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Las recientes operaciones de bombardeo contra pequeñas embarcaciones, que ya dejan más de ochenta personas asesinadas, junto con las amenazas de ingreso a territorio continental por parte de Estados Unidos, han encendido una preocupación legítima en América Latina y el Caribe. Estas acciones reproducen un patrón histórico de intervenciones que han causado graves daños en diversas regiones del mundo y vuelven a poner en duda el respeto a la soberanía de los pueblos.

Ante este escenario surge una pregunta que no puede ignorarse. ¿Quién le dio a Estados Unidos y con qué moral el derecho a decidir el presente y el futuro de los pueblos del mundo? Ninguna nación tiene la autoridad ética para imponerse sobre otra y mucho menos un país cuya larga lista de intervenciones militares ha dejado huellas profundas de destrucción y dolor.

La historia reciente confirma que la injerencia externa no ha traído paz ni estabilidad. Irak quedó devastado tras una intervención que prometía democracia. Afganistán terminó en un desastre humanitario que costó miles de vidas y concluyó sin que se resolvieran los problemas que supuestamente se iban a combatir. Libia fue empujada al caos y perdió su estructura estatal. En América Latina, Panamá y las naciones centroamericanas aún sufren las heridas que dejaron las incursiones militares que nunca atendieron las causas profundas de sus conflictos.

El continente ha defendido con persistencia el derecho a la autodeterminación. No es un anhelo romántico. Es una conquista histórica que sostiene la dignidad de los pueblos y que garantiza que cada nación pueda decidir su propio destino sin la sombra de potencias extranjeras tratando de imponer soluciones ajenas. Proteger este principio es un acto de responsabilidad colectiva con la memoria, con el presente y con el futuro.

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Resulta preocupante ver a ciertos líderes políticos del continente apoyar la posibilidad de una intervención militar estadounidense en el Caribe. No hablan por la prudencia ni por la paz. Suelen ser los mismos que se han opuesto de manera sistemática a los cambios estructurales necesarios para superar la pobreza, la exclusión y la inequidad que alimentan la violencia. Muchos de ellos han tenido cercanía con narcotraficantes, redes de corrupción o actores armados ilegales que se benefician de la inestabilidad política y del debilitamiento de los Estados. No buscan soluciones. Buscan preservar privilegios.

Estados Unidos insiste en justificar sus acciones en nombre de la lucha contra las drogas. Sin embargo su política antidrogas ha mostrado un fracaso rotundo durante más de cincuenta años. En vez de enviar portaviones, submarinos, tropas y aeronaves a nuestras aguas, debería revisar con honestidad el costo económico y humano de su maquinaria militar. Con lo que vale mantener esa flota gigantesca podría financiarse un programa capaz de enfrentar las causas estructurales que alimentan el narcotráfico en la región.

Esas causas no están en los campesinos cocaleros ni en los trabajadores que producen pasta básica en laboratorios clandestinos. Ellos son víctimas de una industria ilegal que tiene sus centros de poder en los países desarrollados. Allí están el consumo masivo, la demanda inagotable, el lavado de activos, la producción y venta de insumos, y la sofisticación financiera que sostiene el negocio. La raíz del problema no está en las montañas empobrecidas donde las comunidades solo buscan sobrevivir. Está en los mercados del norte que mantienen viva la cadena global del narcotráfico.

La región necesita abrir un debate distinto. Estados Unidos debe dejar atrás el discurso de la guerra y construir junto a América Latina un enfoque antidrogas basado en evidencia y no en prejuicios. Ese enfoque debe poner en el centro la regulación y legalización del comercio y la venta de cocaína. La prohibición solo fortalece a las mafias y perpetúa la violencia. Regular y legalizar permitiría quitar poder a las redes criminales, reducir la corrupción, mejorar la seguridad y tratar el consumo como un asunto de salud pública.

Este camino exige valentía política y un liderazgo dispuesto a abandonar las fórmulas que han fracasado durante décadas. También requiere cooperación internacional y un compromiso real con la vida y la dignidad de las comunidades afectadas. Es una ruta más humana, más racional y más coherente con la necesidad de romper definitivamente el ciclo de violencia.

