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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Opinión

¿En qué va la consulta de octubre?

El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría fijaron para el 26 de octubre de 2025 la realización de consultas populares, internas e interpartidistas, concebidas como mecanismos para que los partidos tomen decisiones internas, que podrán ser presidenciales, destinadas a elegir un candidato único a la Presidencia, o legislativas, orientadas a conformar listas al Senado y a la Cámara. En la jornada participarán colectividades como el Polo Democrático, Alianza Verde, Centro Democrático, Partido Conservador, Cambio Radical, La U, MAIS, MIRA, Nuevo Liberalismo y otros movimientos. Aunque no será una sola consulta unificada, sí será un conjunto de procesos paralelos de partidos y coaliciones, cada uno con sus propias reglas, candidatos y desafíos jurídicos.

Capítulo aparte merece la consulta del Pacto Histórico, que enfrenta un alto riesgo jurídico tras la exclusión de Colombia Humana (del presidente Petro) y de Progresistas (liderada por María José Pizarro) de la fusión que otorgó personería al nuevo partido único. Esta decisión dejó en el limbo a varios aspirantes al Congreso y precandidatos presidenciales como la propia Pizarro y Gustavo Bolívar, privando al movimiento de un candidato único y de la posibilidad de construir listas legislativas conjuntas. Dicho panorama representa una amenaza real para la legitimidad del proceso, pues la fuerza más emblemática del Pacto quedaría sin un aval concreto. Aunque la coalición insiste en avanzar pese al galimatías jurídico, la consulta expone tensiones internas que pueden desembocar en divisiones, litigios y en una menor capacidad de articular listas unificadas y candidaturas sólidas de cara a las elecciones de 2026.

 

Para rematar, la polémica no solo es legal, también es política, toda vez que uno de los principales nudos lo constituyen Roy Leonardo Barreras y Daniel Quintero, candidatos cercanos al gobierno y con el beneplácito del mismísimo presidente, donde ambos conocen plenamente la lógica de los operadores políticos y la trama del poder, lo que les garantiza confianza en el petrismo sin ser vistos como traidores, pero al mismo tiempo son viejos actores reconocidos por todo el establecimiento político desde la izquierda, el insípido centro y también por las derechas: centro derecha, derecha media y “derechita vergonzante.

Aunque el caso de Roy es de analizar con mayor detalle, en la medida que  su trayectoria lo conecta con el Partido de la U, donde figura como fundador “santista” y cuenta con el respaldo de gamonales regionales, además de haber defendido una agenda liberal y progresista dentro del Pacto Histórico, podría sumar apoyos de la U, del Partido Liberal, de sectores moderados de Cambio Radical y del Partido Conservador, todos los que hacen parte  del establecimiento que históricamente comparte la misma cobija del poder. A este respaldo se añadiría el de la izquierda en una eventual segunda vuelta, que vería en él a un escudero leal de Petro desde la campaña pasada. En conjunto, Barreras representa más de lo que cualquier otro candidato podría ofrecerle al presidente y a los políticos tradicionales para mantener su estatus.

Por los lados del centro político está el ya insípido Sergio Fajardo, quién aspira sórdidamente en llegar hasta la segunda vuelta presidencial (de haberla)  en absoluta soledad, sin ninguna clase de consulta, aunque vale la pena decir que la mejor descripción de su posición se la escuché al ministro  Benedetti cuando lo comparó con la trilogía de la película Volver al Futuro: “siempre es el mismo candidato, el mismo tipo, el mismo destino, con el mismo comienzo y el mismo fin”; es decir, que es el “Marty McFly” de la política colombiana, que dará los mismo resultados de no corregir el rumbo en que le puede ayudar su costosísimo asesor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí por 100 mil dólares mensuales (contratado hace unos días atrás).  Benedetti no ahorró palabras ladinas para decirle al siempre austero fajardo que ojalá le ayude en algo el estratega catalán  para que deje se ser tan “amanerado, por los muñecos de títeres”.

En la orilla verde-morada aparece Claudia López, quien hasta hace poco lograba reunir a un sector importante de colombianos que la veían como un centro más estructurado, crítico y con experiencia ejecutiva, en contraste con el desdibujado verde fajardista. El mismo polémico Benedetti recordó que era la mejor posicionada hace unos meses, y advirtió que ella debió quedarse en el centro para tender puentes con varios sectores políticos, pero su desplazamiento marcado hacia la derecha, le hizo perder ese enfoque inicial que hoy refleja un estancamiento peligroso de su precampaña, concluyó el ministro.

Y desde luego, la derecha del show está a cargo de Abelardo de la Espriella, que puede empezar a reflejar un declive a la baja, en un meteórico zambullido político, aunque se sostiene muy  potencializado en las virtuales redes sociales pero con una escasa fuerza política real sin propuestas ni respaldo real (es decir, todo irreal), sumado a que lo persigue su pasado como abogado de Alex Saab, señalado testaferro de Maduro. Mientras Vicky Dávila mejora en percepción después de 2 meses sin rumbo, producto del atentado al senador Miguel Uribe Turbay, que la desubicó entre las idas a la Clínica y las agudas críticas cuando trasladó su directorio político a la Santafé limitándose a culpar a Petro por todo,  sin ofrecer propuestas para Colombia, pero ella debe entender que su imagen mejora en la calle porque ha empezado a confrontar a su rival directo que es Abelardo de la Espriella.

Dicen por ahí que estamos ante un nuevo síndrome del “Abelardo-Benedetti”, cuya fusión caribe confunde las polémicas identidades del ministro y del mediático abogado, constituyéndolos como dos actores políticos opuestos, pero igualmente histriónicos, capaces de mover fichas o desordenar el tablero electoral con sus actuaciones, lo que conlleva a que la gente empiece a confundirlos y se vuelva un arma de doble filo para el Petro-Uribismo, pero le pone picante al debate polarizante. Sumado a que los dos piensan en voz alta que los demás candidatos son “histéricos, parecen una caja de pollitos”, y que todos los candidatos están flojos, aunque para el ministro del Interior no superan 7% en las “amordazadas” encuestas, pero se decanta por unos nombres que podrían dar sorpresas: Iván Cepeda, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, Claudia López y Roy Alejandro Barreras. Desde luego que no menciona a su alterego barranquillero, pero allí está más vivo que histérico.

Todo lo anterior aplica siempre que no irrumpan multimillonarios capitales capaces de distorsionar la opinión pública, toda vez que la verdadera legitimidad electoral no depende de cifras infladas, sino de propuestas sólidas y verificables; por ello, la regulación de encuestas, fruto de un consenso multipartidista, buscó preservar la equidad democrática y evitar el surgimiento de ‘outsiders’ multimillonarios al estilo Rodolfo Hernández 2.0, sostenidos en el show, las redes y las grandes inversiones mediáticas.

En conclusión, el escenario electoral de octubre está marcado por consultas enredadas, tensiones internas y candidaturas debilitadas, con el Pacto Histórico en riesgo de perder legitimidad entre decisiones jurídico-políticas con polarización y espectáculo mediático, aunque la preservación de la democracia dependerá de propuestas serias y de contener la influencia de capitales multimillonarios que agranden candidatos enanos.

Luis Fernando Ulloa

Raro en la nube

El cierre del Acuerdo Marco de Precios de Nube Pública IV (CCE-241-AMP-2021) representa, sin lugar a dudas, una de las decisiones más incomprensibles en la política reciente de compras públicas. Colombia Compra Eficiente había anunciado, tras las observaciones de la Procuraduría y de la ciudadanía, que el camino lógico sería prorrogar el acuerdo vigente mientras se ajustaba el proceso. Sin embargo, el 1 de septiembre, en contravía de su propia narrativa, mediante un escueto comunicado, anunció la terminación definitiva. El resultado es dejar a cientos de entidades públicas sin un canal ágil para adquirir servicios de nube pública, uno de los insumos más utilizados para datos en el Estado contemporáneo. Todo muy raro.

El impacto fue inmediato: ministerios, hospitales, universidades públicas, superintendencias y alcaldías que dependían de este acuerdo, ahora deben recurrir a engorrosas licitaciones individuales. Llama la atención que días antes del vencimiento del acuerdo marco, se expidió una Directiva presidencial invitando a entidades nacionales a contratar los servicios de tecnología a través de Internexa, entidad mixta que permite hacerlo de manera directa.

