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Etiqueta: Luis Emil Sanabria

Lucha de clases y odio de clases

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

Colombia es un país marcado por profundas desigualdades económicas y sociales que han dado forma a su historia y a su conflictividad política. En estos días de inicio de campañas electorales y de reformas negadas, es fundamental diferenciar la lucha de clases, un concepto estructural y analítico, del odio de clases, una distorsión subjetiva que entorpece la comprensión de las dinámicas socioeconómicas.

La lucha de clases, así como la lucha contra el cambio climático se entiende como un proceso histórico inevitable en sociedades estratificadas económicamente, mientras que el odio de clases responde a una emoción polarizadora que es alimentada para obstruir la transformación social consciente. En Colombia, la persistencia de una estructura económica basada en la concentración de la riqueza, la explotación laboral y las barreras a la movilidad social son factores que inevitablemente alimentan la lucha de clases.

 

El conflicto entre los sectores dominantes y las clases dominadas no es una cuestión de meras diferencias de opinión o resentimientos personales, sino una relación objetiva de explotación y desigualdad. En este sentido, la lucha de clases  se debe considerar como un motor histórico de cambio y no una incitación a la violencia irracional. Es un concepto que permite entender por qué persisten inequidades profundas y cómo se pueden transformar.

Mientras que la lucha de clases busca transformar legítimamente las estructuras injustas, el odio de clases se basa en una simplificación emocional limitada a la estigmatización y la polarización de los actores sociales para sabotear dichas transformaciones. Este sentimiento es instrumentalizado para movilizar adhesiones políticas sin transformar las condiciones materiales que perpetúan la desigualdad.

Confundir a propósito la lucha de clases con el odio de clases, solo busca deslegitimar la reivindicación y la lucha popular por los derechos despojados o negados. Sectores privilegiados perciben cualquier crítica a la estructura económica como un ataque personal, mientras que sectores populares pueden caer en la trampa de reducir su lucha a una oposición visceral contra individuos de clases altas en lugar de focalizarse en las condiciones sistémicas que perpetúan la injusticia a que son sometidos.

En el contexto colombiano, la lucha de clases no puede analizarse de manera aislada del conflicto armado y la construcción de una paz duradera. Fenómenos como la corrupción y el narcotráfico han profundizado las desigualdades y han sido utilizados para perpetuar estructuras de poder que benefician a una élite económica y política. La corrupción ha permitido el desvío de recursos públicos generando violencia, mientras que el narcotráfico ha alimentado el conflicto armado y ha creado economías paralelas que distorsionan el desarrollo social y económico del país.

La consolidación de la paz requieren un enfoque que ataque las raíces estructurales de la desigualdad. La lucha de clases debe orientarse hacia la construcción de instituciones sólidas, la eliminación de la corrupción y la implementación de políticas públicas que fomenten una distribución equitativa de la riqueza, transformándose en un proceso de reivindicación social sin caer en dinámicas de violencia.

Si bien la lucha de clases es inevitable en una sociedad desigual, su dirección y resultados dependen de la capacidad de los actores para comprender sus causas estructurales y organizarse de manera estratégica. La educación, la organización colectiva y la acción política pacífica e informada son herramientas clave para que la lucha de clases se convierta en un motor de justicia y transformación social real, más allá de la polarización que paraliza el cambio y genera violencia.

Luis Emil Sanabria D

Las falencias hacia la paz

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

Es innegable que el avance hacia una paz sostenible sigue siendo incierto y demasiado lento. A pesar de los esfuerzos, persisten serios problemas en la búsqueda de la paz integral, lo que genera frustración y desconfianza en los sectores que han apostado por la reconciliación.

Aunque la Ley 2272 de 2022 definió los principios clave para la negociación y la implementación de acuerdos con grupos armados, el Estado no ha avanzado con la celeridad requerida en su desarrollo. Esto ha dejado vacíos jurídicos y operativos que afectan directamente los procesos de negociación y desmovilización, así como la implementación de programas de reinserción y garantías de seguridad para los excombatientes y las comunidades afectadas por la violencia.

 

Un aspecto preocupante es la falta de impulso a la cultura de paz. No basta con establecer mesas de diálogo y firmar preacuerdos si no se trabajan los cambios estructurales en la sociedad que permitan que la paz sea vivida y abrazada. La creación de un ambiente social proclive a la paz, el fortalecimiento de valores democráticos y el reconocimiento de la memoria histórica son fundamentales para transformar una sociedad que ha sufrido la violencia armada por décadas. Sin embargo, estos aspectos han sido relegados en las políticas públicas, y la promoción de la cultura de paz, en el mejor de los casos, sigue siendo dispersa y fragmentada.

En este contexto, es esencial diferenciar entre la paz territorial y la paz nacional. La paz territorial implica estrategias que reconozcan las realidades locales, respetando las dinámicas de cada región y protegiendo los liderazgos comunitarios. Sin embargo, esta visión ha sido poco desarrollada, y las comunidades han manifestado que los procesos de paz no han aterrizado en sus territorios de manera efectiva. Por otro lado, la paz nacional requiere una articulación clara entre las entidades de gobierno y las políticas de seguridad y desarrollo, y así crear condiciones que permitan avanzar hacia una estabilidad duradera. Sin una integración efectiva entre estos dos niveles de construcción de paz, el país seguirá enfrentando ciclos de violencia y reconfiguración de actores armados.

La política de paz del actual gobierno, ha minimizado la experiencia y los aportes de la sociedad civil en la construcción de paz. Organizaciones comunitarias, colectivos de víctimas, movimientos de mujeres y redes de derechos humanos y paz de carácter nacional y regional han jugado un papel crucial en la resistencia pacífica y la reconciliación. Sin embargo, sus propuestas y conocimientos han sido marginados en el diseño e implementación de políticas de paz, lo que limita el impacto de las iniciativas gubernamentales y genera una desconexión con las realidades locales.

Por otro lado, la falta de coordinación entre las organizaciones que trabajan por la paz es otro de los grandes desafíos. A pesar de los esfuerzos de muchos actores, la ausencia de una estrategia conjunta reduce la efectividad de las iniciativas y dificulta la incidencia en políticas públicas. Se requiere un mayor esfuerzo para articular acciones, compartir experiencias y generar sinergias entre las organizaciones de paz para movilizar, incidir, rodear, presionar y mantener los espacios de diálogo para la paz.  Es imprescindible que el Gobierno diseñe una política de paz que involucre de manera activa y estructurada a las organizaciones sociales, garantizando su participación en la toma de decisiones y asegurando que sus esfuerzos sean complementarios y no paralelos a las iniciativas estatales.

Una de las mayores falencias del proceso de paz es la falta de una estrategia integral que no solo guíe el accionar del Estado, sino que también permita una coordinación efectiva con la sociedad civil, la comunidad internacional y las políticas gubernamentales de cambio. Sin una hoja de ruta clara e integral, las acciones quedan dispersas, sin continuidad y sin impacto real en las comunidades. Es urgente una mayor voluntad política, un compromiso real con la sociedad civil y una estrategia clara que articule todos los esfuerzos. Sin estos elementos, la paz seguirá siendo un horizonte inalcanzable para muchos colombianos y colombianas.

Luis Emil Sanabria D.

Las trampas en el avance político de la izquierda colombiana

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en General.

