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En Colombia necesitamos reconocer que el problema de la desigualdad no se resuelve únicamente con programas, indicadores o reformas administrativas. La desigualdad es también una herida cultural. Se expresa en la manera como se desprecia la diferencia, en cómo se niega la palabra, la memoria y el derecho a existir con dignidad a millones de personas y comunidades. Por eso, la posibilidad de que un indígena como mi amigo Luis Alfredo Acosta, ex coordinador nacional de la Guardia Indígena, sea nombrado ministro de la Igualdad, tiene un significado profundo y puede convertirse en una oportunidad histórica para ampliar el horizonte del Estado colombiano y reconocer que el país necesita escuchar otras formas de saber, de orientar, de gobernar y de reparar.

El Estado colombiano fue construido desde una sola manera de ver el mundo, la que se considera moderna, racional, técnica y occidental. Esa mirada ha permitido avances importantes, ha impulsado la ciencia, la institucionalidad y el desarrollo de herramientas de planeación. Sin embargo, también ha sido limitada por una soberbia cultural peligrosa. Se asumió que lo diferente era atraso. Se trató como superstición el conocimiento que no respondía a los métodos oficiales. Se transformó en folclor lo que era sabiduría. Esa actitud ha sido una raíz persistente del racismo estructural, del despojo territorial y de la exclusión política que han sufrido los pueblos indígenas.

Que una persona como Lucho Acosta llegue a dirigir el Ministerio de la Igualdad, es un gran reto para él, para el gobierno del cambio y para el Estado, y significa que el país puede empezar a corregir una deuda profunda. Pero más allá de eso, representa abrir una puerta a la diversidad cultural como fundamento de democracia. La igualdad necesita presupuesto, políticas públicas y mecanismos institucionales. Pero también necesita un cambio cultural, y la cultura se transforma cuando cambian los referentes que orientan el poder, cuando el gobierno deja de hablar desde una sola perspectiva y se atreve a integrar otras miradas.

La sabiduría indígena no es únicamente conocimiento sobre plantas o rituales, como todavía se repite desde el desconocimiento. Es una forma integral de comprender la vida. Es un pensamiento que entiende la comunidad, el territorio, el conflicto y la convivencia como partes inseparables de un mismo tejido. No fragmenta la realidad, ni separa lo humano de lo ambiental. No concibe el progreso como explotación ilimitada. Propone equilibrio, reciprocidad y cuidado, y por eso resulta esencial para un ministerio que busca igualdad real.

La experiencia de Luis Alfredo Acosta en la Guardia Indígena otorga a este debate un valor aún mayor. La Guardia es una de las mayores lecciones éticas de Colombia contemporánea. Representa autoridad moral sin armas. Representa protección colectiva sin odio. Representa resistencia sin degradación. En un país donde durante décadas la fuerza fue considerada el lenguaje natural del poder, la Guardia ha demostrado que la palabra puede sostener la vida, que la disciplina comunitaria puede proteger el territorio, y que es posible resistir sin reproducir la lógica del exterminio. Esa forma de liderazgo, basada en el cuidado, es imprescindible para imaginar un país más justo.

En el camino de la paz integral es indispensable reivindicar el papel de los mamas, sagas, the’walas, taitas, jaibanás, mayores y mayoras, payés y sabedores tradicionales. Son autoridades espirituales y materiales de los pueblos originarios, y durante siglos han sostenido una autoridad basada en la escucha profunda, la disciplina interior y el conocimiento del territorio y del tiempo. Interpretan señales, orientan a sus comunidades, armonizan relaciones quebradas, restauran equilibrios y protegen lo sagrado como núcleo del respeto por la vida.

En un país herido por la violencia armada, por el despojo y por la crueldad, el aporte de estas autoridades puede ser decisivo en la reparación de la paz. Porque la paz necesita, además de decretos y reformas, sanar el corazón colectivo, reconstruir la confianza y reconciliar a la sociedad con su propia humanidad. Allí la energía especial que portan estas personas, entendida como fuerza espiritual y orientación ética, se convierte en una dimensión que el Estado no debería despreciar. No se trata de exotismo ni de adorno cultural. Se trata de una comprensión profunda de la vida, del daño y de los caminos para reparar.

También es urgente reconocer que el conflicto armado colombiano no solo ha matado personas. Ha afectado ríos, ha contaminado selvas, ha destruido bosques, ha desplazado animales y ha roto equilibrios sagrados. La guerra también ha sido violencia contra la naturaleza. Por eso, reparar la paz significa restablecer respeto por los territorios, el agua, la montaña y los lugares sagrados. En esa tarea, las autoridades espirituales indígenas poseen una voz que el país ha ignorado demasiado tiempo. Su palabra no es decorativa. Su palabra es conciencia y guía.

Nombrar a Luis Alfredo Acosta como ministro de la Igualdad significa reivindicar el conocimiento ancestral como complemento igualitario de la sabiduría analítica y científica de Occidente. No se trata de reemplazar una por otra. Se trata de superar jerarquías injustas del conocimiento, entendiendo que la ciencia sin ética puede volverse dominación, y que la técnica sin cultura puede volverse destrucción. Integrar ambas miradas puede fortalecer políticas públicas más humanas y más completas. Un país que reconozca su diversidad como fortaleza será un país más democrático y más digno.

Luis Emil Sanabria D.

La resistencia de algunos gobernadores frente a los decretos de emergencia 1390 y 1474 de 2025, ha reabierto debates que Colombia suele aplazar hasta que la crisis los hace inevitables. No se trata puramente de una diferencia política entre niveles de gobierno, sino de un debate sobre el alcance del orden constitucional y el respeto efectivo a los principios democráticas cuando el Estado enfrenta circunstancias excepcionales.