 

La estructuración de cada proceso individual puede tomar meses, elevar costos, reducir la competencia, y lo más grave, exponer a las entidades a riesgos de interrupción tecnológica en áreas críticas: la historia clínica digital, la nómina estatal, la justicia en línea, el recaudo tributario, entre otros. Es un retroceso significativo al ser este un servicio que se beneficia de economías de escala.

El contraste internacional no podría ser más evidente. Chile Compra ha consolidado su transición a la nube, mediante acuerdos marco, sin disrupciones. La Comisión Europea firmó contratos marco plurianuales con proveedores de nube para garantizar continuidad con diversificación tecnológica. Incluso en Estados Unidos, donde la competencia es feroz, se han creado instrumentos como “Cloud Smart” que dan estabilidad jurídica, mientras se avanza en la transición digital. En Colombia, en cambio, se eligió la ruta de la improvisación sobre la certeza.

Frente a este giro sorpresivo, resulta inevitable preguntarse: ¿por qué una entidad que había anunciado públicamente la necesidad de prórroga opta, de un día para otro, por el cierre definitivo? ¿Hubo presiones políticas? ¿Se intentó debilitar a ciertos proveedores en medio de tensiones geopolíticas con el gobierno de Trump? ¿Se buscaba abrir espacio a jugadores europeos o asiáticos? Si la intención era reconfigurar el ecosistema de la nube pública en el país, se escogió el peor camino: sacrificar la continuidad de la transformación digital del Estado. No es claro que se recibe a cambio.

Es legítimo exigir mayor diversidad de proveedores, reglas más claras y evaluaciones periódicas en los acuerdos marco, pero una entidad cuya misión es ofrecer certeza, transparencia y eficiencia no puede cambiar las reglas cuando el partido está en juego. Lo extraño es que, en lugar de corregir sobre la marcha, se dejó al país en el limbo.

Cuando la nube pública se oscurece de esa manera, uno tiene derecho a sospechar que detrás de la tormenta hay más que errores técnicos: decisiones que no terminan de explicarse. Ojalá esto no termine en rayos y centellas.

Simón Gaviria

Prohibir hasta fracasar, la fallida política de drogas de Galán en Bogotá

Carlos Fernando Galán llegó a la Alcaldía de Bogotá prometiendo un cambio en la política de drogas. Durante la campaña se mostró como un liberal garantista, defensor de las libertades individuales y de un enfoque en salud pública basado en la prevención, la educación y la reducción de riesgos. Se comprometió con sus votantes a tratar el consumo desde la salud y no desde la criminalización, a desarticular ollas, a reducir la violencia ligada al microtráfico y a ofrecer tratamientos con enfoque comunitario. La realidad de su gobierno, sin embargo, está en las antípodas de esas promesas.

Hoy Bogotá enfrenta una política de drogas anclada en la vieja receta represiva: comparendos, prohibiciones y militarización del espacio público. Galán ha dilatado por más de 20 meses el decreto que la Corte Constitucional le ordenó expedir para regular el consumo en espacio público. En lugar de cumplir con la sentencia y diseñar medidas proporcionales, técnicas y razonables, sancionó el Acuerdo 983 de 2025, que restringe el consumo en más del 90% de la ciudad. A eso sumó la propuesta de los  “guardianes del orden”, ex militares y policías vigilando parques y calles, un modelo con un altísimo riesgo de abusos y violaciones a los derechos humanos.

 

El discurso de respeto a la institucionalidad también se derrumba cuando se miran las sentencias y lineamientos ignorados. La Corte Constitucional, en fallos como la C-253 de 2019 y la C-127 de 2023, estableció que no puede haber restricciones absolutas al consumo en el espacio público, y que las regulaciones deben tener enfoque de salud pública. El Ministerio de Justicia, en 2024, expidió un protocolo nacional de regulación basado en derechos humanos, reducción de daños y participación ciudadana. Galán no aplicó ese marco, prefirió un modelo de “tolerancia cero” que en la práctica criminaliza al consumidor y lo pone al mismo nivel que el expendedor.

El resultado de esta estrategia no es difícil de anticipar, porque Colombia lleva casi cuatro décadas repitiéndola. Desde el Estatuto Nacional de Estupefacientes de 1986, el país eligió la represión como fórmula. La evidencia es contundente: más cultivos, más tráfico y más consumo. Bogotá no es la excepción. Entre 2016 y 2022, el consumo pasó de 2,5 a 6,2 personas por cada 100 habitantes, un crecimiento de más del 140%. Hoy, cerca de 400 mil personas consumen drogas en la ciudad, de las cuales 30 mil son adolescentes. Lo alarmante es que el 36% de los consumidores, unas 161 mil personas, requieren tratamiento por abuso o dependencia, pero apenas el 1,9% accede a ayuda profesional. No lo hacen porque el sistema de salud no está preparado, porque existe estigma y porque las barreras económicas persisten.

En lugar de invertir en servicios de prevención y acompañamiento, Galán optó por engrosar las cifras de comparendos. En 2024 se impusieron 23.739 sanciones por consumo en espacio público, y en solo los primeros seis meses de 2025 ya van 20.725, lo que equivale al 87% del total del año anterior. Esa persecución desproporcionada no se traduce en menos consumo ni en mayor seguridad, solo en más estigmatización y más conflictos vecinales. Una encuesta de Cifras & Conceptos junto con el Ministerio del Interior revela que el 70% de los bogotanos identifica las drogas como fuente de problemas de convivencia, lo que demuestra que la estrategia no resuelve tensiones, sino que las agrava.

Mientras tanto, el microtráfico sigue expandiéndose. En 2021 se contabilizaban 352 expendios de droga en Bogotá; en 2024 la cifra superaba los 400, especialmente en Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar. La Fundación Paz y Reconciliación ha identificado 196 organizaciones criminales activas, mientras la Fiscalía investiga a 47 por tráfico de estupefacientes. Pese a esa magnitud, los operativos de desmonte han caído en picada: pasaron de 26 en 2023 a apenas 8 en lo corrido de 2025. Lo mismo ocurre con las capturas: de 192 en 2023 a 58 este año. En resumen, la Alcaldía es dura con el débil, pero blanda con las mafias que controlan el negocio.

Las cifras más dolorosas son las que muestran cómo las bandas criminales instrumentalizan a niños, niñas y adolescentes. Bogotá lidera a nivel nacional con 77 casos reportados, el 16% del total del país. Jóvenes entre 14 y 17 años son empujados al microtráfico como escudos legales de las mafias, sin que exista una política seria para ofrecerles alternativas educativas, deportivas o culturales. Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad se concentra en operativos de control en parques, como si esa fuera la solución.

Lo paradójico es que sí existen alternativas. Uruguay demostró que la regulación del cannabis puede funcionar con un modelo estatal que incluye cultivo doméstico, clubes y farmacias. Ciudad de México, más cerca de nuestra realidad, estableció zonas de tolerancia cannábica con horarios definidos y reglas claras. Ambos casos muestran que regular no es sinónimo de descontrol, sino de establecer normas para proteger la salud y reducir la violencia. En Colombia urge aprobar la regulación del cannabis adulto, y Bogotá podría liderar con pilotos locales que incluyan clubes cannábicos, zonas de consumo regulado y protocolos policiales ajustados a la Constitución.

La conclusión es clara: la política de drogas de Galán es la caricatura de un liberalismo que en el poder se revela conservador. El Nuevo Liberalismo, partido que levantó banderas progresistas en el pasado, hoy aplica una estrategia represiva que no solo fracasa en su objetivo, sino que además estigmatiza y criminaliza a los sectores más vulnerables de la ciudad. En Bogotá se persigue al consumidor visible, muchas veces pobre, mientras los verdaderos beneficiarios del negocio —las mafias del microtráfico— continúan operando con comodidad.

El Capitán Fracaso encarna la política de la prohibición que mata, mientras desprecia la regulación que protege. Bogotá necesita liderazgo para abrir un debate serio sobre regulación, prevención y salud pública. Eso, justamente, es lo que Galán prometió y no cumplió.

Quena Ribadeneira

Un asunto de oferta

Solamente entre y 10% y 20% de los consumidores de cocaína se convierten en adictos. Un estudio del National Institute on Drug Abuse (NIDA) indica que aproximadamente el 15% de los usuarios de cocaína pueden volverse dependientes dentro de los primeros años de uso. Este riesgo aumenta con el consumo frecuente o crónico, especialmente en formas más potentes como el crack.

