En Colombia aún existen políticos que creen que el poder es sinónimo de impunidad, servidores públicos que asumen su cargo no como un mandato ciudadano sujeto a límites constitucionales, sino como una licencia para arrodillar la ley, insultar a sus adversarios y utilizar el aparato institucional al servicio de intereses privados, partidistas o personales. Uno de los casos más preocupantes es el del actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuya gestión no se ha caracterizado por representar con imparcialidad a los antioqueños, sino por ser la prolongación emocional y discursiva de un proyecto político derrotado moral y judicialmente.
El 28 de julio de 2025, Colombia vivió un hecho histórico, la lectura del sentido del fallo que declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. Ese día marcó un hito en la historia judicial del país. Sin embargo, mientras el país avanzaba hacia el fortalecimiento de la justicia, desde Antioquia el gobernador presuntamente utilizó su investidura para deslegitimar el fallo, insinuar parcialidad en los jueces y alimentar una narrativa de persecución política, poniendo en entredicho la independencia de los poderes públicos y debilitando la confianza ciudadana en el Estado de Derecho.
Ese mismo día, Rendón publicó en su cuenta oficial de X un pronunciamiento en el que no solo expresó su respaldo político al expresidente Uribe, sino que además arremetió contra la izquierda colombiana, sugiriendo que mientras Uribe es procesado, exintegrantes de grupos armados estarían gobernando y legislando en completa impunidad, atacando directamente al sector ideológico que califica de “odiadores profesionales”, afirmando que “ese sector de la izquierda actúa así: con alevosía, sin afanes, premeditado”, “recorrieron cárceles en Colombia y Estados Unidos para presionar y ofrecer prebendas judiciales, económicas, a cambio de falsos testimonios”.
Estas afirmaciones constituyen una generalización estigmatizante, sin sustento probatorio que atenta contra la honra y el buen nombre de diversos actores políticos. Al formular estas acusaciones, el gobernador desconoce el principio de respeto entre servidores públicos, vulnera la presunción de inocencia y adopta una narrativa que divide y polariza, minando la legitimidad del disenso político y socavando la confianza institucional.
Por esta razón, el 1 de agosto presenté una queja disciplinaria formal contra el gobernador de Antioquia, toda vez que vulneró el deber de neutralidad, respeto e imparcialidad exigido por la Constitución y el Código General Disciplinario, lo cual podría configurar una falta gravísima. El poder no puede usarse para intervenir en controversias judiciales, politicas, ni mucho menos para legitimar ideologías desde la función pública.
Ahora bien, este hecho no es aislado. Muy por el contrario, hace parte de un patrón de comportamiento reiterativo que resulta aún más preocupante. El 27 de julio, un día antes del fallo, el gobernador publicó otro trino en el que expresaba “Sea cual fuere el resultado, Uribe es inocente”. Pasando por alto la prohibición que tenemos los servidores públicos de emitir criterios, opiniones dirigidos a influir en decisiones judiciales.
Además, en reiteradas publicaciones ha realizado manifestaciones injuriosas y calumniosas contra el Presidente de la República acusándolo de rodearse de criminales, por cumplir con la política de paz total.
Hago un llamado urgente y firme a la Procuraduría General de la Nación, frente a comportamientos que erosionan la legalidad, deterioran el respeto entre poderes y desdibujan el marco democrático. No se trata de una disputa entre partidos, se trata del deber que tiene cualquier servidor público de actuar con decoro, con respeto por la justicia y con sujeción estricta a la ley. La Procuraduría tiene la responsabilidad constitucional de investigar, sancionar este tipo de conductas.
La justicia condenó al expresidente Uribe y esa decisión debe respetarse sin ambigüedades, ningún servidor público está autorizado para relativizar una sentencia judicial ni para reinterpretarla con fines electorales o de defensa ideológica. Gobernar no es hacer militancia política desde el poder, es respetar la Constitución, servir con imparcialidad y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, no solo de los aliados de turno. Antioquia no necesita un activista atrincherado en el poder. Necesita un gobernador que ejerza con altura, legalidad y verdadero compromiso democrático.
Alejandro Toro
