Después del atentado sicarial a los migrantes y activistas venezolanos Luis Peche y Yendri Velásquez, cuando salían de su residencia el 13 de octubre en el norte de Bogotá y la reacción hemofóbica y desconocimiento de la gravedad de hechos por parte ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela Diosdado Cabello, diciendo que “eran pareja”, cabe preguntar si ¿este hecho va en la misma línea del asesinato del teniente Ronald Ojeda en Chile, donde finalmente el presidente Gabriel Boric señaló como uno de los sospechosos al régimen del dictador Nicolás Maduro?
Frente a este atentado, que está siendo investigado por las autoridades judiciales de Colombia, también habría que preguntar ¿si en nuestro territorio están operando fuerzas de inteligencia y operativas del gobierno de Nicolás Maduro para perseguir a los migrantes opositores a ese régimen? Si esto es así, la otra pregunta que hay que hacer es ¿Qué está haciendo la contrainteligencia y la inteligencia colombiana para evitar estas actividades en nuestro territorio y para proteger a los migrantes, como le corresponde a un Estado democrático?
En este escenario y dada la situación de violencia y delincuencia por la que atravesiesa el país, preocupa como el actual gobierno debilitó la inteligencia y contrainteligencia en las Fuerzas Militares y en la Policía, tras barrida de más de 70 generales y otros oficiales de alto rango, algunos de los cuales venian manejando estos temas de manera profesional y con amplia experiencia.
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Preocupa también el manejo de la Dirección Nacional de Inteligencia -DNI-, que en lo que lleva de gobierno ha tenido tres directores sin la experiencia y profesionalismo debido, dos de los cuales salieron por escándalos, el primero, Manuel Alberto Casanova por presuntos vínculos extorsivos en el problema de los pasaportes de la Cancillería, en la época del canciller Alvaro Leyva y Carlos Ramón González que salió por su presunta participación en la corrupción de la UNGRD y hoy se encuentra huyendo de la justicia en Nicaragua y el tercer y actual director es Jorge Lemus Montañez. Los tres presentaron como única experiencia en materia de inteligencia haber pertenecido al M-19.
Por parte del presidente, el manejo de la información de inteligencia tampoco ha sido el mejor. En una alocución filtró datos confidenciales del caso Pegasus, leyó una carta que se le envió a la autoridad de previsión de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo de Israel, en la cual se mencionaba la compra de Pegasus. Esto llevó al Grupo Egmont de inteligencia financiera del mundo, a suspender a Colombia por la violación a la confidencialidad de la información. El Grupo Egmont (Egmont Group of Financial Intelligence Units) es una organización internacional que agrupa a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF o FIU, por sus siglas en inglés) de más de 160 países, incluido Colombia a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF-.
También ha sido el manejo de la información sobre la “Junta del Narcotráfico” en Dubai, las cinco hipótesis sobre los posibles autores del magnicidio del senador Miguel Uribe y la orden que le dió a la Fuerza Pública de compartir información de inteligencia con los organismos de seguridad e inteligencia del régimen de Nicolás Maduro.
Hoy, desconociendo los tipos de control que establece La Ley 1621 de 2013, conocida como la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia de Colombia, el Decreto 857 de 2014 que reglamenta esta Ley, la sentencia C-540 de 2012 y C-913 de 2013 de la Corte Constitucional que define los alcances del control democrático y la reserva de información, así como la Política Nacional de Inteligencia (CONPES 4066 de 2021), el Presidente ordenó el levantamiento de la reserva de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) e indicó que otros organismos de inteligencia del Estado también deberían ser desclasificados, como la Dirección de Inteligencia de la Policía -DIPOL-, que según el Presidente es “una caja oscura que tiene que ser transparente”.
Con estos desaciertos y órdenes dadas por el Presidente y en medio de un crimen transnacional cada vez más activo en Colombia y en la región, es prudente seguir preguntando ¿Qué se entiende por transparentar la información de inteligencia? ¿qué está pasando con la gestión de la inteligencia estratégica en el país? ¿En lo que resta de este gobierno, cuál es la política en esta materia? ¿Se han perdido o debilitado alianzas estratégicas en esta materia con EE UU, Israel, Reino Unido y otros países europeos? ¿Como indican algunos especialistas, exfuncionarios y servidores públicos activos, hoy se está compartiendo más información con los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua? ¿Hay agentes de inteligencia de estos últimos paises operando en Colombia?
En términos generales hay que preguntar ¿Al servicio de quién está la inteligencia y la contrainteligencia colombiana?
Hugo Acero