La Constitución Política Nacional en su artículo 215 determina sin ambigüedades que corresponde al Presidente de la República declarar los estados de excepción cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen gravemente el orden económico, social o ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública. Esta facultad no es un privilegio personal ni una venia autoritaria, sino un mecanismo constitucional pensado para permitir respuestas oportunas cuando los procedimientos ordinarios resultan insuficientes frente a circunstancias extraordinarias.

En ese marco, el Presidente no actúa como un actor más del debate político, sino como jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa, conforme a lo señalado en el artículo 189 de la C.P. Esta condición involucra una responsabilidad directa sobre la unidad del Estado, la estabilidad institucional y la protección de los derechos fundamentales. La declaratoria de una emergencia económica no suspende la democracia ni anula la separación de poderes, sino que activa uno de los instrumentos previstos por la propia Constitución para su defensa en contextos de crisis.

Las objeciones de algunos gobernadores al decreto de emergencia plantean una tensión que merece ser analizada. Es legítimo que las autoridades territoriales expresen preocupaciones sobre la implementación de las medidas y sus impactos regionales. La autonomía territorial es un principio constitucional reconocido en el artículo 287 y forma parte esencial del modelo descentralizado del Estado colombiano. Sin embargo, esa autonomía no equivale a soberanía ni habilita a las entidades territoriales para desconocer decisiones nacionales adoptadas dentro del marco constitucional.

Los gobernadores ejercen autoridad administrativa en sus departamentos, pero no son poderes independientes del orden jurídico nacional. El artículo 1 de la Constitución define a Colombia como un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria con descentralización administrativa, lo que implica que la unidad del Estado prevalece sobre las autonomías territoriales cuando se trata del cumplimiento del orden constitucional. En consecuencia, el mandato popular que ostentan los gobernadores no les otorga competencia para vetar o inaplicar actos del Ejecutivo expedidos conforme a la Constitución.

Una vez declarada la emergencia económica, el debate democrático no debería centrarse en la desobediencia institucional, sino en la forma como se implementan las medidas de manera eficaz, proporcional y respetuosa de los derechos. El control de los decretos legislativos dictados en estados de excepción no corresponde a las autoridades territoriales, sino a la Corte Constitucional, tal como lo establece el propio artículo 215, que ordena su revisión automática. Este diseño busca precisamente evitar que las diferencias políticas deriven en rupturas institucionales o en interpretaciones fragmentadas del orden constitucional.

Cuando una figura constitucional se convierte en un pulso político entre la Nación y las regiones, el mensaje que se transmite a la ciudadanía es profundamente confuso. Los resultados de este tipo de posiciones van más allá de la coyuntura. Un Estado en el que cada autoridad decide qué normas cumple y cuáles no, deja de ser un Estado de Derecho y se aproxima arriesgadamente a la desintegración de su poder. La democracia pierde entonces uno de sus principales pilares, que es la existencia de reglas comunes y de mecanismos institucionales claros para tramitar los desacuerdos políticos.

La emergencia económica no exonera al Gobierno Nacional de consultar con los entes territoriales ni de explicar de manera transparente y amplia el alcance de sus decisiones. Tampoco lo libra de remediar faltas o de atender alertas legítimas sobre posibles efectos territoriales. Pero ese diálogo debe darse dentro del marco constitucional y no bajo la amenaza de la desobediencia.

Más que oponerse por reflejo o por dogma, los gobernadores podrían asumir un rol de corresponsabilidad institucional, actuando como puentes entre el poder central y sus territorios. Cuando una autoridad territorial decide desconocer un decreto expedido en el marco de un estado de excepción, no amplía el debate democrático, sino que lo desplaza hacia un terreno peligroso donde la ley se vuelve opcional y el poder se fragmenta según intereses políticos.

Como afirmó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, la Constitución es la norma de normas, principio consagrado en el artículo 4. Precisamente por eso no puede ser utilizada para justificar actos de desobediencia institucional. Cuando los desacuerdos políticos se transforman en desafíos abiertos al orden constitucional, el daño no lo sufre el gobierno de turno. Lo paga la democracia misma. Defender la Carta Política implica acatarla en su integridad, incluso cuando incomoda, porque sin reglas compartidas no hay autonomía real, no hay descentralización efectiva y no hay Estado de Derecho que resista.

Luis Emil Sanabria D.

La codicia o la avaricia individual, como uno de los siete pecados capitales, dejó de ser un vicio para convertirse en un proyecto político estratégico con vocación de poder. No actúa de manera sincera ni se presenta como ideología clara, pero guía decisiones, obstaculiza transformaciones y define el rumbo de sociedades enteras. Allí donde gobierna la codicia, la política pierde su sentido ético y deja de ser un instrumento para garantizar derechos, convirtiéndose en una herramienta para proteger privilegios, concentrar riqueza y administrar la exclusión.

La acumulación extrema de la riqueza no es una falla del sistema, es uno de sus objetivos centrales. Un reducido grupo económico acumula capital, tierras, rentas y poder, mientras amplias mayorías ven deteriorarse sus condiciones de vida. Esta desigualdad requiere decisiones políticas concretas y marcos legales favorables. En este engranaje, el Congreso y buena parte de la dirigencia política cumplen un papel determinante. Congresistas y líderes que deberían representar el interés general terminan actuando como intermediarios exclusivos del gran capital, bloqueando reformas, dilatando debates y vaciando de contenido los cambios que buscan justicia social.

El sabotaje a las reformas sociales no es casual ni producto de diferencias ideológicas. Es una estrategia deliberada. Reformar implica redistribuir poder, y eso resulta inaceptable para quienes han construido su hegemonía sobre la desigualdad. Desde el Congreso se archivan proyectos, se introducen artículos regresivos y se instala el miedo como argumento político. La codicia entiende que un Estado que garantiza derechos es un obstáculo para el negocio de la pauperización y por eso busca paralizarlo desde adentro.

