrés Julián Rendón viene construyendo, paso a paso, un proyecto de castigo sistemático a las instituciones de educación superior del departamento. Hace unas semanas intentó eliminar las estampillas universitarias que financian al Politécnico, al Tecnológico y a la IU Digital. Solo la presión estudiantil y el rechazo de sectores políticos alternativos obligaron a la Gobernación a echar para atrás la jugadita y mantener ese recurso clave para nuestras universidades.
Ahora, con el presupuesto 2026, vuelve a la carga por otra vía: recorta la participación de estas instituciones dentro del total departamental, al tiempo que intenta vender la idea de que todo se compensa con una supuesta “base presupuestal” que, en la práctica, queda a merced de la voluntad política del gobernante de turno. Es el mismo libreto de siempre: debilitar las fuentes de financiación propias y autónomas de las universidades para concentrar el control de la plata en el Ejecutivo. Cuando la educación superior depende menos de normas estables y más del guiño o el regaño del gobernador, lo que se fortalece no es la calidad académica, sino el clientelismo.
Lo que ocurrió esta semana en la Asamblea deja ver, además, una fractura dentro del propio oficialismo departamental. La idea de sesionar a puerta cerrada fue tan indefendible que el mismo Rendón tuvo que salir en X a desautorizar a su aliada del Centro Democrático y a recordar que el presupuesto debía discutirse “escuchando todas las voces”. Pero que el gobernador haya corregido la forma no borra el fondo: el presupuesto que su administración defendió y logró aprobar reduce la tajada para la UdeA, el Poli, el TdeA y la IU Digital. Regaño por redes, recorte por decreto: así no se gobierna la educación de todo un departamento.
Mientras el Gobierno del cambio trabaja para ampliar el acceso a la educación superior pública, condonar deudas del Icetex y fortalecer la financiación de las universidades, en Antioquia el proyecto de Andrés Julián Rendón y el uribismo se dedica a reducir su participación en el presupuesto y a intentar sacar a los estudiantes de los escenarios donde se toman las decisiones. Esa incoherencia no solo es injusta: es un obstáculo directo al derecho a la educación de miles de jóvenes antioqueños.
La lección de estos días, sin embargo, también es esperanzadora. Cuando el uribismo quiso cerrar las puertas de la Asamblea, los estudiantes respondieron con organización y movilización; cuando intentaron quitarles la estampilla, la presión social obligó a revertir el ataque; ante el ataque directo de disminuir la incidencia que tiene la educación superior en el presupuesto, los estudiantes de Antioquia no se quedarán de brazos cruzados.
Alejandro Toro
