Este 20 de julio, Colombia conmemora, una vez más, el grito fundacional de su independencia. Aquel día de 1810 en Santa Fe no fue un mero capricho, sino una respuesta audaz a un mundo convulso. Con España invadida por Napoleón, el Rey Fernando VII cautivo y un monarca extranjero, José Bonaparte, impuesto en el trono, las colonias se vieron forzadas a buscar su propio destino. La negativa del comerciante español José González Llorente a prestar un florero – el célebre «Florero de Llorente» – fue la chispa que encendió la pradera del descontento criollo, harto del dominio virreinal encarnado en Antonio José Amar y Borbón y de la intransigencia frente a sus ansias de autogobierno, incluso cuando la propia España enviaba comisarios regios como Antonio Villavicencio en busca de instaurar la Junta Local de Gobierno. Esa lucha por la autonomía y el respeto a la voluntad local quedó grabada en el alma nacional.
Hoy, esta misma fecha marca el inicio del último año legislativo del cuatrienio en el Congreso de la República. La tradición política colombiana dicta un ritmo previsible: el primer periodo suele ser del Ejecutivo, con mayor facilidad para aprobar sus iniciativas; el posterior es de transición y negociación; pero el último se convierte casi por definición en el año del Congreso, con la mirada puesta en las próximas campañas electorales. Es en este contexto complejo donde el gobierno del Presidente Petro despliega una ambiciosa y, quizás, quimérica agenda legislativa para los próximos doce meses. La lista es extensa y crítica: una reforma a la salud que busca transformar el sistema, una ley de competencias para la descentralización administrativa, una nueva reforma tributaria o ley de financiamiento, la aprobación del Presupuesto Nacional 2026, la creación de una jurisdicción agraria, la reactivación del Ministerio de la Igualdad, una solución definitiva al espinoso tema pensional, la rebaja de tarifas de energía y medidas para sostener la «Paz Total». Cada uno de estos proyectos es una montaña por escalar en un terreno político que se vuelve más escarpado cada día.
Como si esto no fuera suficiente, el gobierno decidió ponerle una «cereza al pastel» que ha generado escozor y desconfianza: la solicitud de ampliar el plazo de inscripción para las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud. Esta petición, hecha a la Registraduría Nacional a última hora, resulta temeraria. Pretender transgredir un calendario electoral legalmente constituido, específicamente diseñado para la participación juvenil, envía un mensaje preocupante y peligroso. ¿Qué garantías ofrecen para los próximos certámenes electorales – consultas internas, elecciones legislativas y presidenciales – si se intenta alterar arbitrariamente el primer proceso democrático del ciclo? Esta «disparatada», como la califican muchos observadores, parece querer partir en su beneficio cualquier «papaya» institucional, poniendo en riesgo principios básicos de seguridad jurídica y equidad, en detrimento de la misma democracia cuyo nacimiento conmemoramos hoy.
La reacción no se hizo esperar. Los jóvenes, articulados a través de comunicados como el del Partido Liberal, rechazaron contundentemente esta «intentona obstruccionista». Su oposición no es caprichosa, sino que se ancla en un argumento jurídico irrefutable: el calendario electoral emana directamente de la Ley Estatutaria 1885 de 2018, previamente avalada por la Corte Constitucional. Esta norma, que regula procesos de participación como estos, establece plazos perentorios. La Registraduría Nacional, en un pronunciamiento claro y contundente, le cerró la puerta al gobierno. Explicó que modificar los plazos definidos (del 19 de junio al 19 de julio para inscripciones, con elección el 19 de octubre) no es potestativo de su entidad, pues «ello implicaría desconocer lo fijado en la ley estatutaria». Subrayó que su facultad para elaborar el calendario, ejercida mediante la Resolución 2365 del 27 de febrero de 2025, no es discrecional, sino que está sujeta estrictamente a lo dispuesto por la ley. Además, recordó que este calendario fue socializado y consensuado con todas las partes involucradas – incluyendo al propio Ejecutivo – en la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales desde enero de 2025, sin objeciones entonces.
La conclusión es inevitable y va más allá del simple error técnico o la mala planificación. La insistencia del Gobierno Petro en modificar los plazos electorales juveniles, incluso a sabiendas de su colisión frontal con el marco legal, no parece responder a un genuino interés en maximizar la participación. Más bien, es un síntoma de debilidad organizativa. Revela una falla estrepitosa en la movilización de sus bases juveniles: una muy baja inscripción de candidaturas afines al Pacto Histórico. Esto evidencia la desconexión entre la retórica progresista que atrae a muchos jóvenes y la capacidad real del oficialismo para capitalizar ese descontento y convertirlo en organización efectiva en el territorio. Ante el riesgo de una derrota simbólica en plazas clave como Bogotá o Medellín, y ante la fragmentación interna de la coalición gobernante, el gobierno buscó desesperadamente ampliar los plazos. No para incluir más voces, sino para negociar apoyos territoriales a última hora y compensar su propia improvisación estratégica.
Este intento fallido no es un mero desacierto administrativo, pues se constituye en un síntoma preocupante de la desconexión entre la ambiciosa agenda “progresista” prometida y la realidad de su implementación, marcada por la improvisación y la dependencia de viejos mecanismos de presión política. Al intentar forzar un cambio de reglas a último minuto, el gobierno no solo intenta la transgresión del espíritu de la ley que pretende proteger la participación juvenil, sino que expuso una cruda contradicción mientras predica un «cambio», recurre a prácticas tradicionales que socavan la institucionalidad y la confianza en los procesos democráticos. En el día en que recordamos la valentía de quienes se enfrentaron al poder monárquico en aras de obtener libertad soberana, esta torpe maniobra gubernamental sirve como un recordatorio aleccionador frente a la defensa de las reglas y los plazos respetados que son tan vital para la salud democrática de hoy como lo fue la guerra independentista de hace dos siglos.
La sombra que proyecta sobre las próximas elecciones, empezando por las de la juventud, es larga y preocupante. Afortunadamente los jóvenes están alerta y los llena el espíritu democrático que debe mover a la sociedad en defensa de la democracia.
Luis Fernando Ulloa