En Colombia, la izquierda ha protagonizado, en los últimos años, un ascenso notable en el escenario político. La llegada de Gustavo Petro a la presidencia representó un triunfo histórico para las fuerzas progresistas y una oportunidad para demostrar que una alternativa a los gobiernos tradicionales era posible. Sin embargo, tras esta victoria, han emergido con fuerza los problemas que históricamente han limitado su capacidad de avanzar: el fraccionamiento, las posturas dogmáticas, el sectarismo interno y, de forma preocupante, la tolerancia o el silencio de algunos sectores aislados frente a la llamada lucha armada.

La fragmentación interna no es nueva, pero ahora resulta más visible y perjudicial. Las divergencias ideológicas, lejos de ser un motor para el debate constructivo, se han convertido en trincheras desde donde distintas facciones disparan críticas y descalificaciones contra sus propios aliados y militantes. Partidos y movimientos que se ubican bajo el marco de la izquierda aún se mantienen fragmentados en grupos con agendas y prioridades particulares, debilitando la capacidad de acción conjunta frente a la derecha, que —aunque también tiene sus propias fisuras— ha demostrado mayor disciplina y cohesión a la hora de oponerse y mantener el poder.

 

El dogmatismo es otro obstáculo significativo. Muchos sectores y líderes de la izquierda se aferran a discursos rígidos que rechazan cualquier intento de negociación o pragmatismo político, interpretando toda concesión como una traición a sus principios. Esta postura intransigente no solo dificulta la gobernabilidad, sino que además impide la adaptación estratégica a un contexto político complejo y cambiante, confundiendo su actuar progresista con la visión a largo plazo del país que se quiere, quedándose sola en la torre de marfil de sus principios.

A esto se suma el sectarismo, que ha convertido a la izquierda en su propio adversario. Los señalamientos y ataques entre facciones son a menudo más feroces que los dirigidos contra la derecha. La personalización de los liderazgos y la primacía de lealtades individuales sobre la construcción de un proyecto colectivo han erosionado la confianza interna y la capacidad para articular una plataforma común. Los debates, lejos de fortalecer la unidad, profundizan las divisiones y generan un clima tóxico.

Otro de los obstáculos preocupantes para la izquierda en Colombia es la ambigua postura de algunos sectores frente a la violencia armada. Mientras la mayoría de la izquierda y de la sociedad colombiana clama por la paz y rechaza esta vía para la transformación política, algunos sectores de izquierda se mantienen en silencio —cuando no justifican— frente estas estrategias. Esta ambigüedad no solo es moralmente cuestionable, sino que además alimenta la narrativa de la derecha, que insisten en presentar a la izquierda como una amenaza para la democracia y la estabilidad del país.

La falta de una estrategia clara y unificada que guíe la gobernabilidad y las trasformaciones progresistas agrava la situación. La incapacidad para conectar con sectores de clase media y con regiones tradicionalmente ajenas a su discurso es una dificulta que la izquierda no ha podido vencer. Su retórica, a menudo académica y alejada de las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos, refuerza la percepción de que la izquierda no comprende las realidades locales ni las inquietudes prácticas de la gente. Además, el uso frecuente de un lenguaje beligerante y polarizante termina alejando a quienes buscan alternativas políticas más conciliadoras.

La izquierda enfrenta una encrucijada. Superar estos problemas requiere autocrítica, flexibilidad ideológica y la voluntad para construir un proyecto colectivo más amplio e inclusivo. Los éxitos progresistas más duraderos se han alcanzado cuando se ha priorizado la unidad en la diversidad y el pragmatismo sobre el dogmatismo. Los enemigos reales de la transformación social no están dentro, sino fuera de sus filas. Si no se superan estos problemas, la izquierda colombiana corre el riesgo de perder la oportunidad de consolidar un proyecto político capaz de sostenerse en el tiempo y de enfrentar los desafíos estructurales del país.

Luis Emil Sanabria D.

El dilema de la socialdemocracia en Colombia

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

La socialdemocracia en Colombia, que ahora se hace llamar el “Centro”, debe resolver el dilema que la ha caracterizado en las últimas décadas. Debe decidir entre seguir profundizando y adaptándose a los preceptos neoliberales, lo que la acercaría aún más a la derecha neoconservadora; rescatar y mantener una línea liberal clásica, como si el mundo no estuviera cambiando; o reconstruirse a partir de una visión más comprometida con las transformaciones sociales. Este dilema político y ético se agrava por dos problemas estructurales que minan su credibilidad: la corrupción y el clientelismo, en un país profundamente afectado por el narcotráfico y la violencia armada.

Desde finales del siglo XX, sectores importantes de la socialdemocracia colombiana se rindieron definitivamente ante los postulados neoliberales, como la flexibilización laboral, la privatización de servicios públicos y la desregulación del mercado. En este proceso, el narcotráfico y la violencia armada se convirtieron en socios estratégicos, lo que les permitió competir electoralmente con fuerzas conservadoras, a un costo tan alto que desdibujó totalmente su papel en la construcción de un Estado de bienestar. La socialdemocracia que se autodenomina “Centro” debe definir con claridad de qué lado quiere estar: del lado de las políticas que contribuyen al empobrecimiento de las grandes mayorías o del lado de la justicia social.

 

La promoción de instituciones sólidas, el fortalecimiento de la democracia participativa, la descentralización y la igualdad de oportunidades son pilares compatibles con un modelo de crecimiento equitativo. Estos no riñen con los principios liberales clásicos de libertades económicas y derechos individuales. Sin embargo, el “Centro” debe manifestar y comprometerse con políticas redistributivas que garanticen la cohesión social y la protección de los más desfavorecidos si realmente quiere aportar a la construcción de un país en paz.

Más allá de la tensión ideológica no resuelta entre neoliberalismo y liberalismo, la socialdemocracia —al igual que la izquierda democrática— enfrenta una realidad corrosiva: la corrupción y el clientelismo, que en muchos casos están estrechamente ligados al narcotráfico y la violencia armada. Durante décadas, grupos ilegales han infiltrado y cooptado la política, financiando campañas y determinando el rumbo de gobiernos y legislaciones. El patrocinio de candidaturas por parte de empresas con intereses en mantener o apoderarse de lo público, los escándalos de corrupción en la contratación estatal y la infiltración de gobiernos locales han debilitado la credibilidad del Estado y sus instituciones.

De otro lado, el conflicto armado ha sido instrumentalizado por sectores políticos para justificar la militarización en detrimento de soluciones estructurales a la desigualdad y la pobreza. El “Centro” ha tenido dificultades para distanciarse de este juego de poder, lo que ha generado escepticismo sobre su capacidad real de transformación. Programas como la reforma agraria, la reforma a la salud, la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC y la reforma laboral han sido saboteados o aplicados de manera parcial debido a la presión de grupos de poder.

Para superar este dilema, el “Centro” debe redefinir su proyecto político, pensando más en las transformaciones que en la captación de votos. En lugar de seguir cediendo ante las recetas neoliberales o diluirse en un liberalismo sin rostro social, debe recuperar su esencia transformadora y conformar, junto con otros sectores declaradamente socialistas, un gran Frente Amplio que impida el regreso de viejas formas de gobierno excluyentes y militaristas.

Es fundamental fortalecer un enfoque integral frente a fenómenos como el narcotráfico, la violencia armada y la minería ilegal, que no se limite al uso de la fuerza, sino que aborde sus causas estructurales. Si la socialdemocracia quiere sobrevivir y recuperar su papel protagónico en la construcción de un país justo y equitativo, deberá asumir con valentía y sin ambigüedades los desafíos del presente social, político y económico. La ciudadanía espera respuestas concretas y un compromiso real con la justicia social y la paz.