Cuando se posesiona este comportamiento, se le abre paso al surgimiento de un Estado corporativo de rasgos neofascistas, donde las decisiones públicas se subordinan a intereses privados y la democracia se reduce a una formalidad vacía. Como advirtió Hannah Arendt, “el problema del mal no es su profundidad, sino su superficialidad, su capacidad de volverse normal”. Esa normalización explica cómo prácticas autoritarias, excluyentes y profundamente injustas logran instalarse sin rupturas institucionales visibles, amparadas en la costumbre, la indiferencia y el cálculo político.

Pero este proyecto no se sostiene exclusivamente desde la avaricia. Requiere una base social culturalmente frágil. Una sociedad dividida, con bajos niveles de formación crítica, débil memoria histórica y referentes éticos erosionados se vuelve más propensa a admirar, justificar o verse reflejada en quienes representan el enriquecimiento sin límites. Cuando el éxito se mide exclusivamente por la fortuna material, cuando el mérito se confunde con la astucia para aprovecharse del sistema y cuando la solidaridad es presentada como ingenuidad, la codicia deja de ser un problema moral y se transforma en aspiración colectiva.

En ese contexto, la política se degrada en espectáculo y la ética pública se vacía de contenido. Se normaliza el cinismo, se relativiza la corrupción y se tolera el abuso de poder con la excusa de la eficacia o el orden. La pregunta por el bien común es desplazada por la lógica del beneficio individual. Una sociedad culturalmente debilitada termina aceptando lideresas y líderes espurios que la desprecian, discursos que la fragmentan y proyectos que profundizan su propio empobrecimiento.

La renuncia a la soberanía nacional se inscribe también en esta crisis ética. La subordinación acrítica de algunos sectores sociales, políticos y económicos a los intereses de Estados Unidos expresa dependencia económica y política, y una pérdida profunda de autoestima y amor por la patria. Promueven un país que pierda la capacidad de decidir su propio destino y que acepte con facilidad agendas externas, sacrificando su industria, su territorio y su ambiente. Esta entrega beneficia al capital transnacional y a sus socios locales, mientras empobrece material y simbólicamente a la sociedad.

La fragmentación social, el individualismo extremo y la estigmatización de la organización colectiva refuerzan este círculo vicioso. La debilidad estatal y la ausencia de planeación territorial integral no solo fortalecen las economías ilegales, también erosionan la idea misma de legalidad y de responsabilidad ética compartida. Cuando la vida digna parece inalcanzable por vías legítimas, y se promueve un espejismo de crecimiento y desarrollo basado en la ilegalidad, la transgresión deja de ser excepción y se vuelve norma.

La depredación del medio ambiente es la expresión más cruda de esta crisis ética. Bosques arrasados, ríos contaminados y territorios étnicos vulnerados en nombre del crecimiento económico revelan una relación utilitaria con la naturaleza. Cuando la cultura política renuncia a reconocer la vida como valor en sí mismo, la destrucción ambiental se justifica como costo inevitable del progreso.

La corrupción actúa como el lubricante de todo este engranaje. No es un problema moral aislado, es una pedagogía negativa que enseña que todo tiene precio, que la ley es negociable y que el poder sirve para enriquecerse. En paralelo, se renuncia a la planeación o a su seguimiento y se debilita deliberadamente al Estado. Un Estado debilitado no solo es ineficiente, es éticamente peligroso, porque deja a la sociedad sin referentes de cuidado, justicia y responsabilidad colectiva.

La disputa que enfrenta la sociedad es, ante todo, cultural y ética. No se trata solo de reformas o elecciones, sino de reconstruir una cultura política basada en la dignidad, la solidaridad, la memoria y el sentido de lo común. Aceptar la codicia como horizonte aspiracional es renunciar al futuro. Desmontarla como proyecto político exige instituciones fuertes, sí, pero también una ciudadanía crítica, formada y consciente de que sin ética pública no hay democracia posible ni vida colectiva sostenible.

Luis Emil Sanabria D.

La historia no avanza en línea recta. Tiene retrocesos, bifurcaciones y momentos de disputa abierta por el sentido del futuro. Hoy vivimos uno de esos momentos. En distintos lugares del mundo y también en Colombia reaparecen y se posicionan discursos que prometen orden, grandeza y estabilidad, pero que en realidad reciclan viejas fórmulas neofascistas basadas en el miedo, el odio al diferente, el autoritarismo y la concentración obscena de la riqueza. Frente a ese riesgo, la transición progresiva y la apuesta por un Estado más equitativo y justo no son una moda ideológica. Son una necesidad histórica.

La transición progresiva parte de una premisa elemental. Las sociedades no se transforman por saltos al vacío ni por imposiciones violentas, sino mediante reformas profundas, sostenidas y democráticas que amplían derechos, reducen desigualdades y fortalecen lo público. No se trata de destruirlo todo ni de conservarlo todo. Se trata de cambiar lo que produce exclusión y sufrimiento, cuidando la estabilidad social y la convivencia democrática. Esa es precisamente la fortaleza del Estado Social de Derechos. Su capacidad de combinar justicia social con libertades, redistribución con institucionalidad, cambio con gobernabilidad.

Las corrientes neofascistas, en cambio, se alimentan del malestar social sin ofrecer soluciones reales. Señalan enemigos internos como migrantes, movimientos sociales, sindicalismo, feminismos, población LGBTIQ+, pueblos étnicos y jóvenes inconformes para ocultar a los verdaderos responsables de la desigualdad. La codicia sin límites, la captura del Estado por élites económicas y la mercantilización de derechos básicos como la salud, la educación y la vivienda. Allí donde prometen orden, entregan represión. Donde prometen crecimiento, profundizan la exclusión. Donde dicen defender la nación, debilitan la democracia y entregan la soberanía.