Factores como el método de consumo (inhalado, fumado o inyectado) también influyen, siendo el crack y la vía intravenosa los que presentan mayor potencial adictivo. Luego el negocio de la cocaína es un negocio de oferta. Se consumirá tanta cocaína como la que halla en el mercado.

 

Según datos del National Survey on Drug Use and Health (NSDUH) de 2023, publicado por la Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), aproximadamente 5 millones de personas de 12 años o más en Estados Unidos han consumido cocaína en el último año ,esto representa el 1.8% de esa población, ahora bien, cuando se mide el consumo en el ultimo mes la cifra baja a dos millones de personas, es decir, 0.7% de la población de 12 años o más y si tan solo un 10% es adicto, o presenta algún grado de dependencia, tan solo doscientas mil personas constituirían una base de demanda inelástica que buscaría cocaína a cualquier precio y cualquier lugar.

Luego es falso el relato según el cual una muchedumbre de cientos de millones de zombis adictos a la cocaína está demandando toneladas de droga que generan violencia y caos en inocentes territorios campesinos y en barrios pobres de las ciudades del tercer mundo.

La verdad es más simple, el caos y la violencia son producto de la oferta cada vez más creciente debido a la complicidad de agentes estatales con las redes mafiosas de producción y distribución.

Los lobistas del narcotráfico tomaron el relato político de los extremistas de izquierda y crearon la supuesta responsabilidad de los Estados Unidos como determinador del tráfico de drogas culpabilizándolo por la demanda, pero esa demanda no existe, lo que siempre ha existido si es una violenta irrupción de drogas ilegales que, mediante una oferta constante, precios a la baja y distribución eficiente, se ha implantado en una sociedad que no las pidió y no las necesita. Pero la narrativa de la “corresponsabilidad” ha facilitado la aparición de normas que protegen los cultivos de coca y las bandas armadas que los patrocinan convirtiéndolos en actores políticos, e incluso en víctimas de una supuesta “agresión imperialista” disfrazada de lucha contra las drogas.

Según los datos más recientes disponibles del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, en 2023 se registraron 29,449 muertes por sobredosis relacionadas con cocaína y el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA) y el Departamento de Justicia sugieren que entre el 4% y el 16% de todos los homicidios anuales en EE.UU. están vinculados de alguna forma a las drogas (incluyendo tráfico, pandillas y disputas territoriales), lo que para un total de aproximadamente 21,000 homicidios en 2023 implicaría entre 840 y 3,360 muertes.  Estas son las verdaderas víctimas del narcotráfico, no los milicianos que vigilan cultivos en Colombia, o los pandilleros que asolan los vecindarios populares en nuestras ciudades y mucho menos las bandas armadas o el cartel de los soles.

La administración Trump no admite el relato culpabilizador sobre el papel de Estados Unidos en la lucha contra las drogas y está asumiendo una posición realista exigiendo resultados a los responsables.

En el caso de Colombia como principal productor de cocaína nos incumbe detener la oferta y esto solo será eficiente si se eliminan los cultivos coca y dejando atrás la narrativa la demanda de cocaína como determinadora del tráfico. Esto es un asunto de oferta y esa oferta la han creado narcos y es responsabilidad nuestra terminarla.

Jaime Arango

La descertificación debe llevar a Colombia a la emancipación como país

La decisión del gobierno estadounidense de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas, además de ser una movida con evidente motivación política, demuestra una vez que el supuesto gran aliado de Colombia está decidido a cercenar los lazos económicos y diplomáticos que en otra época le habían servido para mantener la narrativa de que América Latina era su “patio de atrás”.

Si bien el propósito es sancionar al Gobierno de Colombia por estar en una orilla política que se les hace incómoda, lo único que está logrando es beneficiar a los narcotraficantes, aumentar la cantidad de muertes por consumo de estupefacientes dentro de su propio país y darle vía libre a Colombia para que explore nuevos bloques geopolíticos donde las relaciones no sean en tónica de sumisión sino de cooperación real, incluso en materia militar.

 

Colombia ha sido considerado históricamente como el principal aliado del país norteamericano en el Cono Sur. El Gobierno Trump, que si en algo ha brillado es en su deseo fervoroso de acabar con todos los vínculos diplomáticos que durante tantos años habían le habían permitido a la nación norteamericana ser “los líderes del mundo libre”, ha buscado mediante amenaza de aranceles y disminución del presupuesto para la cooperación que Colombia ya no vea en Estados Unidos a un socio sino a un jefe ante el que se debe arrodillar, al que le debe rendir pleitesía si desea estar en su gracia y no bajo sus castigos.

El problema para el Gobierno Trump es que su estrategia hubiera servido muy bien si el poder en Colombia estuviera todavía en manos de la derecha arrodillada que habla cuando le piden que hable, calla cuando le piden que calle y repite los discursos que vienen del Norte cual títeres controlados por ventrílocuos.

En cambio, se ha encontrado con un Gobierno Nacional que por primera vez pone la soberanía nacional como prioridad, que ha tenido la habilidad diplomática de acercarse a nuevos socios estratégicos como respuesta a los desvaríos de Washington en vez de rogar estar en su lado bueno y el cual tiene los resultados suficientes, no solo en lucha contra el narcotráfico sino también en indicadores claves como control de la inflación, reducción de la pobreza y del hambre entre otros, para mantener la confianza de ese resto del mundo que busca ocupar los lugares que cada vez más va dejando Estados Unidos en el tablero geopolítico.

Hay que hacerse la pregunta, ¿certificación para qué? ¿para seguir siendo peones en la fallida lucha contra las drogas?¿para seguir poniendo a batallar al pueblo contra el pueblo en la ruralidad colombiana?¿para tratar la fiebre cuando el cáncer se encuentra en Estados Unidos con una demanda interminable por estupefacientes que Trump no ha sabido disminuir? Si es así, lo que hemos ganado ha sido la posibilidad de replantear la manera en la que luchamos contra el narcotráfico, de dejar de mandar a tantos miembros de la Fuerza Pública a que vayan a la muerte en una guerra donde los contrincantes son otros hijos de campesinos y campesinas de nuestro país.

No significa esto que se acaba en Colombia el esfuerzo para acabar con el narcotráfico. Es más, a Colombia la descertifican por ser efectiva, no por fracasar. En el 2024 se incautaron 889 toneladas de cocaína, el registro más alto al que se ha llegado. Lo que Trump – y la derecha arrodillada – se olvidan de mencionar es que en el Gobierno Duque los cultivos de cocaína crecieron en un 43%. En el 2022 el Gobierno Petro recibió un país inundado de cultivos de coca y lo que ha hecho es lograr frenar ese nivel de crecimiento que dejó Duque que amenazaba con acabar las selvas colombianas para convertirlas en plantaciones de coca, bajando el nivel crecimiento de nuevos cultivos al 3% en el 2024.

Lo que nos brinda la descertificación es centrarnos en arrebatarle al narcotráfico el manejo de la economía en las regiones cocaleras. En vez de insistir con la fallida erradicación forzada, ahora nos podremos concentrar en darle al campesinado acceso a los mercados para que le sea más rentable sembrar cacao, yuca o plátano que sembrar coca. Podemos replantear para nuestro país qué usos le damos a la hoja de coca, cuyas propiedades medicinales están más que probadas. Es la oportunidad de avanzar en la autorización de usos legales de la planta de coca, para que los campesinos prefieran asociarse para crear proyectos productivos en torno a sus propias tierras que vender la hoja al narcotráfico.

Tenemos entonces la posibilidad de dejar atrás décadas de subordinación y de falsas recetas impuestas desde Washington para, en cambio, consolidar un modelo soberano que ponga en el centro a las comunidades campesinas, proteja nuestras selvas y construya paz en los territorios. Si Estados Unidos decide cerrar la puerta, Colombia tiene hoy la madurez y la legitimidad para abrir muchas otras, con aliados que entiendan que la cooperación no es chantaje, es respeto.