Luis Emil Sanabria D.

La crisis de la violencia armada y sus coletazos contra la población civil

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

En la discusión sobre las estrategias de lucha armada y resistencia política, las teorías foquistas, el uso del terrorismo y la financiación de grupos armados a través de negocios ilícitos han sido fuentes permanentes de debate y cuestionamiento. Si bien algunas corrientes ideológicas han defendido estas prácticas como medios válidos para transformar la realidad política, económica y social, la experiencia histórica ha demostrado sus consecuencias devastadoras para la población civil, su incapacidad y los efectos contraproducentes para la izquierda.

Las teorías foquistas, influenciadas por la Revolución Cubana y en figuras como Ernesto «Che» Guevara, sostienen que un pequeño grupo armado, al establecerse en zonas rurales, puede generar las condiciones para un levantamiento popular generalizado; sin embargo, en la práctica, esta estrategia ha demostrado ser ineficaz y poco realista. Movimientos insurgentes que adoptaron el foquismo sin una base social sólida han terminado aislados, enfrentando una represión estatal intensa y sin lograr movilizar a la sociedad que, en muchos casos, sufren las consecuencias del conflicto sin adherirse a la lucha. En contraste, procesos de movilización social y lucha política democrática han logrado conquistas significativas.

 

Algunos grupos armados han recurrido al terrorismo como una herramienta de presión política, justificándolo como una forma de «guerra de guerrillas urbana» o de «castigo» a los sectores que consideran enemigos de la revolución. Sin embargo, la experiencia demuestra que estas acciones, lejos de fortalecer una causa política, tienden a generar rechazo social, deslegitimación y una mayor criminalización de los movimientos insurgentes.

El asesinato de líderes y lideresas sociales, los atentados indiscriminados, el desplazamiento forzado, los confinamientos y los secuestros han alejado a estos grupos de la posibilidad de representación política legítima mayoritaria. En lugar de debilitar al Estado, estos actos han justificado su respuesta militarista, cerrando los espacios democráticos y generando mayor sufrimiento en las comunidades.

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Un aspecto fundamental de la crisis de los grupos armados es su participación en negocios ilícitos como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión y la minería ilegal. En teoría, estos recursos servirían para financiar la lucha política y sostener las estructuras organizativas, pero en la práctica han provocado en sus bases una degeneración de sus principios ideológicos y una relación de dependencia con dinámicas criminales que traicionan sus objetivos originales. La lucha por el control de las rentas ilícitas ha estimulado el enfrentamientos con otros actores armados, desviando la atención de sus supuestos fines revolucionarios.

Sociedades latinoamericanas ha demostrado que los cambios estructurales no se logran mediante la violencia armada, sino a través de la organización popular, la acción política y la construcción de alternativas democráticas. Experiencias como las movilizaciones sociales en Chile, la alianza social y política en Brasil y el auge de nuevos movimientos progresistas en la región han evidenciado que es posible disputar el poder sin recurrir a la guerra.

Los grupos armados que persistan en estrategias obsoletas, sectarias y en alianzas con negocios ilícitos no solo pueden estar condenados a la derrota, sino que también seguirán alimentando los discursos neofascistas y el ciclo de violencia que impide la construcción de sociedades más justas e incluyentes. El verdadero cambio social, político y económico no se encuentra en las balas ni en el dinero del narcotráfico, sino en la capacidad de los pueblos para organizarse, resistir y transformar la realidad.

Luis Emil Sanabria D.

Un riesgo latente para nuestra débil democracia

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

Por décadas, Colombia ha experimentado prácticas políticas que reflejan los principios del fascismo, desde el falangismo de Laureano Gómez hasta las expresiones más recientes de autoritarismo, militarismo y exclusión social. La amenaza de la ultraderecha en el país, en consonancia con el ascenso en el mundo de corrientes políticas que reviven las peores épocas del nacizmo y el fascismo, ha agudizado una serie de tendencias que tienen como meta poner en jaque el Estado Social de Derecho, la diversidad cultural y la democracia.

Uno de los pilares más sobresalientes del neofascismo que se refuerzan con discursos amplificados desde algunos medios de comunicación, es la consolidación de una casta superior, una pequeña minoría criolla que se arroga el derecho a definir la estructura del poder y relega a las grandes mayorías empobrecidas, a los pueblos étnicos y las diversidades, a una existencia marginal. Esta minoría, que paradójicamente logra atraer a millones de seguidores, insiste desde su práctica y sus discursos en despojar de oportunidades y representación política efectiva a los marginados, para perpetuar la exclusión y la desigualdad, mientras demagógicamente acusan a los demás actores políticos de caotizar el país.

 

Esta visión de superioridad conlleva un segundo fenómeno alarmante, la negación de la diversidad cultural y social. Esta minoría mestiza ha promovido una visión monocultural de la sociedad, intentando homogeneizar las identidades bajo el prisma de un pensamiento único occidental. Esto no solo atenta contra la riqueza pluriétnica del país, sino que fomenta el rompimiento de las resistencias de los pueblos cuidadores del territorio, la desaparición de conocimientos ancestrales, cosmovisiones y formas de organización distintas.

El caudillismo populista, otro rasgo clave del neofascismo, que no vacila en romper los mínimos acuerdos del contrato social, que no tiene ningún reparo ético en aliarse con estructuras armadas paraestatales, con el narcotráfico y la ilegalidad,  se impone como una estrategia política que desmantela los principios democráticos. Odian el diálogo, la concertación, la transformación pacífica de conflictos, la justicia transicional y recurren al militarismo y a la represión como receta mágica. La concentración del poder en un liderazgo autoritario socava la soberanía popular y convierte las instituciones en meros instrumentos de su voluntad.

Desde principios de siglo, la administración estatal ha sido objeto de su estrategia de recentralización autoritaria, erosionando los principios de descentralización consagrados en la Constitución. Los gobiernos locales han sido debilitados y despojados de autonomía, mientras que el poder central acumula funciones que deben estar en manos de la ciudadanía y sus representantes territoriales. De allí su férrea oposición al acto legislativo 03 de 2024, a las reformas políticas que intentan fortalecer el poder soberano del pueblo y a la construcción de paz territorial. Que cunda el caos en lo Territorial, para justificar al Autoritarismo centralista y sus prácticas neofascistas, es su consigna.

Finalmente, el fomento del resentimiento y la división social ha sido utilizado como herramienta política. Medios masivos de comunicación han jugado un papel fundamental en la normalización de la discriminación y en la promoción de un individualismo exacerbado, donde la solidaridad desaparece y el «sálvese quien pueda» se convierte en regla de vida.

En este contexto, el desafío principal es defender la democracia y la diversidad ante las fuerzas que buscan homogenizar, excluir y perpetuar un modelo de sociedad injusto. El autoritarismo solo conduce al empobrecimiento de las mayorías y al estancamiento de las sociedades. Es imperativo que la ciudadanía reconozca estos signos de peligro y actúe en consecuencia, exigiendo paz, democracia a profundidad, inclusión y participación efectiva.

Luis Emil Sanabria D.