Un gobierno democrático, incluyente, justo y equitativo es, ante todo, un dique frente a esa deriva autoritaria. Defiende el Estado social de derecho, la separación de poderes, la libertad de prensa y la participación ciudadana, pero entiende que la democracia no puede sostenerse sobre estómagos vacíos ni territorios abandonados. Sin justicia social no hay democracia duradera. Por eso la transición progresiva pone en el centro políticas redistributivas, una reforma fiscal justa, inversión en lo público, trabajo digno, protección ambiental y reconocimiento efectivo de la diversidad social y cultural.

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En países como el nuestro, marcados por la violencia política y la exclusión histórica, esta transición tiene además un sentido ético profundo. Apostar por reformas sociales, por la paz, por la reducción de brechas territoriales y por la ampliación de derechos no es debilitar el Estado como repiten los voceros del miedo. Es fortalecerlo desde la legitimidad social. Es cerrar el caldo de cultivo del autoritarismo y la violencia armada, que siempre crece allí donde la desigualdad se normaliza y la esperanza se marchita.

En este punto es necesario llamar la atención sobre un aspecto decisivo. La sociedad colombiana no puede equivocarse en la estrategia de reelegir el cambio y de sostener de manera progresiva las transformaciones que se han iniciado. Esto exige madurez política, evitar los triunfalismos y reconocer que cada avance, por pequeño que parezca, arrastra a mediano y largo plazo nuevos cambios que no siempre son inmediatos ni lineales. Pretender desmontar en un solo periodo de gobierno todo el andamiaje sobre el cual se edificó una de las sociedades más inequitativas e injustas del mundo no solo es irreal, sino profundamente irresponsable.

Las estructuras de exclusión, corrupción, violencia, narcotráfico y privilegio se consolidaron durante décadas, incluso siglos, y su superación requiere tiempo, persistencia y continuidad democrática. La construcción de una paz integral con justicia social no será rápida ni sencilla. Con toda probabilidad tardará en repararse o en edificarse al menos el triple del tiempo que hemos vivido sumidos en la violencia armada.

Este esfuerzo nacional no ocurre en aislamiento. Seguramente un avance internacional en el fortalecimiento de la socialdemocracia, con pueblos y sociedades más preparadas, más críticas y culturalmente más resistentes a los discursos del odio, le posibilitará a las naciones transitar hacia un nuevo estado histórico. Un estado con más justicia social, con una paz que incluya una relación armónica con la naturaleza, y con mayores niveles de integración, reconocimiento y cooperación entre los pueblos. En un mundo interdependiente, la defensa de la democracia y de la justicia social será necesariamente una tarea compartida.

La disputa actual no es entre izquierda y derecha en términos abstractos. Es entre democracia y autoritarismo, entre un futuro compartido y un presente de privilegios excluyentes. La transición progresiva marca un rumbo con más derechos, más igualdad, más participación con poder de decisión, más cuidado de la vida, más transparencia. Frente a quienes quieren revivir viejas recetas neofascistas disfrazadas de novedad, el progresismo ofrece algo mucho más poderoso. La convicción de que el cambio es posible sin renunciar a la democracia. Defender hoy el Estado Social de Derecho es defender la posibilidad misma de un futuro común. No hacerlo sería abrirle la puerta a un retroceso que la historia ya nos ha mostrado demasiado caro en vidas, libertades y dignidad.

Luis Emil Sanabria D.

Colombia es una nación que ha sobrevivido a heridas profundas, pero también es un país al que algunos sectores insisten en desgarrar por dentro mediante palabras que no pretenden dialogar sino dividir. La polarización no aparece de manera espontánea. Es una estrategia cuidadosamente construida por sectores políticos que han convertido el miedo en una herramienta de poder, un recurso para deslegitimar al que piensa distinto y para frenar cualquier posibilidad de transformación social. Cada frase estigmatizadora, cada señalamiento vacío, cada grito envenenado, ha ido moldeando un ambiente donde la sospecha pesa más que los argumentos.

En este clima crispado el país fue testigo de un momento que dejó al desnudo la gravedad de ese discurso. La senadora Paloma Valencia, en plena sesión del Congreso, le gritó al senador Iván Cepeda la expresión mándeme a matar. Esa frase no fue un desliz ni un arrebato. Fue la expresión más clara de un estilo político que busca deshumanizar al adversario y sembrar la idea de que la izquierda democrática es una amenaza mortal. Fue la evidencia de un deterioro profundo en nuestra convivencia institucional, una muestra de cómo la violencia simbólica sigue contaminando la vida republicana.

Durante años hemos escuchado las mismas advertencias desprovistas de sustento. Aseguran que la izquierda entregará el país a los violentos. Que la búsqueda de la paz es una capitulación. Que defender derechos humanos equivale a apoyar criminales. Que las reformas sociales conducirán al caos económico. Que la igualdad es apenas una excusa para imponer dictaduras imaginarias. Estas fórmulas no tienen como propósito ayudar al país. Su función es impedir que la ciudadanía mire de frente los verdaderos problemas que nos afectan, como la desigualdad estructural, la corrupción enquistada, el narcotráfico que destruye territorios y la falta de oportunidades que condena a millones a una vida de exclusión.

