El expresidente Álvaro Uribe ha asegurado este miércoles que su partido regresará al poder: «ganaremos tranquilamente» las elecciones de 2026, durante su primer acto público después de que en la víspera un tribunal levantara el arresto domiciliario que cumplía desde principios de agosto, cuando fue declarado culpable de soborno de testigos y fraude procesal.
«Nosotros vamos a ganar tranquilamente (…) Nosotros no vamos a decir ‘fuera’, vamos a decir ‘adentro la democracia'», ha declarado en respuesta a unos seguidores que corearon «fuera Petro» en alusión al actual presidente colombiano.
El exmandatario, de 73 años, ha celebrado su puesta en libertad reuniendo a simpatizantes de su figura y de su partido, Centro Democrático, en Sabatena, una localidad próxima a Medellín, donde ha estado acompañado por escoltas, si bien ha caminado entre los asistentes, que lo esperaban con banderas y consignas de apoyo.
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El líder conservador ha confirmado además en su cuenta de la red social X que ha recibido «la boleta de libertad», reiterando que «cada minuto de mi libertad lo dedicaré a luchar por la libertad de Colombia».
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este martes su puesta en libertad inmediata revocando así el arresto domiciliario impuesto contra Uribe «hasta tanto (…) este Tribunal defina el recurso de apelación interpuesto contra esa determinación de primera instancia».
Además de la pena de 12 años a prisión domiciliaria, Uribe ha sido condenado a una inhabilitación por más ocho años y al pago de una multa de más de 3.444 millones de pesos, equivalente a 2.420 salarios mínimos (alrededor de 720.700 euros).
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La jueza Sandra Heredia considera que el exmandatario, quien ha negado en todo momento los hechos alegando ser víctima de una persecución política, instigó a emisarios para que manipularan a testigos en las cárceles del país con el objetivo de favorecerse con sus testimonios. Según la investigación, el abogado Diego Cadena habría intentado ofrecer beneficios a varios exparamilitares para cambiar su versión sobre supuestos vínculos del expresidente y su hermano, Santiago Uribe, con el paramilitarismo.
El caso comenzó en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda, asegurando que este había recorrido las cárceles del país para presentar falsos testimonios en su contra sobre el surgimiento del paramilitarismo en la región de Antioquia.
Sin embargo, tras la aportación de pruebas, varias versiones indicaron que los abogados del expresidente buscaban manipular a testigos para que apuntaran a Cepeda, por lo que este último pasó de acusado a víctima, al contrario que Uribe, demandante, quien se convirtió en investigado.