Diálogos con el Clan del Golfo, más retos que certezas

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

La formalización de los diálogos con el grupo armado ilegal Clan del Golfo, que se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia, representa un pilar importante en la búsqueda de la paz y la estabilidad en Colombia. Este paso, aunque polémico, seguramente se fundamenta en la necesidad de abordar las causas estructurales del conflicto y de reducir la violencia que por décadas ha afectado a comunidades enteras.

Desde su consolidación como una de las organizaciones criminales más poderosas de Colombia, el Clan del Golfo ha sido responsable de múltiples violaciones a los derechos humanos, como asesinatos selectivos, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado, confinamiento, extorsión, minería ilegal, trata de personas, narcotráfico. Su impacto en la seguridad nacional ha sido devastador, pues ha logrado infiltrar y construir alianzas con estructuras estatales y de gobierno, llegando a ampliar sus operaciones a nivel internacional. Por ello, cualquier intento de desarticulación de su estructura debe ir más allá de estrategias exclusivamente militares y considerar el diálogo como un mecanismo legítimo.

 

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El establecimiento de estas nuevas negociaciones responde a la urgencia de reducir la violencia en territorios donde el estado es débil o inexistente. En zonas de departamentos como Antioquia, Chocó y Córdoba, este grupo ha impuesto su ley mediante la intimidación y el terror, generando desplazamientos masivos y afectando gravemente la vida de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. La formalización del diálogo abre la posibilidad de establecer acuerdos que permitan desescalar el conflicto, proteger a las comunidades y su reinserción a la vida civil.

El diálogo y la negociación con esta organización no solamente debe busca desactivar la confrontación armada, sino también sentar las bases para una transformación de los territorios afectados por su presencia y dominio. Esto incluye la implementación de políticas de desarrollo rural, acceso a oportunidades laborales, programas de sustitución de economías ilícitas, fortalecimiento de la democracia participativa y de la institucionalidad. El Estado Social de Derecho debe emerger y fortalecerse en los territorios afectados, para salirle al paso al surgimiento de nuevas expresiones armadas.

A pesar de los beneficios potenciales, el proceso de diálogo con el Clan del Golfo seguramente enfrentará múltiples retos. Uno de los principales, puede ser el tema de si existe o no unidad de mano en la organización y la existencia o no de facciones internas con intereses divergentes. Asimismo, existen sectores de la sociedad que consideran que negociar con grupos de carácter narcotraficante podría sentar un precedente peligroso y debilitar la lucha contra el crimen organizado.

Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la vía exclusivamente militar no ha logrado desmantelar la estructura del Clan del Golfo ni erradicar la violencia en los territorios bajo su influencia. Un enfoque integral, que combine la acción judicial con mecanismos de diálogo directo, la instalación de procesos  de participación que incluya a las comunidades afectadas y un programa ambicioso de implementación de los acuerdos, puede ser más efectivo en la construcción de una paz duradera.

La paz en Colombia no se logrará únicamente con operativos militares, la salida negociada es un elemento imprescindible que debe ir de la mano con soluciones políticas, sociales y económicas que ataquen las raíces del conflicto y permitan construir un país más justo y equitativo.

Luis Emil Sanabria D.

El rostro del fascismo contemporáneo en Colombia y sus peligros

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

En la Colombia del siglo XXI, los daños causados por el conflicto armado se hacen sentir en ciudades y regiones, se vislumbra un preocupante fenómeno, que la humanidad creía haber enterrado, se trata el resurgimiento de discursos y prácticas autoritarias que, bajo ciertas caretas, encarnan rasgos del fascismo. Este fenómeno, que se convierte en una tentación para todos los sectores políticos, lejos de ser un mero eco del pasado, se adapta a las nuevas realidades y desafíos políticos, amenazando la convivencia democrática y la pluralidad social que el país está construyendo.

El fascismo contemporáneo en Colombia se expresa a través de discursos espurios que exaltan la supremacía de ciertos grupos, representados en abolengos o riqueza económica, y minimizan la importancia de la diversidad cultural, ideológica y étnica. En un contexto de polarización política, algunos líderes y movimientos han regresado a la retórica chovinista y a la exaltación del orden y la disciplina, buscando movilizar a sectores de la sociedad insatisfechos y temerosos ante los cambios sociales. Esta estrategia, que combina el populismo con un lenguaje autoritario y patriotero, resulta especialmente peligrosa cuando se alimenta del resentimiento y de la sensación de exclusión e incumplimiento político.

 

Uno de los elementos clave del fascismo moderno es la creación de un “nosotros” -la gente de bien- versus “ellos” – los desadaptados- que divide a la sociedad. En Colombia, este fenómeno se ha intensificado mediante la utilización de redes sociales y medios de comunicación dominantes, donde mensajes simplificados y cargados de emotividad se viralizan con rapidez. La desinformación y las pseudoteorías ligadas a supuestos cambios en las reglas democráticas, actúan como catalizadores de un discurso que demoniza a grupos políticos, organizaciones sociales y especialmente a las víctimas del paramilitarismo y del Estado, al tiempo que ensalza la figura de un líder salvador, ya entrado en años, que promete nuevamente restaurar el orden a cualquier costo.

La emergencia de un discurso y un proceder fascista en Colombi, respaldado por corrientes mundiales que se expresan en América, representa una amenaza directa a nuestra aun débil democracia. La exaltación de la autoridad central y la minimización del pluralismo político pueden desembocar en un debilitamiento de las instituciones. Cuando el discurso autoritario se naturaliza, se corre el riesgo de ver restringidas las libertades fundamentales, como la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica, como es el caso de las acciones que se realizan en contra de los mensajes expresados en los murales que respaldan a las madres que buscan a sus hijos y familiares en la zona de la escombrera en Medellín.

El uso de retóricas cargadas de falsas verdades, de supuestas peticiones del pueblo violentas y excluyentes incrementa la posibilidad de confrontaciones sociales. En un país marcado por la corrupción, las profundas desigualdades y heridas históricas, la emergencia de ideologías extremas podría reavivar tensiones y generar un clima de hostilidad que favorecerá la aparición de nuevos conflictos a nivel local e incluso nacional.

La educación en valores democráticos, en reconciliación y paz, la promoción de espacios de diálogo, la construcción de puentes en la sociedad y la inclusión social son herramientas esenciales para contrarrestar los discursos de odio y autoritarismo, que parece que este gobierno ha olvidado. Es necesario fortalecer las instituciones democráticas y garantizar que la ciudadanía cuente con mecanismos efectivos para expresar sus desacuerdos y participar activamente en la vida política del país y en la toma de decisiones.

La resistencia al fascismo contemporáneo pasa por el compromiso de cada uno de los actores sociales y políticos para asegurar que la diversidad y el pluralismo sean vistos como fortalezas, y no como amenazas. Solo a través del diálogo, la educación y la participación activa se podrá evitar que el autoritarismo anide nuevamente en el corazón de la sociedad colombiana.

Luis Emil Sanabria D.

La Escombrera y el Catatumbo: Dos rostros de la tragedia en Colombia

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

En el amplio y desgarrador panorama del conflicto armado colombiano, la Comuna 13 de Medellín y el Catatumbo se erigen hoy como escenarios paradigmáticos de la violencia que ha marcado a generaciones. Ambos territorios, aunque distantes geográficamente y con dinámicas particulares, comparten el peso del olvido estatal, la impunidad y el sufrimiento de las víctimas y la población en general.