Alejandro Toro

Una oportunidad para Colombia y el mundo

La reciente descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en materia de lucha contra las drogas, propia de los modelos neocoloniales, no debe verse como una sanción diplomática. Más bien se abre una valiosa oportunidad para colocar en la agenda internacional un debate impostergable. Se trata de la necesidad de avanzar hacia la legalización y regulación de las drogas, en especial de la cocaína, como mecanismo para contrarrestar su proliferación, el daño ambiental y su innegable vinculación a la violencia armada que sacude a Colombia, a la región andina, a Centroamérica y el Caribe

Durante décadas la política de certificación estadounidense ha estado ligada a una estrategia fallida basada en la represión a los cultivadores de coca, la militarización de los territorios y la persecución punitiva. Los resultados son evidentes. Miles de campesinos y campesinas siguen atrapados en la economía ilícita, la violencia armada se recicla periódicamente, las mafias del narcotráfico se adaptan con mayor sofisticación y con tecnología importada, y los daños a la sociedad y al medio ambiente se multiplican sin control.

 

En este contexto hay quienes siguen clamando por volver al uso indiscriminado del glifosato en fumigaciones aéreas, que causan un grave deterioro ambiental. La contaminación de fuentes hídricas, la pérdida de biodiversidad y los impactos en la salud de las comunidades rurales han sido documentados durante años. Lejos de resolver el problema de los cultivos ilícitos, esta práctica profundizó la crisis humanitaria y ecológica, dejando a su paso suelos infértiles, enfermedades respiratorias y dermatológicas, y un resentimiento social que agudizó la desconfianza hacia las instituciones.

El fracaso de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito también debe entenderse dentro de este contexto. Las iniciativas para reemplazar la coca por proyectos productivos alternativos han tropezado con obstáculos estructurales. La oposición constante de sectores económicos rentistas de la tierra ha bloqueado la posibilidad de una verdadera reforma rural. A esto se suma la aún insuficiente inversión estatal en recursos para hacer productivo el campo, garantizar acceso a crédito, vías, asistencia técnica y mercados. Sin estas condiciones las comunidades rurales han seguido atrapadas en los cultivos de coca para fines ilícitos como única opción de subsistencia, perpetuando el círculo de ilegalidad y violencia.

Además de los factores estructurales, existen dificultades culturales, económicas y tecnológicas que limitan la posibilidad de que millones de campesinos y campesinas rompan con la dependencia del cultivo de coca. En muchos territorios el cultivo de coca es un saber acumulado y transmitido por generaciones, un conocimiento práctico que facilita su cultivo en condiciones adversas donde otros productos no prosperan. Económicamente la coca ofrece un ingreso rápido y seguro frente a los largos ciclos de producción de otros cultivos que además carecen de mercados garantizados. Tecnológicamente las comunidades enfrentan carencias en maquinaria, infraestructura de transformación y acceso a la innovación agrícola, lo que impide competir en condiciones de igualdad con la economía ilícita. Esto explica por qué el abandono de la coca no puede plantearse como una decisión voluntaria aislada, sino como un proceso que requiere transformaciones profundas en las estructuras de desarrollo rural y en las políticas estatales.

El narcotráfico mantiene una relación directa con el lavado de activos que penetra los sistemas financieros, con el contrabando y la corrupción que debilita las instituciones democráticas. Está vinculado al tráfico de armas y municiones que alimenta la capacidad bélica de los grupos ilegales y a la trata de personas que convierte la vulnerabilidad en mercancía. Se articula también con la minería ilegal que devasta ríos y territorios, con la deforestación que destruye ecosistemas vitales y amenaza la Amazonía, y con el tráfico de especies protegidas que empobrece la biodiversidad.

La muerte sistemática de líderes y lideresas sociales que luchan por la tierra, el medio ambiente y la paz constituye una tragedia nacional que evidencia la estrecha relación entre el narcotráfico, las economías ilegales y el silenciamiento de las voces comunitarias. Todos estos factores son motores de violencia regional, de altas tasas de asesinatos y desapariciones forzadas, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y de la perpetuación de la pobreza multidimensional en amplias zonas del país

Los informes oficiales y académicos coinciden en señalar que la guerra contra las drogas ha fracasado. Pese a las inversiones multimillonarias de Estados Unidos en programas como el Plan Colombia y sus sucesores, las hectáreas cultivadas con coca no han desaparecido, la producción global de cocaína ha aumentado y los grupos armados encuentran en esta economía ilegal un combustible para perpetuar el conflicto.

La descertificación puede entenderse entonces como un punto de inflexión. Lejos de aceptar pasivamente una política impuesta, Colombia puede asumir un liderazgo internacional proponiendo un viraje necesario y urgente que lleve a pasar de la represión a la regulación. Así como ocurrió con el debate mundial sobre la marihuana, la cocaína debe discutirse bajo parámetros de salud pública, derechos humanos, reducción de daños y desarrollo alternativo, y no desde la lógica militar y punitiva. Una legalización regulada, acompañada de políticas de prevención y atención al consumo, tendría la capacidad de debilitar los ingresos de las mafias, reducir la violencia en los territorios y abrir nuevas vías de desarrollo para comunidades campesinas e indígenas históricamente estigmatizadas y criminalizadas.

La descertificación debería convertirse en un catalizador de una discusión global que convoque a Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, a organismos de salud pública, a expertos académicos y a organizaciones sociales. Colombia no puede ni debe cargar en solitario con el costo de una política fallida que se originó en Washington. El problema es mundial y la solución debe serlo también. Lo que a primera vista parece un golpe diplomático puede transformarse en una oportunidad histórica. El reto consiste en replantear la política global de lucha contra las drogas, abandonar un modelo represivo que ya demostró su ineficacia y abrir paso a un paradigma regulatorio más humano, más justo y más eficaz.

Luis Emil Sanabria D

¡De mal en peor!

La situación del sector energético tiende a gravarse, viene de mal en peor, sin que se vislumbre una solución. El riesgo de un racionamiento en la prestación del servicio de energía sigue latente. Yo distingo el riesgo inmanente del riesgo inminente. En cuanto al primero, al depender de una matriz eléctrica en donde la capacidad instalada hídrica supera el 60%, estamos expuestos a un riesgo de racionamiento cuando nos enfrentamos a una hidrología crítica a causa del fenómeno de El Niño, tanto más en cuanto que de los 24 embalses que le sirven a la hidroeléctricas solo uno de ellos, el de El Peñol, con el que opera Guatapé, tiene una capacidad de regulación que supera el año, el resto de ellos es de solo 4 meses. 

En cuanto al riesgo inminente, gravitan sobre el sistema dos factores determinantes del mismo. El primero de ellos es el stress del Sistema de transmisión nacional (STN), debido al déficit de la oferta de energía en firme (OEF) con respecto a la demanda, que crece a un ritmo que duplica el crecimiento de la oferta. De allí que, según la firma XM, que administra el mercado mayorista y opera el STN, en este momento la OEF está en 237.55 KWH y la demanda en 241.89 KWH, esto es tenemos un déficit de -1.8%, el cual será mayor el año entrante, estimándose en -2.5%.

 

Y ello obedece, a su vez, al ostensible atraso en la ejecución de importantes proyectos tanto de generación como de transmisión, empezando por Hidroituango, que ha debido entrar en operación en 2018, pero debido a una contingencia que se presentó de sus 8 unidades, con capacidad de 300 MW de potencia cada una, hasta la fecha solo han entrado 4. Y debido los 2.400 MW de capacidad de generación de energía eólica que fueron asignados en las subastas entre 2019 y 2021, los primeros parques eólicos a instalarse en La Guajira hasta la fecha a duras penas ha entrado uno de ISAGEN de solo 24 MW, el 10%. 

El otro factor que amenaza con un riesgo de racionamiento inminente es la crítica situación financiera que afrontan las empresas comercializadoras de energía, debido fundamentalmente a la deuda de los usuarios por concepto de la Opción tarifaria, cuyo saldo al corte de agosto de 2025 era del orden de los  $2.6 billones, de los cuales el Presidente Petro se comprometió en mayo del año pasado a asumir la de los estratos 1, 2 y 3, que representa el 80% de la misma, pero hasta la fecha es una promesa incumplida. A ello se viene a sumar la deuda del Gobierno Nacional para cubrir los subsidios al consumo de los estratos1, 2 y 3, que las empresas ya les descontó y el Gobierno debe reintegrarles a ellas.