La polarización se convierte así en una herramienta para proteger privilegios, no para defender principios. Cuando se demoniza la paz, lo que se teme no es la violencia sino la verdad. Cuando se condena la justicia social, lo que se protege no es la economía sino un orden desigual que beneficia a unos pocos. Y cuando se ataca a quienes buscan cambios democráticos, lo que está en juego no es la libertad, sino la capacidad de la sociedad para imaginar un futuro distinto.

A esta estrategia del miedo se suma una tendencia igualmente peligrosa. El negacionismo de hechos victimizantes. Negar masacres, despojo de tierras, minimizar asesinatos selectivos, desdibujar desplazamientos o relativizar desapariciones forzadas es un intento de borrar el sufrimiento de miles de víctimas. Cuando se niega la responsabilidad histórica de estos hechos, se intentan limpiar biografías políticas y se oculta la verdad que el país necesita para sanar. No hay reconciliación posible cuando la memoria se manipula, cuando se busca imponer el olvido y cuando se pretende que la impunidad sea un camino aceptable.

En medio de este escenario cargado de tensiones los sectores progresistas, socialdemócratas y de izquierda tienen una responsabilidad enorme. No pueden caer en la trampa del odio. No pueden permitir que la provocación los desvíe del camino. La tarea es mantener un rumbo sereno y propositivo, reafirmar el compromiso con la construcción de paz, la erradicación del narcotráfico, la lucha contra la corrupción y la superación de la desigualdad y la inequidad que siguen dividiendo al país. La respuesta ética no es devolver la agresión sino profundizar el trabajo por la paz, la vida, la justicia y la dignidad de todas y todos los colombianos.

En esta construcción colectiva también es fundamental el papel del sector empresarial. Pequeños, medianos y grandes empresarios están llamados a fortalecer la responsabilidad social de las empresas, a invertir en la gente, a abrir puertas de oportunidad y a promover entornos laborales y sociales inclusivos y justos. Su aporte es indispensable para avanzar hacia un acuerdo sobre el salario mínimo que beneficie a las trabajadoras y trabajadores, que reactive el consumo interno, que dinamice la economía y que afiance la justicia social. Una sociedad más equilibrada garantiza condiciones más estables para el desarrollo y para un crecimiento económico sostenible que respete el medio ambiente, la cultura y la dignidad de cada persona.

La verdadera grandeza política aparece cuando la esperanza se mantiene firme y no se deja absorber por la rabia. Frente a la ofensa, la respuesta necesaria no es elevar el tono sino profundizar el compromiso con la vida, con el entendimiento y con la posibilidad de unir a Colombia en lugar de continuar desgarrándola. A quienes alimentan el miedo se les responde abriendo caminos de futuro. A quienes insisten en dividir se les responde creando comunidad y fortaleciendo el sentido de un país que solo podrá avanzar cuando el respeto y la serenidad sean más fuertes que cualquier provocación.

Colombia necesita que el afecto venza al odio, que la responsabilidad colectiva venza al egoísmo y que la imaginación de un país más justo venza al miedo que algunos quieren seguir imponiendo. Los sectores progresistas, la ciudadanía comprometida con el cambio y los empresarios que creen en el desarrollo con equidad tienen la oportunidad de demostrar que la patria se construye con respeto, con solidaridad y con la convicción de que la dignidad humana es el corazón de cualquier proyecto nacional. Esta patria merece mucho más que una política hecha de insultos y amenazas. Merece un destino donde la vida sea el centro y no la excusa, un futuro donde la esperanza sea más fuerte, un camino donde el desarrollo económico no excluya a nadie y donde el respeto por la naturaleza, la cultura y la dignidad guíe nuestras decisiones colectivas.

Luis Emil Sanabria Durán

Las recientes operaciones de bombardeo contra pequeñas embarcaciones, que ya dejan más de ochenta personas asesinadas, junto con las amenazas de ingreso a territorio continental por parte de Estados Unidos, han encendido una preocupación legítima en América Latina y el Caribe. Estas acciones reproducen un patrón histórico de intervenciones que han causado graves daños en diversas regiones del mundo y vuelven a poner en duda el respeto a la soberanía de los pueblos.

Ante este escenario surge una pregunta que no puede ignorarse. ¿Quién le dio a Estados Unidos y con qué moral el derecho a decidir el presente y el futuro de los pueblos del mundo? Ninguna nación tiene la autoridad ética para imponerse sobre otra y mucho menos un país cuya larga lista de intervenciones militares ha dejado huellas profundas de destrucción y dolor.

La historia reciente confirma que la injerencia externa no ha traído paz ni estabilidad. Irak quedó devastado tras una intervención que prometía democracia. Afganistán terminó en un desastre humanitario que costó miles de vidas y concluyó sin que se resolvieran los problemas que supuestamente se iban a combatir. Libia fue empujada al caos y perdió su estructura estatal. En América Latina, Panamá y las naciones centroamericanas aún sufren las heridas que dejaron las incursiones militares que nunca atendieron las causas profundas de sus conflictos.

El continente ha defendido con persistencia el derecho a la autodeterminación. No es un anhelo romántico. Es una conquista histórica que sostiene la dignidad de los pueblos y que garantiza que cada nación pueda decidir su propio destino sin la sombra de potencias extranjeras tratando de imponer soluciones ajenas. Proteger este principio es un acto de responsabilidad colectiva con la memoria, con el presente y con el futuro.

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Resulta preocupante ver a ciertos líderes políticos del continente apoyar la posibilidad de una intervención militar estadounidense en el Caribe. No hablan por la prudencia ni por la paz. Suelen ser los mismos que se han opuesto de manera sistemática a los cambios estructurales necesarios para superar la pobreza, la exclusión y la inequidad que alimentan la violencia. Muchos de ellos han tenido cercanía con narcotraficantes, redes de corrupción o actores armados ilegales que se benefician de la inestabilidad política y del debilitamiento de los Estados. No buscan soluciones. Buscan preservar privilegios.