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La Escombrera, ubicada en la Comuna 13, se ha convertido en un símbolo de la crueldad del conflicto urbano en Colombia. Este lugar, uno de los botaderos de escombros más grandes de América Latina, oculta bajo toneladas de tierra y concreto los restos al parecer de cientos de desaparecidos durante las operaciones militares como «Orión» en 2002. Estas intervenciones, realizadas con el supuesto propósito de combatir a las milicias urbanas, derivaron en múltiples violaciones a los derechos humanos: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y desplazamientos masivos.

La Comuna 13 es un retrato de cómo las dinámicas de la guerra permean los barrios más vulnerables. Las desapariciones forzadas no solo buscan eliminar físicamente a personas señaladas, sino también enviar un mensaje de control y terror. A pesar de las luchas incansables de las víctimas y las organizaciones sociales, las excavaciones en La Escombrera han sido limitadas y tardías, reflejando un Estado incapaz —o renuente— de atender las demandas de justicia.

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A cientos de kilómetros, en la región del Catatumbo, otra tragedia se desarrollaba con características diferentes pero igual de dolorosas. Durante los últimos días, esta región ha sido escenario de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La disputa por el control territorial, en una zona estratégica para los cultivos de coca y las rutas del narcotráfico, ha dejado una estela de muerte, desplazamientos masivos, delitos de lesa humanidad, infracciones al DIH y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

En el Catatumbo, los civiles han sido las principales víctimas. Las masacres, los reclutamientos forzados, el secuestro masivo, el confinamiento, los homicidios selectivos y los ataques indiscriminados han convertido a las comunidades en rehenes de la violencia armada, sumada a la ausencia de un Estado que garantice servicios básicos y protección, perpetúa el ciclo de violencias.

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Tanto en La Escombrera como en el Catatumbo, la impunidad sigue siendo el hilo conductor. En Medellín, las familias de los desaparecidos han enfrentado trabas legales, falta de voluntad política y negligencia institucional.

En el Catatumbo, a pesar de los acuerdos de paz con las FARC, los diálogos con el ELN y las disidencias, los efectos de la guerra siguen vigentes. Las disputas entre grupos armados persisten, mientras que las medidas de reparación y justicia para las comunidades apenas comienzan a implementarse.

A pesar de las diferencias en sus contextos y en el tiempo, ambas historias revelan el rostro de una Colombia que aún no logra cerrar las heridas del conflicto. Mientras que La Escombrera representa la violencia urbana asociada a las dinámicas de control estatal y paramilitar, el Catatumbo refleja la lucha por el territorio y los recursos en zonas rurales. Sin embargo, en ambos casos, las víctimas han sido las comunidades, sometidas al miedo, la ausencia de justicia y la indiferencia de un sistema que debería protegerlas.

El país enfrenta un reto monumental. Transformar estos lugares de dolor en símbolos de memoria y reconciliación. Esto implica no solo avanzar en la búsqueda de los desaparecidos y el esclarecimiento de la verdad, sino también garantizar condiciones para que ninguna comunidad, urbana o rural, vuelva a ser víctima de la violencia. La Escombrera y el Catatumbo nos recuerdan que la paz no es solo la ausencia de conflicto armado, sino la presencia de justicia, dignidad y reparación. Solo cuando logremos saldar esta deuda histórica, podremos empezar a construir una Colombia verdaderamente en paz.

Luis Emil Sanabria D.

Colombia: Un año de esperanza y el compromiso con la paz

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

El 2024 llega a su fin, y con él un año lleno de desafíos, aprendizajes y oportunidades para avanzar hacia un país más justo y en paz. La construcción de la paz en Colombia no ha sido una tarea fácil, pero cada paso dado nos acerca más al sueño colectivo de una nación reconciliada, equitativa y participativa.

Sin embargo, este cierre de año nos invita a reflexionar sobre algunos componentes de la construcción de paz. El 25 de mayo de 2025, por ejemplo, es una fecha que pudo marcar un antes y un después en nuestro camino hacia la paz duradera. Ese día estaba previsto que se firmara el cierre de la implementación del acuerdo #28 con el ELN, centrado en la participación de la sociedad. Este hito fundamental habría abierto las puertas hacia un proceso irreversible en los diálogos y en la transformación social del país.

 

El acuerdo #28 no es solo un compromiso técnico; representa una apuesta por un modelo de país donde la participación activa de las comunidades sea el eje de las decisiones políticas. Su implementación plena habría consolidado la confianza de las comunidades en las instituciones y reforzado la legitimidad de los diálogos, especialmente en momentos cruciales de reformas políticas y del sistema general de participación.

Es crucial que las partes en la mesa de negociación Gobierno Nacional – ELN realicen un esfuerzo real y profundo, pensando en las necesidades y anhelos del pueblo colombiano, y en el futuro político del país. De lo contrario, el diálogo corre el riesgo de deslegitimarse como un mecanismo expedito y efectivo para alcanzar un acuerdo que transforme las condiciones estructurales que perpetúan la violencia.

En el 2024, el contexto de los diálogos se complica profundamente y se cuestiona por diversos sectores sociales, debido a las dificultades con unos frentes del llamado Estado Mayor Central de las FARC, su decisión de continuar una estrategia de lucha ligada a acciones terroristas, al narcotráfico y a la minería ilegal, entre otras, llevaron al rompimiento definitivo de los diálogos con dichos frente. A pesar de los obstáculos, se han mantenido activos los diálogos con las disidencias de las FARC que cuentan con reconocimiento político, lo que constituye un logro importante para la búsqueda de soluciones negociadas y sostenibles.

A nivel urbano, las mesas de diálogo en Medellín, Buenaventura y Quibdó han demostrado avances significativos. Estos espacios han permitido abordar las problemáticas locales desde una perspectiva participativa, generando soluciones que responden a las necesidades de las comunidades urbanas más afectadas por la violencia. Estos logros son un ejemplo de que la paz no solo se construye en las mesas nacionales, sino también en los territorios; sin embargo, las comunidades siguen alzando su voz solicitando mayores espacios de participación y mecanismos que prevean desde ya el acogimiento a los y las futuros hombres y mujeres de paz.

En este escenario, también se hace urgente continuar avanzando en el establecimiento de diálogos con las estructuras paramilitares, cuyas actividades continúan siendo la mayor amenaza para la estabilidad y seguridad de muchas regiones. Estos actores, aunque diferentes en su naturaleza y motivaciones, deben ser incluidos en una estrategia integral de paz que aborde todas las dimensiones del conflicto colombiano.

Un elemento preocupante ha sido la débil participación de la sociedad civil en rodear el proceso de paz y en incidir para que se mantengan los diálogos. La exigencia del respeto al Derecho Internacional Humanitario, especialmente en temas relacionados con el reclutamiento de menores, el confinamiento, el secuestro, las amenazas y los asesinatos a líderes y lideresas sociales, ha sido insuficiente. Además, las organizaciones y sectores que trabajan por la paz no han contado con el respaldo y apoyo necesarios para mantener un movimiento por la paz activo, cohesionado y autónomo frente a las partes.

No se ha logrado desatar una gran campaña nacional coordinada a todo nivel, en todos los escenarios y con todos los actores, que instale con más fuerza una cultura de paz en el imaginario colectivo. Esto constituye un reto urgente que debe abordarse para que la paz no solo sea un acuerdo firmado, sino una realidad vivida y construida de manera colectiva.