América Latina merece respeto. No necesita flotas militares patrullando sus costas ni amenazas disfrazadas de solidaridad. Necesita que le devuelvan un poco de lo que se han llevado las potencias del norte, justicia global, programas sociales de largo plazo y un reconocimiento pleno de su derecho a decidir su propio rumbo. La soberanía no es una consigna vacía. Es el fundamento de la convivencia pacífica entre las naciones y la garantía de que los pueblos puedan construir su futuro sin imposiciones externas.

Defender la autodeterminación no es estar en contra de ningún país. Es afirmar la dignidad del continente y su vocación de paz. Frente a cualquier intento de intervención, América Latina debe mantener una postura firme y unida. La estabilidad, la libertad y el futuro del continente dependen de este compromiso colectivo con la paz, la soberanía y la justicia social.

Luis Emil Sanabria D.

La campaña electoral ha reactivado a quienes han convertido el miedo en su principal argumento político. Sectores políticos repiten viejos libretos que anuncian que “el país cayó en manos del narcotráfico socialista”, que “están restringiendo las libertades”, que “la fuerza pública está amarrada”, o que “el comunismo avanza disfrazado de cambio”. Son frases diseñadas para agitar emociones básicas, no para construir un debate serio. A esto se suma la estrategia de etiquetar a cualquier contradictor como “castrochavista”, “extremista” “guerrillero” o “enemigo de la patria”, categorías que buscan deslegitimar, no dialogar.

Estas narrativas no son simples excesos de campaña. Tienen efectos concretos en la vida de las personas. Alimentan un clima de intimidación que golpea a líderes y lideresas sociales, a organizaciones comunitarias, a defensores ambientales y pueblos étnicos, entre otros. Cuando un candidato promete “mano dura” sin explicar cómo se protegerán los derechos humanos, envía un mensaje peligroso que puede justificar abusos. Cuando otro plantea que “hay que barrer con todas las reformas”, sin analizar sus causas ni proponer alternativas, profundiza la polarización y frena la construcción de acuerdos básicos.

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Se ha dicho que los diálogos de paz son una “entrega del Estado a los bandidos”, pese a que los territorios más golpeados por la guerra llevan décadas exigiendo soluciones negociadas. Incluso se acusa a los pueblos indígenas de “frenar el desarrollo” cuando defienden sus derechos ancestrales. Han aparecido candidatos que, lejos de contribuir a un debate democrático, recurren a expresiones que llaman a “destripar”, “sacar del camino” o incluso “eliminar a la izquierda”, como si la diferencia ideológica fuera un delito y no una expresión legítima de una sociedad plural. Ese lenguaje, desconoce la historia de un país donde miles de personas han sido perseguidas, asesinadas o desaparecidas precisamente por sus ideas.

Colombia necesita una política que invite a reflexionar, no a odiar. Una política basada en propuestas reales para enfrentar el hambre, la desigualdad, la crisis climática, el narcotráfico, la corrupción y la violencia armada. Quienes aspiran a gobernar deben asumir la responsabilidad ética de cada palabra. La palabra pública nunca es neutra. Puede proteger o puede destruir.

Rechazar la narrativa del enemigo no implica negar las diferencias, implica reconocer que ningún proyecto democrático se funda en el odio. La democracia exige respeto, diálogo y la capacidad de escuchar sin convertir al otro en traidor. Colombia necesita superar la tragedia de sus polarizaciones pasadas y presentes.

Para romper este círculo vicioso, los sectores democráticos y progresistas deben trabajar por una campaña limpia que recupere la dignidad de la política. No pueden caer en la trampa de responder con el mismo tono agresivo. La provocación está diseñada para arrastrarlos a un terreno donde las ideas se diluyen y solo queda el golpe retórico. La fuerza democrática radica en la serenidad, la coherencia y la capacidad de ofrecer soluciones reales.

En este momento decisivo es fundamental hacer un llamado directo a las víctimas del conflicto armado, quienes durante décadas han cargado sobre sus hombros el dolor, la resistencia y la lucha por la verdad. Las curules de paz deben quedar en manos de hombres y mujeres que defienden con firmeza los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, no en manos de quienes buscan usar ese espacio para intereses personales, reproducen lógicas clientelistas o incluso justifican los relatos de los victimarios. La representación de las víctimas debe ser un instrumento para transformar los territorios más golpeados, proteger a las comunidades y fortalecer la construcción de paz.