Al corte del mes de agosto dicha deuda ascendía a $2.4 billones. A ello se vienen a sumar deudas con las distribuidoras de gas natural de $760.000 millones y a las de GLP $41.700 millones. Y lo más grave es que en el Presupuesto de la actual vigencia solo se apropiaron los recursos para cubrir los subsidios del primer trimestre de este año. Es decir que la partida de subsidios para los tres restantes trimestres está desfinanciada. De tal modo que el faltante en el Presupuesto de la actual vigencia asciende a los $3.6 billones, de los cuales $2.7 billones corresponden a energía eléctrica. Entre tanto, para la vigencia de 2026, en el proyecto de Presupuesto para 2026 de $8.9 billones que se van a requerir el aforo es de sólo $7.5 billones.

Esta situación llevó a la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios públicos de la empresa Air-e, que le presta el servicio a los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira. Y la razón fue su insolvencia, iliquidez y falta de flujo de la caja, que la llevó a acumular deudas con sus proveedores del orden de $1.9 billones, la cual quedó en suspenso su pago con la intervención y la contraída con posterioridad a esta ya asciende a los $1.7 billones, de los cuales $1.5 billones corresponden a la deuda contraída con las empresas generadoras por la energía que le han despachado. Y la Superintendencia se ha cruzado de brazos, dice que el Fondo empresarial que administra y que es la fuente de ingresos para solventar a las empresas intervenidas está también insolvente y por ello no le puede girar a Air-e ni un peso. 

Tal situación llevó a los organismos de control (CGR y PGN) a pronunciarse alertando sobre el riesgo inminente de un apagón financiero de las empresas comercializadoras que puede dar lugar a un efecto dominó que puede conducir a una falla sistémica, que puede llegar a comprometer la prestación del servicio. La reticencia del Gobierno en girar lo que adeuda a las empresas comercializadoras y evitar el colapso  de la empresa Air-e, a sabiendas del riesgo inminente de un racionamiento, lo lleva a uno a concluir que, imitando la política que tiene al sector salud en la UCI, estamos en presencia de una crisis inducida del sector eléctrico. La Superintendencia, con su inacción se ha convertido en parte del problema.

Mensajes del Presidente Petro con afirmaciones falaces y tendenciosas como que “Colombia es el único país en América Latina donde las tarifas de energía no están reguladas por el Estado”, a sabiendas de este si las regula a través de la CREG, en virtud de la Ley 143 de 1994, llegando al extremo de decir, mentirosamente, que “unas pocas empresas en manos de unos pocos pueden fijar precios que benefician sus propios intereses y no los de la gente” y que en consecuencia “las tarifas de energía que hoy nos cobran en Colombia son ilegales”, son señales que atentan contra la confianza inversionista y contra la percepción de la estabilidad jurídica, a causa de los reiterados anuncios de reformar las leyes 142 y 143 de 1994, con el ánimo de intervenir el mercado y fijar los precios y tarifas a su arbitrio. 

Es bien sabido que es más fácil hacer política con los precios y tarifas que agenciar una política de precios y tarifas. Bien dijo el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz que “las inversiones en confianza no son menos importantes que las inversiones en capital humano y maquinaria”. Podemos concluir diciendo que el signo de los tiempos que corren en el sector minero-energético es la incertidumbre, la cual en lugar de atraer a la inversión y a los inversionistas los aleja!

Amylkar Acosta

Los ecos del consejo de los mercados

En la gran aldea del Norte, los sabios del Consejo Económico volvieron a abrir sus pergaminos. 

Esta vez, los conjuros de la inflación mostraron señales encontradas: mientras el dragón del consumidor lanzó una llamarada leve al alza, el del productor se debilitó, sorprendiendo a todos. Los oráculos ya hablan de un recorte de tasas casi seguro: un hechizo de 25 puntos, con 95% de probabilidad. 

 

Los bardos del empleo trajeron noticias menos gloriosas: el ejército de trabajadores no era tan fuerte como se creía. 

Y, sin embargo, los mercados celebraron: las acciones del S&P 500 cabalgaron a máximos históricos (+11,5% en el año), los bonos del Tesoro se abarataron y el dólar permaneció firme, como un caballero en reposo.

En el Reino de Colombia, los mercaderes cantan otra historia. El dólar se rindió más rápido que en otras tierras, favorecido por la estrategia de Crédito Público y la llegada de capitales extranjeros. 

Los TES fueron comprados con fuerza, respaldando la magia oficial. En las plazas bursátiles, las acciones resistieron, aunque la voz de un oráculo extranjero (Bank of America) lanzó una sombra sobre Bancolombia. En un giro inesperado, el reino emitió bonos en euros por primera vez desde 2016. La demanda fue tan alta (seis veces sobresuscrita) que las arcas del gobierno brillaron con nueva liquidez y mejor perfil de deuda. El Banco de la República, prudente como un viejo mago, avanza con cautela. 

Los analistas predicen pocos recortes en 2024, guardando la artillería mágica para 2026.  La estrategia de deuda ha sido la espada del gobierno: con emisiones internas y externas, logró ahorrar costos, aun pagando tasas altas. Cerca de 45 billones fueron colocados a precios mejores de lo esperado, y la emisión en euros permite diversificar riesgos y preparar el terreno para futuros vencimientos. 

 La profecía global anuncia un posible cambio de ciclo: de los castillos tecnológicos del Norte hacia las riquezas de materias primas en las tierras emergentes. Una oportunidad de largo plazo para América Latina, con Colombia como potencial beneficiario, aunque el fantasma de la política interna podría frenar el brillo del peso frente al dólar.

 Lo que viene: La próxima semana, los sabios esperan la decisión del Consejo de la Fed y las palabras de Powell, además de señales mágicas desde el Reino Unido, Japón y los datos de ventas en el Norte. En Colombia, todos aguardan el nuevo dato de inflación y el pulso del dólar en la plaza.

Fabián Herrera

Disciplina vial

El pasado 16 de septiembre se llevó a cabo una protesta ciudadana en Bogotá, provocó caos en la movilidad afectando negativamente la economía, la educación y el curso normal de la vida de muchos capitalinos. Otra protesta más de las múltiples que forman parte del diario vivir de los colombianos, protestar se ha catalogado erróneamente, como un derecho fundamental que permite afectar la vida de los conciudadanos en aras de proteger el derecho del grupo de interés que decide colapsar ciudades y vías nacionales. Afectar al otro para llamar la atención se volvió máxima. En esta oportunidad el gremio que protestó fue el de los moteros y prestadores del servicio de transporte ilegal porque el Alcalde bogotano se atrevió a ponerles en cintura y exigirles disciplina vial.

El colombiano promedio carece de disciplina para la vida, el vaivén de las circunstancias define su día, por ello, ningún proyecto social o de país prospera. La movilidad vial en las ciudades colombianas, se convirtió en un auténtico calvario protagonizado por vehículos particulares y de transporte público, bicicletas, patinetas y por supuesto, las infaltables motocicletas que han copado altísimas tasas de movilidad, en las que muchos colombianos prefieren trasportarse bajo la errónea creencia de su bajo precio, velocidad y tamaño para circular por cualquier lado.

 

No hay quién le ponga tatequieto a los moteros. Son los verdaderos amos y señores de las vías. Creen tener el derecho de movilizarse por cuanto espacio haya a la medida de su velocípedo: Sobre andenes, entre carriles, en sentido contrario, en la ciclorruta e incluso zigzagueando entre el tráfico automotor. Los llamados moteros gozan de privilegios, no pagan peajes, tienen cargas tributarias mínimas y de seguros bajísimos frente a su alta incidencia en el índice de accidentalidad vial.

En Colombia las motocicletas son un problema de orden público. Cuando un alcalde decide poner límites a la indisciplina vial, los moteros apelan a la protesta para entorpecer ciudades. Bloquean las vías de acceso, generas broncas en las calles y arrojar cientos de cascos sobre la vía pública, como si no fuese suficiente los privilegios de los que gozan. El transporte en motocicletas no es ningún tipo de solución a la problemática sobre la movilidad, por el contrario, son reflejo del subdesarrollo y de pobreza. En países desarrollados no se verá jamás el caos que vive Colombia por cuenta de las motocicletas.  La proliferación de motocicletas ha enriquecido a los empresarios de las plantas de ensamblaje en el País.