El próximo año será decisivo. Las reformas deben materializarse con un enfoque que garantice la inclusión, la transparencia y la equidad, mientras que la reforma del sistema general de participación debe priorizar el fortalecimiento de los territorios y el reconocimiento de sus particularidades. Cada paso en estas direcciones no solo será un avance técnico, sino también una afirmación de que la paz es posible y necesaria.

A medida que cerramos este año, invitamos a todos los colombianos a mantener viva la esperanza y a trabajar juntos por un futuro mejor. La paz es un proceso que requiere paciencia, voluntad y acción colectiva. Que el 2025 sea un año de grandes avances, de diálogo sincero y de pasos firmes hacia una Colombia que pueda vivir sin miedo, sin exclusión y sin violencia.

¡Que el nuevo año traiga consigo la paz que todos soñamos!

Luis Emil Sanabria

¿Ha degenerado el conflicto armado interno en sólo criminalidad organizada?

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

El conflicto político armado entre la institucionalidad colombiana y los sectores que optaron por la insurgencia o la resistencia armada, como vía para cambiar al Estado, pareciera estar llegando a su fin. Más de 60 años de confrontación, han agotado generaciones enteras de luchadores sociales o políticos que optaron por la equivocación de la guerra, mientras la institucionalidad degradó el conflicto con acciones genocidas practicadas por cuerpos francos paramilitares y otras formas violentas de daño a los insurgentes y a la población civil afectada.

Luego del acuerdo con las ex-FARC, los grupos que no se acogieron a ese acuerdo, los entrampados por el incumplimiento y las guerrillas del ELN, no han podido convencer al pueblo colombiano de que aún persiguen ideales de cambio social, de transformación política y menos que estarían interesados en abandonar las violencias y sus consecuencias sobre los territorios afectados, para pactar una solución negociada que fortalezca los cimientos de una paz duradera y culmine con la dejación de armas.

 

Por largos periodos se muestran más interesados en comportarse como señores de la guerra, enseñoreados en los territorios y sobre las gentes. No parecieran encontrar salidas en los fundamentos políticos de un acuerdo de paz y se aferran a los fierros convirtiendo un instrumento de guerra, en un objetivo en sí mismo. Creen demostrar algún nivel de poder frente al Estado y se disputan procederes de delincuencia común con las llamadas bandas criminales que son ahora el gran motivador de los repartos territoriales y de las rutas del narcotráfico, entre otras.

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) reconoce que, en el contexto de un conflicto armado no internacional, los actores pueden tener motivaciones políticas legítimas, lo que habilita los diálogos y negociaciones como vía para la resolución del conflicto; sin embargo, este reconocimiento no es absoluto. Para que un Grupo Armado Organizado sea considerado como una fuerza política con legitimidad para negociar, su comportamiento debe ajustarse a normas básicas del DIH, como la protección de civiles, el respeto por los bienes indispensables para la supervivencia de la población y la no utilización de métodos de combate prohibidos.

El derecho a la rebelión, consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que los pueblos tienen derecho a levantarse contra la opresión cuando no existen vías democráticas para el cambio. Aunque nuestra democracia sigue teniendo serias imperfecciones, como que la participación ciudadana con poder decisión no ha adquirido el reconocimiento necesario; no se garantiza el goce pleno de los Derechos Humanos; se reportan altas tasas de pobreza monetaria y multidimensional; esto no significa que todos los canales democráticos estén cerrados.

El conflicto armado en Colombia, que durante décadas tuvo un claro componente político desde la rebelión insurgente, sigue transitando hacia una dinámica donde predominan los intereses económicos y criminales. Adicionalmente, las estrategias desarrolladas o manifestadas por los grupos guerrilleros no contemplan con claridad una ruta política y social más o menos coherente con su desempeño territorial, para transformar estas realidades. Si esto es cierto y los grupos siguen empecinados en continuar por la ruta de la lumpenización, se generarían grandes desafíos para la sociedad colombiana, los gobiernos y el Estado.

Los diálogos con actores armados deben mantenerse e incentivarse, pues siempre serán la mejor vía, y tal vez la única, para cerrar el ciclo de violencia armada. Será necesario e igual de importante, debilitar el negocio ilegal de la cocaína y los precursores, mejorar los programas de sustitución de cultivos de coca, insistir en la legalización del comercio del alcaloide, y combatir la minería ilegal mientras se fomenta la formalización de la minería ancestral y tradicional con un esquema que recupere la comercialización exclusiva del oro para el Estado.

Se requiere un nuevo modelo institucional en el territorio, que integre la persecución de las estructuras delincuenciales, cero tolerancia a la corrupción, el fortalecimiento de la organización social, la movilización y la participación ciudadana, y el desarrollo de procesos basados en la equidad, la justicia social y la democracia. Solo así podrá emerger y consolidarse el Estado en los territorios históricamente marginados. El nuevo acto legislativo para el Sistema General de Participación y la Ley de Competencias son una oportunidad significativa para avanzar en este propósito, siempre y cuando se promueva la planeación participativa y el control social.

Luis Emil Sanabria D

Derechos humanos ¿un Gobierno a la altura del reto?

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

La historia reciente de Colombia está marcada por la valentía de sus lideresas y líderes sociales y defensores de derechos humanos, quienes, a pesar de las amenazas y la violencia sistemática, continúan alzando sus voces en defensa de las comunidades más vulnerables y del medio ambiente; Sin embargo, la respuesta del Estado colombiano y del Gobierno Nacional a esta crisis ha sido, en el mejor de los casos, insuficiente y, en el peor, negligente.

El 29 de noviembre pasado, las Plataformas de Derechos Humanos, junto a organizaciones sociales y procesos autónomos de la Mesa Nacional de Garantías, expresaron su profundo rechazo a la falta de voluntad política que ha llevado al aplazamiento de la sesión convocada de dicha Mesa. Este hecho que se ha repetido en dos ocasiones no es aislado; refleja un patrón de desidia y de evasión de responsabilidades por parte de altos funcionarios como el Consejero Comisionado de Paz, el Ministro del Interior y la Procuradora General de la Nación.

 

El contexto es alarmante. Según cifras de Indepaz, en lo que va del año, se han registrado 69 masacres en Colombia, dejando un saldo de más de 243 víctimas, muchas de ellas líderes sociales y defensoras de derechos humanos. Además, organizaciones internacionales como Human Rights Watch y la CIDH han señalado un aumento en las agresiones a defensores, con más de 170 asesinatos reportados en 2024. Esta realidad es el reflejo de un estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-546 de 2023, debido a la grave y generalizada violación de los derechos humanos de las personas defensoras, y de líderes y lideresas sociales.

Pese a la gravedad de esta situación, desde julio de este año, cuando se llevó a cabo la única sesión de la Mesa Nacional de Garantías realizada durante el mandato del Presidente Petro, el Gobierno Nacional no ha mostrado interés en dar continuidad a este espacio de concertación, violando la periodicidad trimestral ordenada por la Corte. Este incumplimiento no solo desacata una decisión judicial, sino que desconoce las recomendaciones de organismos internacionales como el Relator de la ONU para los Derechos Humanos.

La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, organismos clave en la garantía de derechos, han mostrado graves deficiencias. Mientras la Procuraduría limita su actuación a casos documentales, la Defensoría, en regiones como Huila y Risaralda, aún no cumple con su rol como Secretaría Técnica del proceso de garantías. Estas falencias son inadmisibles cuando las vidas de cientos de personas defensoras de derechos humanos, ambientalistas y constructoras de paz, están en riesgo.