Es imprescindible pedir responsabilidad a los llamados “influencers” políticos. Quienes tienen audiencias masivas deben dejar de llenar las redes con frases vacías, medias verdades o provocaciones virales. Si deciden intervenir en la vida pública, sus mensajes deben tener contenido sólido, datos verificables y compromiso con el bien común. Los medios de comunicación, por su parte, deben dejar de amplificar mensajes de odio, exageraciones o falsedades por obtener audiencia rápida. Su responsabilidad es abrir espacios para el análisis riguroso, la verificación y la deliberación informada. La política del titular fácil y el meme incendiario está vaciando el debate y confundiendo a la ciudadanía.

La ciudadanía también tiene un papel decisivo. Es urgente aprestarnos a denunciar la compra de votos, el constreñimiento, las presiones clientelistas y cualquier forma de corrupción electoral. Es necesario examinar con lupa cada propuesta, cada promesa y cada trayectoria. El voto informado es un acto de defensa de la democracia. Una campaña limpia no es ingenuidad. Es una apuesta por la dignidad nacional, por la vida y por un clima político capaz de tramitar diferencias sin odio. Colombia merece una discusión honesta, responsable y profundamente humana. Solo así será posible abrir un camino de esperanza, democracia y paz para el país.

Luis Emil Sanabria D.

Durante décadas el magisterio colombiano ha sido la columna vertebral de la educación pública y, al mismo tiempo, uno de los sectores más golpeados por la desatención estatal. Las maestras y los maestros educan, orientan y acompañan generaciones enteras, pero también enfrentan un sistema que los obliga a luchar una y otra vez por derechos elementales como la salud, la estabilidad laboral y el respeto a su labor. A pesar de contar con un régimen especial de salud, este ha sido desnaturalizado y convertido en un espacio de negocio para intermediarios que se lucran con los recursos públicos mientras miles de docentes padecen la falta de atención, el desabastecimiento de medicamentos y el abandono en las zonas rurales.

El régimen especial nació como un reconocimiento al esfuerzo físico, emocional y social que implica enseñar en una patria atravesada por la desigualdad, la violencia y la precariedad. Sin embargo, la corrupción, la ineficiencia y la falta de voluntad política lo han convertido en un sistema que castiga a quienes más lo necesitan. Las demoras interminables, las autorizaciones absurdas y el peregrinaje para recibir atención médica son una afrenta a la dignidad de quienes dedican su vida a formar ciudadanos y ciudadanas.

A esta injusticia se suma la negación del derecho a la protesta. Cada vez que el magisterio decide ejercer su legítimo derecho a la huelga, se le obliga a reponer en días de descanso las horas dedicadas a manifestarse por sus derechos. Así ocurrió con la jornada del pasado 30 de octubre, cuando cientos de maestras y maestros salieron nuevamente a las calles para exigir un servicio de salud digno, un trato respetuoso y el cumplimiento de los compromisos estatales. En lugar de escuchar sus reclamos, la Alcaldía de Bogotá emitió una circular ordenando reponer las horas empleadas en la movilización, desconociendo que la protesta social es un derecho fundamental protegido por la Constitución y no un delito que deba ser sancionado.

El magisterio colombiano también ha sido víctima de una constante estigmatización por parte de sectores políticos y económicos ligados a la ultraderecha que buscan deslegitimar su labor social. Estos sectores intentan convertir la educación en un negocio privado, negando el derecho universal al conocimiento y debilitando la función social de la escuela pública. En su discurso, el maestro es presentado como un obstáculo para el desarrollo o como un agitador político, cuando en realidad ha sido un defensor incansable de la vida, la paz y la justicia social.

Por eso es necesario defender a FECODE y a los sindicatos locales que resisten contra la privatización del derecho a la educación. Ellos representan la voz colectiva del magisterio, la conciencia crítica de una nación que todavía cree en la escuela pública como espacio de libertad y transformación. Gracias a su lucha, Colombia no ha perdido del todo la idea de que educar no es un negocio, sino un deber ético y una responsabilidad del Estado.