Sería importante que los señores moteros antes de colapsar ciudades, hiciesen un ejercicio de reflexión y se dieran cuenta que, Ellos son realmente el problema y no el Estado. Son los motociclistas los que protestan porque no los dejan volarse los semáforos, transitar por los andenes, conducir sin casco, sin SOAT vigente, con exceso de pasajeros y de carga, en contravía, a exceso de velocidad y sin silenciador. Protestan porque les colocan comparendos y les inmovilizan sus motos.  Los moteros deberían pagar impuestos, peajes y contribuir con tasas ambientales y de movilidad. La motocicleta no fue concebida para circular por cualquier lugar y de cualquiera manera.

Los motociclistas deben tomar conciencia sobre la responsabilidad que les atañe. No son víctimas del sistema vial. El ser mayoría que protesta en montonera, no les da derecho alguno para violar las normas y desacatar a las autoridades de tránsito para imponer sus malas prácticas a todos los demás actores viales. Los ciudadanos no están para soportar las cargas de los moteros. El gobierno está en mora de gravar las motocicletas, de exigir responsabilidad social a las ensambladoras, de hacer más exigentes los requisitos para expedición de licencias de conducción. No más vándalos en dos ruedas, en últimas, se trata de un asunto de disciplina vial.

León Sandoval

¿Pueden los presidentes de América imponer aranceles a su antojo? Un análisis de su poder real

En los sistemas presidencialistas que predominan en el continente americano, la figura del presidente concentra un papel central en la administración pública y en la conducción de la política exterior. Sin embargo, la percepción de que estos mandatarios pueden modificar a discreción los aranceles comerciales dista de la realidad. Un análisis comparado de siete países muestra que su margen de acción se encuentra severamente restringido por marcos legales internos, contrapesos institucionales y compromisos internacionales que limitan la unilateralidad.

En Estados Unidos, el presidente goza de cierta discrecionalidad gracias a facultades delegadas por el Congreso a través de normas como la Sección 232 (seguridad nacional) y la Sección 301 (prácticas comerciales injustas). Aun así, las medidas deben enmarcarse estrictamente en estas disposiciones, están sujetas a revisión judicial y deben ajustarse a las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

 

En Argentina, los presidentes disponen de una de las mayores facultades formales mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que permiten ajustes rápidos en materia arancelaria. Sin embargo, tales decretos pueden ser anulados por el Congreso, impugnados judicialmente y limitados por compromisos con el Mercosur y la OMC.

México constituye un ejemplo paradigmático de “atadura por tratados”. Aunque el artículo 131 de la Constitución habilita al Congreso para delegar facultades arancelarias al Ejecutivo, el amplio entramado de Tratados de Libre Comercio (TLCs) restringe de manera significativa cualquier acción unilateral. Una decisión intempestiva contra un socio comercial podría derivar en demandas internacionales y represalias económicas.

En Brasil, Colombia y Perú se observa un patrón común: los presidentes cuentan con margen para ajustar aranceles dentro de ciertos límites establecidos por ley, pero deben cumplir rigurosamente con compromisos adquiridos en el marco de la Comunidad Andina, el Mercosur o la OMC. Medidas abruptas y sin respaldo institucional serían objeto de impugnación judicial y afectarían gravemente la confianza de los inversionistas.

El caso más restrictivo es el de Chile, donde el arancel general se encuentra fijado por ley en 6%, y cualquier modificación requiere la aprobación previa del Congreso Nacional. Esta disposición asegura estabilidad normativa y previsibilidad para los actores económicos.

Nota recomendada: Asobancaria seguirá promoviendo espacios de diálogo con los Estados Unidos, tras la descertificación a Colombia

Lejos de un poder sin límites, los presidentes de América operan en un entramado denso de controles constitucionales, legislativos y supranacionales. Intentar modificar aranceles de manera arbitraria no solo enfrentaría resistencia política y judicial interna, sino también eventuales sanciones internacionales. En este contexto, la predictibilidad comercial continúa imponiéndose como un pilar esencial de la estabilidad económica regional, por encima de la mera voluntad presidencial.

Por: Sergio Ramírez

Docente de Economía de la Universidad de América

El proceso está bien, son los seres humanos los que no

La abogada Balanta fue protagonista de la elección de un magistrado de la Corte Constitucional por parte del Senado hace dos semanas. Y perdió. En una entrevista en la W Radio la semana anterior, y ya al final, ante una pregunta eficaz de uno de los periodistas en torno a lo que ella había visto mal del proceso y que debería mejorarse, afirmó (no literalmente) que el proceso estaba bien, pero que detrás estaban seres humanos, dando a entender que ellos fueron los que estuvieron mal.

Ese proceso, que la abogada dice que está bien, escogió a su contendor el abogado Carlos Camargo, cuyo mayor mérito era el de haberle dado puestos y contratos a familiares y allegados de senadores, magistrados y políticos cuando ocupó los puestos de Defensor del Pueblo, en la Federación de Departamentos, Consejo Electoral, Registraduría, sin experiencia en la rama judicial (Orozco, 2025), como si no se necesitara gran experiencia y una trayectoria plena y amplia para ser magistrado de una Alta Corte. Llegó a la política por sus relaciones familiares con políticos conservadores de Montería y un par de padrinos. Clientelismo en toda la extensión de la palabra, pasando por encima de los intereses de la Nación. Una barbaridad.

 

La abogada Balanta, por el contrario, no tenía vínculos con la política, 45 años de experiencia en la rama judicial y muy estudiada. Su único pero fue que el presidente Petro se alineó con ella, lo que marcó que medio país la detestara sin saber nada de quién era, presumiendo que sería una magistrada de bolsillo y que, con ello, la Corte podría volverse petrista (W Radio, 2025).

Y como si esto no fuera poco, al terminar el proceso, el presidente Petro le pidió la renuncia a tres ministros pertenecientes a partidos cuyos senadores no votaron por su candidata. Una demostración del clientelismo y del uso de los puestos clave del Gobierno para “alinear” congresistas y lograr que apoyen las iniciativas del ejecutivo. Todo mal.

Con este recuento no queda sino criticar a la abogada Balanta por su frase. Obviamente el proceso no está bien. En sí misma es una frase pusilánime, de alguien que no quiere entrar en confrontaciones y usa eufemismos para tratar de no molestar en sus respuestas. La frase, aunque cierta, nada funciona porque no existen las personas adecuadas, declina cualquier posibilidad de mejora hacia adelante.

Si el correcto funcionamiento de la aplicación de las leyes y normas del país se basara en que las personas fueran correctas, bondadosas y transparentes, entonces no tendríamos ninguna esperanza para lograr que tengamos una sociedad próspera que genere bienestar para todos. Tendríamos que cambiar a las personas que integran esa sociedad. Eso implicaría cambiar la cultura de esa sociedad, en la cual se tendría que privilegiar la educación para lograrlo en varias generaciones. Pero siempre habría que contar con una primera generación que pudiera educar a la siguiente con los valores adecuados; pero no existe esa generación. Es decir, no tenemos esa posibilidad, y siendo optimistas, lo lograremos en varias generaciones dependiendo de lo que nos pueda influir el mundo, que tampoco está bien al respecto.

Por lo tanto, no es práctico que nos quedemos en esta solución, de corte romántico y utópico como todas las que apuntan al “debiera ser”, pero que la realidad muestra que no “pudiera ser” por las condiciones actuales. Así que, por más exaltaciones que los periodistas hicieran sobre la demostración de sabiduría de la abogada, caemos todos en la trampa de que, a la manera religiosa, como no podemos cambiar lo que está mal lo único que queda es rogar para tener la serenidad de aceptarlo. Nada más mediocre que una declaración de no futuro como esta, una declaración pusilánime.

Lo esperado es que las personas que, como la abogada Balanta, han llegado a acumular una experiencia notoria en su campo, y sufren el atropello de las maquinarias politiqueras, el clientelismo y el manzanillismo, hagan propuestas de cómo cambiar el proceso, puesto que a las personas es imposible cambiarlas. Necesitamos rediseñar esos procesos constitucionales que quedaron mal, para que pese a los malos seres humanos que son los actores que los operan, sí obtengamos buenos resultados para todos los colombianos.