El Gobierno Nacional, que ha impulsado la política de “paz total” como bandera de su gestión, ha demostrado una incoherencia preocupante. La ausencia del Consejero Comisionado de Paz y del Ministro del Interior en la sesión de la Mesa Nacional de Garantías refleja un desinterés en evaluar los impactos de esta política en la protección de líderes y lideresas sociales y de sus organizaciones. La paz no puede construirse sobre la indiferencia hacia quienes trabajan en los territorios más afectados por el conflicto y hacia quienes desde las redes, plataformas, organizaciones sociales, rodean y respaldan esta labor.

El Gobierno del Presidente Gustavo Petro llegó al poder con la promesa de transformar la relación entre el Estado y los movimientos sociales; sin embargo, su gestión ha perpetuado prácticas de exclusión, instrumentalización y desarticulación que obstaculizan la construcción de políticas efectivas de protección. El movimiento social exige garantías a la vida y a la permanencia en el territorio. La comunidad internacional, representada por el Sistema de Naciones Unidas, ha mostrado su apoyo al Proceso Nacional de Garantías, pero es responsabilidad del Gobierno Nacional garantizar la vida y seguridad de sus ciudadanos.

Los puntos propuestos por las organizaciones para transformar el modelo de protección —como la implementación de medidas de prevención, el fortalecimiento de programas de protección colectiva y la rendición de cuentas de los agentes estatales— son esenciales para evitar una crisis humanitaria aún mayor. El mensaje de las organizaciones sociales es claro y el tiempo se agota. La convocatoria inmediata de la Mesa Nacional de Garantías y la presencia de los altos funcionarios del Estado no son negociables; son una obligación legal y moral.  

Si el Gobierno Nacional sigue ignorando este clamor, no solo estará fallando en su deber, sino que se convertirá en cómplice de las tragedias que podrían evitarse. Colombia no puede permitirse un Estado ausente en momentos de crisis. Es hora de que el Gobierno Nacional asuma su responsabilidad y dé pasos concretos hacia la construcción participativa de políticas, que nos permitan avanzar hacia un país donde defender derechos y construir paz no sea una sentencia de muerte.

Luis Emil Sanabria D.

Pobreza y Exclusión Social en Colombia: Desafíos y Respuestas del Gobierno Petro

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

La pobreza y la exclusión social son problemas profundos que afectan gravemente a Colombia, un país que, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se encuentra entre las sociedades más desiguales del mundo. Una proporción significativa de la población enfrenta condiciones de pobreza extrema, pobreza monetaria o vulnerabilidad, lo que exige soluciones integrales y sostenibles.

En Colombia, la pobreza no se limita a la falta de recursos económicos. Este fenómeno, de naturaleza multidimensional, abarca factores como el acceso limitado a servicios básicos, la desigualdad estructural y la exclusión histórica. Las comunidades rurales y los cinturones de miseria en las ciudades enfrentan desafíos especialmente graves, como la carencia de infraestructura esencial y la exclusión de servicios fundamentales. En regiones como Guainía, Chocó y La Guajira, por ejemplo, los niveles de acceso al agua potable en áreas rurales son alarmantemente bajos.

 

La discriminación estructural hacia comunidades indígenas y afrodescendientes, así como el desplazamiento forzado, agravan estas problemáticas. Estas situaciones evidencian la complejidad de la pobreza y subrayan la necesidad de acciones inmediatas, coordinadas y de largo alcance. La reconstrucción del contrato social, un acuerdo nacional y el desarrollo de políticas sostenibles que trasciendan los ciclos políticos son pasos inaplazables.

El gobierno de Gustavo Petro ha puesto en marcha diversas iniciativas con el objetivo de combatir la pobreza y la exclusión social, priorizando a las poblaciones más vulnerables. Se destaca en esta ruta, la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, que busca atender a mujeres, niños, adolescentes, comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos. Aunque enfrenta limitaciones administrativas, esta institución tiene el potencial de convertirse en un articulador clave para la inclusión social.

Otro esfuerzo relevante ha sido la implementación de la Reforma Rural Integral, en línea con los acuerdos de paz de 2016. Esta política pretende redistribuir tierras a comunidades rurales y fortalecer sus capacidades productivas, técnicas y comerciales. El gobierno ha reportado la formalización de miles de hectáreas, aunque persisten desafíos debido a la resistencia política y económica en diversas regiones.

Las transferencias monetarias han sido un pilar fundamental para apoyar a las familias más empobrecidas, garantizando ingresos básicos y promoviendo la educación y la formalización laboral. Programas como «Jóvenes en Paz» están diseñados para ofrecer a la juventud en riesgo oportunidades de desarrollo que los alejan de entornos de violencia o informalidad.

La administración Petro también ha impulsado políticas de transición energética, con el objetivo de reducir la dependencia de combustibles fósiles y fomentar el uso de energías renovables. Este enfoque busca no solo mitigar los efectos del cambio climático, sino también abordar las desigualdades que exacerban fenómenos como las sequías y los desastres naturales.

Entre 2022 y 2024, el gobierno informó avances significativos en la lucha contra la pobreza. Más de 338.000 personas superaron la pobreza multidimensional y 1,6 millones salieron de la pobreza monetaria. Sin embargo, la sostenibilidad de estos logros depende de superar obstáculos como la corrupción, la oposición política y las limitaciones estatales en regiones vulnerables.

La construcción de una sociedad más equitativa en Colombia exige fortalecer la cohesión social, mejorar la eficacia en la implementación de políticas y garantizar la inclusión en todos los niveles. Aunque el camino es largo y desafiante, las estrategias sostenibles pueden abrir paso hacia un futuro en paz, más justo y digno.

Luis Emil Sanabria D.

Contracultura y violencia simbólica en Colombia

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

En los últimos meses, hemos visto y escuchado varios hechos en Colombia que parecieran no tener relación alguna, sin embargo, pero que en el fondo refleja una preocupante tendencia cultural que obstaculiza la reconciliación, los valores democráticos y la convivencia pacífica en nuestro país. Me refiero a las declaraciones del congresista Miguel Polo en contra de las atribuladas madres de Soacha, la controversia generada por la canción +57 y la venta indiscriminada de juguetes bélicos. Juntos, estos hechos revelan patrón que perpetúa una contracultura violenta, que no solo divide a la sociedad sino que también obstaculiza el proceso de construcción de una paz estable.

Las Madres de Soacha son un simbólico de la lucha por la verdad, justicia y la reparación en Colombia. Posterior a los denominados falsos positivos, sus voces salieron al escenario público y con ellas años de demanda del esclarecimiento de los asesinatos de sus hijos a manos de las fuerzas militares. Estas valiente mujeres han sido blanco de ataques verbales por parte de voceros de diferentes sectores y últimamente por parte del congresista Miguel Polo Polo, quien destruyó una simbología artística instalada en la plaza Núñez.

 

Estas declaraciones son más que un simple ataque verbal; representan una agresión directa que busca silenciar y deslegitimar a quienes, desde la resistencia pacífica, exigen justicia. Este tipo de discursos no solo revictimiza a las Madres de Soacha, sino que también envía un mensaje peligroso a la sociedad. Quienes defienden los derechos humanos pueden ser atacados públicamente sin consecuencias, en un país donde la violencia ha sido una constante histórica. Es innegable que este tipo de acciones normalizan las violencias y la polarización.