El derecho de los docentes a prepararse, a mejorar sus capacidades y a acceder a una formación continua es también una obligación estatal. Formar bien a quienes educan significa elevar la calidad de la enseñanza, fortalecer la democracia y construir ciudadanía. Del mismo modo, el Estado debe asumir plenamente la nómina de los docentes contratados, garantizando estabilidad laboral, igualdad de condiciones y dignidad profesional en todo el territorio nacional.

Defender la cátedra de historia, de democracia y de derechos humanos es esencial para construir un ser humano nuevo, comprometido con la vida, el respeto, los valores y la justicia social. No se puede hablar de una educación de calidad si se eliminan los espacios de reflexión sobre la memoria, la ética y la convivencia. La educación debe formar sujetos críticos y solidarios, no consumidores pasivos de información.

En este horizonte se hace indispensable avanzar hacia la declaratoria de todas las instituciones educativas, en todos los niveles, como Territorios de Paz y Convivencia. La escuela debe ser el primer espacio donde se aprenda a ser y a convivir, donde la palabra sustituya la violencia y el respeto se convierta en el eje de la vida colectiva. Construir una cultura de paz desde la infancia no es una utopía, es una necesidad histórica para sanar las heridas de un país que ha vivido demasiado tiempo bajo el daño de la violencia armada.

Cuidar al que cuida debería ser un compromiso de todos y todas las colombianas. No se trata de un privilegio sino de un acto de justicia con quienes han dedicado su vida a enseñar y a sembrar futuro. Defender al magisterio es defender la educación pública, la democracia y la esperanza de un país más justo e igualitario. Porque cuando se cuida a los que educan, se protege también la posibilidad de un mañana con dignidad, libertad y conocimiento para todos y todas.

Luis Emil Sanabria D.

En un planeta convulsionado por guerras, el empobrecimiento de miles de millones de personas, odios y exclusiones, resulta esperanzador constatar que los movimientos por la paz y la vida no han cesado de encontrarse, reconocerse y articularse. La experiencia del encuentro Peace Connect, realizado del 13 al 17 de octubre de 2025 en Nairobi, Kenia, que congregó a centenares de personas comprometidas con la paz de noventa países de los cinco continentes, demuestra que los pueblos no se resignan a las violencias ni al dominio neocolonial de quienes perpetúan la guerra como negocio.

Este encuentro mundial de construcción de paz no habría sido posible sin la convocatoria, la entrega y el compromiso de redes internacionales como Peace Direct, cuya labor fue decisiva para que la polifonía asistente se convirtiera en un éxito y en una referencia global para quienes seguimos creyendo en la posibilidad de construir un mundo distinto y en paz. Múltiples representantes de etnias, nacionalidades y poblaciones, con sus usos, tradiciones y costumbres, reafirmaron su compromiso de no desfallecer en su empeño por la paz local y mundial, a pesar de las adversidades y atrocidades de las guerras.

Cada delegación llegó con su propio dolor y su propia memoria. En Sudán, la población civil sigue siendo la mayor víctima de enfrentamientos degradados y crueles entre facciones armadas. En Nepal, la sociedad avanza entre las tensiones del posconflicto y los retos democráticos de un país que aún cicatriza las heridas de su guerra interna. En Uganda, las comunidades que padecieron desplazamientos y represión continúan levantando la bandera de los derechos humanos. En Haití, la fragilidad institucional y la injerencia extranjera perpetúan la crisis y la inseguridad de su pueblo.

En Palestina, la paz se enfrenta al drama cotidiano de la ocupación, los bombardeos y la negación de derechos fundamentales que afectan sobre todo a niños y niñas. En Indonesia, marcada por su diversidad étnica y religiosa, la paz se construye en la defensa de la convivencia frente a tensiones internas y amenazas de fundamentalismos. En Siria, después de más de una década de guerra devastadora, millones de personas aún esperan justicia, verdad y reconstrucción. En Kenia, país anfitrión del encuentro, las comunidades buscan reconciliación tras las huellas de conflictos políticos y étnicos, mientras nuevas generaciones exigen equidad y respeto.