Estados Unidos insiste en justificar sus acciones en nombre de la lucha contra las drogas. Sin embargo su política antidrogas ha mostrado un fracaso rotundo durante más de cincuenta años. En vez de enviar portaviones, submarinos, tropas y aeronaves a nuestras aguas, debería revisar con honestidad el costo económico y humano de su maquinaria militar. Con lo que vale mantener esa flota gigantesca podría financiarse un programa capaz de enfrentar las causas estructurales que alimentan el narcotráfico en la región.

Esas causas no están en los campesinos cocaleros ni en los trabajadores que producen pasta básica en laboratorios clandestinos. Ellos son víctimas de una industria ilegal que tiene sus centros de poder en los países desarrollados. Allí están el consumo masivo, la demanda inagotable, el lavado de activos, la producción y venta de insumos, y la sofisticación financiera que sostiene el negocio. La raíz del problema no está en las montañas empobrecidas donde las comunidades solo buscan sobrevivir. Está en los mercados del norte que mantienen viva la cadena global del narcotráfico.

La región necesita abrir un debate distinto. Estados Unidos debe dejar atrás el discurso de la guerra y construir junto a América Latina un enfoque antidrogas basado en evidencia y no en prejuicios. Ese enfoque debe poner en el centro la regulación y legalización del comercio y la venta de cocaína. La prohibición solo fortalece a las mafias y perpetúa la violencia. Regular y legalizar permitiría quitar poder a las redes criminales, reducir la corrupción, mejorar la seguridad y tratar el consumo como un asunto de salud pública.

Este camino exige valentía política y un liderazgo dispuesto a abandonar las fórmulas que han fracasado durante décadas. También requiere cooperación internacional y un compromiso real con la vida y la dignidad de las comunidades afectadas. Es una ruta más humana, más racional y más coherente con la necesidad de romper definitivamente el ciclo de violencia.

América Latina merece respeto. No necesita flotas militares patrullando sus costas ni amenazas disfrazadas de solidaridad. Necesita que le devuelvan un poco de lo que se han llevado las potencias del norte, justicia global, programas sociales de largo plazo y un reconocimiento pleno de su derecho a decidir su propio rumbo. La soberanía no es una consigna vacía. Es el fundamento de la convivencia pacífica entre las naciones y la garantía de que los pueblos puedan construir su futuro sin imposiciones externas.

Defender la autodeterminación no es estar en contra de ningún país. Es afirmar la dignidad del continente y su vocación de paz. Frente a cualquier intento de intervención, América Latina debe mantener una postura firme y unida. La estabilidad, la libertad y el futuro del continente dependen de este compromiso colectivo con la paz, la soberanía y la justicia social.

Luis Emil Sanabria D.

La campaña electoral ha reactivado a quienes han convertido el miedo en su principal argumento político. Sectores políticos repiten viejos libretos que anuncian que “el país cayó en manos del narcotráfico socialista”, que “están restringiendo las libertades”, que “la fuerza pública está amarrada”, o que “el comunismo avanza disfrazado de cambio”. Son frases diseñadas para agitar emociones básicas, no para construir un debate serio. A esto se suma la estrategia de etiquetar a cualquier contradictor como “castrochavista”, “extremista” “guerrillero” o “enemigo de la patria”, categorías que buscan deslegitimar, no dialogar.

Estas narrativas no son simples excesos de campaña. Tienen efectos concretos en la vida de las personas. Alimentan un clima de intimidación que golpea a líderes y lideresas sociales, a organizaciones comunitarias, a defensores ambientales y pueblos étnicos, entre otros. Cuando un candidato promete “mano dura” sin explicar cómo se protegerán los derechos humanos, envía un mensaje peligroso que puede justificar abusos. Cuando otro plantea que “hay que barrer con todas las reformas”, sin analizar sus causas ni proponer alternativas, profundiza la polarización y frena la construcción de acuerdos básicos.

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Se ha dicho que los diálogos de paz son una “entrega del Estado a los bandidos”, pese a que los territorios más golpeados por la guerra llevan décadas exigiendo soluciones negociadas. Incluso se acusa a los pueblos indígenas de “frenar el desarrollo” cuando defienden sus derechos ancestrales. Han aparecido candidatos que, lejos de contribuir a un debate democrático, recurren a expresiones que llaman a “destripar”, “sacar del camino” o incluso “eliminar a la izquierda”, como si la diferencia ideológica fuera un delito y no una expresión legítima de una sociedad plural. Ese lenguaje, desconoce la historia de un país donde miles de personas han sido perseguidas, asesinadas o desaparecidas precisamente por sus ideas.

Colombia necesita una política que invite a reflexionar, no a odiar. Una política basada en propuestas reales para enfrentar el hambre, la desigualdad, la crisis climática, el narcotráfico, la corrupción y la violencia armada. Quienes aspiran a gobernar deben asumir la responsabilidad ética de cada palabra. La palabra pública nunca es neutra. Puede proteger o puede destruir.

Rechazar la narrativa del enemigo no implica negar las diferencias, implica reconocer que ningún proyecto democrático se funda en el odio. La democracia exige respeto, diálogo y la capacidad de escuchar sin convertir al otro en traidor. Colombia necesita superar la tragedia de sus polarizaciones pasadas y presentes.

Para romper este círculo vicioso, los sectores democráticos y progresistas deben trabajar por una campaña limpia que recupere la dignidad de la política. No pueden caer en la trampa de responder con el mismo tono agresivo. La provocación está diseñada para arrastrarlos a un terreno donde las ideas se diluyen y solo queda el golpe retórico. La fuerza democrática radica en la serenidad, la coherencia y la capacidad de ofrecer soluciones reales.