Por otro lado, la polémica reciente desatada en torno a la canción +57 ejemplifican cómo los contenidos culturales pueden promover valores contrarios a la convivencia pacífica y al respeto por los derechos humanos. Aunque el reguetón ha sido tradicionalmente criticado por su lenguaje y mensajes, esta canción va un paso más allá al utilizar letras que glorifican la violencia, el narcotráfico y la misoginia. El hecho de que este tipo de música sea popular entre los jóvenes refleja una crisis de valores en nuestra sociedad, donde la vida del «matón», del “todo vale” y el «narcotraficante» es vista como una aspiración legítima.

Si bien el arte y la música son manifestaciones válidas de creatividad, no se debe pasar por alto su influencia en la formación de valores, particularmente entre los y las jóvenes. La amplia difusión de contenidos que trivializan la violencia e insensibilizan ante la anomia y la ilegalidad afianzan más estos comportamientos, obstruyendo los esfuerzos  por construir una cultura de paz y respeto en el país.

La venta de juguetes bélicos en Colombia es un tema que ha pasado desapercibido durante años, a pesar de existir la Ley 18 desde 1990, que prohíbe la fabricación, importación, distribución, venta y uso de juguetes bélicos en todo el Territorio Nacional. Armas de juguetes, granadas y pistolas plásticas se venden libremente en las tiendas y se promocionan como regalos «divertidos» para los niños. Sin embargo, a pesar de que muchos los tuvimos en nuestra infancia, estos juguetes no son inocentes, inculcan en los más pequeños la idea de que la violencia es un juego, una forma aceptable de resolver conflictos y alcanzar objetivos.

Si queremos avanzar hacia una sociedad más pacífica, es imperativo cuestionar el tipo de valores que se están transmitiendo desde la infancia. Permitir que los niños se diviertan simulando actos de violencia no solo desensibiliza frente a la realidad de un país que ha sufrido las consecuencias de la violencia armada, sino que también perpetúa culturas patriarcales y la mentalidad de «el fin justifica los medios».

La violencia no se manifiesta únicamente en el uso de armas o la agresión física; también se expresa a través de discursos, símbolos y prácticas culturales que promueven el desprecio por la vida, la justicia y los derechos de los demás. Cuando las voces de quienes defienden la paz son acalladas, cuando la música glorifica la ilegalidad y cuando los niños son educados para jugar a la guerra, estamos alimentando un ciclo de violencia que se torna difícil de romper.

Colombia tiene la oportunidad histórica de construir una sociedad más justa y en paz, pero para lograrlo, debemos desterrar la violencia de nuestras prácticas cotidianas, discursos y símbolos culturales. Este cambio no se logrará únicamente a través de políticas públicas, sino que requiere un esfuerzo conjunto de la sociedad civil, los medios de comunicación, el sistema educativo y la familia.

No podemos permitir que la contracultura que celebre la violencia siga ganando terreno. Es hora de dar un paso firme hacia la reconciliación, y esto solo será posible si empezamos a transformar nuestra cultura desde la raíz. La paz no se decreta; se teje día a día con acciones concretas, con palabras que sanan y con una educación que fomente el respeto por la vida.

Luis Emil Sanabria

Sistema General de Participación ¿sin democracia directa?

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

En medio de un panorama social y económico complejo, la aprobación en el Senado del acto legislativo que modifica el Sistema General de Participaciones (SGP), incrementando el porcentaje de transferencias de la Nación a los entes territoriales del 21 % al 39,5 %, y que deberá seguir su curso en la Cámara de Representantes, representar una oportunidad histórica para la sociedad colombiana. Esta iniciativa no solo busca fortalecer la capacidad financiera de los entes territoriales, sino que, en un contexto más amplio, puede constituirse en la base para la construcción de una verdadera autonomía territorial, esencial para el desarrollo integral del país.

Durante más de veinte años, los entes territoriales han estado limitados por un sistema de distribución centralizado y restrictivo que no siempre responde a sus particularidades sociales, económicas y geográficas. Esta nueva ley, por lo tanto, marca un cambio hacia una visión de gestión pública más equitativa y sensible a las necesidades locales, en la que el bienestar de cada comunidad, y no solo el desarrollo de las grandes ciudades, sea el motor de las políticas públicas.

 

Para lograr que el impacto de esta iniciativa sea efectivo, resulta urgente avanzar en la formulación de una Ley de Competencias de los entes territoriales y una Reforma Política que haga del constituyente primario el actor fundamental en la planeación y la vigilancia de los recursos públicos. El aumento de transferencias, contemplado en el nuevo SGP, permitirá que las comunidades representadas en los entes territoriales cuenten con mayores recursos para responder a sus necesidades específicas y a su visión de desarrollo, sin depender exclusivamente de las oficinas centrales de las entidades nacionales.

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que el aumento de las transferencias de forma progresiva, como lo plantea el acto legislativo, y la definición legal de las competencias de los entes territoriales —ya sean municipios, departamentos, entidades territoriales indígenas o consejos comunitarios afrodescendientes, que también deberán fortalecerse en su autonomía y gobierno propio—, no garantizan por sí solos que los recursos impacten positivamente la vida de las personas tradicionalmente empobrecidas y vulneradas.

Para lograr una verdadera transformación territorial y el fortalecimiento de la democracia en Colombia, es necesario que el nuevo Sistema General de Participaciones y la Ley de Competencias vayan de la mano de una Reforma Política que permita dar protagonismo al constituyente primario, es decir, al pueblo. La ciudadanía debe tener un rol protagónico en las decisiones que les competen, y esto puede ser posible si se habilitan mecanismos democráticos que permitan intervenir directamente en la planeación, gestión, vigilancia y evaluación estratégica de las políticas a corto, mediano y largo plazo.

Desarrollar mecanismos asamblearios periódicos de carácter democrático, en los cuales deberán interactuar las diversas expresiones de la sociedad, se convierte en una necesidad central para dinamizar el diálogo y facilitar una identificación prospectiva del desarrollo y la permanencia en el territorio. Con recursos disponibles y un control efectivo de la corrupción, la población en los entes territoriales podrá atreverse a ordenar su territorio alrededor del agua, proteger el medio ambiente y construir una educación pertinente a sus propias necesidades y oportunidades.

Aumentar las transferencias progresivamente, definir las competencias de los entes territoriales, fortalecer la democracia directa y el poder de decisión de la ciudadanía son elementos constitutivos de una misma ruta para superar la corrupción y la exclusión social, comunitaria, territorial, política y económica, consolidando así los derechos y deberes del constituyente primario. La salud, la generación de ingresos, el agua potable, la energía limpia, las tecnologías de la información y las comunicaciones, la vivienda y la recreación dejarán de ser un sueño, y de los territorios emergerá un Estado legítimo capaz de proteger los derechos humanos.

La sociedad colombiana, el Gobierno Nacional, las entidades estatales, la academia, las organizaciones sociales, los partidos políticos y el Congreso de la República, entre otros actores, cuentan con valiosas experiencias como las asambleas territoriales constituyentes, los programas de desarrollo y paz, las mesas de diálogo para superar la violencia armada, los diálogos territoriales, los mecanismos de participación acordados con las guerrillas y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. Estas experiencias ofrecen una oportunidad para consolidar una propuesta que garantiza que la soberanía resida exclusivamente en el pueblo (art. 3° de la Constitución Política Nacional), promoviendo así la paz territorial y la reconciliación nacional.

Luis Emil Sanabria D.