Aunque cada contexto es singular, lo que une a los y las constructoras de paz es la convicción de que la paz es el resultado del respeto a la cultura, el reconocimiento y la inclusión en la diferencia, la superación de la pobreza, la equidad de género, la justicia social, la diversidad étnica y cultural, y una relación equilibrada con la naturaleza.

El mayor valor de Peace Connect radica en que no está diseñado desde los escritorios de los gobiernos ni de los organismos multilaterales, sino desde las calles, las iniciativas, las comunidades, las organizaciones de base y las resistencias locales. La amplia y diversa participación demuestra que existe un tejido global de voluntades que se niega a aceptar la normalización de las violencias. Es la sociedad civil la que se arriesga, la que pone los muertos, la que protege a los niños y las niñas, la que siembra futuro en medio de la guerra. Estos movimientos recuerdan que los acuerdos formales solo pueden sostenerse si existe una ciudadanía activa, vigilante y propositiva, capaz de presionar cambios estructurales a corto, mediano y largo plazo.

La enseñanza más poderosa de este encuentro es la urgencia de que los movimientos por la paz en cada región no permanezcan aislados y transiten hacia la coordinación y el reconocimiento de cada experiencia. Sudán, Nepal, Uganda, Colombia, Haití, Palestina, Indonesia, Siria, Kenia y Ucrania, entre otros países, son expresiones de luchas que comparten raíces comunes: la guerra que desangra comunidades, la pobreza que arrebata dignidad y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

La presencia de representantes de los cinco continentes reafirma que esas resistencias regionales deben coordinarse y fortalecerse en un gran movimiento mundial por la paz, capaz de erigirse como alternativa ética y política frente a un sistema internacional que normaliza la violencia y la exclusión. Un movimiento global de estas dimensiones no solo elevaría las voces locales a escenarios internacionales, también permitiría generar solidaridad efectiva, compartir aprendizajes y exigir con mayor fuerza transformaciones estructurales para que los pueblos vivan con justicia, libertad y dignidad.

Hoy, más que nunca, necesitamos una ética de la solidaridad global. No basta con clamar por la paz en un solo país mientras en otros la indiferencia prevalece. Los pueblos de todos los continentes nos recuerdan que la paz es indivisible y que el dolor de uno nos concierne a todos. La paz en el mundo no será un regalo de los poderosos, será el resultado de la iniciativa ciudadana. Escuchar y articular las voces de estos movimientos no es un acto de solidaridad distante, es una urgencia vital para nuestro presente y para las generaciones venideras. La humanidad solo sobrevivirá si opta por la cooperación, el diálogo, el respeto mutuo y la relación armónica con la naturaleza, por encima de la violencia, la inequidad, la imposición y el egoísmo.

Luis Emil Sanabria Durán

En distintas partes del mundo se repite la advertencia de que la disminución de la natalidad y el envejecimiento de la población representan una amenaza para el desarrollo económico. En Colombia la discusión no es ajena, la tasa de natalidad bruta en 2023 fue de 13,48 nacimientos por cada 1.000 habitantes y la tasa de fecundidad actual apenas alcanza 1,1 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional de 2,1. Las cifras muestran que en 2024 se registraron cerca de 453.901 nacimientos, lo que significa un 12 por ciento menos que en 2023 y una caída del 31 por ciento respecto a 2015.

Frente a estos datos algunos insisten en que el país estaría condenado a una “crisis demográfica” que pondría en jaque al sistema productivo y de seguridad social. Sin embargo, este planteamiento encierra un falso dilema. Lo que realmente debería preocuparnos no es que nazcan menos niños, sino que persista un modelo de desarrollo económico basado en la expansión sin límites que choca de frente con la sostenibilidad del planeta.

Más población significa mayor presión sobre ecosistemas frágiles como el Amazonas, la Sierra Nevada o los páramos. También implica más consumo de energía, más residuos y una huella ambiental que la Tierra no puede soportar. La reducción del número de nacimientos puede contribuir directamente a disminuir la huella de carbono, pues menos población implica menores niveles de emisiones, un consumo de recursos más controlado y un aporte significativo a la lucha contra el calentamiento global. En ese sentido la baja natalidad no es una amenaza sino una oportunidad para reorganizar nuestras prioridades hacia economías centradas en la innovación, la redistribución justa y el bienestar humano, en lugar de medir el progreso por la simple suma de habitantes y mercancías producidas.