En este momento decisivo es fundamental hacer un llamado directo a las víctimas del conflicto armado, quienes durante décadas han cargado sobre sus hombros el dolor, la resistencia y la lucha por la verdad. Las curules de paz deben quedar en manos de hombres y mujeres que defienden con firmeza los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, no en manos de quienes buscan usar ese espacio para intereses personales, reproducen lógicas clientelistas o incluso justifican los relatos de los victimarios. La representación de las víctimas debe ser un instrumento para transformar los territorios más golpeados, proteger a las comunidades y fortalecer la construcción de paz.

Es imprescindible pedir responsabilidad a los llamados “influencers” políticos. Quienes tienen audiencias masivas deben dejar de llenar las redes con frases vacías, medias verdades o provocaciones virales. Si deciden intervenir en la vida pública, sus mensajes deben tener contenido sólido, datos verificables y compromiso con el bien común. Los medios de comunicación, por su parte, deben dejar de amplificar mensajes de odio, exageraciones o falsedades por obtener audiencia rápida. Su responsabilidad es abrir espacios para el análisis riguroso, la verificación y la deliberación informada. La política del titular fácil y el meme incendiario está vaciando el debate y confundiendo a la ciudadanía.

La ciudadanía también tiene un papel decisivo. Es urgente aprestarnos a denunciar la compra de votos, el constreñimiento, las presiones clientelistas y cualquier forma de corrupción electoral. Es necesario examinar con lupa cada propuesta, cada promesa y cada trayectoria. El voto informado es un acto de defensa de la democracia. Una campaña limpia no es ingenuidad. Es una apuesta por la dignidad nacional, por la vida y por un clima político capaz de tramitar diferencias sin odio. Colombia merece una discusión honesta, responsable y profundamente humana. Solo así será posible abrir un camino de esperanza, democracia y paz para el país.

Luis Emil Sanabria D.

Durante décadas el magisterio colombiano ha sido la columna vertebral de la educación pública y, al mismo tiempo, uno de los sectores más golpeados por la desatención estatal. Las maestras y los maestros educan, orientan y acompañan generaciones enteras, pero también enfrentan un sistema que los obliga a luchar una y otra vez por derechos elementales como la salud, la estabilidad laboral y el respeto a su labor. A pesar de contar con un régimen especial de salud, este ha sido desnaturalizado y convertido en un espacio de negocio para intermediarios que se lucran con los recursos públicos mientras miles de docentes padecen la falta de atención, el desabastecimiento de medicamentos y el abandono en las zonas rurales.

El régimen especial nació como un reconocimiento al esfuerzo físico, emocional y social que implica enseñar en una patria atravesada por la desigualdad, la violencia y la precariedad. Sin embargo, la corrupción, la ineficiencia y la falta de voluntad política lo han convertido en un sistema que castiga a quienes más lo necesitan. Las demoras interminables, las autorizaciones absurdas y el peregrinaje para recibir atención médica son una afrenta a la dignidad de quienes dedican su vida a formar ciudadanos y ciudadanas.

A esta injusticia se suma la negación del derecho a la protesta. Cada vez que el magisterio decide ejercer su legítimo derecho a la huelga, se le obliga a reponer en días de descanso las horas dedicadas a manifestarse por sus derechos. Así ocurrió con la jornada del pasado 30 de octubre, cuando cientos de maestras y maestros salieron nuevamente a las calles para exigir un servicio de salud digno, un trato respetuoso y el cumplimiento de los compromisos estatales. En lugar de escuchar sus reclamos, la Alcaldía de Bogotá emitió una circular ordenando reponer las horas empleadas en la movilización, desconociendo que la protesta social es un derecho fundamental protegido por la Constitución y no un delito que deba ser sancionado.

El magisterio colombiano también ha sido víctima de una constante estigmatización por parte de sectores políticos y económicos ligados a la ultraderecha que buscan deslegitimar su labor social. Estos sectores intentan convertir la educación en un negocio privado, negando el derecho universal al conocimiento y debilitando la función social de la escuela pública. En su discurso, el maestro es presentado como un obstáculo para el desarrollo o como un agitador político, cuando en realidad ha sido un defensor incansable de la vida, la paz y la justicia social.

Por eso es necesario defender a FECODE y a los sindicatos locales que resisten contra la privatización del derecho a la educación. Ellos representan la voz colectiva del magisterio, la conciencia crítica de una nación que todavía cree en la escuela pública como espacio de libertad y transformación. Gracias a su lucha, Colombia no ha perdido del todo la idea de que educar no es un negocio, sino un deber ético y una responsabilidad del Estado.

El derecho de los docentes a prepararse, a mejorar sus capacidades y a acceder a una formación continua es también una obligación estatal. Formar bien a quienes educan significa elevar la calidad de la enseñanza, fortalecer la democracia y construir ciudadanía. Del mismo modo, el Estado debe asumir plenamente la nómina de los docentes contratados, garantizando estabilidad laboral, igualdad de condiciones y dignidad profesional en todo el territorio nacional.

Defender la cátedra de historia, de democracia y de derechos humanos es esencial para construir un ser humano nuevo, comprometido con la vida, el respeto, los valores y la justicia social. No se puede hablar de una educación de calidad si se eliminan los espacios de reflexión sobre la memoria, la ética y la convivencia. La educación debe formar sujetos críticos y solidarios, no consumidores pasivos de información.

En este horizonte se hace indispensable avanzar hacia la declaratoria de todas las instituciones educativas, en todos los niveles, como Territorios de Paz y Convivencia. La escuela debe ser el primer espacio donde se aprenda a ser y a convivir, donde la palabra sustituya la violencia y el respeto se convierta en el eje de la vida colectiva. Construir una cultura de paz desde la infancia no es una utopía, es una necesidad histórica para sanar las heridas de un país que ha vivido demasiado tiempo bajo el daño de la violencia armada.