Rafael Fonseca Zarate

Masacres que dialogan en la historia: Nanjing y Colombia, la violencia como herida y resistencia

La historia de los pueblos está marcada por gestas heroicas y conquistas culturales, pero también por episodios de horror que interpelan a la humanidad entera. La masacre de Nanjing, ocurrida en 1937 tras la invasión japonesa a China, y las masacres perpetradas por grupos paramilitares en Colombia durante las últimas décadas del siglo XX, parecen distantes en geografía y tiempo. Sin embargo, al ponerlas en relación, emergen resonancias profundas: la violencia como estrategia de dominación, la deshumanización de las víctimas, el uso del terror para controlar territorios y poblaciones, y la disputa permanente por la memoria y la justicia.

Más allá de los datos y las cifras, ambas realidades recuerdan que la violencia extrema no es una anomalía aislada, sino un mecanismo histórico de sometimiento. Y, al mismo tiempo, que las víctimas y sus memorias representan la resistencia ética frente a la barbarie.

 

La masacre como política de dominación

En diciembre de 1937, el ejército imperial japonés tomó la ciudad de Nanjing y desató un despliegue de violencia que aún hoy estremece la memoria mundial: alrededor de 300.000 personas fueron asesinadas, y entre 20.000 y 80.000 mujeres sufrieron violencia sexual sistemática. El terror buscaba aniquilar la resistencia china y enviar un mensaje de supremacía.

En Colombia, entre los años ochenta y dos mil, el paramilitarismo convirtió la masacre en un instrumento cotidiano: Mapiripán, El Salado, Chengue y tantas otras comunidades fueron escenario de asesinatos colectivos, desplazamientos forzados, tortura, desapariciones y violencia sexual. La lógica también fue estratégica: silenciar opositores, vaciar territorios, asegurar corredores del narcotráfico y sembrar miedo en las comunidades campesinas.

Aunque las escalas difieren, ambos escenarios revelan una verdad incómoda: la masacre no es un exceso irracional de violencia, sino un método calculado para quebrar pueblos enteros y reorganizar el poder.

Las víctimas como centro de la memoria

Tanto en Nanjing como en Colombia, las víctimas fueron civiles indefensos: hombres, mujeres, ancianos y niños que pagaron con sus vidas decisiones tomadas desde estructuras de poder militar, político y económico. El horror se ensañó especialmente contra los cuerpos de las mujeres, convertidos en botín de guerra y campo de humillación.

Pero las víctimas no son solo cifras ni cuerpos silenciados: son memorias vivas que siguen interpelando. En Nanjing, los sobrevivientes y sus descendientes mantienen viva la denuncia frente a quienes pretenden negar o relativizar la masacre. En Colombia, los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se han convertido en faros éticos que muestran cómo el dolor puede transformarse en exigencia de justicia y dignidad.

Recordar a las víctimas no es un gesto del pasado: es un acto político del presente que impide normalizar la violencia.

Negacionismo y disputa por la verdad

Un punto común entre ambos casos es la lucha contra el negacionismo. En Japón, sectores conservadores han intentado minimizar la magnitud de Nanjing, generando tensiones diplomáticas y heridas abiertas en la memoria china. En Colombia, aún persisten discursos que buscan justificar las masacres paramilitares como “daños colaterales” del conflicto, invisibilizando la connivencia de sectores estatales y económicos con el terror.

La disputa por la verdad es, en sí misma, una segunda batalla. Allí donde los victimarios y sus cómplices buscan imponer el olvido, las víctimas y sus organizaciones reclaman memoria, verdad y reparación. De esta tensión depende la posibilidad de construir sociedades más justas o de repetir los ciclos de barbarie.

Conclusión: la memoria como resistencia

El diálogo entre Nanjing y Colombia enseña que la violencia extrema, aunque situada en tiempos y geografías diferentes, responde a una misma lógica de dominación. La masacre es la expresión más cruda del poder que no busca convencer ni negociar, sino someter y destruir.

Pero también deja una enseñanza luminosa: la memoria de las víctimas, su dignidad y su lucha por justicia constituyen un acto de resistencia frente al olvido. La historia de Nanjing y de Colombia recuerda que la humanidad tiene una deuda permanente con quienes padecieron la violencia, y que el compromiso con los derechos humanos no puede ser selectivo ni efímero.

Hablar de Nanjing desde Colombia, y de Colombia desde Nanjing, es un ejercicio de memoria transnacional que invita a reconocer que el dolor de las víctimas, en cualquier lugar del mundo, nos concierne a todos. Solo desde esa conciencia es posible transformar la memoria en acción, la indignación en justicia y el sufrimiento en construcción de paz.

Marcela Clavijo

Esperanza Gómez contra Instagram

La diva Esperanza Gómez, antes reverenciada como ícono del entretenimiento para adultos y hoy convertida en protagonista involuntaria de un debate sobre libertad de expresión y democracia digital, quedó en el centro de la Sentencia T-256 de 2025 de la Corte Constitucional, que marca un antes y un después en la política digital colombiana. La tutela interpuesta por la reconocida actriz porno contra Meta -propietaria de Instagram y Facebook- se transformó en un fallo histórico que obliga a la mayor red social del planeta a responder en Colombia por sus actos.

La Corte fue enfática al señalar que la libertad de expresión, la igualdad y el debido proceso no pueden quedar sometidos a algoritmos opacos ni a reglas cambiantes, pues las redes sociales dejaron de ser simples escenarios de entretenimiento y se han consolidado como espacios donde circulan campañas, negocios y reputaciones. El trasfondo es inequívocamente político y advierte que Colombia no permitirá que plataformas globales definan, sin control ni transparencia, quién tiene derecho a hablar y quién debe ser silenciado en el espacio público digital en el que se decidirá buena parte del rumbo electoral de 2026.

 

Lo anterior trasladado al terreno electoral, significa que una decisión de Meta podría, sin control judicial, desbalancear la cancha democrática al eliminar páginas de un candidato incómodo, restringir cuentas de activistas o invisibilizar mensajes de oposición, y la sentencia advierte que, si estas prácticas no son transparentes, se configuran como censura privada y discriminación, de modo que el fallo obliga a que las políticas de moderación estén publicadas en español, sean accesibles y uniformes, y cuenten con canales efectivos de apelación, lo que asegura que los políticos no puedan ser vetados por algoritmos manipulados ni sancionados sin debido proceso digital, un debate que recuerda lo ocurrido en Estados Unidos durante las campañas recientes, donde decisiones de plataformas sobre desinformación, discursos extremos o cierre de cuentas presidenciales mostraron cómo la moderación digital puede alterar de manera directa la competencia política y la confianza ciudadana en el proceso democrático.

Y aunque la trascendencia de este fallo tiene una doble dimensión, pues por un lado refuerza la garantía democrática al permitir que los colombianos debatan y opinen en redes sin temor a clausuras arbitrarias y por otro evidencia los riesgos de una campaña electoral en la que las plataformas actúan como jueces invisibles del discurso público, cobra especial relevancia en un país con más de 35 millones de usuarios activos en redes sociales y miles de creadores de contenido donde la política se juega también en la economía digital, y en Bogotá, que se ha consolidado como epicentro de influencers y campañas segmentadas, este precedente obliga a repensar las estrategias ya que el voto digital depende de reglas claras y de la defensa activa de la libertad de expresión.

Sin embargo, el riesgo permanece porque la línea entre moderación legítima y censura política es tenue y asuntos como sexo, violencia, groserías o discursos radicales pueden convertirse en pretexto para bloquear contenido político, de modo que si no se vigila con firmeza el año 2026 podría convertirse en el primer proceso electoral colombiano en el que los algoritmos terminen pesando más que los discursos.

En síntesis, el fallo T-256 de 2025 es de avanzada y propio del siglo XXI porque se inscribe en el debate global sobre el poder de las Big Tech, esas corporaciones gringas como Meta, Google, Apple, Amazon o Microsoft que concentran riqueza y una enorme capacidad de influir en la opinión pública mediante algoritmos y reglas de moderación. Al ordenar que Meta respete estándares constitucionales en Colombia, la Corte advirtió que la democracia no puede quedar sometida a decisiones privadas tomadas fuera del país y nos recuerda que, frente a las elecciones de 2026, en un escenario donde más de 35 millones de colombianos dependen de estas plataformas para informarse y debatir, lo que está en juego es si la cancha digital se inclina hacia los intereses de las corporaciones extranjeras o si se garantiza un mínimo de soberanía democrática.

La última pregunta es inevitable: ¿quién se mostrará más amigo de los gringos para capitalizar este terreno, Petro o Uribe? La Corte ya zanjó su parte y dijo que el rumbo del país deben decidirlo los ciudadanos, no los clics… aunque nunca faltará quien crea que los votos se cuentan como likes o corazones virtuales.