La abundancia de mano de obra en las últimas décadas ha permitido normalizar la explotación laboral, los bajos salarios y la precariedad, mientras el crecimiento económico se ha sostenido en la extracción intensiva de recursos naturales. Una sociedad con menos nacimientos puede abrir paso a otra lógica que apueste por empleos de calidad, que garantice sistemas de protección para los adultos mayores y que reconozca que el verdadero desarrollo radica en mejorar la calidad de vida y no en multiplicar la población.

Este escenario abre además una necesidad impostergable, fortalecer la inversión social, la salud preventiva y la educación pública de calidad, especialmente en zonas apartadas donde la juventud enfrenta desigualdades históricas. Si Colombia logra ampliar su red de hospitales y centros de salud con enfoque preventivo, garantizar oportunidades educativas dignas y pertinentes y crear condiciones que devuelvan la esperanza a las y los jóvenes, el país podrá romper con los ciclos de pobreza y violencia que han marcado su historia. Menos nacimientos no significan menos futuro siempre y cuando sepamos invertir en quienes ya están aquí y en mejorar sus condiciones de vida.

Me alegra también por las mujeres y por sus derechos, porque poco a poco se están acabando aquellas “paridoras” sometidas que no descansaban en su vida de criar y lactar en detrimento de sus sueños personales. La baja natalidad les abre horizontes de autonomía, libertad y realización, rompiendo con un mandato cultural que las confinó durante siglos a la reproducción y al sacrificio silencioso.

Es hora de que el Estado y la sociedad colombiana asuman esta realidad demográfica como una oportunidad y no como una amenaza. Deben dejar de lado las recetas cortoplacistas que buscan impulsar la natalidad a toda costa y comprometerse a construir un modelo social y económico que garantice dignidad, equidad y sostenibilidad. Apostar por un país que reduzca su huella de carbono, que aporte a frenar el calentamiento global y que invierta en el bienestar integral de sus habitantes es la mejor manera de preparar a Colombia para el mañana.

Al final algunos perderemos el goce de ver crecer y jugar con los nietos, pero tal vez la humanidad se salve de tanto “criao de abuela” y de la carga insoportable de una sobrepoblación que ya no tiene cómo sostenerse.

Luis Emil Sanabria D

La reciente descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en materia de lucha contra las drogas, propia de los modelos neocoloniales, no debe verse como una sanción diplomática. Más bien se abre una valiosa oportunidad para colocar en la agenda internacional un debate impostergable. Se trata de la necesidad de avanzar hacia la legalización y regulación de las drogas, en especial de la cocaína, como mecanismo para contrarrestar su proliferación, el daño ambiental y su innegable vinculación a la violencia armada que sacude a Colombia, a la región andina, a Centroamérica y el Caribe

Durante décadas la política de certificación estadounidense ha estado ligada a una estrategia fallida basada en la represión a los cultivadores de coca, la militarización de los territorios y la persecución punitiva. Los resultados son evidentes. Miles de campesinos y campesinas siguen atrapados en la economía ilícita, la violencia armada se recicla periódicamente, las mafias del narcotráfico se adaptan con mayor sofisticación y con tecnología importada, y los daños a la sociedad y al medio ambiente se multiplican sin control.

En este contexto hay quienes siguen clamando por volver al uso indiscriminado del glifosato en fumigaciones aéreas, que causan un grave deterioro ambiental. La contaminación de fuentes hídricas, la pérdida de biodiversidad y los impactos en la salud de las comunidades rurales han sido documentados durante años. Lejos de resolver el problema de los cultivos ilícitos, esta práctica profundizó la crisis humanitaria y ecológica, dejando a su paso suelos infértiles, enfermedades respiratorias y dermatológicas, y un resentimiento social que agudizó la desconfianza hacia las instituciones.