Cuidar al que cuida debería ser un compromiso de todos y todas las colombianas. No se trata de un privilegio sino de un acto de justicia con quienes han dedicado su vida a enseñar y a sembrar futuro. Defender al magisterio es defender la educación pública, la democracia y la esperanza de un país más justo e igualitario. Porque cuando se cuida a los que educan, se protege también la posibilidad de un mañana con dignidad, libertad y conocimiento para todos y todas.

Luis Emil Sanabria D.

En un planeta convulsionado por guerras, el empobrecimiento de miles de millones de personas, odios y exclusiones, resulta esperanzador constatar que los movimientos por la paz y la vida no han cesado de encontrarse, reconocerse y articularse. La experiencia del encuentro Peace Connect, realizado del 13 al 17 de octubre de 2025 en Nairobi, Kenia, que congregó a centenares de personas comprometidas con la paz de noventa países de los cinco continentes, demuestra que los pueblos no se resignan a las violencias ni al dominio neocolonial de quienes perpetúan la guerra como negocio.

Este encuentro mundial de construcción de paz no habría sido posible sin la convocatoria, la entrega y el compromiso de redes internacionales como Peace Direct, cuya labor fue decisiva para que la polifonía asistente se convirtiera en un éxito y en una referencia global para quienes seguimos creyendo en la posibilidad de construir un mundo distinto y en paz. Múltiples representantes de etnias, nacionalidades y poblaciones, con sus usos, tradiciones y costumbres, reafirmaron su compromiso de no desfallecer en su empeño por la paz local y mundial, a pesar de las adversidades y atrocidades de las guerras.

Cada delegación llegó con su propio dolor y su propia memoria. En Sudán, la población civil sigue siendo la mayor víctima de enfrentamientos degradados y crueles entre facciones armadas. En Nepal, la sociedad avanza entre las tensiones del posconflicto y los retos democráticos de un país que aún cicatriza las heridas de su guerra interna. En Uganda, las comunidades que padecieron desplazamientos y represión continúan levantando la bandera de los derechos humanos. En Haití, la fragilidad institucional y la injerencia extranjera perpetúan la crisis y la inseguridad de su pueblo.

En Palestina, la paz se enfrenta al drama cotidiano de la ocupación, los bombardeos y la negación de derechos fundamentales que afectan sobre todo a niños y niñas. En Indonesia, marcada por su diversidad étnica y religiosa, la paz se construye en la defensa de la convivencia frente a tensiones internas y amenazas de fundamentalismos. En Siria, después de más de una década de guerra devastadora, millones de personas aún esperan justicia, verdad y reconstrucción. En Kenia, país anfitrión del encuentro, las comunidades buscan reconciliación tras las huellas de conflictos políticos y étnicos, mientras nuevas generaciones exigen equidad y respeto.

Aunque cada contexto es singular, lo que une a los y las constructoras de paz es la convicción de que la paz es el resultado del respeto a la cultura, el reconocimiento y la inclusión en la diferencia, la superación de la pobreza, la equidad de género, la justicia social, la diversidad étnica y cultural, y una relación equilibrada con la naturaleza.

El mayor valor de Peace Connect radica en que no está diseñado desde los escritorios de los gobiernos ni de los organismos multilaterales, sino desde las calles, las iniciativas, las comunidades, las organizaciones de base y las resistencias locales. La amplia y diversa participación demuestra que existe un tejido global de voluntades que se niega a aceptar la normalización de las violencias. Es la sociedad civil la que se arriesga, la que pone los muertos, la que protege a los niños y las niñas, la que siembra futuro en medio de la guerra. Estos movimientos recuerdan que los acuerdos formales solo pueden sostenerse si existe una ciudadanía activa, vigilante y propositiva, capaz de presionar cambios estructurales a corto, mediano y largo plazo.

La enseñanza más poderosa de este encuentro es la urgencia de que los movimientos por la paz en cada región no permanezcan aislados y transiten hacia la coordinación y el reconocimiento de cada experiencia. Sudán, Nepal, Uganda, Colombia, Haití, Palestina, Indonesia, Siria, Kenia y Ucrania, entre otros países, son expresiones de luchas que comparten raíces comunes: la guerra que desangra comunidades, la pobreza que arrebata dignidad y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

La presencia de representantes de los cinco continentes reafirma que esas resistencias regionales deben coordinarse y fortalecerse en un gran movimiento mundial por la paz, capaz de erigirse como alternativa ética y política frente a un sistema internacional que normaliza la violencia y la exclusión. Un movimiento global de estas dimensiones no solo elevaría las voces locales a escenarios internacionales, también permitiría generar solidaridad efectiva, compartir aprendizajes y exigir con mayor fuerza transformaciones estructurales para que los pueblos vivan con justicia, libertad y dignidad.

Hoy, más que nunca, necesitamos una ética de la solidaridad global. No basta con clamar por la paz en un solo país mientras en otros la indiferencia prevalece. Los pueblos de todos los continentes nos recuerdan que la paz es indivisible y que el dolor de uno nos concierne a todos. La paz en el mundo no será un regalo de los poderosos, será el resultado de la iniciativa ciudadana. Escuchar y articular las voces de estos movimientos no es un acto de solidaridad distante, es una urgencia vital para nuestro presente y para las generaciones venideras. La humanidad solo sobrevivirá si opta por la cooperación, el diálogo, el respeto mutuo y la relación armónica con la naturaleza, por encima de la violencia, la inequidad, la imposición y el egoísmo.

Luis Emil Sanabria Durán