Luis Fernando Ulloa

Crónica de una descertificación cantada

Lejos de las teorías sobre el libre juego del mercado sobre la oferta y la demanda, la erradicación de los cultivos de coca y la lucha contra las sustancias ilegales debe ser una tarea que desarrollemos con la plena convicción del deber moral que nos impulsa a salvar generaciones de las manos de las drogas; a enfrentar a los grupos que quieren hacer de la criminalidad un arte, y defender la necesidad que tenemos de convertir a nuestro país en un territorio de paz y armonía; esos objetivos no pueden ser una quimera.

Todo el país estaba a la expectativa de la decisión del gobierno de los Estados Unidos sobre la evaluación que este hiciera de Colombia sobre su lucha contra las drogas, esta decisión es importante porque marca un precedente de lo que será la relación de nuestro país con la principal economía del mundo; sobre todo bajo la administración de Donald Trump. Esto no es de poca monta, pues debemos de tener presente los desencuentros entre los dos presidentes, desencuentros que se han producido más por lo inoportuno de los comentarios que desde la administración colombiana han salido.

 

Pero además de lo anecdótico que pueda resultar los enfrentamientos, lo cierto es que no hay resultados muy significativos que podamos mostrar en esa lucha en los últimos 3 años. El presidente Petro desde el inicio de su mandato se ha mostrado contrario a lo que él llama la criminalización del productor y se ha mostrado inclinado en perseguir a los grandes comerciantes, lo difícil del tema para Colombia es que lo primero suena a poesía y lo segundo es solo una ilusión; al final ni lo uno, ni lo otro.

Colombia sigue ocupando el primer lugar en términos de producción, con nostalgia recordamos el breve momento en que gracias a una política decidida de la administración de Álvaro Uribe, delegamos ese deshonroso puesto a otros países de la región, gracias a la política de erradicación que se aplicaba con todo las de la ley, incluyendo fumigar.

 Esa política tenía todo para ser exitosa, las hectáreas erradicadas se contaban por miles, en el 2011 pasamos a tener menos de 45.000 hectáreas sembradas con mata de coca y todo parecía mostrar que estábamos aportas de ganar la batalla. Los cultivadores y los laboratorios ya contaban con la estrategia de moverse a países como Ecuador y Perú, pero en contra de todos los pronósticos llegó el acuerdo de paz y la necesidad de replantear esa lucha, y el gobierno del momento tomó la decisión de mover todo para que la Corte Constitucional prohibiera la fumigación con glifosato. y para esta decisión fue fundamental el concepto emitido por el entonces ministro de salud, con esta determinación los años dorados de la erradicación de cultivos ilícitos llegó a su final.

Pero este no sería el único golpe que se le asestaría a la lucha contra la producción de cocaína en nuestro país, en una decisión sin precedentes y absurda por demás, un juez de Nariño, una de las zonas con mayor cultivo de hoja de coca en el país, tomó la decisión que cualquier acción que se hiciera en los llamados territorios colectivos tendría que cumplir con el proceso de la consulta previa; al hacerlo fijó, como dicen los abogados jurisprudencia al respecto y desde luego la sentencia del juez se irradió por todo el país.

Desde ese momento, todo proceso de lucha contra las drogas quedó desahuciado; y con la llegada del gobierno Petro, el cual es abiertamente en contra de cualquier cosa que signifique lucha contra las drogas, los resultados son los que tenemos hoy: más de 250 mil hectáreas de coca sembradas en el país, el 30% de la cual se encuentra sembrada en los territorios colectivos, lo que significa que son prácticamente intocables por la decisiones de los jueces, en el Catatumbo parece que este gobierno tomó la decisión de entregarlo todo a los productores, es decir a la delincuencia de las disidencias de las FARC y a la ELN y como si fuera poco la atada de manos en la que se encuentra nuestra fuerza pública a la cual parece que se le ha ordenado no hacer operaciones, ni siquiera de inteligencia, en contra de los bandidos narcotraficantes.

Todas estas limitaciones son la explicación por la cual nuestra desertificación estaba cantada y a decir verdad son muy pocas las razones que podemos esgrimir para rechazar una medida unilateral como esa. es duro decirlo, pero no hemos hecho la tarea; es más, nos hemos esforzado para ponérsela fácil a los traficantes, a los productores, a aquellos que explotan a nuestros campesinos a los cuales se les paga poco más del mínimo por una carga de hoja de coca secada y triturada, pero que ellos venden después de transformarla en el producto final, en miles de dólares, los cuales son utilizados para promover la violencia en las mismas zonas en donde se cultivan.

Las comunidades étnicas deberíamos solicitar por iniciativa propia que nos quiten esa prerrogativa de los territorios colectivos, que sean estos escenarios donde la ley que se dicta por medio de la constitución se cumpla sin restricciones, que en estos predios el imperio de la ley del Estado opere sin restricciones de ningún índole, que se nos trate como colombianos en todo la dimensión de la palabra, para que nuestros territorios colectivos no sirvan de santuarios del delito, para que nuestras tierras disfruten del progreso y la inversión legal de recursos, para que no quepa duda de que lado de esta historia estamos.   

Jefferson Mena

En defensa de la Corte

En medio de la polarización, hay un poder que demuestra que el país no está huérfano de contrapesos: la Corte Constitucional. No solo desmonto varios intentos del gobierno por expandir su poder, sino que también reafirmo su papel como garante de derechos ciudadanos. El hecho que algunas sentencias coincidan con el ejecutivo no la convierte ni en su cómplice ni en su servidora. Argumentar que los magistrados están expuestos a ser cooptados con dádivas o favores estatales es irresponsable. La Corte Constitucional con hechos ratifica que no está dispuesta a prestarse para un rompimiento institucional.

En el rechazo al Estado de Conmoción Interior decretado en el Catatumbo el pasado enero, la Corte reconoció la gravedad de la crisis humanitaria en la región, pero dejó claro que no toda emergencia social, por seria que sea, justifica la suspensión de las reglas democráticas. En un país en donde la tentación autoritaria suele disfrazarse de “emergencia”, esta decisión constituyó un acto de responsabilidad institucional. Nos blinda frente a la tesis que a través de un decreto de conmoción interior se pueden aplazar elecciones.

 

El mensaje se repite en otras decisiones: varios decretos legislativos expedidos bajo la figura de emergencia se cayeron por vicios de forma, como la omisión de la firma de todos los ministros, lo cual evidencia falta de voluntad política de la Corte para enmendar las equivocaciones del gobierno. La Corte tumbó la expropiación administrativa incluida en el Decreto 108 de 2025 donde el Ejecutivo intentó, aprovechando la coyuntura, introducir por vía excepcional un cambio estructural en materia de propiedad rural. La Corte respondió con contundencia: los estados de excepción no son cheques en blanco para alterar derechos como la propiedad privada.

Lo mismo ocurrió en decisiones clave como la Contribución Nacional de Valorización en el Plan Nacional de Desarrollo, la anulación de normas tramitadas violando el principio de publicidad, o la sentencia sobre la intervención a la EPS Sanitas. Los ejemplos de independencia son tantos que se escucha al presidente querer una nueva constituyente porque sus reformas no avanzan,

Quienes critican a la Corte por “obstaculizar” las “reformas” del Ejecutivo olvidan su función esencial: evitar que, bajo la bandera del cambio, se desfigure el pacto constitucional. La democracia no se mide por la velocidad con la que un gobierno impone su programa, sino por la solidez de los contrapesos que evitan abusos de poder. La Corte solo le tiene lealtad a la Constitución.

Eso sí, la Corte puede coincidir con el gobierno, y no todas sus decisiones tienen que alinearse con una visión de extrema derecha para ser legítimas, como alegan sus contradictores.  Su función no es bloquear sistemáticamente al ejecutivo, sino garantizar que cualquier decisión, por transformadora que sea, respete el marco constitucional.

En un país donde las instituciones han sido erosionadas tantas veces, la Corte Constitucional representa el dique que contiene el desbordamiento de poder por parte del Ejecutivo. Su independencia es hoy uno de los principales activos de la democracia colombiana. Defenderla no es un capricho jurídico, sino una necesidad política: sin Corte, no hay límites. Y sin límites, no hay República.

Simón Gaviria