El fracaso de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito también debe entenderse dentro de este contexto. Las iniciativas para reemplazar la coca por proyectos productivos alternativos han tropezado con obstáculos estructurales. La oposición constante de sectores económicos rentistas de la tierra ha bloqueado la posibilidad de una verdadera reforma rural. A esto se suma la aún insuficiente inversión estatal en recursos para hacer productivo el campo, garantizar acceso a crédito, vías, asistencia técnica y mercados. Sin estas condiciones las comunidades rurales han seguido atrapadas en los cultivos de coca para fines ilícitos como única opción de subsistencia, perpetuando el círculo de ilegalidad y violencia.

Además de los factores estructurales, existen dificultades culturales, económicas y tecnológicas que limitan la posibilidad de que millones de campesinos y campesinas rompan con la dependencia del cultivo de coca. En muchos territorios el cultivo de coca es un saber acumulado y transmitido por generaciones, un conocimiento práctico que facilita su cultivo en condiciones adversas donde otros productos no prosperan. Económicamente la coca ofrece un ingreso rápido y seguro frente a los largos ciclos de producción de otros cultivos que además carecen de mercados garantizados. Tecnológicamente las comunidades enfrentan carencias en maquinaria, infraestructura de transformación y acceso a la innovación agrícola, lo que impide competir en condiciones de igualdad con la economía ilícita. Esto explica por qué el abandono de la coca no puede plantearse como una decisión voluntaria aislada, sino como un proceso que requiere transformaciones profundas en las estructuras de desarrollo rural y en las políticas estatales.

El narcotráfico mantiene una relación directa con el lavado de activos que penetra los sistemas financieros, con el contrabando y la corrupción que debilita las instituciones democráticas. Está vinculado al tráfico de armas y municiones que alimenta la capacidad bélica de los grupos ilegales y a la trata de personas que convierte la vulnerabilidad en mercancía. Se articula también con la minería ilegal que devasta ríos y territorios, con la deforestación que destruye ecosistemas vitales y amenaza la Amazonía, y con el tráfico de especies protegidas que empobrece la biodiversidad.

La muerte sistemática de líderes y lideresas sociales que luchan por la tierra, el medio ambiente y la paz constituye una tragedia nacional que evidencia la estrecha relación entre el narcotráfico, las economías ilegales y el silenciamiento de las voces comunitarias. Todos estos factores son motores de violencia regional, de altas tasas de asesinatos y desapariciones forzadas, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y de la perpetuación de la pobreza multidimensional en amplias zonas del país

Los informes oficiales y académicos coinciden en señalar que la guerra contra las drogas ha fracasado. Pese a las inversiones multimillonarias de Estados Unidos en programas como el Plan Colombia y sus sucesores, las hectáreas cultivadas con coca no han desaparecido, la producción global de cocaína ha aumentado y los grupos armados encuentran en esta economía ilegal un combustible para perpetuar el conflicto.

La descertificación puede entenderse entonces como un punto de inflexión. Lejos de aceptar pasivamente una política impuesta, Colombia puede asumir un liderazgo internacional proponiendo un viraje necesario y urgente que lleve a pasar de la represión a la regulación. Así como ocurrió con el debate mundial sobre la marihuana, la cocaína debe discutirse bajo parámetros de salud pública, derechos humanos, reducción de daños y desarrollo alternativo, y no desde la lógica militar y punitiva. Una legalización regulada, acompañada de políticas de prevención y atención al consumo, tendría la capacidad de debilitar los ingresos de las mafias, reducir la violencia en los territorios y abrir nuevas vías de desarrollo para comunidades campesinas e indígenas históricamente estigmatizadas y criminalizadas.

La descertificación debería convertirse en un catalizador de una discusión global que convoque a Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, a organismos de salud pública, a expertos académicos y a organizaciones sociales. Colombia no puede ni debe cargar en solitario con el costo de una política fallida que se originó en Washington. El problema es mundial y la solución debe serlo también. Lo que a primera vista parece un golpe diplomático puede transformarse en una oportunidad histórica. El reto consiste en replantear la política global de lucha contra las drogas, abandonar un modelo represivo que ya demostró su ineficacia y abrir paso a un paradigma regulatorio más humano, más justo y más eficaz.

Luis Emil Sanabria D